¿Hacia dónde va la UE? del “Eurexit” a “Con el viento a favor”

El 13 de septiembre pasado el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junckers, pronunció en Estrasburgo el Discurso del Estado de la Unión de 2017, como es tradición en estas fechas.

El estado de ánimo en la UE, según el Presidente, es muy diferente al de hace un año, cuando el resultado del referéndum del Brexit todavía no se había metabolizado por completo, ni por los líderes ni por los ciudadanos europeos, y la sensación era que se avecinaba un tsunami en forma de Eurexit  (salida de más países). Hoy ese peligro parece conjurado, la UE ha asumido que puede sobrevivir sin Reino Unido y se ha embarcado en la negociación de su salida con una contundencia  y firmeza que quizá no esperaban al otro lado del Canal. Por supuesto, a la UE le encantaría que Reino Unido volviera, pero también sabe que el país británico ha expresado sus preferencias, es el principal perdedor del Brexit, y la vida es muy larga.

El tono del discurso del Presidente fue optimista, y la frase estrella de Junckers, The wind is back in Europe’s sails. Navegamos con el viento a favor.

En su opinión, estamos en un momento adecuado para reformar la UE y convertirla en una organización más unida, fuerte y democrática.

Esta afirmación, en principio, no es excesivamente informativa, ya que el número de veces que la hemos escuchado de labios de mandatarios de la Unión es asintóticamente infinita. No obstante, y aunque no lo parezca a primera vista, en este caso se produce en un contexto algo especial: va en la línea del trabajo de Bruselas en los últimos meses y, en particular, de las cinco alternativas que dibujó Junker el 1 de marzo pasado (en un ambiente mucho más sombrío), cuando presentó el Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Este documento  planteaba diversas estrategias para superar el impasse en el que estaba sumida de facto la UE y  orientar su marcha hasta 2025. Los cinco escenarios esbozados eran los siguientes:

  1. Reconvertir la UE a un mercado común
  1. Seguir como estamos
  2. Avanzar en la integración a varias velocidades
  3. Dar más poder a Bruselas en aquellas áreas donde aporta valor añadido y devolverlo en otras en las que las soluciones nacionales son más eficientes.
  4. Opción federalista: una UE muy integrada, con Unión Bancaria, Fiscal e incluso eurobonos.

El 25 de marzo, varias semanas más tarde, los líderes de los 27 países de la UE celebraron el 60 aniversario del Tratado de Roma y renovaron su intención de trabajar por reformar la UE y hacerla más fuerte, resistente y unida. Dicho sea de paso, también era un modo de curarse en salud frente a la petición formal de Reino Unido de abandonar la Unión, que se juzgaba inminente, y que en efecto se recibió en Bruselas el 29 de marzo.

El discurso de Juncker del pasado 13 de septiembre plantea una combinación de los escenarios mencionados más arriba –  de hecho, el mismo lo ha llamado “escenario 6”-  y se materializa en unas serie de propuestas, como crear el puesto de ministro de Economía y Finanzas para la UE, continuar la firma de acuerdos y  la ampliación de la UE y de la eurozona, unificar Presidente de la Comisión y del Consejo, aligerar la toma de decisiones de algunos organismos y establecer un mayor control sobre el mercado laboral.

Pasemos a examinar con detalle algunas de estas propuestas.

Juncker ha anunciado que, una vez que el CETA ha comenzado a funcionar, se abren una serie de negociaciones para llegar a acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda y Australia (no creo que esta idea guste mucho en Downing Street, por cierto), y se proyecta hacer algo similar con México y algunos países de América Latina (lo que sí será muy bien recibido al otro lado del Atlántico).

La ampliación de la UE se concreta en la inclusión en el espacio Schengen de Bulgaria y Rumanía, y en el futuro de Croacia. En este mandato no se espera el acceso de nuevos miembros a la UE, pero sí en el siguiente: en este sentido, se espera continuar la expansión hacia los Balcanes. No se contempla, en cambio, un tema más espinoso: la inclusión de Turquía.

En paralelo, se pretende que más países se integren en el euro.

A mi modo de ver, la integración de nuevos socios es positiva. Para la UE en general se amplía el tamaño del mercado, aunque sabemos bien que en cuestiones de comercio internacional, puede producirse el tan temido trade diversion, el aumento de la competencia con países que no eran rivales cuando estaban fuera de la UE pero sí pueden serlo cuando no tienen que pagar aranceles en frontera. Y esa competencia reducirá en alguna medida la cuantía de los productos que hoy exportan los 27. Por otra parte, hemos comprobado estos años cómo la inclusión en la UE beneficia poco a poco a los recién llegados en términos económicos, de estabilidad política y de consolidación de la rule of law. Praga y Varsovia hace 20 años son muy diferentes a la Praga y Varsovia de hoy. Y así pasa también  con Bucarest, Sofía… y otros miembros recientes.

En relación con el euro, no estoy tan segura de estar totalmente a favor de una ampliación. La historia de la política monetaria del BCE y de la moneda única ha sido muy turbulenta en los últimos tiempos. El BCE ha comprobado que, si ya es difícil designar una política monetaria adecuada para 12 o 14 miembros, lo es mucho más para 19. Por otra parte, no es lo mismo hacerlo en tiempos de expansión que  de turbulencias. A este respecto, somos muchos los que pensamos que los tipos del BCE han sido (y siguen siendo) demasiado bajos durante demasiado tiempo, con consecuencias deletéreas durante la crisis para muchos de los países del euro, sobre todo aquellos que padecieron en mayor medida la burbuja inmobiliaria. Por supuesto, hay que ser extremadamente riguroso con los criterios de adhesión de nuevos países, para evitar otro fiasco como el griego. Y el BCE debe afinar mucho en su forma de llevar a cabo la política económica para conseguir la cuadratura del círculo y que sus medidas sean efectivas de Helsinki a Ljubljana, de Dublín a Lisboa, lo que hasta el momento no se ha conseguido.

Sobre las reformas en las instituciones de la UE, tampoco tengo opinión de momento. Puede ser buena idea unificar el Presidente de la Comisión y el Consejo. Se conseguirá reducir la dispersión y los tiempos muertos, se obtendrá más coordinación y eficacia en el seguimiento de las prioridades, y se ahorrará en funcionarios, asesores y estructura.

Ahora bien, ¿hasta qué punto es necesario ampliar la nómina de Bruselas con un superministro de Economía y Finanzas? Si tenemos en cuenta que ya existe un Comisario con rango de Vicepresidente para el euro y el diálogo social, la estabilidad financiera, los servicios financieros y el mercado de capitales; otra Comisaria para Comercio; otro para Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad; otro para Presupuestos y recursos humanos; otro para Asuntos Económicos y Financieros, fiscalidad y aduanas, y podríamos ampliar la lista… más bien lo que parece es que, más que un nuevo ministro, lo que se necesita es poner orden en la Comisión, reorganizar competencias, evitar duplicidades, y agrupar comisariados, que luego, a su vez, podrán tener hacia abajo la estructura orgánica que se crea necesario. Pero, visto así, el organigrama de la Comisión más bien parece una macedonia de Ministros, Secretarios de Estado y Directores Generales, todos ellos llamados Comisarios, que una estructura bien ponderada, ágil y efectiva. Pero claro, ningún país quiere perder su valioso sitio en la Comisión, con lo que nos encontramos ante un problema complejo. En todo caso, para mejorar una estructura no es necesario añadir a una inmensa variedad de puestos otro más, en mi modesta intención. Creo que en este punto, relacionado con la eficiencia y la reducción de burocracia y gasto en estructura, echaremos de menos a los británicos.

Como siempre, no sabemos si estas ideas se materializarán, ni con cuánta rapidez, ni con cuánta contundencia… Todo lo relacionado con la  UE no deja de ser en parte una caja negra. En todo caso, me quedo con el tono optimista y positivo de Junckers, mucho más alentador que el  gris y brumoso del año pasado.

Arbitraje internacional y globalización: un debate desenfocado

Texto: Jordi Paniagua / Ilustración: Carlos Sánchez Aranda

arbitrajeEl debate en torno al arbitraje internacional es uno de los puntos que más recelos ha suscitado en contra de los nuevos tratados de libre comercio como el CETA o TTIP. Sus detractores afirman que el arbitraje es incompatible con la soberanía nacional, aumenta las desigualdades, deteriora los servicios públicos y desprotege a los trabajadores, entre muchas otras maldades. El arbitraje también ha generado cierto interés social y académico (por ejemplo aquí, aquí y aquí). A modo de termómetro, el arbitraje internacional ha centrado buena parte de las ponencias de  la conferencia del 50 aniversario de la comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (UNCITRAL), donde he tenido la ocasión de participar.

