La tormenta perfecta

La tormenta perfecta

Los días 9 y 10 de noviembre de 2017 se celebraron las XXXII Jornadas sobre Economía Española. En ellas se hizo balance de los retos actuales de la Unión Europea en varios aspectos: su crecimiento económico a largo plazo, la innovación tecnológica, la llegada de la cuarta revolución industrial, las políticas monetaria, fiscal y comercial, el sector financiero… Tuve el honor de participar en una de las mesas redondas. Aprendí muchísimo de las brillantes intervenciones de mis compañeros de mesa, Asunción Prats y Daniel Fuentes, y también preparando mi propia intervención, un inventario de los costes sociales de la crisis de deuda de la zona euro y su desigual distribución entre los países acreedores y los deudores. De ese inventario se hizo eco muy generosamente nuestro compañero Álvaro Anchuelo en una entrada previa en (bAg) (¡gracias, Álvaro!). Esta otra me ayuda a seguir compartiendo lo aprendido.

Sabemos que las crisis económicas no son neutrales en términos de distribución de la renta y que la Gran Recesión ha tenido un impacto especialmente regresivo: desempleo y moderación salarial, desigualdad de la renta y pobreza, donde destaca la infantil por sus consecuencias a largo plazo. Sus efectos han sido especialmente graves en los países endeudados pues no pudieron usar el timón del gasto social y los estabilizadores automáticos para corregir el rumbo de los acontecimientos. Se vieron en el centro de “la tormenta perfecta” de la desigualdad, zarandeados por el vendaval de la recesión bajo los rayos de los recortes. Y han salido “tocados” de ella. Les costará recuperar sus niveles de renta, bienestar y confianza.

En esta entrada quisiera incidir con más detalle que en mi presentación durante las jornadas en el papel de las políticas fiscales de la Austeridad en la desigualdad de la renta de los hogares en países del Sur de la Unión Europea, los llamados PIGS. Seriamente afectados por la Gran Recesión y rescatados, directa o indirectamente, en los tiempos más convulsos de la Crisis del Euro, recibieron con los MOU (memorandum of understanding) un libro de recetas macroeconómicas cuyos efectos ya se están conociendo. Se ha comprobado que los costes de la crisis de deuda en la zona euro están siendo soportados casi en exclusividad por los países deudores: durante la aplicación de los rescates, los acreedores les han sometido a extraordinarias medidas de ajuste interno y reformas, sin concesiones – quitas – a cambio, salvo en los casos de Grecia y Chipre (Frieden y Walter, 2017). La aceptación, por parte de los endeudados, de las exigencias de los acreedores, así como de sus consecuencias (recesión, desempleo y desigualdad) han derivado en fuertes conflictos sociales en el seno de los primeros pero también entre países los primeros y los segundos. Los endeudados, según explican Frieden y Walter, surgen al optar sus gobiernos con más firmeza por la austeridad que por reformas estructurales – financieras, laborales y de política de la competencia – que representaban una amenaza a los privilegios de grupos políticamente bien representados. En cuanto al conflicto entre países acreedores y deudores por la reforma de la gobernanza fiscal europea, ha quedado soterrado por la urgencia y gravedad de otros asuntos que reclaman una respuesta unitaria, como el Brexit y, añado yo, la crisis de los refugiados, si bien en este caso la respuesta, si se puede llamar así, ha quedado lejos de ser unitaria.

Recientemente, una serie de ejercicios de simulación fiscal nos han enseñado que buena parte de los incrementos de la desigualdad en los países mediterráneos durante la Gran Recesión responden, no al ciclo en sí, sino a la consolidación fiscal (Matsaganis & Leventi, 2014). Esto es especialmente cierto en Grecia, algo menos en España, y más suave en Italia y Portugal donde, en 2012, la política fiscal contribuyó a reducir la desigualdad.

