La agricultura ecológica: posición de España a nivel mundial, por José Colino Sueiras

El modelo de producción agraria dominante en el mundo ha dado lugar a un sistema intensivo que, con el empleo masivo de todo tipo de insumos, tiene entre sus objetivos maximizar los rendimientos por unidad de superficie. Frente al mismo, se va abriendo una alternativa –la agricultura ecológica– que propicia prácticas con un alto grado de biodiversidad, vela por la preservación de los recursos naturales y emplea inputs orgánicos en vez de pesticidas químicos, fertilizantes de síntesis, antibióticos y todo tipo de aditivos, que no sólo son perjudiciales para el medio ambiente, sino también para la salud pública. Aclaremos que cuando hablamos de agricultura ecológica nos referimos a la actividad desarrollada por explotaciones que han sido inscritas en un registro público y cuyas prácticas productivas son controladas y certificadas por las autoridades competentes. El examen se restringirá a las producciones vegetales, al no proporcionar información la fuente citada en el gráfico sobre las animales.

En los últimos tres lustros, la superficie agraria ecológica certificada (SAEC) mundial se ha cuadriplicado, al pasar de 11,0 a 43,7 millones de Has entre 1999 y 2014. Todavía sigue siendo marginal, puesto que en 2014 tan sólo suponía el 1,0% de la superficie agraria utilizada (SAU). Pero el mercado mundial de alimentos ecológicos progresa a un fuerte ritmo, con un crecimiento medio anual acumulado del 11,7% en euros corrientes a lo largo del periodo citado. En 2014, las ventas de alimentos ecológicos certificados –frescos y transformados– alcanzaron una cifra de 80.000 millones de €, concentrándose de forma prácticamente exclusiva en los países desarrollados. En números redondos, la cuota de USA se eleva a un tercio y la de la UE al 30%, absorbiendo conjuntamente Alemania y Francia la mitad de las ventas en el mercado interior europeo. La media mundial del consumo por habitante de alimentos ecológicos se situó en la modesta cifra de 11 € en 2014. Suiza lidera la clasificación con 221 €, seguida por Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Liechtenstein, Austria, Alemania, USA, Canadá y Francia. España ocupa la duodécima posición en cuanto al volumen de ventas, con una participación del 1,25% en el total mundial, descendiendo nueve puestos más en lo que concierne a gasto per cápita: 21 €. En fin, la conexión entre renta por habitante y gasto per cápita en alimentos y bebidas ecológicas es obvia. Baste señalar que, en UE-28, el coeficiente de correlación lineal entre el PIB per cápita y el gasto por habitante en alimentos ecológicos se elevó a 0,73 en 2014.

No ocurre lo mismo por el lado de la oferta, donde España desempeña un papel mucho más destacado. Al no existir datos sobre producción, sólo podemos dar cuenta de la misma mediante la SAEC. Pues bien, en 2014, España encabezó con 1,7 millones de Has, la clasificación en UE-28, seguida a cierta distancia de Italia, con una superficie de 1,4 millones. Es más, en ese mismo año, España era el quinto país del mundo con mayor SAEC, por detrás de Australia, Argentina, USA y China, que tienen una superficie agraria total muy superior. El componente ecológico de la SAU española se cifró en un 6,9%, levemente por encima del 5,7% de UE-28, promedio que Italia (10,8%) está cerca de doblar. En USA y China tal fracción ronda el 0,5%.

Ciñéndonos a los aprovechamientos que figuran en el gráfico, en dos cultivos permanentes de honda tradición –olivar y viñedo–, nuestro sector agrario ocupa la primera posición a nivel mundial, la segunda en legumbres secas, la quinta en cítricos y la sexta en hortalizas. No obstante, dejemos constancia de que el grado de diversificación de la SAEC española es sensiblemente inferior a la italiana, lo que puede ser ilustrado mediante el siguiente dato: la extensión conjunta destinada a los cultivos orgánicos de cítricos, hortalizas y frutales de clima templado en Italia más que triplica a la del sector agrario español.

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Italia es el primer exportador mundial de alimentos ecológicos: 1.260 millones de € en 2014. España se sitúa en la cuarta posición (725 millones), por detrás de Holanda y USA. La mayor parte de nuestras ventas al exterior son materias primas que se transforman –o simplemente se envasan– por empresas foráneas. Así, no es de extrañar que, por Ha de SAEC, las exportaciones españolas se limiten a 425 €, mientras que en Italia ascienden a algo más del doble, elevándose a la astronómica cifra de 16.000 € en Holanda, lo que no es más que un fiel reflejo de la función de intermediación que también en este terreno ejerce el país neerlandés en el comercio internacional. Pese a esa importante carencia, el Ministerio de Agricultura estima que el superávit español en el comercio exterior de alimentos y bebidas ecológicos se elevó a 360 millones de € en 2014, lo que supuso un tasa de cobertura del 200%. Todas las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento del mercado mundial, incluido el doméstico, en los próximos años. La oferta interior, apoyada por la subvenciones de la PAC y espoleada por la demanda exterior, ha sido capaz de ocupar un aventajado puesto en este nicho creciente del comercio internacional. Es razonable pensar que lo seguirá ejercitando y es de esperar que, por el esfuerzo combinado de los agentes privados y de los gestores públicos, se alcance un mayor grado de diversificación y de transformación de la producción agraria de alimentos y bebidas ecológicos.

José Colino Sueiras es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia

¿Está siendo efectiva la aplicación de tipos de interés negativos por parte del BCE?

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo del 5 de junio de 2014 aprobó, por primera vez en la Eurozona, la introducción de un tipo de interés oficial negativo del -0,10%. Este tipo de interés sería de aplicación a todo aquel dinero que las entidades de crédito depositaran en el Banco Central Europeo (BCE), a plazo de un día, mediante el instrumento denominado facilidad de depósito. Este tipo negativo también sería de aplicación a todos los excesos  de reservas mantenidos sobre la exigencia de reservas (o reservas obligatorias) en la cuenta de depósitos en el BCE por las entidades de crédito.

Esta medida tenía un doble objetivo, por un lado, desincentivar y penalizar a las entidades de crédito que hicieran uso de estos instrumentos pues, de una manera clara, suponía la “vuelta a casa de la liquidez” que el BCE estaba otorgando mediante sus diferentes programas no convencionales; y, por otro, tratar de alentar la oferta de crédito al sector privado por parte de las entidades de crédito. Sin embargo, esta penalización no ha sido suficiente y, desde entonces, el BCE ha ido reduciendo este tipo de interés de modo sucesivo: -0,20% en septiembre de 2014; -0,30% en diciembre de 2014; y, finalmente, -0,40% en marzo de 2016 y hasta la actualidad.

El objetivo de este post es el de analizar si ese tipo negativo ha servido para desalentar a las entidades de crédito en sus depósitos de liquidez en el BCE, proveniente de la política de expansión de balance.

