Exclusión social, democracia y elección colectiva

La teoría de la elección colectiva explica cómo adopta sus decisiones el sector público a partir de las preferencias de los ciudadanos. Para poder hacerlo, es necesario emplear algún sistema de agregación de esas preferencias que permita seleccionar entre las distintas decisiones y usos alternativos de los recursos. Aun siendo una regla imperfecta, la mayoría de los países utilizan la democracia representativa como vía para ordenar y decidir qué alternativas de intervención pública llevar a cabo, gracias a la sencillez de la votación mayoritaria y a la posibilidad de que participen todos los ciudadanos.

Los politólogos y economistas han prestado una especial atención a los diferentes modelos que tratan de comprender la democracia como un sistema de agregación de las preferencias sociales. El conocido teorema del votante mediano, por ejemplo, anticipa la victoria en unas elecciones de la fuerza política cuyas propuestas de gobierno se aproximen más a las preferencias de los ciudadanos que ocupan el centro de la distribución de votantes según la ideología política. La forma de esta distribución puede ser distinta en cada país y no es constante en el tiempo, como demuestra la alternancia en el poder de diferentes partidos.

Si las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones consiguen identificar las preferencias del votante mediano y ajustan a ellas su oferta electoral es probable que puedan maximizar sus votos. Este argumento, sin embargo, no siempre es compatible con la realidad económica y política. Sin entrar en tecnicismos, para que se den esas premisas una condición básica es que los votantes no prefieran las alternativas extremas a las intermedias. Al igual que suele pasar en las relaciones afectivas, puede haber áreas de intervención pública en las que tenga sentido preferir mucha o poca intervención pública en lugar de un nivel intermedio.

Los límites, en cualquier caso, del modelo del votante mediano como pilar interpretativo del proceso democrático son más relevantes que el que se acaba de mencionar. En primer lugar, se asume que los políticos se limitan simplemente a lograr el máximo de votos y que para ello están dispuestos a renunciar a su ideología. A pesar del creciente número de trasvases de un partido a otro, o de que la indefinición ideológica de alguna fuerza política sea su principal característica, los resultados de las elecciones en varios países, incluida España, demuestran que la ideología sigue siendo importante en el diseño de las estrategias electorales. En segundo lugar, estos modelos tienen mucho más sentido en contextos de bipartidismo que en otros más plurales. En tercer lugar, el pragmatismo de estas aproximaciones suele menospreciar la importancia del carisma de los líderes políticos. Si bien nos hemos ido conformando con la creciente llegada de líderes anodinos a los puestos de poder de muchos partidos, las personalidades pueden ser muchas veces más importantes que las ideologías o que, incluso, las propuestas políticas.

Siendo importantes los límites citados, probablemente el mayor es la reducida equivalencia entre el votante mediano y el ciudadano medio. Esta realidad pone en cuestión la validez de la democracia para integrar las preferencias de todos los ciudadanos, al dejar fuera de las reglas de decisión a quienes no participan en las elecciones. Esto no sería un problema si la abstención fuera un hecho aleatorio, pero la realidad es que la abstención es mucho mayor en las zonas donde las familias disponen de menor renta.

En algunos de los barrios más pobres de España, la participación electoral no llega al 20%. Los trabajos de campo en esos entornos muestran la falta de confianza de los ciudadanos más pobres en la democracia y en la utilidad de los partidos políticos para responder a sus necesidades. Están excluidos del empleo, del consumo e, incluso, de las relaciones sociales y de la salud, dimensiones a las que sí pueden acceder la mayoría de las personas que viven en su misma ciudad. Así, en todas las ciudades es posible encontrar una gran brecha entre la participación electoral en las zonas de mayor renta y en las más pobres. Mientras que en calles del Polígono Sur en Sevilla la participación no llega al 14%, en el barrio de Nervión votan cerca de nueve de cada diez electores. En Madrid, apenas lo hace uno de cada diez ciudadanos en la sección electoral del Vertedero de Valdemingómez, frente a más del 85% en secciones del barrio de Salamanca.

