Plan y liderazgo

Ha llegado la hora de la verdad, como si se tratara de “las cinco en punto de la tarde” del memorable poema de Lorca. La credibilidad exterior de España y la confianza de la sociedad española en sus propias capacidades necesitan perentoriamente que se haga lo que tiene que hacerse, por decirlo al modo del presidente Rajoy. No se debe esperar más. Liberado de servidumbres electorales —ha habido que esperar para ello tres meses: otro episodio más de la interferencia perniciosa del fragmentado calendario electoral español en la política económica—, el Gobierno debe proceder con determinación. Cada uno a su manera, es lo que se le pide desde fuera y desde dentro: Comisión Europea y mercados internacionales (nuestros prestamistas, no se olvide); también una mayoritaria opinión pública y el propio titular de la Corona. Sin tinte alguno de catastrofismo, debe decirse que la situación actual evoca un cierto “estado de necesidad” nacional, que exige una estrategia reformista definitivamente articulada y operativa. El Gobierno no ha estado cruzado de brazos en sus primeros cien días, pero sólo en el flanco de la reforma laboral ha aportado novedades sustanciales. El resto ha sido más de lo mismo (reforma financiera y recorte de gasto) o táctica de cuentagoteo (desde la dación en pago y el sueldo de los banqueros intervenidos, a la reestructuración de los órganos regulatorios, el microcrédito a ayuntamientos y comunidades autónomas o la misma ley de trasparencia).

Eso ya no es suficiente. Los Presupuestos deben actuar de rampa de lanzamiento, y los próximos meses serán decisivos. El tiempo disponible se agota y lo que no se haga en este próximo tramo de la legislatura —hasta el final del año en curso, no más— será muy difícil hacerlo después, si se nos diera, que es probable que no, otra oportunidad. Así es de seria la situación.

El Círculo Cívico de Opinión, uno de los foros de la sociedad civil creado recientemente para alentar planteamientos y medidas que ayuden a encarar lo que tiene mucho de encrucijada histórica, lo ha manifestado con claridad en un reciente Documento con el mismo rótulo que encabeza esta página. Uno de sus primeros párrafos merece reproducirse: “es decisivo que las reformas se planteen desde el principio en su integridad, enmarcadas en un plan que contenga un diagnóstico claro, una evaluación de las dificultades y los sacrificios a realizar y un horizonte de esperanza. Con independencia de que las medidas hasta ahora adoptadas, tomadas una a una, vayan en la dirección adecuada, resultan fragmentarias a los ojos de unos ciudadanos que necesitan conocer el camino que transitan para recuperar la confianza. Urge actuar, pero urge también explicar. La pedagogía es más necesaria que nunca cuando las reformas requeridas son radicales y el margen de maniobra para aplicar paliativos, reducido. También la ejemplaridad es imprescindible, pues es un componente de la propia pedagogía. En momentos como el presente se requiere un liderazgo fuerte que convenza con explicaciones e imponga la ejemplaridad. El Presidente del Gobierno ha asumido personalmente la dirección de la política económica y debe ejercer de forma continuada ese liderazgo, dirigiéndose al pueblo español, sujeto de los sacrificios que se reclaman, y no sólo a los representantes parlamentarios”.

REFORMAS ESTRUCTURALES Y DEPRESIVAS

El gobierno ha definido los tres ejes sobre los que girarán las principales actuaciones de su política económica. Se trata de reformas de gran significación sobre ámbitos esenciales de la economía española: presupuestos de las Administraciones Públicas, sistema bancario y mercado de trabajo. Los cambios no tienen vocación de transitorios, sino que muy previsiblemente alterarán la conformación de la economía de forma permanente. Son reformas estructurales, en la más ambiciosa de las acepciones. Pero serán depresivas a corto plazo y dificultarán el saneamiento de las finanzas públicas. Más

La PAC: ¿Qué hay de nuevo…..viejo?, por Josefa García Grande

A propósito de la nueva reforma de la PAC planteada hace algunos unos meses, le hemos pedido a la profesora Josefa García Grande, de la Universidad de Alcalá de Henares, que nos introduzca brevemente en los principales aspectos del debate, y nos ha enviado esta esclarecedora entrada que le agradecemos.

Desde hace casi treinta años, la Unión Europea viene reformando la que fue, hasta finales de la década de 1990,  su política más señera, la más amplia, la más compleja y controvertida, la más “común” y la que ha contribuido, tal vez como ninguna otra, a construir Europa: la Política Agraria Común (la política monetaria está por ver si construye o decostruye Europa).

Si en el mundo financiero los sobresaltos son diarios, con reuniones de los líderes europeos semana si y semana también (bilateral, trilateral o multilateralmente…….hagan combinaciones y permutaciones de los elementos que consideren pertinentes) para comunicarnos a los sufridores ciudadanos qué mal van las cosas, las soluciones que proponen, pero no disponen, y vuelta a reunirse para empezar la rueda de soluciones “definitivas”, en el sector agrario sus actores  tienen ya mucha experiencia en lo que es reformar, para volver a reformar, eso si, de forma un poquito más espaciada: más o menos cada 4-6 años toca una reforma en “profundidad” de la PAC.

