Productividad, empleo y modelo económico, por Mariam Camarero

De la misma forma que no elegimos dónde nacemos, las razones detrás de la especialización relativa de los países son muy diversas y no se modifican por decreto

Cuando pensamos en Japón asociamos dicho país con tecnificación, innovación, trenes bala, robots y tantas otras cosas. Aunque todo ello haya cambiado desde que el país nipón se estancara hace ya un par de décadas, se trata de una economía cuya seña de identidad, lo mismo que en el caso de Alemania o de Estados Unidos, es la producción industrial de calidad y con elevadas dosis de I+D. Seguramente, para muchos de los que hablan de “un cambio en el modelo económico”, lo que tienen en mente es un patrón productivo al estilo japonés o, de ser posible (la imaginación se desborda con facilidad), un Silicon Valley a la española (o la valenciana).

Fuente: Autor y Solomons (2017)

Sin embargo, muchas veces la realidad es mucho más compleja y no es tecnología todo lo que reluce, pero tampoco los servicios son actividades poco productivas y que no son susceptibles de aumentar la productividad. En un estudio reciente de David Autor y Anna Salomons, presentado en la Conferencia Anual del Banco Central Europeo en Sintra se muestran datos sobre la evolución del empleo y en qué sectores ha aumentado desde mitad de los años 70, agrupando dichos sectores en términos de la formación (alta, media o baja) requerida. Una de sus más importantes conclusiones es que el empleo ha crecido no tanto por la productividad (que ha sido muy modesta en todos los sectores y en la mayoría de los países) sino por el aumento de la población, que ha requerido más producción y más servicios para atenderla. En segundo lugar, no en todos los países la creación de empleo se ha producido en los sectores de mayor tecnología. Ese ha sido el caso de Francia, Alemania y, en menor medida, el Reino Unido (como puede verse en el primer gráfico, línea azul), pero no así en Japón y en Estados Unidos: el empleo que más ha aumentado en el primero es el de baja cualificación (línea roja), seguido por el de cualificación intermedia (línea amarilla). Es necesario hacer una puntualización: durante este período el peso de la industria en todo el mundo ha disminuido, hasta quedarse en no más del 20% de la producción y algo menos del empleo. España y la Comunidad Valenciana no son una excepción, encontrándose ésta última algo por encima de la media europea. La mayoría de los nuevos empleos se crean, en todo el mundo, en el muchas veces denostado sector servicios. Es una falacia asociar, por un lado, empleos altamente remunerados con la industria y, por otro, trabajo poco cualificado con los servicios.

Fuente: AVAP (2013)

En el caso de la Comunidad Valenciana, la AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva) elaboró en 2013 el Libro Verde de la Empleabilidad de los titulados universitarios, con datos que se muestran en los gráficos 2 y 3 sobre distribución del empleo por sectores. Cabría puntualizar, en primer lugar, que sería erróneo asignar alta cualificación con formación universitaria, ya que la formación profesional de grado superior no es universitaria pero proporciona alta especialización. Por otro lado, la industria tan sólo proporcionaba en 2012 el 9.3% de los empleos desempeñados por universitarios y el 15.8% de los no universitarios. En el gráfico 2 se muestra también el escaso peso que tienen en el empleo la construcción y la agricultura (englobada en otros). Como se puede comprobar, desde las ocupaciones artísticas hasta los seguros y las finanzas son las actividades del sector servicios las generadoras masivas de empleo.

Como información complementaria, puede verse en el tercer gráfico que alrededor del 60% del empleo en administraciones públicas, sanidad y educación lo ocupan universitarios, lo mismo que en información y comunicaciones y finanzas y seguros. En los restantes subsectores de servicios predominan los no universitarios. Al mismo tiempo, el desempleo de larga duración en estos últimos está próximo al 20%, mientras que en los universitarios no llega al 10%. Cabría, por tanto, ser consciente de que una sociedad como la nuestra necesita crear empleos en todos los sectores y para todos los niveles de cualificación. Y si alrededor del 70% de los empleos están en el sector servicios, no creo que debiéramos menospreciarlo, puesto que son actividades muy intensivas en mano de obra y en las que estamos especializados. Las propias actividades de I+D son, en su mayor parte, realizadas por empleados en el sector servicios, con la excepción de la investigación llevada a cabo en las empresas industriales.

Fuente: AVAP (2013)

En Estados Unidos y Japón sorprende la cantidad de personas que desempeñan pequeños trabajos, normalmente asociados a los servicios y, en concreto, el comercio y la hostelería. En comercios, hoteles y restaurantes hay muchas más personas empleadas que en los países europeos. La razón es que el primer empleo suele ser de ese tipo antes de llegar al trabajo que se corresponde con su especialización. En Japón la tradición es que una empresa (industrial o de servicios) contrata a su trabajador “para toda la vida” y se empieza desde abajo, con el fin de conocer el negocio. Todos los años se emplea a miles de recién titulados universitarios que son los que te sostienen un cartel en el aeropuerto para decirte que no te equivoques de maleta o te saludan al entrar en Uniqlo, con la misma amabilidad y dignidad que lo haría si ocupara un puesto directivo. ¿Quiénes están repartiendo mejor el empleo, ellos o nosotros?

De la misma forma que no elegimos dónde nacemos, las razones detrás de la especialización relativa de los países son muy diversas y no se modifican por decreto o por insistir machaconamente en que se quiere cambiar de modelo económico. Nuestra responsabilidad es hacer bien el trabajo que nos corresponda hacer en cada momento, siendo lo más eficientes, productivos y, por qué no, amables que podamos. Nos encontramos en un momento histórico muy lejano de la era industrial, donde la producción está divida en cadenas de valor y los servicios son el sector dominante. El principal riesgo al que nos enfrentamos es que, ante perturbaciones económicas, se tarda más tiempo en recolocar a los empleados del sector servicios que a los procedentes de la industria. Por ello es necesario, si queremos especializarnos en sectores con mayor valor añadido, que mejore la formación de nuestros hijos y la nuestra durante toda la vida. También son los universitarios los que más cursos de formación permanente realizan, por lo que debería ser un objetivo prioritario detectar los nichos de empleo y reciclar a los parados de larga duración, sea cual sea su nivel de cualificación. Para ello existen fondos abundantes, tanto españoles como europeos, cuyo buen uso es primordial, evitando las prácticas detestables que tanto sindicatos como patronal hicieron en tiempos muy recientes. La formación es la clave para que, suceda lo que suceda, seamos capaces de adaptarnos y cambiar de actividad si es necesario.

Mariam Camarero, Universidad Jaume I. Diario Digital Valencia Plaza (16/07/2017).

Financiación universitaria: orientaciones de futuro, por Juan A. Vázquez García

Entre los muchos retos que encara la universidad, el de la financiación no es uno de los menores. Pasado lo peor de la crisis, ahora podría ser un momento propicio para abordar con seriedad y decisión un problema ya demasiado tiempo aplazado. Definir las líneas de orientación futura de una reforma universitaria requiere, además de una clara determinación, una profunda y rigurosa reflexión sobre muy diversos ámbitos, entre los que se encuentran algunos como los que se plantean a continuación.

 Más, mejor y distinta financiación. En educación superior necesitamos invertir, no solo porque los recursos se hayan visto recortados en los años de crisis o porque nuestros niveles resulten inferiores a los de otros países, sino también porque las universidades afrontan una mayor diversidad de tareas, están sometidas a más competencia y han de responder a superiores exigencias de calidad y de rendimientos.

Más no es necesariamente mejor, y por eso la financiación universitaria del futuro ha de ser distinta, al menos en los siguientes aspectos: diversificando fuentes de financiación y aumentando los recursos privados y externos; vinculando la financiación no solo a variables docentes y de número de estudiantes sino también a la investigación y a otras variables de actividad y resultados; incrementando las aportaciones procedentes de la prestación de servicios; y renovando los planteamientos para responder a las nuevas necesidades, tareas y procesos universitarios.