Los primeros estudios sobre el impacto de los recortes en la desigualdad solían poner el acento en los recortes sociales, sobre todo en prestaciones sociales monetarias, los más fáciles de medir. Permiten advertir que la consolidación fiscal es en gran medida responsable de las restricciones a la liquidez en las familias durante la Gran Recesión, en especial porque los recortes en las prestaciones sociales afectaron a los hogares que ya tenían serias restricciones de este tipo, algo que no sucede en igual medida cuando el ajuste se realiza vía incrementos en la carga fiscal (directa e indirecta). Cuando se incorporan, junto a la reducción de los salarios del sector público, al análisis del impacto de la consolidación fiscal durante la crisis, se advierte en cambio cierta progresividad en la aplicación inicial de los recortes (Paulus et al, 2017).

Se ve así la conveniencia de diferenciar entre los efectos de la política fiscal a corto plazo, de primer y de segundo orden, y los de largo plazo (Perez y Matsaganis, 2017): los primeros recogen la progresividad de las medidas de recorte antes mencionadas; los segundos ya permiten contemplar el impacto multiplicador de los recortes en el consumo, la actividad económica y las rentas primarias derivadas de ésta, y son claramente regresivos. Los efectos a largo plazo responden a la reducción de la productividad y, por tanto, del crecimiento, resultantes de la menor inversión en educación, sanidad e infraestructuras. Aún es muy pronto para valorarlos, pero podemos imaginar el impacto regresivo que tendrá este tipo de recortes, pues amenazan la igualdad de oportunidades.

Aunque ha servido en algunos casos de catalizador para abordar reformas pendientes, la crisis económica ha supuesto un brusco cambio de rumbo en la construcción de un Estado de Bienestar en el sur de Europa. Como resultado, son cada vez mayores las diferencias en cobertura y protección en los sistemas de bienestar en los países del Centro y del Norte de la Unión Europea (Guillén et al., 2016). Además, la reacción de las autoridades comunitarias a la crisis lleva a los analistas a abandonar cualquier esperanza de una respuesta social coordinada a las crisis económicas del fututo, lo que a largo plazo significará menor convergencia en renta y calidad de vida de los hogares en los Estados Miembros. Parece que no hemos aprendido nada de esta tormenta.

 

Para saber más:

Frieden, J., & Walter, S. (2017). Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis. Annual Review of Political Science, 20. 371-390.

Guillén Rodríguez, A. M., González Begega, S., & Luque Balbona, D. (2016). Austeridad y ajustes sociales en el Sur de Europa. La fragmentación del modelo de bienestar mediterráneo. Revista Española de Sociología, 25 (2): 261-272.

Matsaganis, M., & Leventi, C. (2014). The distributional impact of austerity and the recession in Southern Europe. South European Society and Politics, 19(3), 393-412.

Paulus, A., Figari, F., & Sutherland, H. (2016). The design of fiscal consolidation measures in the European Union: distributional effects and implications for macro-economic recovery. Oxford Economic Papers, 69(3), 632-654.

Perez, S. A., & Matsaganis, M. (2017). The Political Economy of Austerity in Southern Europe. New Political Economy (doi: https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1370445).

¡Qué roben otros!

En cuanto la interpretación de los resultados electorales del paso domingo caben dos interpretaciones no necesariamente excluyentes. La primera sería el grito profundamente Ortegiano “¡Qué roben otros!” Es decir una sustitución de un partido y unos dirigentes marcados por la corrupción por otros partidos con personas en principio honestas (o que no han estado en posición de poder corromperse). La segunda interpretación sería un cambio en las preferencias de la población sobre la política económica y en particular el gasto público a nivel local y autonómico.

Sin desmerecer el factor Ortegiano, la segunda explicación tiene unas implicaciones más profundas en las políticas que implementen nuestros dirigentes a partir de ahora. La más evidente es que la austeridad simplemente no funciona. No es que los modelos macro de reacción fiscal se equivoquen (que también podría ser) ni por el acierto de las políticas Keynesianas de expansión del gasto público.