La dinámica de esas reformas suele ser, de forma muy sintética,  la siguiente: la Comisión anuncia  que circunstancias (diversas) aconsejan reformar la política agraria, y a partir de ahí se elaboran por su parte, por parte del Parlamento, los Estados Miembros, las instituciones y distintos especialistas documentos de reflexión. La Comisión hace su propuesta tomando como base esos documentos; a continuación se presenta al Consejo y finalmente se aprueba  por los ministros o, si la cosa se pone complicada, por los Jefes de Estado o Gobierno de los 27 (la que ahora está en curso será la primera que deberá ser  aprobada también  por el Parlamento Europeo). Entre la propuesta de la Comisión y la reforma que finalmente sale adelante, suele haber diferencias sustanciales.

El pasado verano la Comisión presentó una Comunicación al Parlamento en la que se marcaban objetivos y líneas directrices, muy generales, sobre la nueva reforma de la PAC,  y el 12 de octubre hizo pública su Propuesta. A partir de ahí se inicia ahora un periodo de negociaciones que debería culminar a finales de 2012.

¿Y qué novedades presenta la reforma? Repasemos algunos de sus aspectos más importantes; revisarlos todos requeriría de un espacio impropio de este formato y cansaría innecesariamente al lector.

Dice la Comisión que uno de los objetivos de la reforma es contribuir a la renta agrícola. En el artículo 39 de la redacción primitiva del Tratado de Roma se decía, hace ya más de medio siglo,  que uno de los objetivos de la PAC era proporcionar un nivel de vida equitativo a la población rural, y  en la reforma de 1999, enmarcada en  la Agenda 2000, que su propósito era asegurar un nivel de vida adecuado a la población del medio rural.  Pues bien, como se ve,  el objetivo es reiterativo, no hay nada de nuevo en esta reforma. Y si esto es así, sin duda, se debe a que la PAC ha sido incapaz de alcanzar lo que debía haber sido una de sus prioridades (la renta media de la población rural es, actualmente, la mitad de la del resto de la población  y la de los agricultores un 40%).

Es una reivindicación histórica del sector que las ayudas de la PAC  lleguen sólo a los “agricultores”. Se han ido definiendo diversas figuras al respecto: los ATP (Agricultores a Título Principal), Agricultores Profesionales y ahora llega la figura de Agricultor Activo ¿Y a quién se considera agricultor activo? Pues a aquel “cuyas rentas agrarias representen, al menos,  el 5% de los ingresos totales de todas las actividades no agrícolas”. Es decir, casi todo el que tenga un huerto en su pueblo es considerado como agricultor ¿Algo nuevo respecto hace treinta años? Nada. Las ayudas seguirán llegando prácticamente a los de siempre.

También se ha solicitado reiteradamente por profesionales, académicos y organizaciones agrarias que las ayudas de Bruselas se modulen de tal forma que un  “agricultor” no pueda recibir, como ahora ocurre, por ejemplo con una popular “casa de la nobleza española” algo más de 3.000.000 de euros en subvenciones, aunque sea perfectamente legal  (si eso parece un disparate  ¿Qué opinión merece que la reina de Inglaterra cobre subvención por los cisnes que graciosamente nadan en el Reino Unido?). Pues bien, se propone ahora una reducción en las ayudas de aquellas explotaciones que reciban más de 150.000 euros y un límite a la subvención por perceptor de 300.000 euros. En 1999, en la minireforma que se propuso ese año, ya se pretendió establecer ese límite, pero algo más de dos lustros después, se sigue sin aplicar esa modulación, sino otra tan descafeinada, que no vale la pena mencionar ¿Algo nuevo en la reforma?………nada reseñable.

Qué más hay en la propuesta de la Comisión: potenciar la competitividad, ayudas a las zonas frágiles o con limitaciones especiales, simplificar la gestión de esta política, ayudas agroambientales, estímulo al empleo e instalación de jóvenes agricultores…………..hay que insistir…………… mismos perros con distintos collares.

Si podría entenderse como una novedad la mención que se hace sobre la necesidad de  acortar y mejorar la cadena de distribución (absolutamente necesario) y sobre  crear instrumentos ágiles de gestión de  crisis; eso si, para que estos entren en funcionamiento se necesitará la codecisión de Comisión y Parlamento; dicho en otras palabras, para cuando se pongan en marcha, la crisis hará tiempo que estará superada.

También hay una novedad significativa sobre los que se ha denominado  greening, de tal forma que el 30% del Pago Básico (hasta ahora se llamaba Pago Único) sólo se cobrará si se cumple con alguna de las siguientes condiciones: que se practique la diversificación de cultivos (al menos tres por explotación; viva la especialización!!!!), se mantengan áreas forestales o áreas de interés ecológico; entre estas últimas se encuentran los setos (si, si, han leído bien………pero lean entre líneas y piensen de nuevo en el Reino Unido).

Y en España, ¿cómo se ha reaccionado ante esta propuesta? Pues, aparte de  tarde, todos a una…….defendiendo el Pago Básico/Único sobre la base de derechos históricos, es decir, tal y como está establecido en la actualidad.  Repasen las hemerotecas, las revistas especializadas, los documentos oficiales y verán que cosas (y con razón) se decían tras la reforma de 1992, 1999, 2003 contra la forma de calcular ese Pago Único (teniendo en cuenta rendimientos ó ayudas históricas que perjudicaban notablemente a España),  y si entienden ahora esa defensa ministerial, autonómica  y de las organizaciones agrarias del Pago Básico sobre la base de derechos históricos, por favor, contacten conmigo.

