Prioridad olvidada

Como ocurrió en las dos campañas electorales consecutivas durante 2019, al formarse el Gobierno tampoco la política exterior ha merecido subirse al estrado de las prioridades. Ninguna propuesta programática consistente, ninguna referencia llamativa: los problemas domésticos más perentorios —desde la situación catalana hasta la reforma educativa, desde la fiscalidad y las pensiones a la reforma laboral, desde los presupuestos a la renovación de los órganos institucionales— o los que no lo son tanto —reformas en los modos de vida, hábitos de consumo y moralidad, que de todo hay— acaparan la atención. Ensimismamiento: desentenderse del mundo exterior, ignorarlo.

Mal asunto. Es dar la espalda a un escenario determinante para los intereses de toda la nación, y justo cuando en él se registran movimientos y tensiones globales de enorme alcance, también para nuestro futuro, a la vez que el momento de la Unión Europea exige especial cuidado para no perder oportunidades. Está en juego, dicho de otro modo, no solo nuestro posicionamiento como potencia media —el “lugar en el mundo”— ante los profundos cambios que la globalización económica y la geopolítica internacional están imponiendo aceleradamente; también la presencia de España, en términos de influencia real y de prestigio, en el día a día de una Unión Europea que hoy está completando sus equipos directivos para los próximos cinco años al tiempo que ha de abrir de inmediato la negociación de la futura relación con el Reino Unido.

La parálisis política padecida ha reducido necesariamente nuestro margen de maniobra, y tanto en lo general como en lo particular. Será arduo combatir el desgaste reputacional que está infligiendo a España el independentismo catalán en muchos foros y ámbitos, difundiendo un relato antiespañol que el vacío gubernamental no ha sabido contrarrestar. En el acontecer diario más próximo, dos aplazamientos muy recientes sirven de botón de muestra de ese no hacer: uno, la primera reunión prevista entre España y el Reino Unido para estudiar las particularidades del Brexit sobre Gribaltar; otro, la fecha en que Michel Barnier visitará la Moncloa para conocer en persona los planteamientos de España en la mesa negociadora en la que él nos representará. Y queda muy poco tiempo para incorporar nombres nuestros al staff —direcciones generales, gabinetes, etc…— que asumirá la gobernanza europea durante un lustro; en la anterior etapa, eran tres jefaturas de gabinete las desempeñadas por españoles: del propio Juncker, del presidente de la Eurocámara y del comisario Arias Cañete, mientras que ahora —por ahora— solo la de Borrell. Cada pieza perdida en ese organigrama redundará en una merma apreciable de capacidad en defensa de nuestros intereses.

Tajo tiene por delante, desde luego, la nueva Ministra, comenzando por recuperar para el objeto de sus competencias la centralidad que requiere la proyección exterior de España, la buena imagen que merecen economía y sociedad, empresas y creaciones culturales, la democracia avanzada que se ha construido en cuatro intensos decenios. Credenciales profesionales no le faltan, ciertamente, a González Laya. Y tampoco convicción: “España necesita un proyecto de país”, dijo hace poco en RNE, declarándose al tiempo partidaria de “grandes consensos nacionales” sobre los principales desafíos. Ojalá eso fije el rumbo. Manos la obra, en todo caso, sin perder más tiempo.

UE, 2020: muchos deberes

Se despide el año dejando para el que viene una nutrida relación de tareas. Deberes para hacer, y algunos con plazos perentorios. Parecía hace doce meses que 2019, además de acoger aniversarios “redondos” de acontecimientos que han marcado la historia europea de todo el siglo XX, aportaría los días suficientes para desbloquear situaciones antes enquistadas. Entre aquellos, el centenario del Tratado de Versalles, los ochenta años del comienzo de la II Guerra Mundial, o los treinta de la caída del Muro de Berlín. A su vez, la previsión era que, tras casi dos años previos de tiras y aflojas, al término del primer trimestre de 2019 (29 de marzo) se acordaran y ratificaran las condiciones de salida del Reino Unido; también que, después de las elecciones parlamentarias de mayo, la nueva Comisión quedara pronto formada, comenzando a correr el reloj para su trabajo mediado el otoño (1 de noviembre). Así, 2019, año de pertinentes conmemoraciones, marcaría un punto descollante en la trayectoria de la UE.