No parece que esta cuestión pueda suscitar desacuerdos pero plantea, en cambio, notables incertidumbres respecto a la capacidad efectiva de las universidades para movilizar y generar nuevas fuentes de financiación, en un horizonte en el que no cabe esperar aumentos sustanciales de los recursos públicos en la educación superior y en el que, de mantenerse tasas de crecimiento económico de alrededor del 3%, podrían incluso encontrarse dificultades para mantener el actual porcentaje de participación en el PIB.

Coste, valor y precio. La reformulación de la financiación universitaria debería de tratar de restaurar de algún modo la elemental relación económica que debería existir entre coste, valor y precio. Con lo que ahora nos encontramos, en cambio, es con una brecha creciente entre los precios de las matriculas y la financiación por estudiante entre las diversas Comunidades Autónomas, debidas a razones exclusivamente territoriales. ¿Son sostenibles esas significativas disparidades desde el punto de vista del principio de la garantía en el acceso a los servicios públicos en condiciones similares en todo el territorio nacional?

Pero lo que ahora quiero resaltar, sobre todo, es que esas diferencias responden a motivos de índole puramente político y administrativo y no a variables relacionadas con el coste de producción o con la calidad y el valor de las enseñanzas en los distintos programas y universidades, que, en una curiosa paradoja, no valdrían para explicar ni las diferencias que se registran entre Comunidades Autónomas ni la uniformidad de precios existente dentro de cada una de ellas.

¿Nórdicos o americanos? Nórdicos, con elevados niveles de gratuidad y de financiación pública sustentada en un sistema fiscal eficiente y progresivo. O americanos, con elevada financiación privada y altos precios de las matrículas, en contraposición al modelo dominante en Europa.

Aunque no fuese en términos tan extremos como los que (un poco provocativamente) he querido utilizar en esa pregunta, lo que resulta imprescindible para el diseño de la financiación universitaria del futuro es despejar ambigüedades, evitar medidas contradictorias y afrontar la compleja tarea de decantarse por algún modelo de referencia en el espinoso dilema de optar entre la gratuidad completa o la contribución al coste de las enseñanzas.

Para hacerlo, hay alguna referencia que podría resultar reveladora. En una encuesta realizada por la “Fundación Europea Sociedad y Educación” (admito que otras encuestas puedan decir algo distinto) la opción de gratuidad completa era la preferida mayoritariamente dentro de la comunidad universitaria. Pero, por contra, no era así en el conjunto de la sociedad que, por una significativa mayoría de alrededor de dos tercios, se decantaba por las opciones del pago de los costes de la matrícula con ayudas para los que no pudieran afrontarlos por razón de sus niveles de renta o con el complemento de un sistema de préstamos.

Lo barato sale caro. En ese contexto, el debate sobre los precios de las matrículas de las enseñanzas universitarias me parece inaplazable, especialmente cuando ha surgido un amplio movimiento a favor de su reducción, que considero completamente desacertada. Una propuesta como ésa me parece un ejemplo paradigmático del tipo de medidas que, de modo seguramente bienintencionado, conducen justamente a lo contrario de lo que aparentemente persiguen; y me recuerda el caso, de hace ya unos cuantos años, en que por no atreverse a subir el precio de los sellos del servicio público de correos lo que se consiguió fue que proliferasen todo tipo de mensajerías privadas.

Bajar las matrículas puede concitar momentáneos aplausos, pero temo que tenga el efecto de lo que, a veces, ocurre con las gangas: que lo barato acabe resultando caro. Y ello por dos razones principales. La primera porque, en un marco de insuficiencia de la financiación, detraer recursos sin garantías de contrapartidas supone un serio riesgo de deterioro de la calidad y el funcionamiento de la universidad pública que, a la larga, podría conducir a la más profunda de las inequidades: a una radical e indeseable segmentación entre una universidad privada para quiénes la puedan pagar y una universidad pública para quiénes no puedan hacerlo.

La segunda razón remite también a un problema de equidad en la apropiación pública o privada de los beneficios derivados de la educación. Son conocidos los argumentos teóricos en favor de la financiación pública de la educación, basados en la existencia de externalidades positivas que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar social y benefician al conjunto de la sociedad. Pero hay también una apropiación privada de esos efectos de la educación, que justificaría que los beneficiarios individuales contribuyesen a sufragar o a devolver, al menos parcialmente, el coste de unas enseñanzas financiadas por la sociedad que les permitirán acceder en el futuro a mayores niveles salariales y de renta. Por si esto requiriese de alguna ejemplificación: ¿lo que proponemos es la gratuidad de un master, de odontología por ejemplo, que permitirá a los futuros titulados aplicar elevadas tarifas en los implantes a los miembros de la sociedad que les ha financiado los estudios?

No, no creo que la solución esté en bajar el precio de las matrículas sino en potenciar el sistema de becas y diseñar un adecuado sistema de préstamos (que, por cierto, habría que preguntarse por qué no han funcionado en España). Las becas sí pueden responder a los principios de equidad que no se alcanzan con la bajada de los precios de las matrículas. Reforzar las becas resulta indispensable cuando nuestro sistema es débil y notoriamente insuficiente, cuando se sitúan por debajo de otros sistemas universitarios y han sufrido un retroceso en los últimos años. Un sistema de becas bien diseñado debería, además, atender principalmente a cubrir el coste de oportunidad de realizar estudios (“becas salario”) para las rentas más bajas y podría constituir un poderoso instrumento de movilidad y de fomento de la competencia universitaria.

¿Cambio de financiación o financiación para el cambio? No se trata solo de cambiar la financiación sino de hacer de la financiación un potente y eficaz instrumento para el cambio universitario, con los objetivos de lograr una mayor eficiencia y mejores resultados y promover una adaptación de estructuras.

Lo que algunos estudios han podido constatar es que, hasta ahora, no se ha hecho una asignación eficiente de la financiación de acuerdo con perfiles de especialización, objetivos, actividades y resultados de las universidades; que ha sido escasa la participación de variables de actividad y resultados en la asignación de la financiación; y que una mayor financiación no ha sido consecuencia de una mayor actividad ni garantizado mejores resultados.

Por eso, los objetivos de eficiencia y resultados, tantas veces relegados frente a los de suficiencia y equidad, han de ser reforzados en el diseño y desarrollo de los sistemas de financiación del futuro. Por eso, junto a la demanda de aumento de recursos hay que ofrecer señales nítidas de optimización y racionalización de los gastos y a la perspectiva desde el lado de los ingresos se ha de incorporar la visión desde el lado de los costes de producción de los servicios universitarios, que requiere un profundo y detallado análisis de su magnitud, estructura y comportamiento del que no se dispone plenamente todavía. Y por eso la financiación ha de orientarse y concebirse como un elemento de incentivo para mejorar los rendimientos y resultados, para estimular la profesionalización de la gestión universitaria y para promover el cambio organizativo y la modernización de estructuras y procesos.

La receta y el guiso. Las “recetas” técnicas importan, pero el “guiso” de la gestión del cambio resulta la clave última y más decisiva en todo proceso de transformación y reforma y, en particular, en el de renovación del sistema de financiación universitaria, que tantas veces se ha visto abocado al fracaso precisamente por no tomar demasiado en cuenta las dosis de ingeniería social y política que requiere.

Esa gestión del cambio no resulta, desde luego, nada sencilla y no se ve facilitada por un entorno en que actúan limitaciones como las derivadas de las estructuras de gobierno universitario; de la falta de estrategias bien definidas no solo por parte de las universidades sino, a veces principalmente, por las administraciones educativas; o simplemente de la falta de visión, coraje, oportunidad o interés para afrontar problemas complejos.

No está a mi alcance dar mas recetas para ese guiso que dos sencillas recomendaciones finales. Por una parte, la de guiar la gestión del cambio por los intereses de la sociedad y de la institución frente a la lógica de los grupos corporativos universitarios. Y, por otra parte, la de cambiar modos de pensar la financiación universitaria que se han quedado obsoletos en esta era digital en que están cambiando aceleradamente los soportes, los formatos, los procesos, los productos y los modos de gestión y organización de los sistemas universitarios.

