Internet: paraíso fiscal o desarrollo de una economía digital

¿El Comercio electrónico “un agujero negro de defraudación”, esta y otras afirmaciones son recogidas por expertos en  “Internet como un paraíso fiscal”, artículo que  publica el diario El País. He de confesar que la lectura me ha dejado intranquilo. Los especialistas en Derecho mercantil o fiscal tienden a simplificar el comercio electrónico como una vertiente más del comercio. Una base más para aplicar impuestos en momentos de apremio del déficit y el reclamo de algo que “escapa al control” de las autoridades de nuestro país.

Ni se piensa en la naturaleza de Internet, las reglas que rigen o las estrategias que definen su desarrollo y éxito. ¿Podemos plantear un proteccionismo en el caso de Internet?. Esto es, discriminamos las IP según origen, naturaleza, y consecuentemente nos prestamos a que hagan lo mismo con nosotros… ¿Nos arriesgamos a restringir el aceso internacional al conocimiento, la innovación tecnológica, a los servicios avanzados…?

Nuestras pifias “regulacionistas” en Internet

Internet es por naturaleza abierto y global. Con muy bajas barreras de entrada. Muy difícil, por no decir imposible,  someterlo a regulación. Basta recordar el fiasco y hasta ridículo de la regulación de los dominios en España (las punto “es”) hace una década. Internet no permite, o al menos tolera muy mal, los tratamientos burocratizados. Hace unos diez años nuestro país se unió a Bolivia como uno de los dos únicos ejemplos existentes en el mundo para regular y burocratizar al máximo los dominios. El resultado fue catastrófico. Mientras todos los países daban las máximas facilidades y crecían en términos exponenciales, en nuestro caso, el crecimiento era insignificante. Era más fácil para las empresas españolas comprar dominios genéricos con, net, org o incluso dominios nacionales en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o muchos países latinoamericanos. Además, la imagen que dábamos ante nuestros emprendedores o el mundo de Internet era de analfabetismo digital. Recuerdo que lo transmití a los responsables más directos y como respuesta obtuve un informe de 200 folios argumentado jurídicamente que España estaba en lo cierto. Hoy, la Ley Sinde es una reedición de este tipo de criterios.

La situación fue también similar cuando Jordi Sevilla en su etapa en el Ministerio de Administraciones Públicas impulsó acertadamente la Ley de la Administración Electrónica y nos reunió en una Comisión de expertos a un buen número de representantes de empresas e instituciones, junto a un no menos elevado número de legisladores (incluso expertos en Derecho Constitucional). Y en realidad estaba en lo cierto, el apoyo o base legal, el BOE, era la única forma de sacar el tema adelante en una administración como la española. Aunque muchos de los que estábamos en la Comisión nos costaba trabajo comprenderlo y preferíamos que se pasara a la acción con retos como la reingeniería de procesos, la eficiencia de los servicios públicos online, etc. Sin embargo, he de reconocer que nos hubiéramos chocado con una maquinaria burocrática ávida en poner pegas y todo tipo de trabas.

Esta mentalidad, esta cultura reguladora, sin embargo, choca con la naturaleza de Internet y las necesidades de los emprendedores que protagonizan esta revolución. Empresas como Zara, cuando se adentran en el comercio electrónico se limitan a seguir al resto: Google, Facebook, Linkedin, Twitter y un montón de pequeñas y medianas empresas, start-up y empresas de base tecnológica incluidas. Irlanda y Estados Unidos, junto a un reducido número de países, están ganando la batalla. No porque sean paraísos fiscales, sino porque han comprendido la naturaleza de Internet y lo decisivo de hacer apuestas estratégicas para favorecerlo.

La voracidad fiscal en el caso de Internet puede llevar a la empresas a ningunear a España. Más grave que no recabar impuestos es no generar empleos e incrementar el gasto vía prestaciones de desempleo. Por no hablar de los enormes costes para un país del subdesarrollo relativo de su economía digital.

Un ejemplo real, la publicidad en Internet

Aunque suene ficticio voy a exponer un situación real en el mundo de la publicidad digital. Supongamos una empresa con sede fiscal en España que tiene su hosting en Estados Unidos (ubicación de los servidores web de pago que dan acceso a todas las páginas web que ven en todo el mundo, incluida España), inserta en su página publicidad de una agencia ubicada en Argentina. Que a su vez ha contratado online  sus servicios a anunciantes japoneses. El ciclo se cierra cuando un usuario de cualquier parte del mundo, por ejemplo de la India, ha hecho click en un anuncio de esa página servida desde los Estados Unidos por la empresa española en cuestión. Así pues, esta última recibe un cheque por facilitar sus soportes que son vistos en la India gracias a la intermediación de la agencia argentina y los anunciantes japoneses, y con información ubicada en la “nube” de una empresa de USA. Todo esto se produce en la intimidad de la privacidad de datos que nos aseguran nuestras respectivas legislaciones.