En definitiva, esta reforma se negociará sobre la base de intereses nacionales cortoplacistas, mirando lo que se gana/pierde en términos presupuestarios, pero sin ninguna visión de largo plazo, sin una verdadera hoja de ruta ni estrategia nacional (europea)  que potencie un sector competitivo y que vaya un poco más allá de 2020 cuando ya se habrá aprobado otra nuevieja reforma. Lo dicho, nada nuevo……..,viejo.

El final del desfile, por Mariam Camarero

Nuestra compañera, Mariam Camarero, nos envía el siguiente artículo publicado como Tercera de ABC el pasado día 1 de julio. Los acontecimientos de estos últimos días ponen de manifiesto, aún más si cabe, la necesidad de encontrar un gobierno con la firme voluntad de llevar a cabo un ambicioso plan de reformas. Por su interés, reproducimos el artículo más abajo. Más

Nuevo manifiesto a favor de la calidad en la enseñanza universitaria (y en contra del Estatuto del PDI)

El pasado sábado 9 de julio se publicó en el diario El País un manifiesto a favor de la calidad en la enseñanza universitaria que, por su interés, reproduzco más abajo.

El Ministerio de Educación ha ido publicando sucesivas versiones del borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas españolas, negociado en la Mesa Sectorial de Universidades. Deseamos exponer públicamente por qué la aprobación del citado borrador resultaría muy perjudicial para el sistema universitario, cuya importancia para el país es innecesario resaltar. Nuestro juicio se sustenta en cuatro puntos:

1) El borrador configura una universidad completamente burocratizada. Introduce grados horizontales (sic) para la carrera funcionarial docente según criterios y baremos que poco tienen que ver con la calidad y cuyo establecimiento implicaría una burocracia tan pavorosa como paralizadora. Más aún: según una de las simulaciones realizadas por la propia Dirección General de Política Universitaria, un joven y reciente premio Nobel científico no podría ser acreditado como catedrático con el baremo de puntos del borrador. Por otra parte, la consolidación de la gestión académica como mérito sustitutivo (incluso aunque fuera nefasta) redefine al actual PDI universitario y facilita el triunfo de la burocracia en detrimento de la calidad.

2) El borrador perjudica, muy especialmente, a quienes más debería proteger: a los jóvenes prometedores que se esfuerzan en ampliar sus conocimientos y que son el futuro de las universidades, marginándolos en favor de quienes se dedican a burocracias diversas, frecuentemente tan inútiles como generadoras de pérdida de tiempo.

3) El borrador sindicaliza las universidades, pues obliga a negociar con los sindicatos asuntos académicos que nada tienen que ver con la legítima función de aquellos, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo, serán objeto de “negociación colectiva sindical” los “criterios generales de asignación de tareas al profesorado, incluyendo las actividades docentes” y “los criterios generales de progresión profesional del PDI” (sic). Tales preceptos son académicamente inaceptables e incluso jurídicamente cuestionables. Implicarían, además, una reforma de todos los Estatutos de las universidades públicas; sorprende la actitud de la Conferencia de Rectores en este punto (y en otros). Tanto el léxico del borrador como su manifiesta pobreza jurídica traicionan a sus redactores y sus verdaderas prioridades.

4) Finalmente, lamentamos la dejación de funciones del Ministerio de Educación ante la esencial mejora de las universidades públicas españolas. Su carácter de servicio público obliga al ministerio a velar por su calidad. Queremos recordarle que ese público es la sociedad que las sostiene, a la que las universidades deben servir generando y transmitiendo conocimiento, ciencia y tecnología: riqueza cultural y material en suma, no burocracia y horizontalidades. Solo la existencia de universidades públicas de calidad garantiza, además, la verdadera igualdad de oportunidades, pilar de toda democracia. El proyecto de Estatuto del PDI no sólo ignora este obvio imperativo, sino que perjudicará las universidades en tal grado que, de aprobarse, sufrirán un daño imposible de reparar en decenios.

Los abajo firmantes, junto con más de 2.600 docentes e investigadores que también han reprobado el borrador (http://www.peticionpublica.es/?pi=EstatPDI), rechazamos la filosofía que inspira el proyecto de estatuto para el profesorado universitario. Reivindicamos como principios básicos la calidad y el carácter de servicio público de las universidades, erróneamente identificado en ese borrador con intereses ajenos a los de la sociedad a la que deben servir. No deseamos alejarnos más de las buenas universidades internacionales.

Defendemos la cultura del esfuerzo y el mérito, no las infinitas comisiones, negociadoras o no, el despilfarro y la burocracia inútil. Por eso pedimos al señor ministro de Educación que retire el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador.

