Año de transiciones

El comportamiento de la economía global, también de la eurozona y la española, estará condicionado por una serie de factores que aun cuando abiertos en el pasado, será en 2016 cuando probablemente concreten su definitiva transición. El asentamiento de las economías emergentes en una senda de menor crecimiento, la adaptación a las políticas monetarias divergentes en EEUU y en la Eurozona y la situación política en España podrían alterar el escenario de estabilidad con el que despedimos 2015.

Apenas iniciado 2016, la directora-gerente del FMI ya se ha apresurado a anticipar que será un año de “crecimiento económico global decepcionante”. En el mejor de los casos será del 3,5%, la última previsión del FMI, un punto inferior al promedio de la década previa a la emergencia de la crisis. No son pocos los analistas que reducen ese ritmo medio al 2,5%, coexistiendo con un crecimiento del comercio internacional inferior incluso al del PIB global, en un contexto geopolítico no más favorable que el observado en 2015.

1. Emergentes hacia menor crecimiento.

 La primera de las transiciones que tendrá lugar en este año es en la tracción de la economía global: desde las economías emergentes que en la década anterior contribuyeron con la mitad del crecimiento mundial a las avanzadas. Con todo, la expansión de estas últimas será insuficiente para mantener ritmos aceptables de crecimiento.

Ha sido el pronunciado descenso de los precios de las materias primas desde hace ya más de año y medio la causa principal de esa contracción en el crecimiento. Solo poco más de cincuenta de las economías clasificadas de bajos ingresos por las agencias multilaterales disponen de una estructura de exportaciones suficientemente diversificada para no sufrir las consecuencias de la atonía global. Desde luego los daños ya son suficientemente explícitos en los dependientes de las ventas de hidrocarburos. Pero también los exportadores de productos agrícolas que llevan casi cuatro años con menores ingresos. La transición a un nuevo ciclo de precios de materias primas es la principal incógnita respecto al futuro de esas economías. A clarificar ese horizonte, especialmente en lo que hace al petróleo, no contribuye la agudización de tensiones en algunos países productores, Arabia Saudí sin ir más lejos.

Del bloque emergente hay que diferenciar lógicamente a China e India, beneficiarias en cierta medida de esos menores costes de las materias primas, pero inmersas en su particular adaptación interna. Especialmente la primera, que trata de adecuar su patrón de crecimiento a un mayor protagonismo del consumo interno, por un lado, y al necesario control de un sistema financiero cuya estabilidad fue cuestionada el pasado agosto, cuando sus autoridades sorprendieron dejando depreciar el tipo de cambio del yuan. Este episodio, recordemos, fue suficiente para aplazar la decisión de la Reserva Federal de elevación de sus tipos de interés. Los elevados niveles de endeudamiento privado, en gran medida comunes a otras economías emergentes, son por si solos una amenaza a la estabilidad global.

Las paradojas de las taxonomías al uso no pueden impedir verificar que la de China es la segunda economía más importante del mundo por la dimensión de su PIB y por la contribución al comercio global. Y de la transición en curso, del tipo de aterrizaje a ritmos de crecimiento sostenibles, dependen otras economías emergentes y algunas avanzadas que son importantes exportadores, como Alemania.

En la volatilidad de sus mercados de acciones observada en esta semana cotizan sin duda las dificultades de esa transición de su sistema financiero hacia uno más homologable con los avanzados, pero también el continuado descenso de su actividad manufacturera.

2. La gran Divergencia.

La segunda transición, no menos ignota, carente de observaciones empíricas que ayuden a anticipar sus consecuencias, es la protagonizada por esa Gran Divergencia en políticas monetarias entre los dos grandes bloques económicos del mundo. La Reserva Federal empeñada en la vuelta a una normalidad tras siete años de laxitud excepcional, y el BCE prolongando quizás más allá de este año su tardía orientación expansiva con el fin de evitar males peores.

