ECONOMIA DE PODEMOS

Junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, los dos economistas que asesoran a la formación política, presentaron ayer en Madrid su programa económico. Vicenç Navarro es un conocido profesor de políticas públicas en la Universidad Pompeu Fabra, después de haber enseñado durante muchos años en la prestigiosa Johns Hopkins University, de EEUU. Juan Torres, con quien me une una buena amistad desde hace años, cuando trabajábamos en la universidad de Malaga, lo es ahora en la universidad de Sevilla. Ambos son profesores instruidos, con una notable formación y me merecen respeto intelectual. Pero esto no es óbice para estar en desacuerdo con los puntos fundamentales de su diagnóstico y con las medidas que proponen para salir de la crisis.

La afirmación de que la desigualdad es la causa fundamental de la actual situación, no es cierta. Los economistas estamos de acuerdo en señalar al enorme endeudamiento, a los excesos por el lado de la demanda, como la causa fundamental en el origen de la crisis, aun cuando pueda haber matices para algunos países. La desigualdad ha sido una causa aparecida posteriormente y que ayuda a explicar las dificultades para salir de la actual situación, aunque no es la única.

Si estamos de acuerdo en que es uno de los principales problemas que padecemos, junto al desempleo y la deuda. Pero lo que no compartimos es la panoplia de medidas que proponen para combatirlos. La reducción de salarios no ha causado la crisis. De hecho, durante los primeros años, estos siguieron aumentando por encima de la inflación y del crecimiento de la productividad. Fue el colapso en el crédito y la posterior contracción de la actividad los que dispararon el desempleo.

En consecuencia, la reducción de salarios no provocó la contracción de la demanda agregada y la renta. La reducción salarial posterior no ha hecho sino recuperar parte de la competitividad perdida durante los años del boom y los primeros de la crisis. Es cierto que ahora tanto la UE como la OCDE están aconsejando una subida salarial. Podemos estar de acuerdo, pero habrá que ver el efecto final sobre la actividad.

No olvidemos que la economía española es muy abierta y pequeña. No nos encontramos en el  mundo keynesiano de hace siete décadas, en el que las economías estaban muy cerradas y el tipo de cambio de las monedas era fijo. Hoy estamos en economías muy abiertas. Aunque no hay riesgo de tipo de cambio porque compartimos el euro, si padecemos riesgo de crédito, de manera que somos muy dependientes de la financiación internacional, tanto del BCE como del resto de la banca y ahorradores internacionales. Cualquier medida que se proponga para impulsar la demanda de consumo de las familias y el gasto público, tienen que tener en cuenta esa restricción exterior. Tenemos que seguir exportando a un ritmo elevado. En otro caso, un rápido deterioro del sector exterior y un rescate sobre la deuda española estarían asegurados.

Otras de las medidas que proponen para salir de la crisis, no pueden llevarse a cabo porque no dependen solo de la voluntad política -como ellos afirman- sino de circunstancias económicas mas generales. Como ejemplo, abogan por un plan de infraestructura sociales -guarderías, residencias para ancianos, etc- que generarían en España más de 3,5 millones de empleo si igualasen el nivel de Suecia. Igualmente, si la participación de la mujer en el mercado laboral igualase al de Suecia, se generaría mucho empleo. Pero estas dos medias, como muchas otras, no se pueden adoptar por decreto, como si solo dependiera de la voluntad política de los gobernantes. Construir y mantener esa infraestructura social requiere de enormes recursos -que ni la propia Suecia puede mantener debido a su altísimo coste, en una sociedad envejecida. La participación tan elevada de la mujer en el mercado de trabajo, depende de su formación, de la escasez relativa de activos del otro genero, de un crecimiento continuo y de otras variables, en un proceso que ha tardado décadas en producir esos resultados.

En fin, proponer una elevación de las pensiones y una reducción de la edad de jubilación, aun con flexibilidad -cuando el actual sistema no se sostiene-, o una renta mínima garantizada para aquellos desempleados de larga duración que no encuentren trabajo, requiere de unos recursos de los que este país carece. No es el mejor ejemplo el del País Vasco, que disfruta de unos privilegios inaceptables y no trasladables a otras geografías. Tendrían también que explicar con detalle que significaría introducir el derecho a acceder al crédito y la recuperación de la banca pública, tanto en términos de recursos como de objetivos. La práctica desaparición de las 46 cajas de ahorro que había en España, ¿no es suficiente lección para no intentar nada parecido otra vez?