El objetivo de este post es enfocar el debate sobre el arbitraje, clarificar sus efectos sobre el sector exterior (comercio e inversión extranjera) para acabar apuntando ciertas consideraciones en torno a los acuerdos de libre comercio; muchas de ellas fácilmente aplicables a la economía española.

El arbitraje internacional es un sistema de resolución de disputas comerciales internacionales. Existen dos tipos de arbitraje; el comercial entre particulares y el arbitraje inversor-estado. En el arbitraje comercial, las partes acuerdan contractualmente la forma en la que se resolverán eventuales disputas derivadas del comercio internacional o inversión extranjera. Si surge una disputa, las partes pueden acudir a un tribunal de arbitraje internacional independiente para dirimir sus diferencias. Una vez dictada la sentencia, los tribunales domésticos se encargan de su cumplimiento. El arbitraje empresa-estado funciona de una manera similar; si un inversor extranjero considera que el estado de acogida ha lesionado sus intereses puede recurrir a una corte arbitral internacional para defender sus intereses. El arbitraje empresa-estado ya ha sido tratado aquí; de ahora en adelante cuando hablemos de arbitraje nos referiremos al arbitraje comercial entre particulares.

La globalización del siglo XXI viene acompañada por una mayor complejidad en los procesos de producción  globalizados (como nos explicaban aquí). La separación física de las distintas fases de producción ha incrementado los costes de coordinación y la probabilidad que surjan discrepancias o disputas entre las partes. En este entorno es muy poco probable que un acuerdo contractual pueda adaptarse fielmente a la realidad (algo que conocemos como la teoría de contratos incompletos, que iniciaron los Nobel Holmstrom y Hart). Por todo ello, las cláusulas de arbitraje son habituales en los contratos internacionales. Tanto, que se estima que el 80% de los contratos internacionales incluyen alguna clausula relacionada con el arbitraje internacional.

Las ventajas que aporta arbitraje son esencialmente tres.  Primero, ofrece una seguridad jurídica más allá de sistema legal doméstico, como pudimos observar recientemente con las energías renovables. Por ello, aporta flexibilidad y seguridad a un proceso judicial bastante complejo. Segundo, las partes pueden consensuar el tribunal y  la legislación aplicable  entre otras. En este tipo de procesos, tan solo pueden intervenir abogados especializados. Por último, el coste del arbitraje en tan alto (puede llegar a representar un 15% del valor disputado), que desincentiva un uso abusivo y favorece la  resolución amistosa (aunque esto puede representar a la vez una desventaja).

Los países que han ratificado la convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, también conocida como Convención de Nueva York se comprometen a hacer cumplir los laudos arbitrales extranjeros (España incluida desde 1977). La evidencia empírica acumulada hasta la fecha nos permite afirmar que el arbitraje internacional favorece tanto comercio internacional como la inversión extranjera. Berkowitz y co-atures (2006) fueron los constataron que aquellos países con mejores instituciones aumentaban su ventaja comparativa en productos más complejos. En concretos fueron los primeros en señalar que la adopción de estándares internacionales (como las normas arbitrales) compensa en cierta medida un déficit institucional doméstico. Aquellos países que reconocen los laudos arbitrales exportan más y productos más complejos independientemente de la calidad de sus instituciones domésticas.

Más recientemente, en una investigación propia en colaboración con el Banco Mundial, hemos constado efectos similares en la IED o inversión extranjera directa (Mygurgh & Paniagua, 2016). En concreto, desarrollamos un modelo para explicar el efecto de la adopción del arbitraje en la IED. La intuición es que aunque las empresas paguen un coste fijo superior al adoptar cláusulas de arbitraje, los beneficios esperados son mayores en comparación a las que no las adoptan. Los resultados obtenidos tras un análisis empírico avalan las predicciones de nuestro modelo. Observamos como aquellos países que reconocen laudos arbitrales incrementan tanto el número de empresas inversoras como el volumen de sus inversiones. No obstante, constatamos que este el efecto positivo es mayor para volúmenes de inversión mayores, en concreto inversiones superiores a 60 millones de dólares (debido al alto coste de iniciar el procedimiento arbitral). También observamos que países que se mantienen al margen del sistema internacional de arbitraje reciben comparativamente menos inversión extranjera, ya que esta se intensifica entre los países que adoptan normas arbitrales y divierten IED de los países restantes.

Por tanto, todo indica que la ratificación de tratados comerciales  que incluyan una mejora de las normas arbitrales (véase TTIP y CETA) tendrá unos efectos netamente positivos en el sector exterior de los países firmantes. Primero, incrementará la complejidad de los productos exportados e intensificará el volumen de la IED y el número de empresas inversoras. Mantenerse al margen induciría unos costes adicionales por la diversión de inversiones y comercio desde los países firmantes.

Sin embargo, en relación con el arbitraje, nuestros modelos también señalan que pueden existir perdedores. (Las ventajas de utilizar modelos económicos es que nos permiten identificar los supuestos críticos que sustentan las predicciones y resultados.) En concreto, se verían desfavorecidos aquellos sectores menos complejos y las empresas más pequeñas (aquellas que no se pueden permitir un costoso proceso judicial internacional). Por tanto, sería interesante enfocar el debate sobre los nuevos tratados de libre comercio como el CETA y TTIP en como incluir mecanismos de compensación o salvaguardias para este tipo de sectores y empresas.

 

Texto publicado previamente en Agenda Pública

TRUMP TAMBIEN AMENAZA A EUROPA

De cumplir todos sus compromisos electorales, la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU tendrá consecuencias de alcance sobre la economía mundial. Desde luego sobre la dinámica de globalización y las relaciones multilaterales que han presidido aquella desde la suscripción de los acuerdos de Bretton Woods, en 1944. Además de las ya adoptadas limitaciones a la movilidad de las personas, ha comprometido modificaciones importantes en la estructura fiscal, diversas actuaciones comerciales caracterizadas por un acusado proteccionismo, alteraciones en los compromisos medioambientales y, no menos importantes, desregulaciones financieras de gran significación. Aun cuando es pronto para evaluar el impacto de todas ellas e identificar a las economías mas afectadas, es claro que la Unión Europea (UE) sería, en principio, una de las más perjudicadas. Además de ser el principal socio de EEUU, la UE es responsable del 15% del comercio global de mercancías y del 25% del de servicios. También es la sede de numerosas empresas multinacionales con actividades en EE.UU. y en algunas de las economías donde el nuevo presidente ha centrado su agresividad inicial. A continuación se revisan esos cuatro ámbitos estrictamente económicos, sin menoscabo de otros, geopolíticos o directamente militares, donde las consecuencias pueden ser igualmente relevantes para la UE.

a) Política fiscal. Pendiente está de concretar las intenciones de expansión fiscal anunciadas durante la campaña. Comprometió el equivalente a un billón (de los nuestros) de dólares en tres destinos: reducciones impositivas sobre las empresas y sobre las personas, e incrementos en la inversión en infraestructuras y defensa. Dependiendo de la distribución final y del ritmo al que se hagan esas asignaciones, el resultado será una expansión a corto plazo del ritmo de crecimiento de la economía y, desde luego, elevaciones en la tasa de inflación. Con una tasa de paro del 4,8% y unos salarios creciendo cerca del 3%, las expectativas inflacionistas justificarían actuaciones más agresivas de la Reserva Federal en la ya anticipada senda de elevaciones de los tipos de interés. Y, con ellas, apreciaciones adicionales del tipo de cambio del dólar frente a la principales divisas, el euro entre ellas. Las economías con pasivos en dólares, en particular no pocas emergentes, verán encarecido el servicio de su deuda. En la eurozona, la asimetría entre ambas políticas monetarias no facilitará las cosas al BCE, generando un clima propicio a perturbaciones financieras. Dependiendo de las reducciones impositivas que finalmente practique a las empresas, sus competidores, desde luego las europeas, dispondrán de menores ventajas competitivas. En mayor medida si esa fiscalidad favorable se acaba vinculando a la producción doméstica, penalizando las importaciones

b) Política comercial y guerra cambiaria. Las intenciones marcadamente proteccionistas han sido las mas explicitas desde el inicio de su campaña. Y las que han se han concretado más rápidamente en decisiones sin pasar por las cámaras. El abandono del Acuerdo Transpacífico (TPP, comprensivo de 12 países con un PIB conjunto del 42% del mundial), las amenazas de revisión del NAFTA, del funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio o la imposición de elevados aranceles a las importaciones mexicanas y chinas, son las más destacadas. Los nombramientos iniciales en este ámbito refuerzan las presunciones de un proteccionismo sin precedentes, desde que su antecesor Herbert Hoover hiciera lo propio agravando la Gran Depresión. Europa tampoco queda a salvo de las consecuencias de traslación de esa retórica a los hechos. Los fundamentos de la UE no son otros que el libre comercio, la apertura a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, de la que dan cuenta la importancia relativa de sus exportaciones e inversiones directas en el extranjero. Además de la denuncia del ya moribundo TPPI, las simpatías de Trump por el Brexit y, en general, por la fragmentación de la UE, han sido suficientemente explícitas. La eurozona, y Alemania en particular, también ha sido objeto de acusaciones de manipulación del tipo de cambio con fines competitivos. De la ausencia de fundamentación de las mismas ya dio cuenta el presidente del BCE en su comparecencia en el parlamento europeo.

