Brexit: Antecedentes, consecuencias y paradojas (i)

“Es un día absolutamente hermoso. El lago es muy azul, las colinas parecen una postal, y las únicas manchas en el paisaje son las preferencias británicas sobre las que paso la mayor parte de la noche soñando…un gran número del gabinete británico no derramarían lágrimas si la negociación se rompiera por completo”

Seguramente al leer estas palabras, pensemos que las ha expresado algún burócrata de Bruselas durante las negociaciones del Brexit. En cambio se atribuyen al negociador estadounidense en las negociaciones del GATT el el 30 septiembre de 1947.

A principios de año publiqué este artículo sobre los antecedentes del  Brexit y las posibles consecuencias para España. En una serie de entradas voy a resumir los argumentos que se exponían y actualizarlos al paso de de actualidad. Empecemos por los antecedentes.

Podríamos acotar el primer antecedentes del Brexit en uno de los hitos en que conformarían la economía de finales del siglo XX y principios del XX: La firma del GATT (hoy OMC)  como recordábamos en este post. El GATT impuso la política de la “nación más favorecida” (NMF). A partir de entonces cualquier privilegio concedido a un país tendría que ser concedido inmediata e incondicionalmente a todas las partes contratantes del GATT. El principio de la NMF  ha resultado fundamental en el impulso del comercio internacional.

En su último libro, Straight talk on trade, el economista Dani Rodrik, defiende que concepto de la NMF es uno de los pocas políticas económicas que han cambiado (para mejor) la estructura económica de los países (junto con el impuesto a la renta, las pensiones, el seguro de depósitos bancarios, los requisitos laborales para los beneficiarios de la asistencia social, las transferencias condicionales, la independencia del banco central y comercio de cuotas de contaminación).

Sin embargo, las crónicas del proceso negociador del GATT (ver este post) revelan como el concepto de NMF, que acabó favoreciendo a todos lo miembros e impulsando en comercio más “justo”, creó una brecha entre los dos principales negociadores británicos y estadounidenses. Precisamente por la posición del Reino Unido en contra del principio de la “nación más favorecida” (NMF), que defendían los estadounidenses, que acabarían imponiéndose.

Si las negociaciones sobre la salida del Reino Unido nos parecen arduas, las del GATT no fueron menos. Según la nota de prensa de las Naciones Unidas 1947 las negociaciones para llegar al acuerdo fue intensa y rápida (sobre todo si la comparamos con los plazos actuales para la firma de acuerdos de integración o desintegación como el Brexit): “La conclusión de tantas negociaciones simultáneas y de tan amplio alcance en poco más de seis meses es en sí toda una proeza”.

Los negociadores de Estados Unidos, y del Reino Unido, mantenían un profundo desacuerdo sobre el nivel de ambición que debían alcanzar las negociaciones del GATT. De hecho, según las crónicas sobre como se fraguó el acuerdo (disponibles aquí) señalan que los americanos amenazaron con abandonar las negociaciones.

¿Qué pasó, entonces? ¿Cómo lograron superar esas profundas diferencias? Tres hechos: primero unas pequeñas concesiones a los británicos que se superaron años más tarde. Segundo, el Plan Marshall por el que los EEUU se comprometían a ayudar en la reconstrucción de Europa. Y por último: el temor a que URSS se beneficiara de la división entre socios.

Los argumentos del RU en su oposición al NFM hace 70 años resuenan hoy en las posturas del los defensores del Brexit: la pérdida discrecional para imponer un arancel como protección a la industria doméstica. Pero en cambio, las soluciones también: concesiones, programas de gasto y pragmatismo.

Si el primer antecedente del Brexit es su tradicional oposición a la integración económica, el segundo lo podríamos cercar en su desconfianza particular en torno a la Unión Europea, con un un punto de inflexión el 16 septiembre de 1992. En ese  “miércoles negro” el Reino Unido abandonó el recientemente creado Sistema Monetario Europeo. Tras la reunificación alemana, Bundesbank aumentando los tipos de interés cerca del 10%, muy por encima de los tipos de interés oficiales del Banco de Inglaterra por lo que la libra acabó depreciándose un 10% con respecto al marco. La factura estimada se cifra entre 4.000 y 6.000 millones de euros para las cuentas de los bancos centrales, frustrando cualquier intento de una mayor integración financiera del Reino Unido con Europa.

