Reino Unido y la UE: ¿por qué este triste final? por Blanca Sánchez-Robles

Hoy, 29 de marzo, Reino Unido (RU) notificará formalmente a Bruselas su deseo de abandonar la UE en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión. A partir de ahora comienzan dos años de negociaciones, plagados de incertidumbres, problemas y puntos espinosos.

Son innumerables y difíciles las preguntas que se suscitan desde el infausto 23 de junio de 2016, día en el que el 51,89% de votantes en la consulta dijo sí a salir de la UE. ¿Cómo puede perder RU un socio con el que intercambia aproximadamente la mitad de su comercio y flujos financieros? ¿Se ha vuelto proteccionista el país que vio nacer a Adam Smith y David Ricardo, y se convirtió en una potencia mundial gracias al ingente comercio de los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo se han calculado los costes y beneficios de las diferentes alternativas? ¿Cómo se han explicado a los ciudadanos? ¿Se irá Escocia de RU? ¿En qué situación queda la UE?

En este post no deseo elaborar demasiados pronósticos, pero sí proporcionar alguna pista sobre el origen de Brexit. Creo que no se trata de una cuestión trivial: comprender su génesis puede ser muy útil en las negociaciones de la salida, en las que nos va mucho a todos.

En mi opinión, analizar la cuestión desde una perspectiva puramente económica es erróneo. Los británicos no se van de la UE por dinero, aunque es evidente que Brexit acarreará consecuencias financieras indudables sobre RU, la UE y terceros países. Aunque escasean los análisis rigurosos al respecto, parece lógico suponer que la permanencia es más beneficiosa para todos que la salida. RU va a verse perjudicada en el terreno comercial, y también en su capacidad de atraer inversión directa (no sólo financiera) ya que, como mostramos en un artículo reciente (https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-015-0942-y), la evidencia empírica sugiere que comercio e inversión directa con complementarios y no sustitutivos, por lo menos en la UE. Por eso Theresa May quiere empezar a negociar cuanto antes un acuerdo de libre comercio con la UE, a lo que esta se niega mientras no se hable del finiquito y la situación de los ciudadanos comunitarios.

¿Cuál es entonces el origen del problema? Yo lo resumiría en tres puntos: política interna, conflicto de competencias e inmigración. Sobre el primer punto no me extenderé. Simplemente diré que la estrategia arriesgada de Cameron, que funcionó en el caso escocés, falló esta vez. Quiso acallar a las voces discordantes de su partido mediante un referéndum que estaba seguro de ganar, pero cometió un grave error de cálculo.

Los británicos aman profundamente su Parlamento, lo defienden a capa y espada y no soportan que un tercero legisle por encima o al margen de este. Son inmisericordes con los que pretenden obrar de espaldas a Westminster: amargamente lo comprobó Carlos I en el s. XVII, decapitado, entre otras razones, por querer apropiarse de algunas competencias parlamentarias. Tampoco aceptan de buen grado las abundantes disposiciones y normativa que, en su opinión, emanan de Bruselas (aunque también en RU existan numerosas regulaciones, aunque más disimuladas por la vaguedad deliberada del derecho común, disperso en diversas  fuentes y no codificado).

Ha sido la inmigración el tema que, a mi juicio, ha decantado el voto (utilizo el término inmigración, aunque no sea totalmente exacto para referirse a ciudadanos de la UE, por aligerar el lenguaje). Asunto paradójico, porque RU ha recibido gentes de otras tierras desde tiempos inmemoriales. Los inmigrantes se han integrado con normalidad en el país, muchos han progresado, y hoy son numerosos los que ocupan puestos de relevancia en el Parlamento, la Universidad o la City.

Pasemos a épocas más recientes y veamos algunas cifras, aunque deben tomarse con cierta cautela puesto que proceden de estimaciones. La inmigración neta al RU, que fue negativa en el decenio de los 70 (Figura 1), comenzó a alcanzar niveles positivos y ligeramente crecientes en las dos décadas posteriores; aumentó con fuerza durante este siglo, debido, en parte, a la suavización de la política inmigratoria en 1998. A partir de esta fecha se registraron volúmenes de inmigración neta elevados y superiores a las 100.000 personas al año. En 2004, año de la adhesión de los A8[i],  las entradas netas al año crecieron un 81% con respecto a 2003 y, por primera vez, superaron las 200.000 personas.

