Tasa de dependencia demográfica por países, 2016

La tasa de dependencia demográfica es una variable clave para el crecimiento económico a largo plazo de los países. Se define como la ratio de la población mayor de 65 años respecto a la población activa (población de 15 a 64 años). En el gráfico adjunto (hacer clic para verlo más grande) se muestra la tasa de dependencia demográfica (en %) alrededor del mundo en el año 2016. Los diversos colores agrupan a los países en función del rango que aparece en la leyenda.

Desde el punto de vista económico, una elevada tasa de dependencia condiciona los gastos públicos en pensiones y los gastos públicos en sanidad del país. En otras palabras, más jubilados dependen de la población potencialmente en edad de trabajar y, en última instancia, de la recaudación actual impositiva, incluida las cotizaciones sociales.

Entre los países industrializados lidera la tasa de dependencia demográfica Japón, con un 44,51%. Las cuatro grandes economías de la zona del euro registran elevadas tasas relativas: Alemania (32,63%), Francia (31,39%), España (28,81%) e Italia (25,73%). Otras grandes economías de la OCDE como Estados Unidos y Canadá, registran tasas de dependencia demográficas relativamente menores a las europeas, un 22,97% y 24,53%, respectivamente.

En el lado opuesto se encuentran los países en desarrollo que tienen tasas de dependencia demográficas mucho más bajas:  China (13,75%), Brasil (11,72%), México (10,04%), India (8,87%), Indonesia (7,85%) y Tailandia (6,61%), por ejemplo.

FACILIDADES EMPRESARIALES

La eurozona sigue convaleciente. Fortalecimiento institucional y políticas económicas adecuadas son las conclusiones que la Comisión Europea ha deducido como necesarias y simultáneas para que la Unión Monetaria (UME) siga funcionando. Las primeras tienen en la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) y un presupuesto específico de la eurozona, su principal referencia. En las segundas se hace hincapié en las reformas de los mercados de trabajo y de productos, con el fin de aumentar la capacidad de resistencia frente a futuras crisis y aumentar el crecimiento potencial de las economías. A este último respecto la Comisión en su último Informe trimestral sobre la eurozona ( https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/quarterly-report-euro-area-qrea-vol-16-no-1-2017_en) destaca la conveniencia de no llevar a cabo de forma aislada reformas en el mercado laboral. Se aporta evidencia econométrica de los efectos favorables cuando las reformas de los mercados de trabajo y de bienes y servicios se abordan simultáneamente. Las consecuencias adversas a corto plazo derivadas de reformas aisladas y prioritarias en el mercado de trabajo se atenúan si coexisten con otras reformas, así como con el apoyo en actuaciones macroeconómicas que compensen sus efectos depresivos sobre la demanda.

No se ha hecho así en algunos casos. En realidad, cuando se hace referencia a reformas estructurales destinadas a mejorar la eficiencia de las economías, desde luego de la española, se piensa casi exclusivamente en el mercado de trabajo. Es un error. Y así lo viene a certificar ese informe. Son tan necesarias o más las que se concretan en los mercados de bienes y servicios, en las instituciones, etc. Además, cabría añadir, es necesario que los impulsos reformistas no sean discontinuos, sino que formen parte de una tensión permanente en todos los ámbitos que condicionan la actividad económica, que puedan llegar a obstaculizar innecesariamente el funcionamiento de las empresas, incluido su nacimiento.

En esta ocasión la Comisión se incorpora a los numerosos analistas que utilizan los indicadores que aporta el informe “Doing Business” (DB) del Banco Mundial como base para facilitar la generación de ganancias de productividad. Es una de las áreas más importantes de reforma estructural, la que recae sobre las regulaciones y calidad de las administraciones públicas, como determinantes del entorno empresarial. La evidencia de su influencia en la calidad del crecimiento existe desde hace años: un mejor entorno empresarial genera efectos favorables sobre la inversión privada, así como una mayor movilidad empresarial y eficiencia asignativa. Y ahora es considerado con razón un área de prioridad en la segunda fase hacia la profundización de la UEM.

Merece la pena, por tanto, detenerse en ese análisis de las facilidades empresariales aprovechando la reciente publicación del correspondiente a 2017-18, ((http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/esp.pdf) en lugar del precedente que es el maneja el informe de la Comisión y, además, el específico sobre España (http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/ESP.pdf). No es la primera vez que se hace referencia en esta columna a la significación creciente que han cobrado esos informes en el análisis académico y profesional del potencial de las 190 economías escrutadas cada año, de su capacidad para regenerar el tejido empresarial y para atraer inversiones extranjeras directas. Evalúa la facilidad o la dificultad para la gestión de una empresa pequeña o mediana, incluida su creación, cumpliendo todas las regulaciones del país en cuestión. Son diez aspectos los considerados esenciales a ese respecto, desde las facilidades para la constitución de una empresa, hasta la obtención de los permisos necesarios para obtener los suministros básicos, o para acometer proyectos de construcción, pasando por regulaciones de solvencia, fiscales, o la obtención de crédito.

