Corruption in OECD countries: are mega-events the perfect excuse?

Por Héctor Bellido, Lorena Olmos de la Universidad de Zaragoza y Juan A. Román-Aso de la Universidad de San Jorge, ganadores del premio AldE jóvenes investigadores 2019 convocado en el XXII Encuentro de Economía Aplicada, celebrado en Cartagena los días 7 y 8 de junio de 2019. Aquí presentamos la versión traducida y resumida del trabajo premiado bajo el título Corruption in OECD Countries: Are Mega-Events the Perfect Excuse?

La elección individual entre honestidad y corrupción a la que se enfrentan los representantes públicos depende, en gran medida, de dos factores: el posible coste asociado a participar en actividades corruptas, estrechamente relacionado con los mecanismos de control, y las potenciales ganancias derivadas de estas actividades. Respecto a estas últimas, un aumento del presupuesto puede resultar un incentivo determinante. Y uno de los motivos por los cuales el presupuesto público puede aumentar temporalmente es la celebración de grandes eventos, ya sean de naturaleza deportiva o de otra índole. Las elevadas inversiones en infraestructuras y la concesión de contratos de servicios adjudicados tras la elección del país anfitrión parecen el caldo de cultivo perfecto para la aparición de casos de corrupción o, al menos, para levantar sospechas entre los ciudadanos acerca de la existencia de actividades ilícitas.

En los últimos años, los medios de comunicación han cubierto numerosos casos de corrupción relacionados con la celebración de grandes eventos. Además de casos de amaños relacionados con apuestas deportivas, el mundo del deporte está inmerso en un continuo escándalo de corrupción. Se han destapado multitud de casos en los que las propias organizaciones deportivas están involucradas (FIFA Gate, amaños en la elección de países anfitriones como Qatar para el mundial de fútbol de 2022,…). Los derechos de emisión televisiva se han convertido también en un jugoso negocio para enriquecerse ilegalmente, como demuestra el escándalo de fraude de la empresa International Sport and Leisure. Además, en muchos casos, están involucrados políticos y altos funcionarios de los diferentes países anfitriones. Una de las prácticas corruptas más habituales es el cobro de comisiones de las empresas adjudicatarias por parte de los representantes públicos. Existen innumerables ejemplos de este tipo de corrupción, y sólo hace falta echar un vistazo a los medios de comunicación nacionales para hacerse una idea de la magnitud del problema. Los contratos adjudicados a dos amigos del primer ministro ruso para los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi de 2014, o las acusaciones de soborno contra Lula Da Silva que involucran a la compañía Odebrecht tras la Copa Mundial de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, son solo dos ejemplos de una maraña de escándalos cada vez más extendida. En otras ocasiones, las actividades ilegales no implican directamente a políticos, pero la falta de regulación y de control público fomenta las actividades ilegales, como es el caso de las denuncias de comportamiento anticompetitivo de empresas multinacionales en Sudáfrica y Brasil en relación con las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA de 2010 y de los Juegos Olímpicos de verano de 2014, respectivamente. No obstante, los países en desarrollo y las competiciones deportivas no son los únicos afectados por esta epidemia. Por ejemplo, una investigación vinculada a la reciente Exposición Universal celebrada en Milán acabó con el arresto de varios ex miembros del parlamento acusados ​​de influir en las licitaciones públicas.

La literatura académica ha analizado en profundidad tanto los determinantes como las consecuencias de la corrupción. Por un lado, la renta per cápita aparece como principal factor que afecta al nivel de corrupción. Pero también otros factores económicos como la distribución de esa renta, la apertura del país al exterior, la tasa de inflación, o el tamaño del gobierno parecen explicar este fenómeno. En cuanto a las instituciones, la transparencia del gobierno, su eficiencia y grado de intervención, la descentralización, la estabilidad política o los derechos sociales conquistados son elementos que también juegan un papel relevante. Asimismo, algunos análisis apuntan a variables como el sistema de derecho, la religión mayoritaria, el nivel de educación de los ciudadanos, la participación de la mujer en puestos de decisión o en el mercado laboral, la diversidad étnica y la disponibilidad de recursos naturales como factores determinantes del nivel de corrupción de los países. Por otro lado, las consecuencias derivadas de la corrupción abarcan multitud de dimensiones socioeconómicas: erosiona el crecimiento económico a través de sus efectos sobre inversión y productividad, aumenta la desigualdad interna de los países y disminuye la efectividad de las políticas públicas. Además, la corrupción reduce la estabilidad política, promueve el descrédito de las instituciones públicas y, por tanto, puede provocar crisis sociales de gran relevancia. Sus tentáculos pueden incluso afectar a otros ámbitos como el medio ambiente o la salud pública.