El VIII Informe FOESSA, que acaba de publicarse, muestra el estrecho grado de relación que hay entre la exclusión social y la abstención. El Informe revela que esa correlación ha subido en casi todas las ciudades en la última década. La crisis amplió el denominado “precariado político”, formado en buena medida por los expulsados de los trabajos tradicionales que han desaparecido, que son quienes están haciendo crecer los agujeros de la democracia. Entre los más damnificados por la crisis, algunos encontraron una salida en los nuevos partidos, pero una gran mayoría pasó a acompañar a los excluidos tradicionales en la abstención electoral. El resultado es un mayor peso de otros estratos sociales en esos procesos, ampliándose, por tanto, la brecha entre los ciudadanos no sólo en términos de renta sino también en el plano político.

Los fenómenos de exclusión significan un alejamiento de los comportamientos medios. Si los ciudadanos que más necesitan que los decisores públicos les presten atención no votan, sus preferencias dejan de entrar en el sistema. Y si se tiene menos en cuenta una proporción creciente de preferencias sociales, las imperfecciones de la democracia como regla de toma de decisiones serán cada vez mayores. El corolario, como acaban de demostrar Acemoglu y otros, es que a peor democracia no sólo hay mayor injusticia social sino también menor crecimiento económico.

Luis Ayala es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos

(Publicado en El País el 30 de junio de 2019)

“In-Work Benefits”: ¿Funcionarían en España?

La incorporación de nuevas propuestas de subsidios salariales en los primeros bosquejos de programas electorales abre un debate interesante sobre la mejor forma de dar cumplimiento al doble objetivo de potenciar la equidad y la eficiencia del sistema de prestaciones e impuestos. Ciudadanos acaba de proponer un Complemento Salarial Anual Garantizado para trabajadores con salarios bajos y empleos precarios.

En los últimos años, varios países de la OCDE han puesto en marcha políticas que tratar de combinar un aumento de los ingresos y una mayor participación laboral de los trabajadores con rentas más bajas. En términos generales, los in-work benefits (IWB) son prestaciones sociales que se conceden a individuos que trabajan y que reciben ingresos salariales que pueden considerarse bajos o insuficientes. El objetivo de estos instrumentos es intentar evitar la dependencia de los programas públicos, generar incentivos para la incorporación al mercado laboral y reducir el desempleo entre los trabajadores menos cualificados. Aunque de manera general los individuos con salarios bajos son el colectivo principal en el que se piensa al diseñar los IWB, las mujeres cobran especial importancia por ser su participación laboral más elástica, especialmente cuando tienen hijos dependientes. Algunos autores, de hecho, cuando han estudiado el diseño óptimo de estas políticas, resaltan la importancia de considerar la edad de los niños.

Los IWB se presentan en muchos casos como una deducción en la cuota del impuesto sobre la renta por su mayor facilidad para la gestión. Otras veces lo hacen como complementos de los salarios mensuales. Otra posibilidad es una combinación de las dos anteriores. Aunque existen varios trabajos al respecto, no está claro cuál debe ser su diseño óptimo. En una de las aportaciones más populares hasta el momento, Sáez (“Optimal income transfer programs: intensive versus extensive labour supply responses”. The Quarterly Journal of Economics 117, 1039-73, 2002) sugiere que, en los casos en que es deseable que los movimientos se produzcan en el margen intensivo, incrementando las horas de trabajo de aquellos individuos que ya están en el mercado laboral, el mejor esquema es el equivalente a un impuesto negativo sobre la renta con un mínimo garantizado y un tipo elevado. Por el contrario, cuando el interés se centra en el margen extensivo, para incorporar al mercado a trabajadores que están fuera, la opción óptima es un programa del tipo del Earned Income Tax Credit (EITC) estadounidense, cuyo diseño general puede verse en el siguiente gráfico:

