Las paradojas del Brexit, por Juan A. Vázquez García

No es momento para dramatizar, pero no se puede desconocer la gravedad que supone el Brexit. Como si se tratase de una alineación desfavorable de los astros en este solsticio de verano, los rescoldos de la hoguera de San Juan nos han dejado una decisión de alcance tan grave como desconocido e imprevisible.

En el desenlace ha tenido mucho que ver la conjunción de frivolidad y descaro, de mentira y amoralidad, con que han actuado muchos políticos, de la vieja y la nueva hornada, que han convertido a la sociedad en rehén de sus particulares juegos de tronos. También la deriva de una UE en retroceso, desconcertada, paralizada y burocratizada.

Pero lo que me llama más poderosamente la atención son las paradojas a las que puede conducir este episodio del Brexit. La primera de ellas es de orden político: ya se ve que suplantar la democracia representativa por la democracia directa del “derecho a decidir” conduce a referendos de devastadores efectos, capaces de producir bandazos de consecuencias imprevisibles, de dividir todo por mitades, de fracturar sociedades, de convertir en determinantes del futuro a los que ya solo tienen pasado y de marcar por leves fronteras porcentuales decisiones irreversibles por generaciones.

La segunda paradoja muestra el potencial destructivo de los populismos de uno y otro extremo, el engaño de simplificar lo complejo, de enmascarar las realidades con ensoñaciones, de promover revoluciones de sonrisas que se van quedando heladas a lo largo de un trayecto sin ruta fijada y con rumbo que se admite desconocer sin reparo. En ese viaje hacia lo desconocido hay tanto de irresponsabilidad en quiénes lo promueven como de simpleza en quiénes lo secundan con un reflejo de perdedores de la globalización que emprenden una huida hacia delante que no es más que una vuelta atrás, que buscan refugio en mundos reconocibles y, para ellos más seguros, que han dejado de existir y, por más que lo pretendan, ya no van a volver.

La tercera paradoja es económica y se cifra en los costes innecesarios que pagaremos todos (los entusiastas del Brexit en primer lugar) y en las falsas promesas de estar mejor que solo conducen a estar peor. Son muchos los potenciales efectos negativos a medio plazo en el ámbito comercial, de las incertidumbres financieras, de los riesgos económicos o de las expectativas empresariales. Pero basta comprobar, ya en tan solo los primeros días, la pérdida de capitalización de las empresas, la depreciación de la libra, la volatilidad de los mercados, el descalabro de las bolsas, las subidas de las primas de riesgo, el activismo de los Bancos Centrales inyectando liquidez y, en fin, la pérdida de riqueza de todos (no solo de los ricos sino de las clases medias). Es posible que al final el temporal amaine, que el tiempo pase y se encuentre para el Reino Unido algún tipo de encaje o asociación con la UE que limite los daños del Brexit. Pero existe también el serio riesgo de que, apenas salidos de una crisis que ha estado en el origen de todo, nos adentremos en una nueva crisis como desenlace de este desdichado proceso.

Y la cuarta paradoja, es la de una pretendida afirmación de la soberanía nacional que puede derivar precisamente en la fragmentación de esa soberanía, que puede conducir a un Reino (des)Unido, al singular caso de una Escocia votando independencia para mantenerse en la UE (y de paso dando alas a Cataluña) y al enorme riesgo de un contagio que podría truncar definitivamente ese sueño que fue Europa, que con todas las imperfecciones que se quiera nos ha permitido vivir décadas de paz y de prosperidad. ¿Se imaginan lo que ocurriría con un nuevo referéndum para la salida de Francia (el Frexit) como el que ya propugna Marine Le Pen?

Siento no haber llegado a tiempo de quemar los malos augurios en la hoguera de San Juan. No me consuelan los argumentos del tipo de ¡que se vayan los que nunca han llegado a estar del todo! y, aunque quisiera creerlo, no me llegan a convencer los mensajes bienintencionados de que esto servirá para reforzar la cohesión o refundar lo que vaya quedando de la UE. Yo no estaré tranquilo mientras sigan celebrando el Brexit personajes como Farage, Le Pen, Trump o Putin, pero aun así no quiero caer en la desesperanza.

Juan A. Vázquez

                                                                        Universidad de Oviedo

Transformaciones estructurales e inserción laboral de las mujeres, por José Colino Sueiras

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El gráfico anterior refleja uno de los principales cambios experimentados por la sociedad española en los últimos cuatro decenios: el sustancial aumento de la cuota femenina en el empleo total. De acuerdo con la EPA, entre los terceros trimestres de 1976 y 2015, la participación de las mujeres en la población ocupada ascendió 16,8 puntos porcentuales, emplazándose en un 45,2% en el último de ellos. En términos absolutos y en números redondos, el empleo agregado se incrementó en 5,7 millones de personas, correspondiendo a las mujeres 4,5 millones, lo que implica que el 80% de dicha ampliación ha sido destinada a la ocupación femenina. Recurriendo a Eurostat, en 2014 nuestro dato anual (45,6%) resiste muy dignamente la comparación con los resultantes para los cuatro grandes estados de la UE: Italia (42,3%), Alemania (46,8%), Reino Unido (47,0%) y Francia (48,2%).

A lo largo de la fase temporal contemplada, la terciarización de la economía española, ha favorecido la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. En efecto, el empleo femenino posee una definida especialización productiva. Nueve de cada diez ocupadas en España desarrollaban su actividad en los servicios en 2015TIII, frente a una fracción de dos tercios en el caso de los varones. En el proceso de integración de las mujeres en el mercado de trabajo cabe, como en casi todo, diferenciar dos vectores: crecimiento y composición. En cuanto al primero, la cuota femenina en el empleo no terciario –que ha experimentado un descenso de 3,5 millones de personas de ambos sexos– ha sufrido una merma, al pasar del 22,2% al 20,5% entre los dos terceros trimestres citados. Por el contrario, en el sector servicios ha avanzado desde el 37,2% inicial al 52,6% actual, lo que da lugar a que el efecto crecimiento haya sido positivo. Recurriendo a un sencillo ejercicio podemos aproximarnos al papel desempeñado por ambos vectores. Si a las cuotas femeninas en la ocupación de los cuatro grandes grupos de actividad –Agricultura, Industria, Construcción y Servicios– de 2015TIII le imputamos la composición sectorial del empleo agregado en 1976TIII, el peso de las mujeres en la población ocupada se situaría actualmente en un 34,4%. Por consiguiente, el efecto crecimiento –monopolizado por los Servicios– habría contribuido con seis puntos a la ampliación de la participación femenina en el empleo español, lo que supone poco más de la tercera parte de la mencionada ganancia de 16,8 puntos. Casi las dos tercera partes, por tanto, del aumento de dicha cuota se explicarían por el efecto composición, es decir, por el hecho de que la participación de las actividades terciarias en el empleo agregado presenta un intenso avance, al doblarse a lo largo del periodo: 37,2% en 1976; 76,9% en 2015. Nos encontramos, pues, con un protagonismo absoluto de los Servicios en los dos vectores que han impulsado ese logro de un gran calado económico y social.