Juan A. Vázquez García

Universidad de Oviedo

Reino Unido y la UE: ¿por qué este triste final? por Blanca Sánchez-Robles

Hoy, 29 de marzo, Reino Unido (RU) notificará formalmente a Bruselas su deseo de abandonar la UE en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión. A partir de ahora comienzan dos años de negociaciones, plagados de incertidumbres, problemas y puntos espinosos.

Son innumerables y difíciles las preguntas que se suscitan desde el infausto 23 de junio de 2016, día en el que el 51,89% de votantes en la consulta dijo sí a salir de la UE. ¿Cómo puede perder RU un socio con el que intercambia aproximadamente la mitad de su comercio y flujos financieros? ¿Se ha vuelto proteccionista el país que vio nacer a Adam Smith y David Ricardo, y se convirtió en una potencia mundial gracias al ingente comercio de los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo se han calculado los costes y beneficios de las diferentes alternativas? ¿Cómo se han explicado a los ciudadanos? ¿Se irá Escocia de RU? ¿En qué situación queda la UE?

En este post no deseo elaborar demasiados pronósticos, pero sí proporcionar alguna pista sobre el origen de Brexit. Creo que no se trata de una cuestión trivial: comprender su génesis puede ser muy útil en las negociaciones de la salida, en las que nos va mucho a todos.

En mi opinión, analizar la cuestión desde una perspectiva puramente económica es erróneo. Los británicos no se van de la UE por dinero, aunque es evidente que Brexit acarreará consecuencias financieras indudables sobre RU, la UE y terceros países. Aunque escasean los análisis rigurosos al respecto, parece lógico suponer que la permanencia es más beneficiosa para todos que la salida. RU va a verse perjudicada en el terreno comercial, y también en su capacidad de atraer inversión directa (no sólo financiera) ya que, como mostramos en un artículo reciente (https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-015-0942-y), la evidencia empírica sugiere que comercio e inversión directa con complementarios y no sustitutivos, por lo menos en la UE. Por eso Theresa May quiere empezar a negociar cuanto antes un acuerdo de libre comercio con la UE, a lo que esta se niega mientras no se hable del finiquito y la situación de los ciudadanos comunitarios.

¿Cuál es entonces el origen del problema? Yo lo resumiría en tres puntos: política interna, conflicto de competencias e inmigración. Sobre el primer punto no me extenderé. Simplemente diré que la estrategia arriesgada de Cameron, que funcionó en el caso escocés, falló esta vez. Quiso acallar a las voces discordantes de su partido mediante un referéndum que estaba seguro de ganar, pero cometió un grave error de cálculo.

Los británicos aman profundamente su Parlamento, lo defienden a capa y espada y no soportan que un tercero legisle por encima o al margen de este. Son inmisericordes con los que pretenden obrar de espaldas a Westminster: amargamente lo comprobó Carlos I en el s. XVII, decapitado, entre otras razones, por querer apropiarse de algunas competencias parlamentarias. Tampoco aceptan de buen grado las abundantes disposiciones y normativa que, en su opinión, emanan de Bruselas (aunque también en RU existan numerosas regulaciones, aunque más disimuladas por la vaguedad deliberada del derecho común, disperso en diversas  fuentes y no codificado).

Ha sido la inmigración el tema que, a mi juicio, ha decantado el voto (utilizo el término inmigración, aunque no sea totalmente exacto para referirse a ciudadanos de la UE, por aligerar el lenguaje). Asunto paradójico, porque RU ha recibido gentes de otras tierras desde tiempos inmemoriales. Los inmigrantes se han integrado con normalidad en el país, muchos han progresado, y hoy son numerosos los que ocupan puestos de relevancia en el Parlamento, la Universidad o la City.

Pasemos a épocas más recientes y veamos algunas cifras, aunque deben tomarse con cierta cautela puesto que proceden de estimaciones. La inmigración neta al RU, que fue negativa en el decenio de los 70 (Figura 1), comenzó a alcanzar niveles positivos y ligeramente crecientes en las dos décadas posteriores; aumentó con fuerza durante este siglo, debido, en parte, a la suavización de la política inmigratoria en 1998. A partir de esta fecha se registraron volúmenes de inmigración neta elevados y superiores a las 100.000 personas al año. En 2004, año de la adhesión de los A8[i],  las entradas netas al año crecieron un 81% con respecto a 2003 y, por primera vez, superaron las 200.000 personas.

Tras unos años de estabilidad o incluso descenso, a partir de diciembre de 2012 las entradas netas en RU aumentaron de nuevo y, desde marzo de 2015 hasta junio de 2016, superaron los 300.000 personas/año, muy lejos de la aspiración (y promesa electoral) de Cameron de reducirlos a 100.000. En el año comprendido entre septiembre de 2015 y de 2016 (últimos datos disponibles) cayeron ligeramente, pero el descenso no es estadísticamente significativo. Se ha detectado una reducción en las entradas procedentes de países A8, Africa, América y Oceanía, aunque las de búlgaros y rumanos han seguido creciendo; en todo caso, parece demasiado pronto para conocer el impacto del referéndum en la inmigración.

¿Quiénes son las principales áreas emisoras? La Figura 2 ilustra este punto. Aunque pueda parecer sorprendente, hasta el año pasado más de la mitad de las entradas netas procedían de países no UE. En el año comprendido entre septiembre de 2015 y 2016, las entradas netas fueron 273.000: 165.000 procedentes de la UE, 164.000 de terceros países y 56.000 salidas. Por primera vez en la historia de RU, las entradas procedentes de la UE superaron muy levemente a las de terceros países.

¿Por qué se ha presentado entonces a los británicos la entrada de ciudadanos comunitarios como una gran amenaza? Parte de la respuesta puede estar en la confusión frecuente entre niveles y tasas de crecimiento. Es cierto que, a partir de 2012, la entrada de ciudadanos de la UE (y en particular de la UE 15, como muestra la Figura 3) crece de modo considerable, lo que puede haber confundido a la opinión pública.

En particular, los rumanos y búlgaros son todavía un porcentaje muy pequeño del total. Pero su crecimiento está siendo rápido desde que, el 1 de enero de 2014, se levantaron los controles transitorios (Figura 3), lo que ha generado una considerable alarma social, alentada desde algunos medios de comunicación.

¿Qué impacto ejerce la inmigración sobre el país receptor? Existe todavía un considerable debate al respecto, y la evidencia, por lo menos en el caso de RU, no es tan sólida y abundante como querríamos, de modo que, para aproximarnos a la cuestión, debemos recurrir a los educated guess.

De forma sintética, cabe argumentar que el efecto de la inmigración sobre el país de acogida se realiza por dos vías principales: las finanzas públicas y el mercado de trabajo.

En términos de presupuesto público, los inmigrantes aportan impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y consumen bienes de provisión pública, en especial sanitarios. El efecto conjunto, integrado por dos magnitudes de signo contrario, es muy difícil de cuantificar, pero podemos intuir que, por lo que respecta a los ciudadanos europeos – en edad de trabajar, y que no consumen excesivos servicios sanitarios, a diferencia de algunos ciudadanos de terceros países que sí practican con cierto entusiasmo el turismo sanitario a RU- presumiblemente el efecto será positivo.

En cuanto a los efectos sobre el mercado de trabajo, la inmigración dinamiza y flexibiliza el mercado de trabajo mediante un aumento de la oferta. Normalmente aumentará el número de empleados y se reducirá el salario medio, lo que será positivo para la economía en general pero puede perjudicar a algunos colectivos. Nuevamente, es difícil establecer a priori la magnitud y signo de este efecto.

Es habitual escuchar que la entrada de inmigrantes dificulta que los ciudadanos del país de acogida encuentren empleo. Sí parece haber evidencia que sugiere que, a corto plazo, se puede generar desplazamiento de la población local por inmigrantes en empleos de baja cualificación. Ahora bien, en determinados escenarios (si en el país de acogida las prestaciones sociales son abundantes o si carece de trabajadores cualificados en determinados sectores) y tipos de trabajo (aquellos con condiciones más duras o penosas) los inmigrantes no estarán compitiendo con la población local sino, más bien, ocupando puestos que difícilmente se cubrirían por los trabajadores del país receptor.

