Inspectores socialistas

Los días pasados, hemos presenciado un lamentable espectáculo derivado de las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relacionadas con la destitución de varios Inspectores de Hacienda que detentaban altas responsabilidades en la Agencia Tributaria. Siendo grave el asunto, las consecuencias han sido aún mayores, por otras declaraciones realizadas por el ministro sobre una posible condonación en el pago de impuestos a una multinacional extranjera y por las advertencias (completamente inaceptables) realizadas, de manera genérica, a determinados medios de comunicación, por el impago de impuestos.

Las declaraciones tienen un alcance que comprende varios aspectos.

En primer lugar, la independencia de la Agencia Tributaria. El sectarismo en el nombramiento de cargos públicos es grave cuando se trata de instituciones básicas del Estado de carácter muy técnico. Afirmar que los responsables destituidos eran todos socialistas es una grave irresponsabilidad ¿Van a ser sustituidos por otros que sean del PP? Lo que el ministro tiene que averiguar es si esos inspectores con altas responsabilidades en la Agencia están realizando sus trabajos con diligencia. Nada más. En otro caso, se transmite a los ciudadanos la idea de que los altos responsables de la Agencia son socialistas o populares, y que resulta irrelevante que sean profesionales competentes.

Hace unos meses, ya se produjo otro escándalo al intentar nombrar a dos profesionales con lazos familiares muy estrechos con sendos ministros para la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). La independencia de estos organismos resulta fundamental para que puedan ejercer sus funciones ¿Se puede ser independiente así?

En segundo lugar, el Ministro se ha jactado de contar con información sobre quién debe dinero, especialmente a los medios de comunicación. Esta es una actitud bastante generalizada entre los partidos políticos cuando gobiernan, en relación con todo tipo de asuntos y está directamente relacionada con la transparencia en la vida pública y en sus instituciones.

No nos engañemos, España no quiere tener instituciones transparentes. Durante muchos años, el ejercicio del poder ha provocado que los partidos se sientan dueños de las instituciones, sobreponiendo sus intereses al de las instituciones públicas, validando la teoría de la captura del Nobel George Stigler.

Una nueva ley de transparencia solo estará bien orientada y tendrá éxito si existe una fuerte demanda social para que así sea ¿Existe esa demanda en España? Parece que sí, por las declaraciones que hacen los partidos, pero cuando llegan al poder no cumplen con sus exigencias ¿Y de los ciudadanos? También lo dudamos. En este y otros asuntos, los ciudadanos sólo parecen percibir el valor de tal institución cuando tienen la necesidad de ejercer individualmente el derecho a la información. Es entonces cuando descubren las facilidades o dificultades para ejercerlo.

No olvidemos, adicionalmente, que venimos de una dictadura en la que todo era opaco. Las leyes cambian formalmente muchas actitudes y comportamientos. Pero más allá de los aspectos formales, manifiestan una gran inercia que, proveniente del pasado, tardan más de una generación en cambiar.

En tercer lugar, amenazar a los medios porque están retrasados en el pago de impuestos, resulta una coacción y un chantaje inaceptables en un sistema democrático.

En muchas ocasiones, cuando un responsable político realiza afirmaciones acerca de un asunto público, existe una institución del Estado detrás que tiene otorgadas las responsabilidades de gestión sobre ese asunto. Las afirmaciones del responsable político son la manifestación visible que podrá ser contestada por otros políticos, quedando dañada la imagen pública del responsable. Pero estos van y vienen. Sin embargo, lo que queda es la institución pública responsable del asunto. Esta es la que permanece, la que sobrevive a los políticos, a los partidos y al resultado de las siguientes elecciones.

Si la institución pública queda dañada como resultado del embrollo, se hace un daño letal al sistema democrático, poniendo en tela de juicio las funciones de la institución afectada, que deben ser neutrales políticamente, fomentando el escepticismo, cuando no el descreimiento, de los ciudadanos hacia ella. Estos daños suelen ser muy difíciles de reparar, porque la reputación tarda décadas en ganarse, mientras que el descrédito se genera en un instante.

Y en cuarto lugar, destruir la reputación de una institución tan importante como la Agencia Tributaria. No se trata de una institución cualquiera. En todos los países desarrollados, la agencia del Estado responsable de la recaudación de impuestos, es una institución esencial, como pocas. Hunde sus raíces en los orígenes de los Estados modernos, cuando estos empiezan a organizar una estructura permanente que les permita recibir un flujo continuado de ingresos, con el objetivo de suministrar a los ciudadanos servicios esenciales para su funcionamiento y su extensión a toda la población.