c) Respeto a los acuerdos medioambientales. Menos definitiva parece su posición final acerca del mantenimietno de los Acuerdos de Paris de 2015, suscritos por casi 200 países. La disposición durante la campaña electoral a denunciar esos acuerdos parece ahora menos contundente. Todavía días antes de las elecciones sostenía que el concepto de calentamiento global es una farsa creada por las autoridades chinas con el fin de erosionar la competitividad de las manufacturas americanas.

d) Desregulación financiera. Las actuaciones desestabilizadoras se completan con las orientadas a reducir la regulación sobre el sistema financiero diseñada tras la emergencia de la pasada crisis. El objeto de ataque es el conjunto normativo conocido como “Reforma Dodd-Frank”, a cuya revisión ya ha dedicado unas de las primeras órdenes ejecutivas. Una sección de esa ley, la denominada “regla Volcker”, que prohíbe a las instituciones financieras operaciones por cuenta propia en instrumentos y con instituciones considerados especulativos, será la primera en caer. También serán objeto de revisión a la baja las exigencias relativas a la protección de los consumidores de servicios financieros. Los acuerdos internacionales que establecen los requerimientos mínimos de recursos propios de los bancos han sido considerados un obstáculo al crecimiento del crédito, por lo que serán igualmente contestados. Las vías de impacto en el resto del mundo del eventual desmantelamiento de esas regulaciones pueden ser importantes. Además de las ventajas competitivas de los bancos bajo una regulación más laxa, la escena financiera global queda más expuesta a episodios de inestabilidad. Desde antes de la emergencia de la crisis de 2007 hemos tenido evidencia suficiente del potencial de contagio de las crisis nacionales, pero fue esa la que permitió constatar que en el espacio financiero actual ya no existen crisis financieras locales.

Con independencia de las grandes dudas sobre la racionalidad de ese conjunto de decisiones, definidas todas ellas por una reversión sin precedentes de la dinámica de integración global y de las posibilidades de gobierno a través de las organizaciones multilaterales, su concreción tendrá consecuencias adversas sobre la economía estadounidense y el conjunto de la mundial. Por el momento, la incertidumbre ya se ha instalado en las decisiones de no pocas empresas y gobiernos, no solo aquellos con vínculos comerciales o inversores más estrechos con EEUU. La emergencia de guerras comerciales o de divisas, en un contexto de debilitamiento de los flujos de comercio, y de los de capital hacia las economías emergentes, no favorecerá el crecimiento económico. Tampoco en Europa.

A punto de celebrarse el 60º aniversario de la suscripción del Tratado de Roma, la UE, han reconocido propios y extraños, atraviesa la peor crisis existencial desde entonces. El país que fue uno de los principales inspiradores de la idea de integración europea es ahora gobernado por un partidario de su fragmentación, que se propone adoptar decisiones que limitarán seriamente la capacidad de la UE para corregir las secuelas dejadas por la crisis. A los no poco relevantes focos de incertidumbre política internos se añaden los derivados de acciones por la primera potencia mundial que pueden condicionar la estabilidad geopolítica de la región y, desde luego, la capacidad para conseguir ritmos de crecimiento compatibles con el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. La respuesta a ello no puede ser esa “paciencia estratégica” que pareció emerger de la última cumbre de Malta, sino avances claros hacia la adopción de políticas de inversión y de fundamentación de la unión política.

(Diario El País 18/02/2017)

@lacasablanca

En el vendaval de temerarias decisiones que ha inaugurado el mandato presidencial de Donald Trump, la eliminación del español de la web de la Casa Blanca parecería solo algo minúsculo. Al lado del desmantelamiento de los grandes acuerdos comerciales —Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y Tratado de libre comercio de América del Norte (Nafta)—, de la subordinación de las políticas de medio ambiente a la industrialización estadounidense, del veto a la entrada de inmigrantes y refugiados o de la oportunidad de practicar la tortura en ciertas situaciones, la supresión del botón “En Español” de la página oficial, el que desde 2009 redireccionaba a la web en castellano y destacaba temas de interés para la comunidad hispana, apenas alcanzaría el rango de anécdota. Hay, sin embargo, bastante de categoría en esa subrepticia medida.

Su relevancia es doble y apunta en la misma dirección: combatir la influencia de lo hispano en el gran país americano. Por una parte, la desaparición del español en la web presidencial —también del blog en español mantenido durante los dos mandatos de Obama y del portavoz de prensa específicamente dedicado a los medios en español— es complemento de la apertura de hostilidades frente a México que supone la orden ejecutiva para construir un muro en la frontera que separa ambas naciones y el declarado propósito de revisar —quizá revocar— su pacto comercial, pues la anunciada reconsideración del Nafta mira más al sur que a Canadá. Xenofobia —34 millones de mexicanos viven en EEUU, un 11 por ciento de la población total— y proteccionismo —la balanza comercial de EEUU con México es claramente deficitaria— haciendo equipo. Por otra parte, la “mordaza al español” es muy indicativa no solo del escaso aprecio que por la comunidad hispana siente el nuevo presidente, sino también de su beligerante actitud frente a la acrecida presencia latina, tanto demográfica como cultural, en la sociedad americana. El muro en la frontera es una agresión contra toda América Latina, se ha dicho con razón. Un ánimo combativo —“este es un país donde hablamos inglés, no español”, afirmó en septiembre de 2015 el magnate cuando tanteaba su salto a la política— que concuerda bien con el conservadurismo instintivo de la América profunda y con las formulaciones teóricas que desde hace al menos un cuarto de siglo —piénsese en la obra de Samuel Huntington, a comienzos de los años 90— alertan de un silencioso pero inevitable “choque de civilizaciones”, con pérdida de la hegemonía del componente anglosajón en el propio recinto de los EEUU.

Tiempo difícil. Por supuesto que el sistema democrático de EEUU deja un amplio margen de maniobra para que legisladores y jueces maticen o frenen lo que desde el ejecutivo se impulsa. Pero es rotundamente manifiesta la voluntad involucionista de tendencias que hasta ahora se daban como irreversibles: el sistema comercial multilateral, la integración económica, el avance de los espacios de libertad y derechos humanos… y también el ascenso del español en los Estados Unidos, la tierra de promisión para una lengua que suma ya más de 550 millones de hablantes y tiene bien acreditada su condición de segunda lengua de comunicación internacional, tras el inglés.

Son muchos intereses de España, ocioso resulta decirlo, los que están en juego.

El potencial de China

El proceso aperturista puesto en marcha en China a partir de finales de la década de 1970 del pasado siglo ha llevado a esta nación a convertirse en la primera productora mundial (medido en términos de paridad de poder de compra), la primera exportadora de bienes y servicios y la segunda importadora. Ello ha sido así gracias a un extraordinario crecimiento del PIB durante las últimas tres décadas, apoyado en el incremento en la productividad, que ha conducido a que la renta por habitante experimente un fuerte proceso de convergencia con la economías más avanzadas, si bien todavía queda alejada de las mismas. Este hecho queda patente en su estructura productiva, donde a pesar de los avances experimentados sigue mostrando un sesgo excesivo hacía el sector industrial y, en menor medida, hacia el sector agrario, en detrimento de los servicios.

g1-pib

PIB China, EEUU y EU

El fuerte crecimiento de la economía China se ha sustentado en la expansión y modernización de un sector industrial muy orientado a la exportación. La evolución de las ventas foráneas de China en comparación con las de Estados Unidos y Alemania muestra con claridad el mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones de China a lo largo de todo el período y especialmente desde los primeros años de la década del 2000. Este giro hacia la exportación de dicha economía queda patente en el hecho de que su volumen de ventas foráneas supera en más de un 30% al de Alemania, cuando tan solo veinticinco años atrás era marginal en el ámbito internacional.