Y este es, precisamente, el caso del RU. Según las últimas estadísticas disponibles, en enero de 2017 la tasa de empleo era del 74,6%, la más alta desde el comienzo de la serie en 1971. El paro ha caído en un año del 5,1 al 4,7%. En RU continúan aumentando los ocupados y la población activa y reduciéndose el paro. No parece que la inmigración pueda constituir un problema en un escenario de tales características. Además, la inmigración europea es cualificada y trabajadora; no olvidemos tampoco que el generoso sistema de prestaciones sociales (en proceso de reforma) de RU desincentiva que los británicos elijan determinados empleos.

Es cierto que la inmigración puede acarrear dificultades de integración, tensiones sociales, desorden… pero estos efectos no proceden en RU de ciudadanos de la UE sino, más bien, del mucho más peligroso submundo yihadista. Los inmigrantes de la UE, por tanto, no son el problema (o, por lo menos, su componente principal). En determinados ambientes se han demonizado, cuando ni son los más numerosos, ni los que consumen más sanidad, pero sí ocupan muchos empleos que de otra forma sería difícil cubrir. ¿Qué ocurrirá cuando, a medio plazo, falte en RU personal cualificado para determinadas profesiones y oficios? ¿No sería más sencillo limitar drásticamente el número de visados a terceros países, en lugar de abandonar la UE?

¿Y qué decir del libre comercio? Es evidente que se resentirá, por la aparición de aranceles en las fronteras británicas; no obstante, este es un daño colateral (y tremendo) del Brexit (en el que ya profundizaremos), no su desencadenante.

A todos nos interesa que la salida de RU se haga del modo menos traumático posible. Aunque las relaciones de RU con la UE hayan sido con frecuencia tirantes, somos vecinos y socios comerciales y financieros, compartimos muchos intereses, y RU ha aportado mucho al resto de Europa, desde Shakespeare hasta la máquina de vapor, pasando por la Riqueza de las Naciones. No obstante, si queremos que las negociaciones lleguen a buen puerto, es importante conocer en profundidad las causas del Brexit: en el fondo, un problema de política interior, exacerbado por críticas un tanto exageradas a las intromisiones de Bruselas y a la supuesta invasión de la isla por ciudadanos de la UE.

Blanca Sánchez- Robles (Departamento de Análisis Económico, UNED)

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[i] A8: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Polonia, Lituania y Polonia:países que accedieron a la UE en 2004, junto a Malta y Chipre. Los A8 se suelen agrupar por su menor renta en relación a la media de la UE

 

La agricultura ecológica: posición de España a nivel mundial, por José Colino Sueiras

El modelo de producción agraria dominante en el mundo ha dado lugar a un sistema intensivo que, con el empleo masivo de todo tipo de insumos, tiene entre sus objetivos maximizar los rendimientos por unidad de superficie. Frente al mismo, se va abriendo una alternativa –la agricultura ecológica– que propicia prácticas con un alto grado de biodiversidad, vela por la preservación de los recursos naturales y emplea inputs orgánicos en vez de pesticidas químicos, fertilizantes de síntesis, antibióticos y todo tipo de aditivos, que no sólo son perjudiciales para el medio ambiente, sino también para la salud pública. Aclaremos que cuando hablamos de agricultura ecológica nos referimos a la actividad desarrollada por explotaciones que han sido inscritas en un registro público y cuyas prácticas productivas son controladas y certificadas por las autoridades competentes. El examen se restringirá a las producciones vegetales, al no proporcionar información la fuente citada en el gráfico sobre las animales.

En los últimos tres lustros, la superficie agraria ecológica certificada (SAEC) mundial se ha cuadriplicado, al pasar de 11,0 a 43,7 millones de Has entre 1999 y 2014. Todavía sigue siendo marginal, puesto que en 2014 tan sólo suponía el 1,0% de la superficie agraria utilizada (SAU). Pero el mercado mundial de alimentos ecológicos progresa a un fuerte ritmo, con un crecimiento medio anual acumulado del 11,7% en euros corrientes a lo largo del periodo citado. En 2014, las ventas de alimentos ecológicos certificados –frescos y transformados– alcanzaron una cifra de 80.000 millones de €, concentrándose de forma prácticamente exclusiva en los países desarrollados. En números redondos, la cuota de USA se eleva a un tercio y la de la UE al 30%, absorbiendo conjuntamente Alemania y Francia la mitad de las ventas en el mercado interior europeo. La media mundial del consumo por habitante de alimentos ecológicos se situó en la modesta cifra de 11 € en 2014. Suiza lidera la clasificación con 221 €, seguida por Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Liechtenstein, Austria, Alemania, USA, Canadá y Francia. España ocupa la duodécima posición en cuanto al volumen de ventas, con una participación del 1,25% en el total mundial, descendiendo nueve puestos más en lo que concierne a gasto per cápita: 21 €. En fin, la conexión entre renta por habitante y gasto per cápita en alimentos y bebidas ecológicas es obvia. Baste señalar que, en UE-28, el coeficiente de correlación lineal entre el PIB per cápita y el gasto por habitante en alimentos ecológicos se elevó a 0,73 en 2014.

No ocurre lo mismo por el lado de la oferta, donde España desempeña un papel mucho más destacado. Al no existir datos sobre producción, sólo podemos dar cuenta de la misma mediante la SAEC. Pues bien, en 2014, España encabezó con 1,7 millones de Has, la clasificación en UE-28, seguida a cierta distancia de Italia, con una superficie de 1,4 millones. Es más, en ese mismo año, España era el quinto país del mundo con mayor SAEC, por detrás de Australia, Argentina, USA y China, que tienen una superficie agraria total muy superior. El componente ecológico de la SAU española se cifró en un 6,9%, levemente por encima del 5,7% de UE-28, promedio que Italia (10,8%) está cerca de doblar. En USA y China tal fracción ronda el 0,5%.

Ciñéndonos a los aprovechamientos que figuran en el gráfico, en dos cultivos permanentes de honda tradición –olivar y viñedo–, nuestro sector agrario ocupa la primera posición a nivel mundial, la segunda en legumbres secas, la quinta en cítricos y la sexta en hortalizas. No obstante, dejemos constancia de que el grado de diversificación de la SAEC española es sensiblemente inferior a la italiana, lo que puede ser ilustrado mediante el siguiente dato: la extensión conjunta destinada a los cultivos orgánicos de cítricos, hortalizas y frutales de clima templado en Italia más que triplica a la del sector agrario español.

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Italia es el primer exportador mundial de alimentos ecológicos: 1.260 millones de € en 2014. España se sitúa en la cuarta posición (725 millones), por detrás de Holanda y USA. La mayor parte de nuestras ventas al exterior son materias primas que se transforman –o simplemente se envasan– por empresas foráneas. Así, no es de extrañar que, por Ha de SAEC, las exportaciones españolas se limiten a 425 €, mientras que en Italia ascienden a algo más del doble, elevándose a la astronómica cifra de 16.000 € en Holanda, lo que no es más que un fiel reflejo de la función de intermediación que también en este terreno ejerce el país neerlandés en el comercio internacional. Pese a esa importante carencia, el Ministerio de Agricultura estima que el superávit español en el comercio exterior de alimentos y bebidas ecológicos se elevó a 360 millones de € en 2014, lo que supuso un tasa de cobertura del 200%. Todas las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento del mercado mundial, incluido el doméstico, en los próximos años. La oferta interior, apoyada por la subvenciones de la PAC y espoleada por la demanda exterior, ha sido capaz de ocupar un aventajado puesto en este nicho creciente del comercio internacional. Es razonable pensar que lo seguirá ejercitando y es de esperar que, por el esfuerzo combinado de los agentes privados y de los gestores públicos, se alcance un mayor grado de diversificación y de transformación de la producción agraria de alimentos y bebidas ecológicos.

José Colino Sueiras es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia

¿Está siendo efectiva la aplicación de tipos de interés negativos por parte del BCE?