La austeridad no funciona porque la propensión marginal al suicidio político tiende a cero. Puede que las medidas de adelgazamiento de a deuda, reducción del gasto público, racionalización del sector público, devaluación interna y reducción de salarios para aumentar la competitividad, apertura comercial etc. sean justo lo que necesite nuestra economía en estos momentos. Pero atendiendo a los resultados electorales, ningún político tiene incentivos para continuar con este tipo de políticas, ya que los votantes han premiado a los partidos con políticas opuestas a las ortodoxas. Es decir, era previsible que los votantes se hartaran de esperar pacientemente recorte tras recorte a que se ajuste la economía en periodo indeterminado.

Tal como lo explicaba Keynes en The Economic Consequences of Mr. Churchill (1925):

The working classes cannot be expected to understand (..) Those who are attacked first are faced with a depression of their standard of life, because the cost of living will not fall until all the others have been successfully attacked too; and, therefore, they are justified in defending themselves. Nor can the classes which are first subjected to a reduction of money wages be guaranteed that this will be compensated later by a corresponding fall in the cost of living, and will not accrue to the benefit of some other class. Therefore they are bound to resist so long as they can; and it must be war, until those who are economically weakest are beaten to the ground”.

¿Qué alternativas hay para compatibilizar las preferencias de los votantes a corto plazo con un modelo de crecimiento a largo plazo? La primera es la Marxista: “Estos son mis modelos, si no le gustan, tengo otros”. La segunda es la Ortegiana: “¡Qué recorten otros!” La tercera es confiar que entre los miles de papers que producen las mentes económicas más brillantes haya al menos uno que encuentre la solución.

La insostenibilidad de las finanzas públicas españolas: un problema histórico que parecía olvidado

El Gobierno se muestra satisfecho con el ajuste fiscal, cuando ya ha acumulado a finales de 2013 un montante de 992.298 millones de euros de deuda pública (93% del PIB) y mantiene un elevado déficit público total (con ayudas a la banca) a finales de 2013 de 72.632 millones de euros  (-7,1% del PIB). Las finanzas públicas caminan en una senda temporal insostenible, pero este problema no es nuevo.

La economía española presenta diferentes episodios recurrentes en los que no ha sido posible mantener el equilibrio presupuestario y el nivel del stock de deuda pública sin diversas medidas extraordinarias: quiebras, impagos del servicio de la deuda, quitas, canjes y reestructuración de la deuda pública soberana, y utilización del impuesto inflacionario. La lista de estos episodios es interminable:

Felipe II: 1557, 1560, 1575, 1597 Felipe III: 1607 Felipe IV: 1627, 1647, 1652, 1662 Carlos II: 1666 Carlos IV: 1798 Cortes de Cádiz: 1812-1813 Fernando VI: 1814, 1817, 1823, 1825, 1828 Isabel II: 1835, 1841, 1844, 1851, 1867 Sexenio Democrático y I República: 1871 Alfonso XII: 1876, 1881 Alfonso XIII: 1900, 1915-1919, 1927-1928 II República: 1935, 1939

En el primer gráfico adjunto (hacer click sobre el mismo para verlo más grande) se muestra la evolución temporal del stock de deuda pública sobre el PIB (en %) desde 1850 a 2013. La situación actual de la dinámica de la deuda pública se camina sin control hacia los peores episodios de nuestra historia económica reciente: la I Guerra de Cuba de 1868-1878 en el reinado de Alfonso II y la II Guerra de Cuba-Crisis de 1898 en el regencia-reinado de su hijo Alfonso XIII.

 

 

No menos importante por comparación histórica es la situación actual del nivel del déficit público total en relación al PIB: nunca se había viso tal cifra desde 1850, tal y como muestra el segundo gráfico.