Otra de las transformaciones estructurales usualmente citadas es la construcción del Estado del Bienestar, muy conectada con la anterior, dado que la ampliación del empleo de las AAPP es uno de los factores explicativos de la terciarización. Aunque puedan existir ciertos problemas de comparabilidad, la EPA refleja que, entre los dos trimestres citados, el empleo público en España ha pasado de 1,4 a 3,0 millones de personas, lo que ha supuesto un alza de su peso en la ocupación total de un 10,6% a un 16,5%. De nuevo, prácticamente el 80% de ese incremento del empleo ha sido absorbido por las mujeres, cuya participación en la ocupación generada por las AAPP se ha acrecentado de un 25,3% a un 54,0%. El impulso dado a determinadas actividades, como Educación y Sanidad y Servicios Sociales, explican buena parte de esa importante ganancia; téngase en cuenta que, en la actualidad, las mujeres representan las dos terceras partes del empleo en la primera, elevándose a los cuatro quintos en la segunda.

Una última y breve consideración sobre otra de las transformaciones estructurales: la mejora en la distribución de la renta, que a su vez hay que conectar con el incremento de la ratio Gasto público/PIB.  Los estadísticos habitualmente utilizados están huérfanos de la perspectiva de género. Por ejemplo, en la distribución personal de la renta la unidad de análisis convencional es el hogar. Cabe imaginar una distribución perfectamente equitativa: todas las personas pasarían a la escala de rentas con el mismo ingreso equivalente. Supongamos, además, que siempre es el varón el que aporta la totalidad de los ingresos y las mujeres se dedican exclusivamente a las labores domésticas. Los índices utilizados son insensibles a tal eventualidad, sentenciando que hay plena equidad social: ¿Tiene sentido ese dictamen? Puede que alguno, pero desde el punto de vista del rol asignado a hombres y mujeres en la sociedad, ese hipotético estado distributivo carece de la más mínima dosis de equidad.

La inserción laboral de las mujeres constituye un hecho crucial si nos atenemos a la cobertura de uno de los ineludibles objetivos de cualquier sociedad con decencia democrática: la igualdad de género. Obvio es que todavía falta mucho camino por recorrer, desde el desigual reparto del trabajo no remunerado hasta la amplitud de la brecha salarial, lo que no debe conducir a menospreciar la positiva senda que muestra el gráfico. Por otro lado, la puesta en valor de la mitad del capital humano existente en la sociedad constituye un logro que, desde una perspectiva económica, hay que valorar debidamente. En suma, desde nuestra perspectiva, estamos en presencia de una transformación estructural de la economía española que, poseyendo entidad propia, guarda una estrecha relación con tres de las que están más asentadas en la literatura. La cuarta –la creciente integración de la economía en el mercado global– parece, en principio, que es independiente de la cuestión que ha sido objeto de este breve examen.

El coste económico de las falsificaciones

Todos estamos acostumbrados a vivir rodeados de productos falsificados: el top manta, los mercadillos, o las páginas web que nos permiten comprar productos de precios inalcanzables a un coste irrisorio.

En todo este contexto la pregunta que como economistas deberíamos hacernos es ¿Cuánto le cuesta a una economía todas estas gangas? La respuesta no es tan fácil y la obtención de una aproximación fiable “para cuantificar aquello que por su propia naturaleza se quiere ocultar” supone todo un desafío debido a la falta de consenso en torno a la manera más adecuada para la obtención de datos sobre la falsificación y la piratería en los distintos sectores de la economía productiva.

De momento no hay respuesta definitiva pero en la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior (OHIM por sus siglas en inglés, OAMI por sus siglas en español, sita en Alicante), a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual se está trabajando en ello. El objetivo de un conjunto de estudios aplicados a distintos sectores, y que se irán publicando a lo largo de los próximos 18 meses, es poner de manifiesto el efecto tan negativo de la falsificación y la piratería en la economía de la Unión Europea.

En el primer estudio de esta serie,  El coste económico de las vulneraciones de los derechos de PI en el sector de la cosmética y de la higiene personal, realizado por Nathan Wajsman y Carolina Arias, los resultado, para el período 2007-2011) son demoledores: alrededor de 4.700 millones de euros de ingresos anuales (el 7,8% de las ventas del sector) y más de 50.000 empleos se pierden al año en el sector cosmético por las falsificaciones en la Unión Europea. Si, además, tenemos en cuenta  los efectos sobre otros sectores y sobre la recaudación pública, las pérdidas en el sector se elevan hasta los 9.500 millones de euros, en términos recaudatorios a unos 1.700 millones de euros (incluye IVA, renta, sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social) y en términos de empleo a unos 80 000 puestos de trabajo.

Por países es España una de las grandes perjudicadas,  pues se pierde anualmente el 17,1 % de las ventas del sector, es decir, más de 949 millones de euros. En este grupo de cabeza, y con un impacto superior al 15%, se encuentran Portugal, Bélgica, Chipre, Letonia, Bulgaria, Lituania y Grecia, que es el país con mayor impacto. Por debajo del 10%, se encuentran: Italia con pérdidas del 7,9%, Francia del 7,6%, Reino Unido del 6%, Alemania del 3,9 % y Finlandia entorno al 1% (el país con menor impacto).

Este trabajo invita, cuando menos, a la reflexión.

Aunque lo parezca, (3+2) y (4+1) no es lo mismo, por Mariam Camarero

Nuestra compañera Mariam Camarero, de la Universidad Jaume I, nos ha facilitado esta interesante entrada sobre la reforma universitaria, publicada previamente en el diario digital Valencia Plaza (15/2/2015).