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo del 5 de junio de 2014 aprobó, por primera vez en la Eurozona, la introducción de un tipo de interés oficial negativo del -0,10%. Este tipo de interés sería de aplicación a todo aquel dinero que las entidades de crédito depositaran en el Banco Central Europeo (BCE), a plazo de un día, mediante el instrumento denominado facilidad de depósito. Este tipo negativo también sería de aplicación a todos los excesos  de reservas mantenidos sobre la exigencia de reservas (o reservas obligatorias) en la cuenta de depósitos en el BCE por las entidades de crédito.

Esta medida tenía un doble objetivo, por un lado, desincentivar y penalizar a las entidades de crédito que hicieran uso de estos instrumentos pues, de una manera clara, suponía la “vuelta a casa de la liquidez” que el BCE estaba otorgando mediante sus diferentes programas no convencionales; y, por otro, tratar de alentar la oferta de crédito al sector privado por parte de las entidades de crédito. Sin embargo, esta penalización no ha sido suficiente y, desde entonces, el BCE ha ido reduciendo este tipo de interés de modo sucesivo: -0,20% en septiembre de 2014; -0,30% en diciembre de 2014; y, finalmente, -0,40% en marzo de 2016 y hasta la actualidad.

El objetivo de este post es el de analizar si ese tipo negativo ha servido para desalentar a las entidades de crédito en sus depósitos de liquidez en el BCE, proveniente de la política de expansión de balance.

En el gráfico siguiente podemos observar, para el periodo entre 1999 (enero) y 2016 (octubre), el conjunto de operaciones de inyección de liquidez (operaciones de activo) llevadas a cabo por el BCE mediante los diversos instrumentos de política monetaria: operaciones principales de financiación (OPF), operaciones de financiación a plazo más largo (OFPML), la facilidad marginal de crédito (FMC) y los diversos programas de compras de activos. Además también se recogen del pasivo del BCE: las facilidades de depósito (FD) y los excesos de reservas (ER).

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Como se observa, las operaciones de inyección de liquidez comienzan a crecer de manera importante tras la irrupción de la crisis financiera en 2008 y alcanzan su primer máximo en mayo de 2012, tras la realización de las dos famosas operaciones de inyección masiva de liquidez, instrumentadas con OFPML a tres años. La implementación de este instrumento trajo consigo que, por primera vez, las facilidades de depósito y los excesos de reservas alcanzaran en esa fecha una cifra desorbitada (776.712 millones de euros, prácticamente la mitad de lo inyectado). La introducción posterior de un tipo de interés del 0% a estos dos instrumentos desalentó su uso como “caja de seguridad” del dinero que recibían las entidades de crédito de los instrumentos monetarios. Sin embargo, estos pasivos en el BCE nunca llegaron a desaparecer del todo manteniéndose en el entorno de los 120.000 millones y provocando, posteriormente, la introducción de tipos negativos para tratar de lograr su desaparición.

A diferencia de lo ocurrido en 2012, la sucesiva reducción de los tipos de interés, iniciada en 2014, no solo no ha conseguido detener este flujo de liquidez cautiva sino que ésta, como se puede observar en el gráfico siguiente, ha ido aumentando de manera continua y creciente hasta superar la cifra del billón de euros; cifra particularmente importante cuando la cantidad inyectada al sistema por el BCE es, actualmente, de 1.886.926 millones de euros.

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En resumen:

  1. La política de tipos negativos está siendo inefectiva para reducir/eliminar la liquidez cautiva en el BCE.
  2. Esta situación es preocupante en un contexto de implementación de una importante política monetaria de expansión de balance basada, fundamentalmente, en compras de activos públicos, en la medida en que minimiza, en términos netos, la inyección de liquidez. Actualmente esa liquidez en el BCE representa el 56,07% de lo inyectado.
  3. Si el dinero vuelve al BCE es porque la abundancia de liquidez generada por la expansión monetaria no encuentra contrapartida en operaciones de crédito con el sector privado y este es el verdadero quid de la cuestión, por cuanto pone de manifiesto que el proceso de saneamiento de las entidades de crédito de la Eurozona todavía no ha finalizado.

 

Agricultura y emisión de gases invernadero, por José Colino Sueiras

El sector agrario tiene indiscutibles externalidades positivas, pero no es oro todo lo que reluce. El proceso de intensificación de las labores agrarias ha dado lugar a nocivos efectos sobre el entorno natural. Para aproximarnos a esta cuestión, nos centraremos en la migración de gases invernadero. Recuérdese que la estrategia Europa 2020 plantea como uno de sus objetivos básicos que, respecto al nivel de 1990, la emisión se reduzca un 20% en el conjunto de la UE.

Utilizaremos como referencia los datos del último bienio con información disponible en Eurostat, 2013-2014, para suavizar las notables oscilaciones interanuales del VAB agrario. Pues bien, en UE-28, la aportación del sector agrario al VAB total se limitó a un 1,4%, elevándose a un 10,4% su participación en la emisión de gases. Las cifras españolas respectivas son 2,3% y 8,2%. Por tanto: a) La agricultura es una actividad altamente intensiva en gases invernadero; b) En España lo es sensiblemente menos que en el conjunto de UE-28.

Profundicemos en esta cuestión a través de un primer indicador: Emisión de gases por unidad de output. En el citado bienio, por cada mil euros de VAB agrario se emitieron 2,55 Tm de gases. Promedio europeo que, como siempre, alcanza un alto grado de dispersión, desde el mínimo italiano de 0,97 Tm al máximo letón de 11,17 Tm. España es el tercer país con inferior grado de emanación: 1,67 Tm. Sigamos con el segundo indicador: Emisión de gases por unidad de superficie. La cifra europea es de 2,48 Tm por Ha de superficie agraria utilizada. La cifra más baja es la de Rumanía (1,23) y la más elevada es la de Holanda (10,32). La cifra española es, nuevamente, de las más bajas: 1,48 Tm/Ha.

Obvio es que las diferencias entre los dos indicadores anteriores están asociadas a la productividad de la tierra -VAB generado por unidad de superficie-, con un promedio europeo de 1.742 euros por Ha. El muy diverso grado de intensificación da lugar a un amplio rango, con un límite inferior en Letonia, por debajo de la décima parte de tal media, siendo Holanda la que determina el superior, que más que triplica la anterior cifra europea. No es de extrañar, pues, que en términos de output la emisión de gases de la agricultura holandesa sea relativamente baja (70% de la media de UE-28) y se dispare cuando se refiere a la superficie agraria, ocurriendo justamente lo contrario en el caso de Letonia. En España, la productividad de la tierra equivale a la mitad del conjunto de la UE.

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El gráfico superior combina los dos primeros indicadores, concediéndoles salomónicamente la misma ponderación en el dato resultante. Destaca el hecho de que el sector agrario español es el que ofrece un mejor resultado: Base 100 la media de los dos indicadores en UE-28, el dato correspondiente a España es 62,4. Italia, Rumanía, Hungría, Croacia y Grecia presentan, asimismo, valores relativamente bajos. En el otro extremo se emplaza Irlanda, con una media relativa que cuadriplica al registro español. Por su parte, Letonia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Malta exhiben cifras que se sitúan en el intervalo 220-250 respecto a UE-28 = 100. Los diecinueve estados miembros con un resultado superior a la media europea forman un grupo con fuerte presencia de los que tienen una elevada renta por habitante, pudiendo concluirse que, en general, poseen sectores agrarios más agresivos desde un punto de vista ambiental lo que, entre otros factores, se debe al mayor peso que, dentro de su estructura productiva, tienen los censos herbívoros, particularmente el bovino.

¿Tiene sentido que, con recursos públicos, se subvencionen actividades agrarias que causan un grave perjuicio al medio ambiente? Si uno de los objetivos de la UE es la lucha contra el cambio climático, su sector agrario debe reducir la emisión de gases invernadero. Por tanto, en el Marco Financiero 2014-2020, hubiese sido sensato plantear que, de forma gradual, las ayudas a la renta instrumentadas por una “reverdecida” PAC se fuesen modulando, de tal forma que los sectores nacionales con un grado de contaminación sensiblemente superior a la media europea fuesen penalizados de forma tan paulatina como creciente.

