La importancia de la educación en el crecimiento económico de España

Por Laura Márquez Ramos, Universitat Jaume I (España) y Universidad de Adelaida (Australia), y Estefanía Mourelle, Universidade da Coruña (España). La siguiente entrada es un resumen del artículo “Education and economic growth: an empirical analysis of nonlinearities”, publicado en Applied Economic Analysis (antigua Revista de Economía Aplicada), Vol. 27 No. 79, pp. 21-45.

La importancia de la educación en el desarrollo de las economías ha sido objeto de múltiples debates y estudios, estando plenamente aceptada hoy en día. La educación aumenta el capital humano del mercado laboral de un país. De esta manera, un país en el que su población puede explotar nuevo conocimiento tiende a crecer más rápido. Asimismo, la educación mejora la capacidad de innovación de la economía y ejerce un efecto facilitador de transmisión de conocimiento. En este sentido, existen múltiples estudios que analizan la relación entre educación y crecimiento económico, la cual puede ser bidireccional: ¿es la educación un factor determinante del crecimiento económico, o son los países con mayor crecimiento económico los que muestran un mayor desempeño educativo? Con el fin de centrar la atención en una de las dos direcciones, en esta entrada contemplamos el efecto de la educación sobre el crecimiento económico.

Estudios previos han empleado diferentes técnicas cuantitativas como por ejemplo series de tiempo, datos de panel o corte transversal, contemplando los diferentes niveles educativos (primario, secundario y terciario). De estas investigaciones se deriva el resultado de que la educación tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico. Sin embargo, los estudios realizados evidencian las dificultades de analizar este efecto. Un problema es de medición, porque ¿cómo medimos la educación? A lo largo del tiempo se ha avanzado en el uso de variables más ajustadas a la realidad con el fin de reflejar la calidad de la educación como, por ejemplo, a partir de los resultados de los informes PISA, o utilizando indicadores que suponen aproximaciones del desempeño educativo. Otro problema es que no somos plenamente conocedores de todos los factores que determinan el desempeño educativo, aunque se ha avanzado mucho en este aspecto en los últimos años. En este sentido, se ha demostrado que factores como el entorno socioeconómico o el avance de la sanidad afectan a la educación.

Diversos artículos científicos han demostrado la heterogeneidad existente entre países, al revelar que el efecto del desempeño educativo es generalmente mayor en países en desarrollo que en los desarrollados. Siguiendo esta línea de investigación, se resalta también el papel que juega el marco institucional del país, que ejerce de facilitador en el efecto positivo de la educación sobre el crecimiento económico. Sin embargo, también existen estudios que cuestionan el efecto positivo encontrado. Esta ambigüedad podría venir explicada, al menos en parte, por las diferentes técnicas de análisis utilizadas en este campo de investigación.

A la vista de la literatura existente, dos investigadoras en economía, Laura Márquez Ramos y Estefanía Mourelle, publicaron recientemente un artículo en la revista científica Applied Economic Analysis sobre la importancia de la educación en el crecimiento económico de España. Su trabajo trata de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿la dinámica de la actividad económica de un país difiere en función del desempeño educativo de su población? En términos técnicos, la respuesta a esta pregunta supone trasladarnos del habitual contexto lineal en que se ha desarrollado la literatura a uno no lineal. En un contexto de no linealidad, el comportamiento de la relación entre crecimiento económico y educación no sería el mismo para todos los valores de educación. Este reconocimiento tiene precedentes. Por ejemplo, algunos autores han contemplado la posibilidad de que existan umbrales de capital humano y que el crecimiento de una economía sea diferente según en qué lado del umbral se sitúe. En cuanto a la relación entre el crecimiento económico y educación en España, Márquez Ramos y Mourelle (2019) consideran que el comportamiento de esta relación puede ser no lineal y parten de la base de que la educación, reflejada en las competencias, habilidades y conocimiento de la población, puede jugar el rol de fuerza facilitadora del crecimiento económico.

Antes de adentrarse en el estudio, conviene reseñar que España es un país con un importante nivel de sobreeducación y, dada la elevada tasa de desempleo existente, se podría pensar que el impacto de la educación sobre el crecimiento económico sería prácticamente inexistente. Los resultados hallados apuntan, sin embargo, a la importancia de apostar por la educación como fuente de crecimiento económico en nuestro país. Las ineficiencias del mercado laboral y el alto desempleo existente en España, especialmente entre los jóvenes, son aspectos de gran relevancia que se deben abordar con urgencia para que una apuesta seria por la educación fomente el desarrollo de nuestra economía en su máximo potencial.