g7-evolucion-x

Evolución Exportaciones

En este contexto, España ha intensificado de forma importante sus relaciones comerciales con el gigante asiático. En concreto, entre 1990 y 2014, las exportaciones de España al gigante asiático han crecido a una tasa media anual acumulativa del 11,5%, lo que ha supuesto que el valor de las exportaciones a este país se hayan multiplicado casi por 18 en dicho período. Por su parte, el ritmo crecimiento de las importaciones de España procedentes de China ha sido todavía más intenso (14,4%), multiplicándose el valor de las importaciones por algo más de 36 desde 1990. Además, durante los 25 años considerados, las exportaciones españolas a China han sido siempre menores que las importaciones españolas de China como pone de manifiesto la tasa de cobertura de España en el comercio con China, que se sitúa en promedio en el 25% a lo largo de este período.

g11-evolucion-esp-china

Evolución comercio España-China

El análisis de la estructura sectorial del comercio exterior de bienes de España con China en 2014 revela que aproximadamente la mitad de las exportaciones se concentra en semimanufacturas (principalmente productos químicos) y bienes de equipo. A estos sectores le sigue en orden de importancia las exportaciones de materias primas (con una participación cercana al 18%), alimentación, bebidas y tabaco (11,71%) y manufacturas de consumo (9,57%). Atendiendo a la vertiente importadora, se observa una fuerte concentración en manufacturas de consumo 38,3%) y, sorprendentemente, bienes de equipo (33,4%).

g4-estructura-productiva

Estructura Productiva

En el apartado econométrico utilizamos el modelo de gravedad del comercio internacional para estimar el comercio potencial entre España y China en ambas direcciones a lo largo del período 1990-2014. En su formulación más simple, la ecuación de gravedad plantea que los flujos comerciales bilaterales dependen positivamente del tamaño económico de los países y negativamente de la distancia entre ellos, en analogía a la atracción gravitacional newtoniana. Sin embargo, la literatura especializada ha ampliado la formulación básica de la ecuación de gravedad con variables adicionales de control que tratan de recoger otros factores con influencia sobre los costes de transacción bilaterales, así como la denominada resistencia multilateral al comercio y la heterogeneidad bilateral inobservable.

Flujos comerciales por debajo de su valor potencial

El análisis realizado con datos de 48 países (entre los que se incluyen las principales economías del mundo) a lo largo del período 1990-2014 pone de manifiesto que las exportaciones de España a China estuvieron por encima de los valores predichos por el modelo hasta 1999. A partir de entonces, el valor observado se sitúa sistemáticamente por debajo del valor potencial estimado (70% en promedio) siendo las diferencias entre ambos valores mayores durante los seis últimos años del período analizado en los que la ratio del valor observado sobre el potencial se mantiene estable alrededor del 61%.

g12-ratio-esp-china

Ratio Comercial Potencial (Real/Potencia) exportaciones españolas a China

Por lo que respecta a las exportaciones de China a España, los resultados indican que a partir del año 1999 (con la única excepción del 2001) los valores observados se sitúan nuevamente por debajo de los valores potenciales que predice la ecuación de gravedad. No obstante, conviene señalar que en todos estos años el valor real de las exportaciones de China a España se ha mantenido relativamente cerca de su potencial, situándose la media de la ratio anual entre el valor real y el potencial (excluyendo el año 2001) en el 85%. En consecuencia, desde comienzos del siglo XXI, en las relaciones comerciales entre España y China en ambas vertientes y, especialmente, en la exportadora, los flujos comerciales están por debajo de su valor potencial lo que sugiere que existe un margen para acrecentar las relaciones comerciales entre ambos países.

g13-chn-esp

Ratio comercial potencial (Real/Potencial) exportaciones chinas a España

Hemos tomada esta entrada prestada del Blog de Funcas y es un resumen de un artículo de Salvador Gil Pareja, Rafael Llorca Vivero y Jordi Paniagua Soriano titulado El potencial de China , publicado en el número 150 de Papeles de Economía Española. Puede acceder aquí al sumario de la revista.

ALERTAS GLOBALES

Las últimas advertencias las ha formulado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente informe de perspectivas globales: sobre la economía mundial se ciernen una serie de amenazas, no todas de la misma naturaleza, que pueden poner en peligro su crecimiento en los próximos meses. Algunas de esas alertas verifican hechos contemporáneos, nada nuevos, como el impacto adverso de las políticas fiscales basadas en la austeridad, el reducido crecimiento de la inversión o la ralentización del comercio internacional. Otras dan cuenta de amenazas proteccionistas asociadas a desenlaces electorales, en países con un peso específico importante en la economía global: EEUU, Alemania o Francia. Todos ellos impactarán en la economía española, reduciendo un ritmo de crecimiento que ha sido tributario de un entorno internacional favorable.

  1. Comercio internacional, incertidumbre política y proteccionismo. En el descenso del crecimiento del volumen de comercio internacional están concurriendo transformaciones de carácter estructural como la tercerización creciente de muchas economías, o el repliegue doméstico de procesos de producción internacionales y alteraciones en las cadenas de producción de empresas multinacionales. Pero el principal factor sigue siendo la debilidad de la demanda agregada, y la caída de la inversión. Es esta última, como destaca el FMI, la que en mayor medida contribuye a la generación de flujos de comercio bajo la forma de bienes de capital e inputs intermedios. Además de ello, no han sido pocos los países que han adoptado medidas claramente proteccionistas. La Organización Mundial de Comercio ha dado cuenta del incremento de las mismas en los últimos meses en el seno del G20. Y los ministros de economía de esta formación acaban de alertar con razón de la inflexión en la dinámica de globalización.Los procesos electorales que abordan en los próximos meses países importantes en la escena global no están exentos de amenazas, asociadas a la emergencia de opciones políticas partidarias de limitaciones a las libertades de circulación de personas, mercancías y servicios. Tendencias nacionalistas, también en el ámbito económico, que acotando la dinámica de intercambios puede hacerlo con el crecimiento global. En EEUU son explícitas. En Europa, la señal más inquietante es la concreción del Brexit, pero no es la única. La contestación a la moneda única, o en el mejor de los casos, a las políticas adoptadas por el BCE para defenderla, son objeto de amplia contestación en algunas economías centrales de la eurozona.Para la economía española esas tendencias pueden contribuir a una desaceleración adicional a la observada recientemente en el propulsor más virtuoso de su recuperación, las exportaciones de bienes y servicios, y llegar a registrar drenajes en el crecimiento originados por un renovado déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente. Tampoco hace falta recordar el impacto favorable que están teniendo las políticas monetarias sobre la economía española. Sin el apoyo del BCE España soportaría tipos de interés que harían difícil atender el elevado endeudamiento público y privado. Si el BCE dejara de comprar deuda pública española en las cuantías que lo hace, la dichosa prima de riesgo reflejaría en toda su extensión las limitaciones de nuestra economía y su singularidad política. Y los ajustes presupuestarios serían mucho más severos que los que vienen.
  2. Inestabilidad financiera. La crisis ha dejado secuelas en muchas entidades financieras de difícil superación. Desde luego en el seno de la eurozona. No se trata solo de la difícil coexistencia de la intermediación bancaria con tipos de interés nulos o negativos. También de la aceleración de la obsolescencia en que han quedado los modelos de negocio en la banca al por menor. Los problemas del Deutsche Bank o los de los bancos italianos y portugueses en modo alguno han sido superados. Algunos gobiernos se verán obligados a seguir financiando la digestión de los excesos de la crisis en algunas entidades, o la difícil adaptación a la nueva situación de otros sectores en economías centrales, como el de las compañías de seguros en el ramo de vida. La inestabilidad financiera también puede emerger una vez la Reserva Federal normalice su política monetaria con sucesivas elevaciones de tipos de interés. Las repercusiones serán más explícitas en aquellas economías más endeudadas en dólares. Si la Fed ha retrasado su endurecimiento ha sido precisamente por el deterioro de las condiciones económicas internacionales. Pero serán las emergentes las que sufran, no solo por esa deuda, sino por el menor atractivo de la inversión extranjera cuando los tipos de interés en EE.UU. sean más elevados. Ante un panorama tal nuestro sistema financiero, los bancos concretamente, seguirán expuestos al fácil contagio de episodios de tensión con los que compartimos moneda, política monetaria y mercados interbancarios.
  3. Crecimiento mundial decepcionante. No ha de extrañar, por tanto, que el crecimiento anticipado para la economía mundial sea decepcionante y plagado de riesgos a la baja. El más destacado es el constituido por las presiones deflacionistas que siguen estando presentes en las economías más avanzadas, de forma especial en la eurozona. La baja inflación no favorece la reducción de la deuda, del exceso de capacidad de muchos sectores, ni la ampliación del crecimiento potencial de las economías.