El informe ha ido enriqueciéndose con más indicadores. Como la propia institución admite tiene algunas limitaciones metodologías, como son las derivadas de dejar fuera de su alcance aspectos relevantes como la proximidad a grandes mercados, la calidad de las infraestructuras de algunos servicios, la seguridad, la transparencia de las contrataciones públicas o las condiciones macroeconómicas, que otros informes como el del World Economic Forum incluyen. En realidad, los indicadores están referidos a empresas de dimensión mediana, normalmente de propietarios individuales, de responsabilidad limitada, que operan en grandes ciudades.

Los progresos realizados en los últimos años por la mayoría de las economías no pueden ocultar las marcadas diferencias entre países dentro de la UE. Los mejores resultados siguen siendo los obtenidos por economías no pertenecientes a la moneda única: Dinamarca es el mejor calificado, tercero en la lista global, pero también destacan favorablemente Suecia o Reino Unido. Estonia, Finlandia, Letonia, Alemania e Irlanda son los mejores de la eurozona. España no queda muy bien, un año más. Y es difícil entenderlo porque las reformas consecuentes con los indicadores de ese registro son baratas, no incorporan grandes esfuerzos presupuestarios.

En el correspondiente a 2017, España está en la posición 32ª, desde la 33ª del año anterior, por debajo del promedio de la OCDE. La mejor ciudad que sale en la clasificación general es Logroño, seguida de Madrid; Barcelona es la 6ª. En el indicador correspondiente a la apertura de una empresa la posición de nuestro país es la 85º (requiere 7 procedimientos, se tarda de media 13 días, el coste es equivalente al 5% de la renta per capita y el capital mínimo necesario del 12,9%), un empeoramiento de seis posiciones respecto al año anterior. Madrid vuelve a aparecer en este indicador en segundo lugar, detrás de Sevilla, y Barcelona en la 9ª posición. Entre las diferentes categorías de indicadores, España lidera la clasificación global en materia de comercio transfronterizo y ocupa una posición aceptable en la resolución de insolvencias (18). Más bajas son las relativas al cumplimiento de contratos (29), protección de los inversores minoritarios (32) y pago de impuestos (37).

Complementario del anterior es el Global Competitiveness Índex (GCI), elaborado por el Word Economic Forum, al que también se refiere el FMI en su último informe sobre España. Se trata de una síntesis de 12 indicadores correspondientes a otros tantos pilares considerados expresivos de la capacidad competitiva de una economía: instituciones, infraestructuras, educación y formación profesional, eficiencia de los mercados de bienes y de trabajo, desarrollo financiero, adaptación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación.

En su última edición, la correspondiente a 2017, aparecemos en la posición 34º dos lugares por debajo de la del año pasado. Los mejores pilares son infraestructuras (12) y tamaño de mercado (17). En el listado de factores más problemáticos para la actividad empresarial, el indicador más comparable con el DB del BM, los resultados no son buenos. Burocracia gubernamental, fiscalidad, ineficiencias en el mercado de trabajo, dificultades para innovar, nos diferencian adversamente. Los mejores resultados en esos 12 pilares los obtenemos en infraestructuras y en salud y educación primaria, tamaño de mercado y adaptación tecnológica. Este último contrasta con la posición que ocupa nuestro país en el DESI (Digital Economy and Society Index), que sintetiza los indicadores relevantes de adaptación y competitividad digital de los países de la UE. Con una puntuación de 50,5, frente al promedio de la UE, de 49,4, pero muy por debajo de las economías nórdicas que también aquí lideran la clasificación.

La conclusión es obvia. Observar las buenas prácticas de las economías más eficientes y competitivas debería marcar la pauta para su adopción. En mayor media, como es el caso en casi todas ellas, si las decisiones consecuentes para adaptarlas a nuestra economía apenas comportan esfuerzos presupuestarios significativos.

(Diario El País 15/10/2017)

Exportar hace mejores a las empresas

Las empresas exportadoras, por término medio, son “mejores” que las empresas no exportadoras. Lo son porque tienen más empleados, porque son más productivas, porque pagan mayores salarios y porque realizan una mayor inversión en investigación, desarrollo e innovación. Por ello, los gobiernos desarrollan programas para tratar que un mayor número de empresas se conviertan en exportadoras.

Los economistas tenemos dos teorías para explicar por qué las empresas exportadoras son mejores que las no exportadoras. La primera teoría defiende que, desde su nacimiento, algunas empresas son más productivas que otras. Las empresas más productivas obtienen más beneficios porque sus precios son más competitivos y venden más, o porque pueden producir un producto de mayor calidad, y cobrar un mayor precio. La exportación exige a las empresas asumir costes adicionales a los que soportan en el mercado doméstico. Estos costes adicionales están ligados a unos mayores costes de transporte, a la existencia de aranceles, y al coste adicional de analizar los mercados exteriores, de encontrar distribuidores adecuados y de adaptar el producto a las características de los consumidores foráneos. Las empresas más productivas son capaces de hacer frente a estos costes adicionales y todavía obtener beneficios en los mercados exteriores. Según esta teoría, la exportación no hace a las empresas mejores. Lo que ocurre es que solamente las mejores empresas pueden exportar. Por ello, observamos una correlación positiva entre exportar y tener unas características empresariales más atractivas. Según esta teoría los gobiernos no deberían gastar un euro en programas de promoción de exportaciones, ya que la capacidad de exportar está ligada a habilidades que están determinadas desde el nacimiento de las empresas.