M. A. Alario (UCM y RAC), F. J. Álvarez (UCIII), L. Álvarez-Gaumé (CERN), J. Álvarez Junco (UCM), R. Argullol (UPF), M. Atienza (UA), F. de Azúa (UPC), L. Blanco Valdés (USC), L. J. Boya (UZ y RACZ), V. Bozal (UCM), M. Camarero (UJI), V. Camps (UAB), J. Carabaña (UCM), E. Carmona (US y RAC), F. de Carreras (UAB), E. Coronado (UVEG), G. Delgado (CSIC), V. Demonte (CSIC), E. Díaz García (UAM), M. Díaz y G. Conlledo (ULE), J. Dopico (UCIII), P. Etxenike (UPV-EHU), A. Fernández-Rañada (UCM), F. Flores (UAM), L. Franco (UVEG y RAC), M. Fuertes (ULE), J. P. Fusi (Historia, UCM), A. Galindo (UCM y RAC), J. A. García Amado (ULE), C. García Gual (UCM), P. L. García Pérez (USAL y RAC), M. Gutiérrez Estévez (UCM), J. Hernández (UAM), L. Ibáñez (UAM), J.-J. Iso Echegoyen (UZ), E. Lamo de Espinosa (UCM), F. J. Laporta (UAM), A. de Leiva (Medicina, UAB), A. Liñán (UPM y RAC), J. Llovet (UB), J. Marro (UGR), M. Morey (UB), E. Moya (UCM), S. Muñoz Machado (UCM), J. L. Pardo (UCM), A. Pérez-Agote (UCM), M. Pérez Ledesma (UAM), F. Rico (UAB y RAEL), C. Rodríguez Braun (UCM), A. Rodríguez-Navarro (UPM), J. Romero (UVEG), A. Ruiz Miguel (UAM), L. Rull (US), A. de Rújula (CERN y UAM), Santos Juliá (UNED), F. Savater (Filosofía, UCM), J. Siles (UVEG), F. Sosa Wagner (ULE y Parlam. Eur.), J. Tejada (UB), G. Tortella (U.Alcalá), M. Villarreal (UPV-EHU), F. Ynduráin (UAM).

COMPETENCIA Y REFORMAS: EL MERCADO DE CARBURANTES

El Informe Anual del Banco de España (ver aquí) publicado esta semana vuelve a plantear la necesidad de intensificar la competencia en el sector de la distribución de carburantes. En 2010 el barril de referencia en Europa se encareció en media el 35% pero en España el aumento del precio antes de impuestos de los carburantes fue mayor que en el conjunto de la zona euro.

La opinión del Banco de España coincide con la emitida el pasado mes de marzo por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en su Informe de seguimiento sobre la competencia en el sector de carburantes de automoción (ver aquí), actualización de otro previo publicado en 2009 (ver aquí). El informe concluye que existen serios problemas de competencia en el sector de la distribución de carburantes. El Cuadro reproduce los cálculos hechos por la Comisión sobre los precios antes de impuestos de la gasolina y del gasóleo de automoción en España respecto al de los países de la UE. Los precios son más altos en España respecto a la mayoría de países de la UE. Los márgenes brutos del transporte y la distribución estimados en el informe también son superiores en España. La información se refiere a 2010 y estima el sobrecoste pagado por los consumidores españoles en 1.600 millones de euros.

El informe de la CNC asocia los diferenciales de precios y márgenes en el sector de carburantes con la existencia de barreras a la entrada de nuevos operadores, tanto en el segmento mayorista como en el minorista. En el primero, la empresa CLH es propietaria de los oleoductos que constituyen el canal de distribución más eficiente para conectar las refinerías con los puntos de consumo. Las tres principales operadoras (Repsol, Cepsa y BP) controlan el 30% del capital de CLH. La estructura de propiedad favorece la fijación de tarifas de acceso a la red elevadas con el objetivo de disuadir a otros operadores de entrar al mercado. En el segmento minorista la concentración de estaciones de servicio es la más alta de la UE con un CR3 del 66%. Además, mecanismos como la venta de gasolina a través de las grandes superficies comerciales que han dinamizado recientemente el mercado europeo, en España tienen una cuota de mercado bajísima.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos ha criticado los argumentos de la CNC (ver aquí) señalando que el Boletín Petrolero de la UE, la fuente de información utilizada por la CNC, no es fiable para hacer comparaciones de precios debido a que los países utilizan diferentes metodologías. Sin embargo, la mayor parte de estas críticas carecen de fundamento. A titulo de ejemplo, se indica que los países recogen información de precios en días distintos de la semana, sin embargo los precios más altos de España se vienen registrando mensualmente de manera continuada durante los últimos tres años.

 Todo apunta a que la débil competencia está en el origen de los precios más elevados que pagan los consumidores españoles por los carburantes de automoción. Para corregir esta situación la CNC propone  que se regule el precio de acceso a la red de transporte de hidrocarburos por oleoducto, que los operadores al por mayor salgan de la propiedad y la gestión de CLH, que se tengan en cuenta criterios de competencia en la concesión de estaciones de servicio en las carreteras y que se facilite la apertura de estaciones de servicio en los grandes establecimientos comerciales.

No es la primera vez que, en fechas recientes, se señala con el dedo a sectores productivos concretos de la economía española con problemas de competencia. Recuérdese la decisión de la Comisión Europea (ver aquí) relativa al mercado de acceso a Internet con banda ancha. España ha tenido durante un periodo de tiempo muy prolongado los precios más altos de acceso a Internet de la UE debido a una práctica de estrechamiento de márgenes entre el precio minorista de Telefónica y el precio para el acceso mayorista de otros proveedores.