Tras unos años de estabilidad o incluso descenso, a partir de diciembre de 2012 las entradas netas en RU aumentaron de nuevo y, desde marzo de 2015 hasta junio de 2016, superaron los 300.000 personas/año, muy lejos de la aspiración (y promesa electoral) de Cameron de reducirlos a 100.000. En el año comprendido entre septiembre de 2015 y de 2016 (últimos datos disponibles) cayeron ligeramente, pero el descenso no es estadísticamente significativo. Se ha detectado una reducción en las entradas procedentes de países A8, Africa, América y Oceanía, aunque las de búlgaros y rumanos han seguido creciendo; en todo caso, parece demasiado pronto para conocer el impacto del referéndum en la inmigración.

¿Quiénes son las principales áreas emisoras? La Figura 2 ilustra este punto. Aunque pueda parecer sorprendente, hasta el año pasado más de la mitad de las entradas netas procedían de países no UE. En el año comprendido entre septiembre de 2015 y 2016, las entradas netas fueron 273.000: 165.000 procedentes de la UE, 164.000 de terceros países y 56.000 salidas. Por primera vez en la historia de RU, las entradas procedentes de la UE superaron muy levemente a las de terceros países.

¿Por qué se ha presentado entonces a los británicos la entrada de ciudadanos comunitarios como una gran amenaza? Parte de la respuesta puede estar en la confusión frecuente entre niveles y tasas de crecimiento. Es cierto que, a partir de 2012, la entrada de ciudadanos de la UE (y en particular de la UE 15, como muestra la Figura 3) crece de modo considerable, lo que puede haber confundido a la opinión pública.

En particular, los rumanos y búlgaros son todavía un porcentaje muy pequeño del total. Pero su crecimiento está siendo rápido desde que, el 1 de enero de 2014, se levantaron los controles transitorios (Figura 3), lo que ha generado una considerable alarma social, alentada desde algunos medios de comunicación.

¿Qué impacto ejerce la inmigración sobre el país receptor? Existe todavía un considerable debate al respecto, y la evidencia, por lo menos en el caso de RU, no es tan sólida y abundante como querríamos, de modo que, para aproximarnos a la cuestión, debemos recurrir a los educated guess.

De forma sintética, cabe argumentar que el efecto de la inmigración sobre el país de acogida se realiza por dos vías principales: las finanzas públicas y el mercado de trabajo.

En términos de presupuesto público, los inmigrantes aportan impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y consumen bienes de provisión pública, en especial sanitarios. El efecto conjunto, integrado por dos magnitudes de signo contrario, es muy difícil de cuantificar, pero podemos intuir que, por lo que respecta a los ciudadanos europeos – en edad de trabajar, y que no consumen excesivos servicios sanitarios, a diferencia de algunos ciudadanos de terceros países que sí practican con cierto entusiasmo el turismo sanitario a RU- presumiblemente el efecto será positivo.

En cuanto a los efectos sobre el mercado de trabajo, la inmigración dinamiza y flexibiliza el mercado de trabajo mediante un aumento de la oferta. Normalmente aumentará el número de empleados y se reducirá el salario medio, lo que será positivo para la economía en general pero puede perjudicar a algunos colectivos. Nuevamente, es difícil establecer a priori la magnitud y signo de este efecto.

Es habitual escuchar que la entrada de inmigrantes dificulta que los ciudadanos del país de acogida encuentren empleo. Sí parece haber evidencia que sugiere que, a corto plazo, se puede generar desplazamiento de la población local por inmigrantes en empleos de baja cualificación. Ahora bien, en determinados escenarios (si en el país de acogida las prestaciones sociales son abundantes o si carece de trabajadores cualificados en determinados sectores) y tipos de trabajo (aquellos con condiciones más duras o penosas) los inmigrantes no estarán compitiendo con la población local sino, más bien, ocupando puestos que difícilmente se cubrirían por los trabajadores del país receptor.

