¿Está siendo efectiva la aplicación de tipos de interés negativos por parte del BCE?

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo del 5 de junio de 2014 aprobó, por primera vez en la Eurozona, la introducción de un tipo de interés oficial negativo del -0,10%. Este tipo de interés sería de aplicación a todo aquel dinero que las entidades de crédito depositaran en el Banco Central Europeo (BCE), a plazo de un día, mediante el instrumento denominado facilidad de depósito. Este tipo negativo también sería de aplicación a todos los excesos  de reservas mantenidos sobre la exigencia de reservas (o reservas obligatorias) en la cuenta de depósitos en el BCE por las entidades de crédito.

Esta medida tenía un doble objetivo, por un lado, desincentivar y penalizar a las entidades de crédito que hicieran uso de estos instrumentos pues, de una manera clara, suponía la “vuelta a casa de la liquidez” que el BCE estaba otorgando mediante sus diferentes programas no convencionales; y, por otro, tratar de alentar la oferta de crédito al sector privado por parte de las entidades de crédito. Sin embargo, esta penalización no ha sido suficiente y, desde entonces, el BCE ha ido reduciendo este tipo de interés de modo sucesivo: -0,20% en septiembre de 2014; -0,30% en diciembre de 2014; y, finalmente, -0,40% en marzo de 2016 y hasta la actualidad.

El objetivo de este post es el de analizar si ese tipo negativo ha servido para desalentar a las entidades de crédito en sus depósitos de liquidez en el BCE, proveniente de la política de expansión de balance.

En el gráfico siguiente podemos observar, para el periodo entre 1999 (enero) y 2016 (octubre), el conjunto de operaciones de inyección de liquidez (operaciones de activo) llevadas a cabo por el BCE mediante los diversos instrumentos de política monetaria: operaciones principales de financiación (OPF), operaciones de financiación a plazo más largo (OFPML), la facilidad marginal de crédito (FMC) y los diversos programas de compras de activos. Además también se recogen del pasivo del BCE: las facilidades de depósito (FD) y los excesos de reservas (ER).

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Como se observa, las operaciones de inyección de liquidez comienzan a crecer de manera importante tras la irrupción de la crisis financiera en 2008 y alcanzan su primer máximo en mayo de 2012, tras la realización de las dos famosas operaciones de inyección masiva de liquidez, instrumentadas con OFPML a tres años. La implementación de este instrumento trajo consigo que, por primera vez, las facilidades de depósito y los excesos de reservas alcanzaran en esa fecha una cifra desorbitada (776.712 millones de euros, prácticamente la mitad de lo inyectado). La introducción posterior de un tipo de interés del 0% a estos dos instrumentos desalentó su uso como “caja de seguridad” del dinero que recibían las entidades de crédito de los instrumentos monetarios. Sin embargo, estos pasivos en el BCE nunca llegaron a desaparecer del todo manteniéndose en el entorno de los 120.000 millones y provocando, posteriormente, la introducción de tipos negativos para tratar de lograr su desaparición.

A diferencia de lo ocurrido en 2012, la sucesiva reducción de los tipos de interés, iniciada en 2014, no solo no ha conseguido detener este flujo de liquidez cautiva sino que ésta, como se puede observar en el gráfico siguiente, ha ido aumentando de manera continua y creciente hasta superar la cifra del billón de euros; cifra particularmente importante cuando la cantidad inyectada al sistema por el BCE es, actualmente, de 1.886.926 millones de euros.

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En resumen:

  1. La política de tipos negativos está siendo inefectiva para reducir/eliminar la liquidez cautiva en el BCE.
  2. Esta situación es preocupante en un contexto de implementación de una importante política monetaria de expansión de balance basada, fundamentalmente, en compras de activos públicos, en la medida en que minimiza, en términos netos, la inyección de liquidez. Actualmente esa liquidez en el BCE representa el 56,07% de lo inyectado.
  3. Si el dinero vuelve al BCE es porque la abundancia de liquidez generada por la expansión monetaria no encuentra contrapartida en operaciones de crédito con el sector privado y este es el verdadero quid de la cuestión, por cuanto pone de manifiesto que el proceso de saneamiento de las entidades de crédito de la Eurozona todavía no ha finalizado.

 

Agricultura y emisión de gases invernadero, por José Colino Sueiras

El sector agrario tiene indiscutibles externalidades positivas, pero no es oro todo lo que reluce. El proceso de intensificación de las labores agrarias ha dado lugar a nocivos efectos sobre el entorno natural. Para aproximarnos a esta cuestión, nos centraremos en la migración de gases invernadero. Recuérdese que la estrategia Europa 2020 plantea como uno de sus objetivos básicos que, respecto al nivel de 1990, la emisión se reduzca un 20% en el conjunto de la UE.

