Divergencia en las horas semanales trabajadas entre EE.UU. y Canadá, 1960-2018

En el gráfico (hacer clic para verlo más grande) se muestra la evolución de las horas semanales trabajadas promedio en EE.UU. y Canadá para el periodo 1960-2018. Los datos provienen de los indicadores económicos de la OCDE.

En los años sesenta los países tenían cifras similares (40 horas en EE.UU. y 40,33 horas en Canadá) y desde entonces ha habido una divergencia importante (42,13 horas en EE.UU. y 36,7 horas en Canadá) cuando la mayor integración de ambas economías debería haber propiciado su convergencia.

Los estudios de la Reserva Federal de EE.UU. proponen algunas explicaciones de por qué se ha dado esta divergencia importante en la horas trabajadas promedio entre ambos países.

En primer lugar, la integración económica entre países no necesariamente hace que la estructura económica sean mas similares. De hecho, la integración económica proporciona oportunidades para la especialización, gracias a la ventaja comparativa. Podría ser que Canadá se haya especializado en los sectores manufactureros donde las horas semanales trabajadas promedio son más bajas.

En segundo lugar, la legislación del mercado de trabajo puede haber cambiado. En concreto, las leyes actuales otorgan a los trabajadores más poder de negociación en Canadá que en los EE. UU. En particular, los sindicatos actualmente tienen mas voz en Canadá y su objetivo generalmente es mejorar la situación laboral de sus afiliados y, en concreto,  reducir las horas semanales trabajadas.

En tercer lugar, las prácticas laborales de estos países que tienen que ver con la realización horas extras pueden haberse vuelto más diferentes a lo largo de los años. Si los empresarios prefieren usar horas extras en lugar de contratar nuevas personas, entonces aumentan las horas promedio. Este podría ser el caso de EE.UU.

20 AÑOS DEL EURO

En enero de 2019 el euro cumple 20 años. Es un periodo suficiente para hacer balance o, al menos, destacar cuales habrían de ser las apoyaturas mínimas necesarias para sortear riesgos similares a los que ha enfrentado en su segunda década de existencia. Porque es un hecho que ha sido en los diez últimos años cuando la eurozona y el BCE, nacido seis meses antes que la moneda única, han enfrentado su mas severa crisis existencial. Todavía hoy no dispone del apoyo entre políticos y ciudadanos que presidió su nacimiento y los placidos diez primeros años de su andadura.

El principal indicador, aunque no el único, que debería servir de referencia para evaluar el desempeño de la unión monetaria es la generación de ganancias de bienestar, de aumentos en el PIB por habitante, para los países que sustituyeron su moneda por el euro. El análisis de su evolución y contraste con los que no adoptaron la moneda única es tributario, en primer lugar, de la particular severidad con que se manifestó la crisis financiera de 2008 en la eurozona. Pero también es la consecuencia de las políticas económicas adoptadas para neutralizar esa crisis: de la orientación errónea de las basadas en la austeridad presupuestaria a ultranza y de la demora en la aplicación de las correctas decisiones de política monetaria que finalmente adoptó el BCE. El hecho, es que una amplia mayoría de ciudadanos de la eurozona sufrió más perdidas de bienestar que los de EE. UU., donde se localizó el epicentro de la convulsión financiera.

Las secuelas que esa crisis ha dejado son importantes, especialmente en las economías periféricas. Desde luego un desempleo todavía elevado, una inhibición de la inversión pública y privada, un deterioro de la educación, una productividad erosionada y, en definitiva, un menor crecimiento potencial del conjunto del área. Las posibilidades para reducir la regresiva distribución de la renta que la crisis acentuó se verán limitadas por ese menor crecimiento. Y, con ello, el distanciamiento de los ciudadanos de ese empeño racional, pero hoy seriamente cuestionado, por mantener una moneda común entre economías que comparten intercambios y aspiraciones integradoras.

Con la información hoy disponible, las probabilidades de rápida restauración de esos daños no son precisamente muy favorables. Los datos mas recientes de la totalidad de las economías del área, incluidos los de expectativas empresariales, apuntan a una desaceleración algo mas intensa que la del conjunto de la UE y de las economías avanzadas en el próximo año. La retirada ya anunciada de los estímulos monetarios excepcionales que salvaron al área de males peores tampoco facilitará la consecución de ritmos de crecimiento suficientes que favorezcan la estabilidad social y la renovación de apoyos al proyecto integrador.

Pero la insuficiencia de resultados favorables también tiene que ver con las dificultades políticas para completar la estructura institucional de la unión monetaria. Ha sido la crisis la que ha permitido apuntalar solo parcialmente una arquitectura apenas insinuada cuando se introdujo el euro. El propio BCE se ha visto obligado a llevar a cabo actuaciones no previstas en su constitución que han llegado a cuestionar la impecable independencia con la que nació, su marcado distanciamiento de la política fiscal, como en aquellos ochenta dictaban los cánones del monetarismo en vigor, centrados en la estabilidad de precios como único objetivo. El BCE no solo tuvo que adoptar medidas de emergencia similares a las que llevaron a cabo mucho antes sus colegas la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra, sino que asumió un papel central en la Unión Bancaria, creada deprisa y corriendo en julio de 2012.

Con la urgencia con que las situaciones límites suelen marcar la agenda europea, en pleno bucle diabólico (recesión, crisis bancaria, crisis de la deuda pública) que afectaba a las economías periféricas, se definieron los cuatro pilares de la Unión Bancaria. Pero todavía sigue pendiente la disposición de un sistema común de garantía de depósitos. Ha sido solo hace unos días cuando el Consejo Europeo ha impulsado la creación de un soporte financiero para el fondo destinado a la resolución de crisis bancarias. También han quedado aplazadas las reformas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en la dirección de que vaya asumiendo las funciones propias de un tesoro europeo.