En la eurozona, a pesar del mantenimiento de los tipos de interés oficiales en niveles históricamente bajos, las expectativas de una débil inflación seguirán reduciendo la eficacia de la política monetaria, con tipos de interés reales más elevados de lo deseable. La española no es ahora precisamente la economía más inflacionista de la eurozona, pero si es una de las más endeudadas, y la deflación no es precisamente el mejor acompañante de los deudores.

Frente a un panorama tal, el curso de acción políticamente más eficaz es el aumento de la inversión pública propiciadora de la expansión de la privada, y del consiguiente aumento del empleo y la productividad. De forma prioritaria la de aquellas economías con margen suficiente en sus finanzas públicas, como es el caso de Alemania, con un abultado superávit público por tercer año consecutivo. Pero, en todo caso, la inversión susceptible de concretar de forma mancomunada, como la propuesta por las iniciativas asociadas al Plan Juncker, hasta ahora demasiado dependientes de la financiación privada.

Todas las instituciones multilaterales, y desde luego el propio BCE, han verificado la incapacidad para que la política monetaria disponga de más eficacia en la neutralización de ese riesgo de estancamiento, de “japonizacion”, de la eurozona. La defensa de la austeridad fiscal a ultranza hace tiempo que exhibió sus efectos depresivos. El propio presidente Draghi ha sugerido la conveniencia de incrementos salariales que contribuyan a anclar expectativas de inflación y de paso paliar la extensión de la desigualdad creciente en la distribución de la renta y la consiguiente desafección de los ciudadanos. Sin menoscabo de ello, más fácil de instrumentar y de efectos más inmediatos en el fortalecimiento del mercado interior europeo sería que instituciones especializadas como el Banco Europeo de Inversiones aprovecharan los ínfimos costes de capital vigentes para concretar programas de inversión en destinos favorecedores del desarrollo tecnológico, de la vertebración intraeuropea y, en definitiva, de la modernización económica de Europa. Haciéndolo, se favorecerá también la instrumentación de reformas en las economías nacionales ampliadoras del crecimiento potencial y las no menos urgentes en la gobernación de la UE, expuesta a las mayores tensiones centrífugas desde su creación. @ontiverosemilio

Diario El País (16/10/2016)

Año de transiciones

El comportamiento de la economía global, también de la eurozona y la española, estará condicionado por una serie de factores que aun cuando abiertos en el pasado, será en 2016 cuando probablemente concreten su definitiva transición. El asentamiento de las economías emergentes en una senda de menor crecimiento, la adaptación a las políticas monetarias divergentes en EEUU y en la Eurozona y la situación política en España podrían alterar el escenario de estabilidad con el que despedimos 2015.

Apenas iniciado 2016, la directora-gerente del FMI ya se ha apresurado a anticipar que será un año de “crecimiento económico global decepcionante”. En el mejor de los casos será del 3,5%, la última previsión del FMI, un punto inferior al promedio de la década previa a la emergencia de la crisis. No son pocos los analistas que reducen ese ritmo medio al 2,5%, coexistiendo con un crecimiento del comercio internacional inferior incluso al del PIB global, en un contexto geopolítico no más favorable que el observado en 2015.

1. Emergentes hacia menor crecimiento.

 La primera de las transiciones que tendrá lugar en este año es en la tracción de la economía global: desde las economías emergentes que en la década anterior contribuyeron con la mitad del crecimiento mundial a las avanzadas. Con todo, la expansión de estas últimas será insuficiente para mantener ritmos aceptables de crecimiento.

Ha sido el pronunciado descenso de los precios de las materias primas desde hace ya más de año y medio la causa principal de esa contracción en el crecimiento. Solo poco más de cincuenta de las economías clasificadas de bajos ingresos por las agencias multilaterales disponen de una estructura de exportaciones suficientemente diversificada para no sufrir las consecuencias de la atonía global. Desde luego los daños ya son suficientemente explícitos en los dependientes de las ventas de hidrocarburos. Pero también los exportadores de productos agrícolas que llevan casi cuatro años con menores ingresos. La transición a un nuevo ciclo de precios de materias primas es la principal incógnita respecto al futuro de esas economías. A clarificar ese horizonte, especialmente en lo que hace al petróleo, no contribuye la agudización de tensiones en algunos países productores, Arabia Saudí sin ir más lejos.

Del bloque emergente hay que diferenciar lógicamente a China e India, beneficiarias en cierta medida de esos menores costes de las materias primas, pero inmersas en su particular adaptación interna. Especialmente la primera, que trata de adecuar su patrón de crecimiento a un mayor protagonismo del consumo interno, por un lado, y al necesario control de un sistema financiero cuya estabilidad fue cuestionada el pasado agosto, cuando sus autoridades sorprendieron dejando depreciar el tipo de cambio del yuan. Este episodio, recordemos, fue suficiente para aplazar la decisión de la Reserva Federal de elevación de sus tipos de interés. Los elevados niveles de endeudamiento privado, en gran medida comunes a otras economías emergentes, son por si solos una amenaza a la estabilidad global.

Las paradojas de las taxonomías al uso no pueden impedir verificar que la de China es la segunda economía más importante del mundo por la dimensión de su PIB y por la contribución al comercio global. Y de la transición en curso, del tipo de aterrizaje a ritmos de crecimiento sostenibles, dependen otras economías emergentes y algunas avanzadas que son importantes exportadores, como Alemania.

En la volatilidad de sus mercados de acciones observada en esta semana cotizan sin duda las dificultades de esa transición de su sistema financiero hacia uno más homologable con los avanzados, pero también el continuado descenso de su actividad manufacturera.

2. La gran Divergencia.

La segunda transición, no menos ignota, carente de observaciones empíricas que ayuden a anticipar sus consecuencias, es la protagonizada por esa Gran Divergencia en políticas monetarias entre los dos grandes bloques económicos del mundo. La Reserva Federal empeñada en la vuelta a una normalidad tras siete años de laxitud excepcional, y el BCE prolongando quizás más allá de este año su tardía orientación expansiva con el fin de evitar males peores.

La estabilidad financiera global dependerá también de la coexistencia de ambas orientaciones monetarias. Mas sensibles ya se han mostrado aquellas economías emergentes expuestas a la apreciación del tipo de cambio del dólar, en especial las que mantienen niveles de endeudamiento elevados en esa divisa. Pero también los efectos de esa asimetría monetaria y la eventual volatilidad asociada podrían manifestarse en los sistemas financieros de economías avanzadas, en particular en el sector de la gestión de activos.

La mayor solidez de los sistemas bancarios en general, no impide constatar vulnerabilidades en aquellos como los de la eurozona obligados a capear esa transición a la normalidad monetaria con márgenes de intermediación estrechos, también propiciadores de una mayor agresividad en la inversión, susceptible de amplificar episodios de inestabilidad financiera.

Esas dos transiciones – hacia una menor expansión de las emergentes y hacia la normalidad monetaria– condicionarán el comportamiento de las economías avanzadas. A pesar de la inequívoca recuperación de EEUU y Reino Unido ambas crecerán por debajo del promedio de los años anteriores a la crisis y menos también que en cualquier otra fase de recuperación precedente.

El crecimiento económico de la eurozona, previsto en el entorno del 1,5% en este año coexistirá con bajos niveles de inversión, débil crecimiento de la productividad y reducidas contribuciones de las exportaciones que no favorecen la transición a la normalidad. Por el contrario, propician que la eurozona convierta en realidad esas invocaciones al “estancamiento secular”, a una larga fase en la que a pesar de bajos tipos de interés la debilidad de la demanda siga inhibiendo la confianza y las decisiones de inversión.

Transiciones abiertas en Europa son también las derivadas de la crisis de los refugiados o de la posibilidad de abandono de Reino Unido de la UE, que tampoco favorecen una clarificación del entorno más inmediato en el que la economía española se desenvolverá.

3. La transición española.

Es difícil que la economía española se sustraiga a las contingencias comentadas. En especial cuando en su recuperación han sido tan determinantes esos vientos de cola asociados a un entorno exterior favorable desde 2013: el descenso en los precios de las materias primas, la política monetaria expansiva del BCE y la consiguiente depreciación del tipo de cambio del euro. El mejor de los escenarios es el previsto por la mayoría de las agencias multilaterales y analistas en otoño en el que anticipaban un crecimiento para este año apenas medio punto inferior a ese 3,2% para 2015.