Y este es, precisamente, el caso del RU. Según las últimas estadísticas disponibles, en enero de 2017 la tasa de empleo era del 74,6%, la más alta desde el comienzo de la serie en 1971. El paro ha caído en un año del 5,1 al 4,7%. En RU continúan aumentando los ocupados y la población activa y reduciéndose el paro. No parece que la inmigración pueda constituir un problema en un escenario de tales características. Además, la inmigración europea es cualificada y trabajadora; no olvidemos tampoco que el generoso sistema de prestaciones sociales (en proceso de reforma) de RU desincentiva que los británicos elijan determinados empleos.

Es cierto que la inmigración puede acarrear dificultades de integración, tensiones sociales, desorden… pero estos efectos no proceden en RU de ciudadanos de la UE sino, más bien, del mucho más peligroso submundo yihadista. Los inmigrantes de la UE, por tanto, no son el problema (o, por lo menos, su componente principal). En determinados ambientes se han demonizado, cuando ni son los más numerosos, ni los que consumen más sanidad, pero sí ocupan muchos empleos que de otra forma sería difícil cubrir. ¿Qué ocurrirá cuando, a medio plazo, falte en RU personal cualificado para determinadas profesiones y oficios? ¿No sería más sencillo limitar drásticamente el número de visados a terceros países, en lugar de abandonar la UE?

¿Y qué decir del libre comercio? Es evidente que se resentirá, por la aparición de aranceles en las fronteras británicas; no obstante, este es un daño colateral (y tremendo) del Brexit (en el que ya profundizaremos), no su desencadenante.

A todos nos interesa que la salida de RU se haga del modo menos traumático posible. Aunque las relaciones de RU con la UE hayan sido con frecuencia tirantes, somos vecinos y socios comerciales y financieros, compartimos muchos intereses, y RU ha aportado mucho al resto de Europa, desde Shakespeare hasta la máquina de vapor, pasando por la Riqueza de las Naciones. No obstante, si queremos que las negociaciones lleguen a buen puerto, es importante conocer en profundidad las causas del Brexit: en el fondo, un problema de política interior, exacerbado por críticas un tanto exageradas a las intromisiones de Bruselas y a la supuesta invasión de la isla por ciudadanos de la UE.

Blanca Sánchez- Robles (Departamento de Análisis Económico, UNED)

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[i] A8: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Polonia, Lituania y Polonia:países que accedieron a la UE en 2004, junto a Malta y Chipre. Los A8 se suelen agrupar por su menor renta en relación a la media de la UE

 

Debate académico en el NBER sobre el “Brexit” del Reino Unido

La Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau of Economic Research, NBER) es una organización sin fines de lucro estadounidense de investigación cuyo objetivo principal es difundir entre los gestores de la política económica, los profesionales de las empresas y la comunidad académica las investigaciones económicas independientes que promueve.

El NBER es la mayor organización de investigación económica en los EE.UU. y la de mayor prestigio. Muchos de los ganadores de los Premio Nobel de Economía y los miembros del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de EE.UU. han sido en el pasado y son en la actualidad investigadores asociados de la organización. El presidente actual del NBER es James M. Poterba catedrático de Economía del MIT (Massachusetts Institute of Technology), Bostón, EE.UU.

El pasado 16 de julio de 2016, el NBER organizó un workshop sobre las “Consecuencias económicas del Brexit” (la salida del Reino Unido de la Unión Europea). Modera el workshop, Jeffrey Frankel, catedrático de Economía de Harvard University, Bostón, EE.UU. Participan en el workshop: Richard Baldwin, catedrático de Economía del Graduate Institute de Ginebra, Suiza; Anil Kashyap, catedrático de Economía de University of Chicago, Chicago, EE.UU.;  Hélène Rey, catedrática de Economía de London Business School, Londres, Reino Unido; y Thomas Sampson, profesor ayudante de Economía de London School of Economics, Londres, Reino Unido.