Utilizaremos como referencia los datos del último bienio con información disponible en Eurostat, 2013-2014, para suavizar las notables oscilaciones interanuales del VAB agrario. Pues bien, en UE-28, la aportación del sector agrario al VAB total se limitó a un 1,4%, elevándose a un 10,4% su participación en la emisión de gases. Las cifras españolas respectivas son 2,3% y 8,2%. Por tanto: a) La agricultura es una actividad altamente intensiva en gases invernadero; b) En España lo es sensiblemente menos que en el conjunto de UE-28.

Profundicemos en esta cuestión a través de un primer indicador: Emisión de gases por unidad de output. En el citado bienio, por cada mil euros de VAB agrario se emitieron 2,55 Tm de gases. Promedio europeo que, como siempre, alcanza un alto grado de dispersión, desde el mínimo italiano de 0,97 Tm al máximo letón de 11,17 Tm. España es el tercer país con inferior grado de emanación: 1,67 Tm. Sigamos con el segundo indicador: Emisión de gases por unidad de superficie. La cifra europea es de 2,48 Tm por Ha de superficie agraria utilizada. La cifra más baja es la de Rumanía (1,23) y la más elevada es la de Holanda (10,32). La cifra española es, nuevamente, de las más bajas: 1,48 Tm/Ha.

Obvio es que las diferencias entre los dos indicadores anteriores están asociadas a la productividad de la tierra -VAB generado por unidad de superficie-, con un promedio europeo de 1.742 euros por Ha. El muy diverso grado de intensificación da lugar a un amplio rango, con un límite inferior en Letonia, por debajo de la décima parte de tal media, siendo Holanda la que determina el superior, que más que triplica la anterior cifra europea. No es de extrañar, pues, que en términos de output la emisión de gases de la agricultura holandesa sea relativamente baja (70% de la media de UE-28) y se dispare cuando se refiere a la superficie agraria, ocurriendo justamente lo contrario en el caso de Letonia. En España, la productividad de la tierra equivale a la mitad del conjunto de la UE.

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El gráfico superior combina los dos primeros indicadores, concediéndoles salomónicamente la misma ponderación en el dato resultante. Destaca el hecho de que el sector agrario español es el que ofrece un mejor resultado: Base 100 la media de los dos indicadores en UE-28, el dato correspondiente a España es 62,4. Italia, Rumanía, Hungría, Croacia y Grecia presentan, asimismo, valores relativamente bajos. En el otro extremo se emplaza Irlanda, con una media relativa que cuadriplica al registro español. Por su parte, Letonia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Malta exhiben cifras que se sitúan en el intervalo 220-250 respecto a UE-28 = 100. Los diecinueve estados miembros con un resultado superior a la media europea forman un grupo con fuerte presencia de los que tienen una elevada renta por habitante, pudiendo concluirse que, en general, poseen sectores agrarios más agresivos desde un punto de vista ambiental lo que, entre otros factores, se debe al mayor peso que, dentro de su estructura productiva, tienen los censos herbívoros, particularmente el bovino.

¿Tiene sentido que, con recursos públicos, se subvencionen actividades agrarias que causan un grave perjuicio al medio ambiente? Si uno de los objetivos de la UE es la lucha contra el cambio climático, su sector agrario debe reducir la emisión de gases invernadero. Por tanto, en el Marco Financiero 2014-2020, hubiese sido sensato plantear que, de forma gradual, las ayudas a la renta instrumentadas por una “reverdecida” PAC se fuesen modulando, de tal forma que los sectores nacionales con un grado de contaminación sensiblemente superior a la media europea fuesen penalizados de forma tan paulatina como creciente.

Lo ilustraremos, por razones de espacio, con Holanda. A lo largo de 2014-2020, su agricultura percibirá una media anual de 402 euros por Ha, un 60% por encima de la media europea de 250 euros. Por otro lado, la migración de gases por unidad de superficie cuadriplica, como se ha visto, a la cifra de UE-28, como consecuencia de un índice de densidad ganadera que alcanza un destacado máximo nacional –3,57 unidades de grandes bovinos (UBM) por Ha– que casi quintuplica al promedio europeo de 0,75. ¿Tiene sentido que, por unidad de superficie, el mayor grado de contaminación se premie con una sobre-subvención financiada por la Hacienda Europea? Si la respuesta se hace en función de los objetivos proclamados en Europa 2020, sólo cabe decir que resulta totalmente inconsistente.

José Colino Sueiras (Universidad de Murcia)

 

Debate académico en el NBER sobre el “Brexit” del Reino Unido

La Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau of Economic Research, NBER) es una organización sin fines de lucro estadounidense de investigación cuyo objetivo principal es difundir entre los gestores de la política económica, los profesionales de las empresas y la comunidad académica las investigaciones económicas independientes que promueve.

El NBER es la mayor organización de investigación económica en los EE.UU. y la de mayor prestigio. Muchos de los ganadores de los Premio Nobel de Economía y los miembros del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de EE.UU. han sido en el pasado y son en la actualidad investigadores asociados de la organización. El presidente actual del NBER es James M. Poterba catedrático de Economía del MIT (Massachusetts Institute of Technology), Bostón, EE.UU.