Pero como los cometidos asignados a 2019 solo se han podido cumplir a medias, el próximo año arrancará con un buen fardo a sus espaldas. Por una parte, el Brexit. Prorrogada en dos ocasiones la fecha inicialmente fijada, será el 31 de enero de 2020 cuando la decisión de salir del club, ya ratificada por Westminster, se haga efectiva, abriéndose entonces la fase de negociaciones para acordar los términos de la futura relación (¡no solo comercial!). Un empeño que requerirá toda la máxima intensidad. El plazo establecido para realizarlo terminará, si no se solicita ampliarlo, con el año, es decir, se dispondrá solo de once meses. Un tiempo casi ridículamente escaso dada la experiencia reciente que aportan los tratados de libre comercio firmados por la UE con Canadá, Japón o Singapur, que tardaron entre siete y diez años en estar listos para la firma. Ardua tarea: el hasta ahora socio negociará como competidor potencial, y el hasta ayer amigo amagará ser rival (con la inestimable ayuda de Trump, démoslo por supuesto).

Por su parte, la Comisión, al retrasar su puesta a punto, también va a volcar sobre la primera mitad de 2020 parte del trabajo obligado. La demora, en este caso, ha obedecido a una buena razón: el exigente examen —competencia y compatibilidad, ¡las dos cosas!— al que ha sometido el Parlamento europeo a las personas designadas por los distintos Estados para integrar el Colegio de comisarios. El resultado, como fuere, ha sido perder largas semanas en echar a andar.

Tal vez eso ha contribuido a la apuesta apremiante que el nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen se ha dado para poner las bases de las políticas a desarrollar en el próximo quinquenio, comprometiéndose a presentar un plan de acción detallado en sus primeros 100 días. Una tarea que también requerirá máximo esfuerzo, pues los objetivos propuestos son producto de una gran ambición. La ambición que confesó quien preside la Comisión al dirigirse el pasado 27 de noviembre al pleno del Europarlamento: “si hacemos bien nuestro trabajo, la Europa de 2050 será el primer continente neutral en emisiones de carbono, una potencia en el ámbito digital, la economía que mejor hará para equilibrar mercados y aspectos sociales, y a la cabeza de la resolución de problemas a nivel mundial”. Que así sea.

Polarización: “vade retro”

Partidos políticos y medios de comunicación apuestan, un día sí y otro también, por una sociedad española escindida en bloques antagónicos, en mitades separadas por una línea de fractura insalvable. Quizá así el activismo político —al acudir a la épica o llamar a rebato— gane adhesiones; por su parte, los informadores, al simplificar el análisis de unas u otras situaciones, vean facilitado su trabajo (ejemplo bien ilustrativo: la presentación de resultados por TVE en la noche electoral, desde el primer minuto del recuento hasta el cierre de la emisión, subrayando el supuesto antagonismo con marcados colores diferentes, rojo y azul, por si no quedaba claro). Pero es un planteamiento que no responde a la realidad ni ayudará a afrontar los problemas que tenemos por delante.

Con todos los matices que se quiera, el 10N ha vuelto a expresar la decantación ideológica que la sociedad española mantiene desde las primeras elecciones en democracia: una amplia mayoría a favor de posiciones de centro izquierda o de centro derecha, representadas por los dos grandes partidos que se han alternado en el Gobierno de la nación desde entonces. Ni el desplome de Ciudadanos ni el ascenso de Vox contradicen tal percepción. En el primer caso, el acento que aquellas mayoritarias formaciones han puesto en su perfil más moderado durante la campaña, ha recortado el terreno del que disponía antes el partido que se definía propiamente de centro; y en el caso de la extrema derecha, no tardará en saberse cuánto tiene de reactivo —y, por tanto, de no permanente— el alto porcentaje de votos ahora obtenido, al catalizar un momento de miedo e indignación.