Márquez Ramos y Mourelle (2019) se centran en educación secundaria y terciaria en una aplicación para España en el período 1971-2013. Sus resultados a nivel de país (esto es, de España en su conjunto) se contrastan con los obtenidos a nivel de comunidad autónoma, evidenciando la existencia de diferencias regionales en el comportamiento de la relación de interés. En el trabajo se aduce que el empleo de modelos no lineales introduce una mayor flexibilidad en la relación entre las variables; nótese que en un contexto lineal los parámetros de los modelos estimados no cambian a lo largo del tiempo, mientras que en uno no lineal sí pueden hacerlo.

Una especificación comúnmente utilizada para reflejar cambios de régimen a lo largo del tiempo es la regresión por umbrales, que considera que una variable cambia de un régimen a otro de forma abrupta o brusca. Sin embargo, si bien cada agente económico puede cambiar de forma acusada en diferentes momentos de tiempo, la economía se compone de un agregado de ellos, por lo que su comportamiento sería más suave. Por ello se acude al modelo de transición suave y, en particular, al modelo más general: la regresión con transición suave.

En la regresión con transición suave se asume que una determinada variable oscila entre dos regímenes extremos que vienen determinados por alguna de las variables introducidas en el modelo, y la transición entre ellos tendrá lugar de forma más o menos suave según se derive de los datos. Este tipo de modelo permite caracterizar de forma más completa que otras modelizaciones la dinámica de la relación entre crecimiento económico y educación. En otras palabras, la especificación en la que se basan las autoras del estudio permite analizar la rapidez con que el crecimiento económico reacciona ante cambios que se produzcan en la educación.

Los datos empleados en el estudio hacen referencia a: (1) Producto Interior Bruto (PIB), como medida de la actividad económica; (2) las ratios de matrícula en educación secundaria y en terciaria, como medida de educación; (3) la proporción de población activa con estudios secundarios o terciarios sobre el total de la población activa, como medida del estado del mercado laboral; (4) el capital físico, y (5) el porcentaje de gasto del gobierno en educación sobre el PIB.

La evolución temporal de estos indicadores muestra una tendencia al alza de las variables de educación (secundaria y terciaria) a lo largo del tiempo, especialmente de la educación superior. Dicha evolución creciente se advierte en particular tras la muerte de Franco y la crisis económica de los años 70. Así, mediados de la década de los 70 se convierte en un período crucial para el gasto público en educación, con una proporción de trabajadores con estudios universitarios que comienza a despegar, y un crecimiento casi continuado en lo que se refiere a trabajadores con estudios secundarios. En la década de los 80 el capital físico registra un incremento sustancial que dura hasta el estallido de la última crisis económica. La tendencia positiva del PIB está acompañada de una tendencia similar en el resto de las variables analizadas. En este marco descriptivo resulta todo un reto aislar el efecto de una relación entre crecimiento económico y educación, y es por ello por lo que se requieren métodos más sofisticados que vayan más allá de la observación del comportamiento evolutivo de las variables consideradas en el análisis. En este sentido, y como ya se ha avanzado, Márquez Ramos y Mourelle (2019) utilizan técnicas de modelización no lineal de series de tiempo y, en concreto, la regresión con transición suave.

Los modelos utilizados contemplan la ratio de matrícula en estudios secundarios y terciarios, respectivamente, como la variable de transición. El papel de las variables de educación es doble: por una parte, porque las mismas representan la fuente de (posible) no linealidad en el crecimiento económico, y, por otra, porque se contemplan como posibles determinantes de la dinámica del PIB. El modelo estimado para educación secundaria revela que el crecimiento económico depende de su pasado más reciente, del capital físico, el mercado laboral y el gasto en educación. En cuanto al modelo para educación terciaria, influyen las mismas variables y, además, la educación de este nivel. La educación terciaria se revela por tanto como determinante de la dinámica del crecimiento económico, mientras que no sucede lo mismo con la educación secundaria. Sin embargo, ambos niveles educativos son generadores de asimetrías sobre el crecimiento económico debido a la existencia de umbrales que determinan la dinámica que dicho crecimiento experimenta en el país.