GRAFICO 1: Diseño óptimo de un in-work benefit

Grafico EITC

La cuantía percibida como IWB depende del ingreso salarial bruto del individuo u hogar. En una primera fase (phase in en el gráfico) la unidad beneficiaria recibe un porcentaje de la deducción máxima, que en terminología inglesa se conoce con el nombre de phase-in rate, y que en el gráfico viene representado por a. En la fase plateau el beneficiario recibe la prestación completa, y en la fase phase out se le aplica un porcentaje de descuento, conocido como phase-out rate, y que en el gráfico se representa por b. La generosidad del IWB y el porcentaje de “phasing-out” (es decir, la velocidad a la que la prestación deja de percibirse a medida que aumentan los ingresos) deben establecerse en función del objetivo que tenga el gobierno. Si el objetivo principal es aumentar la oferta laboral, una prestación moderada con tasas de descuento relativamente bajas puede ser lo más apropiado. Sin embargo, esto implica que la prestación también la recibirán niveles relativamente altos de ingresos.

Estos esquemas no han estado exentos de críticas. Podrían crear desincentivos en el segmento con salarios justo por encima del umbral que da derecho al cobro del complemento y podrían ser aprovechados por los empleadores para rebajar los costes salariales. Podrían ser poco eficaces, además, si su diseño no está suficientemente focalizado hacia determinadas categorías de la población, más sensibles a los cambios en los salarios y con mayores problemas para alcanzar niveles suficientes de renta.

Son varios los trabajos empíricos que han evaluado las respuestas de los individuos ante cambios en el sistema de prestaciones e impuestos y parece existir cierto consenso en que el Earned Income Tax Credit (EITC) genera incentivos para la incorporación al mercado laboral mientras que los efectos obtenidos en el margen intensivo no resultan tan evidentes. Otros trabajos para el Reino Unido también predicen elasticidades bajas para aquellos que ya están trabajando. Este tipo de evaluaciones, sin embargo, suelen ser parciales al obviar cómo se complementan los IWB con otras políticas, como las de inserción sociolaboral, los salarios mínimos, las prestaciones familiares y muchas otras. Además de afectar a la eficiencia y la equidad, los IWB también pueden tener otros efectos no intencionados. Se han encontrado efectos sobre la composición familiar y la natalidad, sobre la salud física y mental de las madres perceptoras, o, incluso, sobre la autoestima, infelicidad o las relaciones familiares de los hijos adolescentes de las familias perceptoras, aunque en general la evidencia no es concluyente.

¿Cuáles podrían ser los efectos de un IWB para España? Aunque en el Reino Unido y en EE.UU., sobre todo, parecen haber funcionado bien, la experiencia no tiene por qué ser fácilmente trasladable a otros países, con características distintas de su mercado de trabajo y con una distinta presencia y composición de los trabajadores con baja renta.En nuestro país no se han desarrollado IWB equivalentes a los de los países comentados. Como en la mayoría de países mediterráneos, las principales políticas de empleo no se han destinado a individuos que ya tienen una ocupación. Por otro lado, para el apoyo a las familias con hijos el mecanismo tradicional han sido las reducciones de la base imponible del IRPF.

Quizás lo más parecido a una política con estas características es la deducción por maternidad de 100 euros que lleva vigente desde el año 2003, aunque sin un propósito redistributivo. Las mujeres con hijos pequeños tienen derecho a recibir 1.200 euros anuales si hacen la declaración de IRPF o 100 euros al mes, si se solicita como una prestación libre de impuestos. En ambos casos es obligatorio estar trabajando y cotizando a la Seguridad Social y la cuantía percibida en caso de cotizar menos de 100 euros mensuales o 1.200 anuales se restringe a lo cotizado. Los análisis que se han hecho de la deducción por maternidad no son abundantes pero, en general, parecen mostrar un limitado efecto redistributivo y su cuantía no parece incentivar una mayor participación laboral. Sí parece, sin embargo, que ayuda a limitar el impacto negativo de la estructura del IRPF, que a través de la declaración conjunta concede un tratamiento favorable a las familias donde uno de los cónyuges no trabaja.