No obstante, con una reforma fiscal que elevara la recaudación, seria posible atender algunas de las propuestas presentadas. Se puede recaudar algo mas por el patrimonio, por sociedades y grandes rentas, aunque algunas medidas tendrían que ser coordinadas con otros países. Es posible reducir el fraude fiscal. Pero no olvidemos que no depende solo de los acciones del gobierno. El fraude es reducido cuando hay poca economía sumergida -en España es del 20% del PIB- y cuando existe un consenso social y cultural para combatirlo, que en España es débil.

Solo con buenos deseos y confiando en grandes decisiones tomadas por los gobiernos, no se resuelven los problemas. La gente y las instituciones de todo tipo, tienen que funcionar adecuadamente. Juan Torres afirmó -con razón- que una política económica no se puede importar.  Tampoco podemos pretender importar el modelo institucional y cultural de Suecia, que a los suecos les ha costado dos siglos construir.

(diariodesevilla.es 29/11/2014)

PIKETTY, ESPAÑA Y DESIGUALDAD

Se están escribiendo miles de páginas sobre la obra El Capital en el siglo XXI, del economista Thomas Piketty. Con una traducción del francés al inglés que no se lee con naturalidad –en español aparecerá después del verano-, el libro incorpora directamente en sus páginas las estadísticas más importantes utilizadas para elaborar sus argumentos.

Como en tantas obras históricas de investigación, España no aparece, ya sea por la escasa importancia económica hasta tiempos recientes o por la ausencia de estadísticas. Estas son un lujo de los países cultos y desarrollados. Sin embargo, la obra remite a la imponente base de datos que ha construido y utilizado para el  libro y en ella sí aparecemos de manera individualizada. El acceso a internet está abierto para los investigadores.

Las estadísticas sobre España y el resto de países, se refieren a la distribución de la renta antes de impuestos medida por la proporción de la misma detentada, año a año, por el 10%, 1%, 0,1% y 0,01% más rico de la población. La serie más larga para el caso español se refiere al 0,01% más rico, cuyos datos comienzan en el año 1933. En ese año, ese grupo poseía el 1,41% de la renta; esto es, 140 veces su peso en la población. Esa proporción de renta fue disminuyendo con el transcurso del tiempo.

Como afirma Piketty en una de sus tesis más sólidas, fueron las guerras las que aceleraron una distribución menos desigual de la renta. La Guerra Civil, primero, y la II Guerra Mundial, más tarde,  precipitaron su caída. En el caso español, a la tesis de las guerras, hay que añadirle el periodo inmediatamente anterior al Plan de Estabilización de 1959, que produjo una rápida pérdida relativa de renta en ese grupo del 0,01%.

Para los restantes grupos (10%, 1% y 0,1%), las estadísticas comienzan de forma regular en el año 1981 ¿Qué ha ocurrido desde entonces?

El cuadro general de la participación en la renta nacional de esos grupos indica que dos ellos se mantuvieron estables, mientras que otros dos concentraron fuertemente la renta.

El grupo del 10% más rico poseía el 32,61% de la renta en el año 1981; en el año 2010 poseía el 31,98%. El 1% más rico pasa del 7,5% al 8,24% de la renta en el mismo periodo; el 0,1% pasa del 1,87% al 2,48% y el 0,01% del 0,52% al 0,81%.

Hay estabilidad en los 2 primeros grupos, pero en el 0,1% y 0,01% más ricos, una fuerte concentración de la renta durante el periodo mencionado de 1981 a 2010.

¿Sobre qué gobiernos de la democracia recaen las responsabilidades de esa distribución? Tanto durante los gobiernos de Felipe González como en los de Aznar, la distribución de la renta se concentra en los más ricos, excepto para el periodo de Gonzalez y referido al 0,01% más rico, que pierde algo de peso. Es especialmente llamativa la muy rápida concentración de renta para ese grupo más rico del 0,01% durante el periodo de Aznar.

Solo los gobiernos del periodo de Zapatero consiguieron de manera continuada reducir la participación en la renta nacional de todos los grupos mencionados.