 

Y estas cifras recientes de déficit público total no incluyen (si el stock de deuda pública) las innumerables emisiones de deuda necesarias para las necesidades de financiación de diversos “Fondos Especiales” a los que ha tenido que hacer frente el Tesoro español. Es el llamado “efecto ajuste déficit-deuda” (emisiones de deuda que no computan como déficit pero si como deuda; origen = necesidad de financiar la adquisición neta de activos financieros). La lista es la siguiente:

– FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera), préstamos al rescate de Irlanda, Grecia y Portugal.

– Participación en el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera), sustituye al FEEF para futuros rescates.

– Fondo de Apoyo a la República Helénica (bilateral).

– FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

– FAAF (Fondo de Adquisición de Activos Financieros).

– Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP).

– FADE (Fondo de Adquisición del Déficit Eléctrico).

– ¿Rescate a las autopistas de peaje quebradas en 2014 (2400-5000 millones de euros?

Recordemos que las adquisiciones netas de activos financieros para financiar los Fondos mencionados ha provocado entre 2008 y 2013 un aumento de la deuda pública (no relacionada con las necesidades de financiación del déficit público) de 46.883 millones de euros (4,5% del PIB).

Por último, en las estadísticas de deuda pública quedan fuera la “deuda contingente” de las AA.PP., que constituyen la concesión de avales y otras garantías sobre las deudas contraídas por otros sectores institucionales. Estos avales y garantías no se registran como pasivos en las cuentas de las AA.PP., dado que la deuda garantizada es registrada entre los pasivos del agente que recibe la garantía.

No obstante, estas garantías suponen unos pasivos contingentes para las finanzas públicas, de modo que, si la garantía fuese ejecutada total o parcialmente, las AA.PP. asumirían la totalidad de la deuda, se registraría como contrapartida una transferencia de capital pagada al deudor original y, por lo tanto, se incrementaría el déficit y la deuda de las AA.PP.

A finales de 2013 el volumen de pasivos contingentes se situaba en algo más de 16 puntos del PIB (165.000 millones de euros), como resultado de los distintos avales concedidos al sistema bancario (avales a emisiones de deuda bancaria a medio plazo, 2008-2009), al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y, más recientemente, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en el marco del proceso de reestructuración bancaria.

CLIMA FINANCIERO Y ECONOMIA REAL

Ya parecía olvidado el clima de estabilidad que ha retornado a la escena financiera internacional al inicio de este año.  La aversión al riesgo se ha reducido de forma considerable, aunque no es fácil saber si definitivamente. Y es que  los determinantes de esa mejora han sido variaciones en ese entorno esencialmente financiero: las decisiones más propiciadoras del crecimiento de los principales  bancos centrales del mundo o el alejamiento de las amenazas globales con que se despedía el año, pero no tanto variaciones favorables en los indicadores reales de las principales economías, especialmente de las europeas. En realidad, las esperanzas de que ese mejor clima financiero sea una suerte de anticipo de la recuperación del crecimiento en las economías hoy en recesión, no disponen por el momento de excesivos apoyos objetivos.

Cambios en la escena financiera. El anuncio del presidente del Banco Central Europeo (BCE), el pasado 6 de septiembre, constituye la principal referencia a partir de la cual la estabilidad retorna a la escena financiera. La disposición a conceder ese respaldo a la deuda pública de las economías amenazadas, Italia y España fundamentalmente,  mediante el programa de compra de esos bonos a los gobiernos  que lo solicitaran, relaja de forma significativa la inquietante atmosfera dominante hasta entonces. La significación de esa actitud del BCE no radicaba solo en  el cambio que suponía  hacia una menor rigidez en su aproximación a la crisis financiera en la eurozona, sino por el más fundamental respaldo  al alejamiento del peor de los escenarios en esas dos grandes economías. Y con él a  la propia viabilidad de la eurozona, hasta entonces seriamente comprometida, no solo por la especulación dominante en los mercados de bonos sino por la inacción o mala gestión de la crisis por las instituciones europeas. Pero no olvidemos que la concreción final de esa suerte de red de seguridad sobre los intereses de la deuda pública depende de que los gobiernos la soliciten formalmente.