En las industrias de red se ha hecho en los últimos años, en España, un importante esfuerzo de liberalización y de reforma regulatoria. Sin embargo, en el mercado de carburantes y en determinados segmentos de las telecomunicaciones han de darse pasos adicionales para intensificar la competencia. En este sentido, las mediadas de fomento de la competencia en los mercados de bienes y servicios son un componente más de las reformas estructurales que precisa la economía española para salir de la situación actual de crisis. Un componente tan importante como la reforma laboral o la reestructuración y recapitalización del sistema financiero. Igual de importantes y con efectos más rápidos sobre el empleo y sobre la mejora del bienestar de la población.

¿TIENE ESPAÑA UN “PROBLEMA DE PESO”?

El concepto económico “peso problem” se refiere a una situación en la que los agentes han formado sus expectativas acerca de un salto o variación discreta en los valores de alguna variable económica relevante. Las expectativas pueden ser simplemente el reflejo de la baja credibilidad de las autoridades económicas o pueden estar basadas, por ejemplo, en sucesos anticipados, como la incertidumbre sobre la convocatoria de elecciones parlamentarias futuras que puedan suponer cambios sustanciales en la orientación de la política económica general.

El caso del valor del peso mejicano, que es precisamente el que dio origen al concepto de “peso problem”, es el ejemplo estándar usado para explicar esta situación paradójica en la que los mercados parecen alejarse de los fundamentos. El tipo de cambio al contado del peso mejicano se fijó en 12.5 pesos por dólar americano desde abril de 1954 a agosto de 1976. Al mismo tiempo los tipos de interés de los depósitos en pesos estaban sistemáticamente por encima de los depósitos en dólares a lo largo de todo el periodo, lo que implicaba un tipo de cambio a plazo o “forward” por encima del tipo “spot”. Por tanto, la tasa de rendimiento “expost” de mantener saldos en pesos fue sistemáticamente positiva a lo largo de todo el periodo, es decir, se verificaba un exceso de rendimiento. Bajo el supuesto de neutralidad al riesgo este comportamiento es contradictorio con la hipótesis de expectativas racionales en la medida que implica que los errores de predicción del mercado estaban sesgados. Sin embargo, la existencia de un diferencial de tipos de interés se puede explicar por la persistencia en las expectativas del mercado sobre una devaluación futura del peso. De hecho, cuanto más aumenta el diferencial, mayores eran las expectativas de devaluación. Finalmente, en agosto de 1976, estas expectativas se vieron cumplidas y el peso pasó a flotar devaluándose cerca de un 40% frente al dólar.

En la medida en que los precios de los activos, como los tipos de cambio (o la deuda pública) están basados en las expectativas sobre la evolución futura que los agentes tienen sobre estas variables, existe la posibilidad de que variaciones discretas esperadas afecten directamente al comportamiento del precio de los activos. Más aún, pueden inducir variaciones en los precios de los activos que parecen contradecir la hipótesis de expectativas racionales, pues aunque la probabilidad de que un suceso determinado se verifique sea baja, si esta variación es de suficiente tamaño, puede implicar pérdidas considerables para los inversores (y ganancias para los “especuladores”).  El análisis sobre la implicaciones teóricas y empíricas del “peso problem” sobre la formación del precio de los activos en los mercados financieros ha dado lugar a una extensa literatura (ver por ej. Evans, 1995) que demuestra que variables nominales como los tipos de interés o los precios aumenten de forma casi inmediata. Sin embargo, el énfasis en la investigación formal ha ido basculando hacia los efectos “de segunda ronda” sobre la parte real de la economía en variables macroeconómicas tales como el “output gap”, los tipos de interés reales o el desempleo, concluyendo que la producción agregada bajo un “problema de peso” sea inferior a la potencial y que, asimismo,  su volatilidad sea superior. En buena medida, la evolución temporal de este “peso problem” dependerá del grado de credibilidad de la política económica y de cómo evolucione esta variable a lo largo del tiempo.

La Unión Monetaria Europea era precisamente una oportunidad para reducir los problemas de credibilidad en aquellos países europeos con peor reputación antiinflacionista y, por tanto, enfrentados a tipos de interés superiores. El “peso problem” se encuentra detrás de las primas de riesgo país de los activos financieros que dentro de una unión monetaria deben situarse en mercados de activos distintos al del tipo de cambio.  La credibilidad que se había tomado prestada del conjunto del sistema en el caso de las economías periféricas europeas parece haberse agotado por la mala gestión de la política económica llevada a cabo por muchos de sus gobiernos y, por qué no decirlo, por la propia práctica inapropiada de los mecanismos de coordinación a escala europea.  El caso de la economía española puede pasar a ser un ejemplo paradigmático de cómo en economías abiertas la credibilidad de las autoridades económicas resulta básica para la efectividad de las medidas de política económica. La reputación cuesta mucho esfuerzo y tiempo de ganar, pero se pierde rápidamente. Cuando las expectativas de los agentes están formadas, se entra en una círculo vicioso, como está demostrando la evolución del diferencial del bono español frente al alemán, que sólo es posible romper con medidas cualitativas de gran alcance.  España tiene un problema de peso y el gobierno debería estar a la altura de las circunstancias.