La segunda teoría sugiere que la propia actividad exportadora mejora la productividad de las empresas. En los mercados exteriores, las empresas exportadoras se ven obligadas a competir con otras empresas que, en muchas ocasiones, son más eficientes que las de su mercado doméstico, lo que les obliga a agudizar el ingenio para ser más competitivas. Asimismo, al exponerse a nuevos mercados las empresas pueden aprender de sus competidores. Finalmente, si los clientes extranjeros son más exigentes con la calidad del producto o del servicio, la empresa se verá obligada a mejorar sus procesos para alcanzar ese mayor nivel de calidad. La recomendación de esta teoría, a diferencia de la primera, es que el gobierno debe incentivar a las empresas a que exporten, ya que la propia actividad exportadora hará a las empresas mejores. Esta intervención pública está especialmente justificada si las empresas se enfrentan a alguna barrera, como la falta de información, que les impide dar el paso de exportar.

Aunque la intuición nos dice que la segunda teoría es muy plausible (no hay nada mejor que echarse al agua para aprender a nadar), los estudios, hasta ahora, no habían encontrado evidencias claras de su validez. En cambio, los estudios confirman sin fisuras la primera teoría. Sin embargo, un reciente trabajo de David Aitkin, Amit Khandewal y Adam Osman, ofrece evidencia empírica muy convincente de que exportar hace mejores a las empresas.

Para realizar el estudio, los autores colaboraron con la ONG estadounidense Ayuda para Artesanos, cuyo objetivo es facilitar la exportación de productos artesanales de los países en vías de desarrollo a los países desarrollados. En el estudio se analiza el programa de esta ONG para facilitar la exportación de alfombras fabricadas en la localidad egipcia de Fowa, que cuenta con un colectivo muy numeroso de artesanos de alfombras, a los países desarrollados. Para implementar este programa, la ONG contactó con una empresa intermediaria en la venta de alfombras de Fowa. La ONG ofreció al intermediario formación en marketing y en las características de las alfombras que se demandaban en Estados Unidos y Europa. La ONG también ayudó al intermediario a encontrar clientes en países desarrollados. Tras un año y medio de trabajo, la ONG y el intermediario lograron un importante pedido de alfombras de un cliente alemán. A continuación, los autores del estudio eligieron de forma aleatoria a los artesanos de Fowa que iban a fabricar las alfombras para este pedido. Al mismo tiempo, eligieron también de forma aleatoria un grupo de control, constituido por artesanos que no iban a fabricar alfombras para el pedido.

El estudio analiza si los artesanos que recibieron el pedido de alfombras mejoraron sus beneficios con relación al grupo de control. Los autores concluyen que los artesanos elegidos para fabricar las alfombras aumentaron sus beneficios por hora trabajada con relación a los artesanos del grupo de control, entre un 16% y un 26%. Este incremento en los beneficios por hora trabajada se debía a que los artesanos exportadores tenían que fabricar una alfombra de mayor calidad que la fabricada por el grupo de control, mayoritariamente destinada al mercado nacional.

El estudio muestra que la oportunidad de fabricar un producto de mayor calidad, y de un mayor precio, es la que incentiva a los artesanos a ser más productivos. Los clientes extranjeros, al demandar un producto de mayor calidad, obligan a los artesanos de alfombras egipcios a convertirse en mejores artesanos. Los autores confirman esta hipótesis mediante tres evidencias. En primer lugar, observan que la productividad de los artesanos elegidos mejora de forma gradual, a medida que van acumulando experiencia en la fabricación de alfombras de mayor calidad. Si los artesanos ya supiesen cómo producir alfombras de mayor calidad, la productividad habría aumentado inmediatamente. En segundo lugar, observan que existe un diálogo continuo entre los artesanos y el intermediario para identificar qué cambios debían realizar en el proceso de producción y qué nuevas técnicas debían aplicar para alcanzar la calidad demandada. En tercer lugar, tras finalizar el pedido, los autores pidieron a los artesanos exportadores y a los artesanos del grupo de control fabricar la misma alfombra con la misma maquinaria y con los mismos productos intermedios. Sistemáticamente, los artesanos exportadores, en el mismo tiempo, fabricaban una alfombra de mayor calidad que los artesanos del grupo de control.

El estudio nos deja varias lecciones. En primer lugar, las empresas, por término medio, tienen capacidad de mejorar su productos o servicios si tienen incentivos para hacerlo. La exportación ofrece estos incentivos siempre que los productos o servicios demandados sean de mayor calidad. En segundo lugar, la mejora en la productividad se produce a través de una transmisión del conocimiento sobre características del producto y de técnicas de fabricación de los clientes finales, y de los intermediaros, al fabricante. Es importante destacar que en este trabajo la empresa intermediaria era la encargada de la relación con el cliente final y de la logística de la exportación. En los países más avanzados, las empresas también tienen que encargarse de estas actividades, lo que aumenta las posibilidades de aprendizaje y mejora. Exportar sí hace mejores a las empresas. Por tanto, si quiere mejorar, échese al agua de los mercados internacionales.