Supongamos que Hacienda, independientemente de la naturaleza del hecho y los sujetos fiscales opta por regular imponiendo una tasa equiparable a un ingreso publicitario convencional en España. ¡Nuestra Hacienda puede dormir tranquila!. Y nuestra empresa española que está compitiendo internacionalmente quedará en desventaja con respecto a todas las empresas de Internet ubicadas en países donde o no se grave nada o sencillamente el tratamiento fiscal sea más favorable. Esto es, en un sector difícil y clave para nuestra economía estaremos echando piedras contra nuestro propio tejado.

Situaciones similares pueden darse con el comercio electrónico. De hecho la publicidad es parte de los servicios que conforman este tipo de transacciones digitales. No es un tema para el regulador. Nos jugamos el ser o no ser en el ámbito de Internet.

Internet rompe las fronteras

España haría bien en tomar nota de lo que hacen Estados Unidos e Irlanda. Hace escasas semanas estuve en Dublín y tuve la oportunidad de observar que, pese a dureza de su crisis financiera e inmobiliaria inicial, la economía irlandesa da signos de empezar a caminar. Las noticias se centran en los beneficios de Google, la compra de Motorola, la creación de más start-ups etc. Internet no genera las condiciones para un paraíso fiscal: sencillamente globaliza el comercio y rompe las fronteras administrativas y de todo tipo. Para un país que se resista a comprenderlo, como España, esto puede tener un alto coste.

Es lógico que para evitar esas desventajas fiscales nuestras empresas tecnológicas o de comercio electrónico se trasladen (con muy escaso coste)  a Irlanda, Estados Unidos o Luxemburgo. En algunos de estos países reciben además incentivos, ayudas o las notables ventajas derivadas de establecerse en auténticos ecosistemas de innovación, gracias a una masa crítica de empresas relocalizadas cada vez más importante.

Como comenta el diario El País, EE UU e Irlanda compiten por atraer a las empresas españolas ofreciendo entornos como el Silicon Valley o Dublín, con incentivos y todo tipo de facilidades. Mientras en España, en cambio, se grava con un IVA del 4% el libro tradicional y con un 18% el electrónico. Esto es, tratamos de darle un balón de oxígeno a una industria editorial tradicional en declive para negárselo a un sector tecnológico de futuro. Anteponemos la voracidad fiscal a nuestro posicionamiento en sectores estratégicos generadores de innovación tecnológica, cultura empresarial de futuro, empleo y riqueza.

Así nos va.

Temas relacionados:  Irlanda versus España

Andrés Pedreño Muñoz
Instituto de Economía Internacional
Universidad de Alicante

 

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2010

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2010. Por tanto, se ha añadido la cifra provisional del año 2010 y se han corregido las cifras de los años 2007-2009 con datos actualizados. Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de consolidación  fiscal que ha comenzado en el año 2010.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo se puede ver ampliado) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública. Por un lado, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009 y el crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos. Por otro, se puede observar para el año 2010 que los efectos del proceso de consolidación fiscal han generado tanto un aumento de ingresos como una caída de las dos variables representativas del gasto público.

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el año 2010 los dos saldos han registrado una mejora, aunque ambas variables permanecen en niveles negativos no deseables.

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público record hasta la fecha del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -3,8%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó la cifra record en estos 47 últimos años de historia de la hacienda pública española: un -9,4% de déficit público primario y un -11,2% de déficit público total. Finalmente, el proceso de consolidación fiscal iniciado en el año 2010 ha conseguido reducir el déficit público primario hasta el -7,3% del PIB, mientras que el déficit público total se ha reducido hasta alcanzar el -9,2% del PIB.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, el stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos la reducción es espectacular desde el año 1996, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo en 2008 y sobre todo en el año 2009. Finalmente, en el año 2010 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar el 60,1% del PIB, sobrepasando el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60%) por primera vez desde la introducción del euro.