Evans, M. (1995): “Peso problems: their theoretical and  empirical implications”. LSE Financial Markets Group, Dicussion Paper n. 210.

Valoraciones sobre la reforma de la negociación colectiva, por Hipólito Simón

Nuestro compañero Hipólito Simón (Universidad de Alicante-IEI-IEB) escribe esta interesantísima entrada sobre el reciente real decreto-ley de reforma de la negociación colectiva.

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Tras la aprobación el pasado viernes 10 de junio del real decreto-ley de reforma de la negociación colectiva, el objetivo de esta entrada es realizar una breve valoración del alcance de la misma, prestando especial atención a aquellas cuestiones que inciden en la capacidad de ajuste de los salarios en la economía española. Por adelantar los principales argumentos, a mi parecer, la reforma contiene modificaciones sustanciales y que van en el sentido correcto en cuanto a propiciar una mayor capacidad de ajuste de los salarios de las empresas españolas a sus niveles de productividad. Por el contrario, los cambios son únicamente menores en aquellas cuestiones, como el tratamiento de la ultraactividad, que afectan a los mecanismos de determinación de los salarios a nivel agregado, habiéndose elegido en este terreno una opción continuista, en detrimento de cambios de carácter más radical en el modelo de negociación colectiva.

 Como punto de partida, creo que es oportuno recordar que el diagnóstico compartido por buena parte de los investigadores y analistas en nuestro país es que las características concretas de la negociación colectiva están claramente asociadas a deficiencias en la determinación de los salarios, y que éstas se producen en dos planos. En el ámbito microeconómico la negociación colectiva induce en la práctica rigideces muy significativas, debido básicamente a que las tarifas pactadas en los convenios sectoriales se caracterizan por una notable homogeneidad tanto en niveles como en evolución temporal, mientras que a nivel agregado ciertos rasgos de la negociación (a saber, el carácter plurianual de muchos convenios de sector; la presencia generalizada en ellos de cláusulas de salvaguarda y el principio de ultraactividad) inducen una rigidez a la baja de los salarios muy significativa, provocando que en contextos recesivos se produzcan un crecimiento anormal de los salarios reales (como el que se dio en el año 2009). Pueden encontrarse más detalles sobre estas cuestiones en dos entradas de este mismo blog, realizadas por algunos compañeros de ALdE (“Propuesta sobre indexación salarial y reforma de la negociación colectiva”) y por mí (“Algunas consideraciones sobre la reforma de la negociación colectiva”).

 En lo que respecta a la incidencia de la negociación colectiva en la primera cuestión, la capacidad de ajuste de los salarios relativos, la reforma aprobada por el gobierno introduce cambios de gran calado. Esto es así porque se aumenta el alcance de la aplicación de las cláusulas de descuelgue de los convenios de sector (siguiendo la estela de las modificaciones introducidas en la reforma laboral de 2010) pero, muy especialmente, porque se establece la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios de sector. En relación con este último punto, más concretamente, tras la reforma se permite la concurrencia de los convenios de empresa con los de ámbito superior (si bien esto tiene un carácter automático sólo en el caso de los convenios sectoriales de ámbito inferior al autonómico, ya que en el caso de los convenios sectoriales de ámbito nacional o autonómico se da la posibilidad a las partes negociadores de establecer diferentes reglas de concurrencia entre convenios), algo que no ocurría con anterioridad y que explicaba la reducida implantación en la práctica de los convenios de empresa. La prioridad que se da ahora a este tipo de convenios, unida al hecho de que en España los mismos pueden fijar salarios independientemente de lo establecido por los convenios de sector (a diferencia de lo que ocurre en buena parte del resto de Europa, donde por lo general se aplica el criterio de mayor favorabilidad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales), implica la aparición de una importante vía de flexibilidad salarial para las empresas españolas y de capacidad de adaptación de sus salarios a los niveles de productividad. Así, con el nuevo marco regulatorio las empresas podrán optar (de forma negociada, eso sí) por pagar salarios inferiores a los establecidos en los convenios sectoriales o bien de forma transitoria, mediante el recurso a las cláusulas de descuelgue, o bien de forma permanente, mediante la firma de convenios de empresa.

 Las modificaciones introducidas son, sin embargo, mucho más limitadas en lo que respecta a aquellas características institucionales de la negociación que dificultan el ajuste a la baja de los salarios en el plano macroeconómico. Las mismas afectan exclusivamente, y de forma muy limitada, al principio de ultraactividad, no abarcando a otros elementos muy relevantes en este terreno, como son la plurianualidad de los convenios y las cláusulas de salvaguarda. En el caso de la ultraactividad se ha optado en concreto por introducir en caso de ausencia de pacto entre las partes transcurrido un cierto plazo tras la finalización de la vigencia de un convenio (entre ocho y catorce meses, variando en función de la duración del convenio) un arbitraje que, de forma transitoria, tendrá un carácter obligatorio (este aspecto, no obstante, tiende a considerarse por parte de diversos autores que pudiera ser inconstitucional). Se trata de un cambio muy limitado cuya finalidad es aumentar los incentivos de las partes a la negociación efectiva de los convenios, pero que en la práctica no modifica sustancialmente la situación previa. No optar por la alternativa de eliminar la ultraactividad de los convenios (o bien tras la finalización de su vigencia o bien transcurrido un cierto plazo tras la misma, tal y como sugerían diversas propuestas) implica permitir la supervivencia de un elemento institucional que es claramente responsable de una fuerte rigidez a la baja de los salarios nominales (la cual se da en esencia porque las organizaciones sindicales pueden evitar por defecto que se produzcan recortes salariales simplemente renunciando a negociar un nuevo convenio). No obstante, también implica optar por no acometer lo que plausiblemente habría supuesto en la práctica un cambio radical de la negociación colectiva. Esto es así en tanto que en ese escenario hipotético las asociaciones empresariales tendrían fuertes incentivos a no negociar los convenios sectoriales, puesto que su decaimiento daría paso a una situación en la negociación que les resultaría mucho más favorable, ya que la misma tendría como único suelo salarial de referencia el Salario Mínimo Interprofesional (el cual, como es sabido, presenta en España un nivel comparativamente reducido).