En el gráfico siguiente podemos observar, para el periodo entre 1999 (enero) y 2016 (octubre), el conjunto de operaciones de inyección de liquidez (operaciones de activo) llevadas a cabo por el BCE mediante los diversos instrumentos de política monetaria: operaciones principales de financiación (OPF), operaciones de financiación a plazo más largo (OFPML), la facilidad marginal de crédito (FMC) y los diversos programas de compras de activos. Además también se recogen del pasivo del BCE: las facilidades de depósito (FD) y los excesos de reservas (ER).

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Como se observa, las operaciones de inyección de liquidez comienzan a crecer de manera importante tras la irrupción de la crisis financiera en 2008 y alcanzan su primer máximo en mayo de 2012, tras la realización de las dos famosas operaciones de inyección masiva de liquidez, instrumentadas con OFPML a tres años. La implementación de este instrumento trajo consigo que, por primera vez, las facilidades de depósito y los excesos de reservas alcanzaran en esa fecha una cifra desorbitada (776.712 millones de euros, prácticamente la mitad de lo inyectado). La introducción posterior de un tipo de interés del 0% a estos dos instrumentos desalentó su uso como “caja de seguridad” del dinero que recibían las entidades de crédito de los instrumentos monetarios. Sin embargo, estos pasivos en el BCE nunca llegaron a desaparecer del todo manteniéndose en el entorno de los 120.000 millones y provocando, posteriormente, la introducción de tipos negativos para tratar de lograr su desaparición.

A diferencia de lo ocurrido en 2012, la sucesiva reducción de los tipos de interés, iniciada en 2014, no solo no ha conseguido detener este flujo de liquidez cautiva sino que ésta, como se puede observar en el gráfico siguiente, ha ido aumentando de manera continua y creciente hasta superar la cifra del billón de euros; cifra particularmente importante cuando la cantidad inyectada al sistema por el BCE es, actualmente, de 1.886.926 millones de euros.

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En resumen:

  1. La política de tipos negativos está siendo inefectiva para reducir/eliminar la liquidez cautiva en el BCE.
  2. Esta situación es preocupante en un contexto de implementación de una importante política monetaria de expansión de balance basada, fundamentalmente, en compras de activos públicos, en la medida en que minimiza, en términos netos, la inyección de liquidez. Actualmente esa liquidez en el BCE representa el 56,07% de lo inyectado.
  3. Si el dinero vuelve al BCE es porque la abundancia de liquidez generada por la expansión monetaria no encuentra contrapartida en operaciones de crédito con el sector privado y este es el verdadero quid de la cuestión, por cuanto pone de manifiesto que el proceso de saneamiento de las entidades de crédito de la Eurozona todavía no ha finalizado.

 

Agricultura y emisión de gases invernadero, por José Colino Sueiras

El sector agrario tiene indiscutibles externalidades positivas, pero no es oro todo lo que reluce. El proceso de intensificación de las labores agrarias ha dado lugar a nocivos efectos sobre el entorno natural. Para aproximarnos a esta cuestión, nos centraremos en la migración de gases invernadero. Recuérdese que la estrategia Europa 2020 plantea como uno de sus objetivos básicos que, respecto al nivel de 1990, la emisión se reduzca un 20% en el conjunto de la UE.

Utilizaremos como referencia los datos del último bienio con información disponible en Eurostat, 2013-2014, para suavizar las notables oscilaciones interanuales del VAB agrario. Pues bien, en UE-28, la aportación del sector agrario al VAB total se limitó a un 1,4%, elevándose a un 10,4% su participación en la emisión de gases. Las cifras españolas respectivas son 2,3% y 8,2%. Por tanto: a) La agricultura es una actividad altamente intensiva en gases invernadero; b) En España lo es sensiblemente menos que en el conjunto de UE-28.

Profundicemos en esta cuestión a través de un primer indicador: Emisión de gases por unidad de output. En el citado bienio, por cada mil euros de VAB agrario se emitieron 2,55 Tm de gases. Promedio europeo que, como siempre, alcanza un alto grado de dispersión, desde el mínimo italiano de 0,97 Tm al máximo letón de 11,17 Tm. España es el tercer país con inferior grado de emanación: 1,67 Tm. Sigamos con el segundo indicador: Emisión de gases por unidad de superficie. La cifra europea es de 2,48 Tm por Ha de superficie agraria utilizada. La cifra más baja es la de Rumanía (1,23) y la más elevada es la de Holanda (10,32). La cifra española es, nuevamente, de las más bajas: 1,48 Tm/Ha.

Obvio es que las diferencias entre los dos indicadores anteriores están asociadas a la productividad de la tierra -VAB generado por unidad de superficie-, con un promedio europeo de 1.742 euros por Ha. El muy diverso grado de intensificación da lugar a un amplio rango, con un límite inferior en Letonia, por debajo de la décima parte de tal media, siendo Holanda la que determina el superior, que más que triplica la anterior cifra europea. No es de extrañar, pues, que en términos de output la emisión de gases de la agricultura holandesa sea relativamente baja (70% de la media de UE-28) y se dispare cuando se refiere a la superficie agraria, ocurriendo justamente lo contrario en el caso de Letonia. En España, la productividad de la tierra equivale a la mitad del conjunto de la UE.

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El gráfico superior combina los dos primeros indicadores, concediéndoles salomónicamente la misma ponderación en el dato resultante. Destaca el hecho de que el sector agrario español es el que ofrece un mejor resultado: Base 100 la media de los dos indicadores en UE-28, el dato correspondiente a España es 62,4. Italia, Rumanía, Hungría, Croacia y Grecia presentan, asimismo, valores relativamente bajos. En el otro extremo se emplaza Irlanda, con una media relativa que cuadriplica al registro español. Por su parte, Letonia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Malta exhiben cifras que se sitúan en el intervalo 220-250 respecto a UE-28 = 100. Los diecinueve estados miembros con un resultado superior a la media europea forman un grupo con fuerte presencia de los que tienen una elevada renta por habitante, pudiendo concluirse que, en general, poseen sectores agrarios más agresivos desde un punto de vista ambiental lo que, entre otros factores, se debe al mayor peso que, dentro de su estructura productiva, tienen los censos herbívoros, particularmente el bovino.

¿Tiene sentido que, con recursos públicos, se subvencionen actividades agrarias que causan un grave perjuicio al medio ambiente? Si uno de los objetivos de la UE es la lucha contra el cambio climático, su sector agrario debe reducir la emisión de gases invernadero. Por tanto, en el Marco Financiero 2014-2020, hubiese sido sensato plantear que, de forma gradual, las ayudas a la renta instrumentadas por una “reverdecida” PAC se fuesen modulando, de tal forma que los sectores nacionales con un grado de contaminación sensiblemente superior a la media europea fuesen penalizados de forma tan paulatina como creciente.