Hay muchos mitos sobre la educación en España, la mayoría de ellos falsos. Y no son falsos porque exista intención de engañar, sino porque la memoria colectiva es bastante frágil. He querido comprobar que la afirmación con la que quería empezar estas líneas era correcta y he visto, con asombro, que en los últimos 150 años no hemos tenido más allá de 4 ó 5 leyes universitarias de calado. Entiendo, entre líneas, que se suele comenzar la reforma educativa por la enseñanza primaria y continuar con la secundaria, de manera que cuando el legislador se acerca a la universidad aparece siempre una inoportuna revolución, una guerra o una dictadura que dejan en suspenso los afanes reformistas por una temporada. De ahí que sea falso, por ejemplo, que haya habido muchas leyes educativas y que cada nuevo gobierno haga la suya. No es ese el caso, al menos en la universidad.

Volviendo al tema del artículo, la tesis que pretendo defender es que los estudios universitarios en España se ajustan, por tradición, al modelo (3+2) y que la irrupción de (4+1) fue realmente una anomalía interna y externa, al alejarnos no sólo del esquema más usual de los estudios universitarios en España, sino también de la mayoría de nuestros socios en el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cuál es la citada tradición de la universidad en España?

Desde la Ley Moyano de 1857 (que acabó estando en vigor casi un siglo), las enseñanzas facultativas se cursaban en la universidad y constaban de tres períodos que habilitaban para los tres grados correspondientes: Bachiller (equivalente al Bachelor inglés o al grado actual), Licenciado (el que puede ejercer) y Doctor. También había enseñanzas superiores impartidas en Escuelas Superiores para títulos de Ingeniería, Bellas Artes (Arquitectura, Pintura y escultura, Música,…), Diplomática y Notariado. Y enseñanzas profesionales que se impartían en centros específicos (Maestro, Veterinario, Profesor mercantil, Náutica y Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimensores). El Ministerio detallaba los planes de estudios y las asignaturas. Al principio el primer ciclo podía llegar a ser de 5 años, pero los estudiantes empezaban la universidad a los 16.

A pesar de los impulsos reformistas de finales del siglo XIX y otros intentos alrededor de la década de los veinte del siglo pasado (donde sí que se modernizó la investigación, con la Junta para Ampliación de Estudios), hay que esperar al final de la Guerra Civil para encontrar una nueva ley sobre educación universitaria, que no supuso una reforma sino continuismo. La Ley que regula la Ordenación de la Universidad de 1943 añade como Facultad la de Ciencias Políticas y Económicas y los principales cambios se refieren al acceso a la universidad, al realizarse un examen de ingreso además del Examen de Estado que daba el título de Bachiller. Se podía establecer “numerus clausus” atendiendo a las necesidades y como orientación a los alumnos. Las Escuelas Superiores los limitaron tanto que luego fue necesario aumentar el número mínimo de alumnos al año. Normativas posteriores modificaron la enseñanza media e introdujeron cursos de preparación a la universidad (PREU).

La Ley General de Educación de 1970 de Villar Palasí fue la que nos tocó vivir a los de mi generación: además de crear la EGB, el BUP y el curso de orientación universitario (COU), la Educación Superior seguía teniendo tres niveles: en primer lugar, la Diplomatura o Primer Ciclo (de tres años y cursada en Escuelas Universitarias), dando lugar al título de Diplomado; en segundo, la Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura, de cinco años de duración (que se cursaba en Facultades o Escuelas Superiores con 5 años de duración y dos ciclos de 3 y dos años, respectivamente); por último, en tercer lugar, el Doctorado, el máximo nivel, que consistía en dos años de enseñanza y la presentación de una tesis. En esta ley, las enseñanzas profesionales como el Magisterio o las Bellas Artes adquieren nivel universitario (de uno o dos ciclos). Los planes de estudio surgidos de esta ley eran comunes en toda España y estuvieron en vigor durante más de 20 años, hasta principios de los años 90.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 no modificó esta estructura. Así, en su artículo 30 decía que “Los estudios universitarios se estructurarán, como máximo, en tres ciclos. La superación del primero de ellos dará derecho a la obtención, en su caso, del título de Diplomado, de Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico; la del segundo, a la del título de Licenciado, de Arquitecto o de Ingeniero, y la del tercero, a la del título de Doctor”. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 mantiene nuevamente esta estructura, aunque recoge la posibilidad de que se cambie la denominación de los títulos (artículo 88) para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. La actual versión en vigor, la LOU modificada o LOMLOU de 2007 también lo incluye (http://www.uco.es/ugt/archivo/2007/070503_LOMLOU_refundido.pdf).

Lo primero que cabe decir es que la LOMLOU no determina la duración de los títulos, sino que se desarrolló mediante decreto. La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se realizó (principalmente) durante la primera legislatura del Presidente Zapatero. La Ministra María Jesús San Segundo quería continuar con planes de estudio basados en “Libros Blancos”, es decir, con una buena parte de contenido común en toda España y grados de 3 años y másters de 2 años, es decir, defendía el 3+2. Sin embargo San Segundo fue sustituida tan sólo dos años después por Mercedes Cabrera. A partir de ese momento se produjo un cambio radical, pues la LOMLOU aprobada en 2007 introduciría una reducción de las competencias del Ministerio (sin eliminarlas) para el establecimiento de títulos y las directrices de los planes de estudios. Además, los nuevos grados tendrían una duración de 4 años y los másters de 1 a 2 años.

Con el cambio al 4 +1 no sólo se produce una ruptura respecto a la organización de los estudios universitarios existentes hasta entonces en España sino, lo que es infinitamente peor, se rompe la distinción entre los estudios universitarios de un ciclo, que formaban a diplomados, arquitectos e ingenieros técnicos y que en tres años habilitaban para desempeñar profesiones (maestros, enfermeros, aparejadores, por ejemplo) y las licenciaturas, arquitectura e ingenierías superiores, de dos ciclos y que tenían diferentes funciones y atribuciones profesionales. Los cuatro años suponen aumentar la duración de algunas titulaciones sin que existiera justificación técnica o académica, mientras que reducir en un curso, por ejemplo, las ingenierías (superiores) ha creado problemas al compararlas con los anteriores estudios de 5 años, optándose por soluciones ad hoc para mantener las competencias profesionales necesarias para ejercer. Aún más, este sistema es ineficiente, al tardar un año más en formar a una buena parte de nuestros profesionales superiores, que podrían haber completado un grado en 3 años y, en caso de desear especializarse, siempre podrían haber optado (en ese momento o más tarde) por completarlo con un máster de uno o dos años, dependiendo del caso.