Por último, destacar que las previsiones disponibles para el año 2011 por el FMI indican que el déficit público primario y total se reducirán substancialmente respecto a las cifras del año 2010. En concreto, el déficit público primario se situará en el año 2011 en el -4,1% del PIB, mientras que el déficit público total caerá hasta el -6,2% del PIB, aún bastante alejado del límite impuesto en el Tratado de Maastricht (-3%). El ajuste fiscal adicional de 3,2 puntos porcentuales sobre el PIB se deberá abordar obligatoriamente en los ejercicios presupuestarios de 2012 y 2013.

Esta ajuste fiscal adicional implicará un esfuerzo añadido de un aumento de ingresos y/o una caída de gasto público de aproxidamente 34.000 millones de euros. Si el crecimiento y el empleo no se recupera sustancialmente será necesario subidas adicionales de impuestos y reformas en algunos programas de gasto público. Los programas de los dos grandes partidos nacionales que aspiran a gobernar deberían reflejar las medidas de consolidación fiscal que esperan aplicar -al menos en el presupuesto de 2012- si la economía (y el empleo) sigue estancada como esperan todos los analistas y organismos internacionales.

Y en lo que concierne al stock de la deuda pública -según  la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)- se espera un aumento del mismo hasta el 67,5% del PIB para finales del año 2011. Esta última cifra  sería el máximo histórico alcanzado por el endeudamiento de las AA.PP españolas desde 1996, cuando se situó el nivel de stock de deuda pública sobre el PIB en el 66,1%.

¿Se deben eliminar la mayor parte de los gastos fiscales del sistema tributario español?

El proceso de ajuste fiscal en la economía española se está centrando en la reducción de una parte del gasto público corriente, en el aumento de impuestos (fundamentalmente IVA e impuestos especiales) y en las privatizaciones de empresas públicas, pero hay un gran olvidado del presupuesto de gasto del Estado y de las CC.AA. Se trata de los gastos fiscales que parecen intocables. En el informe del Banco de España de 2010 por fin alguien habla seriamente del tema y se sugiere que se debería abordar una sustancial racionalización y reducción de los mismos (aunque el Banco de España no se atreve a sugerir cómo). En esta Entrada del Blog vamos a situar el problema en EE.UU. y en España y sugeriremos la creación de una Comisión como la que se ha implantado recientemente en aquel país.

Recordemos que los llamados gastos fiscales o tributarios (tax expenditures en inglés) son el conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias (IVA, IRPF e impuesto de sociedades, fundamentalmente) que representan un importante coste en términos de recaudación impositiva y que en la mayoría de los casos tienen  efectos perversos negativos sobre la equidad y la eficiencia impositiva. De hecho, la eliminación de una parte sustancial de los gastos fiscales tendría cuatro efectos positivos: (1) No aumentarían los tipos impositivos marginales; (2) No reducirían los incentivos al ahorro o a la inversión productiva del sector privado; (3) Aumentaría la eficiencia económica al eliminarse numerosos incentivos fiscales que distorsionan las decisiones de ahorro y de inversión del sector privado; y (4) Se reduciría sin duda la excesiva complejidad de la estructura tributaria y aportaría, en última instancia, mayor transparencia impositiva.

Centrémonos en primer lugar en el caso de EE.UU. El presidente Obama creó en febrero de 2010 una Comisión mixta de senadores y congresistas – The National Comission on Fiscal Responsability and Reform– cuya  misión principal era proponer una reforma fiscal (tanto de los gastos como de los impuestos) en profundidad, con el objetivo último de reducir a medio y largo plazo el abultado déficit presupuestario y el stock de deuda de los EE.UU. La Comisión presentó su informe final en diciembre de 2010 con un conjunto de recomendaciones para equilibrar el presupuesto federal (excluyendo el pago de intereses del stock de deuda pública) para el año 2015. Dentro de una extensa lista de cambios en los gastos e ingresos públicos,  destaca justamente la propuesta de eliminación sustancial (y simplificación) de los gastos fiscales, ingresos adicionales que se dedicarían a reducir el déficit público.

En el primer gráfico adjunto (haciendo clic en él se puede ver ampliado) se puede ver como si los gastos fiscales se clasificaran como gasto público en lugar de como “beneficios fiscales” (o pérdida de ingresos públicos) constituirían la principal categoría de los programas de gasto federal. En concreto, alcanzan nada menos que 1053 billones de dólares [1] (el 7% del PIB de EE.UU.), muy por encima de las principales categorías de gasto (los gastos en salud pública de los ancianos y los pobres, Medicare y Medicaid, respectivamente; Seguridad Social, gastos de defensa y otros gastos de carácter discrecional). Además, la mayoría de ellos son las deducciones de los individuos o familias (por la compra de vivienda, por aportaciones a los planes de pensiones, cuidado de los niños, gastos en educación universitaria, y donaciones a la caridad, entre otros).