Una alternativa sugerente podría ser reemplazar esta deducción por un IWB y dedicar los recursos actuales al nuevo esquema. Mila Paniagua, del Instituto de Estudios Fiscales, y yo mismo hemos evaluado el posible impacto de esta propuesta a través de un modelo de microsimulación que incorpora cambios en la oferta de trabajo. En nuestros supuestos, por cada hijo menor de tres años se percibiría una cantidad que variaría en función del salario de la mujer. Si su salario fuera inferior a 300 euros, recibiría un porcentaje de esa cantidad. Si su salario estuviera comprendido entre los 300 y los 700 euros, la cantidad percibida sería constante e igual a 320 euros. Entre 700 y 1.000 euros se aplicaría una tasa de descuento y, finalmente, a partir de 1.000 euros dejaría de percibirse la prestación. Los resultados muestran que esta reforma, que no tendría costes presupuestarios, podría mejorar las transiciones desde la inactividad a la participación laboral, reduciendo la pobreza moderada y, sobre todo, la más severa.

Parece, en cualquier caso, que la posible eficacia de un instrumento de esta naturaleza para reducir la desigualdad y la pobreza dependerá, en buena medida, de un diseño adecuado para afectar a los colectivos con menor cualificación y salarios y de cómo se complemente con otras reformas del sistema de prestaciones e impuestos, siendo necesarias medidas adicionales para dar respuesta al problema de los hogares sin ingresos y al de unas prestaciones familiares muy por debajo de la media europea.

La medición relativa de la pobreza

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2011 y el avance de resultados para 2012. Los indicadores básicos de pobreza y desigualdad que habitualmente se construyen con la información de esta encuesta han sido objeto de atención por diversos medios de comunicación. De su evolución se deduce que la crisis ha ampliado la brecha entre los hogares ricos y pobres y que los niveles actuales de ambos fenómenos son los más altos de las últimas décadas.

Un dato controvertido, sin embargo, es el avance publicado por el INE de que en 2012 la pobreza habría disminuido levemente respecto al año anterior. Un resultado sorprendente, dado que todos los indicadores de contexto –crecimiento del desempleo, recortes en servicios básicos para el bienestar social o agotamiento del derecho al cobro de los principales subsidios– invitan a pensar, en todo caso, en un posible aumento del riesgo de pobreza. No hay fundamentos que justifiquen este cambio, lo que obliga a centrar la atención en la forma habitual de cálculo de estos indicadores.

En la mayoría de los países de la OCDE, la pobreza se mide de forma relativa. Es decir, más que partir de un umbral absoluto, ligado a un mínimo de subsistencia, o al gasto necesario para satisfacer necesidades básicas, la pobreza se mide en función del nivel medio de vida de cada sociedad. El procedimiento más habitual es tomar como umbral un porcentaje de la mediana (mejor que la media, para evitar el efecto de las rentas extremas y los valores anómalos) de la distribución de la renta. La Comisión Europea, por ejemplo, adoptó hace años como estándar un umbral equivalente al sesenta por ciento de la mediana de la renta.

Interpretar los efectos de los cambios de ciclo con umbrales relativos de pobreza es una tarea complicada. Piénsese que si crecieran las rentas de todos los hogares en la misma proporción la tasa de pobreza, medida de esta forma, no cambiaría. Estos umbrales, por definición, crecen en las etapas expansivas y se reducen en las recesivas. Ello dificulta, salvo que se den cambios importantes en la distribución de la renta, la reducción de la pobreza en los períodos de bonanza, mientras que suaviza su aumento en las crisis.