Otro efecto derivado de estas decisiones y que no se valoró, al menos en toda su gravedad, es que se equiparó el grado español de 4 años al Bachelor. Es decir, al Bachiller en Ciencias o en Filosofía de la Ley Moyano. Eso significa que los 4 años actuales equivalen a un solo ciclo universitario (aunque lo dividamos en 2+2, eso no lo cambia): esto es, si bien antes un licenciado español equivalía a un Bachelor más un máster, al pasar al 4+1, al realizar la homologación en el EEES se ha equiparado en España la licenciatura con el grado y, por tanto, se ha “degradado” a los licenciados que estudiaron 5 años a Bachelor. Con el 3+2 no se habrían visto afectados negativamente los antiguos licenciados de los planes del 70, de la LRU y de la LOU, es decir, la mayoría de los actuales titulados universitarios. Esta cuestión no es baladí y ha generado problemas, entre otros, en cuerpos de élite de la Administración del Estado, por ejemplo, el de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, para alcanzar puestos en organismos internacionales, donde se les exige o se valora como mérito preferente, una formación con nivel de máster.

Por último, no olvidemos que, en la actualidad, los grados de 4 años no se corresponden con un catálogo limitado de titulaciones, sino que existen más de 1.200 títulos de grado distintos (tantos como universidades y titulaciones en cada una de ellas) y en muchas ocasiones poco coincidentes entre sí, de manera que la movilidad de estudiantes en España es menor que en el siglo XIX.

Me alegro de que, tras más de 3 años, el Ministerio haya decidido (tímidamente) corregir un error en el que estábamos empeñados en persistir. Aunque sea por los motivos incorrectos.

El nuevo programa de flexibilización cuantitativa del BCE podría no tener efectos sobre la economía real

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En colaboración con Vicente Esteve de la Universidad de Valencia

 El BCE anunció en la reunión del Consejo de Gobierno del 22 de enero de 2015 la ampliación de su programa de compra de activos del sector privado, para incluir ahora bonos soberanos, en concreto, deuda emitida por administraciones centrales de la zona del euro, agencias e instituciones europeas.

Este programa ampliado engloba también al programa de compras de bonos de titulización de activos (ABSPP, en sus siglas en inglés) y al programa de adquisiciones de bonos garantizados (CBPP3, en sus siglas en inglés) iniciados en los últimos meses del año 2014. Las compras mensuales representan un total de 60.000 millones de euros. Se prevé que estas compras continúen al menos hasta septiembre de 2016 y, en todo caso, hasta que se consolide un ajuste sostenido de la senda de la tasa de inflación que sea compatible con su objetivo de mantener las tasas de inflación en niveles inferiores, aunque cercanos, al 2% a medio plazo.

El objetivo del programa ampliado de compras de activos privados y públicos es ofrecer un estímulo monetario a la economía de la zona del euro en un contexto en el que los tipos de interés oficiales del BCE están cercanos al 0%. Además con el programa ampliado se pretende relajar sustancialmente las condiciones monetarias y financieras, abaratando el acceso de las empresas no financieras y los hogares al crédito bancario y, en última instancia, impulsar la inversión productiva y el consumo de los hogares.

¿Pero este nuevo programa de flexibilización cuantitativa del BCE tendrá efectos sobre el crecimiento económico?

Algunos condicionantes impuestos en el programa ampliado de compras del BCE nos generan serias dudas sobre la efectividad del mismo para impulsar el crecimiento en la zona del euro:

1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa es muy limitado en su cuantía

En el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se puede comprobar como el objetivo es inyectar 1,14 billones de euros adicionales hasta septiembre de 2016, lo que llevaría el balance actual del BCE (2,158 billones de euros, el 16 de enero de 2015) hasta 3,3 billones, ligeramente por encima del montante que mantenía en marzo de 2012 (3,023 billones de euros). En definitiva se trata de un programa de flexibilización cuantitativa o compras de deuda a gran escala (QE, en sus siglas en inglés) poco ambicioso, ya que supera ligeramente los niveles del balance del BCE de 2012, que fueron disminuyendo en 2013 y 2014 a causa de la devolución por parte de los bancos de los préstamos proporcionados por las operaciones de financiación a plazo más largo (VLTRO, por sus siglas en inglés). [1]

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  1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa es mucho más complejo, condicionado y limitado que los que aplicó la Reserva Federal de EE.UU.

En primer lugar, en lo que concierne a la distribución de las posibles pérdidas del programa, el Consejo de Gobierno decidió que tan sólo el 20% de las compras de activos serán cubiertas de forma solidaria. El otro 80% será cubierta por los bancos centrales nacionales. La falta de cohesión entre los países es manifiesta ya que parte de los riesgos no se mutualizan.

En segundo lugar, el programa ampliado se centra en la deuda soberana de los países de la zona del euro y de agencias establecidas en la zona del euro o instituciones internacionales o supranacionales (lo que incluiría al Mecanismo Europeo de Estabilidad, ESM, en sus siglas en inglés). Ello dejaría fuera a la deuda corporativa, a diferencia de los programas QE de la Reserva Federal de EE.UU.

En tercer lugar, las compras de activos se distribuyen entre los países de la zona del euro en función de la participación de cada país en el capital del BCE. La falta de solidaridad entre los países brilla por su ausencia.

Finalmente, las compras de activos del BCE se autolimitan a diferencia de los programas QE de la Reserva Federal de EE.UU. Por un lado, no podrán superar el 33% de la deuda en circulación del emisor y, por otro lado, no podrán superar el 25% de importe total de una emisión.

3. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa puede proporcionar liquidez a la banca pero no quiere decir que impulse el crédito a empresas no financieras y hogares

Por un lado, el BCE defiende que este programa puede tener efectos en la economía real porque los bancos de la zona del euro pueden sacar la cartera de deuda pública de sus balances y utilizar la liquidez obtenida para conceder créditos a las empresas no financieras y hogares. Pero también podría destinarse la liquidez a devolver la deuda de los propios bancos o para volver a utilizar la facilitad de depósito del BCE, incluso a tipos de interés nominales negativos. Si los bancos no acaban transformando la nueva liquidez proporcionada por el programa ampliado de compras de activos es porque la presión para elevar la solvencia bancaria se mantiene con las normas de Basilea III y las normas más estrictas aprobadas por el G-20 para los grandes bancos de la zona del euro (problema de oferta de crédito).

  1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa puede proporcionar liquidez a la banca pero topa con el excesivo endeudamiento de las empresas no financieras y hogares 

El endeudamiento de las empresas no financieras y de los hogares de la zona del euro es todavía excesiva. El problema es que nadie quiere pedir prestado aunque haya tipos de interés nominales bajos. Lo que desean las empresas no financieras y los hogares es continuar con el desapalancamiento, es decir, devolver la deuda acumulada en el boom económico (problema de demanda de crédito).

En este sentido, la demanda de crédito no se recuperará mientras la demanda agregada, fundamentalmente el consumo de los hogares y la inversión privada no se recupere. Además, el propio BCE reconoce que sin una expansión fiscal centrada en un aumento de la inversión pública – lo que supone una relajación de parte de los ajustes fiscales impuestos en los últimos años- y sin reformas estructurales en las economías de la zona del euro, su programa ampliado de compras de activos podría fracasar en el objetivo de reactivar la economía de la zona del euro.

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[1] Las VLTRO fueron dos operaciones que aportaron inyecciones masivas de liquidez a la banca a tipo de interés fijo. La primera operación fue asignada el 21 de diciembre de 2011 y la segunda el 30 de febrero de 2012, con un importe de 591.531 y 489.191 miles de millones de euros, respectivamente. La utilización de estas operaciones con vencimiento a tres años, fue el instrumento que más impacto tuvo sobre la expansión de liquidez, provocando un alivio de las tensiones en el sector bancario. Sin embargo, esta medida no empujó a que las entidades financieras aumentaran el crédito al sector privado. Dicha liquidez fue destinada principalmente a las compras de deuda soberana, provocando con ello un alivio de la prima de riesgo. Sin embargo, otra parte, fue utilizada para depositarla en las cuentas que los bancos tienen en el BCE (facilidades de depósito), de manera que el dinero volvió, en parte, a manos del BCE. En definitiva, estas masivas inyecciones de liquidez supusieron un alivio de las tensiones en el sector crediticio, pero no resolvieron los grandes problemas de solvencia padecidos por las entidades de crédito, ni los desequilibrios que provocaban la inestabilidad de la Eurozona, ni la sequía de liquidez que sufría el sector privado.

 

Sobre la Unión Monetaria Bolivariana por Rafael Bonete y Miguel Carrera

Nuestros compañeros Rafael Bonete y Miguel Carrera, de la Universidad de Salamanca, nos han facilitan esta oportuna entrada publicada en el diario El País (9/2/2015)

Se ha publicado que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua pagaron 425.000 euros por trabajos de asesoría sobre la unidad monetaria en América Latina. La cuestión  sobre si es posible una Unión Monetaria Latinoamericana o Bolivariana tiene fácil respuesta, a nuestro juicio, y no hace falta, en modo alguno, ni un equipo de expertos internacional  ni mucha investigación. Vamos a ilustrar la respuesta refiriéndonos al caso de los cuatro países que contrataron la investigación pero es muy sencillo extrapolarlo al resto de América Latina.

La teoría que permite contestar esa pregunta es bastante sólida al menos desde la elaboración de las Áreas Monetarias Óptimas por parte de Mundell, cuyo artículo seminal se publicó  en 1961 en la prestigiosa American Economic Review. En su aportación, que en parte motivó que le concedieran el Premio Nobel en 1999,  destacaba la importancia de que las crisis asimétricas que pudieran padecer alguno de los países que pretendían formar parte de una unión monetaria fueran poco relevantes o al menos poco probables, la conveniencia de disfrutar de unos mercados laborales y de bienes y servicios flexibles y también de disponer de un sistema automático de transferencias fiscales entre los potenciales países miembros.  Posteriormente las aportaciones de McKinnon, Kenen y De Grauwe, entre otros, han insistido en la importancia de la existencia de preferencias homogéneas entre los países que pretenden formar una unión monetaria, así como la necesaria elevada apertura comercial, la diversificación en la producción y el comercio, la conveniencia de compartir una similar aversión a la inflación y  necesidad de coordinar las políticas económicas.

La primera pregunta sería si un hipotético  Banco Central Bolivariano sería capaz de gestionar una moneda más fuerte, más segura que las monedas de cada uno de los países. En Europa el euro heredó la credibilidad antiinflacionista del Bundesbank  y la correspondiente estabilidad y fortaleza del marco alemán y ello le permitió a la moneda única europea ser considerada desde sus inicios  como una moneda que cumple adecuadamente su función de depósito de valor, uno puede confiar en el euro como moneda para ahorrar en ella.  Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar entre los cuatro países cuál podría ser el referente. La inflación más baja la tiene Ecuador, pero no tiene una moneda propia, sino que es una economía dolarizada, Bolivia y Nicaragua han hecho esfuerzos en los últimos años para contener la inflación mientras que Venezuela tiene la inflación descontrolada. Por tanto, la primera parte, los posibles beneficios, ya nos lleva a cuestionar la viabilidad de una Unión Monetaria Bolivariana (o Latinoamericana). No está claro que un Banco Central Bolivariano vaya a ser capaz de ofrecer una moneda mejor que la que tienen los países y esta cuestión  es clave porque Ecuador solo podría abandonar el dólar si cambia esa moneda por otra moneda al menos tan fuerte.

La existencia de beneficios tangibles es clave porque una unión monetaria también tiene costes importantes, costes que estamos sufriendo con mucha claridad en España y es que un país que forma parte de una unión monetaria pierde su capacidad para fijar el tipo de interés, para decidir la cantidad de dinero que circula y para fijar el tipo de cambio. Los tres son elementos básicos de política económica que, por ejemplo, son necesarios para estimular una economía en recesión (en ese caso, bajando el tipo de interés, incrementando la cantidad de dinero en circulación y buscando una depreciación de la moneda). Un país que forma parte de una unión monetaria no tiene esos instrumentos y  depende, por tanto, de las decisiones  del banco central de la misma que, además, si quiere ser respetado y creíble es conveniente que  sea independiente.