Lo ilustraremos, por razones de espacio, con Holanda. A lo largo de 2014-2020, su agricultura percibirá una media anual de 402 euros por Ha, un 60% por encima de la media europea de 250 euros. Por otro lado, la migración de gases por unidad de superficie cuadriplica, como se ha visto, a la cifra de UE-28, como consecuencia de un índice de densidad ganadera que alcanza un destacado máximo nacional –3,57 unidades de grandes bovinos (UBM) por Ha– que casi quintuplica al promedio europeo de 0,75. ¿Tiene sentido que, por unidad de superficie, el mayor grado de contaminación se premie con una sobre-subvención financiada por la Hacienda Europea? Si la respuesta se hace en función de los objetivos proclamados en Europa 2020, sólo cabe decir que resulta totalmente inconsistente.

José Colino Sueiras (Universidad de Murcia)

 

La paella de la reforma universitaria española, por Cecilio Tamarit

El pasado 21 de agosto el diputado Antonio Roldán escribía un artículo en El País sobre las condiciones necesarias para el “buen gobierno” en España. Nos decía que para conseguir ese objetivo hacen falta instituciones transparentes, ecuánimes y con reglas predecibles para todos y que dichas instituciones sólo pueden alcanzarse cambiando los incentivos del sistema. Sin embargo, el “quid” de la cuestión se encuentra en cómo cambiar dichos incentivos. A mi entender, de forma acertada, el autor comparaba la construcción del buen gobierno con la condimentación de una buena paella: “requiere una combinación de ingredientes que, aplicados en su justa medida, refuercen conjuntamente sus cualidades positivas. No sirven las medidas aisladas. Es necesaria una reforma institucional integral para salir del mal equilibrio”. En efecto, como valenciano, no podría estar más de acuerdo: una combinación adecuada de ingredientes a lo largo del tiempo es la clave para un buen arroz; sin embargo, si las proporciones no son las justas, o el “timing” no es el adecuado, el resultado puede ser un arroz pasado o, pero aún, “quemado”. Este efecto también puede darse en las instituciones.

Actualmente son muchas las voces que claman ante el mal estado de la Universidad española, indicando la necesidad de llevar a cabo reformas que le permitan desplazarse hacia situaciones de equilibrio más virtuoso. Uno de los principales problemas que se ha señalado como causante del declive de la Universidad española es su mecanismo de selección y promoción del profesorado. El hecho de que la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA) esté ultimando durante estas fechas los nuevos criterios de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios ha abierto de nuevo el debate sobre cómo deben diseñarse y su grado de exigencia. Mi primera reflexión es que la degradación experimentada en los criterios de evaluación aplicados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) desde su integración en la ANECA me hace ser bastante pesimista al respecto.

La CNEAI es un claro ejemplo de buena práctica que ha contribuido notablemente a mejorar la Universidad española. La CNEAI se creó en 1989 (RD 1086/1989) por un equipo en estado de gracia, el del ministro Javier Solana, como un instrumento derivado de la LRU de 1983 y de la Ley de la Ciencia de 1985 con el único objetivo de efectuar la evaluación de calidad para aplicar el complemento de productividad investigadora. Sin embargo, el impacto producido por la CNEAI en la comunidad científica española ha trascendido su objetivo formal; las sucesivas normas que fueron precisando los criterios y procedimientos de evaluación así como el proceder de los comités de evaluación han actuado como directrices de referencia, por lo que la CNEAI ha tenido una gran influencia en el incremento en calidad y cantidad de la investigación que se realiza actualmente en España. Seguramente, la clave de su éxito fue establecer un sistema sencillo, barato, eficiente y flexible para la evaluación de la investigación que consiguió de forma progresiva un consenso en la comunidad académica. Sin embargo, este proceso nunca estuvo exento de peligros, especialmente en el caso de las ciencias blandas, como la Economía, con menor tradición científica en España y, por tanto, con procedimientos menos estandarizados internacionalmente, apareciendo de forma periódica grupos de presión que intentaban (y siguen intentando con éxito creciente) mantener sus intereses particulares con la menor rendición de cuentas posibles a la sociedad.

Lamentablemente, en mi opinión, la ANECA más que ser una solución al problema, ha constituido un motor para la degradación del sistema universitario en los últimos años por un mal diseño de sus programas de evaluación (no sólo el de acreditación del profesorado) desde el mismo comienzo de su funcionamiento, contribuyendo notablemente a la burocratización de la Universidad, diseñando un sistema complejo, caro y absurdo que insiste más en el control de calidad de los medios utilizados que en el éxito de los objetivos del sistema universitario: la calidad docente, investigadora y, hasta cierto punto, la empleabilidad y la transferencia de conocimiento que deberían derivarse de las dos anteriores.

En el caso del programa para la acreditación de profesores a los diferentes cuerpos universitarios, la laxitud con la que ha actuado la ANECA ha ido generando una bolsa de profesores acreditados que ya se cuenta por miles y que actúa como un nuevo grupo de presión en el sistema. Hay que señalar que desde 2007 se sustituyó el sistema de oposiciones para puestos de profesor funcionario por un sistema de acreditación en el que una comisión juzgadora no compuesta por especialistas del área sino por representantes de áreas más amplias (nada que ver con las comisiones de la CNEAI), designada por el Ministerio de Educación (no por sorteo), recibe un listado de los méritos de los candidatos, los valora según un baremo cuantitativo y, en su caso, acredita a los profesores para poder presentarse a concursos y oposiciones. Sin embargo, el verdadero problema viene después, pues una vez obtenida la acreditación, se ha generalizado la creencia interesada de que ésta genera un derecho individual a la promoción automática y son las propias universidades las que convocan las plazas (especialmente en periodos próximos a elecciones) a través de concursos públicos donde, en la práctica, en muchos casos, son los candidatos los que designan a los miembros de los comités que van a valorarles, sancionando la arraigada endogamia de la Universidad española. Las plazas se convocan en función de los candidatos acreditados y no por la necesidades existentes en cada Departamento. Esto lleva a absurdos organizativos. Es como si una entidad bancaria tuviera que abrir tantas oficinas como personas capacitadas para ser director de sucursal o, por el contrario, que todos los empleados de una oficina fuesen directores y no hubiese ni administrativos ni interventores. Creo que cualquier persona convendrá conmigo en que este sistema de organización tiende a ser poco eficiente y muy caro para el contribuyente. Al final, la única restricción que existe es la presupuestaria. Es por eso que en algunas universidades se han establecido algunas ratios, más o menos arbitrarias, entre distintas categorías profesionales, pero esto es la excepción más que la regla y por motivos equivocados.

Como todo es susceptible de empeorar, el Ministerio de Educación, tal vez de forma bienintencionada, con la idea de fomentar la movilidad, aprobó un RD hace ahora un año, por el que se establecen plazas de “turno libre” (en teoría, abiertas a la competencia) y “plazas de promoción interna” a las que no se pueden presentar desde otras universidades y, por tanto, cerradas a la competencia (ya no sólo de facto, sino también de iure). Se supone que la mitad de las plazas debían adoptar una u otra naturaleza. De nuevo, en la práctica, las universidades han reservado las plazas de “turno libre” para titularidades (donde la competencia es menor), concentrando la práctica totalidad de las nuevas cátedras de universidad en las plazas de promoción interna, a las que sólo puede presentarse el candidato de la casa o, a lo sumo, un compañero de su propio departamento, pero no de otras universidades. Todo ello, ahora, de forma legal. Este es un claro ejemplo de que cuando nos movemos entre dos equilibrios que son subóptimos, hay que ir con mucho tiento para no empeorar la situación inicial. Bien por incompetencia o mala fe, esta reforma promovida por el equipo del nuevo ministro de educación está consiguiendo los efectos contrarios a los anunciados.