El pasado 16 de julio de 2016, el NBER organizó un workshop sobre las “Consecuencias económicas del Brexit” (la salida del Reino Unido de la Unión Europea). Modera el workshop, Jeffrey Frankel, catedrático de Economía de Harvard University, Bostón, EE.UU. Participan en el workshop: Richard Baldwin, catedrático de Economía del Graduate Institute de Ginebra, Suiza; Anil Kashyap, catedrático de Economía de University of Chicago, Chicago, EE.UU.;  Hélène Rey, catedrática de Economía de London Business School, Londres, Reino Unido; y Thomas Sampson, profesor ayudante de Economía de London School of Economics, Londres, Reino Unido.

Espero que sea de utilidad para las clases de mis colegas de Economía Europea y de Economía Internacional. Disfruten del vídeo del workshop y practiquen el inglés:

Próximos exámenes

La travesía ha durado prácticamente todo un año, el transcurrido desde la convocatoria de elecciones generales el 20D hasta el nombramiento de Rajoy como presidente. El trayecto ha sido largo, no ha estado exento de riesgos y ha incurrido en costes, pero deja un puñado de motivos alentadores.

Primero: la interinidad gubernamental no ha sido sinónimo de vacío institucional. Conviene resaltarlo. El no siempre fácil juego de iniciativas e intentos por unos y otros para asegurarse la investidura, ha discurrido siempre por los cauces constitucionalmente delimitados. En la Jefatura del Estado la prudencia se ha combinado con la profesionalidad. Y las ruedas de la Administración no se han detenido. El cuadro institucional básico de la democracia española ofrece solidez.

Segundo motivo: el buen comportamiento de la economía, tanto en términos macroeconómicos como desde la perspectiva empresarial. Contrariamente a tantos pesimistas vaticinios, el ejercicio de 2016 va a cerrarse con un notable muy alto en ritmo de crecimiento del PIB, en creación de empleo y en actividad exportadora. Una economía —unas empresas– con musculatura.

Y tercero: la consistencia del tejido social, capaz de seguir asimilando el severo impacto que un muy elevado desempleo —en particular, el de larga duración: casi dos millones suman quienes buscan empleo desde hace más de dos años, y cerca de un millón y medio de familias tiene a todos sus miembros en paro— y la precarización laboral tienen sobre la distribución de la renta y la movilidad social. Una dura realidad ante la que la sociedad española no ha bajado los brazos, aportando todos los días muestras de dinamismo y expresiones de solidaridad —dentro y fuera del ámbito familiar— más que elogiables.

Si lo consideráramos una prueba, el año con Gobierno en funciones habría obtenido buena nota. Ahora, en todo caso, hay que pasar otros exámenes, todos los cuales requerirán, para superarse, del nutriente esencial de las mejores democracias: capacidad de negociación y de acuerdo. La negociación como pilar fundamental de la democracia, ahuyentando los excesos del principio de la mayoría (“ese abuso de la estadística”, que dijera Borges). El acuerdo como bien democrático, el compromiso que no es claudicación, que no es traición. Capacidad y disposición para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Los problemas de fondo que están en la sala de espera así lo demandan, desde luego. El independentismo catalán —“el reto más grave que tiene España”: lo ha certificado el propio Rajoy—, el sistema de pensiones —urgido de replantear una insuficiente financiación mediante cotizaciones sociales, dado el aumento tendencial de las prestaciones y el envejecimiento de la población—, la educación, el mercado de trabajo, la financiación autonómica y la limpieza de la vida pública son los principales: una buena carga de deberes insoslayables para la legislatura.

Qué tendrá su primera piedra de toque —una auténtica reválida— en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Una obra delicada que exigirá precisamente de esa voluntad —e inteligencia— que conduce a pactar, la única vía que las sociedades plurales y complejas, como es la española hoy, tienen para afrontar los grandes desafíos que el tiempo trae.

100.000 millones de euros de fondos públicos en juego

La información suministrada recientemente por el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) junto con la incluida en la memoria anual del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGDEC) posibilita calcular el volumen total y la composición de los recursos movilizados para hacer frente a la reciente crisis bancaria española. Según tales fuentes, en el periodo 2008-2016 se han empleado o comprometido fondos por un importe de 293.398 millones de euros (cuadro 1). El grupo BFA-Bankia, no hace falta casi decirlo a estas alturas, ha sido la entidad que ha recibido un mayor volumen de apoyos en términos absolutos (¡¡¡ 60.000 millones de euros ¡¡¡) mientras que Catalunyabanc (26.000 millones) y Banco de Valencia (19.600 millones) lo han sido en términos relativos. No es preciso tampoco recordar que la mayor parte de los recursos han sido aportados por el Sector Público (259.354 millones de euros) y que en el cómputo anterior no están incluidos los quebrantos que han experimentado accionistas y tenedores de instrumentos híbridos.