A esa incertidumbre se añade la más específica vinculada a la situación política española: a la capacidad para definir un gobierno en un plazo relativamente cercano. La situación en Cataluña, y las exigencias de negociar con la Comisión Europea nuevos objetivos de déficit público son las tareas más perentorias. Que los mercados financieros, en especial los más sensibles de deuda pública, no hayan dado hasta ahora muestras de gran inquietud por esa transición no debería servir de excusa para tratar de prolongar excesivamente la transición abierta hacia un nuevo gobierno.No solo porque las necesidades de renovación y emisión de deuda pública en 2016 serán elevadas, sino porque la ampliación del potencial de crecimiento de nuestra economía requiere de decisiones rápidas y de amplio respaldo.

(Diario El País: 10/01/2016)

Si hoy es viernes, esto aún es España

Publicado en El Mundo el viernes 9 de Octubre (Día de la Comunidad Valenciana). Texto: Jordi Paniagua

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/09/56177a74ca4741653a8b46a3.html

El enredo catalán recuerda a la disparatada comedia Si hoy es martes, esto es Bélgica (1969) en la que un grupo de turistas americanos se proponen visitar la mayor parte de los países europeos en tan sólo 18 días. Sin ocasión de disfrutar del viaje, logran cumplir su reto acumulando fotos frenéticamente, pero sin saber dónde han estado exactamente. En Cataluña, una serie de turistas de la política se ha propuesto un reto similar: acumular el mayor número de votos sin tener la más mínima idea de cómo quedaremos todos al final del viaje.

Si además de viernes, hoy es 9 d’Octubre, en Valencia todavía compartimos país con nuestros vecinos del norte. Parafraseando al gran Vinicius de Moraes: Porque hoy es viernes, hay la perspectiva del sábado. Es imposible huir de esa dura realidad. ¿Qué sucedería si mañana sábado el Sénia dibujara una frontera entre nosaltres el valencians i vosaltres els catalans? Se lo avanzo (por si tienen un cierto hartazgo y prefieren dedicar los minutos de la lectura posterior a preparar la Mocaorà): la independencia tendría un alto coste para Cataluña, pero también para el resto de España y muy especialmente para Valencia.

El encaje de Cataluña nos afecta especialmente en Valencia. Cataluña, además del vecino del norte, es el principal socio comercial de Valencia y la única vía terrestre hacia Europa. La independencia política de momento no tiene el poder para decidir sobre la geografía. A diferencia de otras CCAA, que ya se han preocupado de potenciar el corredor central para hacer llegar sus productos a Europa de manera alternativa, las exportaciones valencianas (60% por medios terrestres) pasan necesariamente por Cataluña.

importexportCV

Valencianos y catalanes somos más que vecinos. Puede que no compartamos ni identidad ni acento, pero compartimos un mismo espacio común. Ese espacio común que es un estado democrático es mucho más que el conjunto de sus partes o la suma de balanzas fiscales. Podemos expresar nuestras opiniones libremente en varias lenguas y equivocarnos o acertar al elegir a nuestros gobernantes. Tenemos incluso los mecanismos legales para mejorar lo que nuestros padres pensaron hace treinta años que era lo mejor para nuestro futuro presente.

En el interior de los estados suceden cosas sorprendentes que afectan a su economía. El diseño territorial, la regulación, las preferencias de los consumidores o la redistribución fiscal afectan muy especialmente al patrón y a la composición del comercio. Para muchos economistas, una de las facetas más fascinantes de los estados es que se comercie mucho más dentro de sus fronteras que con el exterior.

En 1995 el profesor McCallum descubrió asombrado que a pesar de las abrumadoras similitudes entre el sur de Canadá y el norte de EEUU, las regiones canadienses comerciaban 20 veces más entre ellas que con sus vecinas estadounidenses. Desde entonces, el «efecto frontera» ha sido ampliamente documentado en multitud de investigaciones a lo largo de distintas fronteras. Durante estos veinte años hemos ido observando y entendiendo mejor sus mecanismos. Por ejemplo, los franceses comercian ocho veces más entre franceses que con los alemanes, aunque éstos últimos sólo lo hacen tres veces más. En promedio, la Europa de los doce comercia cuatro veces más dentro de sus fronteras.

Es justo reconocer (precisamente hoy en la fiesta de todos los valencianos), que fueron tres profesores de la Universitat de Valencia los primeros en cuantificar el efecto frontera para España. Pero no piensen que Spain is different, de hecho somos bastante normales, ya que el caso español arroja unos resultados similares a los del resto del mundo. Los valores fluctúan entre 8,5 para Madrid y alrededor de 60 veces para las Islas Baleares. En Valencia estamos cerca del promedio nacional y exportamos 21 veces más al resto de España que al extranjero. Cataluña no es una anomalía. El comercio de Cataluña con el resto de España es 22 veces mayor que con el extranjero (esto significa que las empresas catalanas exportan un 2200% más a otras autonomías que al resto del mundo).

Imaginemos que una Cataluña «libre» fuera un país normal dentro de la UE. En este caso sería razonable suponer que sus patrones comerciales fueran los que observamos habitualmente en economía comercial. Por consiguiente, no es descabellado pensar que observáramos en un hipotético estado Catalán el mismo efecto frontera que en el resto todos los países normales (puede que en Suiza no tanto). Sería sorprendente aspirar a ser un país normal en todos los aspectos menos precisamente en este. Como sucedió entre Eslovaquia y la República Checa tras su ruptura en 1993. Tan sólo en cinco años el comercio entre checos y eslovacos descendió un 20%. Aceptemos a Cataluña como estado de compañía y estudiemos cómo afectaría el cambio del patrón comercial a la economía.

Supongamos que Cataluña se independiza elegante y amistosamente, conservando unas instituciones plenamente democráticas. Sin ningún boicot, dentro de la UE, manteniendo relaciones cordiales con sus ex vecinos y sin realizar ninguna transferencia fiscal. Dibujemos tan sólo una frontera en el Sénia e imaginemos que tenemos las mismas fricciones comerciales con Cataluña que con Portugal. Bajo este escenario, los profesores de la Universidad de Edimburgo, Comeford, Myers y Mora (Revista de Economía Aplicada, 2014), estiman, mediante un equilibrio general para esta nueva economía, un descenso de las rentas catalana y española del 6,1% y 3,9% respectivamente. La desconexión catalana es también una desconexión española y nos afecta a todos.

Son las cifras conservadoras del empobrecimiento mutuo, ya que el análisis presupone que se eliminan totalmente las transferencias fiscales y supone que Cataluña se abre más al mundo (y menos a España). Pero es improbable que un nuevo estado catalán esté exento de un cierto grado de distribución fiscal. Al integrarse en Europa como un país con un PIB por encima de la media, Cataluña sería un contribuyente neto, como Alemania u Holanda. En vez de contribuir a la solidaridad territorial con Andalucía y Extremadura directamente, lo haría a través de la caja en Bruselas junto con las aportaciones para el resto de regiones más desfavorecidas de Europa. Con el nivel actual de transferencia fiscales, el descenso del PIB Catalán sería más del doble, un 12,8%.

Sin embargo, el flujo fiscal tiene una segunda derivada: ayuda a compensar los flujos y tensiones migratorias entre países y regiones. Es cierto que nadie paga con una sonrisa los impuestos, sobre todo cuando no se disfruta proporcionalmente de la inversión y servicios públicos. Pero la evidencia empírica nos indica que cuando se corta el tren del dinero, se fleta el tren de la migración. Migración, comercio y desigualdad van de la mano. Puede que el sistema actual de solidaridad interterritorial no sea ni óptimo ni justo y se podría mejorar sin duda. Es cierto que la subvención limita el desarrollo del sur. Pero las experiencias pasadas (en los tiempos donde no existían transferencias de renta) nos invitan a pensar que en un sistema sin apenas transferencias disminuye el bienestar social neto.

Por tanto, la redistribución fiscal no es una aportación enteramente altruista. Salimos ganando todos. La solidaridad entre territorios viene normalmente acompañada de una relación comercial. El mecanismo es parecido a la máxima franciscana: «dando es como se recibe». Parte del aumento de la renta de las regiones receptoras se destina a importar productos y servicios de las regiones que más recursos aportan a las arcas del estado. En teoría, la balanza comercial compensa la fiscal y todos salen favorecidos. El problema es que en el caso catalán esto no sucede.

Cataluña comercia principalmente con las otras CCAA que presentan un déficit fiscal como Valencia, Aragón, Madrid, País Vasco y Baleares. Exceptuando Andalucía, que es el principal destino de las exportaciones catalanas, las CCAA con una balanza fiscal positiva son las que menos comercian con Cataluña. Es decir, que Cataluña da pero no recibe tanto. Este es uno de los puntos centrales que esconde el argumentario independentista, dando no se recibe, o al menos no se recibe tanto.