En el caso de la economía española, la caída de las rentas de los hogares ha hecho que el umbral descienda desde los casi 8.000 euros para una persona sola en 2009 a algo más de 7.300 en 2012, en términos nominales, lo que ya de por sí indica un empobrecimiento medio de la sociedad. Un efecto natural es que los individuos u hogares con rentas más o menos estables justo por debajo del umbral, “saltan” por encima de éste cuando caen las rentas del resto de la población. Es el caso, sobre todo, de las personas mayores de 65 años, para las que el INE ha adelantado una tasa de pobreza del 17% en 2012, muy alejada del 31% de 2006.

Una vía alternativa a la consideración de umbrales absolutos o relativos sería “anclar” un umbral relativo en un año dado y actualizarlo teniendo en cuenta únicamente los cambios en el coste de la vida. Si partiéramos, por ejemplo, del umbral anclado en 2005 actualizado por el IPC, el crecimiento de la pobreza en la crisis resulta mucho más abultado que con los umbrales habituales. Tras un mínimo del 13,8% en 2009, ese indicador ascendió al 17,6% en 2010 y al 21% en 2011.

Parece necesario, por tanto, complementar el procedimiento tradicional con otro tipo de medidas si se quiere un retrato más ajustado de la pobreza en un contexto de condiciones macroeconómicas tan cambiantes. En esta línea, uno de los principales avances ha sido la consideración de enfoques multidimensionales, en los que a través de medidas sintéticas se resumen los cambios en las condiciones de vida y el equipamiento de los hogares. Los indicadores de privación múltiple muestran un deterioro mayor de las condiciones de vida de los hogares españoles en la crisis que los de pobreza monetaria, al aumentar la privación material severa más de un 30% desde 2007. La propia Comisión Europea ha pasado a utilizar un índice más amplio de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, conocido como AROPE por sus siglas en inglés (at-risk-of poverty and exclusion). Este indicador fue creado en el marco de la Estrategia Europa 2020 y combina la incidencia de la pobreza relativa con el porcentaje de hogares que carecen de ciertos bienes o padecen diferentes problemas sociales, y con la intensidad del empleo en el hogar, a partir de la relación entre las horas efectivamente trabajadas y las potenciales.

Otro posible procedimiento, que revela, en este caso, una forma de pobreza muy severa, casi absoluta, es la estimación del porcentaje de hogares sin ingresos. El aumento de las necesidades sociales puede estimarse a partir de las cifras de hogares sin ingresos del trabajo ni de prestaciones de desempleo o de la Seguridad Social que ofrece la Encuesta de Población Activa. Tal indicador se utiliza de forma cada vez más habitual como aproximación a situaciones de pobreza muy severa. Su evolución revela un recrudecimiento sin precedentes de las situaciones de carencia de ingresos. Desde unos valores en vísperas de la crisis cercanos al 1,7% del total se ha pasado (EPA, tercer trimestre de 2012) a la cota máxima de los últimos veinticinco años (3,6%). En términos del número de hogares afectados, el saldo de la crisis es demoledor: se ha pasado de algo más de 300.000 hogares a 600.000. La duplicación del número de hogares en esta situación de gran necesidad es, sin duda, uno de los indicadores más duros de los efectos de la ralentización de la actividad económica y la destrucción de empleo.

Conviene, por tanto, ampliar las perspectivas en el uso de indicadores que ayuden a describir y caracterizar fenómenos tan complejos. Especialmente, en un contexto en el que la vulnerabilidad creciente de varias categorías de la población obliga a utilizar con precisión los indicadores disponibles e inferir de ellos posibles actuaciones que intenten evitar un deterioro mayor de nuestros niveles de bienestar social.

Desigualdad y austeridad: ¿Más leña al fuego?