La conformación de bloques parlamentarios polarizados y enfrentados, además de no reflejar fielmente el espectro de la opinión pública, no es la mejor receta para afrontar los principales desafíos que hoy están planteados. Algunos de estos no admiten demora:

  • Cataluña y la organización territorial del Estado.
  • La desaceleración económica, desemboque o no en crisis, que puede profundizar problemas arrastrados todavía desde la Gran Recesión.
  • La reestructuración del sistema de pensiones y de bienestar social, con el telón de fondo de una demografía que reclama una atención que hasta ahora no se le presta.
  • El esfuerzo en educación, investigación e innovación, para no perder pie en esta nueva fase de la revolución tecnológica asociada a la robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial, con efectos determinantes sobre la productividad de nuestro tejido productivo.
  • El posicionamiento en el nuevo ciclo de la Unión Europea que ahora se abre, dado que la proyección internacional de España pasa por aprovechar las oportunidades en el cambiante escenario de la UE.

No son desafíos menores. Requerirán no solo Gobierno estable sino también con “autoridad suficiente”, como se ha dicho ajustadamente; la “auctoritas” que no conferirá de ningún modo una escisión bipolar en el parlamento y la captura sectaria de las instituciones que acaba siendo consustancial a ese antagonismo. La situación demanda solvencia y firmeza, una mayoría fuerte y estable para vencer inercias y adoptar decisiones difíciles, desatascando el necesario proceso de reformas.

Es tarea que a todos nos compete; no solo a los políticos, también a la sociedad civil, bien como impulsora, bien como instancia vigilante: para que algunos puedan dormir, otros tienen que velar su sueño.

Efectos no deseados

El buen gobierno es el que anticipa acontecimientos, el que prevé las consecuencias de unas u otras decisiones y pecan de irresponsabilidad los gobernantes que no lo hacen, aunque se afanen después en contrarrestar efectos muchas veces tan indeseados como imprevistos. Nadie lo dudará hoy a la vista del laberinto del Brexit y de la situación en Cataluña.

Allí, a partir de un debate infructuoso en el seno del Partido Conservador, todo empezó por la frívola apuesta –más producto de un “impulso ludópata” que de una decisión meditada– de un primer ministro que se jugó el futuro de su país a la única carta de un referéndum (Areilza). El recurso a la democracia directa y una opción binaria para dirimir un tema de enorme complejidad y trascendencia; una consulta “divisiva y tóxica” –lo dijo en su día el propio Boris Johnson- que arrojó un resultado inesperado: por estrecho margen, los votos se decantaron a favor de la nostalgia del siglo XIX –un Estado plenamente soberano, con memoria aún de la época imperial- frente a las promesas y los riesgos del siglo XXI, como supo resumir con brillantez Joschka Fischer.

Desde entonces, tres años de idas y venidas, de amagos y desmentidos, de fanfarronerías –“Brexit is Brexit”, ¿se acuerdan? –y dimisiones; lo que podría tildarse de “vodevil político” si no tuviese las consecuencias perversas que está acarreando en el propio Reino Unido: menoscabo de prestigio mundial, debilitamiento de la vertebración territorial y de la cohesión social, una opinión pública marcadamente tensionada, pérdida de atractivo para inversiones y talento, apuntes de crisis del sistema constitucional dadas las repetidas y duras refriegas entre Parlamento y Ejecutivo. Nada de ello estaba previsto: costes de la irresponsabilidad.

Tan altos y tan visibles que sin duda actuarán como contraejemplo para otros que pudieran sentir la tentación de abandonar la Unión Europea. Frente a quienes pronosticaban –y alentaban, léase presidente Trump- “efecto imitación” y sucesivos intentos de divorcio, el Brexit no solo ha conseguido que los 27 cierren filas, sino también retomar proyectos de integración antes aparcados. “Vacuna” en vez de “epidemia”, “argamasa” en vez de “dinamita”, en definitiva: tampoco lo pensaron los aprendices de brujo.