La aceptación de un presupuesto específico para la zona euro, lo que podría considerarse un primer paso en la necesaria integración fiscal, forma parte igualmente de ese gradualismo integrador ahora acordado, aunque con funciones menos amplias que las inicialmente previstas, especialmente en su función estabilizadora en situaciones recesivas. La resistencia a una mayor integración de los países agrupados en la denominada Nueva Liga Hanseática (Holanda, las economías nórdicas, las bálticas y la propia Alemania) es expresiva de la división existente en el seno del área monetaria y del escaso respaldo a la misma de los que están fuera.

La ralentización para completar esa arquitectura institucional afecta igualmente a la Unión de los Mercados de Capitales, hoy tanto más necesaria cuanto más cercano está el desenlace del divorcio con Reino Unido. Las intenciones del plan de acción que debería concretar ese proyecto destinado a diversificar las fuentes de financiación de las pequeñas y medianas empresas, a reducir el grado de bancarización de la unión, son tan razonables como incomprensibles las demoras en su materialización.

Otro de los indicadores que podría integrar ese balance de la moneda única es el escaso avance del euro como moneda vehicular y de reserva en la escena global. Su distancia respecto al dólar estadounidense apenas se ha reducido en estos años. Hará bien la Comisión en concretar rápidamente esos planes recientes destinados a dotar de una mayor proyección internacional al euro, tal como anunció solemnemente el presidente Juncker el pasado 12 de septiembre.

Ese balance, propio de una unión monetaria incompleta, generador también de desafección en algunos ciudadanos europeos, no invalida la necesidad de un proyecto tal. Sin necesidad de asumir a pie juntillas aquella presunción que hiciera en 1950 Jacques Rueff, “Europa se hará por la moneda o no se hará”, fortalecer la unión monetaria es una condición necesaria para hacerlo con el papel de Europa en un entorno global hoy mucho más adverso y más necesitado de integración regional que el existente a finales del siglo pasado.

La particularización de ese balance en nuestra economía tampoco deja lugar a dudas, en mi opinión. España ha sido uno de los países beneficiados por el proyecto. En estos veinte años se han registrado avances en el PIB por habitante y también en la convergencia real con las economías centrales del área monetaria. Que la crisis haya supuesto un serio tropiezo en esa senda de acercamiento a las economías más avanzadas no invalida la conveniencia para las empresas y familias españolas de la integración monetaria de Europa. Tampoco para las administraciones públicas, educadas a partir de la preparación del examen de acceso de mayo de 1998, para respetar las exigencias de convergencia nominal como precondiciones del necesario progreso y de su justa distribución entre los ciudadanos. Para que, como señalaba Draghi hace unos días, todos puedan participar de los beneficios de la moneda común. Su virtualidad precisa hoy de mas acción política que la que llevó a su lanzamiento hace veinte años.

@ontiverosemilio

(Publicado en el diario El País el 23/12/2018)

 

El Banco Central Europeo vuelve a la política convencional

Draghi comienza su largo adiós, que se producirá a finales de 2019

El final de año está resultando más movido de lo que se esperaba para las cinco grandes economías de la Unión Europea: Francia ha sufrido movilizaciones de grandes dimensiones que han llevado a Emmanuel Macrona ceder; por su parte, Gran Bretaña se enreda si cabe más en la madeja del Brexit, mientras que Angela Merkelha dado paso a nuevo liderazgo en su partido y a una salida programada de la cancillería; finalmente, Italia y España amenazan con presupuestos que incumplirían las sendas pactadas con el resto de países de la Eurozona.

Distraídos por todos estos acontecimientos, está pasando más desapercibido el fin del programa de compra de activos (o expansión cuantitativa) por parte del Banco Central Europeo, que se producirá a finales de mes, tal y como anunció el jueves 13 de diciembre su presidente,Mario Draghi. El BCE comenzó a realizar estas operaciones en 2015 y quizá es ahora el momento de valorar sus efectos y de anticipar lo que cabe esperar que pase en 2019, cuando la autoridad monetaria vuelva a usar sólo sus herramientas más convencionales.

 Los bancos centrales, en general, y el BCE en particular, utilizan las llamadas subastas para inyectar liquidez en las economías. A dichas subastas acuden los bancos de mayor tamaño (que son los autorizados) y en ellas se fija la cantidad de dinero y el precio (el tipo de interés) a los que el BCE les presta para que, a su vez, lo ofrezcan a empresas o familias en forma de crédito o bien lo presten a otras entidades más pequeñas en el mercado interbancario. Si dichas subastas no fueran suficientes para cubrir las operaciones mencionadas, el BCE tiene una facilidad de préstamo a un tipo de interés algo más alto. Si, por el contrario, los bancos que acuden a la subasta no pueden emplear todo lo recibido, pueden utilizar la “facilidad de depósito” del BCE, a un tipo de interés más bajo.

Durante la crisis financiera se rompió, al menos en algunos países de la Eurozona, este mecanismo de transmisión del crédito. Dos fueron, de manera simplificada, las razones: por un lado, el alto grado de riesgo y el bajo valor de algunos activos en manos de las entidades financieras generó desconfianza y los grandes bancos eran reticentes a prestar en el mercado interbancario ante la incertidumbre sobre la solvencia de los demás bancos; además, también los bancos restringieron el crédito al sector privado pues, cuando comenzó a aumentar la deuda pública de los países del euro, la compra de ésta resultó una forma de lograr una buena rentabilidad, empleando en ello la liquidez que el BCE les había proporcionado a un tipo de interés muy bajo. De esta forma, el activo de los bancos privados rebosaba de deuda pública y quedaba poco margen para dar crédito al sector privado, más arriesgado.