Estos episodios históricos contribuyen a entender las causas económicas del escepticismo británico respecto a la Unión Europea. Pero como no todo es historia económica, desde la ciencia política se apuntan otros factores decisivos: un análisis coste-beneficio, el nacionalismo y la información suministrada a los electores (ver este enlace).   Por ejemplo, hay encuestas (por ejemplo esta) que señalan una mayor proporción de apoyo al Brexit entre los votantes que han experimentado una competencia directa de empresas o productos chinos.  Es decir, el que el Brexit se enmarcaría la ola de reacciones paradójicas a la globalización, de la que hablaremos en la siguiente entrada.

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2017, y proyecciones 2018-2020

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas fiscales de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2017 y algunas proyecciones para el periodo 2018-2020. Con más detalle, se ha añadido la cifra provisional del año 2017 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan proyecciones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo, PDE), proyecciones presentadas el pasado 9 de noviembre por la Comisión Europea para el periodo 2018-2020.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 que avanza a un ritmo excesivamente lento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

En el primer gráfico (hacer clic para verlo mas grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública o gastos públicos primarios. En primer lugar, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009, y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos en los años posteriores a 2008. En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos realizados, los gastos totales y los gastos sin intereses de la deuda pública se situaron a finales de 2017 en el 41% y el 38,8% del PIB, respectivamente. Por último, los ingresos públicos suben 0,2 puntos porcentuales respecto a 2016 y se sitúan a niveles del año 1994 (38,2% del PIB), lejos todavía del máximo de recaudación alcanzado en 2007 (41,2% del PIB), último año del periodo de expansión económica registrado en la economía española (1995-2007).

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto primario (excluido los pagos de intereses de la deuda pública) del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2009-2017 el ahorro público primario ha registrado una importante mejora (4,6 puntos porcentuales en % del PIB) hasta situarse en cifras positivas (+1,7 puntos porcentuales en % del PIB), mientras que el ahorro público total se ha reducido solamente 3,7 puntos porcentuales en % del PIB por el fuerte aumento de los pagos de los intereses de la deuda pública acumulada en la crisis. El ahorro público total se sitúa todavía en 2017 en niveles negativos (0,9 puntos porcentuales en % del PIB) que incumplen todavía la “regla de oro” de la política fiscal (emitir deuda pública solamente para financiar la inversión pública y suponiendo que el componente del ajuste déficit-deuda sea nulo).

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta entonces del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord: un -9,4% de déficit público primario y un -11,1% de déficit público total en estos 53 últimos años de historia de la hacienda pública española. El proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se frenó significativamente en 2012, aunque se ha vuelto ha encauzar en los años 2013 a 2017. Con más detalle, el déficit público total se ha reducido desde 2012 en 6,5 puntos porcentuales del PIB, hasta alcanzar el 3,1% del PIB, mientras que el déficit público primario se ha reducido en 6,7 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse en el 0,5% del PIB.

No obstante, el déficit público total actual (-3,1% del PIB) todavía por encima del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro. El problema fiscal refleja todavía tanto la insuficiente caída del gasto público, como la baja recaudación impositiva.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2017 el stock de deuda pública según la metodología del PDE sigue estabilizado alrededor del 100% como en los años 2014, 2015 y 2016, sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para el periodo 2018-2020 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE. Las previsiones de la Comisión Europea aparecen en el informe European Economic Forecast, Autumn 2018, publicado este mes de noviembre.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total (gráfico 5) de la Comisión Europea indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2018-2020 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2018, 2019 y 2020 el 2,7%, el 2,1%% y el 1,9% del PIB, respectivamente, situándose ya por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht del -3% a finales de 2018.

Por otra parte, las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (gráfico 6) estiman que el stock de deuda pública se situará a finales de 2018 en el 96,% del PIB, mientras que a finales de 2020 se habrá reducido ligeramente hasta alcanzar el 95,4% (cifras aún muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Masstricht del 60% del PIB).