Aquí, entre nosotros, aunque las raíces sean alargadas, la atracción al vértigo se hizo más patente en el otoño de 2017, con una temeraria Declaración Unilateral de Independencia como remate de pasos previos –el “procés”–, sin reparar tampoco en su alcance. Desde entonces, la tortuosa senda que todos padecemos. No quiero detenerme ahora en el reparto de culpas entre quienes en su momento pecaron por acción o quienes lo hicieron por omisión. Importa subrayar los efectos perniciosos que se han derivado para toda España y, en particular, para Cataluña: fractura social, retracción empresarial, pérdida de oportunidades, menoscabo reputacional e indisimulable crisis institucional, ya antes pero sobre todo después de las jornadas de violentísima “kale borroka” en las calles de Barcelona. ¿“Ulsterización de Catalunya”? Consecuencias del mal gobierno, en todo caso. Ojalá sirva también de contraejemplo. La democracia española es una democracia curtida, pero cuantos menos zarandeos, mejor.

Asimetrías y contrastes

Ciertas llamativas disonancias ayudan a valorar el momento de España al comienzo de este otoño, tan cargado de vaticinios agoreros.

Comencemos por lo asimétrico, ya saben: falta de correspondencia en forma, tamaño o posición de las partes de un todo. En dos planos se hace muy evidente. Primero el que distingue entre sociedad y política. Tenemos una buena sociedad y una praxis política mediocre, por decirlo sin rodeos. Un país con músculo empresarial, como lo demuestra el continuado desempeño de nuestras grandes firmas en unas y otras latitudes; con alta reputación internacional para sus mejores científicos, no solo los consagrados, también quienes son hoy promesas: véase la estudiante de Medicina en la Universidad del País Vasco que acaba de ser galardonada en el certamen más importante del mundo en ciencia y tecnología, organizado por el MIT; con prestigiosos museos y artistas; con excelente nivel competitivo en deportes, tanto de protagonismo individual como de equipo, y septiembre ha sido pródigo en logros: Nadal, Mundial de baloncesto, Marc Márquez, Carolina Marín, europeo paraolímpico…; un país, en suma, con un tono ciudadano que tiene muchas facetas y dimensiones ciertamente elogiables. Nada parecido en el ámbito de la política, donde sus principales actores parecen “secuestrados” —la metáfora es pertinente— por enfrentamientos obsesivos y puro tactismo, desatendiendo un tiempo cargado de novedades y retos. Marcada asimetría.

Como notoria es también la que ofrecen en su proyección exterior la economía española y la acción estatal extramuros. Reparemos solo en lo más reciente: mientras los bonos españoles consiguen mejorar su nota en las agencias de calificación de deuda —S&P y DBRS—, la influencia internacional de España no sube escalones, con riesgo claro de ver mermada incluso su posición secundaria en el siempre difícil juego de equilibrios europeo, ahora que Italia aspira con recobrado brío a ocupar un sitio preferente, con dos de los suyos colocados en lugares prominentes: presidencia del Europarlamento y cartera de Economía. El ensimismamiento de nuestra clase política se traduce en pérdida de oportunidades, alto coste que no atenúa, desde luego, la labor —“patética”— de la Secretaría de Estado de Comunicación.

A su vez, algún contraste —es decir, contraposición o diferencia notable— resulta clamoroso. Frente a los casi cinco meses —desde el 28 de abril– que aquí se han consumido para verificar la incapacidad de lograr acuerdos de investidura y gobierno a través de alguna combinación entre unos pocos partidos, muy cercanos entre sí ideológicamente algunos de ellos, solo un puñado de semanas ha necesitado la recién elegida presidenta de la Comisión Europea para proponer la nueva composición de esta, reuniendo la participación de socialdemócratas, conservadores, liberales, verdes e independientes, hombres (14) y mujeres (13) cuya procedencia cubre todo el plural y muy diverso espectro nacional que forma la UE. Y, aunque casual, la coincidencia no pudo ser más lacerante: el mismo día en que Úrsula von der Leyen presentaba ese nuevo Colegio de Comisarios y hacía hincapié en las tareas prioritarias para los próximos años: cambio climático y transición energética, innovación y economía digital, calidad institucional y adhesión ciudadana, ese mismo 10 de septiembre nuestro Tribunal Supremo informaba sobre el calendario que seguiría para la deliberación sobre el recurso de la familia Franco contra la decisión del Gobierno de exhumar al dictador.