A finales de 2014 el BCE no podía ya bajar más los tipos de interés y la inflación en la eurozona rondaba cero. Eso significaba que no disponía de herramientas para que la economía europea se reactivase, al tiempo que los gobiernos de los países miembros, endeudados hasta las cejas, no tenían margen para llevar a cabo política fiscal expansiva (es decir, aumentar el gasto o reducir los impuestos), que tampoco habría sido muy efectiva para reactivar el crédito al sector privado.

Por otra parte, el BCE estaba limitado por sus estatutos, que no le permitían la compra directa de deuda pública, a diferencia del Banco de Inglaterra o la Reserva Federal americana. El BCE debía mantener independencia política, tal y como se acordó en Maastricht. Las entidades bancarias estaban realizando estas compras, pero al hacerlo les faltaba margen en su balance para prestar al resto de la economía. Por ello se llegó a una solución que superaba el obstáculo de que el BCE financiara el déficit de los países del euro: los bancos centrales nacionales, que forman junto al BCE el Eurosistema (es decir, el Banco de Francia, el Deutsche Bundesbank o la Banca d’Italia) sí que podían, en la misma proporción en que participan del capital del BCE, comprar la deuda que estaba en el balance de los bancos privados. Como, a fin de cuentas, los bancos del Eurosistema no son sino sucursales del BCE, esta forma de expansión cuantitativa llegó a cuestionarse. Justamente esta pasada semana se ha resuelto también este problema, pues el Tribunal de Justicia de la UE lo ha declarado legal.

De esta forma, desde marzo de 2015 han sido adquiridos algo más de 2,5 billones de euros de deuda pública. En concreto, el Banco de España ha comprado cada mes, alrededor de un 12% del total autorizado de deuda española. Lo mismo han hecho los demás bancos centrales en sus respectivos países (en la proporción correspondiente). La cifra total acumulada en estos años supone unos 250.000 millones de euros de deuda española, casi medio billón de deuda alemana, unos 400.000 millones de bonos franceses y unos 350.000 italianos. Tras estas operaciones, el balance del BCE ha llegado, a fecha de hoy, a superar los 4,5 billones de euros.

Gráfico 1: Balance del Banco Central Europeo hasta 2017

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Fuente: BCE (2018)

A partir de este mes de enero ya no se realizarán compras adicionales, aunque está previsto que al vencimiento de los títulos que ahora están en el balance de los bancos centrales nacionales sean sustituidos por otros, según ha anunciado Draghi. Tampoco se espera que suba el tipo de interés, al menos hasta el verano de 2019. Durante este tiempo, por lo tanto, no se retirará liquidez del sistema, con el objetivo de facilitar el tránsito.

 Gracias a esta política no convencional y en combinación con otras medidas, durante los casi cuatro años de expansión cuantitativa ha afluido el crédito al sector privado, lo que ha estimulado el crecimiento en la Eurozona. Si bien no se ha alcanzado el objetivo del 2% de inflación, al menos se ha conjurado el peligro de deflación. El año 2019 que comienza va a ser clave, pues el tapering es el anticipo de una subida no muy lejana de los tipos de interés y, por tanto, de la vuelta de la política monetaria convencional. Recordemos que en Estados Unidos la salida de la expansión cuantitativa se produjo hace algo más de un año y no ha supuesto una desaceleración de su economía. ¿Qué podemos esperar? Probablemente no sea perceptible a corto plazo, pues se va a salir también de manera suave, renovando la deuda que venza.

Con ello, Draghi está pilotando la vuelta del BCE a su operatoria normal y al uso de herramientas ortodoxas, iniciando su largo adiós, ya que su mandato finaliza en octubre de 2019. Draghi ha sido un presidente astuto y pragmático. Esta historia merecería un final feliz. Desgraciadamente, 2018 ha sido un año de acontecimientos inesperados en el plano político y, sólo podemos estar seguros de una cosa para 2019: la incertidumbre.

(Artículo publicado en Valencia Plaza el 16/12/2018)

Indicador de coyuntura: Diciembre 2018

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de noviembre con los datos publicados hasta octubre de producción industrial, ventas y renta, y hasta noviembre de afiliados. Como mensaje para terminar el año 2018, el indicador muestra que la recuperación de la actividad que se inició en 2013 se ha mantenido durante todo este período. Sin embargo, la velocidad de la recuperación ha experimentado progresivos síntomas de agotamiento en 2018. El indicador comenzó el año con valores cercanos a 4 y lo está terminando con valores cercanos a 2. Dicho esto, parece que en el mes de noviembre se nota una ligera mejoría y el indicador alcanza el valor de 2,2 frente al 2,1 de octubre.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE presentan signos diversos. La producción industrial y las ventas crecieron en noviembre 3,6% y 3,3% frente a los valores de -2,9% y 2,0% en octubre. Por su parte, la renta pasó de crecer 2,8% en octubre a crecer 2,6% en noviembre y los afiliados pasaron de crecer 2,8% en noviembre a crecer 2,6% en diciembre.

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Como es costumbre en la última entrada del año, me gusta hacer un pequeño balance de la evolución de la actividad económica a lo largo del año. La ralentización en el ritmo de recuperación económica que se observa durante 2018 en el Ind-ALDE está patente en otros indicadores compuestos de actividad económica como en el que elabora FEDEA y en el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio.

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Esta desaceleración coincide con la evolución reciente del PIB de la economía española. Durante los tres primeros trimestres del año 2018, el PIB creció en torno al 0,55%, por debajo del 0,73% con el que cerró el último trimestre de 2017.