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La tipología de los apoyos es ciertamente dispar; 19.342 millones de euros se gastaron en adquirir activos financieros de elevada calidad a una cincuentena de entidades, que pudieron así paliar los problemas de liquidez que acarreó el cierre de los mercados mayoristas. El mismo objetivo –paliar la falta de liquidez- fue la razón de ser de las líneas de crédito extraordinarias por un importe de 16.300 millones de euros que otorgaron el Banco de España y el FROB a principios de la crisis a algunas entidades (Caja Castilla La Mancha, Cajasur, Banco Gallego, CAM y Banco de Valencia); 161.676 millones de euros son avales concedidos por el Estado a entidades de crédito y más recientemente a la Sociedad para la Adquisición de Activos procedentes de la Reestructuración de Activos (SAREB) para facilitar la colocación de sus emisiones de deuda; 63.687 millones de euros son el capital que se ha inyectado en las entidades en crisis y en la SAREB; 28.667 millones de euros son los comprometidos en esquemas de protección de pérdidas otorgados a las entidades en crisis (o a sus compradores) y 3.726 millones otras ayudas tales como la cobertura de los costes que pueda acabar generando la mala comercialización de instrumentos híbridos. Como señala con acierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estos tres últimos tipos de apoyos son más distorsionadores que el resto por su más difícil reversibilidad, razón por la cual están sujetos a previa autorización por las autoridades.

En el momento de redactar estas líneas (finales de octubre de 2016) no existe ya el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAFF), liquidado con beneficios a mediados de 2012. Todas las líneas de crédito extraordinarias han sido asimismo canceladas tras la recapitalización/venta de las entidades beneficiarias. Se han recuperado también la práctica totalidad (109.836 millones de euros) de los avales concedidos a bancos y cajas y se ha reducido en 7.305 millones el saldo vivo de avales en poder de la SAREB. En el frente de las inyecciones de capital, y como bien recuerda el Banco de España, se ha recuperado 3.990 millones de euros gracias a los retornos generados por Banca Cívica (977 millones), Catalunya Banc (782 millones), NCG (783 millones), Liberbank (124 millones), Ibercaja (20 millones) y Bankia (1.304 millones).   Se han recuperado también 673 de los 1.803 millones de euros que el FGDEC invirtió en la adquisición a tenedores de instrumentos híbridos de las acciones que recibieron a cambio de tales instrumentos. Si añadimos a las partidas anteriores los intereses cobrados por la subscripción de preferentes y otros instrumentos (1.351 millones de euros según el FROB) se habría recuperado ya algo más de la mitad (158.797 millones de euros) de los recursos comprometidos.

Desconocemos cuánto más se va a recuperar, pero podemos dar por hecha (entre otras razones porque vence en marzo del 2017) la no ejecución y, por tanto, la cancelación del aval por valor de 1.059 millones de euros concedido en 2012 al Banco CAM, y el repago (991 millones de euros) de los bonos obligatoriamente convertibles del Banco CEISS y el Grupo Caja 3. A partir de aquí entramos en “terreno desconocido”; Esto es, no sabemos si la SAREB será capaz de devolver los avales pendientes y el capital, ni cuál será el coste final de los esquemas de protección de activos (el último cálculo estima que las perdidas serán de 10.390 millones de euros, menos de la mitad que el máximo aprobado) ni por supuesto cuanto aportarán las desinversiones en Bankia (su valor de mercado en estos momentos es de 7.800 millones de euros, de los que el 65% corresponde al FROB) y BMN. Lo que sí sabemos es que están en juego nada y nada menos que 134.000 millones de euros, de los cuales cien mil millones serían de naturaleza pública.

 

Indicador de coyuntura: Octubre 2016

El Ind-ALdE se ha actualizado para el mes de septiembre con los datos publicados hasta agosto de producción industrial, ventas, y renta, y hasta septiembre de afiliados. El indicador sigue estancado en torno a los valores que ha tomado durante los años 2015 y 2016. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en septiembre es de 2,7, levemente superior al valor de agosto 2,3.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALdE muestran signos ambiguos. Los indicadores que presentan mejores datos son la producción industrial y las ventas, que crecen 6,8% y 2,2% en agosto frente a los datos de -5,4% y 1,4% en julio; y los afiliados, que crecen 3,1% en septiembre frente al crecimiento de 2,7% de agosto. Sin embargo, la renta pasa de crecer un 6,3% en julio a un 4,4% en agosto.

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 La evolución reciente del Ind-ALdE coincide con la que han marcado otros indicadores de actividad económica como el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio.

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Las familias con menos ingresos pasan más tiempo en Internet

En economía decimos que un bien es inferior cuando al aumentar nuestros ingresos demandamos una menor cantidad de ese bien. Por ejemplo, realizar viajes largos en autobús es un bien inferior. Al aumentar nuestros ingresos, seguramente elegiremos modos de viajar más rápidos, como el avión, y viajaremos menos en autobús.