En la práctica, es la ANECA la que con su acreditación designa a los nuevos funcionarios quienes creen que generan un derecho individual. Ante esta situación, es lógico que sea muy importante que los nuevos criterios que marque la ANECA para la acreditación a cuerpos universitarios sean rigurosos y supongan un avance respecto a los aplicados hasta ahora. Sin embargo, en mi opinión, tanto o más importante que los criterios de acreditación, son las condiciones para la configuración de los comités evaluadores. Los criterios pueden ser relativamente generales, pero son los comités de expertos de cada área los que deberían ir actualizándolos en el tiempo según el grado de desarrollo de las diferentes disciplinas y aplicando un siempre necesario grado de discrecionalidad técnica. En otro caso, podemos entrar en disquisiciones bizantinas sin fin y, en muchos casos, sin principio que las sustente más allá de los intereses partidistas. Junto a esto, debería quedar claro que para entrar en un cuerpo de la administración del Estado, no basta un concurso “local”. Esto podría ser suficiente, tal vez, para un contrato de empleo público en un organismo autónomo local pero no para convertirse en funcionario y menos del Estado. Seguramente esto podría solucionarse estableciendo una diferencia entre ambos tipos de puestos que, por otra parte, deberían tener funciones y capacidades académicas distintas. Se deberían establecer los incentivos necesarios para ello y transitar hacia un sistema como el alemán o el holandés.

Por último, me gustaría dejar claro que la Universidad española funciona de forma muy razonable para cómo está organizada. Seguramente es por la calidad humana e intelectual de la personas que se sienten atraídas a desarrollar su vida profesional en ella, pues en la mayoría de los casos es una actividad claramente vocacional. También creo que, en un entorno más competitivo, una buena parte de los profesores habría podido desarrollar una carrera profesional similar. Sin embargo, dada la perversión del sistema, nunca lo sabrán.

Cecilio Tamarit, Universidad de Valencia

Diario Levante (06/09/2016)

Las “brechas” de la inserción laboral de los titulados universitarios, por Juan A. Vázquez García

La inserción laboral de los titulados constituye, indudablemente, una preocupación y un objetivo de primer orden para nuestro sistema universitario. Por fortuna, y como reflejo de esa preocupación, los datos, estudios y análisis han proliferado en los últimos años hasta ofrecernos una visión amplia y detallada del estado de la cuestión.

No es mi propósito, por lo tanto, volver sobre lo que documentan ese tipo de estudios sino ofrecer una breve reflexión sobre lo que considero que constituyen algunas de las principales “anomalías” o “brechas” que se detectan en la inserción laboral de los titulados universitarios.

La primera de esas brechas es la que se abre entre oferta y demanda y se pone de manifiesto en un número de titulados que el sistema es incapaz de absorber. ¿Tenemos muchos titulados o pocos empleos? ¿Es muy grande nuestro sistema universitario o muy estrecho nuestro sistema productivo? Me resisto a resolver el dilema por la vía de reducir el número de universitarios y pongo el acento, por eso, en el hecho de que en España contamos con un sistema productivo con escaso peso de los sectores intensivos en conocimiento, con un nivel inferior al de otros países europeos, y que ampliar esos sectores y puestos de alta cualificación (un reto que escapa a las responsabilidades universitarias) resulta indispensable para la mejora de la inserción laboral de nuestros titulados universitarios (y, además, para la competitividad de nuestra economía).

La segunda brecha es la existente entre los perfiles formativos y las necesidades del mercado de trabajo y, para no repetir las abundantes consideraciones que se han hecho sobre el tema, me limito a proponer dos únicas, aunque creo que relevantes, recomendaciones. Por un lado, la necesidad de que la programación de las enseñanzas universitarias responda a estímulos de demanda antes que de oferta, al revés de cómo ha venido siendo hasta ahora. Y por otro lado, a la necesidad de acortar la enorme distancia que media entre la lentitud de los procesos académicos y la velocidad de la transformación de los requerimientos formativos en el sistema productivo.

La tercera brecha se plantea llamativamente entre “lo que sobra y lo que falta” y se plasma en la existencia simultánea de desempleo y vacantes (fundamentalmente en nuevas profesiones y “digital skills”) en el mercado de trabajo. Ello me lleva a plantearme una pregunta para la que ya adelanto que no tengo contestación: ¿por qué la demanda no sigue a la inserción laboral? Es decir, qué explica el desequilibrio que se produce entre las titulaciones más demandadas por los estudiantes y las que mejor inserción laboral registran; qué explica el hecho de que mientras se incrementa significativamente la demanda de perfiles STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), las matriculaciones en estos estudios hayan caído en una década un 40% en España.

Los nuevos escenarios que se están abriendo paso intensa y velozmente tanto en el mundo formativo como en el ámbito productivo, establecen una cuarta brecha entre viejas y nuevas concepciones de la inserción laboral de los titulados en educación terciaria, que haríamos mal en ignorar y que obliga a revisar con urgencia tradicionales planteamientos y a diseñar con creatividad e imaginación nuevas estrategias de inserción que,  a mi modo de ver, han de orientarse al menos en las siguientes direcciones.

Por un lado, en la de unas innovaciones educativas radicales que, para adaptarse a una cambiante demanda de cualificaciones, incorporan más experiencias prácticas y conducen hacia una universidad más dual, pero que ha de mantener un equilibrio para evitar programas formativos con más conocimiento y menos educación, concebida como producto y no como proceso.

Por otro lado, en la adecuación a unas transformaciones en la forma de proveer la formación y conectarla con el sistema productivo, que no responden a normas fijas, que propician el desarrollo de programas “a la carta”, para estudiar dónde, cuando y cómo se quiera, y que generan un tipo de estudiantes que tomarán cursos de distintas instituciones con diversas modalidades y estrategias.

Por lo demás, en la dirección del imprescindible fomento de cauces de estímulo a la creatividad, el emprendimiento y las iniciativas de los estudiantes, que la universidad no proporciona convenientemente por ahora y que, en muchas ocasiones, se acaban desarrollando fuera de ella.

Y la última de esas orientaciones nos devuelve casi a un punto de partida en el que hay que admitir que la inserción laboral es una tarea a la que la universidad ha de contribuir pero que desborda sus competencias y capacidades; y en la que habrá que reconocer humildemente que no tenemos la clave para que nuestros alumnos encuentren trabajo, que nadie sabe como será el mercado de laboral de dentro de unos años y que se perfila un horizonte de “crecimiento sin empleo” (o de otro modo de concebir el empleo) porque parece haberse roto el acoplamiento entre productividad, crecimiento y empleo que ha venido funcionando hasta ahora.

Juan A. Vázquez

Universidad de Oviedo

Las paradojas del Brexit, por Juan A. Vázquez García

No es momento para dramatizar, pero no se puede desconocer la gravedad que supone el Brexit. Como si se tratase de una alineación desfavorable de los astros en este solsticio de verano, los rescoldos de la hoguera de San Juan nos han dejado una decisión de alcance tan grave como desconocido e imprevisible.

En el desenlace ha tenido mucho que ver la conjunción de frivolidad y descaro, de mentira y amoralidad, con que han actuado muchos políticos, de la vieja y la nueva hornada, que han convertido a la sociedad en rehén de sus particulares juegos de tronos. También la deriva de una UE en retroceso, desconcertada, paralizada y burocratizada.

Pero lo que me llama más poderosamente la atención son las paradojas a las que puede conducir este episodio del Brexit. La primera de ellas es de orden político: ya se ve que suplantar la democracia representativa por la democracia directa del “derecho a decidir” conduce a referendos de devastadores efectos, capaces de producir bandazos de consecuencias imprevisibles, de dividir todo por mitades, de fracturar sociedades, de convertir en determinantes del futuro a los que ya solo tienen pasado y de marcar por leves fronteras porcentuales decisiones irreversibles por generaciones.

La segunda paradoja muestra el potencial destructivo de los populismos de uno y otro extremo, el engaño de simplificar lo complejo, de enmascarar las realidades con ensoñaciones, de promover revoluciones de sonrisas que se van quedando heladas a lo largo de un trayecto sin ruta fijada y con rumbo que se admite desconocer sin reparo. En ese viaje hacia lo desconocido hay tanto de irresponsabilidad en quiénes lo promueven como de simpleza en quiénes lo secundan con un reflejo de perdedores de la globalización que emprenden una huida hacia delante que no es más que una vuelta atrás, que buscan refugio en mundos reconocibles y, para ellos más seguros, que han dejado de existir y, por más que lo pretendan, ya no van a volver.