¡Ha comenzado el otoño!

Elecciones (y lecciones) europeas

Muchas han sido las voces que han tildado de “tortuoso” el proceso de elección de quién sucederá a Juncker al frente de la Comisión Europea el próximo 1º de noviembre, y no menos las que han detectado graves “fracturas” y “bloqueo institucional” en la UE cuando ha debido procederse a la designación de candidato para dirigir el Fondo Monetario Internacional. El pesimismo cotiza al alza en el mercado.

Es plausible, sin embargo, otra mirada sobre lo sucedido. En el caso de Ursula von der Leyen merece destacarse, por lo ejemplar, dos hechos. Primero, el esfuerzo que esta ha hecho y la capacidad que ha demostrado en elaborar un programa de gobierno para ganar la adhesión de la mayoría del parlamento de Estrasburgo, muy fraccionado y en el que casi un 60 por ciento de los eurodiputados lo son por primera vez; un programa prometedor y ambicioso —transición energética, economía y mercado de trabajo, igualdad de género, Estado de derecho, inmigración, política exterior, refundación democrática y Futuro de Europa—, que no elude concreciones en cada uno de sus capítulos; un programa pactado con los grandes grupos de la Cámara: conservador, social-demócrata y liberal, incorporando, a la vez, preferencias de otros (verdes, principalmente). Un “verdadero programa de gobierno”, pues, nada parecido a cierto “regateo de trilería” más cercano.

Segundo, la presentación ante el pleno, con un discurso tan brillante como medido, tan riguroso como emotivo, determinante para decantar los últimos votos necesarios. No lo tenía fácil cuando fue propuesta por los jefes de gobierno europeos, alterando la pauta —no poco discutida— de los spitzenkandidaten, pero esta mujer (Bruselas, 1959), perteneciente a la generación de hijos de los primeros funcionarios europeos en la capital comunitaria, lo consiguió. Y todo en apenas catorce días, tómese también nota. La votación, por supuesto, fue reñida, como en todo foro plural donde el voto no obedece a rígidas disciplinas colectivas: un dato más a favor de una elección promisoria.

Por su parte, la elección de Kristalina Georgieva, también ofrece aspectos reseñables y aleccionadores. Por lo pronto, la diligencia con que se ha procedido: el 2 de agosto, solo cinco días después de abrirse el plazo por parte del FMI para registrar nominaciones de candidatos —plazo que terminará el 6 de septiembre—, la UE aportaba este nombre. El de una mujer (Sofía, 1953) que, tras la inicial vivencia en la cerrada Bulgaria comunista, es poseedora hoy de sobresalientes credenciales de alta gestión en el ámbito supranacional, ya en el Banco Mundial, ya en la propia Comisión Europea. Pero no solo es cuestión de calendario. En las tres semanas precedentes se desarrollaron intensas negociaciones entre los Gobiernos, hasta acordar los cinco potenciales candidatos con más apoyos, momento a partir del cual —luz y taquígrafos en abundancia— los ministros de Finanzas buscan un consenso que, al no formarse y después de sucesivos autodescartes, obliga a elegir, mediante votación no secreta, entre los dos finalistas. Ni se apuran los plazos, ni se juega al ratón y al gato entre bastidores (¡qué contraste con lo nuestro!). Doble mérito, en fin, tratándose de la complejidad consustancial a la UE, todo un OPNI, esto es, objeto político no identificado, ajeno a las figuras convencionales de los manuales de Derecho Constitucional, como gustaba decir aquel buen conocedor y leal servidor suyo que fue Jacques Delors.

Divino tesoro

La estabilidad política —como la salud personal— es un precioso bien que solo valoramos de verdad cuando se pierde. Por eso ahora es una demanda unánime hacer lo necesario para recuperarla: para que no se frustren oportunidades a nuestro alcance (como la “histórica de la revolución digital”, lo ha advertido hace unos pocos días Álvarez-Pallete), si se bloquean medidas imprescindibles, y algunas de política económica no deben esperar más.