Un estudio reciente concluye que Internet también es un bien inferior. Los autores del estudio, Andre Boik, Shane Greenstein y Jeffrey Prince, han analizado los datos de consumo de Internet de 40.000 familias estadounidenses, en el año 2008 y en el año 2013. Los autores muestran que entre las familias que tienen Internet, las que cuentan con menos ingresos (menos de 15,000 dólares al año) pasan alrededor de dos horas más a la semana en Internet que las familias con más ingresos (más de 100,000 dólares al año).

¿Por qué las familias con menos ingresos pasan más tiempo en Internet? La respuesta, según este estudio, se encuentra en un concepto clave en economía: el coste de oportunidad. Las familias con más ingresos tienen más opciones para su tiempo libre que las familias con menos ingresos. Navegar por Internet supone, para las familias con más ingresos, sacrificar alternativas que resultan más atractivas y, por ello, destinan menos tiempo a navegar por la red.

El trabajo de Boik, Greenstein y Prince presenta, además, conclusiones muy interesantes sobre nuestro comportamiento en Internet. Los autores observan que nuestras visitas se suelen concentrar en pocas páginas; además, en la mayoría de los casos estas visitas suelen durar más de 10 minutos. Este comportamiento no se ha alterado entre los años 2008 y 2013. Lo que sí ha variado es qué tipo de contenidos consumimos en Internet. En el año 2008 la categoría más consumida era el chat. Para el año 2013 el peso de esta categoría era ya marginal. En cambio, se observa un aumento muy importante en el tiempo que se dedica a las redes sociales y al consumo de videos. El consumo de noticias también se reduce entre 2008 y 2013. Esto se explica porque las redes sociales, como Twitter, ofrecen una vía alternativa para acceder a estos contenidos. El estudio muestra también que las familias con más ingresos dedican más tiempo a categorías como servicios educativos, noticias, juegos on-line y vídeos. En cambio, el consumo de categorías como el chat, las redes sociales o la pornografía no parece tener relación con los ingresos de las familias.

Internet es el icono de las nuevas tecnologías y el ingrediente básico de las sociedades híper-conectadas. En las últimas dos décadas hemos pasado de no tener Internet a pasar mucho tiempo enganchados a la red. Sin embargo, Internet no es diferente al resto de los bienes; si tenemos alternativas más atractivas apagaremos el ordenador. En todo caso, espero lo hagan una vez que hayan leído este post.

Evolución histórica del tipo de cambio nominal de la libra esterlina/dólar, 1910-2016

La decisión por parte del Reino Unido de salir de la Unión Europea el 23 de junio pasado provocó un verdadero cataclismo en los mercados financieros internacionales. Las Bolsas se desplomaron y la libra esterlina se depreció considerablemente con el dólar y el euro. Pronto empezaron las opiniones que apuntaban que la depreciación nominal de la libra tendría efectos negativos sobre las exportaciones de bienes de EE.UU. y del resto de la Unión Europea hacia el Reino Unido, y en mayor medida, sobre los flujos de turistas británicos. Pero estos malos presagios no tienen en cuenta la evolución histórica del tipo de cambio nominal de la libra y los factores que determinan la depreciación nominal a largo plazo. A pesar de ello, el flujo de los turistas británicos hacia España ha continuado históricamente aumentando.

En el primer gráfico se muestra la evolución del tipo de cambio nominal de la libra con el dólar desde comienzos de 2016 hasta la actualidad. La línea roja vertical señala el día del “Brexit”.

El tipo de cambio de la la libra con el dólar fluctuaba desde comienzos de año y hasta el día de la votación alrededor de 1,45 dólares por libra. Después de la votación, la libra se depreció fuertemente (en relación con el dólar) y el tipo de cambio nominal ha fluctuado alrededor de 1,32 dólares por libra desde entonces. Esta depreciación puede reflejar las expectativas negativas a corto plazo sobre los flujos del comercio internacional (bienes y servicios, incluido el turismo) Reino Unido.

No obstante, el tipo de cambio nominal de la libra con el dólar (y con otras monedas) ha registrado una tendencia a la depreciación en el largo plazo. Hagamos dos zoom que nos van a ilustrar esta tendencia.

En el segundo gráfico se muestra la evolución del tipo de cambio nominal de la libra con el dólar desde comienzos de 1971 hasta la actualidad.

La libra cotizaba a 2,40 dólares después de la ruptura del Sistema Monetario Internacional de Bretton Woods en el periodo 1971-1973, y desde entonces ha continuado una tendencia a la depreciación nominal. El mínimo desde entonces se sitúo en 1,079 dólares por libra en febrero de 1985, lejos aún de la actual cotización de 1,30 dólares por libra.

Hagamos un zoom aún mayor en el tercer gráfico, ampliado el periodo desde 1910 hasta la actualidad.

Ahora queda más clara la evidencia de que la libra esterlina se ha ido depreciando a largo plazo con el dólar: ¡En 1910 cotizaba a 5,0 dólares por libra!.