Espero que sea de utilidad para las clases de mis colegas de Economía Europea y de Economía Internacional. Disfruten del vídeo del workshop y practiquen el inglés:

Convergencia real en la Unión Europea y en la zona del euro, 1999-2014

El Banco Central Europeo (BCE) acaba de publicar un informe sobre la convergencia real de las economías del conjunto de la Unión Europea (UE-28) y de las 12 economías de la zona del euro. El estudio cubre el período desde la implantación de la moneda única en 1999 hasta el año 2014. Una de las ventajas que se esgrimió para la creación del euro fue que se impulsaría la convergencia real de las economías (o la convergencia de los niveles de renta per cápita). Pero ha ocurrido lo contrario.

La convergencia real se mide habitualmente por el PIB real per cápita (en adelante niveles de renta). La convergencia real sostenible es el proceso que propicia que los niveles de PIB per cápita de las economías de renta más baja se aproximen de forma permanente con los de las economías de renta más alta.

En la literatura académica relacionada con el crecimiento económico, la convergencia real se mide con dos indicadores complementarios: la convergencia beta (conocida también como β-convergencia) y la convergencia sigma (conocida también como σ–convergencia). El primer tipo de convergencia se produce cuando las economías de renta más baja crecen más rápidamente que las de renta más alta, por lo que experimentan un proceso de convergencia económica real. Este indicador se mide en términos de PIB relativo per cápita en paridad de poder de compra (PPC) (en inglés, GDP per capita in PPS). El segundo indicador se refiere a una reducción de la dispersión de los niveles de renta entre las economías.

La convergencia real implica que los países de renta más baja puedan crecer de forma sostenible a un ritmo más rápido que los países de renta más alta y, como resultado, se producirá la convergencia de sus niveles de renta con los de los países de renta más alta. Por ello,  la convergencia real corresponde, esencialmente, a la dimensión β de la convergencia, siendo la convergencia σ una condición necesaria para la convergencia β.

En el primer gráfico se representa una aproximación a la convergencia real con el concepto de convergencia beta desde el inicio del euro entre los países de la UE-28 y en los países de la zona del euro. [1] [2] [3]

En el eje horizontal se representa el PIB relativo per cápita en paridad de poder de compra de cada país en 1999 respecto a la media de la UE-28 y en el eje vertical se representa el cambio de ese indicador entre 1999 y 2014.

Del análisis de los datos del gráfico anterior cabe destacar que si ha habido convergencia real en el conjunto de la UE-28 (triángulo verde) entre 1999 y 2014, aunque este resultado muestra procesos de convergencia y divergencia entre los distintos países. En primer lugar, los países de la UE-28 que no pertenecen a la zona del euro (triángulo rojo) y aquellos países que entraron en la zona euro después de 2002 (círculos amarillos) muestran mejor comportamiento relativo en relación al proceso de convergencia real que los 12 países pioneros de la zona del euro (Euro 12, cuadrados azules oscuros y claros). En segundo lugar, los países que muestran mejor grado de convergencia real con la media de la UE-28 son Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia, seguidos por el resto de países del grupo de la Europa Central y Oriental (en inglés, CEE = Central and Eastern Europe). Por último, no se ha producido un proceso de convergencia real entre los 12 países que adoptaron el euro en 1999 y posteriormente en 2001. Por último, en el lado opuesto destacar la divergencia en la renta per cápita registrada en España y Portugal (sólo han logrado mantenerla) y el aumento significativo de la divergencia (Grecia y especialmente Italia).

En el segundo gráfico se aproxima la convergencia sigma, es decir, la dispersión de los niveles de renta entre las economías.

Como muestran los datos del gráfico anterior, se ha producido convergencia sigma entre el conjunto de los países de la UE-28, pero también una caída de la convergencia sigma en los 12 países pioneros de la zona del euro (Euro 12).

El informe del BCE destaca el conjunto de factores que han impedido la convergencia real entre los 12 países que adoptaron el euro en 1999 y 2001 (Euro 12): a) la debilidad de las instituciones nacionales (baja efectividad de las políticas y de las gobernanzas, baja calidad de las regulaciones medioambientales y elevada economía sumergida, entre otros); b) las rigideces estructurales en los mercados de productos y trabajo); c) la débil respuesta de la política económica a los ciclos alcistas de los precios de los activos (especialmente en la vivienda y la construcción) y al excesivo endeudamiento de las familias y empresas no financieras; d) y el débil crecimiento de la productividad.