La previsiones del Gobierno de España para el periodo 2018-2020 las dejamos en “stand-by”.

Indicador de coyuntura: Noviembre 2018

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de octubre con los datos publicados hasta septiembre de producción industrial, ventas y renta, y hasta octubre de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en octubre es de 1,8, inferior al que tomó en septiembre de 2,3, y al que tomó a comienzo de 2018 de 4,6. Por tanto, la dinámica del indicador está en consonancia con una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad económica.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto, excepto la renta, han crecido menos que en mes anterior. La producción industrial y las ventas crecieron menos en septiembre (-2,8% y 2,0%) que en agosto (1,1% y 3,2%). Por su parte, los afiliados crecieron 2,8% en octubre, algo menos que en septiembre (3,1%). La renta, en cambio, creció un poco más en septiembre (2,8%) que en agosto (2,6%).

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La desaceleración que caracteriza la evolución reciente del Ind-ALdE coincide con la que se ha observado en la tasa de crecimiento del PIB que, según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral de España, registró un crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre de 2018 respecto al trimestre anterior en términos de volumen.

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El desgobierno de la globalización: el caso de las energías renovables

Tres efemérides recientes han marcado los pasos de la globalización. Por orden de antigüedad: Hace setenta y un años, el 30 de octubre de 1947, 23 países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que posteriormente mutaría a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Once años más tarde (hace 60 años), el 10 de junio de 1958, 10 países firmaban en Nueva York la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención de NY). Ocho años después, el 17 de diciembre de 1966, la Naciones Unidas constituían la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).

En apenas 20 años se asentaron las bases del gobernanza de la golabalización con tres principios fundamentales: El GATT impulsó NMF o nación más favorecida, según cualquier privilegio concedido a un país tendría que ser concedido inmediata e incondicionalmente a todas las partes contratantes del GATT. La Convención de NY el arbitraje internacional, que dota de seguridad jurídica en la transacciones internacionales. Por último, UNCITRAL promovió la harmonización del derecho mercantil internacional.

Con ocasión de estas efemérides (y particularmente la del GATT), Funcas ha editado un libro sobre el gobierno de la globalización (disponible aquí). El libro aborda el impacto de la gobernanza de la globalización en el comercio (por ejemplo el impacto del GATT en el comercio internacional o la proliferación y profundización de los acuerdos de comercio preferenciales) y su impacto en España (por ejemplo sobre la posición de España en el GATT-OMC o el milagro exportador en España).

Mi contribución al monográfico trata sobre el segundo apesto de la gobernanza de la globalización: el arbitraje internacional (una de mis líneas de investigación de la que ya hablé aquí). El arbitraje internacional una de las vías por las cuales los inversores o exportadores pueden dirimir sus disputas comerciales. El arbitraje internacional dota de seguridad jurídica a los inversores y por tanto favorece tanto el comercio como la inversión extranjera.

El arbitraje empresa-Estado funciona de la siguiente; si un inversor extranjero
considera que el Estado firmante de la Conveción de NY (como España) ha lesionado sus intereses al infringir algún tratado internacional puede recurrir a una corte arbitral internacional para reclamar daños. La sentencia es final sin posibilidad de recurso ordinario.

El arbitraje internacional aumenta  seguridad jurídica al no depender del sistema legal doméstico. Por ello, aporta flexibilidad y seguridad frente a un proceso judicial ante una corte extranjera y cauteriza a los inversores de posibles sesgos en las decisiones judiciales domésticas.

Por tanto el arbitraje es uno de los pilares fundamentales de la gobernanza de la globalización. Hasta aquí todo bien. Hasta que el desgobierno local se tropieza con el gobierno global. Un aumento de las denuncias arbitrales es precisamente una señal de desgobierno y de inseguridad jurídica, especialmente cuando se pierden las disputas. Como señalan Allee y Peinhardt (2011), una escalada de casos arbitrales es una contingencia en la credibilidad de un país como destino fiable para la inversión extranjera.