La depreciación del tipo de cambio nominal de la libra con el dólar a largo plazo no depende de las expectativas negativas que se puedan generar en los mercados financieros por acontecimientos como el “Brexit”. El comportamiento del tipo de cambio nominal a largo plazo de cualquier moneda depende de la influencia conjunta de dos factores: (1) de los cambios en los niveles de precios relativos a largo plazo derivados a partir de los factores monetarios internos, es decir, los cambios de la oferta y la demanda de dinero relativa entre los dos países; (2) de los cambios en el tipo de cambio real bilateral que mide la competitividad exterior de la economía nacional.

Cobertura Sanitaria Universal: ¿ha llegado su tiempo?, por Bienvenido Ortega

Nuestro compañero Bienvenido Ortega (Universidad de Málaga) nos envía esta entrada a propósito de un documento firmado por un amplio número de economistas de diferentes países acerca de la cobertura sanitaria universal.

En Septiembre de 2015 Lawrence H. Summers publicó en la revista The Lancet la “Declaración de los Economistas sobre la Cobertura Sanitaria Universal” (Summers, 2015). En este documento, firmado originalmente por 267 economistas en 44 países, se hizo un llamamiento a los responsables políticos y líderes globales para que consideren como un pilar básico de la estrategia de desarrollo a nivel mundial la construcción de un sistema de Cobertura Sanitaria Universal (CSU) orientado, en particular, a cubrir las necesidades de la población más pobre y vulnerable. En concreto, el documento señala que la CSU tiene como propósito asegurar que toda persona pueda acceder a servicios de salud esenciales de calidad, sin que ello le suponga enfrentarse a dificultades financieras, de forma que el acceso a los servicios de salud se fundamente en la necesidad y no en la capacidad de pago del usuario. En consecuencia, la CSU puede concebirse como una estrategia orientada a lograr avances en tres dimensiones clave de los sistemas sanitarios de los países (Chisholm y Evans, 2010): proporción de la población cubierta por el sistema de salud; catálogo de servicios o intervenciones de salud eficaces que están disponibles para los miembros del colectivo cubierto; proporción de los costes totales de los servicios que están financiados por el sistema. Desde esta perspectiva, el camino que los países deben recorrer hacia la CSU supone realizar progresos en cada una de estas tres dimensiones, teniendo en cuenta que, particularmente, en los países menos desarrollados, esta estrategia debe focalizarse en garantizar la provisión de los servicios de atención básicos, con la total cobertura de la población más vulnerable, minimizando la necesidad de las familias de efectuar pagos directos por la prestación de los servicios que reciben.

Aunque la CSU pudiera parecer un objetivo poco realista en países pobres, en palabras de Amartya Sen (2015), la CSU es “un sueño asequible” también en estos países. Así lo demuestran las experiencias de, por ejemplo, Bangladesh, Costa Rica, México, Tailandia, Vietnam o el estado de Kerala en India. Estos países o regiones han mostrado cómo servicios de salud básicos de calidad pueden ser proporcionados a un coste muy bajo. También han mostrado que la historia, la cultura y la situación política y económica de cada país se combinan de forma diferente para dibujar un camino propio hacia la CSU. Sin embargo, por encima de esa heterogeneidad, pueden extraerse de estas experiencias enseñanzas sobre cómo organizar la gobernanza y financiar la CSU en países con distintos niveles de desarrollo. En este sentido la experiencia muestra que la clave del éxito en estos países no ha radicado exclusivamente en el aumento de los recursos destinados a financiar los servicios sanitarios sino, crucialmente, en la asignación eficiente de los recursos movilizados en intervenciones de alto impacto (Pablos-Mendez et al., 2016). De ahí que no solo sea importante mejorar la eficiencia técnica en la prestación de los servicios sanitarios, sino también la eficiencia asignativa, determinando qué combinación de servicios o intervenciones específicas, y en qué localización, maximizan los resultados en salud en cada país. Comprender hasta qué punto el “mix” actual de intervenciones proporcionado en cada localización es eficiente, es crítico para determinar si pueden obtenerse mejores resultados a nivel nacional con los recursos disponibles (objetivo del proyecto WHO-CHOICE desarrollado por la Organización Mundial de la Salud).

La CSU está poco desarrollada en los países de renta media y baja, particularmente en el África sub-sahariana y del sur de Asia. En estos países el acceso a muchos servicios sanitarios básicos es inadecuado, especialmente en zonas remotas y rurales. Hay regiones en el mundo en las que grandes proporciones de niños menores de cinco años mueren, no como consecuencia de nuevas o exóticas enfermedades para las que no hay tratamiento, sino por desnutrición, malaria, e infecciones intestinales y respiratorias fácilmente prevenibles. Al mismo tiempo, alrededor de 150 millones de personas gastan anualmente más del 40% de su presupuesto destinado a alimentación a financiar tratamientos y servicios de salud (incurriendo en el denominado “gasto catastrófico en salud”) y cerca de un tercio de los hogares en África y en el sudeste asiático tiene que endeudarse o a vender activos del hogar para pagar el tratamiento, forzando incluso a algunas familias a renunciar a la escolarización de sus hijos o a contraer una deuda ruinosa (Kruk et al.,2009).

