DIGITALIZACION INDUSTRIAL EN ESPAÑA

La sostenibilidad de la recuperación de la economía española depende en gran medida de que las exportaciones mantengan la firmeza que las convirtió en uno de los factores determinantes del abandono de la recesión. También han sido cruciales, como es lógico, para que el sector exterior dejara de drenar posibilidades de crecimiento como lo hizo hasta bien entrada la crisis. La continuidad de su dinamismo no está, sin embargo, garantizada.

No les falta razón a quienes consideran que si los propulsores externos – el abaratamiento de las materias primas, la política monetaria expansiva y la consiguiente depreciación del euro- se debilitaran, o los salarios españoles repuntaran, el sector exterior volvería a convertirse en un problema. Quizás no tanto como lo fue en los años de expansión del crecimiento previos a 2007, dado que parte del aumento en la propensión exportadora – la ampliación del censo de empresas vendedoras al exterior, la diversificación de bienes y destinos de las exportaciones- observada durante los últimos años ha podido arraigar. Pero también es fácil convenir que en ausencia de mejoras en la composición tecnológica de las exportaciones de bienes, las vulnerabilidades volverían a ponerse de manifiesto.

En estos últimos años el esfuerzo inversor por mejorar el capital tecnológico no se ha puesto de manifiesto. Acabamos de conocer los datos del INE sobre la inversión en I+D en el pasado año. Han vuelto a ser decepcionantes: el 1,24% del PIB es inferior al de 2013, mucho más que las asignaciones de otras economías avanzadas, e incluso de algunas emergentes. Y en esas condiciones es difícil sostener crecimientos de las exportaciones y contención de las importaciones a medio y largo plazo como sería necesario. En mayor medida cuando la observación de lo que está ocurriendo en la industria global subraya más que nunca la importancia de la dotación tecnológica.

La creciente extensión de la digitalización resume gran parte de esas tendencias. Puede sonar algo exagerado, pero ya se habla de la “cuarta revolución industrial”, para caracterizar al conjunto de transformaciones asociadas a la digitalización del sector manufacturero. “Industria 4.0” o “Industria inteligente” son denominaciones alternativas para describir esa misma tendencia de extensión de la digitalización en las manufacturas. Una verdadera transformación del sector de la que quedar rezagado en su asimilación puede significar la exclusión.

Se trata de una nueva fase en la extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). De la explotación innovadora de ese binomio fundamental constituido por el cumplimiento de la Ley de Moore -el aumento de la capacidad de computación- y de la Ley de Metcalfe – la extensión de las redes, y más concretamente de la conectividad- que siguen amparando las transformaciones económicas propiciadoras de ganancias de productividad y, desde luego, de fortalecimiento de la adecuación a la demanda. Están en lo cierto quienes tras la extensión de la digitalización en la actividad empresarial anticipan una nueva fase competitiva, de extensión verdaderamente global y, con ello, una suerte de aceleración en las tensiones darwinistas en algunos sectores, con potenciales alteraciones en los liderazgos industriales.

La transformación más explícita en las manufacturas es la mutación de productos convencionales en servicios. La combinación de buenos productos con la oferta de servicios digitales asociados. Un número creciente de manufacturas se encuentran conectadas inalámbricamente, generando datos que a su vez nutren nuevos servicios. El valor asociado a estos puede llegar a ser superior al de los productos originales. Es una de las consecuencias del “internet (en este caso industrial) de las cosas”. En algunas de las notas técnicas elaboradas para ADEI (http://observatorioadei.es/), las amparadas bajo el enunciado de “Digitalización y sectores productivos en España”, se reflejan avances y el potencial en distintos sectores – agroalimentaria, automoción, medios de comunicación, comercio minorista, turismo- esenciales en la industria española para que sus producciones sean más “inteligentes”. La transversabilidiad de la digitalización, su impacto en todos los sectores productivos y en todos los subsistemas empresariales son evidentes. Como lo es la generación de nuevos modelos de negocio o, en definitiva, la contribución a la regeneración empresarial mediante la aceleración de la “destrucción creativa” o el aumento de la competitividad. Convertir la disposición de esas ventajas en prioridad es una condición necesaria para la supervivencia de la base industrial de cualquier economía. En el caso español, la importancia del sector de la automoción, por ejemplo, obliga a tomarse en serio esa intensificación digital.

Un contraste internacional de la extensión de la digitalización en nuestra industria lo proporciona el DESI (Digital Economy and Society Index), un índice compuesto que reúne indicadores considerados relevantes sobre la inserción en la digitalización competitiva. Son cinco las dimensiones que incorpora: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de tecnología digital y servicios públicos digitales.

