Europa y Cataluña

“En Cataluña hoy se juega nada menos que el futuro de la Unión Europea”. Tan contundente afirmación no es de cualquiera: la ha escrito Joschka Fischer, el que fuera Ministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller de Alemania y hoy tiene bien ganada fama de analista internacional. Sin rodeos, expresa lo que unos y otros líderes europeos vienen repitiendo desde hace semanas. La entrega de los premios Princesa de Asturias (¡impagable servicio a España!) el pasado 20 de octubre en Oviedo les deparó a los máximos responsables del Consejo, de la Comisión y del Parlamento europeo una ocasión solemne para hacerlo al recoger el premio de la Concordia, y ninguno de los tres —Tusk, Juncker y Tajani— desaprovechó la ocasión, pronunciándose, cada uno a su manera, en contra de la pretensión secesionista en Cataluña. Razones de conveniencia, de convicción y de consecuencia se suman para esa firme oposición.

Por conveniencia, con objeto de evitar el “efecto dominó”. No solo en Padania o Córcega, en Gales o Bretaña, en Escocia o en Alto Adige: según un recuento autorizado, hasta en 21 regiones europeas hay movimientos independentistas organizados. De ahí la trascendencia de lo que se dirime en Cataluña, probablemente el caso con potencial mayor de proyección internacional: sin duda, una “amenaza más letal” que el Brexit para la UE.

Por convicción, en la medida en que la secesión socava —“traiciona”, se ha dicho— los ideales de solidaridad e integración humana sobre los que se fundamenta el proyecto común. Este se diseñó para trascender el sistema de rivalidades nacionales que tan trágico balance deparó al continente en la primera mitad del siglo XX; y luego se ha ido materializando con el mantenido propósito de superar tanto las pulsiones agresivas como las limitaciones de las naciones-Estado, salvando divisiones históricas y asegurando paz y estabilidad. La UE no puede permitir la fragmentación de sus miembros, “porque estos componen los cimientos mismos sobre los que está formada”, concluye también Fischer.

Por consecuencia, finalmente. No solo porque el gran tamaño de otros actores globales (China e India, por lo pronto, además de Estados Unidos) hace más perentoria una mayor integración a escala europea; también porque los retos hoy planteados exigen relaciones intracomunitarias más sólidas. Con fronteras exteriores vulnerables —las que limitan con Rusia—, con el problema de la seguridad interior provocada por el terrorismo, con los altos niveles de coordinación necesarios para dar una solución satisfactoria a la inmigración masiva, no cabe otra opción que la de reforzar las relaciones intergubernamentales. Tanto la Europa de la Defensa como la Europa Social así lo reclaman. De la misma forma que una efectiva mayor unión es condición necesaria para alcanzar los objetivos que requiere la gobernanza económica del conjunto: completar la Unión Bancaria (con el fondo común de garantía de depósitos y el fondo de resolución de bancos), la armonización fiscal, el superministerio de Finanzas y el Presupuesto europeo… Todo se alinea en el sentido opuesto a la desmembración de quienes hoy comparten el proyecto común.

Europa, en suma, tiene fundadas razones para apoyar el orden constitucional de la democracia española.

Más que el 20%

No ha sido una legislatura perdida, pero la gravedad del pronunciamiento secesionista catalán deja fuera de encuadre casi todo lo demás.

Lo conseguido ha sido, desde luego, muy apreciable. La recuperación económica cobra consistencia trimestre a trimestre —y van nueve con el tercero de 2015—, alejando cada vez más un lustro, entre 2008 y 2013, que conoció dos severos episodios recesivos. Cuando apenas han pasado tres años de una situación calamitosa, la última previsión del FMI coloca a España como la cuarta economía más pujante de la eurozona (solo por detrás de Irlanda, Luxemburgo y Eslovaquia), con un ritmo de crecimiento que doblará el del promedio de la eurozona y la creación de 600.000 puestos de trabajo a lo largo del año. Un éxito, nadie debería escatimarlo.

En el propio ámbito estrictamente político, las novedades se suceden deprisa, sin duda como respuesta a una sociedad civil que está demostrando dinamismo y capacidad de iniciativa. La aparición de nuevas formaciones políticas, ahora en liza electoral, y los movimientos adaptativos de los partidos más asentados están promoviendo un proceso no menor de renovación generacional y de comunicación con la sociedad. Queda mucha tela por cortar si se quiere sanear de verdad el sistema político y ganar calidad institucional, pero el final de la legislatura termina también en este terreno con expectativas muy distintas —para mejor— a las de su arranque.