¿Adivinan quién es el país que lidera el ránking de denuncias en los tribunales de arbitraje internacional desde 2013? Seguramente han adivinado bien: España. Desde el año 2013, España, con más del 10 por 100 de los casos, encabeza la lista de casos de arbitraje, seguida de estados como Egipto, Croacia o Venezuela con un 3 por 100 de casos cada uno.Paniagua 2018

Los casos arbitrales contra España se centran en un único sector: las energías renovables. Según el laudo arbitral SCC 2015/063, (por el cual se condena al Reino de España) el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico supuso un “cambio brusco y de sistema” en los recortes que se venían aplicando a las generosas primas fotovoltaicas dispuestas en Real Decreto Ley 661/2007.

Los árbitros entienden que se han violado acuerdos internacionales, como la Carta de la Energía, privando de un trato justo y equitativo a los inversores extranjeros. El Estado español se enfrenta, por tanto, a unas indemnizaciones millonarias, que podrían alcanzar entre 3.000 y 7.000 millones de euros. Naturalmente la prensa se ha hecho eco de este problema (aquí y aquí por ejemplo).

Al coste de las indemnizaciones se suma la factura de la contratación de abogados especializados para defender los intereses del Reino. Una de las particularidades del arbitraje es que las partes pueden elegir el derecho aplicable (common law o civil law). Supongo que hay pocos abogados del Estado en activo (265 de 636 están en excedencia) con las aptitudes necesarias para defendernos utilizando el derecho común (anglosajón). Es un caso flagrante de la ineficiencia en la selección de los cuerpos de élite del Estado denunciada ya con vehemencia aquí , aquí o aquí. No estamos seleccionando eficientemente en las oposiciones a los altos cuerpos del Estado y luego tenemos que pagar la factura: dos millones en este caso. Las oposiciones del siglo XIX no sirven para los casos del siglo XXI.

Por si las indemnizaciones y la factura sonrojarte a un bufete internacional no fuera poco, está el efecto de la contingencia en credibilidad. Esto es justamente lo que me propuse medir (disponible aquí). Las técnicas econométricas habituales en el campo de la economía internacional (la ecuación de gravedad), nos permite estimar con bastante precisión el efecto marginal en la inversión extranjera directa (IED) de los los casos de arbitraje contra España.

El impacto de los casos de arbitraje se traduce en un descenso de aproximadamente un 6% del volumen de la IED en España, en promedio. En cambio tal como explicamos en un trabajo anterior (Myburgh y Paniagua, 2016), el efecto del arbitraje internacional se canaliza a través del margen intensivo. Esto quiere decir que el efecto del cambio regulatorio en energías renovables ha afecto negativamente al volumen de la IED, pero no al número de inversores. Es decir, bajo la incertidumbre regulatoria, el inversor decide invertir un montante menor, pero sin renunciar a invertir.

Pero…¿y si renunciamos al arbitraje internacional? Es un tema recurrente entre los opositores a la globalización abogar por renunciar al arbitraje, siguiendo los Bolivia, Ecuador y Venezuela en los años 2007, 2010 y 2012 respectivamente. Si la contingencia en credibilidad por el aumento de casos es negativa, abandonar la Convención de NY es aun peor: los datos arrojan una reducción media del 95% en el volumen de los flujos de IED hacia estos países a raíz del abandono del arbitraje internacional. No parece una senda demasiado interesante.

A partir de aquí, ¿qué se puede hacer? A corto plazo, intentar que los casos acaben resolviéndose en los tribunales internacionales. Una alternativa sería la conciliación (promovida también por UNCITRAL). Por otra parte, sería sensato realizar un análisis coste-beneficio para sopesar si el ahorro en prima eléctrica para estos inversores compensa la pérdidas en credibilidad.

Por último ¿qué se puede esperar? Si se prosigue en cambios normativos “bruscos y de sistema”, como por ejemplo la prohibición de la matriculación de vehículos de combustión es previsible que se repita el proceso: una escalada de denuncias arbitrales y una contingencia en la credibilidad de España (además de una factura elevada).