En base a los resultados obtenidos, la economía española mostraría una dinámica de comportamiento diferente cuando la ratio de matrícula en educación secundaria crece por encima del 1.5% que cuando lo hace a un ritmo más lento. En el caso de la educación terciaria, el régimen inferior abarcaría desde crecimientos negativos de la ratio hasta un 5.2%, mientras que el régimen superior corresponde a crecimientos superiores a este valor; ambos valores se hallan próximos a sus respectivas medias. Asimismo, también se observa que el crecimiento económico reacciona de forma más inmediata a cambios externos (o “shocks”) que impactan en la educación terciaria que a cambios que impactan en educación secundaria. Esto podría ser indicativo de la importancia que tradicionalmente se ha atribuido en España a poseer un título universitario.

Como se ha comentado anteriormente, las autoras del trabajo también analizan los resultados por comunidad autónoma. Para este análisis, se seleccionan cuatro comunidades autónomas representativas en términos de renta y gasto público en educación per cápita regionales (con valores tanto por encima como por debajo de las medias de estas variables): Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. Así, a nivel regional se evidencian efectos asimétricos de las variables de educación sobre el crecimiento económico, tanto en el nivel de enseñanza secundaria como superior. Respecto a la educación secundaria, a nivel regional la propia variable de educación sí se muestra significativa como determinante del crecimiento económico, lo cual no sucedía para el agregado de España; además de ella, el pasado reciente de la actividad económica y las restantes variables contempladas en el estudio resultan significativas en el modelo. También se observa que el mercado laboral ejerce una menor influencia sobre el crecimiento económico al considerase el análisis a nivel regional que a nivel de país; el hecho de que otras variables como el capital físico o el gasto en educación ganen relevancia en el análisis regional podría estar haciendo disminuir el impacto del mercado laboral. En el caso de la educación superior, se repite el esquema del nivel agregado.

Con relación a la velocidad de transición entre regímenes, ésta resulta más elevada a nivel regional que nacional en el nivel secundario, mientras que en el terciario resulta más suave pero notable. En ambos casos los umbrales se sitúan en valores próximos a los crecimientos medios de las ratios: entre un 5 y un 6% en el caso de secundaria, y entre 3 y 6% en el caso de terciaria. Un aspecto destacado en el análisis regional es el notorio efecto del capital físico sobre el crecimiento económico, pues resulta significativo en todos los modelos, mientras que el mercado laboral se muestra más relevante en el análisis a nivel de país. En cambio, el gasto público en educación se encuentra más presente a nivel de región que de país. Estos resultados ponen de relieve la importancia de la descentralización de parte del gasto público en España hacia las comunidades autónomas. Así, con un mejor conocimiento de su realidad regional, las comunidades autónomas pueden seleccionar las políticas que mejor funcionen para que sus activos, como es el caso de la educación, contribuyan al proceso de producción.

A modo de resumen, el trabajo sobre el que versa esta entrada ha analizado la relación entre educación y crecimiento económico en España. Así, se ha evidenciado que el comportamiento de la actividad económica de España y de sus comunidades autónomas viene determinado por la educación secundaria y terciaria, demostrándose que el nivel educativo de la población constituye una fuente de no linealidad para la actividad económica. Un mejor conocimiento de cómo el crecimiento económico de un país o de una región reacciona ante cambios en el desempeño educativo, así como también reconocer que el crecimiento económico puede mostrar un comportamiento diferente dependiendo del nivel educativo existente en dicho país o región, constituye una información particularmente útil para los encargados de elaborar las políticas públicas.

Para más información, no dudéis en consultar el artículo en

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AEA-06-2019-0005/full/html

El seguro europeo de desempleo: ¿Solo un instrumento estabilizador?

No son pocos los nubarrones que se ciernen sobre la economía europea. La larga crisis existencial de la UE, la inestabilidad política en varios Estados y el horizonte de ralentización económica se añaden a las debilidades estructurales en la arquitectura de la zona euro y la creciente desafección del proyecto comunitario de buena parte de la ciudadanía. Con cada vez menos señas de identidad comunitarias, la Europa del euro sigue sin contar con instrumentos de política fiscal que puedan dotar de mayor estabilidad económica a sus miembros.

Por tratarse de un mecanismo estabilizador y vertebrador de los derechos sociales, una de las alternativas recurrentemente citadas es la creación de un seguro europeo de desempleo (EUI). A priori, la puesta en marcha de esta figura demostraría la capacidad de la solidaridad comunitaria entre ciudadanos y países para impulsar la cohesión social en el espacio europeo y sería clave para promover el aumento de la confianza de la población en las instituciones comunitarias.