La deriva del “problema catalán”, sin embargo, lo tiñe todo. Y no injustificadamente. Un tema fundamental, cualquiera que sea la perspectiva desde la que se contemple. La que proporciona la economía es concluyente: desgajar a Cataluña del resto de España tendría unos enormes costes, tanto de un lado como de otro. Todos saldríamos perdiendo, y quizá lo que menos importe es quién más, porque en cualquier caso sería mucho. Cataluña perdería el principal mercado para lo que sus fábricas producen: todavía en los últimos veinte años el 40 por ciento de las ventas de productos catalanes ha tenido como destino el resto del mercado nacional. Asimismo, la Cataluña separada se toparía con un problema de ahorro insuficiente, pues necesita que el sistema bancario desplace hacia allí ahorro del resto de España para financiar sus inversiones. Y una Cataluña independiente, excluida de la UE y de la Unión monetaria, tendría que arrostrar muy serias dificultades, tanto si optara por seguir utilizando el euro —sus bancos carecerían de acceso a la liquidez del BCE—, como si la opción fuera crear una moneda propia, que nacería necesariamente devaluada y en medio de la desconfianza de los mercados. Un desastre. Como lo sería para España: Cataluña aporta cerca del 20 por ciento al PIB español, pero es mucho más: ha sido motor principal en todo el proceso de modernización social y económica, y sigue siendo una pieza central de nuestro tejido productivo y de la cultura empresarial española. Y en Cataluña tiene España su frontera más importante con Europa: para el paso de personas y mercancías, pero también en términos de ósmosis cultural y científica. El desgajamiento, en suma, supondría empobrecimiento, y muy agudo, para ambas partes. Por eso, nos guste o no, es nuestro problema nº 1.

27-S

Esto es lo que hay: cuando la crisis de los refugiados está dinamitando las fronteras interiores —y exteriores— de Europa, sin puertas los campos y los mares, aquí el tema es la “crisis soberanista”, poner lindes para delimitar una parte del territorio —con las aguas marítimas que correspondan, se entiende. Cuando la conciencia de los ciudadanos europeos se estremece ante ese drama colectivo, poniendo a prueba la voluntad de construir efectivamente un continente económica y políticamente unido, nuestra preocupación es si ganará o no la opción independentista en las elecciones autonómicas en Cataluña, cómo reconocer en el texto Constitucional situaciones matizadamente distintas (del “narcisismo de las pequeñas diferencias” hablan hoy los historiadores de largos procesos de modernización en el mundo contemporáneo), debatiendo de paso si “nación” o solo “nacionalidad”, etc., etc., etc. (tres etcéteras que no son desde luego los del celebrado personaje de Pemán, autor éste, por cierto, que se queda ahora sin busto de bronce en su ciudad natal).

Pero aceptemos el tiempo tal como el nos quiere, según la sabia receta shakesperiana. Por causas complejas —no todo es aventurerismo de unos y pasividad de otros— la situación ha devenido extraordinaria, con una Declaración Unilateral de Independencia como posibilidad real a la vista. Ya no se puede voltear la cabeza; hay que mirar de frente.

Aunque todo esté dicho y redicho, aprovecharemos este espacio para subrayar dos cosas, por elementales que sean. Primera: la movilización de toda la sociedad civil, dentro y fuera de Cataluña, será determinante; hasta ahora, solo la ciudadanía catalana que ha hecho suya la aspiración de independencia se deja oír y ver, y tan clamorosamente como en estos días; no puede demorarse más la comparecencia en el escenario público de quienes, en universidades y empresas, círculos y asociaciones, están convencidos de que Cataluña es parte irrenunciable de España, y que España dejará de serlo sin Cataluña. Y comparecer sin pusilanimidad, sin equívocos: la situación requiere claridad, convicción, coraje.

Segunda: más que en descalificar la separación, esforcémonos en subrayar ventajas de lo contrario, comenzando por demostrar el valor económico de la unidad. Desde la perspectiva de la historia de los siglos XIX y XX —por hablar de lo que mejor conoce uno— la cuestión no admite dudas: Cataluña ha sido un factor decisivo de modernización de España, adelantada en muchas transformaciones, y tanto en lo demográfico como en lo empresarial, tanto en lo cultural y social como en lo económico. Así fue en el tránsito al régimen liberal, así fue también en la España de la Restauración alfonsina y así lo ha sido en la España democrática. Repitiéndose además en cada una de esas situaciones un hecho tan relevante como previsible: las tensiones centrífugas en Cataluña se avivan en las coyunturas de crisis económica e institucional en el conjunto de España; para contrarrestarlas, nada mejor que la recuperación del pulso económico y la regeneración de las instituciones españolas, públicas y privadas.

Es justo la tarea que tenemos por delante. Y que nadie se equivoque: la identidad —con permiso de Freud— solo es fecunda cuando no se piensa en ella.

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