La bici: economía e ideología

Hace unos meses hubo una polémica sobre la construcción de un anillo ciclista en València (lean por ejemplo aquí y aquí). El anillo ciclista es un carril bici de doble sentido que circunvala el centro de la ciudad. Se ha construido segregado del tráfico y para ello se han eliminado carriles para el tráfico motorizado y plazas de aparcamiento. Los sospechosos habituales de la polémica alrededor del anillo fueron los atascos, el coste de las obras, la posible infra-utilización de la infraestructura y el descenso de ventas en los comercios. Unos meses tras la inauguración, el carril bici está lleno de bicis y los atascos son lo habituales en la centro (ver aquí). La oposición al carril se ha diluido y la bici en general no se entenderá de aquí unos años igual que pasó con la ley anti-tabaco.

Lo curioso de la absurda polémica fue que nos encasillen en una cierta ideología a los que nos desplazamos habitualmente en bici o defendemos estas medidas. Soy ciclista, lo confieso. Uso la bici tanto en su aspecto deportivo y lúdico como medio de transporte urbano (recorro más kilómetros en bici que en coche al final del año).  En pocos deportes como el ciclismo se aplica tan sutilmente el arte de gestionar recursos escasos como en el ciclismo. Muchas veces pienso que todo lo poco que sé de economía lo he aprendido dando pedales cada día (ver aquí).Pero intento que la opción de mi medio de transporte no enturbie mi capacidad de análisis. De hecho, no siempre he estado de acurdo con las medidas que ha tomado el actual ayuntamiento en materia ciclista (como dejé constancia aquí al oponerme a no obligatoriedad del casco).

La bicicleta no tiene ideología, es tan sólo un medio de transporte más. Puede resultar erróneo inferir simpatías políticas de la preferencias ciclistas. De hecho, políticos de todos los colores apoyan el uso de la bici como el conservador británico Boris Johnson que dijo: “imaginad si pudiésemos inventar algo que redujese la congestión del tráfico, el ruido, la contaminación y la mala salud. Algo que mejorase la vida de todo el mundo, de manera rápida, sin el coste de la construcción de nuevas carreteras y líneas de tren. Bueno, lo inventamos hace 200 años: la bicicleta”.

bici caidaNo soy un experto en economía del transporte urbano, pero es un tema un tema bastante estudiado en la literatura especializada. Como economista intento que el resbaladizo terreno de lo ideológico no empantane mi capacidad de análisis (eso lo dejo para la bici, como muestra la foto de la izquierda). Me decanto más por atender lo que dicen los estudios de mis colegas que otras consideraciones sin aval empírico. Hay bastantes evidencias que sugieren que los beneficios superan los costes, que también los hay. Por ejemplo, un análisis en tres ciudades Noruega indican que los beneficios cuadriplican los costes (Sælensminde, 2004). Además de los efectos en la salud y contaminación, lo interesante de este caso fue que la introducción de carril bici no incrementó sustancialmente los atascos. Los conductores eligieron mejores rutas alternativas (avenidas más amplias alejadas del centro) en previsión de congestión y como consecuencia se descongestiona el tráfico del centro de la ciudad.

Como resumen, los estudios más relevantes señalan lo siguiente:

  1. El uso de la bicicleta urbana tiene efectos positivos a nivel individual (salud), colectivo (contaminación) y económico (menor coste, turistas, servicios de alquiler). (Handy, van Wee & Kroesen, 2014)
  2. Hay muchas razones por las cuales decidimos o no utiliza la bici. Una de ellas es disponer de un carril bici (Heinen , van Wee & Maat, 2010).
  3. Existe una relación positiva entre carriles bici y el nivel de actividad ciclista (Buehler & Dill, 2015).
  4. Los carriles bici tienen un coste. Cuando las preferencias están jerarquizadas, recomiendan separar las redes en zonas de alta densidad de flujo de peatones o vehículos (Buehler & Dill, 2015).

Afortunadamente un carril bici no es una infraestructura irreversible. Si los hechos demuestran que el aumento de la bici en detrimento del coche supone un coste superior al beneficio, estaré dispuesto a cambiar de opinión. Mientras tanto, seguiré pedaleando.

La ventaja comparativa frente al talento: un análisis a partir del ajedrez

El 27 de mayo de 2016 moría en Barcelona, a los 84 años de edad, Arturo Pomar. Este nombre quizá sea familiar para las personas de mayor edad, y seguramente lo será para las personas aficionadas al ajedrez. Arturo Pomar está considerado como uno de los grandes talentos que ha tenido España en este juego/deporte. Como comentaba Leontxo García en su crónica en El País el 27 de mayo de 2016, con solo 12 años, Arturo Pomar hizo tablas con el campeón del mundo en aquel momento: Alexánder Alekhine. Sin embargo, a pesar de ese enorme talento, Arturo Pomar nunca llegó a competir por la corona mundial. Parte de la explicación se debe al escaso apoyo que recibió por parte del régimen franquista, que solamente le otorgó un puesto de trabajo en Correos. Como señaló el entrenador soviético Alexánder Kotov, si Pomar hubiera nacido en la Unión Soviética, podría haber aspirado al título mundial.

El caso de Arturo Pomar es un ejemplo de cómo el talento individual, y las características del país, determinan los logros de una persona. Esta situación no es exclusiva del ajedrez. En muchos otros deportes, en las artes, las ciencias o en la economía los resultados que obtiene un individuo o una empresa están determinados por el talento individual y la ventaja comparativa del país. En la mayoría de los casos, resulta difícil estimar cuál es la contribución del talento individual y la ventaja comparativa al resultado final. Esto se debe a que hay muchos factores que inciden sobre el resultado final, o éste es la consecuencia de comportamientos que son difíciles de modelizar.