El alivio en la financiación de las prestaciones en tiempos de crisis en los países más afectados y con mayor dificultad para el cumplimiento de las reglas fiscales hacen de este seguro una alternativa también relevante en términos de eficiencia. Mientras que las uniones monetarias consolidadas cuentan habitualmente con potentes estabilizadores automáticos para compensar las fluctuaciones económicas, la Europa del euro se diseñó asignando el papel de estabilización fiscal a los presupuestos nacionales con muy pocas contrapartidas comunitarias. Parece claro que una política monetaria común no es suficiente para acomodar las necesidades de todos los Estados ante shocks asimétricos y frenar el contagio de problemas de endeudamiento, turbulencias macroeconómicas o altos niveles de desempleo.

Aunque el debate sobre el EUI arrancó hace varias décadas, los pasos dados hasta ahora han sido muy tímidos. Sólo a partir de la última crisis, cuando la falta de capacidad fiscal de la zona euro se hizo evidente, volvió a avivarse la discusión, con recomendaciones explícitas del FMI y la inclusión del EUI en el Informe de los cinco presidentes (2015). Algunos Estados, como Francia, Alemania y España, han defendido recientemente la introducción de un seguro europeo de desempleo como clave en la reforma de la gobernanza.

Las principales alternativas para su puesta en marcha son dos: un sistema único o un fondo de aseguramiento como complemento de los actuales sistemas nacionales. En el primer modelo, los ciudadanos europeos desempleados recibirían transferencias directamente de ese sistema, que garantizaría un nivel básico de protección, con la posibilidad de que fuera complementado por cada país. Para ello, sería necesario avanzar en la armonización de los mercados de trabajo y de los esquemas de protección, lo que no parece fácil ni del todo deseable. No debe olvidarse que los sistemas actuales fueron definiéndose como resultado de las preferencias de cada sociedad, tanto respecto al nivel de protección proporcionada como a la forma de organizar el mercado de trabajo. Resulta difícil lograr grandes consensos respecto a la generosidad, la duración y las condiciones de acceso a las prestaciones o las contribuciones de trabajadores y empleadores en un único esquema común. Actualmente, la cuantía respecto al salario previo y la duración de la prestación varían considerablemente entre Estados. Tal armonización se enfrentaría, por otro lado, a múltiples barreras políticas, jurídicas y administrativas, además de contravenir el principio de subsidiariedad de las políticas sociales.

Resulta más fácil el acuerdo sobre un modelo en el que los países pagarían contribuciones a un fondo común durante las fases expansivas del ciclo, que podría ascender, según algunas propuestas, hasta el 0,1% del PIB. Las transferencias desde ese fondo a los sistemas nacionales sólo se efectuarían en los períodos recesivos especialmente agudos y bajo determinadas condiciones. Para evitar que los países con tasas más bajas de paro subsidiasen continuamente a aquellos con mayor desempleo, tendría que fijarse un umbral alto de aumento del desempleo para activar el pago de las transferencias. Eso evitaría el posible riesgo moral de los Estados, que podrían no abordar reformas ante la expectativa de que los costes de las transferencias los asumiera el fondo común. Se perdería, sin embargo, la oportunidad de crear un instrumento solidario común de mayor alcance, optando por un sistema más difícil de visualizar y de identificar como propio.

La ventaja más esgrimida por los defensores de la segunda opción es la de proporcionar aseguramiento a los países más afectados por posibles shocks mutualizando los riesgos, lo que les permitiría hacer frente a las crisis sin recortar otros gastos o elevar drásticamente la presión fiscal. Algunas simulaciones realizadas para medir sus efectos muestran que podría dar lugar a ganancias netas en términos de las transferencias pagadas y recibidas en la gran mayoría de los países, así como a reducciones de la pobreza. Las pérdidas de renta en la eurozona en la última crisis causadas por el desempleo se hubieran reducido entre un 20 y un 25% y ningún país habría sido contribuyente neto sistemáticamente.

Hay que recordar, sin embargo, que la protección del desempleo no solo es importante desde un punto de vista macroeconómico, sino que tiene un papel distributivo clave al ser el instrumento más importante para reducir las desigualdades después de las pensiones contributivas. Los análisis no suelen tener en cuenta el papel de los agentes sociales en el diseño y la gestión de los programas de protección del desempleo en varios países ni su encaje en el conjunto de la protección social. Tampoco despejan las dudas sobre las consecuencias que ese sistema complementario pudiera generar sobre la intensidad protectora de los sistemas nacionales, afectando a su capacidad redistributiva final. Existe el riesgo, además, de que bajo el supuesto amparo de una protección reforzada se emprendieran reformas del mercado de trabajo que redujeran el efecto redistributivo de algunos de sus actuales elementos institucionales.