Riesgo mayor

No es otro que horadar las instituciones, su debilitamiento, todo lo que contribuye a su deslegitimación social. Y en eso estamos. La calidad de una democracia, la solvencia económica y la reputación exterior de un país pasan por la fortaleza y la estabilidad de su tejido institucional, con el deseable corolario de seguridad jurídica. Fortaleza y estabilidad institucional: condición necesaria para el progreso duradero, para el despliegue de potencias creativas en las sociedades abiertas, el mejor lubricante de inversiones y proyectos empresariales. Por eso las últimas semanas están dando motivo para tocar el timbre de alarma. En dos frentes lo sucedido es altamente significativo: en el del poder judicial, una de las patas que sostienen toda la arquitectura del Estado, y en el de la Monarquía, su clave de bóveda en la Constitución de 1978. La simultaneidad de los acontecimientos aporta un plus de relevancia.

Nada que no se sepa, desde luego. De un lado, los nocivos efectos de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el pago de los impuestos derivados de las hipotecas, y del deficiente manejo posterior de la situación de desconcierto y caos originada. Los “estragos” más inmediatos de tal pronunciamiento han sido bien patentes: caídas en las cotizaciones bursátiles de las principales entidades financieras —pérdidas repartidas entre un millón y medio de accionistas, no se olvide— y freno a la concesión de nuevas hipotecas, además de la perturbación que introduce en la planificación y gestión de firmas bancarias. Lo peor, sin embargo, puede tener mayor recorrido. La atracción de inversores nacionales y foráneos será sin duda sensible a la imprevisibilidad del ordenamiento jurídico que ello supone. Más grave aún, pues afecta a instituciones básicas, es, por una parte, las dudas que siembra sobre la cualificación y modo de proceder del tribunal superior; por otra parte, las paladas de mala opinión que arroja sobre la imagen pública de nuestras entidades financieras, justo cuando su relegitimación social, tras los varapalos sufridos durante la crisis económica, encontraba de nuevo amplio apoyo, con reconocimientos también internacionales del más alto nivel (como el todavía reciente de Euromoney obtenido por CaixaBank, prolongando en su caso una serie que abarca ya más de un lustro).

La ofensiva contra la Monarquía es un segundo frente. Aquí se apunta, sin duda, al centro neurálgico del cuerpo constitucional, a lo que vertebra institucionalmente al “régimen del 78”, como despectivamente nombran a nuestro sistema de derechos y libertades quienes lo consideran periclitado, bien desde posiciones del nacionalismo radical, bien desde fuerzas políticas declaradamente republicanas, opuestas a la institución monárquica. Una particular “pinza”, que jalea el tópico de una institución “caduca y antidemocrática”, a despecho del papel y el prestigio que en la Europa de nuestro tiempo han adquirido las monarquías parlamentarias democráticas —es el modelo español también— asentadas en bastantes de los países más prósperos y avanzados del continente.

Atentos, pues, a los embates que tienen como objetivo zonas sensibles del entramado institucional. No es un juego inocente.

Indicador de coyuntura: Octubre 2018

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de septiembre con los datos publicados hasta agosto de producción industrial, ventas y renta, y hasta septiembre de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en septiembre es de 2,8, inferior al que tomó en agosto de 3,2, y al que tomó a comienzo de 2018 de 4,6. Por tanto, la dinámica del indicador está en consonancia con una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad económica.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto han crecido menos, exceptuando el de afiliación. La producción industrial, las ventas y la renta crecieron menos en agosto (1,2%, 3.2% y 2,5%) que en julio (3,5%, 3.6%, y 2,7%). Sin embargo, los afiliados crecieron 3.1% en septiembre, algo más que en agosto (2,7%).

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La desaceleración que caracteriza la evolución reciente del Ind-ALdE coincide con la que se ha observado en otros indicadores compuestos de actividad económica como el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio o el Índice Fedea de Actividad Económica.

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Un curso especial

Ni para España ni para el conjunto de Europa el curso se presenta fácil. Lo decíamos aquí mismo cuando comenzaba, hace un mes. Lo acontecido desde entonces confirma el pronóstico.