Lo ilustraremos, por razones de espacio, con Holanda. A lo largo de 2014-2020, su agricultura percibirá una media anual de 402 euros por Ha, un 60% por encima de la media europea de 250 euros. Por otro lado, la migración de gases por unidad de superficie cuadriplica, como se ha visto, a la cifra de UE-28, como consecuencia de un índice de densidad ganadera que alcanza un destacado máximo nacional –3,57 unidades de grandes bovinos (UBM) por Ha– que casi quintuplica al promedio europeo de 0,75. ¿Tiene sentido que, por unidad de superficie, el mayor grado de contaminación se premie con una sobre-subvención financiada por la Hacienda Europea? Si la respuesta se hace en función de los objetivos proclamados en Europa 2020, sólo cabe decir que resulta totalmente inconsistente.

José Colino Sueiras (Universidad de Murcia)

 

La paella de la reforma universitaria española, por Cecilio Tamarit

El pasado 21 de agosto el diputado Antonio Roldán escribía un artículo en El País sobre las condiciones necesarias para el “buen gobierno” en España. Nos decía que para conseguir ese objetivo hacen falta instituciones transparentes, ecuánimes y con reglas predecibles para todos y que dichas instituciones sólo pueden alcanzarse cambiando los incentivos del sistema. Sin embargo, el “quid” de la cuestión se encuentra en cómo cambiar dichos incentivos. A mi entender, de forma acertada, el autor comparaba la construcción del buen gobierno con la condimentación de una buena paella: “requiere una combinación de ingredientes que, aplicados en su justa medida, refuercen conjuntamente sus cualidades positivas. No sirven las medidas aisladas. Es necesaria una reforma institucional integral para salir del mal equilibrio”. En efecto, como valenciano, no podría estar más de acuerdo: una combinación adecuada de ingredientes a lo largo del tiempo es la clave para un buen arroz; sin embargo, si las proporciones no son las justas, o el “timing” no es el adecuado, el resultado puede ser un arroz pasado o, pero aún, “quemado”. Este efecto también puede darse en las instituciones.

Actualmente son muchas las voces que claman ante el mal estado de la Universidad española, indicando la necesidad de llevar a cabo reformas que le permitan desplazarse hacia situaciones de equilibrio más virtuoso. Uno de los principales problemas que se ha señalado como causante del declive de la Universidad española es su mecanismo de selección y promoción del profesorado. El hecho de que la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA) esté ultimando durante estas fechas los nuevos criterios de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios ha abierto de nuevo el debate sobre cómo deben diseñarse y su grado de exigencia. Mi primera reflexión es que la degradación experimentada en los criterios de evaluación aplicados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) desde su integración en la ANECA me hace ser bastante pesimista al respecto.

La CNEAI es un claro ejemplo de buena práctica que ha contribuido notablemente a mejorar la Universidad española. La CNEAI se creó en 1989 (RD 1086/1989) por un equipo en estado de gracia, el del ministro Javier Solana, como un instrumento derivado de la LRU de 1983 y de la Ley de la Ciencia de 1985 con el único objetivo de efectuar la evaluación de calidad para aplicar el complemento de productividad investigadora. Sin embargo, el impacto producido por la CNEAI en la comunidad científica española ha trascendido su objetivo formal; las sucesivas normas que fueron precisando los criterios y procedimientos de evaluación así como el proceder de los comités de evaluación han actuado como directrices de referencia, por lo que la CNEAI ha tenido una gran influencia en el incremento en calidad y cantidad de la investigación que se realiza actualmente en España. Seguramente, la clave de su éxito fue establecer un sistema sencillo, barato, eficiente y flexible para la evaluación de la investigación que consiguió de forma progresiva un consenso en la comunidad académica. Sin embargo, este proceso nunca estuvo exento de peligros, especialmente en el caso de las ciencias blandas, como la Economía, con menor tradición científica en España y, por tanto, con procedimientos menos estandarizados internacionalmente, apareciendo de forma periódica grupos de presión que intentaban (y siguen intentando con éxito creciente) mantener sus intereses particulares con la menor rendición de cuentas posibles a la sociedad.

Lamentablemente, en mi opinión, la ANECA más que ser una solución al problema, ha constituido un motor para la degradación del sistema universitario en los últimos años por un mal diseño de sus programas de evaluación (no sólo el de acreditación del profesorado) desde el mismo comienzo de su funcionamiento, contribuyendo notablemente a la burocratización de la Universidad, diseñando un sistema complejo, caro y absurdo que insiste más en el control de calidad de los medios utilizados que en el éxito de los objetivos del sistema universitario: la calidad docente, investigadora y, hasta cierto punto, la empleabilidad y la transferencia de conocimiento que deberían derivarse de las dos anteriores.

En el caso del programa para la acreditación de profesores a los diferentes cuerpos universitarios, la laxitud con la que ha actuado la ANECA ha ido generando una bolsa de profesores acreditados que ya se cuenta por miles y que actúa como un nuevo grupo de presión en el sistema. Hay que señalar que desde 2007 se sustituyó el sistema de oposiciones para puestos de profesor funcionario por un sistema de acreditación en el que una comisión juzgadora no compuesta por especialistas del área sino por representantes de áreas más amplias (nada que ver con las comisiones de la CNEAI), designada por el Ministerio de Educación (no por sorteo), recibe un listado de los méritos de los candidatos, los valora según un baremo cuantitativo y, en su caso, acredita a los profesores para poder presentarse a concursos y oposiciones. Sin embargo, el verdadero problema viene después, pues una vez obtenida la acreditación, se ha generalizado la creencia interesada de que ésta genera un derecho individual a la promoción automática y son las propias universidades las que convocan las plazas (especialmente en periodos próximos a elecciones) a través de concursos públicos donde, en la práctica, en muchos casos, son los candidatos los que designan a los miembros de los comités que van a valorarles, sancionando la arraigada endogamia de la Universidad española. Las plazas se convocan en función de los candidatos acreditados y no por la necesidades existentes en cada Departamento. Esto lleva a absurdos organizativos. Es como si una entidad bancaria tuviera que abrir tantas oficinas como personas capacitadas para ser director de sucursal o, por el contrario, que todos los empleados de una oficina fuesen directores y no hubiese ni administrativos ni interventores. Creo que cualquier persona convendrá conmigo en que este sistema de organización tiende a ser poco eficiente y muy caro para el contribuyente. Al final, la única restricción que existe es la presupuestaria. Es por eso que en algunas universidades se han establecido algunas ratios, más o menos arbitrarias, entre distintas categorías profesionales, pero esto es la excepción más que la regla y por motivos equivocados.

Como todo es susceptible de empeorar, el Ministerio de Educación, tal vez de forma bienintencionada, con la idea de fomentar la movilidad, aprobó un RD hace ahora un año, por el que se establecen plazas de “turno libre” (en teoría, abiertas a la competencia) y “plazas de promoción interna” a las que no se pueden presentar desde otras universidades y, por tanto, cerradas a la competencia (ya no sólo de facto, sino también de iure). Se supone que la mitad de las plazas debían adoptar una u otra naturaleza. De nuevo, en la práctica, las universidades han reservado las plazas de “turno libre” para titularidades (donde la competencia es menor), concentrando la práctica totalidad de las nuevas cátedras de universidad en las plazas de promoción interna, a las que sólo puede presentarse el candidato de la casa o, a lo sumo, un compañero de su propio departamento, pero no de otras universidades. Todo ello, ahora, de forma legal. Este es un claro ejemplo de que cuando nos movemos entre dos equilibrios que son subóptimos, hay que ir con mucho tiento para no empeorar la situación inicial. Bien por incompetencia o mala fe, esta reforma promovida por el equipo del nuevo ministro de educación está consiguiendo los efectos contrarios a los anunciados.