Sin embargo, dada su simplicidad, el ajedrez es una actividad idónea para identificar la contribución de la ventaja comparativa del país y del talento individual al desempeño de un jugador. En primer lugar, el ajedrez es un juego fácil de aprender y requiere una infraestructura mínima. En segundo lugar, la calidad de un jugador de ajedrez está determinada por su talento innato, pero también por las oportunidades que le ofrece su país para jugar al ajedrez, aprender técnicas de juego y estrategias, y de contar con financiación para dedicarse a esta actividad si se tienen muy buenas aptitudes. Finalmente, en el ajedrez el desempeño de los jugadores se mide de forma homogénea en todo el mundo a través de la puntuación ELO.

En un trabajo reciente, he utilizado la puntuación ELO de más de 150,000 jugadores, para analizar el número de ajedrecistas de alto nivel en cada país. La puntuación ELO que he utilizado para determinar si un jugador es experto es 2.200, ya que esta puntuación es la que otorga el grado de Candidato a Maestro. Como el talento está homogéneamente distribuido en el mundo, y se juega al ajedrez en casi todos los países, mi intuición era que el número de jugadores expertos como porcentaje de la población debería de ser similar en todos los países. Gran error. La realidad es que existen enormes diferencias en el número de ajedrecistas expertos, en porcentaje de la población, entre países. Por ejemplo, Bolivia y Hungría tienen una población similar; sin embargo, el número de jugadores expertos en Hungría es 70 veces superior al de Bolivia. Estos resultados sugieren que deben existir notables diferencias entre países en su “tecnología” para generar jugadores expertos en ajedrez. Y ciertamente las hay. Los países que aparecen liderando el ranking son Armenia, Eslovenia, la República Checa, Hungría y Georgia. España se sitúa en la mitad superior del ranking. Los países que aparecen en las últimas posiciones son Botsuana, Madagascar, Mali, Namibia y Panamá.

Lógicamente los países que tienen ventaja comparativa en ajedrez son los que tienen una gran afición por este deporte. Esto permite que un mayor número de potenciales jugadores se acerque a este deporte y que el país desarrolle “tecnologías”, como introducir el ajedrez como asignatura en el colegio, tener numerosos clubs y campeonatos, y tener una amplia oferta de entrenadores que permiten elevar el nivel medio de los jugadores. El ajedrez es un ejemplo más de cómo una preferencia puede generar una ventaja comparativa.

¿En qué medida las diferencias en ventaja comparativa explican las diferencias en el número de jugadores expertos entre países? Cuando establezco la referencia de calidad en jugadores que son, al menos, candidatos a Maestros, la ventaja comparativa explica el 85% de las diferencias entre los países, y el talento individual solamente el 15%. Sin embargo, cuando establezco la referencia en el grado de calidad más alto, Grandes Maestros, la contribución de la ventaja comparativa se reduce al 54% y la del talento individual aumenta hasta el 46%. Estos resultados muestran que el peso del talento individual crece cuando medimos niveles de calidad que son muy difíciles de alcanzar. En estos casos, el que un país cuente con un jugador de muchísimo talento se debe en gran parte al azar. En todo caso, es llamativo que incluso para niveles de calidad tan elevados la contribución de la ventaja comparativa del país sea tan alta.

En el trabajo analizo también si la expansión de Internet, y la aparición de páginas web que permiten jugar al ajedrez en línea, y aprender técnicas de ajedrez, han reducido las diferencias en la ventaja comparativa entre países. El argumento es que si la ventaja comparativa del país se debe a las mayores oportunidades que ofrece a sus habitantes para jugar al ajedrez y aprender técnicas de ajedrez, la expansión de Internet ha podido reducir estas ventajas. Sin embargo, los resultados indican que durante el periodo 2001-2015 no se ha producido ninguna convergencia en la ventaja comparativa entre países.

En este mundo globalizado, tendemos a atribuir las diferencias de renta entre personas a su talento individual. Sin embargo, el ejemplo del ajedrez nos pone de manifiesto que el desempeño individual está en gran parte explicado por una ventaja colectiva. Arturo Pomar fue un claro exponente de esta realidad.

La tasa de desempleo en las regiones de la Unión Europea en 2016

La oficina europea de estadística Eurostat ha publicado recientemente las cifras de la tasa de desempleo (porcentaje de parados sobre la población activa) de las regiones de la Unión Europea. Las cifras no son homogéneas entre las regiones, ya que varían de un mínimo de tasa de desempleo del 2,1% a una tasa máxima del 31,2%. En el gráfico adjunto se muestran las cifras de la tasa de desempleo de la regiones por rangos.

Con más detalle, las tasas de desempleo más bajas se registran en Niederbayern-Baja Baviera (2,1%) en Alemania y Praga (2,2%) en la República Checa, seguidas por las regiones alemanas de Oberbayern-Alta Baviera (2,4%), Mittelfranken y Unterfranken (ambas con un 2,5%) y Tübingen (2,6%).

En el lado opuesto, las regiones con la mayor tasa de desempleo son Dytiki Makedonia-Macedonia Occidental (31,3%) en Grecia, la Ciudad Autónoma de Melilla (30,8%) en España, Dytiki Ellada (29,8%) en Grecia, Andalucía (28.9%) y Extremadura (27.5%) en España, y Mayotte (27,1%) en los departamentos de ultramar de Francia.