De todo el embrollo causado por la destitución de altos responsables de la Agencia Tributaria, los ciudadanos y contribuyentes se van a quedar con la percepción de que la Agencia no es neutral, porque las sospechas de favoritismo a una gran multinacional para que se instale en España –y presumiblemente a miembros de la familia real- a cambio de condonar el pago de impuestos, no se han disipado.

Este es un asunto muy grave, porque rompe el principio de igualdad de los contribuyentes ante la Hacienda Pública. Será muy difícil reparar esa imagen de favoritismo. Muchos contribuyentes responderán intentando defraudar más impuestos. Los discursos de los responsables políticos hablando de que Hacienda somos todos, van a mover más a la indignación que a la risa.

Adicionalmente, los ciudadanos van a percibir que los Inspectores de Hacienda con altas responsabilidades tienen que tener el carnet del partido político que gobierne para acceder a esos puestos. No creemos, además, que contribuya a elevar la moral dentro del cuerpo de Inspectores; profesionales que han tenido que pasar unas duras oposiciones para acceder al cuerpo. Que el progreso profesional quede condicionado a las simpatías políticas de los responsables de turno, representa un grave ataque al estímulo personal para mejorar, así como para llevar con diligencia y profesionalidad los asuntos que tratan en sus servicios al Estado.

Son las instituciones

Para el moldeamiento de nuestro propio rostro o para la imagen que acaba perdurando de acontecimientos pretéritos, el tiempo es un gran escultor, según la hermosa metáfora de Marguerite Yourcenar. Pero resulta un mal aliado en circunstancias adversas, como las que imperan hoy. Vale decirlo para la Unión Europea en su conjunto, indecisa una vez más en un momento crucial, y vale decirlo, desde luego, para España, donde la crisis económica se nos está desdoblando a marchas forzadas en una profunda crisis institucional, agravable además a corto plazo por la interferencia del calendario electoral.

Dos evidencias ganan protagonismo con el paso de los días. La primera, la pérdida de prestigio y credibilidad de componentes básicos de todo el edificio institucional, desde los que están en la cúspide —no hace falta señalarlos—, hasta los que deben servir de cimiento de la representación democrática. Poder moderador, poder judicial y poder legislativo: ninguno se salva ante una creciente proporción de la opinión pública atenta a comportamientos censurables, a injustificables disfunciones o a la voraz politización de unos u otros organismos e instancias. La desafección ciudadana está servida: los políticos, como parte del problema; dirigentes que no inspiran confianza; debilitamiento del vínculo entre electores y representantes; deslegitimación final con carácter generalizado. “Que se vayan todos” ha sido uno de los lemas de los manifestantes que han acechado repetidamente el Congreso de los Diputados; tómese nota.

La segunda certeza manifiesta no es independiente de la vulnerabilidad que lo antedicho supone para el Estado: el agrietamiento del sistema autonómico. La renovada pulsión independentista, con saltos cualitativos obvios ahora sobre episodios precedentes, está alimentada por la fatiga que produce una duradera crisis económica a la que aún no se le ve término, pero también por las multiplicadas tensiones desarticuladoras de la estructura misma de la administración territorial: un ejemplo reciente, menor pero bien ilustrativo, lo aporta el caos en que ha devenido la cobertura sanitaria de los inmigrantes sin permiso de residencia, con tantas variantes como Autonomías. Las reivindicaciones soberanistas siempre han tomado vuelo cuando el Estado se ha debilitado: ocurrió hace un siglo, en la España de Alfonso XIII, zarandeada, aunque neutral, por las convulsiones que provocó la I Guerra Mundial; volvió a suceder en los momentos más críticos de la II República, y la actual no es, desde luego, una página suelta ni anómala en esta historia.

Doble dimensión, en definitiva, de una crisis institucional que añade gravedad a una situación que no deja de empeorar. Hacia fuera, repercute con más fuerza aún que la crisis económica en el deterioro de la imagen exterior y de la reputación internacional; adentro, en malestar y descohesión de una sociedad que pierde autoestima colectiva. Momento extraordinariamente delicado, se mire por donde se mire. No hay ánimo, al advertirlo, de alarma injustificada; es simplemente cuestión de realismo.

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