En la práctica, es la ANECA la que con su acreditación designa a los nuevos funcionarios quienes creen que generan un derecho individual. Ante esta situación, es lógico que sea muy importante que los nuevos criterios que marque la ANECA para la acreditación a cuerpos universitarios sean rigurosos y supongan un avance respecto a los aplicados hasta ahora. Sin embargo, en mi opinión, tanto o más importante que los criterios de acreditación, son las condiciones para la configuración de los comités evaluadores. Los criterios pueden ser relativamente generales, pero son los comités de expertos de cada área los que deberían ir actualizándolos en el tiempo según el grado de desarrollo de las diferentes disciplinas y aplicando un siempre necesario grado de discrecionalidad técnica. En otro caso, podemos entrar en disquisiciones bizantinas sin fin y, en muchos casos, sin principio que las sustente más allá de los intereses partidistas. Junto a esto, debería quedar claro que para entrar en un cuerpo de la administración del Estado, no basta un concurso “local”. Esto podría ser suficiente, tal vez, para un contrato de empleo público en un organismo autónomo local pero no para convertirse en funcionario y menos del Estado. Seguramente esto podría solucionarse estableciendo una diferencia entre ambos tipos de puestos que, por otra parte, deberían tener funciones y capacidades académicas distintas. Se deberían establecer los incentivos necesarios para ello y transitar hacia un sistema como el alemán o el holandés.

Por último, me gustaría dejar claro que la Universidad española funciona de forma muy razonable para cómo está organizada. Seguramente es por la calidad humana e intelectual de la personas que se sienten atraídas a desarrollar su vida profesional en ella, pues en la mayoría de los casos es una actividad claramente vocacional. También creo que, en un entorno más competitivo, una buena parte de los profesores habría podido desarrollar una carrera profesional similar. Sin embargo, dada la perversión del sistema, nunca lo sabrán.

Cecilio Tamarit, Universidad de Valencia

Diario Levante (06/09/2016)

Las “brechas” de la inserción laboral de los titulados universitarios, por Juan A. Vázquez García

La inserción laboral de los titulados constituye, indudablemente, una preocupación y un objetivo de primer orden para nuestro sistema universitario. Por fortuna, y como reflejo de esa preocupación, los datos, estudios y análisis han proliferado en los últimos años hasta ofrecernos una visión amplia y detallada del estado de la cuestión.

No es mi propósito, por lo tanto, volver sobre lo que documentan ese tipo de estudios sino ofrecer una breve reflexión sobre lo que considero que constituyen algunas de las principales “anomalías” o “brechas” que se detectan en la inserción laboral de los titulados universitarios.

La primera de esas brechas es la que se abre entre oferta y demanda y se pone de manifiesto en un número de titulados que el sistema es incapaz de absorber. ¿Tenemos muchos titulados o pocos empleos? ¿Es muy grande nuestro sistema universitario o muy estrecho nuestro sistema productivo? Me resisto a resolver el dilema por la vía de reducir el número de universitarios y pongo el acento, por eso, en el hecho de que en España contamos con un sistema productivo con escaso peso de los sectores intensivos en conocimiento, con un nivel inferior al de otros países europeos, y que ampliar esos sectores y puestos de alta cualificación (un reto que escapa a las responsabilidades universitarias) resulta indispensable para la mejora de la inserción laboral de nuestros titulados universitarios (y, además, para la competitividad de nuestra economía).

La segunda brecha es la existente entre los perfiles formativos y las necesidades del mercado de trabajo y, para no repetir las abundantes consideraciones que se han hecho sobre el tema, me limito a proponer dos únicas, aunque creo que relevantes, recomendaciones. Por un lado, la necesidad de que la programación de las enseñanzas universitarias responda a estímulos de demanda antes que de oferta, al revés de cómo ha venido siendo hasta ahora. Y por otro lado, a la necesidad de acortar la enorme distancia que media entre la lentitud de los procesos académicos y la velocidad de la transformación de los requerimientos formativos en el sistema productivo.

La tercera brecha se plantea llamativamente entre “lo que sobra y lo que falta” y se plasma en la existencia simultánea de desempleo y vacantes (fundamentalmente en nuevas profesiones y “digital skills”) en el mercado de trabajo. Ello me lleva a plantearme una pregunta para la que ya adelanto que no tengo contestación: ¿por qué la demanda no sigue a la inserción laboral? Es decir, qué explica el desequilibrio que se produce entre las titulaciones más demandadas por los estudiantes y las que mejor inserción laboral registran; qué explica el hecho de que mientras se incrementa significativamente la demanda de perfiles STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), las matriculaciones en estos estudios hayan caído en una década un 40% en España.

Los nuevos escenarios que se están abriendo paso intensa y velozmente tanto en el mundo formativo como en el ámbito productivo, establecen una cuarta brecha entre viejas y nuevas concepciones de la inserción laboral de los titulados en educación terciaria, que haríamos mal en ignorar y que obliga a revisar con urgencia tradicionales planteamientos y a diseñar con creatividad e imaginación nuevas estrategias de inserción que,  a mi modo de ver, han de orientarse al menos en las siguientes direcciones.

Por un lado, en la de unas innovaciones educativas radicales que, para adaptarse a una cambiante demanda de cualificaciones, incorporan más experiencias prácticas y conducen hacia una universidad más dual, pero que ha de mantener un equilibrio para evitar programas formativos con más conocimiento y menos educación, concebida como producto y no como proceso.

Por otro lado, en la adecuación a unas transformaciones en la forma de proveer la formación y conectarla con el sistema productivo, que no responden a normas fijas, que propician el desarrollo de programas “a la carta”, para estudiar dónde, cuando y cómo se quiera, y que generan un tipo de estudiantes que tomarán cursos de distintas instituciones con diversas modalidades y estrategias.

Por lo demás, en la dirección del imprescindible fomento de cauces de estímulo a la creatividad, el emprendimiento y las iniciativas de los estudiantes, que la universidad no proporciona convenientemente por ahora y que, en muchas ocasiones, se acaban desarrollando fuera de ella.

Y la última de esas orientaciones nos devuelve casi a un punto de partida en el que hay que admitir que la inserción laboral es una tarea a la que la universidad ha de contribuir pero que desborda sus competencias y capacidades; y en la que habrá que reconocer humildemente que no tenemos la clave para que nuestros alumnos encuentren trabajo, que nadie sabe como será el mercado de laboral de dentro de unos años y que se perfila un horizonte de “crecimiento sin empleo” (o de otro modo de concebir el empleo) porque parece haberse roto el acoplamiento entre productividad, crecimiento y empleo que ha venido funcionando hasta ahora.