Centrémonos en el papel  clave del crecimiento de la productividad en el proceso de convergencia económica real.  En el siguiente gráfico se muestra la relación entre la renta per cápita en 1999 y el cambio en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) (en inglés, TFP Total Factor Productivity) de cada país entre 2014 y 1999.  Recordemos que la PTF mide la eficiencia con la que el factor trabajo y el factor capital se utilizan en el proceso de producción y, por lo tanto, aproxima  la contribución del progreso técnico al avance del crecimiento de la productividad del trabajo y, en última instancia, al crecimiento real y potencial de la producción en el largo plazo.

En primer lugar, los países de la UE-28 con niveles relativos de renta per cápita más bajos tienden a exhibir un mayor crecimiento de la PTF, lo que ayuda al proceso de convergencia real en el conjunto de la Unión Europea, aunque este resultado muestra comportamientos heterogéneos en la evolución de la PTF entre los distintos países.

En segundo lugar, los países pioneros de la zona del euro (Euro-12) con niveles de renta iniciales más altos (Alemania, Austria, Holanda, Francia, Bélgica, Finlandia) incluso han tendido, en promedio, a registrar un mayor crecimiento de la PTF que los países de la zona euro con niveles de renta más bajos (España, Portugal y Grecia).  Resulta sorprendente, que a pesar de los importantes flujos financieros canalizados hacia los países de bajos ingresos desde el inicio de la moneda única (en forma de créditos e inversiones netas del resto de la zona del euro)  estos flujos de capital no han logrado generar un proceso de convergencia de la productividad en el período anterior a la crisis económica y financiera de 2008, y ello ha dificultado, sin duda, el proceso de convergencia real. La crisis ha puesto de manifiesto que la abundancia de flujos de capital en los países con niveles de renta más bajos de la zona del euro no ha podido contribuir a una convergencia real sostenible en el tiempo. La causa está en que estos flujos de capital se asignaron de forma ineficiente en sus economías en sectores que no impulsaron la PTF (construcción y vivienda, exceso de consumo apoyado en abundante y barato crédito bancario, gasto público corriente ineficiente).

En tercer lugar, el comportamiento de la evolución de la PTF de Italia es muy negativo para su economía, ya que es el único país (junto a Chipre) que registra una caída de la productividad en el período 1999-2014. Este comportamiento explica en gran medida la significativa divergencia real de su economía con el resto de países de UE-28 que se observó en el primer gráfico.

Finalmente, hay que recordar que para que la convergencia real sea sostenible en el tiempo, el crecimiento del PIB potencial per cápita a largo plazo ha de ser compatible con una expansión de la demanda agregada, circunstancia que no está ocurriendo en algunas de las economías europeas.

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[1] Países de la zona del euro 12 representados con un cuadrado azul claro: FI = Finlandia, IE = Irlanda, DE = Alemania, AT = Austria, NL = Holanda, BE = Bégica, FRA = Francia. Países de la zona del euro representados con un cuadrado azul oscuro: PT = Portugal, GR = Grecia, ES = España, IT = Italia. Luxemburgo de los 12 países del euro porque su PIB per cápita está sesgado por el elevado número de trabajadores que cruzan la frontera para trabajar en su territorio.

[2] Otros países de la zona del euro 18 (no euro 12) representados por un circulo amarillo: LT = Lituania, EE = Estonia, LV = Letonia, SK = Eslovaquia, SI = Eslovenia, MT = Malta, CY = Chipre.

[3] Resto de países de la UE-28 que no forman parte de la zona del euro representados por un triángulo rojo: RO = Rumania, BG = Bulgaria, PL = Polonia, HU = Hungría, HR = Croacia, SE = Suecia, DK = Dinamarca, UK = Reino Unido, CZ = República Checa.

Mayo electoral

Dos recientes titulares periodísticos han acertado al apuntar al centro de las preocupaciones que suscita la próxima cita de los ciudadanos de la UE ante las urnas para renovar la Eurocámara. “Europa contra Europa” (ABC) y “No son unas primarias” (EL PAÍS, resumiendo un documento del Círculo Cívico de Opinión).