La estabilidad financiera global dependerá también de la coexistencia de ambas orientaciones monetarias. Mas sensibles ya se han mostrado aquellas economías emergentes expuestas a la apreciación del tipo de cambio del dólar, en especial las que mantienen niveles de endeudamiento elevados en esa divisa. Pero también los efectos de esa asimetría monetaria y la eventual volatilidad asociada podrían manifestarse en los sistemas financieros de economías avanzadas, en particular en el sector de la gestión de activos.

La mayor solidez de los sistemas bancarios en general, no impide constatar vulnerabilidades en aquellos como los de la eurozona obligados a capear esa transición a la normalidad monetaria con márgenes de intermediación estrechos, también propiciadores de una mayor agresividad en la inversión, susceptible de amplificar episodios de inestabilidad financiera.

Esas dos transiciones – hacia una menor expansión de las emergentes y hacia la normalidad monetaria– condicionarán el comportamiento de las economías avanzadas. A pesar de la inequívoca recuperación de EEUU y Reino Unido ambas crecerán por debajo del promedio de los años anteriores a la crisis y menos también que en cualquier otra fase de recuperación precedente.

El crecimiento económico de la eurozona, previsto en el entorno del 1,5% en este año coexistirá con bajos niveles de inversión, débil crecimiento de la productividad y reducidas contribuciones de las exportaciones que no favorecen la transición a la normalidad. Por el contrario, propician que la eurozona convierta en realidad esas invocaciones al “estancamiento secular”, a una larga fase en la que a pesar de bajos tipos de interés la debilidad de la demanda siga inhibiendo la confianza y las decisiones de inversión.

Transiciones abiertas en Europa son también las derivadas de la crisis de los refugiados o de la posibilidad de abandono de Reino Unido de la UE, que tampoco favorecen una clarificación del entorno más inmediato en el que la economía española se desenvolverá.

3. La transición española.

Es difícil que la economía española se sustraiga a las contingencias comentadas. En especial cuando en su recuperación han sido tan determinantes esos vientos de cola asociados a un entorno exterior favorable desde 2013: el descenso en los precios de las materias primas, la política monetaria expansiva del BCE y la consiguiente depreciación del tipo de cambio del euro. El mejor de los escenarios es el previsto por la mayoría de las agencias multilaterales y analistas en otoño en el que anticipaban un crecimiento para este año apenas medio punto inferior a ese 3,2% para 2015.

A esa incertidumbre se añade la más específica vinculada a la situación política española: a la capacidad para definir un gobierno en un plazo relativamente cercano. La situación en Cataluña, y las exigencias de negociar con la Comisión Europea nuevos objetivos de déficit público son las tareas más perentorias. Que los mercados financieros, en especial los más sensibles de deuda pública, no hayan dado hasta ahora muestras de gran inquietud por esa transición no debería servir de excusa para tratar de prolongar excesivamente la transición abierta hacia un nuevo gobierno.No solo porque las necesidades de renovación y emisión de deuda pública en 2016 serán elevadas, sino porque la ampliación del potencial de crecimiento de nuestra economía requiere de decisiones rápidas y de amplio respaldo.

(Diario El País: 10/01/2016)

Si hoy es viernes, esto aún es España

Publicado en El Mundo el viernes 9 de Octubre (Día de la Comunidad Valenciana). Texto: Jordi Paniagua

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/09/56177a74ca4741653a8b46a3.html

El enredo catalán recuerda a la disparatada comedia Si hoy es martes, esto es Bélgica (1969) en la que un grupo de turistas americanos se proponen visitar la mayor parte de los países europeos en tan sólo 18 días. Sin ocasión de disfrutar del viaje, logran cumplir su reto acumulando fotos frenéticamente, pero sin saber dónde han estado exactamente. En Cataluña, una serie de turistas de la política se ha propuesto un reto similar: acumular el mayor número de votos sin tener la más mínima idea de cómo quedaremos todos al final del viaje.

Si además de viernes, hoy es 9 d’Octubre, en Valencia todavía compartimos país con nuestros vecinos del norte. Parafraseando al gran Vinicius de Moraes: Porque hoy es viernes, hay la perspectiva del sábado. Es imposible huir de esa dura realidad. ¿Qué sucedería si mañana sábado el Sénia dibujara una frontera entre nosaltres el valencians i vosaltres els catalans? Se lo avanzo (por si tienen un cierto hartazgo y prefieren dedicar los minutos de la lectura posterior a preparar la Mocaorà): la independencia tendría un alto coste para Cataluña, pero también para el resto de España y muy especialmente para Valencia.