El desarrollo de la crisis ha tenido consecuencias ciertamente drásticas sobre el reparto de la renta entre los ciudadanos españoles. Mientras que los indicadores más básicos de desigualdad apenas han cambiado para el promedio de la Unión Europea desde 2007, España, que ya partía de niveles considerablemente más altos, ha sufrido uno de los mayores aumentos de las diferencias económicas entre los hogares. La pobreza monetaria, que había permanecido prácticamente estancada en nuestro país durante los quince años anteriores a la crisis, ha pasado a afectar a más de uno de cada cinco hogares. La magnitud de este cambio es la mayor desde que disponemos de datos anuales sobre los ingresos y las condiciones de vida de la población española. Los indicadores sobre la proporción de hogares que no reciben remuneraciones del mercado de trabajo, prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social, que regularmente ofrece la Encuesta de Población Activa, alcanzaron su máximo histórico hace más de un año y no han dejado de crecer desde entonces.

Las razones de este empeoramiento del panorama distributivo son varias y obedecen a factores que van más allá del cambio de ciclo económico. En primer lugar, persiste un problema económico básico ligado a una estructura productiva poco competitiva. En las últimas décadas, la creación de empleo ha estado muy ligada a sectores muy cíclicos y la evidencia nos muestra que necesitamos tasas relativamente altas de crecimiento del PIB para crear nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, tenemos un grave problema estructural de desigualdad y vulnerabilidad. Ya antes de la crisis existía un porcentaje de población muy amplio con rentas sólo ligeramente superiores al umbral de pobreza y muy dependientes del efecto de arrastre que había tenido la expansión de determinadas actividades económicas. En tercer lugar, no hemos sido capaces de consolidar una red de protección suficientemente sólida, enfrentándonos a la crisis con un sistema de garantía de ingresos muy fragmentado, con importantes lagunas en su cobertura y con grandes desigualdades territoriales en la respuesta ofrecida a las situaciones de insuficiencia de los ingresos.

Especialmente preocupante es el problema de la desigualdad estructural en el seno de la sociedad española. El nivel de concentración de las rentas de capital es de los mayores de la Unión Europea y nuestras desigualdades salariales son ciertamente elevadas en el contexto comparado, con una alta incidencia del trabajo de bajos salarios. Ya antes de la crisis se había alcanzado el máximo histórico en las tasas de pobreza de los ocupados. Nuestra movilidad de ingresos es, además, reducida, marcada por abundantes transiciones entre los hogares en la parte baja de la distribución de la renta y mucho más limitadas en la parte alta. Aparte de estos rasgos estructurales, la desigualdad en la renta disponible de los hogares se ha ido alejando de la media de los países más ricos por la debilidad de las políticas redistributivas. Junto a la persistencia de una brecha histórica en términos de gasto social no sólo respecto a la Unión Europea sino a lo que debería corresponder a nuestro nivel de renta, las reformas tributarias desarrolladas desde mediados de los años noventa hasta la crisis apostaron por la reducción de los tipos impositivos, lo que supuso una menor capacidad de redistribución.

El resultado de estos procesos fue que la desigualdad y la pobreza dejaron de disminuir en España desde principios de los años noventa, rompiéndose una tendencia histórica tanto de reducción continuada de ambos fenómenos como de acercamiento a los niveles medios de la Unión Europea. En lo cualitativo, la consecuencia fue el mantenimiento prolongado de situaciones de vulnerabilidad relativamente ocultas bajo la ola expansiva, mientras se iba reduciendo la capacidad de los principales instrumentos para transformar esas situaciones. La crisis, por tanto, no ha supuesto una ruptura con los procesos previos. Al agotarse el período de bonanza económica, los altos niveles de vulnerabilidad se han transformado, en un porcentaje importante, en situaciones de pobreza y exclusión social. No hay un antes y un después en las razones de fondo, aunque sí lo hay, por supuesto, en la magnitud de las cifras y en la incidencia de los problemas sociales.