Esto puede no ser un problema si los países que forman una unión monetaria tienen economías muy próximas en términos de estructura productiva, un intenso comercio entre ellos y comparten un mismo ciclo económico. En este caso, si hay una recesión ésta sucederá en todos los países que forman la unión y el banco central desarrollará una política favorable para todos los países. El problema surge si existen asimetrías entre los países, si los países tienen estructuras productivas diferentes, si el comercio entre ellos no es tan intenso y si los ciclos económicos son distintos. En el caso de los países latinoamericanos considerados es fácil observar que su proximidad es política, pero no económica. No son economías próximas, ni físicamente, ni en sus estructuras productivas, ni en su comercio, ni comparten un ciclo económico, ni las políticas económicas son similares. El contenido de las exportaciones revela bien las diferencias. El 90 por 100 de lo que exporta Venezuela es petróleo, en cambio en Ecuador esta materia prima solo supone el 55 por 100, destacando otro 27 por 100 que aportan los alimentos, Bolivia exporta hidrocarburos también, pero lo que produce, sobre todo, es gas que supone un 44 por 100 de la exportación, con otro 20 por ciento de metales. Por su parte Nicaragua exporta alimentos (60 por 100) y productos de su industria maquiladora. El comercio entre estos países es muy limitado. Ecuador envió en 2012 solo el 4,2 por 100 a los países de esta hipotética unión aduanera, Bolivia algo más del 4, Venezuela algo menos del 4 y Nicaragua un 12 por 100. Por otro lado, el análisis de los crecimientos de estas economías revela que, incluso en el periodo expansivo que comienza a partir de 2003 tras la subida de los precios de las materias primas, estos países siguen ciclos no homogéneos.

La conclusión es que estos países presentan notables asimetrías que hacen imposible el establecimiento de una moneda común. No están claros los beneficios que se derivarían de esta opción, no es evidente que el banco central de esta hipotética área monetaria pudiera ofrecer y garantizar una moneda fuerte que sirva adecuadamente como depósito de valor y como instrumento para el ahorro. Por el contrario, sí son muy evidentes los costes, ya que con las asimetrías existentes el citado hipotético banco central no podría ofrecer una política monetaria que fuera adecuada para las distintas necesidades de estos 4 países.

Si fuéramos ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua sentiríamos que ha salido muy cara esta investigación. El importe recibido por la investigación mencionada parece reflejar un uso inadecuado e ineficiente de los recursos públicos (también escasos) de dichos países. La transparencia y la ejemplaridad deben practicarse también por los que critican a los actuales y anteriores gestores públicos y quieren la confianza de los ciudadanos para gestionar la economía.

Efecto de los tipos de interés negativos sobre la liquidez del sistema crediticio de la eurozona

En los últimos años, el Banco Central Europeo (BCE) ha ido introduciendo, sucesivamente, medidas cuyo fin último ha sido reducir la liquidez cautiva de las entidades de crédito en las cuentas del Eurosistema bien en forma de facilidades de depósito a 1 día, bien de excedentes sobre el nivel de reservas mínimas obligatorias. El objetivo de estas acciones ha sido, y es, empujar al sistema crediticio a prestar al sector privado penalizando con tipos de interés nulos, o cada vez más negativos, el recurso a estos instrumentos.

¿Cuáles son las razones que empujan a las entidades de crédito a no prestar? Básicamente tres: la aversión al riesgo, la falta de solvencia y la escasez de fondos. Obviamente, los más de un billón de euros inyectados masivamente eliminaban el tercero de los problemas, pero no los otros dos. Por otro lado, es cierto que la crisis ha disminuido la demanda de crédito y que, dada la importante fragmentación financiera, la situación nacional condiciona la mayor o menor oferta crediticia.

En este sentido, la primera decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno, el 5 de julio de 2012, al fijarse el tipo de interés de la facilidad de depósito en el 0%. De este modo se dejaba sin remuneración a este instrumento equiparándolo al exceso de reservas o depósitos mantenidos por encima del saldo obligatorio que, por definición, nunca la han tenido. Esta medida trata de cortar el recurso a la facilidad de depósito tras las dos inyecciones masivas de liquidez (realizadas mediante operaciones de financiación a plazo más largo, OFPML) de diciembre de 2011 y febrero de 2012 y la rebaja del 50% de la exigencia de reservas mínimas, situándose en el 1%. Como se puede observar en el gráfico, la suma de las facilidades y el exceso de reservas alcanzaron la cifra de 798.439 mm de euros, a comienzos de julio (si bien el máximo se alcanzó el 5 de marzo de 2012 con 813.211 mm de euros). Es decir, que aproximadamente el 80% de la liquidez inyectada masivamente por el BCE se volvía a depositar en él.

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La entrada en vigor de esta medida provocó un trasvase parcial de fondos de la facilidad de depósito a 1 día a la cuenta de reservas de las entidades de crédito en el Eurosistema. A corto plazo, la medida no tuvo un impacto muy significativo: la suma total de liquidez a tipo 0% en el BCE, a final de diciembre de 2012, era solo un 20% inferior a la de julio. A medio plazo, el mantenimiento de reservas excedentarias sobre el nivel de reservas mínimas se ha convertido en un recurso permanente y el acceso a la facilidad de depósito, si bien se ha reducido notablemente, no ha desaparecido. En diciembre de 2013, el total de recursos sin remunerar en el BCE ascendía a 274.924 mm de euros, un 35% del saldo máximo de julio de 2012.