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¿Qué podemos esperar en el cuarto trimestre de 2018? Tanto el Ind-ALDE como el indicador de FEDEA muestran una leve recuperación en el ritmo de actividad económica. Del mismo modo, de consolidarse las tendencias registradas en los indicadores disponibles a la fecha de cierre del último observatorio económico del Servicio de Estudios del BBVA publicado a comienzos de diciembre y siguiendo el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA, se estima que el avance trimestral del PIB podría situarse en torno al 0,7%, con lo que se moderaría parcialmente el sesgo a la baja sobre el crecimiento previsto para 2018.

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Esta leve mejora en la previsión del ritmo de crecimiento para la economía española está en consonancia con la que ha realizado recientemente AIReF.

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Imprevisibilidad

Nos esforzamos en ejercicios de prospectiva para estar en mejores condiciones de afrontar el tiempo por venir, y anticipamos calendarios alardeando de conocer, e incluso dominar, el curso de lo que vendrá. Y, sin embargo, una y otra vez, la realidad nos sorprende desbordando los cauces esperados y dejando en papel mojado mucho de lo anunciado. Son muy frecuentemente sucesos del todo imprevistos los que acaban creando situaciones hasta poco antes insospechadas. No hay que retrotraerse a fechas lejanas para comprobarlo. En el escenario europeo, ¿quién a comienzos de 2016 anticipó lo que el referéndum de junio en el Reino Unido traería consigo, o quien doce meses más tarde apostaba por Macron como vencedor de las elecciones presidenciales francesas? Todavía más cerca, ¿quién al iniciarse 2018, reciente aún la recompuesta gran coalición en Alemania, previó que el año terminaría cediendo Angela Merkel la presidencia de su partido (CDU)? Toda cautela es poca a la hora de avanzar acontecimientos. La imprevisibilidad viaja siempre con nosotros, bien lo constata cada uno en su propia vida.

 Haremos bien, consecuentemente, reservando un amplio margen a lo inesperado al dirigir la vista hacia el 2019 que aguarda a Europa. Gravitarán sobre este, desde luego, en el plano político, las elecciones al Parlamento, concebidas por los partidos eurófobos como un referéndum sobre la continuidad misma de la UE, y en el plano económico, la retirada de estímulos por parte del BCE, dejando atrás gradualmente la política monetaria ultraexpansiva (relajación cuantitativa y tipos de interés cero), con el adiós en noviembre de quien se ha erigido en el más firme baluarte del euro: Mario Draghi. Sabemos también que durante el próximo año la UE tendrá que pechar con las “democracias iliberales” del Este, una vez abiertos los procedimientos de infracción o sancionadores por el Parlamento de Estrasburgo (a Hungría) y la Comisión (a Polonia), y que tendrá que vérselas con la sostenida actitud desafiante del gobierno de coalición populista italiano, ya sea por el Presupuesto o por la política migratoria o por lo que se tercie.

 Pero lo imprevisible no dejará de comparecer en la agenda, y acaso con peso superior a cualquier otro registro. Lo que estos días estamos contemplando es revelador. De un lado, el caótico devenir del Brexit en el propio Reino Unido, incierto hoy, más de lo que nadie había supuesto, el desenlace final. De otro, la crisis —“revuelta”, “conflicto”, “revolución”, como quiera llamársele— de los “chalecos amarillos” en Francia, un movimiento ciudadano de protesta que no estaba ciertamente previsto y que ha dejado, tras cuatro señaladas jornadas desde el pasado 17 de noviembre, un desolador balance en costes humanos y materiales; movimiento de protesta que obedece a múltiples factores (de “malestar” social generalizado se habla para resumir), de organización informal y difícilmente canalizable por ello mismo, que tendrá repercusiones también impredecibles fuera de las fronteras francesas —¡estemos atentos!— y con una carga potencial de desestabilización social y política de primer orden en el curso de los próximos meses.

 Hay visitas que, además de no tocar el timbre (como en aquella obra de teatro) y no estar invitadas, acaban por dominar la reunión.

 

¿Puede la inmigración revertir el cambio demográfico?

Por Carmen Ródenas Calatayud, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante.

El origen de esta entrada en el Blog de ALDE es la sugerencia que meses atrás me hicieron los directores de las XXXIII Jornadas de Alicante de Economía Española, para presentar este tema en una de las sesiones del pasado mes de noviembre, así como el amable ofrecimiento de la profesora María Asunción Prats para difundir aquí las principales ideas.

No es una cuestión nueva. Demógrafos y economistas llevan haciéndose esta pregunta desde que el envejecimiento de las poblaciones en los países desarrollados -a finales del siglo pasado- comienza a ser una preocupación para sostener la estructura financiera de los sistemas públicos de pensiones. Y, siendo sincera, lo cierto es que un título como este no se merecería una entrada de blog sino, al menos, un libro entero.

Pensando que, en realidad, lo interesante no era si en España la inmigración podía revertir el cambio demográfico, sino si era posible confiar en la inmigración como el recurso demográfico que sostuviera en el futuro el esquema de pensiones, hice una serie de sencillos ejercicios de contabilidad demográfica a partir de las estimaciones de la población futura disponibles. En concreto, utilicé las últimas proyecciones de población 2018-2068 del INE, las del periodo 2016-2070 del EUROSTAT, las de Naciones Unidas para 2015-2100 y las recientes previsiones de población 2017-2050 de la AIReF.