En el segundo gráfico podemos observar  como los gastos fiscales reducen la equidad del sistema tributario de EE.UU., ya que el valor de las deducciones, exenciones y exclusiones impositivas aumenta a medida que lo hace el ingreso del hogar. De hecho, en el gráfico se puede ver como los gastos fiscales benefician fundamentalmente  a los hogares del quintil más alto y al 1% de los hogares con más ingresos. Y esto no resulta sorprendente, ya que las familias norteamericanas de mayores ingresos son las que, en general, se compran una casa, envían a sus hijos a la universidad, ahorran para la jubilación con planes de pensiones y contribuyen generosamente a causas benéficas. Y la eficiencia queda también en entredicho ya que el Gobierno estaría dedicando una cantidad significativa de recursos tributarios (que podría dedicar a otros programas de gastos) para subsidiar decisiones del sector privado que se habrían producido de todos modos, mientras que en la práctica se excluyen a las familias de menores ingresos que serían mucho más sensibles a estos incentivos fiscales.

Centrémonos ahora al caso de España. En el primer gráfico se representa los costes de los gastos fiscales en términos de recaudación. Para el caso del IRPF representa el 33% de la misma, fundamentalmente por las deducciones a los rendimientos del trabajo, la inversión en vivienda y las aportaciones a los planes de pensiones. En lo que respecta al impuesto de sociedades, las pérdidas de recaudación se sitúan en el 16%, básicamente por las deducciones por incentivos a la inversión, por el desarrollo de proyectos de I+D y por el apoyo a las pymes. Por último, el coste de los gastos fiscales en el IVA alcanza nada menos que el 40% de la recaudación bruta, asociado en este caso a la aplicación de tipos reducidos de IVA a determinados bienes y servicios.

En el segundo gráfico se representa la pérdida de recaudación impositiva de los gastos fiscales en % del PIB de España. Para el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA representa un 2,4%, un 0,4% y un 1,6%, respectivamente. Es decir, en total un 4,4% del PIB. Para destacar la importancia relativa de esta pérdida de recaudación, pensemos que esta cifra representa un poco más de la mitad del ajuste que tendrán que realizar las AA.PP. españolas en el saldo público primario (un 8% del PIB, sin incluir pagos de intereses de la deuda pública) en el periodo 2010-2015 para lograr el doble objetivo de estabilizar el stock de deuda pública en el 70% del PIB y lograr el equilibrio presupuestario en el año 2015.

Mediante la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, se creó en nuestro país la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales (OPCG), como un órgano de asesoramiento técnico a la Cortes en el seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Como su papel parece que todavía no esta muy bien definido yo me voy a atrever a sugerir una tarea adicional. Se trataría de la propuesta de creación de una Comisión Mixta de Expertos-Parlamentarios para la racionalización de los gastos fiscales del sistema tributario español. Su principal tarea sería la de poner a cero el contador de todos los gastos fiscales, es decir, del conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias y proponer su racionalización, incluyendo las estatales como las autonómicas (en este caso del IRPF en su tramo autonómico).

La racionalización del complejo entramado de los gastos fiscales del sistema tributario español generaría, al menos, cinco efectos positivos: (1) el aumento de la equidad impositiva; (2) el aumento de la eficiencia económica; (3) la reducción de la creciente desigualdad de las rentas; (4) la simplificación de la estructura impositiva y el fomento de la transparencia; y (5) la generación de ingresos adicionales necesarios para apoyar el ajuste fiscal para el periodo 2010-2015, sin necesidad de subida de impuestos o de reducciones adicionales en algunos programas de gasto, especialmente en la inversión en infraestructuras.

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[1] 1 trillón americano equivale a 1 billón europeo.

Evolución de la presión fiscal sobre los salarios en España y en la OCDE, 2000-2010

La OCDE acaba de publicar el informe titulado Taxing Wages 2009/2010. Esta publicación anual proporciona información relativa al impuesto sobre la renta pagado por los trabajadores y las contribuciones de seguridad social pagadas por los trabajadores y las empresas en los países de la OCDE. Los cifras también incluyen las prestaciones sociales recibidas por las familias en efectivo. Los datos son proporcionados para diferentes niveles de ingreso y tipos de hogares. Por último, en el informe se presentan las cifras estimadas para la presión fiscal media y marginal sobre los salarios y los costes laborales de las empresas. Más

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