En conjunto, podemos afirmar que los ricos pertenecientes al 10% y al 1% de mayores rentas, han mantenido constante su participación durante toda la etapa democrática. Sin embargo, los grupos del 0,1% y 0,01% más ricos, han aumentado su participación en un 33% y un 55%, respectivamente, durante el mismo periodo.

Las rentas que se computan, son tanto las del trabajo como las del capital, percibidas por los individuos. Las mismas conclusiones se pueden extraer si se consideran las ganancias (o pérdidas) de capital asociadas a la revalorización o depreciación de los activos financieros e inmobiliarios que se posean.

No obstante, todos los datos anteriores se refieren a la renta antes del pago de impuestos y de la percepción de transferencias por parte del Estado. Su toma en consideración, modifica de forma significativa la situación de los más pobres. Así, en el caso de España y para el periodo reciente de crisis que va del 2007 al 2011, la reducción de impuestos y el aumento de las transferencias sociales, lograron que la contracción de la renta disponible de las familias, representara solo la mitad de la reducción total de la renta antes de impuestos y transferencias.

Paralelamente a este efecto positivo, se produce también una reducción de la participación en la renta nacional de los más ricos. Para el año 2010, la participación del 10% más rico en la renta era del 31,98%, mientras que después de impuestos y transferencias fue del 24,6%.

No obstante los matices anteriores, no hay dudas de que la distribución de la renta en España, tanto en el análisis de Piketty como en otros más recientes de la OCDE, ha empeorado notablemente durante el periodo de crisis. Si consideramos el índice de Gini, este ha aumentado del 0,306 al 0,344 en tanto solo los 4 años que van de 2007 a 2011. Sólo Turquía, Chile  y EE.UU. presentan peores distribuciones de renta.

Adicionalmente, la evolución de la pobreza confirma ese comportamiento de la distribución de la renta. Junto a Irlanda y Grecia, somos el país de la UE en donde más ha aumentado. Una pobreza, por lo demás, que se ha desplazado del grupo que tradicionalmente era más vulnerable –los mayores- hacia los jóvenes.

Esta evolución pone de manifiesto, adicionalmente, que tanto en nuestro país como en otros mencionados, la pésima situación del mercado de trabajo, que está impidiendo que la mitad de los jóvenes puedan incorporarse y conseguir un empleo, se encuentra entre las causas más importantes –si no la que más- para explicar la evolución de la justicia distributiva en nuestro país.

Pero mientras este problema comience a repararse, no existe un sustituto para las políticas sociales de los gobiernos de todos los niveles y colores.

Rogelio Velasco. IE Business School

Inspectores socialistas

Los días pasados, hemos presenciado un lamentable espectáculo derivado de las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relacionadas con la destitución de varios Inspectores de Hacienda que detentaban altas responsabilidades en la Agencia Tributaria. Siendo grave el asunto, las consecuencias han sido aún mayores, por otras declaraciones realizadas por el ministro sobre una posible condonación en el pago de impuestos a una multinacional extranjera y por las advertencias (completamente inaceptables) realizadas, de manera genérica, a determinados medios de comunicación, por el impago de impuestos.

Las declaraciones tienen un alcance que comprende varios aspectos.

En primer lugar, la independencia de la Agencia Tributaria. El sectarismo en el nombramiento de cargos públicos es grave cuando se trata de instituciones básicas del Estado de carácter muy técnico. Afirmar que los responsables destituidos eran todos socialistas es una grave irresponsabilidad ¿Van a ser sustituidos por otros que sean del PP? Lo que el ministro tiene que averiguar es si esos inspectores con altas responsabilidades en la Agencia están realizando sus trabajos con diligencia. Nada más. En otro caso, se transmite a los ciudadanos la idea de que los altos responsables de la Agencia son socialistas o populares, y que resulta irrelevante que sean profesionales competentes.

Hace unos meses, ya se produjo otro escándalo al intentar nombrar a dos profesionales con lazos familiares muy estrechos con sendos ministros para la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). La independencia de estos organismos resulta fundamental para que puedan ejercer sus funciones ¿Se puede ser independiente así?

En segundo lugar, el Ministro se ha jactado de contar con información sobre quién debe dinero, especialmente a los medios de comunicación. Esta es una actitud bastante generalizada entre los partidos políticos cuando gobiernan, en relación con todo tipo de asuntos y está directamente relacionada con la transparencia en la vida pública y en sus instituciones.