Juan A. Vázquez

Universidad de Oviedo

Las paradojas del Brexit, por Juan A. Vázquez García

No es momento para dramatizar, pero no se puede desconocer la gravedad que supone el Brexit. Como si se tratase de una alineación desfavorable de los astros en este solsticio de verano, los rescoldos de la hoguera de San Juan nos han dejado una decisión de alcance tan grave como desconocido e imprevisible.

En el desenlace ha tenido mucho que ver la conjunción de frivolidad y descaro, de mentira y amoralidad, con que han actuado muchos políticos, de la vieja y la nueva hornada, que han convertido a la sociedad en rehén de sus particulares juegos de tronos. También la deriva de una UE en retroceso, desconcertada, paralizada y burocratizada.

Pero lo que me llama más poderosamente la atención son las paradojas a las que puede conducir este episodio del Brexit. La primera de ellas es de orden político: ya se ve que suplantar la democracia representativa por la democracia directa del “derecho a decidir” conduce a referendos de devastadores efectos, capaces de producir bandazos de consecuencias imprevisibles, de dividir todo por mitades, de fracturar sociedades, de convertir en determinantes del futuro a los que ya solo tienen pasado y de marcar por leves fronteras porcentuales decisiones irreversibles por generaciones.

La segunda paradoja muestra el potencial destructivo de los populismos de uno y otro extremo, el engaño de simplificar lo complejo, de enmascarar las realidades con ensoñaciones, de promover revoluciones de sonrisas que se van quedando heladas a lo largo de un trayecto sin ruta fijada y con rumbo que se admite desconocer sin reparo. En ese viaje hacia lo desconocido hay tanto de irresponsabilidad en quiénes lo promueven como de simpleza en quiénes lo secundan con un reflejo de perdedores de la globalización que emprenden una huida hacia delante que no es más que una vuelta atrás, que buscan refugio en mundos reconocibles y, para ellos más seguros, que han dejado de existir y, por más que lo pretendan, ya no van a volver.

La tercera paradoja es económica y se cifra en los costes innecesarios que pagaremos todos (los entusiastas del Brexit en primer lugar) y en las falsas promesas de estar mejor que solo conducen a estar peor. Son muchos los potenciales efectos negativos a medio plazo en el ámbito comercial, de las incertidumbres financieras, de los riesgos económicos o de las expectativas empresariales. Pero basta comprobar, ya en tan solo los primeros días, la pérdida de capitalización de las empresas, la depreciación de la libra, la volatilidad de los mercados, el descalabro de las bolsas, las subidas de las primas de riesgo, el activismo de los Bancos Centrales inyectando liquidez y, en fin, la pérdida de riqueza de todos (no solo de los ricos sino de las clases medias). Es posible que al final el temporal amaine, que el tiempo pase y se encuentre para el Reino Unido algún tipo de encaje o asociación con la UE que limite los daños del Brexit. Pero existe también el serio riesgo de que, apenas salidos de una crisis que ha estado en el origen de todo, nos adentremos en una nueva crisis como desenlace de este desdichado proceso.

Y la cuarta paradoja, es la de una pretendida afirmación de la soberanía nacional que puede derivar precisamente en la fragmentación de esa soberanía, que puede conducir a un Reino (des)Unido, al singular caso de una Escocia votando independencia para mantenerse en la UE (y de paso dando alas a Cataluña) y al enorme riesgo de un contagio que podría truncar definitivamente ese sueño que fue Europa, que con todas las imperfecciones que se quiera nos ha permitido vivir décadas de paz y de prosperidad. ¿Se imaginan lo que ocurriría con un nuevo referéndum para la salida de Francia (el Frexit) como el que ya propugna Marine Le Pen?

Siento no haber llegado a tiempo de quemar los malos augurios en la hoguera de San Juan. No me consuelan los argumentos del tipo de ¡que se vayan los que nunca han llegado a estar del todo! y, aunque quisiera creerlo, no me llegan a convencer los mensajes bienintencionados de que esto servirá para reforzar la cohesión o refundar lo que vaya quedando de la UE. Yo no estaré tranquilo mientras sigan celebrando el Brexit personajes como Farage, Le Pen, Trump o Putin, pero aun así no quiero caer en la desesperanza.

Juan A. Vázquez

                                                                        Universidad de Oviedo

Transformaciones estructurales e inserción laboral de las mujeres, por José Colino Sueiras

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El gráfico anterior refleja uno de los principales cambios experimentados por la sociedad española en los últimos cuatro decenios: el sustancial aumento de la cuota femenina en el empleo total. De acuerdo con la EPA, entre los terceros trimestres de 1976 y 2015, la participación de las mujeres en la población ocupada ascendió 16,8 puntos porcentuales, emplazándose en un 45,2% en el último de ellos. En términos absolutos y en números redondos, el empleo agregado se incrementó en 5,7 millones de personas, correspondiendo a las mujeres 4,5 millones, lo que implica que el 80% de dicha ampliación ha sido destinada a la ocupación femenina. Recurriendo a Eurostat, en 2014 nuestro dato anual (45,6%) resiste muy dignamente la comparación con los resultantes para los cuatro grandes estados de la UE: Italia (42,3%), Alemania (46,8%), Reino Unido (47,0%) y Francia (48,2%).

A lo largo de la fase temporal contemplada, la terciarización de la economía española, ha favorecido la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. En efecto, el empleo femenino posee una definida especialización productiva. Nueve de cada diez ocupadas en España desarrollaban su actividad en los servicios en 2015TIII, frente a una fracción de dos tercios en el caso de los varones. En el proceso de integración de las mujeres en el mercado de trabajo cabe, como en casi todo, diferenciar dos vectores: crecimiento y composición. En cuanto al primero, la cuota femenina en el empleo no terciario –que ha experimentado un descenso de 3,5 millones de personas de ambos sexos– ha sufrido una merma, al pasar del 22,2% al 20,5% entre los dos terceros trimestres citados. Por el contrario, en el sector servicios ha avanzado desde el 37,2% inicial al 52,6% actual, lo que da lugar a que el efecto crecimiento haya sido positivo. Recurriendo a un sencillo ejercicio podemos aproximarnos al papel desempeñado por ambos vectores. Si a las cuotas femeninas en la ocupación de los cuatro grandes grupos de actividad –Agricultura, Industria, Construcción y Servicios– de 2015TIII le imputamos la composición sectorial del empleo agregado en 1976TIII, el peso de las mujeres en la población ocupada se situaría actualmente en un 34,4%. Por consiguiente, el efecto crecimiento –monopolizado por los Servicios– habría contribuido con seis puntos a la ampliación de la participación femenina en el empleo español, lo que supone poco más de la tercera parte de la mencionada ganancia de 16,8 puntos. Casi las dos tercera partes, por tanto, del aumento de dicha cuota se explicarían por el efecto composición, es decir, por el hecho de que la participación de las actividades terciarias en el empleo agregado presenta un intenso avance, al doblarse a lo largo del periodo: 37,2% en 1976; 76,9% en 2015. Nos encontramos, pues, con un protagonismo absoluto de los Servicios en los dos vectores que han impulsado ese logro de un gran calado económico y social.