En este contexto, la implementación efectiva de la CSU en el mundo contribuirá a eliminar las muertes prevenibles y a desplazar a los gastos catastróficos en salud como principal causa de pobreza extrema. Los argumentos que justifican estas políticas no sólo son de equidad, también de eficiencia económica. The Lancet Commission on Investing in Health (2013) ha estimado que cada dólar invertido en salud en los países en desarrollo generará un retorno entre 9 y 20 dólares a lo largo de los próximos 20 años (teniendo en cuenta tanto los aumentos en la renta nacional como el valor de los años adicionales de vida que ganaría la población en el periodo). Es por ello que la CSU no sólo puede contribuir a mejorar la vida de las personas, sino a mejorar las oportunidades sociales y económicas de la población más vulnerable por medio de una asignación más eficiente de los recursos.

La inclusión de la CSU dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, como un instrumento útil para lograr los objetivos de garantizar una vida sana y acabar con la pobreza extrema, refuerza la propuesta realizada por este grupo de economistas. Sin embargo, la implementación efectiva de este instrumento dependerá, en última instancia, de la existencia de un compromiso político al más alto nivel e incluso, en muchos países, de un cambio en el contrato social en salud y educación. La CSU ya es considerada como un objetivo global por Naciones Unidas. Esperemos que en los próximos años esto signifique que su tiempo ha llegado.

 

REFERENCIAS

Chisholm, D. & D.B. Evans (2010): Improving health system efficiency as a means of moving towards universal coverage, World Health Report, Background Paper, 28, WHO. http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/28UCefficiency.pdf

Kruk, M.E., Goldmann, E. & S. Galea (2009): “Borrowing and Selling to Pay for Health Care in Low- and Middle-Income Countries”, Health Affairs, 28 (4): 1056-1066.

Pablos-Mendez, A., K. Cavanaugh & C. Ly (2016): The New Era of Health Goals: Universal Health Coverage as a Pathway to the Sustainable Development Goals, Health Systems & Reform, 2(1): 15-17. http://dx.doi.org/10.1080/23288604.2015.1120377

Sen, Amartya (2015): “Universal healthcare: the affordable dream”, The Guardian, 06/01/2015. https://www.theguardian.com/society/2015/jan/06/-sp-universal-healthcare-the-affordable-dream-amartya-sen

Summers, L.H. (2015): “Economists’ declaration on universal health coverage”, The Lancet, 386 (10008): 2112–2113. http://universalhealthcoverageday.org/economists-declaration/#signatories

The Lancet Commission on Investing in Health (2013): “Global Health 2035: A world converging within a generation”, The Lancet, 382 (9908): 1898–1955.

 

 

ALERTAS GLOBALES

Las últimas advertencias las ha formulado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente informe de perspectivas globales: sobre la economía mundial se ciernen una serie de amenazas, no todas de la misma naturaleza, que pueden poner en peligro su crecimiento en los próximos meses. Algunas de esas alertas verifican hechos contemporáneos, nada nuevos, como el impacto adverso de las políticas fiscales basadas en la austeridad, el reducido crecimiento de la inversión o la ralentización del comercio internacional. Otras dan cuenta de amenazas proteccionistas asociadas a desenlaces electorales, en países con un peso específico importante en la economía global: EEUU, Alemania o Francia. Todos ellos impactarán en la economía española, reduciendo un ritmo de crecimiento que ha sido tributario de un entorno internacional favorable.