En la UE, dos focos de perturbaciones han cobrado fuerza en las últimas semanas mientras sigue el forcejeo en las negociaciones por el Brexit. El situado en el Este y el que, al Sur, radica en Italia. Allí, Polonia y Hungría encaran desafiantes procedimientos disciplinarios por parte de la Comisión y del Parlamento europeo ante el riesgo de violación grave de valores fundamentales del proyecto común; instancia sancionadora que supone una radical y grave novedad en la historia que arranca del Tratado de Roma hace ya más de sesenta años. Son dos países muy significados de esa orla oriental del mapa, con gran capacidad de arrastre y proyección sobre terceros, como ocurre en Rumanía, a tenor de la preocupación expresada desde Bruselas muy recientemente (cambios legislativos que también en este caso socavan la separación de poderes y el castigo de la corrupción). Es como una mancha de aceite que se extiende por ese lado del corazón de Europa.

Por su parte, “el órdago presupuestario” del gobierno populista italiano, encarándose con las autoridades de la eurozona, abre otra brecha en un edificio todavía frágil. El gobierno de la Liga y el Movimiento 5 Estrellas no da puntada sin hilo: las promesas demagógicas que reflejan sus números responden a un meditado cálculo electoral, con la esperanza de conseguir excelentes réditos en las elecciones europeas del próximo mes de mayo, alzándose de paso con el liderazgo de todo el variopinto frente populista que conforman fuerzas y partidos repartidos por todo el continente. Un envite de primera magnitud para una zona euro todavía vulnerable y necesitada de completar su arquitectura institucional; Juncker lo ha expresado sin rodeos: conceder “un trato especial” a Italia —como se demanda desde Roma— supondría “el fin del euro”.

También en nuestro solar el otoño arranca denso. Con Cataluña sin perder nunca plano, a la precariedad del apoyo parlamentario que el gobierno comprueba repetidamente, se suma ahora una convocatoria electoral —la del 2 de diciembre en Andalucía— que contribuirá a tensar más un clima político enrarecido por pugilatos cortoplacistas y ganancias fáciles de opinión, al margen de objetivos de alcance y de políticas que atiendan al interés general. No ayudará a clarificar el panorama y a reducir incertidumbres. Como no lo hace, por supuesto, esa “exuberancia declarativa” (Serrano Sanz) de ministros y altos cargos que se ha convertido en todo un estilo gubernamental: anuncios y globos sonda, muchas veces contradictorios, que transmiten desconfianza en vez de credibilidad, desánimo en vez de impulso, mientras los problemas de fondo se aplazan sin fecha, ya sean los referentes al sistema de pensiones o al mercado de trabajo, ya sean los que conciernen a la Administración pública o a la formación y el capital humano. Como si todo se fiara a la inercia de un crecimiento económico, a pesar de las inequívocas señales que indican su desaceleración, cuando la política económica —y particularmente la fiscal— se ha quedado con muy escaso margen para intervenir dado el elevado nivel de endeudamiento público (98%).

Comienzo intenso, en definitiva, para un curso que va a ser toda una reválida.

Algunos indicadores del mercado de la vivienda de EE.UU. vuelven a niveles pre-crisis 2007

Algunos indicadores importantes del mercado de la vivienda de EE.UU. vuelven a niveles de antes de la crisis financiera de 2007, lo que indica la fortaleza del mercado inmobiliario. Son los precios de la vivienda y las tasas de morosidad de los préstamos hipotecarios a más de 90 días y el número de ejecuciones hipotecarias.

Respecto a los precios de la vivienda, el catedrático de Economía de la Universidad de Yale y premio Nobel de Economía 2013 por sus aportaciones al análisis empírico de los precios de los activos (acciones, bonos, vivienda), Robert Shiller, elabora desde 2006 a través de su empresa Macromarkets LLC (en colaboración con Standard & Poors y Corelogic), los índices S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price.