El primero, a su vez, tiene dos rostros. Uno, la muy elevada abstención prevista: desde el 62 por ciento en 1979, cuando se convocaron por primera vez, la participación ha caído sostenidamente, hasta el 43 por ciento de hace cinco años, con fundado temor de que esa baja cota se reduzca ahora, expresando una desafección que los efectos sociales de la crisis económica ha hecho crecer con fuerza. Los eurobarómetros son inequívocos: si antes de ensombrecerse el escenario económico, en 2007, el nivel de confianza en las instituciones europeas alcanzaba el 57 por ciento, hoy ha bajado hasta el 31 por ciento. Desempleo, empobrecimiento, y desigualdad, además del afloramiento de tantos llamativos casos de malas prácticas de gestión, tanto en el ámbito público como en el privado, pasan una elevada factura no contrarrestada por los importantes avances en el proceso de integración alentados por la propia crisis, desde el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM, hasta la Unión Bancaria, con pasos determinantes ya bien fechados: supervisor único, que empezará a ser operativo en este mismo año, el Mecanismo Único de Resolución, que entrará en vigor en enero de 2015 y el Fondo Único de Resolución, previsto para enero de 2016.

Esa desconfianza que no deja de aumentar es el terreno propicio para el cultivo de la “eurofobia”, el otro inquietante aspecto sugerido por el rótulo que enfrenta a Europa contra sí misma. La desafección con el proyecto europeo y el auge del populismo están dando alas a partidos y formaciones políticas que cabe tildar genéricamente de “eurófobos”. La mayor parte son de derecha o de extrema derecha, pero es una toma de posición que ha permeado también a sectores de la izquierda del espectro político, que culpan a la UE de los recortes sociales en estos años. Comparten, eso sí, propuestas comunes: sabiendo que el euro y la libertad de circulación de personas constituyen hoy el núcleo de la identidad de la UE, preconizan consecuentemente la vuelta a las monedas de cada país y el cierre de las fronteras nacionales a los inmigrantes comunitarios o extracomunitarios. Según las encuestas más recientes, en intención de voto, son ya la primera o segunda fuerza electoral en Francia, Reino Unido, Italia, Holanda, Austria, Grecia, Hungría, Polonia y República Checa, y tercera o cuarta en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia, Lituania y Bulgaria, ganando también enteros en países donde tradicionalmente no han estado presentes, como Alemania o Suecia. Trasladado a números, ello supone que, aún siendo un universo heterogéneo y fragmentado, los eurófobos de uno u otro tono podrían alcanzar cerca de los 200 eurodiputados, una suma con la que les será factible influir decisivamente sobre las grandes fuerzas parlamentarias o más europeístas (socialistas, conservadores y liberales). Europeos contra Europa.

Y no son unas primarias las elecciones europarlamentarias, por más que los partidos políticos las planteen en clave nacional. Es cierto que al dirimirse en un sistema basado en circunscripciones y listas nacionales, es grande la tentación, con cada convocatoria, de convertir las elecciones europeas en unas elecciones intermedias o primarias de las generales. Pero este proceder supone hurtar la posibilidad de un debate informado sobre la Unión Europea en el que los ciudadanos tengamos la oportunidad de juzgar las políticas adoptadas y, a la vez, señalar como queremos ser gobernados durante el próximo lustro. Utilizar estas elecciones como unas primarias de las generales no sólo devalúa la democracia: también disminuye la relevancia y la capacidad de acción de Europa como actor global en un mundo cambiante y multipolar.

Nuevos derechos anti-dumping de la Unión Europea a la importación de baldosas cerámicas de China

Con una industria bajo un mercado de competencia imperfecta con productos homogéneos, las empresas pueden cobrar precios distintos en diferentes países y lo harán siempre que dicha estrategia de discriminación de precios le resulte rentable. Bajo está estrategia, el dumping consiste en la venta por parte de una empresa extranjera de un producto en el mercado exterior a un precio inferior al que vende en su mercado nacional (o alternativamente, con un precio de venta en el mercado exterior inferior al coste medio de producción).