El encaje de Cataluña nos afecta especialmente en Valencia. Cataluña, además del vecino del norte, es el principal socio comercial de Valencia y la única vía terrestre hacia Europa. La independencia política de momento no tiene el poder para decidir sobre la geografía. A diferencia de otras CCAA, que ya se han preocupado de potenciar el corredor central para hacer llegar sus productos a Europa de manera alternativa, las exportaciones valencianas (60% por medios terrestres) pasan necesariamente por Cataluña.

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Valencianos y catalanes somos más que vecinos. Puede que no compartamos ni identidad ni acento, pero compartimos un mismo espacio común. Ese espacio común que es un estado democrático es mucho más que el conjunto de sus partes o la suma de balanzas fiscales. Podemos expresar nuestras opiniones libremente en varias lenguas y equivocarnos o acertar al elegir a nuestros gobernantes. Tenemos incluso los mecanismos legales para mejorar lo que nuestros padres pensaron hace treinta años que era lo mejor para nuestro futuro presente.

En el interior de los estados suceden cosas sorprendentes que afectan a su economía. El diseño territorial, la regulación, las preferencias de los consumidores o la redistribución fiscal afectan muy especialmente al patrón y a la composición del comercio. Para muchos economistas, una de las facetas más fascinantes de los estados es que se comercie mucho más dentro de sus fronteras que con el exterior.

En 1995 el profesor McCallum descubrió asombrado que a pesar de las abrumadoras similitudes entre el sur de Canadá y el norte de EEUU, las regiones canadienses comerciaban 20 veces más entre ellas que con sus vecinas estadounidenses. Desde entonces, el «efecto frontera» ha sido ampliamente documentado en multitud de investigaciones a lo largo de distintas fronteras. Durante estos veinte años hemos ido observando y entendiendo mejor sus mecanismos. Por ejemplo, los franceses comercian ocho veces más entre franceses que con los alemanes, aunque éstos últimos sólo lo hacen tres veces más. En promedio, la Europa de los doce comercia cuatro veces más dentro de sus fronteras.

Es justo reconocer (precisamente hoy en la fiesta de todos los valencianos), que fueron tres profesores de la Universitat de Valencia los primeros en cuantificar el efecto frontera para España. Pero no piensen que Spain is different, de hecho somos bastante normales, ya que el caso español arroja unos resultados similares a los del resto del mundo. Los valores fluctúan entre 8,5 para Madrid y alrededor de 60 veces para las Islas Baleares. En Valencia estamos cerca del promedio nacional y exportamos 21 veces más al resto de España que al extranjero. Cataluña no es una anomalía. El comercio de Cataluña con el resto de España es 22 veces mayor que con el extranjero (esto significa que las empresas catalanas exportan un 2200% más a otras autonomías que al resto del mundo).

Imaginemos que una Cataluña «libre» fuera un país normal dentro de la UE. En este caso sería razonable suponer que sus patrones comerciales fueran los que observamos habitualmente en economía comercial. Por consiguiente, no es descabellado pensar que observáramos en un hipotético estado Catalán el mismo efecto frontera que en el resto todos los países normales (puede que en Suiza no tanto). Sería sorprendente aspirar a ser un país normal en todos los aspectos menos precisamente en este. Como sucedió entre Eslovaquia y la República Checa tras su ruptura en 1993. Tan sólo en cinco años el comercio entre checos y eslovacos descendió un 20%. Aceptemos a Cataluña como estado de compañía y estudiemos cómo afectaría el cambio del patrón comercial a la economía.