De las 275 regiones de la Unión Europea, 60 tienen una tasa de desempleo igual o menor al 4,3%, la mitad de la media de la Unión Europea (8,6%). En estas regiones privilegiadas se incluyen 24 regiones de Alemania, 18 del Reino Unido, 6 de la República Checa, 3 de Hungría y Austria, 2 de Bélgica y Rumania y una de Italia y Holanda. Por el contrario, 32 regiones han registrado una tasa de desempleo de al menos el 17,2%, el doble de la media de la Unión Europea. En este grupo se encuentran 12 de las 13 regiones de Grecia, 10 de España y 5 de Italia y Francia (todos los departamentos de ultramar).

En el siguiente cuadro se muestran las regiones europeas con las cifras de las tasas de desempleo juvenil (población entre 15 y 24 años) más bajas y más altas. La media de la Unión Europea se sitúo a finales de 2016 en el 18,6%.

Las menores tasas de desempleo juvenil se registraron en regiones de Alemania, en particular en Schwaben (4,3%), Oberbayern-Alta Baviera y Tübingen (ambas con el 4,6%), Weser-Ems (5,6%) y Freiburg (6,0%), mientras que las mayores tasas de desempleo juvenil se registraron en la Ciudad Autónoma de Melilla (69,1%) y la Ciudad Autónoma de Ceuta (63,3%), ambas en España. En más de las tres cuartas partes de las regiones de la Unión Europea, la tasa de desempleo juvenil era al menos el doble de la del desempleo total.

Dos homenajes

El azar ha querido que solo tres días hayan separado dos acontecimientos políticos de altura presentados como sendos actos de homenaje, uno en España y otro a escala de toda Europa. Entre nosotros, con ocasión de conmemorar el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones libres, que franqueó los pasos subsiguientes de la Transición; en el Parlamento Europeo, al tributársele un emocionado y singular reconocimiento al excanciller Helmut Kohl, fallecido dos semanas antes. Ambas solemnes convocatorias, tan cercanas entre sí, invitan a subrayar su respectivo significado y también a hacer alguna comparación.

El acto de la Eurocámara, magistralmente diseñado —“el protocolo es la semiótica de la política”, se ha recordado con acierto—, reuniendo a decenas de líderes y personalidades con proyección internacional, ha cumplido a la perfección un doble cometido. Por lo pronto, poner en valor el aporte del excanciller a la historia reciente de Europa, en tanto que gran protagonista de ese episodio capital que une la caída del muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y la unificación de Alemania (3 de diciembre de 1990), para desembocar un año después en la desintegración de la URSS (22 de diciembre), ofreciendo con ello un nuevo horizonte a la larga docena de países durante décadas privados de libertad. Si en su primera etapa en la cancillería, Helmut Kohl ya había coprotagonizado junto al presidente Mitterrand otro acto (23 de septiembre de 1984) con enorme carga simbólica para lo que es hoy la Unión Europea —el recuerdo de las víctimas mortales de la batalla de Verdún: 360.000 franceses y 325.000 alemanes—, en el ecuador de su mandato se erigió como el gran impulsor de la integración europea, con un papel central en el Tratado de Maastricht (1992) y el dibujo de la unión monetaria. Reconocer todo ello ha servido a la vez —el otro fin perseguido con el funeral de Estado en Estrasburgo— como apoyo a quienes, con Merkel y Macron al frente, se proponen ahora relanzar el proyecto común, alentados por el veredicto muy unánime de unas urnas en contra de los partidos y movimientos eurófobos. Un doble objetivo, pues, plenamente logrado.

¿Puede decirse lo mismo del acto de las Cortes? Solo en parte. Aunque sobradamente justificado —aquel 15 de junio de 1977 quedará siempre como una fecha memorable de la España contemporánea—, las carencias detectadas le han restado de algún modo trascendencia. De un lado, se ha perdido la oportunidad de subrayar abiertamente el más notorio y fructífero rasgo de nuestras cuatro décadas más recientes: la estabilidad, sobre todo en los dos planos, institucional y social, que han devenido fundamentales para los logros —también los económicos— de la democracia española. De otro lado —y volvemos al tema de las formas, a la cuestión protocolaria—, la clamorosa ausencia del Rey emérito —cuya actuación resultó del todo imprescindible para hacer posible lo que se conmemoraba—, una ausencia difícilmente explicable que ha empañado la merecida celebración.

Dos homenajes bien oportunos pero no igualmente resueltos. Dos ocasiones propicias para afirmar deseables apuestas pero con desigual aprovechamiento.

La rentabilidad de la inversión en el largo plazo: el caso de EE.UU., 1975-2017

En esta entrada del Blog se compara la rentabilidad nominal a largo plazo (horizonte de 42 años de la inversión) de tres activos alternativos: vivienda, acciones y oro. En este caso, nuestros ahorros se invertirán en dos activos de EE.UU. y en un activo internacional.