En cambio, en Valencia la situación es diferente. Las balanzas fiscal y comercial se ajustan mejor en Valencia que en Cataluña. La mayor parte de nuestras exportaciones regionales van dirigidas hacia Cataluña, más del doble que a cualquier otra CCAA. Pero a diferencia de Cataluña, el comercio valenciano es más intenso con CCAA netamente receptoras (Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha) y nuestro déficit fiscal se compensa en parte con un superávit comercial.

Un parón brusco en la solidaridad interterritorial provocaría bien una carga sobre las CCAA donantes o una disminución de las cantidades recibidas por las receptoras. En cualquiera de los dos casos, la economía valenciana se vería perjudicada. Bien porque aportaríamos más a la hucha común o porque nuestros principales socios comerciales tendrían menos dinero disponible para comerciar con nosotros. Por lo tanto, la caída del PIB Valenciano estaría más cerca del 12% catalán que del 6% español.

Más allá de las balanzas comerciales y fiscales, existe un tercer factor que habitualmente pasa desaparecido. El efecto frontera no afecta únicamente al volumen del comercio, también incide sobre su composición. No todas las empresas son iguales, las menos productivas abastecen al mercado doméstico y a partir de cierto umbral de productividad, las empresas se lanzan a la exportación. El umbral de productividad entre Valencia y Cataluña aumentaría, ya que sería más difícil exportar productos «made in Catalonia» o «made in Valencia (Spain)». La evidencia empírica nos hace pensar que las barreras administrativas inciden negativamente sobre el umbral de productividad necesario para comerciar. Esto significa que empresas que antes comerciaban libremente descubren que ya no les sale a cuenta hacerlo. Una hipotética secesión relegaría a las empresas menos competitivas al mercado doméstico.

Las empresas con una productividad media o alta también se verían afectadas. La reciente crisis es un desgraciado laboratorio para estudiar este tipo de efectos. Investigaciones recientes demuestran que algunas de estas empresas ajustarían la calidad de sus productos a la baja para hacer frente a shocks exógenos en la demanda de productos o en la disponibilidad de crédito. Una rebaja de la calidad permite vender más barato a menos coste y superar el corte. Sin embargo, la mayoría de empresas no pueden variar demasiado la calidad de sus productos. Estas empresas se ven abocadas a vender los mismos productos a precio menor para mantenerse a flote. A corto plazo, la única opción realista para muchas empresas con una productividad media-baja (como la mayoría de las empresas de nuestro entorno) es bajar los salarios. Parte de estas empresas lograrían seguir exportando, pero no por su mejor calidad o valoración, sino vía deflación salarial. A corto plazo las empresas catalanas y valencianas se embarcarían en un viaje a la deflación y la mediocridad.

Sin embargo, con el paso de los años la situación se estabilizaría para volver a niveles parecidos a los de hoy en día. Pero ese largo plazo estaría precedido de un corto plazo con salarios más bajos y una caída estimada del PIB diez veces superior a la de la crisis del 2007. Ha pasado casi una década desde el inicio de la crisis y aun no hemos logrado niveles de empleo parecidos a los de entonces. Pero parece poco probable que la amalgama política salida de las urnas del 27-S acepte alegremente asumir más recortes para llegar a un destino incierto de aquí 10, 20 ó 30 años. Más bien al contrario.

¿Cómo se puede construir un país normal sin asumir los costes normales de ser un país? Incrementar la soberanía nacional en una economía global conlleva un coste. Si no se está dispuesto a asumir el coste económico se pagará un peaje democrático. Una frontera soberana entre países democráticos empobrece a ambos, por ejemplo disminuyendo el comercio. En cambio, países opacos, por ejemplo los paraísos fiscales, gozan de las ventajas del comercio y de la soberanía simultáneamente.

Jordi Paniagua es profesor de la Universidad Católica de Valencia e investigador asociado del Instituto de Economía Internacional.

ENDEUDADOS

El mundo está hoy más endeudado que en 2008, al inicio de la crisis, y seguirá estándolo durante muchos años. Conviene, por tanto, que nos acostumbremos a convivir con elevadas deudas. Desde luego los supervisores financieros, con el fin de anticipar posibles episodios de inestabilidad, pero también las próximas generaciones, obligadas a soportar el servicio de las deudas contraídas en estos últimos años.

Recordemos que el desencadenante de la crisis fue una rápida erosión de la solvencia de los deudores hipotecarios estadounidenses. El subsiguiente colapso de los mercados financieros mayoristas – allí donde los grandes operadores bancarios se prestan unos a otros – fue el principal alimentador del contagio a Europa. De sus ramificaciones, la paralización de la inversión crediticia en el sector privado de las economías y su perversa conexión con los mercados de deuda pública, también en la eurozona disponemos de evidencia suficiente.

En aquellas economías más directamente afectadas por la crisis y por su inadecuada gestión, la caída de la recaudación tributaria y los apoyos a entidades bancarias contribuyeron al aumento de la deuda pública. El caso de España vuelve a ser representativo: al final de 2007 la deuda publica era de las más bajas de Europa pero la privada estaba en máximos históricos. Hoy ambas están entre las mayores de la OCDE. No es algo exclusivo de nuestro país.

En las economías avanzadas solo algunos sectores privados han conseguido reducir su endeudamiento, aunque a un ritmo inferior al esperado. La deuda pública en relación al PIB, sin embargo, ha aumentado en un 75% desde el inicio de la crisis. Ello ayuda a explicar que durante 2014 y lo que llevamos de 2015 los flujos internacionales de capital sigan dirigiéndose mayoritariamente hacia las economías más desarrolladas, en detrimento de los canalizados a las emergentes.

Esos aumentos en los pasivos están alimentando la ampliación del volumen transaccional de los mercados financieros, la ya considerable “financiarización” de la economía global.Así se pone de manifiesto en la última edición del informe “Mapping theWorld’s Financial Markets “, realizado por Sanjeev Sanyal del Deutsche Bank. Estima que el stock de activos financieros, medido por la capitalización de los mercados de acciones y el saldo de la deuda pública y privada pendiente, ascendía a 294 billones de dólares a final del año pasado. De ellos, 69 billones corresponderían a los mercados de acciones, mientras el resto serían instrumentos representativos de deuda privada y pública. Gran contraste con las cifras de 2008: el valor total era de 222 billones de dólares, con todas las categorías de instrumentos financieros por debajo de sus valores actuales. De ellos, la deuda es el componente que más ha crecido.

El análisis de esa misma tendencia ha sido abordado en otros trabajos recientes del Banco de Pagos Internacionales, BIS (“Debt”) y del Mckinsey Global Institute, MGI (“Debt and (notmuch) Deleveraging”), algunos de cuyos gráficos más representativos están reflejados en el blog “Finanzas a las nueve”  (http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/). En el trabajodel MGI se destaca que desde 2007 hasta el segundo trimestre de 2014 la deuda global ha crecido a un ritmo anual del 5,3%, 57 billones de dólares en total, equivalentes a 17 puntos porcentuales del PIB, de los que más de 25 billones de dólares de ese aumento corresponderían a deuda pública.En bastantes economías, el aumento del endeudamientopúblico coexiste con el de familias y empresas. No es el caso de la española donde el desapalancamiento las familias y empresas ha sido simultáneo al más intenso aumento de la deuda pública.

Recordemos que fue el elevado endeudamiento privado el principal factor de exposición al contagio de la economía española. En común con otros países – EEUU, Reino Unido, Irlanda- el nuestro mantenía un elevado grado de concentración en financiación hipotecaria. En España, a pesar de la severidad de la crisis, de su impacto sobre la renta de familias y empresas, el desapalancamiento ha sido evidente, aunque más en las empresas que en las familias.

Del crecimiento total en la deuda acumulada en el mundo en estos siete últimos años aproximadamente la mitad correspondería a economías no avanzadas, reflejando en cierta medida saludables desarrollos como la mayor profundidad financiera, de la mano del ascenso en el endeudamiento del sector privado, en un contexto de aumento en las cotizaciones de los activos financieros. En el G20, con datos del BIS, la deuda en términos de PIB es hoy 20 puntos porcentuales superior a la existente en 2007. Con todo, el nivel de la relación entre deuda y PIB en las economías menos desarrolladas se mantiene por debajo de la mitad del correspondiente a las avanzadas.

El caso de China es uno de los más destacados: su deuda total, más del 280% del PIB, es hoy superior a la proporción equivalente en EEUU, alimentada por el endeudamiento privado para adquisición de activos inmobiliarios – de los que una parte importante han sido suministrados por entidades amparadas en la banca en la sombra-, y otra no mucho menor por gobiernos locales altamente endeudados.