Supongamos que Cataluña se independiza elegante y amistosamente, conservando unas instituciones plenamente democráticas. Sin ningún boicot, dentro de la UE, manteniendo relaciones cordiales con sus ex vecinos y sin realizar ninguna transferencia fiscal. Dibujemos tan sólo una frontera en el Sénia e imaginemos que tenemos las mismas fricciones comerciales con Cataluña que con Portugal. Bajo este escenario, los profesores de la Universidad de Edimburgo, Comeford, Myers y Mora (Revista de Economía Aplicada, 2014), estiman, mediante un equilibrio general para esta nueva economía, un descenso de las rentas catalana y española del 6,1% y 3,9% respectivamente. La desconexión catalana es también una desconexión española y nos afecta a todos.

Son las cifras conservadoras del empobrecimiento mutuo, ya que el análisis presupone que se eliminan totalmente las transferencias fiscales y supone que Cataluña se abre más al mundo (y menos a España). Pero es improbable que un nuevo estado catalán esté exento de un cierto grado de distribución fiscal. Al integrarse en Europa como un país con un PIB por encima de la media, Cataluña sería un contribuyente neto, como Alemania u Holanda. En vez de contribuir a la solidaridad territorial con Andalucía y Extremadura directamente, lo haría a través de la caja en Bruselas junto con las aportaciones para el resto de regiones más desfavorecidas de Europa. Con el nivel actual de transferencia fiscales, el descenso del PIB Catalán sería más del doble, un 12,8%.

Sin embargo, el flujo fiscal tiene una segunda derivada: ayuda a compensar los flujos y tensiones migratorias entre países y regiones. Es cierto que nadie paga con una sonrisa los impuestos, sobre todo cuando no se disfruta proporcionalmente de la inversión y servicios públicos. Pero la evidencia empírica nos indica que cuando se corta el tren del dinero, se fleta el tren de la migración. Migración, comercio y desigualdad van de la mano. Puede que el sistema actual de solidaridad interterritorial no sea ni óptimo ni justo y se podría mejorar sin duda. Es cierto que la subvención limita el desarrollo del sur. Pero las experiencias pasadas (en los tiempos donde no existían transferencias de renta) nos invitan a pensar que en un sistema sin apenas transferencias disminuye el bienestar social neto.

Por tanto, la redistribución fiscal no es una aportación enteramente altruista. Salimos ganando todos. La solidaridad entre territorios viene normalmente acompañada de una relación comercial. El mecanismo es parecido a la máxima franciscana: «dando es como se recibe». Parte del aumento de la renta de las regiones receptoras se destina a importar productos y servicios de las regiones que más recursos aportan a las arcas del estado. En teoría, la balanza comercial compensa la fiscal y todos salen favorecidos. El problema es que en el caso catalán esto no sucede.

Cataluña comercia principalmente con las otras CCAA que presentan un déficit fiscal como Valencia, Aragón, Madrid, País Vasco y Baleares. Exceptuando Andalucía, que es el principal destino de las exportaciones catalanas, las CCAA con una balanza fiscal positiva son las que menos comercian con Cataluña. Es decir, que Cataluña da pero no recibe tanto. Este es uno de los puntos centrales que esconde el argumentario independentista, dando no se recibe, o al menos no se recibe tanto.

En cambio, en Valencia la situación es diferente. Las balanzas fiscal y comercial se ajustan mejor en Valencia que en Cataluña. La mayor parte de nuestras exportaciones regionales van dirigidas hacia Cataluña, más del doble que a cualquier otra CCAA. Pero a diferencia de Cataluña, el comercio valenciano es más intenso con CCAA netamente receptoras (Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha) y nuestro déficit fiscal se compensa en parte con un superávit comercial.

Un parón brusco en la solidaridad interterritorial provocaría bien una carga sobre las CCAA donantes o una disminución de las cantidades recibidas por las receptoras. En cualquiera de los dos casos, la economía valenciana se vería perjudicada. Bien porque aportaríamos más a la hucha común o porque nuestros principales socios comerciales tendrían menos dinero disponible para comerciar con nosotros. Por lo tanto, la caída del PIB Valenciano estaría más cerca del 12% catalán que del 6% español.