REFLEXIONES SOBRE LA FLEXIBILIDAD SALARIAL A NIVEL DE LA EMPRESA por Manuel Hernández López

Nuestro amigo Manuel Hernández López, antiguo Director de la Comisión Europea, nos obsequia con un artículo que publicó el lunes pasado en Expansión sobre flexibilidad salarial. Esta reflexión contribuye al debate abierto desde el Blog de la ALdEa Global sobre la reforma de la negociación laboral y dice así:

Jacques Deslors, poco sospechoso de ser un entusiasta del liberalismo económico, declaró a una revista económica que el sueldo del trabajador debería constar de tres componentes: un mínimo legal de subsistencia, una segunda parte que sería función de la “performance” de la empresa y un tercer elemento que reflejaría su esfuerzo o mérito personal. Casi 20 años más tarde, Angela Merkel exige que, de manera global y sin mayor precisión, los sueldos se ajusten a la productividad. En Bélgica el viejo debate sobre « la indexation automatique » de los sueldos ha saltado de nuevo. En España, Elena Salgado ha afirmado que la situación específica de cada empresa debe condicionar los sueldos. Se puede decir que, de manera casi general, en los países europeos la flexibilidad salarial bajo fórmulas muy diversas está a la orden del día.

Esto supone un cambio de mentalidad en Europa de mucha envergadura; en efecto, los sueldos fijos han sido uno de los grandes pilares (los célebres “droits acquis”) del llamado “Sistema Social Europeo”. Empero, la crisis nos ha hecho comprender, volens-nolens, dos cosas; uno, que en política económica el empleo tiene que ser imperativamente la variable objetivo, y el sueldo la variable de ajuste; no al contrario, como se ha hecho hasta ahora. Y segundo, que hoy por hoy hay dos cosas incompatibles y por ende inalcanzables: sueldos elevados generalizados y mucho empleo. Hay que escoger.

De entrada creo necesario afirmar sin ambages que este cambio me parece muy positivo; como el mejor subsidio al parado es darle un empleo, pienso que la flexibilidad de remuneraciones en función de la capacidad financiera de la empresa es clave: no solo salvaguarda el empleo – lo que es su objetivo principal- sino que, aplicada en dosis suficiente, además lo crea. A este respecto me parece oportuno mencionar la iniciativa belga “Cheques services”, donde el consumidor paga con cheques/bonos – que ha comprado previamente a la Administración a un precio de 7,5 euros la hora de trabajo (la equivalencia en España sería de unos 5-6 euros) – pequeños trabajos domésticos o similares; el resultado está siendo espectacular; se han generado más de medio millón de puestos de trabajo, lo que es mucho para este pequeño país; gracias a esa iniciativa se está cubriendo una cantidad enorme de necesidades de la sociedad, y miles y miles de hogares han encontrado un complemento de salario tan necesario hoy. A mi juicio este éxito es la prueba de que la elasticidad de la creación de empleo al sueldo, en esa franja del mercado del trabajo, es muy elevada. Eso es así porque hay en nuestra sociedad una demanda interna “latente” casi infinita (las necesidades insatisfechas que todos tenemos) y que solo aflora cuando la bajada del precio la hace “solvente”. La pregunta inmediata es: ¿hasta qué suelo hay que permitir que los sueldos bajen?. Eso depende -hoy por hoy – de la cantidad de parados que se quiera resorber.

Claro está que un sistema generalizado de flexibilización salarial, en la que la empresa pague los sueldos que le permitan garantizar su futuro y su empleo, provocará un aumento de la “tensión salarial”, es decir, las diferencias entre sueldos altos y bajos aumentarán muy sensiblemente; en otras palabras, la sociedad será menos igualitaria en la esfera salarial. No obstante, será más igualitaria en la del empleo. ¿Será más injusta?. Pienso que no.
Por otro lado el sueldo del trabajador es más volátil; en revancha, es mas seguro. Esto es importante para los trabajadores con hipotecas, ya que, en términos técnicos, la esperanza matemática concerniente a su sueldo no debe cambiar necesariamente.