  1. Comercio internacional, incertidumbre política y proteccionismo. En el descenso del crecimiento del volumen de comercio internacional están concurriendo transformaciones de carácter estructural como la tercerización creciente de muchas economías, o el repliegue doméstico de procesos de producción internacionales y alteraciones en las cadenas de producción de empresas multinacionales. Pero el principal factor sigue siendo la debilidad de la demanda agregada, y la caída de la inversión. Es esta última, como destaca el FMI, la que en mayor medida contribuye a la generación de flujos de comercio bajo la forma de bienes de capital e inputs intermedios. Además de ello, no han sido pocos los países que han adoptado medidas claramente proteccionistas. La Organización Mundial de Comercio ha dado cuenta del incremento de las mismas en los últimos meses en el seno del G20. Y los ministros de economía de esta formación acaban de alertar con razón de la inflexión en la dinámica de globalización.Los procesos electorales que abordan en los próximos meses países importantes en la escena global no están exentos de amenazas, asociadas a la emergencia de opciones políticas partidarias de limitaciones a las libertades de circulación de personas, mercancías y servicios. Tendencias nacionalistas, también en el ámbito económico, que acotando la dinámica de intercambios puede hacerlo con el crecimiento global. En EEUU son explícitas. En Europa, la señal más inquietante es la concreción del Brexit, pero no es la única. La contestación a la moneda única, o en el mejor de los casos, a las políticas adoptadas por el BCE para defenderla, son objeto de amplia contestación en algunas economías centrales de la eurozona.Para la economía española esas tendencias pueden contribuir a una desaceleración adicional a la observada recientemente en el propulsor más virtuoso de su recuperación, las exportaciones de bienes y servicios, y llegar a registrar drenajes en el crecimiento originados por un renovado déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente. Tampoco hace falta recordar el impacto favorable que están teniendo las políticas monetarias sobre la economía española. Sin el apoyo del BCE España soportaría tipos de interés que harían difícil atender el elevado endeudamiento público y privado. Si el BCE dejara de comprar deuda pública española en las cuantías que lo hace, la dichosa prima de riesgo reflejaría en toda su extensión las limitaciones de nuestra economía y su singularidad política. Y los ajustes presupuestarios serían mucho más severos que los que vienen.
  2. Inestabilidad financiera. La crisis ha dejado secuelas en muchas entidades financieras de difícil superación. Desde luego en el seno de la eurozona. No se trata solo de la difícil coexistencia de la intermediación bancaria con tipos de interés nulos o negativos. También de la aceleración de la obsolescencia en que han quedado los modelos de negocio en la banca al por menor. Los problemas del Deutsche Bank o los de los bancos italianos y portugueses en modo alguno han sido superados. Algunos gobiernos se verán obligados a seguir financiando la digestión de los excesos de la crisis en algunas entidades, o la difícil adaptación a la nueva situación de otros sectores en economías centrales, como el de las compañías de seguros en el ramo de vida. La inestabilidad financiera también puede emerger una vez la Reserva Federal normalice su política monetaria con sucesivas elevaciones de tipos de interés. Las repercusiones serán más explícitas en aquellas economías más endeudadas en dólares. Si la Fed ha retrasado su endurecimiento ha sido precisamente por el deterioro de las condiciones económicas internacionales. Pero serán las emergentes las que sufran, no solo por esa deuda, sino por el menor atractivo de la inversión extranjera cuando los tipos de interés en EE.UU. sean más elevados. Ante un panorama tal nuestro sistema financiero, los bancos concretamente, seguirán expuestos al fácil contagio de episodios de tensión con los que compartimos moneda, política monetaria y mercados interbancarios.
  3. Crecimiento mundial decepcionante. No ha de extrañar, por tanto, que el crecimiento anticipado para la economía mundial sea decepcionante y plagado de riesgos a la baja. El más destacado es el constituido por las presiones deflacionistas que siguen estando presentes en las economías más avanzadas, de forma especial en la eurozona. La baja inflación no favorece la reducción de la deuda, del exceso de capacidad de muchos sectores, ni la ampliación del crecimiento potencial de las economías.

En la eurozona, a pesar del mantenimiento de los tipos de interés oficiales en niveles históricamente bajos, las expectativas de una débil inflación seguirán reduciendo la eficacia de la política monetaria, con tipos de interés reales más elevados de lo deseable. La española no es ahora precisamente la economía más inflacionista de la eurozona, pero si es una de las más endeudadas, y la deflación no es precisamente el mejor acompañante de los deudores.

Frente a un panorama tal, el curso de acción políticamente más eficaz es el aumento de la inversión pública propiciadora de la expansión de la privada, y del consiguiente aumento del empleo y la productividad. De forma prioritaria la de aquellas economías con margen suficiente en sus finanzas públicas, como es el caso de Alemania, con un abultado superávit público por tercer año consecutivo. Pero, en todo caso, la inversión susceptible de concretar de forma mancomunada, como la propuesta por las iniciativas asociadas al Plan Juncker, hasta ahora demasiado dependientes de la financiación privada.

Todas las instituciones multilaterales, y desde luego el propio BCE, han verificado la incapacidad para que la política monetaria disponga de más eficacia en la neutralización de ese riesgo de estancamiento, de “japonizacion”, de la eurozona. La defensa de la austeridad fiscal a ultranza hace tiempo que exhibió sus efectos depresivos. El propio presidente Draghi ha sugerido la conveniencia de incrementos salariales que contribuyan a anclar expectativas de inflación y de paso paliar la extensión de la desigualdad creciente en la distribución de la renta y la consiguiente desafección de los ciudadanos. Sin menoscabo de ello, más fácil de instrumentar y de efectos más inmediatos en el fortalecimiento del mercado interior europeo sería que instituciones especializadas como el Banco Europeo de Inversiones aprovecharan los ínfimos costes de capital vigentes para concretar programas de inversión en destinos favorecedores del desarrollo tecnológico, de la vertebración intraeuropea y, en definitiva, de la modernización económica de Europa. Haciéndolo, se favorecerá también la instrumentación de reformas en las economías nacionales ampliadoras del crecimiento potencial y las no menos urgentes en la gobernación de la UE, expuesta a las mayores tensiones centrífugas desde su creación. @ontiverosemilio

Diario El País (16/10/2016)

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