La celebración de grandes eventos se ha relacionado tradicionalmente con consecuencias económicas positivas (aumento de la inversión, del consumo y de las exportaciones) tanto en los países que optan a acoger el evento como en los que finalmente son elegidos. Otros análisis, sin embargo, señalan que la mayoría de estos estudios están sobreestimados, y son de sobra conocidos los casos de sobrecostes y de otras repercusiones cuestionables como las derivadas de la regeneración urbanística. De hecho, este tipo de efectos colaterales han provocado cierto rechazo social entre la población, plasmado en los recientes referéndums con resultado negativo celebrados en ciudades como Viena o Hamburgo. Sin embargo, aunque la literatura previa ha examinado algunos aspectos de la relación entre la celebración de grandes eventos y la corrupción a nivel nacional, estos análisis son cualitativos, o se limitan a ciertos casos de estudio.

En este contexto, este artículo analiza el efecto de acoger grandes eventos sobre la corrupción percibida en 34 países de la OCDE durante el periodo 1996-2016. La elección de este conjunto de países responde, además de a la mayor disponibilidad de datos, al deseo de contar con una muestra homogénea que permita una elección ajustada de los factores determinantes de la corrupción. Los eventos considerados son de naturaleza deportiva, como los Juegos Olímpicos de verano y de invierno o las Copas Mundiales de la FIFA, pero también de tipo cultural, como son las Exposiciones Universales. Para la evaluación de esta relación se han empleado dos técnicas alternativas. Por un lado, se ha incluido una variable dicotómica desde el momento de referencia, lo que nos proporciona el resultado estático del impacto, y, por otro lado, se ha incorporado un conjunto de variables dicotómicas que toman valor 1 cada dos años desde el momento de referencia, lo que nos permite analizar el impacto dinámico. Además, se consideran dos momentos de referencia: la elección del país como anfitrión del evento y la celebración del mismo.

Los resultados muestran que la celebración de grandes eventos tiene un impacto positivo sobre la corrupción percibida. Si tenemos en cuenta el impacto estático, la corrupción percibida aumenta si se toma como referencia la inauguración oficial del evento pero, en mayor medida, si se tiene en cuenta la elección del país como anfitrión. Por su parte, la estimación del impacto dinámico proporciona conclusiones más interesantes: la corrupción percibida de los países aumenta desde la elección del país, y este impacto crece hasta alcanzar su máximo alrededor de 1 o 2 años antes de la celebración, cuando se ve incrementada en un 5%. Tras ello, este impacto va disminuyendo pero es todavía significativo 5 años después de la celebración. Con relación al resto de determinantes, la estimación del modelo empírico señala que la renta per cápita, el porcentaje de población urbana y otros factores institucionales como la capacidad regulatoria del país o la participación ciudadana y la rendición de cuentas afectan negativamente al nivel de corrupción percibida. Otra conclusión destacable es que, cuanto más tiempo lleva el partido del gobierno en el poder, mayor es la corrupción percibida, lo que sugiere que los políticos de partidos instaurados en las instituciones tienden a practicar actividades ilícitas o, al menos, a ser percibidos como corruptos. Por último, con el fin de evaluar la consistencia de nuestros resultados, se proponen especificaciones alternativas que confirman los resultados mencionados: se utiliza un indicador de corrupción percibida alternativo, se incluyen variables explicativas adicionales, se excluyen algunos eventos de menor importancia en términos económicos (Juegos Olímpicos de invierno y Exposiciones Universales) y se realiza un cambio en el tipo de estimador que contempla la dependencia de corte transversal de los datos.

Estas conclusiones confirman la existencia de una realidad menos amable relacionada con la celebración de grandes eventos. Más allá de la afluencia masiva de visitantes y de las fastuosas inauguraciones, la celebración de grandes eventos implica incrementos presupuestarios que suponen incentivos perversos para quienes tienen que manejarlos. Estos incrementos permiten aumentar los potenciales beneficios derivados de actividades delictivas, aspecto que es percibido por la ciudadanía y que contribuye al deterioro y descrédito de las Administraciones Públicas. A la vista de estos resultados, parece necesario reforzar el control y la trasparencia en la concesión de contratos, así como extender la legislación, regulando situaciones como la aparición de sobrecostes.

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