Otra de las transformaciones estructurales usualmente citadas es la construcción del Estado del Bienestar, muy conectada con la anterior, dado que la ampliación del empleo de las AAPP es uno de los factores explicativos de la terciarización. Aunque puedan existir ciertos problemas de comparabilidad, la EPA refleja que, entre los dos trimestres citados, el empleo público en España ha pasado de 1,4 a 3,0 millones de personas, lo que ha supuesto un alza de su peso en la ocupación total de un 10,6% a un 16,5%. De nuevo, prácticamente el 80% de ese incremento del empleo ha sido absorbido por las mujeres, cuya participación en la ocupación generada por las AAPP se ha acrecentado de un 25,3% a un 54,0%. El impulso dado a determinadas actividades, como Educación y Sanidad y Servicios Sociales, explican buena parte de esa importante ganancia; téngase en cuenta que, en la actualidad, las mujeres representan las dos terceras partes del empleo en la primera, elevándose a los cuatro quintos en la segunda.

Una última y breve consideración sobre otra de las transformaciones estructurales: la mejora en la distribución de la renta, que a su vez hay que conectar con el incremento de la ratio Gasto público/PIB.  Los estadísticos habitualmente utilizados están huérfanos de la perspectiva de género. Por ejemplo, en la distribución personal de la renta la unidad de análisis convencional es el hogar. Cabe imaginar una distribución perfectamente equitativa: todas las personas pasarían a la escala de rentas con el mismo ingreso equivalente. Supongamos, además, que siempre es el varón el que aporta la totalidad de los ingresos y las mujeres se dedican exclusivamente a las labores domésticas. Los índices utilizados son insensibles a tal eventualidad, sentenciando que hay plena equidad social: ¿Tiene sentido ese dictamen? Puede que alguno, pero desde el punto de vista del rol asignado a hombres y mujeres en la sociedad, ese hipotético estado distributivo carece de la más mínima dosis de equidad.

La inserción laboral de las mujeres constituye un hecho crucial si nos atenemos a la cobertura de uno de los ineludibles objetivos de cualquier sociedad con decencia democrática: la igualdad de género. Obvio es que todavía falta mucho camino por recorrer, desde el desigual reparto del trabajo no remunerado hasta la amplitud de la brecha salarial, lo que no debe conducir a menospreciar la positiva senda que muestra el gráfico. Por otro lado, la puesta en valor de la mitad del capital humano existente en la sociedad constituye un logro que, desde una perspectiva económica, hay que valorar debidamente. En suma, desde nuestra perspectiva, estamos en presencia de una transformación estructural de la economía española que, poseyendo entidad propia, guarda una estrecha relación con tres de las que están más asentadas en la literatura. La cuarta –la creciente integración de la economía en el mercado global– parece, en principio, que es independiente de la cuestión que ha sido objeto de este breve examen.

El coste económico de las falsificaciones

Todos estamos acostumbrados a vivir rodeados de productos falsificados: el top manta, los mercadillos, o las páginas web que nos permiten comprar productos de precios inalcanzables a un coste irrisorio.

En todo este contexto la pregunta que como economistas deberíamos hacernos es ¿Cuánto le cuesta a una economía todas estas gangas? La respuesta no es tan fácil y la obtención de una aproximación fiable “para cuantificar aquello que por su propia naturaleza se quiere ocultar” supone todo un desafío debido a la falta de consenso en torno a la manera más adecuada para la obtención de datos sobre la falsificación y la piratería en los distintos sectores de la economía productiva.

De momento no hay respuesta definitiva pero en la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior (OHIM por sus siglas en inglés, OAMI por sus siglas en español, sita en Alicante), a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual se está trabajando en ello. El objetivo de un conjunto de estudios aplicados a distintos sectores, y que se irán publicando a lo largo de los próximos 18 meses, es poner de manifiesto el efecto tan negativo de la falsificación y la piratería en la economía de la Unión Europea.

En el primer estudio de esta serie,  El coste económico de las vulneraciones de los derechos de PI en el sector de la cosmética y de la higiene personal, realizado por Nathan Wajsman y Carolina Arias, los resultado, para el período 2007-2011) son demoledores: alrededor de 4.700 millones de euros de ingresos anuales (el 7,8% de las ventas del sector) y más de 50.000 empleos se pierden al año en el sector cosmético por las falsificaciones en la Unión Europea. Si, además, tenemos en cuenta  los efectos sobre otros sectores y sobre la recaudación pública, las pérdidas en el sector se elevan hasta los 9.500 millones de euros, en términos recaudatorios a unos 1.700 millones de euros (incluye IVA, renta, sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social) y en términos de empleo a unos 80 000 puestos de trabajo.

Por países es España una de las grandes perjudicadas,  pues se pierde anualmente el 17,1 % de las ventas del sector, es decir, más de 949 millones de euros. En este grupo de cabeza, y con un impacto superior al 15%, se encuentran Portugal, Bélgica, Chipre, Letonia, Bulgaria, Lituania y Grecia, que es el país con mayor impacto. Por debajo del 10%, se encuentran: Italia con pérdidas del 7,9%, Francia del 7,6%, Reino Unido del 6%, Alemania del 3,9 % y Finlandia entorno al 1% (el país con menor impacto).

Este trabajo invita, cuando menos, a la reflexión.

Aunque lo parezca, (3+2) y (4+1) no es lo mismo, por Mariam Camarero

Nuestra compañera Mariam Camarero, de la Universidad Jaume I, nos ha facilitado esta interesante entrada sobre la reforma universitaria, publicada previamente en el diario digital Valencia Plaza (15/2/2015).

Hay muchos mitos sobre la educación en España, la mayoría de ellos falsos. Y no son falsos porque exista intención de engañar, sino porque la memoria colectiva es bastante frágil. He querido comprobar que la afirmación con la que quería empezar estas líneas era correcta y he visto, con asombro, que en los últimos 150 años no hemos tenido más allá de 4 ó 5 leyes universitarias de calado. Entiendo, entre líneas, que se suele comenzar la reforma educativa por la enseñanza primaria y continuar con la secundaria, de manera que cuando el legislador se acerca a la universidad aparece siempre una inoportuna revolución, una guerra o una dictadura que dejan en suspenso los afanes reformistas por una temporada. De ahí que sea falso, por ejemplo, que haya habido muchas leyes educativas y que cada nuevo gobierno haga la suya. No es ese el caso, al menos en la universidad.

Volviendo al tema del artículo, la tesis que pretendo defender es que los estudios universitarios en España se ajustan, por tradición, al modelo (3+2) y que la irrupción de (4+1) fue realmente una anomalía interna y externa, al alejarnos no sólo del esquema más usual de los estudios universitarios en España, sino también de la mayoría de nuestros socios en el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cuál es la citada tradición de la universidad en España?