En concreto, en el gráfico adjunto (hacer clic para verlo más grande) se muestra la evolución de los índices de precios representativos de tres activos seleccionados para el periodo enero de 1975-junio de 2017:

– Wilshire US Real Estate Investment Trust Total Market Index (Wilshire US REIT): Es un Fondo de Inversión en Bienes Raíces (inmobiliario) de EE.UU. y es un subconjunto del índice Wilshire US Real Estate Securities IndexSM (Wilshire US RESI). Es muy útil para aproximar la inversión inmobiliaria directa al excluir los activos cuyo valor no siempre están vinculados al valor de los bienes raíces subyacentes. Este índice recoge la reinversión de los dividendos de esta cartera.

– Wilshire 5000 Total Market Index: Es el indicador más aceptado para medir la evolución del mercado de renta variable de los EE.UU. y registra el rendimiento de todos los valores de renta variable incluidos en el índice (3818 valores desde el 30 de julio de 2014). Este índice recoge la reinversión de los dividendos en esta cartera.

– Gold Fixing Price London Bullion Market: Es el principal indicador internacional de la evolución del precio del oro. El precio se fija cada día a las 15 horas de Londres.

De las cifras del gráfico se deduce que en el largo plazo la rentabilidad nominal de la vivienda y de las acciones son bastante similares y muy superiores a la inversión en oro.

Unión Bancaria Europea: un paso adelante, dos pasos atrás

El 1 de junio de 2017 la Comisión Europea comunicaba los términos del acuerdo alcanzado con el gobierno italiano en relación al rescate del Monte dei Paschi. En síntesis, y contraviniendo el principio básico de la Directiva Comunitaria de Recuperación y Resolución Bancaria (evitar que los contribuyentes sufraguen los costes de las crisis bancarias), la Comisión acepta que de forma excepcional y preventiva se recapitalice con fondos públicos el citado banco argumentado que se trata de un apoyo de carácter temporal a una entidad en principio solvente. Dado que la entidad reconoció públicamente una mala comercialización de esos productos acepta también que las autoridades italianas no impongan en la práctica quitas a los tenedores de títulos de deuda júnior (subordinados y preferentes). Son pues evidentes las diferencias con el caso español, en donde el mecanismo de compensación se creó a posteriori y tuvo además que ser defendido y valorado caso por caso.

Pocos días después, el 6 de junio para ser exactos, asistíamos al estreno de la Junta Única de Resolución. Tras ser declarado “failing or likely to fail” por el BCE, y ante la falta de soluciones privadas, la Junta interviene por razones de interés público el Banco Popular y lo “vende” por un euro al Santander. Accionistas, tenedores de bonos contingentes convertibles (CoCoS) y de títulos de deuda subordinada lo pierden todo; depositantes y bonistas sénior quedan por el contrario totalmente protegidos.

El 23 de junio la Junta Única de Resolución vuelve a actuar para hacer frente a la crisis del Veneto Banca y Banca Populare de Vicenza. Tras ser consideradas, como en el caso anterior, entidades “failing or likely to fail” por el BCE, la Junta decide que no se dan en este caso las condiciones para que proceda su intervención. Esto es, dado el reducido tamaño de las entidades citadas se considera que su caída no supone un riesgo para el sistema y se remite pues el caso al Banco de Italia para que en su calidad de autoridad nacional de resolución proceda a su liquidación ordenada aplicando las normas de insolvencia italianas. Buscando reforzar la estabilidad de su sistema bancario, y como ya ocurriera en el caso del Monte dei Paschi, las autoridades italianas deciden emplear recursos públicos en la operación de liquidación de los dos bancos venecianos, razón por la cual se ven obligadas a negociar con Bruselas los términos de la operación, que incluye finalmente tres grandes medidas: el traspaso a Intesa Sanpaolo al precio simbólico de un euro de los activos sanos, la concesión a la citada Intesa de recursos y garantías públicas por un importe cercano a los 17.000 millones de euros y la imposición, esta vez sí (visto el trato dispensado a los bonistas júnior del Popular hubiera sido un escándalo no hacerlo!), de pérdidas a los accionistas y acreedores subordinados de las dos entidades liquidadas.

Vista la disparidad de criterios utilizados para solucionar estos tres episodios de crisis bancaria no parece que se haya avanzado mucho en la consecución de un marco de actuación común. La distribución de las cargas entre acreedores y contribuyentes sigue dependiendo en gran medida de la capacidad negociadora (no es lo mismo que los fondos para rescatar un banco los ponga el Estado afectado o los contribuyentes europeos) y de la voluntad de las autoridades nacionales (¿podía el Estado español inyectar fondos públicos en el Popular?, ¿debía hacerlo?). Parece asimismo evidente que es preciso mejorar los sistemas de liquidación (¿tiene sentido utilizar fondos públicos para liquidar entidades consideradas no sistémicas?). Queda asimismo claro lo importante que es para los gobiernos y reguladores honrar los compromisos adquiridos con los bonistas sénior. No en vano, junto con la protección de los depositantes, es lo único que tienen en común los tres episodios de crisis que acabamos de comentar.

Tipos de interés reales y expectativas de inflación en EE.UU., 2003-2017

En los últimos años, la emisión de bonos indiciados a la inflación (o protegidos contra la inflación) ha experimentado un fuerte crecimiento en los principales mercados de deuda pública. Los bonos indiciados más conocidos son los emitidos por el Tesoro de los EE.UU. Se trata de los bonos de deuda pública conocidos como Treasury InflationProtected Securities (TIPS).