Al igual que ocurre con otros indicadores que miden la inserción en la economía del conocimiento, la clasificación está encabezada por las economías nórdicas. España ocupa la posición 14ª, con puestos más rezagados en conectividad y capital humano. La primera mide el despliegue de infraestructuras de banda ancha y su calidad. El factor más específico de “Integración de la tecnología digital” mide la digitalización de la actividad empresarial así como su explotación en el canal comercial. Se trata de una condición para aumentar la eficiencia agregada, para conectar mejor con los clientes y colaboradores. El último factor constitutivo de ese índice, pero no el menos importante, es la existencia de servicios públicos digitales que además de eficiencia aportan servicios adecuados a los ciudadanos. A la verificación de que son las economías más avanzadas de Europa las que encabezan todos esos indicadores se añade la del avance de economías menos desarrolladas que la nuestra, con vocación de asumir localizaciones de industrias pujantes.

Son indicadores complementarios de otros igual de relevantes como los que incorpora el “Doing Business”, en el que España aparece todavía en la posición 33ª en la última edición. De este se ha hecho una edición especial para las Comunidades Autónomas españolas. Este estudio particulariza la constitución y puesta en marcha de las empresas en el sector industrial y los resultados no son precisamente alentadores. La dispersión territorial de resultados es en cierta medida tranquilizadora: significa que no existe una maldición específica sobre la economía española que obligue, por ejemplo, a retrasar la creación de empresa. Algunas Comunidades Autónomas han conseguido agilizar los trámites y la duración para constituir una empresa, demostrando que es posible si la voluntad política acompaña.

Son esas actuaciones, las orientadas a facilitar la natalidad empresarial, pero también a garantizar la supervivencia exitosa mediante la asimilación de dotaciones tecnológicas necesarias, las que han de confirmar la mejora del dichoso patrón de crecimiento de la economía española. No se trata de cambiar ningún modelo, ni siquiera la estructura sectorial de la producción española, sino de facilitar que la generación de ganancias de productividad se ampare en ventajas competitivas adicionales al coste de factores circunstancialmente reducidos. Se trata, en definitiva, de observar las mejores prácticas en economías de nuestro entorno, donde la capacidad para competir globalmente es compatible con la distribución razonable de la renta. Ambos elementos, producción más eficiente, más intensiva en tecnología y menor desigualdad, son hoy condiciones básicas para la estabilidad y cohesión en las modernas economías.

(Diario El País 20/12/2015)

Internet: paraíso fiscal o desarrollo de una economía digital

¿El Comercio electrónico “un agujero negro de defraudación”, esta y otras afirmaciones son recogidas por expertos en  “Internet como un paraíso fiscal”, artículo que  publica el diario El País. He de confesar que la lectura me ha dejado intranquilo. Los especialistas en Derecho mercantil o fiscal tienden a simplificar el comercio electrónico como una vertiente más del comercio. Una base más para aplicar impuestos en momentos de apremio del déficit y el reclamo de algo que “escapa al control” de las autoridades de nuestro país.

Ni se piensa en la naturaleza de Internet, las reglas que rigen o las estrategias que definen su desarrollo y éxito. ¿Podemos plantear un proteccionismo en el caso de Internet?. Esto es, discriminamos las IP según origen, naturaleza, y consecuentemente nos prestamos a que hagan lo mismo con nosotros… ¿Nos arriesgamos a restringir el aceso internacional al conocimiento, la innovación tecnológica, a los servicios avanzados…?

Nuestras pifias “regulacionistas” en Internet

Internet es por naturaleza abierto y global. Con muy bajas barreras de entrada. Muy difícil, por no decir imposible,  someterlo a regulación. Basta recordar el fiasco y hasta ridículo de la regulación de los dominios en España (las punto “es”) hace una década. Internet no permite, o al menos tolera muy mal, los tratamientos burocratizados. Hace unos diez años nuestro país se unió a Bolivia como uno de los dos únicos ejemplos existentes en el mundo para regular y burocratizar al máximo los dominios. El resultado fue catastrófico. Mientras todos los países daban las máximas facilidades y crecían en términos exponenciales, en nuestro caso, el crecimiento era insignificante. Era más fácil para las empresas españolas comprar dominios genéricos con, net, org o incluso dominios nacionales en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o muchos países latinoamericanos. Además, la imagen que dábamos ante nuestros emprendedores o el mundo de Internet era de analfabetismo digital. Recuerdo que lo transmití a los responsables más directos y como respuesta obtuve un informe de 200 folios argumentado jurídicamente que España estaba en lo cierto. Hoy, la Ley Sinde es una reedición de este tipo de criterios.

La situación fue también similar cuando Jordi Sevilla en su etapa en el Ministerio de Administraciones Públicas impulsó acertadamente la Ley de la Administración Electrónica y nos reunió en una Comisión de expertos a un buen número de representantes de empresas e instituciones, junto a un no menos elevado número de legisladores (incluso expertos en Derecho Constitucional). Y en realidad estaba en lo cierto, el apoyo o base legal, el BOE, era la única forma de sacar el tema adelante en una administración como la española. Aunque muchos de los que estábamos en la Comisión nos costaba trabajo comprenderlo y preferíamos que se pasara a la acción con retos como la reingeniería de procesos, la eficiencia de los servicios públicos online, etc. Sin embargo, he de reconocer que nos hubiéramos chocado con una maquinaria burocrática ávida en poner pegas y todo tipo de trabas.