La puesta en práctica de tal política micro-económica, que debería ser libre para cada empresa, no es nada fácil : no parece adecuado que sea la Dirección de la empresa la que decida unilateralmente “su” flexibilidad salarial; lo normal es que haya un acuerdo entre dirección y trabajadores. Es este un tema difícil porque para muchas personas no es nada fácil dialogar; no se olvide que el sentido común es el menos común de los sentidos. En todo caso, tal diálogo social tiene dos exigencias: primera, una radical descentralización sindical por parte de los trabajadores; los llamados agentes sociales “nacionales” no tienen ningún rol que jugar; segunda, la empresa está obligada a una transparencia contable sin fallo; tiene que abrir los libros. Me parece sin embargo grotesco tener que acudir, como algunos proponen, a los Tribunales de Justicia o a la Administración para ese díálogo intra-empresarial. (El populista decreto de Sarkozy que obligaría por ley a distribuir dividendos a los trabajadores me parece un “interventionnisme démodé).

Con este cambio de política, también cambia el estatus del trabajador: como su sueldo se modula según las vicisitudes de la empresa, participa en cierta medida en el riesgo entreprenurial; parece pues apropiado que participe también en ciertas decisiones que conciernen el porvenir de la empresa y el suyo propio. Aquí también entramos en un aspecto muy delicado pporque esta flexibilidad no puede transformar las empresas en cooperativas.

Este tipo de política es incompatible con esa cantinela tan manida en la boca de Políticos o Instituciones que proclaman la necesidad de una moderación “generalizada” de sueldos en todas y cada una de las empresas, idea tan esperpéntica como sería querer aplicar la misma medicina y la misma posología a todos los enfermos de un hospital general; puede ser que el resultado final de la flexibilidad micro-económica sea una reducción de la masa salarial global de un país, objetivo macro-económico eventualmente buscado por la Autoridades; pero la flexibilidad es claramente una vía mucho más eficiente (para ese logro) y ciertamente mucho más eficaz (en la lucha contra el paro) que un decreto general.

Sin duda esta flexibilidad salarial puede parecer cruel a muchos observadores; claro que lo es; no obstante, a los parados y a todos los que conocemos familias y amigos muy concretos que viven en la precaridad y que no ven el final del túnel en un futuro próximo, nos parece mucho más cruel el paro.

Más difícil todavía

Junto a su pública renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales, Zapatero declaró el pasado día 2 su propósito de completar la legislatura, con objeto de que el Gobierno disponga de un margen mayor para (literalmente) esa “tarea principal que es desarrollar reformas, consolidar la recuperación económica y abrir el tiempo de la creación de empleo”. Se confirma, pues, un final de etapa en el recorrido político, a la vez que se dibuja el escenario más deseable para clausurarla. La situación, sin embargo, se antoja muy compleja.

Primero, por la contradicción que implica el doble y simultáneo anuncio. Si se trata de eliminar factores de incertidumbre —a ello se refirió expresamente el presidente—, la apuesta por agotar el plazo máximo de la legislatura casa mal, desde luego, con la provisionalidad que acarrea la renuncia a seguir liderando la acción de gobierno. Es verdad que la estabilidad del régimen democrático español ha encontrado en la plena o casi plena culminación de los periodos legislativos una baza muy importante (baza que en el campo de la política económica, dígase entre paréntesis, queda diáfanamente reflejada en una simple comparación: mientras que en el sexenio que abarca el curso central de la Transición, entre el final de 1975 y el de 1982, se suceden en la cartera de Hacienda 5 titulares  —¡16 asumieron tal responsabilidad en la II República, entre abril de 1931 y julio del 36!—, desde el primer gobierno del Felipe González hasta ahora, va para treinta años, sólo en 6 ocasiones ha habido relevo en dicha cartera ministerial: Boyer, Solchaga, Solbes, Rato, Solbes y Salgado). En ese sentido, llevar hasta su tope la actual legislatura podría añadir un eslabón más a la cadena, pero ahora pueden pesar más los componentes de interinidad en el ejercicio del poder introducidos por la propia declaración presidencial, con independencia de los que eventualmente aporte el resultado de los ya inmediatos comicios autonómicos y municipales y del previsible bronco ambiente preelectoral que dominará durante los meses venideros.

Además, está la experiencia acumulada durante los últimos decenios. En la historia de la democracia española los impulsos reformistas más vigorosos en el terreno económico —y vigor requiere lo que hoy está perentoriamente planteado, tanto en el sistema financiero o en el sistema de pensiones, como en el ámbito de la negociación colectiva o en el del control del gasto público y de la reestructuración de las Administraciones Públicas— se han desplegado, no en períodos terminales de ciclos políticos, sino, todo lo contario, en sus fases iniciales, cuando el apoyo en las urnas ha fortalecido la voluntad de unos u otros gobernantes. Es lo que reveló el arranque del segundo gabinete de Suárez, tras la jornada electoral del 15 de junio del 77, al acometer la reforma fiscal y el diseño del programa que desembocaría en los Pactos de la Moncloa; es también lo que pasó durante la primera parte del gobierno que González formó a raíz de su victoria por mayoría absoluta en el otoño de 1982, dando renovado ímpetu al proceso de ajuste industrial y reforma bancaria, y fecundo fue asimismo el esfuerzo de saneamiento y estabilización que emprendió Aznar tras formar su primer gobierno en la primavera de 1996. Resultaría del todo inédito, dicho de otra forma, el que ahora, a final de trayecto, se realizara —con potenciales altos costes electorales— lo que es propio de tiempos inaugurales. Sería el más difícil todavía.

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