La característica principal de los bonos indiciados es que su rendimiento se encuentra protegido ante la inflación futura, ya que se compensa al comprador tanto en los cupones como en el capital invertido (al vencimiento) por la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación. De este modo, mientras en los bonos de deuda pública “convencionales” su rentabilidad vendría determinada por el tipo de interés nominal en los bonos indiciados a la inflación la rentabilidad vendría determinada por los tipos de interés reales.

En la literatura económica se ha sugerido desde mediados de la década de los noventa el uso de los bonos indiciados para medir el tipo de interés real y las expectativas de inflación de los mercados financieros. Dicha descomposición tiene como justificación teórica la conocida ecuación de Fisher, la cual determina que el rendimiento nominal de un bono se puede aproximar por la suma del tipo de interés real requerido y la tasa de inflación esperada como promedio durante el periodo de vida del título hasta el vencimiento: R= rπe. [1] Por ello, los bonos indiciados son uno de los instrumentos (junto a las encuestas de expectativas macroeconómicas) que utilizan los bancos centrales para el seguimiento de las expectativas de inflación a largo plazo dentro de su estrategia global de política monetaria.

En el primer gráfico se muestra la senda temporal de la rentabilidad nominal de los bonos de deuda pública “convencionales” a 5 años (5-Year Treasury Constant Maturity Rate) y la rentabilidad de los TIPS equivalentes a 5 años (5-Year Treasury Inflation-Indexed Security) que aproxima al tipo de interés real. En el segundo gráfico se ha calculado el diferencial  o spread entre el bono convencional y el TIPS (5-Year Breakeven Inflation Rate) que aproxima la inflación esperada en los próximos 5 años.

Los tipos de interés negativos son imposibles en los bonos de deuda pública convencionales, porque ello implicaría que el inversor recupera menos dinero del que ha invertido. Sería más lógico dejar el dinero en la cuenta corriente sin remuneración alguna. Sin embargo, sí son posibles tipos de interés negativos en los bonos indiciados con la inflación, ya que en este caso la remuneración no es el tipo de interés nominal (R) sino el tipo de interés real ( re).

Es en en este contexto donde ha surgido otra anomalía monetaria derivada de la crisis financiera internacional de 2007-2008. Por primera vez desde el inicio de la emisión de bonos indiciados contra la inflación a 5 años (enero de 2003) la rentabilidad de estos bonos se situaron por debajo de cero en septiembre de 2010. Desde esa fecha, los tipos de interés de los TIPS a 5 años han cotizado con tipos de interés negativos en numerosas ocasiones, alcanzando el mínimo en septiembre de 2012.

Con más detalle, en septiembre del 2012, los bonos de deuda pública convencionales a 5 años cotizaban con una rentabilidad del 0,67% (R), mientras que la rentabilidad de los bonos equivalentes TIPS a 5 años cotizaban con una rentabilidad del -1,47% (re). Está rentabilidad negativa supone que los inversores que adquieren estos activos demandan una rentabilidad “segura” (se “conforman” con una rentabilidad) de 1,47 puntos porcentuales por debajo de la tasa de inflación media esperada hasta el vencimiento del TIPS. En definitiva, si se cumple el Efecto Fisher, los mercados estarían anticipando que la tasa de inflación americana se iba a situar en los siguientes 5 años en una media de al menos el 2,14%  (πe ).

Los últimos datos disponibles correspondientes finales mayo de 2017 muestran que los bonos de deuda pública convencionales a 5 años tenían una rentabilidad del 1,82% (R), mientras que la rentabilidad de los bonos equivalentes TIPS a 5 años era del +0,08% ( re). En definitiva, si se cumple el Efecto Fisher, los mercados estarían anticipando en este caso que la tasa de inflación americana se podría situar en los próximos 5 años en una media de al menos el 1,74% ( πe ). En este caso, los inversores que adquieren estos activos demandan una rentabilidad “segura” con rentabilidad cero hasta el vencimiento del TIPS.

Por último, destacar los cambios estructurales registrado en el comportamiento paralelo del diferencial o spread (5-Year Breakeven Inflation Rate).

Por un lado, desde julio de 2008 y hasta el 16 de enero de 2009, el diferencial fue cayendo hasta pasar a niveles negativos. En este periodo, los inversores esperaban que la tasa de inflación sería negativa en los próximos cinco años, es decir, estaban anticipando la posibilidad de un periodo de deflación o caída generalizada de los niveles de precios en la economía americana.

Por otro lado, la introducción entre finales del 2008 y el primer trimestre de 2009 del primer programa QE-1 de compra masiva de bonos de deuda pública (y otros activos) por parte de la Reserva Federal provocó el cambio de tendencia del diferencial. Desde entonces -y sobre todo desde el anuncio de la introducción del nuevo programa QE-2- se ha registrado un cambio de expectativas en la tasa de inflación futura. En consecuencia, las posibilidades de deflación se alejaron y el diferencial se volvió positivo como consecuencia del temor de un repunte de la tasa de inflación futura. En esta situación nos encontramos en la actualidad.

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[1] Sobre el significado económico de la ecuación fisher, véase el artículo Bajo-Rubio, O., Díaz-Roldán, C. y Esteve, V. (2010): “Testing the Fisher effect in the presence of structural change: A case study of the UK, 1966-2007”, Economic Issues, Vol. 15, Part 2, 1-16.

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