Sobre estos hechos llama la atención el BIS, pero destaca especialmente el aumento de la financiación privada trasfronteriza de los mercados de deuda, considerándolo un paso más en la gestión de la liquidez a nivel global, en la dinámica de globalización financiera, en definitiva. Su director general, Jaime Caruana, confiesa no entender completamente el alcance de esa tendencia, planteándose con razón hasta qué punto es menos inquietante que un boom crediticio sea dirigido por los mercados de capitales en lugar de por los bancos. Se trata, en definitiva, de saber si es más o menos probable que termine en una crisis como las conocidas y, por tanto, si son adecuadas las decisiones reguladoras que se han adoptado hasta ahora. El hecho cierto es  que ya no son los bancos el exclusivo objeto de atención de los supervisores financieros, en la medida en que vehículos adicionales a los préstamos bancarios canalizarán mayor  financiación en todo el mundo.

Tres conclusiones pueden deducirse de los datos anteriores. Tendremos que aprender a soportar mayores volúmenes de deuda. Su peso sobre el tamaño de las economías seguirá siendo importante, especialmente en la eurozona, si esta no aumenta mucho más su ritmo de crecimiento económico. En segundo lugar, la deuda no siempre será asignada de forma óptima, financiando inversiones que se traduzcan en mayor crecimiento. En este punto es oportuna la verificación sobre la que llama la atención el BIS acerca de cómo muchas empresas están utilizando la deuda para financiar mayores pagos de dividendos o reducciones de capital, en lugar de aumentar sus decisiones de inversión, de aumento de su eficiencia y capacidad de crecimiento, en definitiva. Por último, pero no menos relevante, la supervisión y anticipación de su potencial desestabilizador sobre las economías será algo más complejo que hasta ahora.

De lo anterior no cabe concluir en la estigmatización del endeudamiento, sino sugerir su vinculación al cumplimiento de aquella regla de oro que desaconseja endeudarse para cualquier destino que no sea la inversión. Y exigir siempre que la rentabilidad esperada de la misma exceda al coste de capital. Me permitiría añadir, a tenor de la reciente experiencia española, sin poner todas las deudas en la misma cesta: con un grado de diversificación inversora suficiente.

El País (22/02/2015)

Sobre la Unión Monetaria Bolivariana por Rafael Bonete y Miguel Carrera

Nuestros compañeros Rafael Bonete y Miguel Carrera, de la Universidad de Salamanca, nos han facilitan esta oportuna entrada publicada en el diario El País (9/2/2015)

Se ha publicado que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua pagaron 425.000 euros por trabajos de asesoría sobre la unidad monetaria en América Latina. La cuestión  sobre si es posible una Unión Monetaria Latinoamericana o Bolivariana tiene fácil respuesta, a nuestro juicio, y no hace falta, en modo alguno, ni un equipo de expertos internacional  ni mucha investigación. Vamos a ilustrar la respuesta refiriéndonos al caso de los cuatro países que contrataron la investigación pero es muy sencillo extrapolarlo al resto de América Latina.

La teoría que permite contestar esa pregunta es bastante sólida al menos desde la elaboración de las Áreas Monetarias Óptimas por parte de Mundell, cuyo artículo seminal se publicó  en 1961 en la prestigiosa American Economic Review. En su aportación, que en parte motivó que le concedieran el Premio Nobel en 1999,  destacaba la importancia de que las crisis asimétricas que pudieran padecer alguno de los países que pretendían formar parte de una unión monetaria fueran poco relevantes o al menos poco probables, la conveniencia de disfrutar de unos mercados laborales y de bienes y servicios flexibles y también de disponer de un sistema automático de transferencias fiscales entre los potenciales países miembros.  Posteriormente las aportaciones de McKinnon, Kenen y De Grauwe, entre otros, han insistido en la importancia de la existencia de preferencias homogéneas entre los países que pretenden formar una unión monetaria, así como la necesaria elevada apertura comercial, la diversificación en la producción y el comercio, la conveniencia de compartir una similar aversión a la inflación y  necesidad de coordinar las políticas económicas.

La primera pregunta sería si un hipotético  Banco Central Bolivariano sería capaz de gestionar una moneda más fuerte, más segura que las monedas de cada uno de los países. En Europa el euro heredó la credibilidad antiinflacionista del Bundesbank  y la correspondiente estabilidad y fortaleza del marco alemán y ello le permitió a la moneda única europea ser considerada desde sus inicios  como una moneda que cumple adecuadamente su función de depósito de valor, uno puede confiar en el euro como moneda para ahorrar en ella.  Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar entre los cuatro países cuál podría ser el referente. La inflación más baja la tiene Ecuador, pero no tiene una moneda propia, sino que es una economía dolarizada, Bolivia y Nicaragua han hecho esfuerzos en los últimos años para contener la inflación mientras que Venezuela tiene la inflación descontrolada. Por tanto, la primera parte, los posibles beneficios, ya nos lleva a cuestionar la viabilidad de una Unión Monetaria Bolivariana (o Latinoamericana). No está claro que un Banco Central Bolivariano vaya a ser capaz de ofrecer una moneda mejor que la que tienen los países y esta cuestión  es clave porque Ecuador solo podría abandonar el dólar si cambia esa moneda por otra moneda al menos tan fuerte.

La existencia de beneficios tangibles es clave porque una unión monetaria también tiene costes importantes, costes que estamos sufriendo con mucha claridad en España y es que un país que forma parte de una unión monetaria pierde su capacidad para fijar el tipo de interés, para decidir la cantidad de dinero que circula y para fijar el tipo de cambio. Los tres son elementos básicos de política económica que, por ejemplo, son necesarios para estimular una economía en recesión (en ese caso, bajando el tipo de interés, incrementando la cantidad de dinero en circulación y buscando una depreciación de la moneda). Un país que forma parte de una unión monetaria no tiene esos instrumentos y  depende, por tanto, de las decisiones  del banco central de la misma que, además, si quiere ser respetado y creíble es conveniente que  sea independiente.

Esto puede no ser un problema si los países que forman una unión monetaria tienen economías muy próximas en términos de estructura productiva, un intenso comercio entre ellos y comparten un mismo ciclo económico. En este caso, si hay una recesión ésta sucederá en todos los países que forman la unión y el banco central desarrollará una política favorable para todos los países. El problema surge si existen asimetrías entre los países, si los países tienen estructuras productivas diferentes, si el comercio entre ellos no es tan intenso y si los ciclos económicos son distintos. En el caso de los países latinoamericanos considerados es fácil observar que su proximidad es política, pero no económica. No son economías próximas, ni físicamente, ni en sus estructuras productivas, ni en su comercio, ni comparten un ciclo económico, ni las políticas económicas son similares. El contenido de las exportaciones revela bien las diferencias. El 90 por 100 de lo que exporta Venezuela es petróleo, en cambio en Ecuador esta materia prima solo supone el 55 por 100, destacando otro 27 por 100 que aportan los alimentos, Bolivia exporta hidrocarburos también, pero lo que produce, sobre todo, es gas que supone un 44 por 100 de la exportación, con otro 20 por ciento de metales. Por su parte Nicaragua exporta alimentos (60 por 100) y productos de su industria maquiladora. El comercio entre estos países es muy limitado. Ecuador envió en 2012 solo el 4,2 por 100 a los países de esta hipotética unión aduanera, Bolivia algo más del 4, Venezuela algo menos del 4 y Nicaragua un 12 por 100. Por otro lado, el análisis de los crecimientos de estas economías revela que, incluso en el periodo expansivo que comienza a partir de 2003 tras la subida de los precios de las materias primas, estos países siguen ciclos no homogéneos.

La conclusión es que estos países presentan notables asimetrías que hacen imposible el establecimiento de una moneda común. No están claros los beneficios que se derivarían de esta opción, no es evidente que el banco central de esta hipotética área monetaria pudiera ofrecer y garantizar una moneda fuerte que sirva adecuadamente como depósito de valor y como instrumento para el ahorro. Por el contrario, sí son muy evidentes los costes, ya que con las asimetrías existentes el citado hipotético banco central no podría ofrecer una política monetaria que fuera adecuada para las distintas necesidades de estos 4 países.

Si fuéramos ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua sentiríamos que ha salido muy cara esta investigación. El importe recibido por la investigación mencionada parece reflejar un uso inadecuado e ineficiente de los recursos públicos (también escasos) de dichos países. La transparencia y la ejemplaridad deben practicarse también por los que critican a los actuales y anteriores gestores públicos y quieren la confianza de los ciudadanos para gestionar la economía.

Visita nuestra web para información sobre actividades

http://www.alde.es