Más allá de las balanzas comerciales y fiscales, existe un tercer factor que habitualmente pasa desaparecido. El efecto frontera no afecta únicamente al volumen del comercio, también incide sobre su composición. No todas las empresas son iguales, las menos productivas abastecen al mercado doméstico y a partir de cierto umbral de productividad, las empresas se lanzan a la exportación. El umbral de productividad entre Valencia y Cataluña aumentaría, ya que sería más difícil exportar productos «made in Catalonia» o «made in Valencia (Spain)». La evidencia empírica nos hace pensar que las barreras administrativas inciden negativamente sobre el umbral de productividad necesario para comerciar. Esto significa que empresas que antes comerciaban libremente descubren que ya no les sale a cuenta hacerlo. Una hipotética secesión relegaría a las empresas menos competitivas al mercado doméstico.

Las empresas con una productividad media o alta también se verían afectadas. La reciente crisis es un desgraciado laboratorio para estudiar este tipo de efectos. Investigaciones recientes demuestran que algunas de estas empresas ajustarían la calidad de sus productos a la baja para hacer frente a shocks exógenos en la demanda de productos o en la disponibilidad de crédito. Una rebaja de la calidad permite vender más barato a menos coste y superar el corte. Sin embargo, la mayoría de empresas no pueden variar demasiado la calidad de sus productos. Estas empresas se ven abocadas a vender los mismos productos a precio menor para mantenerse a flote. A corto plazo, la única opción realista para muchas empresas con una productividad media-baja (como la mayoría de las empresas de nuestro entorno) es bajar los salarios. Parte de estas empresas lograrían seguir exportando, pero no por su mejor calidad o valoración, sino vía deflación salarial. A corto plazo las empresas catalanas y valencianas se embarcarían en un viaje a la deflación y la mediocridad.

Sin embargo, con el paso de los años la situación se estabilizaría para volver a niveles parecidos a los de hoy en día. Pero ese largo plazo estaría precedido de un corto plazo con salarios más bajos y una caída estimada del PIB diez veces superior a la de la crisis del 2007. Ha pasado casi una década desde el inicio de la crisis y aun no hemos logrado niveles de empleo parecidos a los de entonces. Pero parece poco probable que la amalgama política salida de las urnas del 27-S acepte alegremente asumir más recortes para llegar a un destino incierto de aquí 10, 20 ó 30 años. Más bien al contrario.

¿Cómo se puede construir un país normal sin asumir los costes normales de ser un país? Incrementar la soberanía nacional en una economía global conlleva un coste. Si no se está dispuesto a asumir el coste económico se pagará un peaje democrático. Una frontera soberana entre países democráticos empobrece a ambos, por ejemplo disminuyendo el comercio. En cambio, países opacos, por ejemplo los paraísos fiscales, gozan de las ventajas del comercio y de la soberanía simultáneamente.

Jordi Paniagua es profesor de la Universidad Católica de Valencia e investigador asociado del Instituto de Economía Internacional.

ENDEUDADOS

El mundo está hoy más endeudado que en 2008, al inicio de la crisis, y seguirá estándolo durante muchos años. Conviene, por tanto, que nos acostumbremos a convivir con elevadas deudas. Desde luego los supervisores financieros, con el fin de anticipar posibles episodios de inestabilidad, pero también las próximas generaciones, obligadas a soportar el servicio de las deudas contraídas en estos últimos años.

Recordemos que el desencadenante de la crisis fue una rápida erosión de la solvencia de los deudores hipotecarios estadounidenses. El subsiguiente colapso de los mercados financieros mayoristas – allí donde los grandes operadores bancarios se prestan unos a otros – fue el principal alimentador del contagio a Europa. De sus ramificaciones, la paralización de la inversión crediticia en el sector privado de las economías y su perversa conexión con los mercados de deuda pública, también en la eurozona disponemos de evidencia suficiente.

En aquellas economías más directamente afectadas por la crisis y por su inadecuada gestión, la caída de la recaudación tributaria y los apoyos a entidades bancarias contribuyeron al aumento de la deuda pública. El caso de España vuelve a ser representativo: al final de 2007 la deuda publica era de las más bajas de Europa pero la privada estaba en máximos históricos. Hoy ambas están entre las mayores de la OCDE. No es algo exclusivo de nuestro país.