El alejamiento de la amenaza sobre la economía global derivada del “abismo fiscal” en EEUU ha sido otro de los factores suavizadores de las tensiones financieras. Igualmente destacable es la disposición  de los principales bancos centrales, liderados por la Reserva Federal estadounidense, a evitar males peores adoptando decisiones poco habituales. Por otro lado, la relajación de las exigencias de liquidez a los bancos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha contribuido también a  esa mayor propensión hacia la inversión en activos de riesgo, reconduciendo  las cotizaciones de los considerados como  refugio hacia niveles más razonables.

Esa reducción de la aversión al riesgo se ha reflejado en los precios de  todos los activos financieros, de forma mas explicita en los españoles e italianos. El descenso de las  primas de riesgo de los bonos públicos de esos dos países, ha sido especialmente pronunciado en las dos primeras semanas del año, pero también ha sido explicita la mejora en la práctica totalidad los mercados bursátiles.

La volatilidad, por su parte, se ha mantenido en  mínimos de los últimos cinco años.

Ello se ha traducido en demandas importantes en las subastas de bonos soberanos de Italia y España, en la muy significativa presencia de inversores extranjeros,  pero quizás lo más favorable  ha sido la apertura de las ventanas de emisión de valores privados, hasta el punto de que algunas de las empresas españolas con mayor proyección  internacional han conseguido mejores condiciones de precios que los propios bonos del tesoro. La devolución al BCE de una parte significativa, superior a la esperada,  de los préstamos concedidos a entidades bancarias de la eurozona (las conocidas como LTRO), constituye un exponente de esas menores tensiones de liquidez que han estado presentes en el pasado reciente. Ojalá sean definitivas y puedan reflejarse rápidamente en el necesario aumento de la inversión crediticia.

La economía real estancada. Ese comportamiento de los mercados financieros ha llevado a no pocos analistas  a calificar  este como el año de “la gran rotación” hacia los activos de más riesgo, abandonando  los refugios en que estaban atrincherados desde que se intensificó la crisis de la eurozona. Algunos han extendido esa “rotación” al cuadro de recesión que hoy domina en la eurozona.

Pero las señales en el sector real de las economías más dañadas por esta crisis no han sido igualmente expresivas ni mucho menos de mejoras significativas. Especialmente entre las economías que comparten moneda en Europa. Es más, una de las consecuencias de ese mejor clima financiero ha sido la apreciación del tipo de cambio del euro que no facilitará precisamente la competitividad de las exportaciones en aquellas economías  que mas la necesitan para asentar la recuperación. España sin ir más lejos.

Para que esa mejor atmosfera se asuma como la definitiva “normalización financiera” es necesario que el  crecimiento económico acompañe: que la generación de rentas permita sustentar el crecimiento de los beneficios empresariales y, desde luego, la recaudación impositiva de los gobiernos. Las previsiones de crecimiento de la economía mundial para el conjunto del año no amparan precisamente la euforia financiera. La mas reciente, del FMI, señala que la economía mundial crecerá un 3,5% en 2013, apenas tres decimas más que en 2012. La esperanza, nuevamente, está depositada en las emergentes: solo China será responsable del 40% de ese crecimiento. Los estímulos decididos por el nuevo gobierno japonés también forman parte de esa renovada, aunque tímida expansión global. Poco que esperar de la eurozona, dependiente de la convicción de las autoridades alemanas en esa intensa dosificación de una austeridad presupuestaria manifiestamente contractiva, expuesta a las tensiones políticas en varios países y, siempre, a una capacidad de reacción cuando menos lenta, y en ocasiones torpe o errada. El FMI no solo retrasa la recuperación en la eurozona, desde la recesión actual, sino que la califica de frágil: sigue haciéndola dependiente de que no se renueven las amenazas de inestabilidad bancaria y en los mercados de deuda.