La segunda decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno, de 5 de junio de 2014. En esta ocasión, además de situar el tipo de interés oficial del Eurosistema en el 0,15%, se redujeron el tipo aplicable a la facilidad de depósito hasta el -0,10%, el de las reservas excedentarias sobre el nivel mínimo obligatorio y el de otros depósitos mantenidos con el Eurosistema. Por primera vez se apelaba a tipos negativos para tratar de acabar con la “aversión al riesgo” de las entidades de crédito; por primera vez, las entidades de crédito tienen que pagar por sus depósitos en el BCE. Esa misma semana el dinero ocioso en el Eurosistema ascendía todavía a 163.341 mm de euros, de los cuales 125.447 correspondían a reservas excedentarias. De nuevo el objetivo va encaminado a: que se movilicen los recursos, que se minimice la facilidad de depósito, que el nivel de reservas no presente excesos y sea simplemente el mínimo legal, que los bancos presten y que, en última instancia, se reactive la economía de la Eurozona consiguiendo que la tasa de crecimiento de la inflación se coloque en la senda de su objetivo de medio plazo.

La tercera, y última decisión, se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de septiembre de 2014. En esta ocasión el tipo oficial se volvió a recortar nuevamente hasta el 0,05% y, manteniendo una banda simétrica del +/- 0,25%, la facilidad de crédito se ha fijado en 0,30% y la de depósito en -0,20%. Estas medidas tienen como objetivo reforzar el mecanismo de transmisión monetaria y permitir una mayor provisión de liquidez a las economías de la Eurozona, en las que se observa un incremento muy significativo de las diferencias entre los países más fuertes. Este tipo más negativo aumenta el “coste de oportunidad” de mantener un exceso de liquidez, pero también va a permitir un anclaje del EONIA cerca de cero, un impulso a la actividad económica y de la demanda interna, y un aumento de la inflación.

Ciertamente estos objetivos no pueden ser compatibles con unos saldos ociosos en el BCE de 122.053 (a 24 de septiembre de 2014). Por otro lado, también se ha de tener en cuenta que a partir de enero de 2013 comenzó la devolución anticipada de la liquidez masiva inyectada a 3 años. En el gráfico se observa el curso descendente de los volúmenes de OFPML que sitúan el nivel actual al del momento previo a las inyecciones masivas, en torno a los 360.000 mm euros, con lo que los saldos sin remunerar representan en estos momentos el 33% de estas OFPML.

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¿Cuáles son las razones que siguen empujando a las entidades de crédito a no prestar? De las tres mencionadas ya solo nos queda la “aversión al riesgo” pues, por una parte, hay exceso de liquidez en el sistema (que se penaliza) y, por otra parte, los problemas de solvencia de las entidades quedaran disipados cuando el BCE asuma el 4 de noviembre la supervisión bancaria de los grandes bancos de la eurozona y se publiquen, previamente, las últimas pruebas de resistencia realizadas a las entidades de crédito.

La reducción de esa “aversión al riesgo” dependerá de la implementación de las nuevas medidas de política monetaria no convencional anunciadas, pero también del papel de los Estados miembros ante la petición de Draghi de nuevas reformas estructurales.

El ébola y la sanidad pública a la deriva, por José María Abellán Perpiñán y Pilar García Gómez

Nuestros compañeros José María Abellán Perpiñán y Pilar García Gómez, vicepresidente y presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES), nos facilitan esta entrada en la que se cuestiona la respuesta del Gobierno frente al traslado a España del misionero Miguel Pajares.

El modo improvisado en que se ha gestionado la repatriación y posteriores cuidados del misionero español infectado con el virus de ébola no deja de ser un síntoma de desgobierno sanitario. Las prácticas de buen gobierno deben trascender el mero cumplimiento de las leyes y la ausencia de corrupción, exigiendo adicionalmente que el proceso de toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta. Si bien el desempeño global del sistema sanitario en nuestro país, en términos asistenciales, es bueno, fallamos en los procesos, huérfanos de fundamentación rigurosa, lo cual desdibuja las prioridades que deben abordarse y por ende la forma en que deben distribuirse los recursos disponibles.

La decisión tomada en relación a la financiación con dinero público del traslado y hospitalización de Miguel Pajares suscita el debate de si la regla del rescate o la tendencia a ayudar a personas identificables en situaciones de peligro inmediato, sin reparar en el coste de la medida, es un criterio válido para distribuir los recursos sanitarios. Lo cierto es que, aun siendo una reacción humana comprensible, es un principio difícil de compatibilizar con los argumentos de eficiencia (coste de oportunidad de los recursos invertidos) y equidad (imparcialidad entre beneficiarios, presentes y futuros) que deberían presidir las decisiones distributivas.

Así se expresa de hecho en el documento que recoge los juicios de valor social que inspiran las recomendaciones del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) británico, la agencia pública más influyente a nivel mundial en materia de evaluación de intervenciones sanitarias, donde literalmente se arguye que “cuando hay recursos limitados que destinar a la asistencia sanitaria, la aplicación de la regla del rescate puede significar que otras personas no tengan acceso a los cuidados o tratamientos que necesitan”. Esta consideración mueve al NICE a rechazar la regla del rescate como un criterio apropiado para resolver la tensión entre las necesidades de un paciente individual y las de los usuarios presentes y futuros del Sistema Nacional de Salud. Lo justo cuando se trata de financiar intervenciones es considerar sus costes y beneficios para pacientes “anónimos”, no para “víctimas identificables”. Cosa muy distinta es que todo profesional sanitario, en el ejercicio de su actividad, trate de proporcionar la mejor asistencia posible a sus pacientes. Aquí sí que éstos no son (ni tienen que serlo nunca) anónimos o estadísticos, sino bien reconocibles.

Pero las decisiones de financiación, en cambio, deben ser imparciales y en el caso que nos ocupa probablemente habría sido más coste-efectiva (mejores resultados en salud poblacional por euro gastado) la intervención sobre el terreno y no la repatriación. La repatriación tampoco es un ejercicio de cooperación sanitaria, es otra cosa; un acto de humanitarismo si se quiere.

La contribución de España a la cooperación sanitaria internacional se habría producido de haberse trasladado un hospital de campaña a Liberia para cuidar in situ a Pajares y a otros afectados por el virus. Una medida no solo compasiva, sino también eficiente (y más segura).

Disyuntivas de este tenor son las que se abordan, con seriedad y transparencia, en los países con una cultura evaluadora asentada. Sociedades que afrontan con madurez y honestidad la ineludible realidad de que hay que establecer prioridades en materia sanitaria, lo que requiere convivir con la incómoda verdad de que hay que racionar los recursos disponibles, invirtiéndolos en aquellos programas y tecnologías sanitarias más beneficiosas y menos costosas. Por desgracia, este ejercicio de buen gobierno está pendiente de cuajar en España.