Como cada una de estas estimaciones utiliza supuestos e hipótesis distintas acerca del comportamiento de los tres componentes demográficos (natalidad, mortalidad y migraciones), los resultados en términos de población total y de su estructura por sexo, edad y lugar de nacimiento, varían. En lo que interesa para esta entrada, en todas las estimaciones se eleva significativamente la ratio de dependencia cuasi-laboral, esto es, la relación entre la población en edad de jubilación –mayores de 65 años- y la población en edad de trabajar –adultos entre 16 y 65 años de edad-. Por ejemplo, desde 2018 y con el horizonte en el año 2050, las estimaciones del INE establecen que la población de 65 y más pasará de suponer el 18,1% del total al 30,9%. De este modo, la relación de dependencia se dobla hasta 55,7 desde una ratio de 27,5 potenciales jubilados por cada 100 personas potencialmente ocupadas, como se muestra en el gráfico:

Todo lo demás constante ¿qué habría que hacer al menos para mantener estable la actual ratio de dependencia? Pues atraer inmigrantes.

Sí. Pero, ¿cuántos?

Las grandes cifras son muy elevadas. Para que se mantuvieran en 2050 los parámetros actuales de dependencia cuasi-laboral, los inmigrantes deberían alcanzar un peso en torno a un 43-47% de la población y a un 63% de la población en edad laboral. En ninguna de las estimaciones de población manejadas la cantidad necesaria de inmigrantes para que en 2050 no se mueva la relación de dependencia actual, baja de 34 millones de personas (gráficamente, la cantidad quedaría reflejada por los colores más intensos –inmigración proyectada por el INE- y las flechas –inmigración adicional estimada- que ensanchan la pirámide de población entre 15-64 años, en 2050).

Sin embargo, estas considerables magnitudes no deben sorprender. Por lo general, hacer descansar en la inmigración la reversión de los ciclos demográficos implica una gran cantidad de entradas netas de personas procedentes del extranjero. Ya en la década de los ochenta Lesthaeghe et al. (1988) obtenían que solo para mantener el mismo volumen de población en la UE-12 en el año 2050 sería necesario aceptar unas entradas netas anuales de casi un millón de inmigrantes, de forma que se acabaría por tener un tercio de la población residente de origen extranjero o descendiente de extranjeros. Otro ejemplo, son las proyecciones que realizó Naciones Unidas en 2001 en las que para mantener constante la ratio de dependencia en 2050 se requería la entrada de un total de 89,6 millones de personas en Francia, 181,5 millones en Alemania o 113,4 millones en Italia, lo que suponía sostener en 2050 un mínimo del 48%, 60,7% y 58,6% de extranjeros en las respectivas poblaciones.

A estas alturas a nadie se le escapa que la respuesta a la pregunta inicial es, claramente, negativa. Desde luego, no podemos asegurarlo por la extrema variabilidad del fenómeno, como muestran los vaivenes de la historia migratoria reciente de nuestro país. Pero, además, para que la inmigración invirtiera las actuales tendencias demográficas habría que controlar su volumen, sus características y, también, la permanencia de los flujos. Lo que plantea, evidentemente, otro problema: el improbable apoyo social con el que contarían las medidas de corte estrictamente demográfico para reequilibrar la balanza poblacional. Y más todavía en contextos de desempleo elevado, como el actual.

Si la inmigración es objeto de análisis en el marco de la preocupación por el envejecimiento, el crecimiento de la ratio de dependencia y el sostenimiento del sistema público de pensiones, es oportuno señalar qué parte de la responsabilidad le corresponde en la identidad del gasto en pensiones (IMF, 2017):

Puede apreciarse que para mejorar la ratio del gasto en pensiones en relación al PIB no hace falta recurrir exclusivamente a la inmigración (que, en las condiciones adecuadas, reduciría coyunturalmente el peso del componente demográfico). A la vista de la identidad, debe recordarse que el equilibrio demográfico no es la única solución, ni siquiera la fundamental para la preservación del equilibrio del sistema de pensiones. La buena noticia, por tanto, es que no dependemos exclusivamente de los inmigrantes, ni de la natalidad, sino que bien podría decirse aquello de que “no es la demografía, es la regulación y la economía, estúpido”.

 

Referencias:

IMF (2017). Spain. Selected Issues. IMF Country Report No. 17/320.

Lesthaeghe, R., H.Page and J. Surkyn (1988). Are Immigrants substitutes for births? IPD Working Paper 1988-3.

UNPD (2001). Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations? United Nations Population Division. New York.

Las empresas más grandes del mundo (1980-2018) y de EE.UU. (1960-2018) por capitalización del mercado bursátil

En esta entrada del Blog presentamos las 10 empresas más grandes del mundo (1980-2018) y de EE.UU. (1960-2018) por capitalización del mercado bursátil.

En el primer gráfico se muestra el ranking a nivel mundial. Podemos destacar cuatro cuestiones:

1) En la década de 1990 el 90% de la lista eran compañías de Japón. En la actualidad no aparece ninguna.

2) En 2018 las compañías de China ya representan el 20% de la lista.

3) La petrolera norteamericana Exxon es la única compañía en el top 10 mundial en todas las décadas.

4) Caída importante de los bancos.

En el segundo gráfico se muestra el ranking de las empresas de EE.UU. Podemos destacar dos cuestiones:

1) En la década de 1970 Kodak se situaba en el puesto 4 del ranking mientras Sears ocupaba el puesto 6. De ahí se encaminaron a la bancarrota.

2) En 2018 las empresas tecnológicas dominan la lista y los 4 primeros puestos.

No hay Brexit bueno

(Artículo publicado en Valencia Plaza el pasado día 2 de diciembre.)

 Es una lástima que la historia del Reino Unido en la UE termine así, por una estupidez

 

Los pasados días 29 y 30 de noviembre tuvimos la ocasión de reunir a un grupo de unos 40 investigadores de distintos países en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia en un seminario sobre integración económica que realizamos anualmente. Profesores de las Universidades de Valencia y Jaume I de Castellón formamos hace más de 15 años este foro de debate en el que presentamos y discutimos los resultados que vamos obteniendo junto con otros expertos en economía y finanzas internacionales.