En las economías avanzadas solo algunos sectores privados han conseguido reducir su endeudamiento, aunque a un ritmo inferior al esperado. La deuda pública en relación al PIB, sin embargo, ha aumentado en un 75% desde el inicio de la crisis. Ello ayuda a explicar que durante 2014 y lo que llevamos de 2015 los flujos internacionales de capital sigan dirigiéndose mayoritariamente hacia las economías más desarrolladas, en detrimento de los canalizados a las emergentes.

Esos aumentos en los pasivos están alimentando la ampliación del volumen transaccional de los mercados financieros, la ya considerable “financiarización” de la economía global.Así se pone de manifiesto en la última edición del informe “Mapping theWorld’s Financial Markets “, realizado por Sanjeev Sanyal del Deutsche Bank. Estima que el stock de activos financieros, medido por la capitalización de los mercados de acciones y el saldo de la deuda pública y privada pendiente, ascendía a 294 billones de dólares a final del año pasado. De ellos, 69 billones corresponderían a los mercados de acciones, mientras el resto serían instrumentos representativos de deuda privada y pública. Gran contraste con las cifras de 2008: el valor total era de 222 billones de dólares, con todas las categorías de instrumentos financieros por debajo de sus valores actuales. De ellos, la deuda es el componente que más ha crecido.

El análisis de esa misma tendencia ha sido abordado en otros trabajos recientes del Banco de Pagos Internacionales, BIS (“Debt”) y del Mckinsey Global Institute, MGI (“Debt and (notmuch) Deleveraging”), algunos de cuyos gráficos más representativos están reflejados en el blog “Finanzas a las nueve”  (http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/). En el trabajodel MGI se destaca que desde 2007 hasta el segundo trimestre de 2014 la deuda global ha crecido a un ritmo anual del 5,3%, 57 billones de dólares en total, equivalentes a 17 puntos porcentuales del PIB, de los que más de 25 billones de dólares de ese aumento corresponderían a deuda pública.En bastantes economías, el aumento del endeudamientopúblico coexiste con el de familias y empresas. No es el caso de la española donde el desapalancamiento las familias y empresas ha sido simultáneo al más intenso aumento de la deuda pública.

Recordemos que fue el elevado endeudamiento privado el principal factor de exposición al contagio de la economía española. En común con otros países – EEUU, Reino Unido, Irlanda- el nuestro mantenía un elevado grado de concentración en financiación hipotecaria. En España, a pesar de la severidad de la crisis, de su impacto sobre la renta de familias y empresas, el desapalancamiento ha sido evidente, aunque más en las empresas que en las familias.

Del crecimiento total en la deuda acumulada en el mundo en estos siete últimos años aproximadamente la mitad correspondería a economías no avanzadas, reflejando en cierta medida saludables desarrollos como la mayor profundidad financiera, de la mano del ascenso en el endeudamiento del sector privado, en un contexto de aumento en las cotizaciones de los activos financieros. En el G20, con datos del BIS, la deuda en términos de PIB es hoy 20 puntos porcentuales superior a la existente en 2007. Con todo, el nivel de la relación entre deuda y PIB en las economías menos desarrolladas se mantiene por debajo de la mitad del correspondiente a las avanzadas.

El caso de China es uno de los más destacados: su deuda total, más del 280% del PIB, es hoy superior a la proporción equivalente en EEUU, alimentada por el endeudamiento privado para adquisición de activos inmobiliarios – de los que una parte importante han sido suministrados por entidades amparadas en la banca en la sombra-, y otra no mucho menor por gobiernos locales altamente endeudados.

Sobre estos hechos llama la atención el BIS, pero destaca especialmente el aumento de la financiación privada trasfronteriza de los mercados de deuda, considerándolo un paso más en la gestión de la liquidez a nivel global, en la dinámica de globalización financiera, en definitiva. Su director general, Jaime Caruana, confiesa no entender completamente el alcance de esa tendencia, planteándose con razón hasta qué punto es menos inquietante que un boom crediticio sea dirigido por los mercados de capitales en lugar de por los bancos. Se trata, en definitiva, de saber si es más o menos probable que termine en una crisis como las conocidas y, por tanto, si son adecuadas las decisiones reguladoras que se han adoptado hasta ahora. El hecho cierto es  que ya no son los bancos el exclusivo objeto de atención de los supervisores financieros, en la medida en que vehículos adicionales a los préstamos bancarios canalizarán mayor  financiación en todo el mundo.