El dumping es una práctica habitual en el comercio internacional [1] y las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) permiten que un país importador pueda establecer aranceles al producto que la empresa extranjera está exportando en condiciones de dumping. Este derecho arancelario se denomina arancel o derecho anti-dumping y se calcularía como la diferencia entre el precio nacional del exportador y el precio con dumping en el mercado del país importador. Hay que tener en cuenta que el arancel anti-dumping hace aumentar el precio pagado por los consumidores nacionales y genera una pérdida de eficiencia productiva en el país importador.

En la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales de la OMC (1986-1994) se aprobó un Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI (medidas anti-dumping) del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994[2] Este “Acuerdo Anti-dumping” se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping y desarrolla los principios fundamentales establecidos en el artículo VI del con miras a su aplicación a la investigación, determinación y aplicación de derechos anti-dumping.

La Comisión Europea ha aprobado recientemente un nuevo reglamento por el que se establecen derechos anti-dumping a la importación de baldosas de cerámica originarias de China[3] El procedimiento sobre el posible dumping se ha desarrollado con datos del período comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010. El procedimiento se abrió tras una denuncia de la European Ceramic Tile Manufactures’s Federation (Federación Europea de Fabricantes de Baldosas de Cerámica) en nombre de las empresas que representan más del 30% de la producción total de baldosas de cerámica de la Unión Europea.

El reglamento comunitario establece los derechos anti-dumping a las importaciones de este producto fabricado en China por un periodo de 5 años y con dos tipos de aranceles: i) entre el 26,3% y el 36,5% para las cuatro empresas o grupos de empresas chinas que han cooperado con la investigación; ii) el 69,7% para las empresas o grupos de empresas chinas que no cooperaron con la investigación y que suponen más de dos tercios de las exportaciones originarias de China con destino a la Unión Europea.

Del reglamento comunitario se pueden destacar algunas conclusiones relevantes sobre el perjuicio del dumping de las empresas chinas sobre la industria de baldosas cerámicas de la Unión Europea:

  • El aumento de la  cuota de mercado de las importaciones chinas coincide con la reducción de los beneficios de la industria de la Unión Europea y con el aumento del volumen de existencias.
  • La industria de la Unión Europea y los importadores comunitarios de baldosas de cerámicas chinas vendían en gran medida a los mismos clientes, lo que supone que la industria de la Unión Europea competía directamente con las importaciones objeto de dumping para conseguir pedidos.
  • La presión de los precios y no sólo los volúmenes de las importaciones de China fue lo que provocó la reducción de la rentabilidad de la industria de la Unión Europea y el deterioro significativo de otros indicadores.

Los objetivos de los derechos anti-dumping a la importación de baldosas de cerámica originarias de China quedan claros en el texto de este reglamento:

  • Efectos beneficiosos en las condiciones competitivas en el mercado de baldosas de cerámica de la Unión Europea.
  • Impacto limitado en los consumidores e importadores comunitarios de baldosas importadas de China que podrán abastecerse gracias a una gran variedad de proveedores del mercado comunitario y de terceros países.

Finalmente, recordar que en 2010 la industria de baldosas cerámicas de la Unión Europea facturó en 2010 cerca de 9000 millones de euros y empleó de forma directa a 75.000 trabajadores, con más de 500 empresas, de las cuales un 80% son pequeñas y medianas empresas. El sector cerámico español daba empleo directo en 2010 a unos 16.200 trabajadores en empresas que, en su mayoría, son pequeñas y medianas empresas. Se calcula que la industria española genera más de 5.000 empleos indirectos. De la facturación global de la industria cerámico español, el 65% corresponde a exportaciones y el resto de las ventas se destinan al mercado nacional.

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[1] Lista de casos tratados en la OMC en relación a la aplicación de derechos anti-dumping.

[2] GATT en sus siglas en inglés.

[3] Las medidas se aplican a baldosas de cerámica, esmaltadas o no, para pavimentación o revestimiento; a mosaicos, esmaltados o no; y a artículos similares de cerámica sean o no rectangulares, incluso con soporte.

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