De las principales economías europeas, la española será la que sufra la recesión más pronunciada, con una contracción de su PIB no inferior a ese 1,5%  del  año pasado. Antes de que inicie su recuperación seguirá destruyéndose empleo, con el correspondiente impacto depresivo en la demanda interna, en la solvencia de  familias y empresas  y en las propias finanzas públicas. No hace falta insistir que, en ausencia de una mayor demanda  proveniente de nuestros principales socios comerciales, el dinamismo observado hasta ahora en las exportaciones tampoco contribuirá excesivamente a amortiguar esa atonía de la demanda nacional.

Es en España precisamente donde la mejor atmosfera financiera vigente en estas primeras semanas no puede darse por garantizada para el conjunto del año,  y  tampoco es la condición fundamental para impulsar el crecimiento  económico. La flexibilización temporal del objetivo de déficit público es una condición, pero no la única. En ausencia de estímulos a la demanda, necesariamente externos, y de una mayor suavización de los costes financieros de las empresas y de las administraciones públicas, la recuperación será  tardía y poco intensa, insuficiente para crear empleo, con un  PIB  distante del crecimiento potencial, en definitiva. Y para la satisfacción de cada una de esas condiciones Europa sigue teniendo la última palabra, aunque en alguna de ellas, como el dichoso “rescate”, la primera corresponda a las autoridades españolas.

(Publicado en Negocios, El País)

Deterioro alarmante de las ratios de sostenibilidad y del equilibrio presupuestario de la Seguridad Social en España

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social confirman que en el año 2012 (a falta de algunos ajustes finales) ha continuado con fuerza el deterioro del equilibrio del presupuesto del Sistema de Seguridad Social en España, etapas de desequilibrios que comenzó en 2008. En esta entrada del Blog presentamos la evolución reciente de los dos indicadores que se utilizan habitualmente para evaluar la sostenibilidad futura del pago de pensiones contributivas (la ratio cotizantes/pensionistas y la ratio cotizantes/número de pensiones), así como del saldo presupuestario de la Seguridad Social.

 En primer lugar, como se puede ver en el Gráfico 1 (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande), el número de afiliados ocupados en el promedio de 2012 en 16.332.488 personas, lo que supone un descenso del -4,55%  respecto a los afiliados ocupados en el promedio de 2011 (17.111.792 personas), y un descenso del -14,91% respecto al máximo histórico alcanzado en 2007 (19.195.755 personas), justo antes del estallido de la crisis financiera internacional. En segundo lugar, este descenso de cotizantes ocurría al mismo tiempo que el número de pensionistas con pensiones contributivas (8.143.922 personas a finales de 2012) aumentaba un 0,95% respecto a 2011 (8.066.507 personas) y un 7,27% respecto a 2007 (7.591.502 personas).

La conjunción del descenso de cotizantes y del aumento continuo de pensionistas ha provocado que la ratio cotizantes/pensionistas haya caído a finales de 2012 hasta 2,00 (las cotizaciones de dos ocupados sirven para el pago de un pensionista), lejos ya del máximo alcanzado del 2,52 en 2007 (véase Gráfico 2, línea azul). Es necesario destacar que esta cifra roza el mínimo histórico del 1,93 de 1997. Además, esta ratio empeora hasta el 1,81, si utilizamos el cociente entre cotizantes y el número de pensiones contributivas en vigor, tal y como se puede observar también en el Gráfico 2 (línea roja).

Por otra parte, tal y como muestra el Gráfico 3, el conjunto de la Administración de la Seguridad Social registró en términos de Contabilidad Nacional un déficit de 11.818 millones de euros (cifras provisionales de noviembre, diferencia entre ingresos y gastos corrientes), lo que equivale al -1,11% del PIB español. [1] [2] Este déficit registrado por el Sistema de Seguridad Social supone el tercer saldo negativo consecutivo del sistema de pensiones desde el año 2010.