Tres conclusiones pueden deducirse de los datos anteriores. Tendremos que aprender a soportar mayores volúmenes de deuda. Su peso sobre el tamaño de las economías seguirá siendo importante, especialmente en la eurozona, si esta no aumenta mucho más su ritmo de crecimiento económico. En segundo lugar, la deuda no siempre será asignada de forma óptima, financiando inversiones que se traduzcan en mayor crecimiento. En este punto es oportuna la verificación sobre la que llama la atención el BIS acerca de cómo muchas empresas están utilizando la deuda para financiar mayores pagos de dividendos o reducciones de capital, en lugar de aumentar sus decisiones de inversión, de aumento de su eficiencia y capacidad de crecimiento, en definitiva. Por último, pero no menos relevante, la supervisión y anticipación de su potencial desestabilizador sobre las economías será algo más complejo que hasta ahora.

De lo anterior no cabe concluir en la estigmatización del endeudamiento, sino sugerir su vinculación al cumplimiento de aquella regla de oro que desaconseja endeudarse para cualquier destino que no sea la inversión. Y exigir siempre que la rentabilidad esperada de la misma exceda al coste de capital. Me permitiría añadir, a tenor de la reciente experiencia española, sin poner todas las deudas en la misma cesta: con un grado de diversificación inversora suficiente.

El País (22/02/2015)

Sobre la Unión Monetaria Bolivariana por Rafael Bonete y Miguel Carrera

Nuestros compañeros Rafael Bonete y Miguel Carrera, de la Universidad de Salamanca, nos han facilitan esta oportuna entrada publicada en el diario El País (9/2/2015)

Se ha publicado que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua pagaron 425.000 euros por trabajos de asesoría sobre la unidad monetaria en América Latina. La cuestión  sobre si es posible una Unión Monetaria Latinoamericana o Bolivariana tiene fácil respuesta, a nuestro juicio, y no hace falta, en modo alguno, ni un equipo de expertos internacional  ni mucha investigación. Vamos a ilustrar la respuesta refiriéndonos al caso de los cuatro países que contrataron la investigación pero es muy sencillo extrapolarlo al resto de América Latina.

La teoría que permite contestar esa pregunta es bastante sólida al menos desde la elaboración de las Áreas Monetarias Óptimas por parte de Mundell, cuyo artículo seminal se publicó  en 1961 en la prestigiosa American Economic Review. En su aportación, que en parte motivó que le concedieran el Premio Nobel en 1999,  destacaba la importancia de que las crisis asimétricas que pudieran padecer alguno de los países que pretendían formar parte de una unión monetaria fueran poco relevantes o al menos poco probables, la conveniencia de disfrutar de unos mercados laborales y de bienes y servicios flexibles y también de disponer de un sistema automático de transferencias fiscales entre los potenciales países miembros.  Posteriormente las aportaciones de McKinnon, Kenen y De Grauwe, entre otros, han insistido en la importancia de la existencia de preferencias homogéneas entre los países que pretenden formar una unión monetaria, así como la necesaria elevada apertura comercial, la diversificación en la producción y el comercio, la conveniencia de compartir una similar aversión a la inflación y  necesidad de coordinar las políticas económicas.