Combinar adecuadamente los objetivos de estabilización de un EUI con los de carácter redistributivo obligaría a los miembros de la Unión, por tanto, a asumir un alto compromiso institucional y a suscribir grandes acuerdos políticos, difíciles de imaginar actualmente. En este contexto, incluso las propuestas más modestas de un mecanismo de este tipo deben contemplarse con cautela. No sólo por la dificultad de lograr un amplio consenso sobre su diseño, sino por el excesivo énfasis puesto por sus defensores en sus efectos macroeconómicos, sin considerar los fundamentos redistributivos de este tipo de protección.

Publicado en El País, 29 de septiembre de 2019

Asimetrías y contrastes

Ciertas llamativas disonancias ayudan a valorar el momento de España al comienzo de este otoño, tan cargado de vaticinios agoreros.

Comencemos por lo asimétrico, ya saben: falta de correspondencia en forma, tamaño o posición de las partes de un todo. En dos planos se hace muy evidente. Primero el que distingue entre sociedad y política. Tenemos una buena sociedad y una praxis política mediocre, por decirlo sin rodeos. Un país con músculo empresarial, como lo demuestra el continuado desempeño de nuestras grandes firmas en unas y otras latitudes; con alta reputación internacional para sus mejores científicos, no solo los consagrados, también quienes son hoy promesas: véase la estudiante de Medicina en la Universidad del País Vasco que acaba de ser galardonada en el certamen más importante del mundo en ciencia y tecnología, organizado por el MIT; con prestigiosos museos y artistas; con excelente nivel competitivo en deportes, tanto de protagonismo individual como de equipo, y septiembre ha sido pródigo en logros: Nadal, Mundial de baloncesto, Marc Márquez, Carolina Marín, europeo paraolímpico…; un país, en suma, con un tono ciudadano que tiene muchas facetas y dimensiones ciertamente elogiables. Nada parecido en el ámbito de la política, donde sus principales actores parecen “secuestrados” —la metáfora es pertinente— por enfrentamientos obsesivos y puro tactismo, desatendiendo un tiempo cargado de novedades y retos. Marcada asimetría.

Como notoria es también la que ofrecen en su proyección exterior la economía española y la acción estatal extramuros. Reparemos solo en lo más reciente: mientras los bonos españoles consiguen mejorar su nota en las agencias de calificación de deuda —S&P y DBRS—, la influencia internacional de España no sube escalones, con riesgo claro de ver mermada incluso su posición secundaria en el siempre difícil juego de equilibrios europeo, ahora que Italia aspira con recobrado brío a ocupar un sitio preferente, con dos de los suyos colocados en lugares prominentes: presidencia del Europarlamento y cartera de Economía. El ensimismamiento de nuestra clase política se traduce en pérdida de oportunidades, alto coste que no atenúa, desde luego, la labor —“patética”— de la Secretaría de Estado de Comunicación.

A su vez, algún contraste —es decir, contraposición o diferencia notable— resulta clamoroso. Frente a los casi cinco meses —desde el 28 de abril– que aquí se han consumido para verificar la incapacidad de lograr acuerdos de investidura y gobierno a través de alguna combinación entre unos pocos partidos, muy cercanos entre sí ideológicamente algunos de ellos, solo un puñado de semanas ha necesitado la recién elegida presidenta de la Comisión Europea para proponer la nueva composición de esta, reuniendo la participación de socialdemócratas, conservadores, liberales, verdes e independientes, hombres (14) y mujeres (13) cuya procedencia cubre todo el plural y muy diverso espectro nacional que forma la UE. Y, aunque casual, la coincidencia no pudo ser más lacerante: el mismo día en que Úrsula von der Leyen presentaba ese nuevo Colegio de Comisarios y hacía hincapié en las tareas prioritarias para los próximos años: cambio climático y transición energética, innovación y economía digital, calidad institucional y adhesión ciudadana, ese mismo 10 de septiembre nuestro Tribunal Supremo informaba sobre el calendario que seguiría para la deliberación sobre el recurso de la familia Franco contra la decisión del Gobierno de exhumar al dictador.

¡Ha comenzado el otoño!

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