Esta mentalidad, esta cultura reguladora, sin embargo, choca con la naturaleza de Internet y las necesidades de los emprendedores que protagonizan esta revolución. Empresas como Zara, cuando se adentran en el comercio electrónico se limitan a seguir al resto: Google, Facebook, Linkedin, Twitter y un montón de pequeñas y medianas empresas, start-up y empresas de base tecnológica incluidas. Irlanda y Estados Unidos, junto a un reducido número de países, están ganando la batalla. No porque sean paraísos fiscales, sino porque han comprendido la naturaleza de Internet y lo decisivo de hacer apuestas estratégicas para favorecerlo.

La voracidad fiscal en el caso de Internet puede llevar a la empresas a ningunear a España. Más grave que no recabar impuestos es no generar empleos e incrementar el gasto vía prestaciones de desempleo. Por no hablar de los enormes costes para un país del subdesarrollo relativo de su economía digital.

Un ejemplo real, la publicidad en Internet

Aunque suene ficticio voy a exponer un situación real en el mundo de la publicidad digital. Supongamos una empresa con sede fiscal en España que tiene su hosting en Estados Unidos (ubicación de los servidores web de pago que dan acceso a todas las páginas web que ven en todo el mundo, incluida España), inserta en su página publicidad de una agencia ubicada en Argentina. Que a su vez ha contratado online  sus servicios a anunciantes japoneses. El ciclo se cierra cuando un usuario de cualquier parte del mundo, por ejemplo de la India, ha hecho click en un anuncio de esa página servida desde los Estados Unidos por la empresa española en cuestión. Así pues, esta última recibe un cheque por facilitar sus soportes que son vistos en la India gracias a la intermediación de la agencia argentina y los anunciantes japoneses, y con información ubicada en la “nube” de una empresa de USA. Todo esto se produce en la intimidad de la privacidad de datos que nos aseguran nuestras respectivas legislaciones.

Supongamos que Hacienda, independientemente de la naturaleza del hecho y los sujetos fiscales opta por regular imponiendo una tasa equiparable a un ingreso publicitario convencional en España. ¡Nuestra Hacienda puede dormir tranquila!. Y nuestra empresa española que está compitiendo internacionalmente quedará en desventaja con respecto a todas las empresas de Internet ubicadas en países donde o no se grave nada o sencillamente el tratamiento fiscal sea más favorable. Esto es, en un sector difícil y clave para nuestra economía estaremos echando piedras contra nuestro propio tejado.

Situaciones similares pueden darse con el comercio electrónico. De hecho la publicidad es parte de los servicios que conforman este tipo de transacciones digitales. No es un tema para el regulador. Nos jugamos el ser o no ser en el ámbito de Internet.

Internet rompe las fronteras

España haría bien en tomar nota de lo que hacen Estados Unidos e Irlanda. Hace escasas semanas estuve en Dublín y tuve la oportunidad de observar que, pese a dureza de su crisis financiera e inmobiliaria inicial, la economía irlandesa da signos de empezar a caminar. Las noticias se centran en los beneficios de Google, la compra de Motorola, la creación de más start-ups etc. Internet no genera las condiciones para un paraíso fiscal: sencillamente globaliza el comercio y rompe las fronteras administrativas y de todo tipo. Para un país que se resista a comprenderlo, como España, esto puede tener un alto coste.

Es lógico que para evitar esas desventajas fiscales nuestras empresas tecnológicas o de comercio electrónico se trasladen (con muy escaso coste)  a Irlanda, Estados Unidos o Luxemburgo. En algunos de estos países reciben además incentivos, ayudas o las notables ventajas derivadas de establecerse en auténticos ecosistemas de innovación, gracias a una masa crítica de empresas relocalizadas cada vez más importante.

Como comenta el diario El País, EE UU e Irlanda compiten por atraer a las empresas españolas ofreciendo entornos como el Silicon Valley o Dublín, con incentivos y todo tipo de facilidades. Mientras en España, en cambio, se grava con un IVA del 4% el libro tradicional y con un 18% el electrónico. Esto es, tratamos de darle un balón de oxígeno a una industria editorial tradicional en declive para negárselo a un sector tecnológico de futuro. Anteponemos la voracidad fiscal a nuestro posicionamiento en sectores estratégicos generadores de innovación tecnológica, cultura empresarial de futuro, empleo y riqueza.

Así nos va.

Temas relacionados:  Irlanda versus España

Andrés Pedreño Muñoz
Instituto de Economía Internacional
Universidad de Alicante

 

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