Se trata, en efecto, de “recuperar”. Porque el rasgo más acentuado de la democracia española durante más de tres decenios, desde la primera legislatura con gobiernos del PSOE, en los años ochenta, hasta la mitad de la década que pronto acabará, ha sido precisamente la estabilidad política en el marco, a su vez, de una sobresaliente estabilidad institucional, con la Corona —al César lo que es del César— en la cúspide de un edificio que ha demostrado, ante creyentes e incrédulos, solidez, y más notoriamente cuando se le ha intentado derribar de una u otra forma. Su combinación con el otro componente clave de un fecundo tercio de siglo para la economía y la sociedad españolas, Europa como estímulo y exigencia, explica muchos de los logros conseguidos. Interacción virtuosa: la estabilidad política e institucional ha facilitado el acceso, primero, y la interlocución, después, con la UE, y la permanente referencia europea, compartida por los distintos grupos y partidos políticos, ha actuado de aglutinante, contribuyendo así, y no en menor medida, a la estabilidad.

No es cuestión solo, aunque también, de formaciones gubernamentales duraderas (como fueron las que se sucedieron entre el final de 1982 y el de 2015); se trata, sobre todo, de cultura negociadora, de búsqueda de puntos de coincidencia, de primar los intereses generales sobre los de parte (o partido). De voluntad de acuerdo: el acuerdo como destilado democrático, no como cesión vergonzante; la cultura negociadora que implica también capacidad de gestión de los desacuerdos, de los desencuentros. Lo que hizo posible, valga como ejemplo, resistir y finalmente derrotar al terrorismo o pactar un sistema de pensiones; y, con mirada más abarcadora, lo que constituyó la tónica de los mejores años de la España democrática, con tan buen haber en su cuenta: la afirmación de un régimen de libertades plenamente homologable en el mundo occidental, un extenso tejido empresarial con alto grado de internacionalización, multiplicadas dotaciones de infraestructuras técnicas y equipamientos sociales, y una mejora sustancial de las condiciones de vida, con la cobertura de un asentado Estado del bienestar.

Justo lo que desde las elecciones de diciembre de 2015 se viene echando en falta, cuando el escenario político se llena de “líneas rojas” y “vetos”, figurantes ciertamente ajenos a la esencia de la democracia, más bien propios de situaciones de belicoso enfrentamiento, con el resultado de mantener el clima de incertidumbre dominante. La incertidumbre política que, al igual que las perturbaciones financieras (ha vuelto a subrayarlo el Banco de España) afecta marcada y significativamente al crecimiento económico, retrayendo la actividad inversora y reduciendo, más pronto que tarde, la propensión al consumo de los hogares.

Reclamemos, pues, líderes con suficiente grandeza para alcanzar “consensos vitales del Estado y lanzar el país hacia el futuro”. Divino tesoro (para homenajear, de paso, a Rubén Darío).

Oportunidad de oro

En parte sobrevenida, en parte previsible, la ocasión que España tiene hoy para alcanzar un lugar preminente en Europa es magnífica. Convendría no desaprovecharla.

En apenas dos semanas, las cosas no han podido rodar mejor, en efecto, para situarnos en posición ventajosa cuando se inicia un nuevo ciclo de la UE, con la obligada renovación de sus principales órganos de gobierno, comenzando por las presidencias mismas de Comisión, Consejo, Parlamento, Alto Representante para la Política Exterior y también, a finales del mes de octubre, Banco Central Europeo. Dos semanas, las que van del 26 de mayo al 7 de junio, de las elecciones europarlamentarias a la actualización de las previsiones de crecimiento durante el año en curso. Los resultados comparados de aquellas —nuestra más alta participación, peso solo marginal de los populistas de uno y otro signo, reforzamiento del PSOE, casi único partido socialdemócrata que ha salido airoso de la prueba —otorgan a España un plus de “europeísmo” al tiempo que sitúan al presidente Sánchez en posición inmejorable en las complejas negociaciones al efecto. Y esa misma dirección —positiva para los intereses españoles— es la que apunta una doble coincidencia revelada poco después. La primera, el miércoles 5, fecha en la que Bruselas daba luz verde al informe que recomienda la salida de España del brazo correctivo de la UE —el Procedimiento de Déficit Excesivo, abierto, conviene recordarlo, diez años antes, el 18 de febrero de 2009—, a la vez que decidía tutelar las cuentas de Italia, percibidas como uno de los mayores riesgos internos para el euro. Segunda novedad simultánea, el viernes 7: mientras el Bundesbank, el banco central alemán, rebajaba la previsión de crecimiento económico de su país hasta un exiguo 0,6 % para todo 2019, el Banco de España hacía lo contrario, elevando la previsión de aumento del PIB español hasta el 2,4 % (¡un ritmo cuatro veces más alto que el de Alemania!), en lugar del 2,2 % pronosticado antes.