Desde la Ley Moyano de 1857 (que acabó estando en vigor casi un siglo), las enseñanzas facultativas se cursaban en la universidad y constaban de tres períodos que habilitaban para los tres grados correspondientes: Bachiller (equivalente al Bachelor inglés o al grado actual), Licenciado (el que puede ejercer) y Doctor. También había enseñanzas superiores impartidas en Escuelas Superiores para títulos de Ingeniería, Bellas Artes (Arquitectura, Pintura y escultura, Música,…), Diplomática y Notariado. Y enseñanzas profesionales que se impartían en centros específicos (Maestro, Veterinario, Profesor mercantil, Náutica y Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimensores). El Ministerio detallaba los planes de estudios y las asignaturas. Al principio el primer ciclo podía llegar a ser de 5 años, pero los estudiantes empezaban la universidad a los 16.

A pesar de los impulsos reformistas de finales del siglo XIX y otros intentos alrededor de la década de los veinte del siglo pasado (donde sí que se modernizó la investigación, con la Junta para Ampliación de Estudios), hay que esperar al final de la Guerra Civil para encontrar una nueva ley sobre educación universitaria, que no supuso una reforma sino continuismo. La Ley que regula la Ordenación de la Universidad de 1943 añade como Facultad la de Ciencias Políticas y Económicas y los principales cambios se refieren al acceso a la universidad, al realizarse un examen de ingreso además del Examen de Estado que daba el título de Bachiller. Se podía establecer “numerus clausus” atendiendo a las necesidades y como orientación a los alumnos. Las Escuelas Superiores los limitaron tanto que luego fue necesario aumentar el número mínimo de alumnos al año. Normativas posteriores modificaron la enseñanza media e introdujeron cursos de preparación a la universidad (PREU).

La Ley General de Educación de 1970 de Villar Palasí fue la que nos tocó vivir a los de mi generación: además de crear la EGB, el BUP y el curso de orientación universitario (COU), la Educación Superior seguía teniendo tres niveles: en primer lugar, la Diplomatura o Primer Ciclo (de tres años y cursada en Escuelas Universitarias), dando lugar al título de Diplomado; en segundo, la Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura, de cinco años de duración (que se cursaba en Facultades o Escuelas Superiores con 5 años de duración y dos ciclos de 3 y dos años, respectivamente); por último, en tercer lugar, el Doctorado, el máximo nivel, que consistía en dos años de enseñanza y la presentación de una tesis. En esta ley, las enseñanzas profesionales como el Magisterio o las Bellas Artes adquieren nivel universitario (de uno o dos ciclos). Los planes de estudio surgidos de esta ley eran comunes en toda España y estuvieron en vigor durante más de 20 años, hasta principios de los años 90.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 no modificó esta estructura. Así, en su artículo 30 decía que “Los estudios universitarios se estructurarán, como máximo, en tres ciclos. La superación del primero de ellos dará derecho a la obtención, en su caso, del título de Diplomado, de Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico; la del segundo, a la del título de Licenciado, de Arquitecto o de Ingeniero, y la del tercero, a la del título de Doctor”. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 mantiene nuevamente esta estructura, aunque recoge la posibilidad de que se cambie la denominación de los títulos (artículo 88) para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. La actual versión en vigor, la LOU modificada o LOMLOU de 2007 también lo incluye (http://www.uco.es/ugt/archivo/2007/070503_LOMLOU_refundido.pdf).

Lo primero que cabe decir es que la LOMLOU no determina la duración de los títulos, sino que se desarrolló mediante decreto. La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se realizó (principalmente) durante la primera legislatura del Presidente Zapatero. La Ministra María Jesús San Segundo quería continuar con planes de estudio basados en “Libros Blancos”, es decir, con una buena parte de contenido común en toda España y grados de 3 años y másters de 2 años, es decir, defendía el 3+2. Sin embargo San Segundo fue sustituida tan sólo dos años después por Mercedes Cabrera. A partir de ese momento se produjo un cambio radical, pues la LOMLOU aprobada en 2007 introduciría una reducción de las competencias del Ministerio (sin eliminarlas) para el establecimiento de títulos y las directrices de los planes de estudios. Además, los nuevos grados tendrían una duración de 4 años y los másters de 1 a 2 años.

Con el cambio al 4 +1 no sólo se produce una ruptura respecto a la organización de los estudios universitarios existentes hasta entonces en España sino, lo que es infinitamente peor, se rompe la distinción entre los estudios universitarios de un ciclo, que formaban a diplomados, arquitectos e ingenieros técnicos y que en tres años habilitaban para desempeñar profesiones (maestros, enfermeros, aparejadores, por ejemplo) y las licenciaturas, arquitectura e ingenierías superiores, de dos ciclos y que tenían diferentes funciones y atribuciones profesionales. Los cuatro años suponen aumentar la duración de algunas titulaciones sin que existiera justificación técnica o académica, mientras que reducir en un curso, por ejemplo, las ingenierías (superiores) ha creado problemas al compararlas con los anteriores estudios de 5 años, optándose por soluciones ad hoc para mantener las competencias profesionales necesarias para ejercer. Aún más, este sistema es ineficiente, al tardar un año más en formar a una buena parte de nuestros profesionales superiores, que podrían haber completado un grado en 3 años y, en caso de desear especializarse, siempre podrían haber optado (en ese momento o más tarde) por completarlo con un máster de uno o dos años, dependiendo del caso.

Otro efecto derivado de estas decisiones y que no se valoró, al menos en toda su gravedad, es que se equiparó el grado español de 4 años al Bachelor. Es decir, al Bachiller en Ciencias o en Filosofía de la Ley Moyano. Eso significa que los 4 años actuales equivalen a un solo ciclo universitario (aunque lo dividamos en 2+2, eso no lo cambia): esto es, si bien antes un licenciado español equivalía a un Bachelor más un máster, al pasar al 4+1, al realizar la homologación en el EEES se ha equiparado en España la licenciatura con el grado y, por tanto, se ha “degradado” a los licenciados que estudiaron 5 años a Bachelor. Con el 3+2 no se habrían visto afectados negativamente los antiguos licenciados de los planes del 70, de la LRU y de la LOU, es decir, la mayoría de los actuales titulados universitarios. Esta cuestión no es baladí y ha generado problemas, entre otros, en cuerpos de élite de la Administración del Estado, por ejemplo, el de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, para alcanzar puestos en organismos internacionales, donde se les exige o se valora como mérito preferente, una formación con nivel de máster.

Por último, no olvidemos que, en la actualidad, los grados de 4 años no se corresponden con un catálogo limitado de titulaciones, sino que existen más de 1.200 títulos de grado distintos (tantos como universidades y titulaciones en cada una de ellas) y en muchas ocasiones poco coincidentes entre sí, de manera que la movilidad de estudiantes en España es menor que en el siglo XIX.

Me alegro de que, tras más de 3 años, el Ministerio haya decidido (tímidamente) corregir un error en el que estábamos empeñados en persistir. Aunque sea por los motivos incorrectos.