 

En esta ocasión hemos contado con una mesa redonda sobre el Brexit y, por tanto, sobre un proceso de desintegración. Los integrantes de la mesa redonda fueron el profesor Robert Hine(College of Europe y Universidad de Nottingham), la profesora Concepción Latorre(Universidad Complutense) y el investigador de CaixaBank Oriol Carreras. Francisco Requena la moderó. Sus visiones proporcionaron una imagen muy profunda de la situación actual y de lo que cabe esperar, desde un punto de vista económico pero también político, del Brexit.

 

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Lo primero que dejó claro Robert Hine fue que las incertidumbres aún no están resueltas. Aunque ya haya sido aprobado por el Consejo Europeo el acuerdo presentado por los negociadores, como sabemos, aún debe aprobarse por parte del Parlamento Británico para que pueda hablarse de que todo esté cerrado. Actualmente Theresa May no dispone de los votos necesarios, en parte por la situación de Irlanda del Norte, a la que el acuerdo dejaría en un régimen distinto del resto del Reino Unido. Lo que ha pactado May no acaba de contentar a nadie: ni a los conservadores, que reclaman libre comercio con todo el mundo (una situación en exceso extrema); ni con las asociaciones de comerciantes, que lo que quieren evitar es una salida sin acuerdo; ni a los norirlandeses; ni a los partidarios de quedarse. Además, ella prometió que no volverían al mercado interior, por lo que esto es también una importante restricción a lo que puede hacer. Un segundo referéndum tampoco parece viable, no sólo por cuestión temporal, sino porque supondría una crisis política, ya que probablemente el resultado sería el contrario al Brexit, pero también por un estrecho margen.

 

Según Robert Hine, teniendo en cuenta que los británicos tenían, con el Brexit varios objetivos irrenunciables (reducir o eliminar su contribución al presupuesto europeo, limitar la circulación de trabajadores, poder negociar independientemente sus acuerdos comerciales y no depender del Tribunal de Justicia de la UE), las dos opciones más sensatas serían o bien el régimen de Noruega o bien un área de libre cambio sin más.

 

Por otro lado (y esto es muy relevante a la hora de decidir la forma de la relación futura con la UE), el principal problema al que se enfrentarán el día después, como afirmaron tanto Oriol Carreras como Concepción Latorre, son las barreras no arancelarias. Dichas barreras son mucho más complejas de gestionar que los aranceles, hoy en día insignificantes. Una barrera no arancelaria es una restricción al comercio debido a la existencia de diferencias técnicas en las especificaciones de los productos. Su eliminación, casi completa en la actualidad, ha sido posible gracias a la creación del mercado interior en la UE. Para que los productos puedan venderse en toda el área y que el comercio funcione, durante largos años se han pactado normas comunes. Lo más importante es que estas normas han afectado tanto al comercio de bienes como al de servicios. Y es éste último donde más se concentra la ventaja de Gran Bretaña en el comercio y su principal mercado (el 50% del total) está en la UE. En el resto del mundo persisten las diferencias técnicas o sanitarias en los productos y, si el Reino Unido renuncia a la unión aduanera con los 27 y a la intermediación del Tribunal de Justicia cuando surgen discrepancias en temas como este, se verá perjudicado gravemente. Aunque intente pactar acuerdos con otros países o áreas, las diferencias en normas técnicas hará que sea difícil penetrar otros mercados de la forma en que comercia con la UE.

 

Por lo que se refiere a los efectos económicos del Brexit, Oriol Carreras distinguió entre el corto y largo plazo, señalando que, si bien a corto plazo los efectos no han sido tan graves como se esperaba, la mayor parte de los analistas predicen caídas del PIB británico de alrededor de un 5%. Desde el punto de vista político, es probable que se tenga que llegar a una segunda votación en el parlamento británico, por lo que la incertidumbre se prolongaría pero, según su análisis, se producirá el Brexit con un acuerdo final con la UE.

 

Además de los efectos sobre el PIB antes mencionados, Concepción Latorre realizó una revisión de los resultados obtenidos en los diferentes trabajos que se han hecho hasta la fecha sobre el Brexit, incluyendo algunos en los que ha participado ella misma. Coincide en la incidencia del Brexit sobre el comercio de servicios, clave para el Reino Unido, así como en la caída de la productividad, al perder el acceso a un mercado cercano y grande como el europeo, que permitía aprovechar economías de escala y bajar costes. También tendrá efectos negativos las restricciones a la inmigración (aproximadamente un 2.5% del PIB), y afectará en menor medida, a los ciudadanos del resto de la UE que trabajan en Gran Bretaña. Es poco probable que haya deportaciones, pero se limitará de forma importante la entrada futura de trabajadores. También se reducirá la inversión extranjera directa, con nuevas pérdidas en términos de crecimiento para los británicos. En resumen, la pérdida rondaría el 5% del PIB, algo menos si la salida es suave y si se mantiene un vínculo importante con la UE, especialmente si fuera en forma de unión aduanera.

 

Resumiéndolo en una frase, dos de ellos citaron al antiguo director general de la Organización Mundial de Comercio, el francés Pascal Lamy. Según Lamy, el Brexit es una idea estúpida o, como diría en otra intervención, llevarlo a cabo sería tan difícil como querer quitar un huevo de una tortilla. En efecto, es muy complicado salir de un acuerdo en el que un país se ha integrado progresivamente durante más de 40 años y que ha llevado a cambios importantes y beneficiosos en su forma de comerciar y producir. Es una lástima que la historia del Reino Unido en la UE termine así, por una estupidez.