No nos engañemos, España no quiere tener instituciones transparentes. Durante muchos años, el ejercicio del poder ha provocado que los partidos se sientan dueños de las instituciones, sobreponiendo sus intereses al de las instituciones públicas, validando la teoría de la captura del Nobel George Stigler.

Una nueva ley de transparencia solo estará bien orientada y tendrá éxito si existe una fuerte demanda social para que así sea ¿Existe esa demanda en España? Parece que sí, por las declaraciones que hacen los partidos, pero cuando llegan al poder no cumplen con sus exigencias ¿Y de los ciudadanos? También lo dudamos. En este y otros asuntos, los ciudadanos sólo parecen percibir el valor de tal institución cuando tienen la necesidad de ejercer individualmente el derecho a la información. Es entonces cuando descubren las facilidades o dificultades para ejercerlo.

No olvidemos, adicionalmente, que venimos de una dictadura en la que todo era opaco. Las leyes cambian formalmente muchas actitudes y comportamientos. Pero más allá de los aspectos formales, manifiestan una gran inercia que, proveniente del pasado, tardan más de una generación en cambiar.

En tercer lugar, amenazar a los medios porque están retrasados en el pago de impuestos, resulta una coacción y un chantaje inaceptables en un sistema democrático.

En muchas ocasiones, cuando un responsable político realiza afirmaciones acerca de un asunto público, existe una institución del Estado detrás que tiene otorgadas las responsabilidades de gestión sobre ese asunto. Las afirmaciones del responsable político son la manifestación visible que podrá ser contestada por otros políticos, quedando dañada la imagen pública del responsable. Pero estos van y vienen. Sin embargo, lo que queda es la institución pública responsable del asunto. Esta es la que permanece, la que sobrevive a los políticos, a los partidos y al resultado de las siguientes elecciones.

Si la institución pública queda dañada como resultado del embrollo, se hace un daño letal al sistema democrático, poniendo en tela de juicio las funciones de la institución afectada, que deben ser neutrales políticamente, fomentando el escepticismo, cuando no el descreimiento, de los ciudadanos hacia ella. Estos daños suelen ser muy difíciles de reparar, porque la reputación tarda décadas en ganarse, mientras que el descrédito se genera en un instante.

Y en cuarto lugar, destruir la reputación de una institución tan importante como la Agencia Tributaria. No se trata de una institución cualquiera. En todos los países desarrollados, la agencia del Estado responsable de la recaudación de impuestos, es una institución esencial, como pocas. Hunde sus raíces en los orígenes de los Estados modernos, cuando estos empiezan a organizar una estructura permanente que les permita recibir un flujo continuado de ingresos, con el objetivo de suministrar a los ciudadanos servicios esenciales para su funcionamiento y su extensión a toda la población.

De todo el embrollo causado por la destitución de altos responsables de la Agencia Tributaria, los ciudadanos y contribuyentes se van a quedar con la percepción de que la Agencia no es neutral, porque las sospechas de favoritismo a una gran multinacional para que se instale en España –y presumiblemente a miembros de la familia real- a cambio de condonar el pago de impuestos, no se han disipado.

Este es un asunto muy grave, porque rompe el principio de igualdad de los contribuyentes ante la Hacienda Pública. Será muy difícil reparar esa imagen de favoritismo. Muchos contribuyentes responderán intentando defraudar más impuestos. Los discursos de los responsables políticos hablando de que Hacienda somos todos, van a mover más a la indignación que a la risa.

Adicionalmente, los ciudadanos van a percibir que los Inspectores de Hacienda con altas responsabilidades tienen que tener el carnet del partido político que gobierne para acceder a esos puestos. No creemos, además, que contribuya a elevar la moral dentro del cuerpo de Inspectores; profesionales que han tenido que pasar unas duras oposiciones para acceder al cuerpo. Que el progreso profesional quede condicionado a las simpatías políticas de los responsables de turno, representa un grave ataque al estímulo personal para mejorar, así como para llevar con diligencia y profesionalidad los asuntos que tratan en sus servicios al Estado.

ECONOMIA POLITICA DE LAS ELECCIONES EN ITALIA

 

Con más de veinte partidos representados en el parlamento, el futuro de Italia se presenta tenebroso por ingobernable. Las consecuencias se han empezado ya a sentir en todas las bolsas. El Ibex reaccionó inicialmente con una caída del 4%; la prima de riesgo ha vuelto a subir. Es muy probable que el riesgo soberano se eleve con carácter permanente por el contagio de la situación italiana.