Estos índices reflejan la evolución de los precios de las viviendas de las diez y de las veinte áreas metropolitanas más importantes del país: a) el Composite-10 (Nueva York, Boston, Washington, Miami, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco y San Diego); y b) el Composite-20 (Nueva York, Boston, Washington, Miami, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Atlanta, Charlotte, Cleveland, Dallas, Detroit, Minneapolis, Phoenix, Portland, Seattle y Tampa). Las últimos cifras disponibles de los índices S&P CoreLogic Case Shiller Home Price corresponden a los datos relativos a junio de 2018.

La evolución de estos índices de precios de la vivienda (nominales) se muestran en el siguiente gráfico para el periodo de enero de 1987 a junio de 2018.

El índice nacional ha crecido un 9,8% por encima del pico de la burbuja inmobiliaria que se alcanzó en 2006, mientras que los indices Composite-10 y Composite-20 superan también su máximo en un +0,9% y un +2,3%, respectivamente.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las tasas de morosidad (delinquency) de los préstamos hipotecarios a más de 90 días y del número de ejecuciones hipotecarias (foreclosure) para el periodo de enero de 1998 a julio de 2018. Los datos provienen de las Sociedades Hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, ambas intervenidas por el Gobierno Federal desde la crisis financiera de 2007.

La tasa de morosidad alcanzó su punto máximo en febrero de 2010, con un registro del 5,59% del total de prestamos hipotecarios. En el último dato disponible correspondiente a julio de 2018, la tasa de morosidad se sitúo en tan solo el 0,88%, la más baja desde octubre de 2007. El dato es aún mejor para los préstamos más recientes del periodo de 2009 a 2018, ya que solamente el 0,37% de esta cartera es morosa.

Indicador de coyuntura: Septiembre 2018

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de agosto con los datos publicados hasta julio de producción industrial, ventas y renta, y hasta agosto de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en agosto es de 2,8, inferior al que tomó en julio de 3,3, y al que tomó a comienzo de 2018 de 4,6. Por tanto, la dinámica del indicador está en consonancia con una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad económica.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto han mostrado una tendencia dispar. La producción industrial y las ventas crecieron más en julio (2,8% y 3,5%) que en junio (-2,1% y 1,9%). Sin embargo, la renta y los afiliados crecieron considerablemente menos. En concreto, la renta creció en julio 2,7%, a un menor ritmo que sus crecimiento que el 4,2% de junio. Por su parte, los afiliados crecieron un 2,7% en agosto frente a un 3,1% en julio.

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Ranking de las empresas con mayor capitalización del índice S&P 500

En está entrada del blog se muestra la capitalización de las 35 compañías más grandes del S&P 500. Los datos son del 23 de julio de 2018. En el cuadro adjunto aparece la abreviatura y el nombre de la empresa, el precio de la acción, la capitalización en billones de dólares (billones americanos, miles de millones europeos) el 23/7/2018 y 3 años antes (23/7/2015), el cambio del valor en estos tres años (billones americanos, miles de millones europeos) y la tasa de variación del valor de la capitalización (en %).

Fuente: Bespoke

 

Hay cuatro empresas que encabezan el ranking y que registran una capitalización en la bolsa de más de 800.000 millones de dólares: Apple (AAPL) encabeza la lista con una capitalización de 933.000 millones, seguido por Amazon (AMZN) con 873.000 millones, por Alphabet (GOOGL) con 830.000 millones y Microsoft (MSFT) con 826.000 millones.

Las cinco compañías más grandes están relacionadas con la tecnología, mientras que las empresas de la sexta a la decimocuarta posición no son tecnológicas.

Las siete compañías más grandes han registrado un aumento de sus capitalizaciones de mercado de al menos un 30% en los últimos 3 años. Encabeza el aumento de capitalización la tecnológica NVIDIA (NVDA) con un aumento del 1318%, y a mucha distancia le siguen Amazon (AMZN) con un aumento del 288,9% y Netflix (NFLX) con un aumento del 236%.

Por último destacar la posición en el ranking del banco JP Morgan (JPM) que ocupa tan sólo el séptimo lugar y ha visto su capitalización de mercado subir un 48% de 257.500 millones hasta 383.000 millones. Hace tres años, con una capitalización de mercado de 383.000 millones se habría clasificado como la tercera compañía más grande de EE.UU.

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