El nuevo programa de flexibilización cuantitativa del BCE podría no tener efectos sobre la economía real

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En colaboración con Vicente Esteve de la Universidad de Valencia

 El BCE anunció en la reunión del Consejo de Gobierno del 22 de enero de 2015 la ampliación de su programa de compra de activos del sector privado, para incluir ahora bonos soberanos, en concreto, deuda emitida por administraciones centrales de la zona del euro, agencias e instituciones europeas.

Este programa ampliado engloba también al programa de compras de bonos de titulización de activos (ABSPP, en sus siglas en inglés) y al programa de adquisiciones de bonos garantizados (CBPP3, en sus siglas en inglés) iniciados en los últimos meses del año 2014. Las compras mensuales representan un total de 60.000 millones de euros. Se prevé que estas compras continúen al menos hasta septiembre de 2016 y, en todo caso, hasta que se consolide un ajuste sostenido de la senda de la tasa de inflación que sea compatible con su objetivo de mantener las tasas de inflación en niveles inferiores, aunque cercanos, al 2% a medio plazo.

El objetivo del programa ampliado de compras de activos privados y públicos es ofrecer un estímulo monetario a la economía de la zona del euro en un contexto en el que los tipos de interés oficiales del BCE están cercanos al 0%. Además con el programa ampliado se pretende relajar sustancialmente las condiciones monetarias y financieras, abaratando el acceso de las empresas no financieras y los hogares al crédito bancario y, en última instancia, impulsar la inversión productiva y el consumo de los hogares.

¿Pero este nuevo programa de flexibilización cuantitativa del BCE tendrá efectos sobre el crecimiento económico?

Algunos condicionantes impuestos en el programa ampliado de compras del BCE nos generan serias dudas sobre la efectividad del mismo para impulsar el crecimiento en la zona del euro:

1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa es muy limitado en su cuantía

En el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se puede comprobar como el objetivo es inyectar 1,14 billones de euros adicionales hasta septiembre de 2016, lo que llevaría el balance actual del BCE (2,158 billones de euros, el 16 de enero de 2015) hasta 3,3 billones, ligeramente por encima del montante que mantenía en marzo de 2012 (3,023 billones de euros). En definitiva se trata de un programa de flexibilización cuantitativa o compras de deuda a gran escala (QE, en sus siglas en inglés) poco ambicioso, ya que supera ligeramente los niveles del balance del BCE de 2012, que fueron disminuyendo en 2013 y 2014 a causa de la devolución por parte de los bancos de los préstamos proporcionados por las operaciones de financiación a plazo más largo (VLTRO, por sus siglas en inglés). [1]

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  1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa es mucho más complejo, condicionado y limitado que los que aplicó la Reserva Federal de EE.UU.

En primer lugar, en lo que concierne a la distribución de las posibles pérdidas del programa, el Consejo de Gobierno decidió que tan sólo el 20% de las compras de activos serán cubiertas de forma solidaria. El otro 80% será cubierta por los bancos centrales nacionales. La falta de cohesión entre los países es manifiesta ya que parte de los riesgos no se mutualizan.

En segundo lugar, el programa ampliado se centra en la deuda soberana de los países de la zona del euro y de agencias establecidas en la zona del euro o instituciones internacionales o supranacionales (lo que incluiría al Mecanismo Europeo de Estabilidad, ESM, en sus siglas en inglés). Ello dejaría fuera a la deuda corporativa, a diferencia de los programas QE de la Reserva Federal de EE.UU.

En tercer lugar, las compras de activos se distribuyen entre los países de la zona del euro en función de la participación de cada país en el capital del BCE. La falta de solidaridad entre los países brilla por su ausencia.

Finalmente, las compras de activos del BCE se autolimitan a diferencia de los programas QE de la Reserva Federal de EE.UU. Por un lado, no podrán superar el 33% de la deuda en circulación del emisor y, por otro lado, no podrán superar el 25% de importe total de una emisión.

3. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa puede proporcionar liquidez a la banca pero no quiere decir que impulse el crédito a empresas no financieras y hogares

Por un lado, el BCE defiende que este programa puede tener efectos en la economía real porque los bancos de la zona del euro pueden sacar la cartera de deuda pública de sus balances y utilizar la liquidez obtenida para conceder créditos a las empresas no financieras y hogares. Pero también podría destinarse la liquidez a devolver la deuda de los propios bancos o para volver a utilizar la facilitad de depósito del BCE, incluso a tipos de interés nominales negativos. Si los bancos no acaban transformando la nueva liquidez proporcionada por el programa ampliado de compras de activos es porque la presión para elevar la solvencia bancaria se mantiene con las normas de Basilea III y las normas más estrictas aprobadas por el G-20 para los grandes bancos de la zona del euro (problema de oferta de crédito).

  1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa puede proporcionar liquidez a la banca pero topa con el excesivo endeudamiento de las empresas no financieras y hogares 

El endeudamiento de las empresas no financieras y de los hogares de la zona del euro es todavía excesiva. El problema es que nadie quiere pedir prestado aunque haya tipos de interés nominales bajos. Lo que desean las empresas no financieras y los hogares es continuar con el desapalancamiento, es decir, devolver la deuda acumulada en el boom económico (problema de demanda de crédito).

En este sentido, la demanda de crédito no se recuperará mientras la demanda agregada, fundamentalmente el consumo de los hogares y la inversión privada no se recupere. Además, el propio BCE reconoce que sin una expansión fiscal centrada en un aumento de la inversión pública – lo que supone una relajación de parte de los ajustes fiscales impuestos en los últimos años- y sin reformas estructurales en las economías de la zona del euro, su programa ampliado de compras de activos podría fracasar en el objetivo de reactivar la economía de la zona del euro.

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[1] Las VLTRO fueron dos operaciones que aportaron inyecciones masivas de liquidez a la banca a tipo de interés fijo. La primera operación fue asignada el 21 de diciembre de 2011 y la segunda el 30 de febrero de 2012, con un importe de 591.531 y 489.191 miles de millones de euros, respectivamente. La utilización de estas operaciones con vencimiento a tres años, fue el instrumento que más impacto tuvo sobre la expansión de liquidez, provocando un alivio de las tensiones en el sector bancario. Sin embargo, esta medida no empujó a que las entidades financieras aumentaran el crédito al sector privado. Dicha liquidez fue destinada principalmente a las compras de deuda soberana, provocando con ello un alivio de la prima de riesgo. Sin embargo, otra parte, fue utilizada para depositarla en las cuentas que los bancos tienen en el BCE (facilidades de depósito), de manera que el dinero volvió, en parte, a manos del BCE. En definitiva, estas masivas inyecciones de liquidez supusieron un alivio de las tensiones en el sector crediticio, pero no resolvieron los grandes problemas de solvencia padecidos por las entidades de crédito, ni los desequilibrios que provocaban la inestabilidad de la Eurozona, ni la sequía de liquidez que sufría el sector privado.

 

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