El reparto de cartas nos es favorable, desde luego, justo en el momento en que la partida entra en su fase decisiva. Con el Reino Unido autodescartado, Italia bajo sospecha, y con el presidente Macron y la canciller Merkel en horas bajas, España, cuarta economía de la zona euro y a sus espaldas ya casi un quinquenio de crecimiento notoriamente superior al del conjunto, puede aspirar, y justificadamente, a salir de un segundo plano y compartir cierto nivel de liderazgo. España —y Portugal a su rueda— es ahora una “válvula de seguridad” del proyecto europeo. Hay que hacerlo valer, entre otras cosas, situando en centros estratégicos de decisión a buenos nombres españoles que completen ese cuadro no menor que ya forman los de José Manuel Campa (al frente de la Autoridad Bancaria Europea), Luis de Guindos (como vicepresidente del BCE), Sergio Álvarez (primer español que accede al consejo de administración de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones) y Pablo Hernández de Cos (presidiendo el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea).

Ojalá sepamos conseguir lo que está a nuestro alcance, comenzando por creérnoslo, ese grado de autoestima que tantas veces nos falta. Como se ha escrito, será difícil que España encuentre en mucho tiempo otra oportunidad tan clara para compensar años de “ausencias”, “despistes” o “rumbos equivocados”. Situaciones como esas las pintan calvas, que decían nuestros mayores.

La primera de tres

En el calendario de la Unión Europea, 2019 trae al menos tres fechas cruciales para la suerte de todo el proyecto común: mucho de su futuro dependerá, en efecto, de lo que entre el final de marzo y el de octubre se dirima. Tal vez, a lo largo de la laboriosa construcción de la Europa integrada, nunca antes se había producido en tan acotado tramo temporal —apenas siete meses— tal coincidencia de citas decisivas.

 Son conocidas, aunque no estén igualmente presentes en el diario caudal informativo. De la que menos se habla por ahora cerrará el mes de octubre, al finalizar entonces el mandato de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. La gestión de Dragui ha sido poco menos que providencial para evitar lo peor en los episodios más graves de la crisis económica, con actuaciones decisivas para salvar el euro. En la historia de la Eurozona, siempre se considerará un hito aquella comparecencia suya a mediados de 2012 —casi recién llegado a la presidencia— cuando se comprometió públicamente a hacer lo que fuera necesario para superar una situación crítica, transmitiendo una inusitada capacidad de persuasión: “…y, créanme, será suficiente”. No es indiferente, desde luego, quien presida el BCE; basta recordar los azarosos años precedentes a la jefatura de este docto romano, elegante y firme. Y conviene tener presente que el dilema hoy planteado entre mantener la laxitud de la política monetaria y la “normalización” financiera (alza de tipos, neutralización de la expansión cuantitativa), probablemente alcance un punto álgido cuando se produzca el relevo en la presidencia.

 Antes, con la primavera avanzada, elegiremos a quienes nos representarán durante el próximo quinquenio en el Parlamento Europeo. Una elección que esta vez se plantea como un pulso entre quienes apuestan por dar continuidad a lo construido, con unos u otros propósitos de reforma y mejora, y quienes confiesan sin pudor su “eurofobia”, esa suerte de antieuropeismo que se cultiva con no poca pasión desde tribunas y plataformas populistas, mezclando en muchas ocasiones xenofobia y pulsiones antidemocráticas. Como no se puede descartar que tales posiciones favorables a volver a una Europa con marcadas fronteras —y monedas— nacionales alcancen en el Parlamento de Estrasburgo una “minoría de bloqueo” (235 sobre los 705 asientos, vacíos ya los que corresponderán al Reino Unido), el 26 de mayo será otra cita crucial.