Artículo publicado en EL PAÍS el 14/08/2014

Una aparente paradoja respecto a la actividad expansiva del BCE

Entrada conjunta con Vicente Esteve.

En el documento publicado en abril de 2014 por la OCDE (Economic Survey. Euro Area) se resume brevemente el carácter acomodaticio de la política monetaria del Banco Central Europeo y cómo mediante el uso de medidas convencionales y no convencionales, en un contexto de tipos de interés oficiales en mínimos históricos, se ha producido una importante expansión del balance del Eurosistema en porcentaje del PIB, como también lo ha sido en Japón y Estados Unidos. El gráfico siguiente recoge esta expansión.

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Lo que llama la atención de este gráfico es que la acción del Banco Central Europeo ha sido superior a la de la Reserva Federal y quizás vendría a avalar la idea de que el BCE ya ha hecho suficiente, o por lo menos mucho más de lo que se ha hecho en EE.UU.

¿Estamos ante una aparente paradoja? ¡De ninguna manera! Si tenemos en cuenta la evolución del PIB en la Eurozona, Japón y Estados Unidos, que muestra el siguiente gráfico, podemos observar que la recesión de la Eurozona iniciada en 2010, y sus bajas tasas de crecimiento posteriores, son las responsables de que al relativizar la variable expansión de balance nos de que el BCE ha inyectado liquidez en torno a un 25% del PIB de la Eurozona, mientras que la Reserva Federal lo ha hecho en torno a un 22% de su PIB.

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No nos dejemos engañar por la relativización de las variables, en cualquier caso es una mala noticia. En realidad, para iniciar un despegue en el crecimiento económico deberíamos estar más cerca de Japón, es decir, acometer un programa de compras de activos públicos y privados de un tamaño tal que, en términos del PIB, acercara la expansión del balance del BCE a un 30-40% del PIB.

A ver que nos depara este próximo jueves el Sr. Draghi.

Importaciones chinas y desempleo en el sector manufacturero español por Asier Minondo

Os presento este interesante post, realizado nuestro compañero Asier Minondo de la Universidad de  Deusto, quien pronto se convertirá en autor habitual de nuestro blog.

Uno de los elementos más distintivos del proceso de globalización que estamos viviendo en la actualidad es el gran aumento de la presencia de productos chinos en los intercambios internacionales. En concreto, durante el periodo 1997-2011 la participación de los productos chinos en las exportaciones mundiales se ha multiplicado por más de tres (del 3,3% al 11,1%). El incremento de la participación china ha sido, si cabe, más acusada en los productos manufacturados, en el que el porcentaje ha aumentado del 3,7% en 1997 al 14,4% en el año 2011.

Este gran aumento de las exportaciones chinas ha generado una gran preocupación en los países más avanzados, ya que muchas empresas de estos países se ven incapaces de competir ante los menores precios de los fabricantes chinos, provocando una caída de la producción y un aumento del desempleo. La preocupación por la competencia de los países de menores costes no es nueva. Ya en la década de 1990 hubo una extensa discusión entre los economistas sobre las consecuencias de la integración de los países de menores costes al mercado internacional sobre la demanda de trabajo en los países más avanzados. La mayor parte de los analistas concluía que este impacto era modesto. Sin embargo, el gran aumento de las exportaciones chinas durante la primera década del siglo XXI ha obligado a revisar si realmente el efecto sigue siendo modesto.

En un reciente estudio, realizado junto a Vicente Donoso de la Universidad Complutense y Víctor Martín de la Universidad Rey Juan Carlos, hemos analizado esta cuestión para el caso español. En concreto, nos hemos preguntado si los trabajadores cuyos sectores han experimentado un mayor aumento de la competencia china han tenido una mayor probabilidad de quedar desempleados que los trabajadores cuyos sectores han experimentado una menor aumento de la competencia china. Para responder a esta pregunta hemos combinado microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales de 141.000 trabajadores manufactureros con datos de competencia China a nivel sectorial (medida como la ratio de importaciones sobre el consumo aparente) durante el periodo 1997-2011. Los microdatos de las Muestra Continua de Vidas Laborales permiten controlar los factores observables ligados a los trabajadores y a la empresa que pueden incidir sobre la probabilidad de quedar desempleado (como la edad del trabajador o el tamaño de la empresa), así como los factores no observables (como la diligencia del trabajador o la capacidad innovadora de la empresas).

Nuestras estimaciones concluyen que las importaciones de China aumentan la probabilidad de que un trabajador quede desempleado. En concreto, los estudios econométricos muestran que una desviación estándar en la competencia china aumenta entre 0,8 y 3,5 puntos porcentuales la probabilidad de quedar desempleado. Estas cifras representan un aumento entre el 9% y del 44% sobre la probabilidad no condicional de quedar desempleado. Nuestros análisis muestran, asimismo, que la probabilidad de quedar desempleado es mayor cuanto menor sea la cualificación del trabajador. Finalmente, para el periodo estudiado, no hallamos relación entre el aumento de la competencia china y caídas en el salario; solamente encontramos un ligera relación positiva entre el aumento de la competencia china y la probabilidad de cambiar de un empleo manufacturero a un empleo en otro sector.

Nuestros resultados confirman la necesidad aumentar la cualificación de los trabajadores españoles para poder competir con los fabricantes ubicados en países menores costes. Como han señalado otros autores anteriormente (Blinder, 2009), esta cualificación se debe basar en competencias que sean difíciles de sustituir por un software (como el pensamiento creativo o las relaciones personales). Además, para competir con los países de menores costes, estas competencias deben ser aplicadas en productos o servicios que requieran la participación simultánea de muchos trabajadores cualificados (Minondo y Requena, 2013).

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Referencias

Blinder, A.S. (2009). “How Many US Jobs Might be Offshorable?”, World Economics, 10, 2, 41-78.

Donoso, V., Martín, V. y Minondo, A. (2014). “Does Competition from China Raise the Probability of Becoming Unemployed? An Analysis Using Spanish Workers’ Micro-Data”, Social Indicators Research, DOI: 10.1007/s11205-014-0597-7

Minondo, A. y Requena, F. (2013). “Does complexity explain the structure of trade?”, Canadian Journal of Economics, 46, 3, 928-955.

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