 

 

La incertidumbre sobre el Brexit

(En esta entrada y en otra consecutiva recojo dos artículos que he publicado en Valencia Plaza el 18 de noviembre y el 2 de diciembre pasados, actualizados ligeramente. En el primero se habla de las negociaciones y del calendario, mientras que en el segundo se resume una mesa redonda que el grupo INTECO organizó sobre el tema).

Todos los europeos estaremos un poco peor si el Brexit finalmente se produce

 Cuando el 23 de junio de 2016 el referéndum británico dio como resultado el Brexit, aunque con una mayoría bastante escuálida, muchos reaccionamos con incredulidad. Sin embargo, con el tiempo, nos hemos acostumbrado a la idea de que la salida de Gran Bretaña se va a producir a corto plazo. Recordemos que el proceso se activó cuando el 29 de marzo de 2017 Theresa May invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, solicitando la salida de la Unión Europea. El plazo, a contar desde ese día, es de dos años, por lo que dentro de algo más de cuatro meses se produciría dicha salida. No obstante, si el Reino Unido y los otros 27 países (por unanimidad) se ponen de acuerdo, sería posible extender el citado período. Por el momento no parece que vaya a ser el caso.

 

A mediados de noviembre se anunció el acuerdo técnico entre los negociadores. Pero restan dudas sobre si dicho acuerdo va a ser aceptado por el parlamento, donde debe ser aprobado (en ambas cámaras). A fecha de hoy, tanto el gobierno británico como el partido Laborista mantienen que el Brexit se va a producir. Sin embargo, el partido Liberal Demócrata está en contra y también existe un importante movimiento ciudadano que se ha manifestado en diversas ocasiones a favor de permanecer en la UE, la última el pasado octubre. No obstante, aunque desde hace año y medio los partidarios de quedarse llevan una ligera ventaja en las encuestas, como muestra el gráfico 1, siguen sin suponer una mayoría clara en ninguno de los sentidos. Por tanto, incluso si llegara a realizarse un nuevo referéndum, la permanencia no estaría asegurada. Eso sí, un 75% de los británicos pensaba que su gobierno no estaba negociando bien y alrededor de un 60% cree que se va a llegar a un mal acuerdo.

 

La Comisión Europea negocia siguiendo las indicaciones que en su día le diera el Consejo en nombre de los 27, encabezada por Michel Barnier. Según lo que se ha pactado provisionalmente en el borrador de esta pasada semana, Gran Bretaña habría aceptado formar un Área de Libre Cambio (ALC o FTA en inglés) con la UE, al tiempo que se eliminaría la frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Ello permite la libre circulación de mercancías y servicios entre las dos áreas, al tiempo que el Reino Unido podrá negociar acuerdos comerciales con otros países. Se ha pactado la compensación que debe pagar el Reino Unido a la UE y el régimen de los ciudadanos europeos que viven en Gran Bretaña. Se mantiene la aplicación de las reglas comunitarias en el ámbito social, medioambiental, ayudas públicas, competencia y fiscalidad.También han acordado un período transitorio de 21 meses. Eso quiere decir que lo pactado no se aplicaría definitivamente hasta 2021 y que se da un margen para que las empresas y, todos en general, se preparen para la implementación del acuerdo. Durante ese período transitorio el Reino Unido podrá ir firmando acuerdos con terceros países, que sólo entrarían en vigor en enero de 2021. Sin embargo, sólo se produciría dicho período transitorio si se llega a un acuerdo sobre el Brexit.

 

Uno de los principales obstáculos durante las negociaciones ha sido la propia división en el gabinete de Theresa May sobre el Brexit, lo que ha situado al país en desventaja y ha provocado un cierto ridículo frente a la postura unida de los 27. En julio pasado Theresa May y su gabinete se reunieron en Chequers, la residencia oficial (en el campo) del primer ministro, con el objetivo de definir una postura común. Dicha postura fue conocida como el Plan Chequers e incluía las propuestas que se discutirían en septiembre con la UE. Ese acuerdo le salió caro a May, pues provocó la dimisión de dos de sus ministros: Boris Johnson (exteriores) y David Davis (Brexit). Además, cuando el plan fue presentado a los negociadores del continente, estos lo rechazaron de plano, al considerar dichas condiciones inaceptables.

 

Con el borrador de acuerdo recién logrado entre la UE y Gran Bretaña se abre una nueva fase en el proceso. ¿Cuál es el calendario de ahora en adelante? Como puede verse en el esquema, el primer obstáculo, la aprobación dentro de su gabinete, se resolvió el 14 de noviembre (aunque nuevamente con dimisiones de ministros y secretarios de estado, entre ellos los del Brexit). Al día siguiente, Michel Barnier entregó el borrador del acuerdo (de 585 páginas) a Donald Tusk, que convocó un Consejo Europeo extraordinario el 25 de noviembre, donde ya ha sido aprobado. El próximo martes 11 de diciembre se votará en el Parlamento Británico. Si el voto es positivo, el borrador se convertirá en un Tratado por el que el Reino Unido abandona la UE. Dicho tratado deberá aprobarse, además de en el propio Parlamento Británico, en el Parlamento Europeo (donde se requiere mayoría simple) y el Consejo de la UE, donde al menos 20 países que supongan más del 65% de la población de la UE deberán dar el voto positivo. En ese caso, el 29 de marzo los británicos saldrían de la UE y comenzaría el período transitorio hasta diciembre de 2020. Sin embargo, si el Parlamento Británico no aprueba el borrador el gobierno tendría 21 días para proponer un nuevo plan. También sería necesario proponerlo si vota en contra del Tratado de salida. Habría cuatro opciones potenciales: 1) salir sin acuerdo; 2) volver a negociar; 3) elecciones generales; o 4) referéndum. También es posible que, durante el proceso, se active una moción de censura contra Theresa May, lo que abriría un proceso electoral y, probablemente, una petición de aplazamiento.