 Y ya mismo, antes de que termine este mes de marzo, la primera de las tres, que no solo a Jean-Claude Juncker le produce “fatiga”: el Brexit, cuando el día 29 se cumplan los dos años de la solicitud formal por parte del gobierno de Theresa May para ejecutar el mandato del referéndum de junio de 2016, en el que “una escasa mayoría de votantes británicos eligió la nostalgia por el siglo XIX sobre lo que les pudiera prometer el siglo XXI” (Joshka Fischer). Ahora toca contener la respiración: comenzó con acentos épicos (“Brexit is Brexit”, acuérdense), pero ha discurrido después con tonos más bien melodramáticos cuando no de comedia de enredo, con el riesgo —si terminara el plazo fijado sin acuerdo— de provocar un enorme caos económico e inseguridad jurídica. ¡Vivir para ver!

 

En “modo elecciones”

Desde el comienzo del pasado otoño, este es el “ajuste” en que hemos colocado nuestro smartphone nacional. A partir de la precampaña andaluza, el mes de septiembre, no es otro, en efecto, el tono dominante en el escenario político español, marcando movimientos y declaraciones, actuaciones y discursos. El denso calendario electoral que abrió Andalucía y que se prolongará con una triple cita fija en mayo (europeas, y locales y autonómicas de régimen general) y otras pendientes de señalar (generales y, quizá también, en alguna Comunidad Autónoma de régimen particular), lo condiciona todo. Campaña electoral permanente: casi nada en 2019 podrá escapar a tal sino. Su protagonismo deja en la sombra o en un plano muy secundario cualesquiera otras circunstancias, comenzando por el “listado bastante largo” de riesgos que a escala global y europea detecta Draghi y los temores expresados por Lagarde, para continuar por los toques de atención que insistentemente transmiten ciertos indicadores económicos, propios y ajenos.

Era presumible que el final de esta Legislatura (la XII de la España democrática) no iba a ser fácil con un Gobierno en minoría en el Congreso de los Diputados y la enrevesada aritmética de votos que necesita para sostenerse, cuando el curso de los acontecimientos en el desafío independentista parece fuera de control en muchos aspectos, y en primer término dentro de la misma Cataluña. Un difícil final que está acarreando costes tan significativos como el bloqueo en la renovación de órganos institucionales del mayor rango, como son los del poder judicial. Pero es el poblado horizonte electoral lo que está provocando una suerte de “inflamación”, responsable de llamativas mudanzas –y también tribulaciones– en los partidos y del endurecimiento y radicalización de mensajes, como si la “bronca constante” fuera el hábitat de los interlocutores políticos (un medio natural bien distinto, afortunadamente, del que da cobijo a la inmensa mayor parte de la ciudadanía española).

La política económica –medidas que se adoptan, intenciones que se confiesan– no queda al margen, por supuesto, de la situación. La “exuberancia normativa” que revela el Boletín Oficial solo es comparable con la “declarativa” de los responsables de unos y otros Ministerios con competencias económicas. Todo dominado por las prisas: se revierten reformas (en el terreno del mercado laboral o de la gestión de los fondos para la formación, las más recientes) y se adoptan o anticipan medidas sin conocer el alcance de sus efectos (señaladamente, en el ámbito industrial y energético, por una parte, y en el fiscal, por otra). El colofón, unos Presupuestos Generales cuya consistencia han cuestionado razonadamente la AIReF, primero, y luego el Banco de España, poco después, por cierto, de que en la tribuna de Davos el presidente Sánchez afirmara su convicción de que “este presupuesto es el inicio de una historia de éxito, de una nueva era de España…”.

Estamos en “modo electoral”, no hay duda. Dejémoslo ahí, olvidándonos por un momento de la advertencia que Lawrence Freedman, un buen experto en estrategia, anota en su más reciente libro: “la historia la hacen personas que no saben qué va a pasar a continuación”.

 

Anteriores Entradas antiguas

Visita nuestra web para información sobre actividades

http://www.alde.es