Ante tal situación, la OCDE alerta en su último informe sobre la economía española de noviembre de 2012 – OECD Economic Surveys: Spain 2012 – que la reforma de las pensiones impulsada por el último Gobierno socialista se queda corta y pide la aprobación urgente de nuevas medidas: i) extender el cómputo de la pensión a toda la vida laboral; ii) prolongar aún más el plazo necesario para lograr la pensión máxima; iii) endurecer el acceso a las nuevas pensiones de viudedad; iv) acabar con las ayudas a la jubilación parcial.

La OCDE también pide adelantar lo antes posible una de las reformas ya previstas en la nueva ley de pensiones que está en vigor en la actualidad. [3] Se trata de introducir una  fórmula de indexación de las pensiones que vincule los parámetros del sistema a los cambios en la esperanza de vida, algo que estaba previsto que entrara en vigor en 2027.

En síntesis, los desequilibrios financieros de la Seguridad Social española pasan a corto plazo por una nueva reforma urgente del sistema de pensiones vigente y el adelanto de medidas ya previstas para el futuro o por la creación masiva de empleo que eleve el número de cotizantes, circustancia poco probable dada las previsiones de crecimiento económico para el próximo trienio.

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[1] Esta cifra recoge el déficit de operaciones corrientes del organismo (que excluye los movimientos financieros), que no tiene por qué coincidir con el déficit presupuestario final. Por lo tanto, no incluye los intereses generados por las inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social durante 2012, lo que indica que la cifra final de déficit se reducirá una vez se contabilicen.

[2] El déficit total incluyendo los intereses generados por las inversiones del Fondo de Reserva no se ha cubierto con la emisión de deuda pública. En su lugar, se han utilizado los ahorros de años precedentes, en parte de los fondos acumulados en el Fondo de Reserva y en parte de los fondos acumulados en el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en el que se guardaba el dinero sobrante de la gestión de las mutuas de accidentes laborales. La utilización de estos fondos acumulados sin tener que emitir deuda no supone un menor déficit. La utilización de recursos acumulados de ejercicios anteriores, atendiendo a la normativa contable de la Unión Europea, no rebaja el déficit (desfase entre ingresos y gastos) del ejercicio corriente. Pero sí evita tener que salir al mercado a captar capital emitiendo deuda pública. Pero esta “hucha de las pensiones” se puede agotar pronto.

[3] La Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada por el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT en 2011.