Sí es un elemento de novedad, sin embargo, respecto a anteriores etapas del proceso distributivo el posible efecto que podrían tener las políticas de austeridad presupuestaria en este contexto de notable crecimiento de la desigualdad. El habitual alegato de que los ciudadanos compartan los costes de la crisis no se corresponde con la falta de neutralidad de estas políticas en términos distributivos. Ya sea a través del efecto directo que pueden tener los recortes de prestaciones y servicios o por la caída de la producción y el empleo derivada del recorte del gasto público, las llamadas medidas de austeridad podrían exacerbar la tendencia al aumento de las diferencias sociales. Corremos el riesgo de que en un breve plazo se evaporen algunos de los logros que exigieron grandes pactos sociales y un dilatado período para su consolidación.

Afirmar que puede existir una relación entre las medidas de austeridad y el posible aumento de la desigualdad no es un posicionamiento ideológico. Baste recordar cómo la severidad del ajuste fiscal en otros países en períodos anteriores, especialmente en el ámbito anglosajón, alteró sustancialmente el panorama distributivo. En el caso español, hay tres constataciones que alertan sobre la gravedad de las posibles tendencias. La primera es que en esta crisis el mayor ajuste se ha producido en las rentas de los hogares con menores recursos. La experiencia española reciente es casi un ejemplo de manual de lo que es una evolución regresiva de la renta. Mientras que entre 2006 y 2010 los ingresos del cinco por ciento de la población con rentas más bajas cayeron cerca de un 9% anual en términos reales, el crecimiento correspondiente al cinco por ciento más rico fue el mayor de toda la población. Además de desmentir el estereotipo de que los costes de la crisis se han generalizado a todas las capas sociales, el hundimiento de las rentas más bajas ha hecho que la pobreza severa crezca velozmente, quebrándose la tendencia de las cuatro últimas décadas.

En segundo lugar, la experiencia de lo que sucedió en anteriores fases recesivas en España, como la de los primeros años noventa, nos alerta de la posibilidad de que incrementos transitorios de la pobreza y la desigualdad se conviertan en crónicos en el largo plazo. A pesar de la prolongada recuperación económica de los años posteriores no volvieron a alcanzarse los niveles anteriores a ese episodio recesivo. En tercer lugar, frente al aserto habitual de que el bienestar social se recuperará si lo hacen la actividad económica y el empleo, los datos son contundentes: las estimaciones de la relación entre el ciclo económico y la pobreza muestran una acusada asimetría en la respuesta de ésta a las recesiones y a las expansiones, siendo mucho más sensible a las primeras. Volver, por tanto, a altas tasas de crecimiento del PIB no garantiza que los problemas de insuficiencia de ingresos de un segmento importante de la sociedad española vayan a reducirse drásticamente.

Evitar el aumento de la desigualdad y las posibles tensiones sociales asociadas a los procesos de fragmentación social exigiría no sólo dar respuesta a las necesidades impuestas por la crisis sino también a los problemas estructurales de nuestro modelo social. Rebajar la severidad de las nuevas formas de pobreza requeriría no sólo mantener lo que había antes de la crisis, ahora insuficiente, sino aumentar los niveles de gasto social. Si no se añaden, por tanto, criterios de equidad mucho más exigentes a las medidas de austeridad nos arriesgamos a convivir en el futuro con diferencias sociales muy altas no sólo en el contexto comparado sino en lo que ha sido nuestra trayectoria en las cuatro últimas décadas.

(Publicado en El País 10-05-2012)

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Entre los posibles costes de los procesos electorales uno no desdeñable es la introducción de alarmas sociales que sin contraste suficiente terminan calando en la opinión pública. Con motivo de la celebración de las elecciones en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos una de las cuestiones que más ha encendido un debate más bien insulso ha sido la reivindicación por parte de determinados sectores políticos de un control más exhaustivo –para algunos, una reducción– del acceso de los inmigrantes a algunos servicios públicos básicos. Se sostiene, para fundamentar tal afirmación, que el saldo fiscal de la inmigración es negativo.

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