 

Aún no sabemos cuál va a ser el resultado, aunque la incertidumbre sobre el mismo ya es en sí un coste añadido. Lo que sí que podemos deducir de todos estos acontecimientos es que todos los europeos estaremos un poco peor (especialmente los británicos) si el Brexit finalmente se produce.

 

 

Gráfico 1: Encuesta de septiembre de 2018 sobre el Brexit (BBC)

 

Cuadro 1: Calendario hacia el Brexitimage.png

 

Cuadro 1: Calendario hacia el Brexit

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Brexit: Antecedentes, consecuencias y paradojas (i)

“Es un día absolutamente hermoso. El lago es muy azul, las colinas parecen una postal, y las únicas manchas en el paisaje son las preferencias británicas sobre las que paso la mayor parte de la noche soñando…un gran número del gabinete británico no derramarían lágrimas si la negociación se rompiera por completo”

Seguramente al leer estas palabras, pensemos que las ha expresado algún burócrata de Bruselas durante las negociaciones del Brexit. En cambio se atribuyen al negociador estadounidense en las negociaciones del GATT el el 30 septiembre de 1947.

A principios de año publiqué este artículo sobre los antecedentes del  Brexit y las posibles consecuencias para España. En una serie de entradas voy a resumir los argumentos que se exponían y actualizarlos al paso de de actualidad. Empecemos por los antecedentes.

Podríamos acotar el primer antecedentes del Brexit en uno de los hitos en que conformarían la economía de finales del siglo XX y principios del XX: La firma del GATT (hoy OMC)  como recordábamos en este post. El GATT impuso la política de la “nación más favorecida” (NMF). A partir de entonces cualquier privilegio concedido a un país tendría que ser concedido inmediata e incondicionalmente a todas las partes contratantes del GATT. El principio de la NMF  ha resultado fundamental en el impulso del comercio internacional.

En su último libro, Straight talk on trade, el economista Dani Rodrik, defiende que concepto de la NMF es uno de los pocas políticas económicas que han cambiado (para mejor) la estructura económica de los países (junto con el impuesto a la renta, las pensiones, el seguro de depósitos bancarios, los requisitos laborales para los beneficiarios de la asistencia social, las transferencias condicionales, la independencia del banco central y comercio de cuotas de contaminación).

Sin embargo, las crónicas del proceso negociador del GATT (ver este post) revelan como el concepto de NMF, que acabó favoreciendo a todos lo miembros e impulsando en comercio más “justo”, creó una brecha entre los dos principales negociadores británicos y estadounidenses. Precisamente por la posición del Reino Unido en contra del principio de la “nación más favorecida” (NMF), que defendían los estadounidenses, que acabarían imponiéndose.

Si las negociaciones sobre la salida del Reino Unido nos parecen arduas, las del GATT no fueron menos. Según la nota de prensa de las Naciones Unidas 1947 las negociaciones para llegar al acuerdo fue intensa y rápida (sobre todo si la comparamos con los plazos actuales para la firma de acuerdos de integración o desintegación como el Brexit): “La conclusión de tantas negociaciones simultáneas y de tan amplio alcance en poco más de seis meses es en sí toda una proeza”.

Los negociadores de Estados Unidos, y del Reino Unido, mantenían un profundo desacuerdo sobre el nivel de ambición que debían alcanzar las negociaciones del GATT. De hecho, según las crónicas sobre como se fraguó el acuerdo (disponibles aquí) señalan que los americanos amenazaron con abandonar las negociaciones.

¿Qué pasó, entonces? ¿Cómo lograron superar esas profundas diferencias? Tres hechos: primero unas pequeñas concesiones a los británicos que se superaron años más tarde. Segundo, el Plan Marshall por el que los EEUU se comprometían a ayudar en la reconstrucción de Europa. Y por último: el temor a que URSS se beneficiara de la división entre socios.

Los argumentos del RU en su oposición al NFM hace 70 años resuenan hoy en las posturas del los defensores del Brexit: la pérdida discrecional para imponer un arancel como protección a la industria doméstica. Pero en cambio, las soluciones también: concesiones, programas de gasto y pragmatismo.

Si el primer antecedente del Brexit es su tradicional oposición a la integración económica, el segundo lo podríamos cercar en su desconfianza particular en torno a la Unión Europea, con un un punto de inflexión el 16 septiembre de 1992. En ese  “miércoles negro” el Reino Unido abandonó el recientemente creado Sistema Monetario Europeo. Tras la reunificación alemana, Bundesbank aumentando los tipos de interés cerca del 10%, muy por encima de los tipos de interés oficiales del Banco de Inglaterra por lo que la libra acabó depreciándose un 10% con respecto al marco. La factura estimada se cifra entre 4.000 y 6.000 millones de euros para las cuentas de los bancos centrales, frustrando cualquier intento de una mayor integración financiera del Reino Unido con Europa.

Estos episodios históricos contribuyen a entender las causas económicas del escepticismo británico respecto a la Unión Europea. Pero como no todo es historia económica, desde la ciencia política se apuntan otros factores decisivos: un análisis coste-beneficio, el nacionalismo y la información suministrada a los electores (ver este enlace).   Por ejemplo, hay encuestas (por ejemplo esta) que señalan una mayor proporción de apoyo al Brexit entre los votantes que han experimentado una competencia directa de empresas o productos chinos.  Es decir, el que el Brexit se enmarcaría la ola de reacciones paradójicas a la globalización, de la que hablaremos en la siguiente entrada.

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