La tercera paradoja es económica y se cifra en los costes innecesarios que pagaremos todos (los entusiastas del Brexit en primer lugar) y en las falsas promesas de estar mejor que solo conducen a estar peor. Son muchos los potenciales efectos negativos a medio plazo en el ámbito comercial, de las incertidumbres financieras, de los riesgos económicos o de las expectativas empresariales. Pero basta comprobar, ya en tan solo los primeros días, la pérdida de capitalización de las empresas, la depreciación de la libra, la volatilidad de los mercados, el descalabro de las bolsas, las subidas de las primas de riesgo, el activismo de los Bancos Centrales inyectando liquidez y, en fin, la pérdida de riqueza de todos (no solo de los ricos sino de las clases medias). Es posible que al final el temporal amaine, que el tiempo pase y se encuentre para el Reino Unido algún tipo de encaje o asociación con la UE que limite los daños del Brexit. Pero existe también el serio riesgo de que, apenas salidos de una crisis que ha estado en el origen de todo, nos adentremos en una nueva crisis como desenlace de este desdichado proceso.

Y la cuarta paradoja, es la de una pretendida afirmación de la soberanía nacional que puede derivar precisamente en la fragmentación de esa soberanía, que puede conducir a un Reino (des)Unido, al singular caso de una Escocia votando independencia para mantenerse en la UE (y de paso dando alas a Cataluña) y al enorme riesgo de un contagio que podría truncar definitivamente ese sueño que fue Europa, que con todas las imperfecciones que se quiera nos ha permitido vivir décadas de paz y de prosperidad. ¿Se imaginan lo que ocurriría con un nuevo referéndum para la salida de Francia (el Frexit) como el que ya propugna Marine Le Pen?

Siento no haber llegado a tiempo de quemar los malos augurios en la hoguera de San Juan. No me consuelan los argumentos del tipo de ¡que se vayan los que nunca han llegado a estar del todo! y, aunque quisiera creerlo, no me llegan a convencer los mensajes bienintencionados de que esto servirá para reforzar la cohesión o refundar lo que vaya quedando de la UE. Yo no estaré tranquilo mientras sigan celebrando el Brexit personajes como Farage, Le Pen, Trump o Putin, pero aun así no quiero caer en la desesperanza.

Juan A. Vázquez

                                                                        Universidad de Oviedo

Transformaciones estructurales e inserción laboral de las mujeres, por José Colino Sueiras

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El gráfico anterior refleja uno de los principales cambios experimentados por la sociedad española en los últimos cuatro decenios: el sustancial aumento de la cuota femenina en el empleo total. De acuerdo con la EPA, entre los terceros trimestres de 1976 y 2015, la participación de las mujeres en la población ocupada ascendió 16,8 puntos porcentuales, emplazándose en un 45,2% en el último de ellos. En términos absolutos y en números redondos, el empleo agregado se incrementó en 5,7 millones de personas, correspondiendo a las mujeres 4,5 millones, lo que implica que el 80% de dicha ampliación ha sido destinada a la ocupación femenina. Recurriendo a Eurostat, en 2014 nuestro dato anual (45,6%) resiste muy dignamente la comparación con los resultantes para los cuatro grandes estados de la UE: Italia (42,3%), Alemania (46,8%), Reino Unido (47,0%) y Francia (48,2%).

A lo largo de la fase temporal contemplada, la terciarización de la economía española, ha favorecido la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. En efecto, el empleo femenino posee una definida especialización productiva. Nueve de cada diez ocupadas en España desarrollaban su actividad en los servicios en 2015TIII, frente a una fracción de dos tercios en el caso de los varones. En el proceso de integración de las mujeres en el mercado de trabajo cabe, como en casi todo, diferenciar dos vectores: crecimiento y composición. En cuanto al primero, la cuota femenina en el empleo no terciario –que ha experimentado un descenso de 3,5 millones de personas de ambos sexos– ha sufrido una merma, al pasar del 22,2% al 20,5% entre los dos terceros trimestres citados. Por el contrario, en el sector servicios ha avanzado desde el 37,2% inicial al 52,6% actual, lo que da lugar a que el efecto crecimiento haya sido positivo. Recurriendo a un sencillo ejercicio podemos aproximarnos al papel desempeñado por ambos vectores. Si a las cuotas femeninas en la ocupación de los cuatro grandes grupos de actividad –Agricultura, Industria, Construcción y Servicios– de 2015TIII le imputamos la composición sectorial del empleo agregado en 1976TIII, el peso de las mujeres en la población ocupada se situaría actualmente en un 34,4%. Por consiguiente, el efecto crecimiento –monopolizado por los Servicios– habría contribuido con seis puntos a la ampliación de la participación femenina en el empleo español, lo que supone poco más de la tercera parte de la mencionada ganancia de 16,8 puntos. Casi las dos tercera partes, por tanto, del aumento de dicha cuota se explicarían por el efecto composición, es decir, por el hecho de que la participación de las actividades terciarias en el empleo agregado presenta un intenso avance, al doblarse a lo largo del periodo: 37,2% en 1976; 76,9% en 2015. Nos encontramos, pues, con un protagonismo absoluto de los Servicios en los dos vectores que han impulsado ese logro de un gran calado económico y social.

Otra de las transformaciones estructurales usualmente citadas es la construcción del Estado del Bienestar, muy conectada con la anterior, dado que la ampliación del empleo de las AAPP es uno de los factores explicativos de la terciarización. Aunque puedan existir ciertos problemas de comparabilidad, la EPA refleja que, entre los dos trimestres citados, el empleo público en España ha pasado de 1,4 a 3,0 millones de personas, lo que ha supuesto un alza de su peso en la ocupación total de un 10,6% a un 16,5%. De nuevo, prácticamente el 80% de ese incremento del empleo ha sido absorbido por las mujeres, cuya participación en la ocupación generada por las AAPP se ha acrecentado de un 25,3% a un 54,0%. El impulso dado a determinadas actividades, como Educación y Sanidad y Servicios Sociales, explican buena parte de esa importante ganancia; téngase en cuenta que, en la actualidad, las mujeres representan las dos terceras partes del empleo en la primera, elevándose a los cuatro quintos en la segunda.

Una última y breve consideración sobre otra de las transformaciones estructurales: la mejora en la distribución de la renta, que a su vez hay que conectar con el incremento de la ratio Gasto público/PIB.  Los estadísticos habitualmente utilizados están huérfanos de la perspectiva de género. Por ejemplo, en la distribución personal de la renta la unidad de análisis convencional es el hogar. Cabe imaginar una distribución perfectamente equitativa: todas las personas pasarían a la escala de rentas con el mismo ingreso equivalente. Supongamos, además, que siempre es el varón el que aporta la totalidad de los ingresos y las mujeres se dedican exclusivamente a las labores domésticas. Los índices utilizados son insensibles a tal eventualidad, sentenciando que hay plena equidad social: ¿Tiene sentido ese dictamen? Puede que alguno, pero desde el punto de vista del rol asignado a hombres y mujeres en la sociedad, ese hipotético estado distributivo carece de la más mínima dosis de equidad.

La inserción laboral de las mujeres constituye un hecho crucial si nos atenemos a la cobertura de uno de los ineludibles objetivos de cualquier sociedad con decencia democrática: la igualdad de género. Obvio es que todavía falta mucho camino por recorrer, desde el desigual reparto del trabajo no remunerado hasta la amplitud de la brecha salarial, lo que no debe conducir a menospreciar la positiva senda que muestra el gráfico. Por otro lado, la puesta en valor de la mitad del capital humano existente en la sociedad constituye un logro que, desde una perspectiva económica, hay que valorar debidamente. En suma, desde nuestra perspectiva, estamos en presencia de una transformación estructural de la economía española que, poseyendo entidad propia, guarda una estrecha relación con tres de las que están más asentadas en la literatura. La cuarta –la creciente integración de la economía en el mercado global– parece, en principio, que es independiente de la cuestión que ha sido objeto de este breve examen.

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