La primera pregunta sería si un hipotético  Banco Central Bolivariano sería capaz de gestionar una moneda más fuerte, más segura que las monedas de cada uno de los países. En Europa el euro heredó la credibilidad antiinflacionista del Bundesbank  y la correspondiente estabilidad y fortaleza del marco alemán y ello le permitió a la moneda única europea ser considerada desde sus inicios  como una moneda que cumple adecuadamente su función de depósito de valor, uno puede confiar en el euro como moneda para ahorrar en ella.  Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar entre los cuatro países cuál podría ser el referente. La inflación más baja la tiene Ecuador, pero no tiene una moneda propia, sino que es una economía dolarizada, Bolivia y Nicaragua han hecho esfuerzos en los últimos años para contener la inflación mientras que Venezuela tiene la inflación descontrolada. Por tanto, la primera parte, los posibles beneficios, ya nos lleva a cuestionar la viabilidad de una Unión Monetaria Bolivariana (o Latinoamericana). No está claro que un Banco Central Bolivariano vaya a ser capaz de ofrecer una moneda mejor que la que tienen los países y esta cuestión  es clave porque Ecuador solo podría abandonar el dólar si cambia esa moneda por otra moneda al menos tan fuerte.

La existencia de beneficios tangibles es clave porque una unión monetaria también tiene costes importantes, costes que estamos sufriendo con mucha claridad en España y es que un país que forma parte de una unión monetaria pierde su capacidad para fijar el tipo de interés, para decidir la cantidad de dinero que circula y para fijar el tipo de cambio. Los tres son elementos básicos de política económica que, por ejemplo, son necesarios para estimular una economía en recesión (en ese caso, bajando el tipo de interés, incrementando la cantidad de dinero en circulación y buscando una depreciación de la moneda). Un país que forma parte de una unión monetaria no tiene esos instrumentos y  depende, por tanto, de las decisiones  del banco central de la misma que, además, si quiere ser respetado y creíble es conveniente que  sea independiente.

Esto puede no ser un problema si los países que forman una unión monetaria tienen economías muy próximas en términos de estructura productiva, un intenso comercio entre ellos y comparten un mismo ciclo económico. En este caso, si hay una recesión ésta sucederá en todos los países que forman la unión y el banco central desarrollará una política favorable para todos los países. El problema surge si existen asimetrías entre los países, si los países tienen estructuras productivas diferentes, si el comercio entre ellos no es tan intenso y si los ciclos económicos son distintos. En el caso de los países latinoamericanos considerados es fácil observar que su proximidad es política, pero no económica. No son economías próximas, ni físicamente, ni en sus estructuras productivas, ni en su comercio, ni comparten un ciclo económico, ni las políticas económicas son similares. El contenido de las exportaciones revela bien las diferencias. El 90 por 100 de lo que exporta Venezuela es petróleo, en cambio en Ecuador esta materia prima solo supone el 55 por 100, destacando otro 27 por 100 que aportan los alimentos, Bolivia exporta hidrocarburos también, pero lo que produce, sobre todo, es gas que supone un 44 por 100 de la exportación, con otro 20 por ciento de metales. Por su parte Nicaragua exporta alimentos (60 por 100) y productos de su industria maquiladora. El comercio entre estos países es muy limitado. Ecuador envió en 2012 solo el 4,2 por 100 a los países de esta hipotética unión aduanera, Bolivia algo más del 4, Venezuela algo menos del 4 y Nicaragua un 12 por 100. Por otro lado, el análisis de los crecimientos de estas economías revela que, incluso en el periodo expansivo que comienza a partir de 2003 tras la subida de los precios de las materias primas, estos países siguen ciclos no homogéneos.

La conclusión es que estos países presentan notables asimetrías que hacen imposible el establecimiento de una moneda común. No están claros los beneficios que se derivarían de esta opción, no es evidente que el banco central de esta hipotética área monetaria pudiera ofrecer y garantizar una moneda fuerte que sirva adecuadamente como depósito de valor y como instrumento para el ahorro. Por el contrario, sí son muy evidentes los costes, ya que con las asimetrías existentes el citado hipotético banco central no podría ofrecer una política monetaria que fuera adecuada para las distintas necesidades de estos 4 países.

Si fuéramos ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua sentiríamos que ha salido muy cara esta investigación. El importe recibido por la investigación mencionada parece reflejar un uso inadecuado e ineficiente de los recursos públicos (también escasos) de dichos países. La transparencia y la ejemplaridad deben practicarse también por los que critican a los actuales y anteriores gestores públicos y quieren la confianza de los ciudadanos para gestionar la economía.

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