El fenómeno más llamativo, es el partido de las cinco estrellas de Beppe Grillo, que ha conseguido la segunda posición, recogiendo más del 25% de los votos. Se denomina partido antisistema ¿Quién vota a este partido, porqué lo han votado?

Los excesos cometidos por la política fiscal italiana durante muchos años, están dejando una profunda huella en toda una generación, perteneciente a la clase media y con una edad comprendida entre los 40 y los 55 años. El tipo marginal del IRPF para un italiano con una renta de 30.000 € al año, es del 38%, mientras que cuando se incorporaron al mercado de trabajo hace 20 años, era del 25%. Como el resto de italianos, han visto durante todos esos años subidas continuadas del IVA que han encarecido todos los productos y una pérdida generalizada en la calidad de los servicios públicos.

El resultado es que esa generación ha visto reducida sustancialmente su nivel de vida. Ha aportado mucho, recibe poco del Estado y recibirá menos aún en el futuro. Como el nivel de bienestar no depende sólo del nivel de renta absoluto, sino también de nuestro nivel comparado con el de otras personas y grupos sociales, la pérdida de bienestar es aún mayor para este grupo, que observa cómo la generación inmediatamente mayor disfruta todavía de un elevado nivel de vida.

Adicionalmente, el grupo que comentamos verá reducida sus pensiones como consecuencia de las reformas llevadas a cabo y que entrarán en vigor justo cuando se jubilen, al pasarse de un sistema de prestación definida (el actual) a otro de contribución definida. En conjunto, esta generación va a pagar a lo largo de su vida un 50% más de impuestos que la generación anterior que ya está jubilada o está a punto de hacerlo, y además recibirán una pensión aproximadamente la mitad que la actual, de acuerdo con un reciente trabajo del Banco de Italia.

El anterior gobierno de Monti –habiendo realizado algunos avances importantes- empeoró la situación de los que ahora han votado a Grillo, elevando el IBI y congelando sueldos públicos.

Los excesos y el descontrol se pagan. Hasta finales de la década de los noventa, para  el cálculo de la pensión se tomaba como referencia el sueldo de los 3 últimos años trabajados, generando un mercado negro en el que los empleados pagaban a los empleadores para que éstos aparentaran que pagaban salarios más elevados, que se convertían en pensiones más altas una vez que los empleados se jubilaban.

Para sostener la situación, Italia presenta este año un elevadísimo 5% de superávit primario en las cuentas públicas. El coste soportado es el de unos servicios públicos que se están derrumbando y unos salarios de los funcionarios congelados. Así llevan 20 años.

Los ciudadanos no cambian de partidos o de ideología por vaivenes inexplicables. Hay una economía política de sus comportamientos completamente racional. Esa racionalidad no conoce fronteras y se traslada inexorablemente de unos países a otros.

Crisis del consumo de las familias

El alto nivel de endeudamiento privado anticipa que la demanda interna seguirá siendo baja durante un largo periodo, en el que cabe esperar más cierres de empresas y alto desempleo.

El endeudamiento es un arma de doble filo. Utilizado de forma prudente mejora el bienestar de las familias, apalanca el crecimiento de las empresas y permite a los gobiernos financiar el Estado de bienestar y dotar de capital público a las economías. Pero un exceso de endeudamiento puede provocar la desaparición de empresas, la ruina de las familias o la incapacidad del gobierno para suministrar servicios básicos a los ciudadanos.

Desde el inicio de la crisis, la atención de los medios, de la mayoría de los expertos y de los organismos supranacionales encargados de la supervisión o del asesoramiento a los gobiernos, se ha centrado en la deuda pública y su sostenibilidad. Menor atención se ha prestado al endeudamiento privado -y, en particular, al de las familias-, ya sea por las menores posibilidades de control por parte de las autoridades o porque, históricamente, ha habido un menor número de episodios generalizados de crisis generados por el endeudamiento del sector privado no financiero.