Una aritmética fiscal desagradable, por Rogelio Velasco, IE Business School

Con la mayoría de los países de Europa y Norteamérica en recesión o con moderado crecimiento, se ha desatado una polémica acerca de los límites de las políticas fiscales contractivas para reducir el déficit público y lograr estabilizar la relación entre deuda pública y PIB.
Los organismos internacionales con sede en EEUU y Europa, la Comisión Europea e instituciones de investigación, sostienen, desde el inicio de la crisis, que la consolidación fiscal es imprescindible para conseguir los objetivos de reducción del déficit y estabilización de la deuda.
Ahora bien, la consecución de esos objetivos va depender no sólo del nivel de incremento de los impuestos y de reducción del gasto público, sino también del valor del multiplicador fiscal. Cuanto menor sea el valor del multiplicador, tanto menor será el coste de la consolidación fiscal.
Un valor menor que uno implicará que por cada unidad que se reduzca el déficit público, la reducción del PIB será menor que la unidad. En consecuencia, se reducirá la ratio déficit público con relación al PIB.
La persistencia de la crisis y los resultados mixtos obtenidos en la consolidación fiscal, han hecho preguntarse a los expertos y a los propios organismos internacionales sobre la eficacia de las políticas fiscales contractivas para cumplir los objetivos de déficit. Especialmente, varios países europeos están implementando duras medidas de ajuste fiscal consiguiendo unos resultados muy pobres en términos de reducción del déficit. En particular, el FMI desveló en el World Economic Outlook de octubre pasado, que el valor del multiplicador fiscal durante la crisis se había elevado a un valor entre 0,9 y 1,7, dependiendo de los países considerados.
Esos valores tan elevados contrastan con los que se suponía debería tener, en torno a 0,5. Ese valor de 0,5 es el resultado de la media del multiplicador durante los últimos 30 años y los distintos gobiernos occidentales lo han asumido implícitamente para llevar a cabo sus programas de consolidación fiscal.
Sin embargo, diversos trabajos han demostrado que el valor del multiplicador no es constante en el tiempo y es afectado por diversos factores. Primero, con los tipos próximos a cero, la política monetaria no puede compensar los efectos negativos de la consolidación fiscal, aumentando el valor del multiplicador. Segundo, el mal funcionamiento del sistema financiero, provoca que tanto el consumo como la inversión dependan más de la renta y los beneficios presentes de familias y empresas que de los futuros, aumentando también su valor. Y tercero, será también mayor cuanto mayor sea la capacidad de producción ociosa en la economía, como sucede en la actualidad.
No haber tenido en cuenta los factores señalados total o parcialmente, ha dado lugar a errores de previsión sobre el efecto de las políticas fiscales. En particular, se han subestimado los efectos de la reducción del gasto público sobre la actividad económica. En segundo lugar, y lo que es muy importante, se ha subestimado aún más la reducción del consumo y la inversión privadas, asociadas a la contracción fiscal y, en último término, el incremento del desempleo derivado de esta situación.
Las reacciones de académicos y de la prensa financiera ante la constatación del elevado valor del multiplicador, ha derivado en una puesta en tela de juicio de las actuales políticas fiscales, a saber: si el multiplicador es tan elevado, las políticas fiscales contractivas empeoran, en lugar de mejorar, la situación fiscal de los gobiernos, generando, además, una contracción de la actividad aún mayor. En consecuencia, habría que revisar las actuales políticas fiscales contractivas.
Esta reacción ha dado lugar, a su vez, a una respuesta por parte del economista-jefe del FMI, Olivier Blanchard, que hace sólo unos días publicó una revisión de los cálculos sobre el valor del multiplicador. Sus conclusiones apuntan a que su valor fue elevado en los primeros años de la crisis y que en los últimos dos años se ha reducido. Esta reducción se ha debido, en parte, a la influencia de los propios factores que explican su reducción –por ejemplo, una cierta relación de las restricciones financieras de las familias y empresas- y, en parte, a que los propios gobiernos han ido aprendiendo de los efectos de la política fiscal durante la crisis.
Las conclusiones, advierte Blanchard, hay que tomarlas con cautela porque el valor del multiplicador varía entre países y en el transcurso tiempo.
En todo caso, las voces críticas contra las actuales políticas fiscales restrictivas que han reclamado una revisión y relajación de las mismas, deberían tener en cuenta otras consideraciones. Los efectos que sobre la actividad deparan, en el corto plazo, las políticas fiscales no son las únicas que hay que tener en cuenta para valorarlas. En particular, no debe extraerse la conclusión de que las políticas de consolidación fiscal sean indeseables. La mayoría de los países de la OCDE presentan unas cargas de deuda pública con relación al PIB muy elevadas; de hecho, las más elevadas en tiempos de paz durante el último siglo.
Además, los cambios demográficos asociados al envejecimiento de la población, están ya presentando unos retos formidables para los sistemas de seguridad social que no pueden ignorarse.
En conjunto, los últimos avances realizados deberían permitir una mejor calibración de los efectos de las políticas de los gobiernos, en particular, dentro de la zona euro. Esa mejor calibración debería producir efectos menos dañinos para la actividad a corto plazo, pero sin abandonar la necesidad de llevar a cabo ajustes estructurales que tienen un reflejo en las cuentas públicas.

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