Sin embargo, la crisis actual tiene una relación mucho mayor con el endeudamiento privado que con el público, en la casi totalidad de países occidentales, especialmente en España, pero también en el Reino Unido, Irlanda y EEUU. Adicionalmente, la importancia del endeudamiento del sector privado es mayor en esta crisis, porque en circunstancias normales la actuación compensatoria del sector público suaviza la situación del sector privado. Desgraciadamente, la política seguida por el BCE limita la actuación por el lado monetario y los altos niveles de deuda pública lo constriñen también por el lado fiscal. En consecuencia, el proceso de reducción del endeudamiento del sector privado en la UE, va a continuar sin ser acompañado por la actuación compensatoria de los gobiernos. El proceso será más largo y más duro.

Un de las consecuencias inevitables, es que el consumo de las familias va a continuar siendo muy limitado ¿Cuánto y hasta cuándo? No es fácil definir cuál es el nivel de endeudamiento privado -especialmente de las familias- que es sostenible. La teoría económica no ofrece un criterio normativo que nos lo indique. Los trabajos de Franco Modigliani y Merton Miller dejan indeterminado el nivel de endeudamiento en la estructura óptima de capital. Hay que recurrir a algún criterio práctico para estimarlo.

Ese criterio ha de estar necesariamente asociado al nivel de riesgo. Podemos afirmar con seguridad, que los mercados financieros no van a asumir unos niveles de endeudamiento y de riesgo tan elevados de las empresas y de las familias como los que se han mantenido hasta el inicio de la crisis. Tampoco para los gobiernos, que presentan los mayores niveles en tiempos de paz.

Para el caso de España, al inicio de la crisis en el año 2007, la deuda de las familias con relación al PIB era del 83,2%. Este nivel es aproximadamente igual al último dato disponible de finales del año pasado. A pesar de que el endeudamiento de las familias se ha estado reduciendo a un ritmo del 2,5% anual, la caída del PIB ha impedido una mejora significativa.

Pues bien, si aceptamos que el nivel de endeudamiento va a ser inferior al del inicio de la crisis y se va a encontrar próximo al de principios de la década pasada, las familias españolas necesitan reducir su endeudamiento en un 32% del PIB o, en otros términos, un 50% de su renta disponible.

El tiempo que tardarán las familias españolas en conseguir ese nivel de endeudamiento va a depender de la evolución del PIB y del propio ritmo de reducción de las deudas. El ritmo al que lo han estado haciendo es del 2,5%. Con esa pauta, y un crecimiento del PIB moderado, nuestras familias tardarán 13 años en alcanzarlo.

Que el nivel de endeudamiento no sea sostenible en su estado actual, como hemos señalado, no es sólo fruto de una conjetura derivada un criterio práctico. Lo es también por lo que muestran las investigaciones empíricas realizadas. Así como Reinhart y Rogoff han calculado que cuando la deuda pública alcanza un nivel del 90% del PIB la economía se contrae, un reciente estudio del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, indica que cuando la deuda de las familias alcanza un nivel del 84% del PIB, el crecimiento se vuelve negativo, contrayendo la actividad económica. Ese es justamente el nivel en el que se encuentra el endeudamiento de las familias españolas.

Aun cuando el estudio necesita una mejor calibración estadística, el nivel señalado muestra el punto hasta el que el consumo interno estimula el crecimiento económico, pero también desde el que es excesivo para el nivel de producción y renta y empieza a dañar el propio crecimiento.

El periodo es muy prolongado y durante todo ese tiempo no cabe esperar que el consumo de las familias españolas mejore. En consecuencia, cabe esperar más cierres de empresas, especialmente de aquellas ubicadas en el sector de bienes de consumo duradero -tanto productoras como distribuidoras- y de servicios como textil , hostelería y servicios personales en zonas con escasa afluencia de turismo extranjero.

La austeridad pública y privada va a continuar siendo el mecanismo de reducción de la deuda. La gran actividad exportadora de las empresas españolas debería intensificarse. La fuente de expansión es el sureste asiático, China, EEUU y América Latina por el crecimiento que muestran. Pero las empresas también deberían apuntar a los mercados con menores niveles de endeudamiento familiar: Europa del Este, Asia Central, Japón, Austria y Alemania.

Sólo redoblando esfuerzos para aumentar nuestra presencia internacional, la crisis será más suave. Mientras tanto, tendremos que adaptarnos a un menor consumo durante muchos años.

Visita nuestra web para información sobre actividades

http://www.alde.es