El incierto futuro ante la consolidación de la inteligencia artificial

Por Luis Moreno Izquierdo, profesor del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante.

Las XXXIV Jornadas de Alicante sobre Economía Aplicada se han convertido, por calidad y experiencia de los ponentes, su excelente organización, los temas tratados, y por supuesto por tradición, en uno de los foros de economía más esperados y respetados de España.

Este año, fiel a su cita para alimentar debates y exponer resultados de nuevas áreas de interés para los expertos, el tema escogido ha sido la ‘4ª revolución industrial’, siendo su tecnología base -la inteligencia artificial- la verdadera protagonista del encuentro.

A pesar de las diferentes exposiciones y tonos más o menos tecno-optimistas, todos los ponentes coincidimos en el cambio sustancial y transversal que supondrá para nuestras empresas, gobiernos, emprendedores, trabajadores y sociedad en general la consolidación de la inteligencia artificial y su hibridación con el resto de sectores económicos. Esto incluye, por supuesto, temas de estudio tan apasionantes como los efectos de la automatización del empleo, la protección y uso de datos por parte de empresas y administraciones, la aparición de nuevos modelos de negocio, o el papel de las universidades en la formación de los profesionales del futuro, entre otros muchos.

Pero si algo resultó especialmente interesante fue la preocupación que existe ante el liderazgo tecnológico que se disputan China y Estados Unidos, con una Europa sobrepasada por los acontecimientos, en la encrucijada de sostener a sus industrias líderes o de reinventarse. Emilio Ontiveros en la sesión del viernes supo reflejar de forma magistral esta situación, con datos que muestran, por ejemplo, cómo la inversión en I+D respecto al PIB del gigante asiático ya ha superado al conjunto de la UE y apunta hacia Estados Unidos.

Pero más allá de la inversión en I+D es importante hacernos eco del tipo de apuesta que se está realizando en cada zona del planeta. En este sentido Europa dedica gran parte de su presupuesto a innovar sobre una base industrial tradicional, que reconozcámoslo, no está dando grandes resultados: las empresas tecnológicas brillan por su ausencia, y a excepción de Spotify y algunas fintech, solo sobresalen las compañías de telecomunicaciones con décadas (incluso algún siglo) de tradición, fruto de la liberalización ventajosa de su sector, y que cada día se encuentran más amenazadas por nuevas aplicaciones y herramientas.

Mientras tanto, en Estados Unidos sus gigantes tecnológicas apenas cuentan con dos décadas de tradición, y son absolutas líderes en patentes e inversión en vanguardia tecnológica. Google, Amazon, Apple, IBM, Facebook o Microsoft no son solo las referentes de la economía de internet, sino que también apuntan a serlo de la siguiente generación.

Por no hablar de China, que con su programa MIC2025 ha puesto todos los huevos en la cesta de la disrupción: inteligencia artificial, big data, energías renovables… El papel del gobierno está siendo fundamental en este proceso, y aunque surjan dudas respecto a la situación futura de su economía (posible boom de la vivienda, contaminación, consumo de las clases medias,…) desde Beijing tienen muy claro que el liderazgo global ha pasado históricamente por ser la primera potencia tecnológica.

En palabras de Emilio Ontiveros, Europa tiene mucho camino que recorrer. Quizá con la liberación de fondos públicos se consiga poner en marcha a un viejo continente demasiado pendiente de sus sectores tradicionales como la construcción, el turismo o el automóvil. Pero es evidente que sin programas de educación que apuesten por el pensamiento computacional, sin la colaboración entre empresas y universidades que impulse la contratación de científicos en el sector privado, o sin las facilidades para el desarrollo y creación de empresas tecnológicas, Europa sucumbirá ante la consolidación global de la inteligencia artificial.

Todas estas cuestiones, y otras muchas del mismo interés, fueron expuestas en unas jornadas para la historia, que han trazado una línea de debate apasionante ante la magnitud de los retos que trae para cualquier ámbito socioeconómico la nueva ola tecnológica, la de la 4ª revolución industrial.

 

 

RICOS Y ¿FELICES?

Por Carmen Ródenas Calatayud, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante.

El pasado mes de octubre el EUROSTAT difundió la información del módulo especial de la EU-SILC del año 2018 que, como en 2013, mide el pulso de la sensación de felicidad y de satisfacción con la vida de los ciudadanos de los países de la UE (ver el informe aquí y los datos aquí). No es una rareza, pues está aumentando el interés por estudiar la felicidad, el bienestar de las personas y su cuantificación estadística; de hecho, cada vez es mayor y más frecuente la disponibilidad de informes y datos a nivel internacional (ver el World Happiness Report de 2019, entre cuyos editores se encuentran Richard Layard o Jeffrey D. Sachs).

En el caso del EUROSTAT, en el cuestionario del módulo correspondiente al fichero individual de la EU-SILC de 2018, se pregunta a los encuestados por el grado de satisfacción global con “la vida en la actualidad”, con “la situación económica del hogar”, con “el trabajo actual” y, entre otras, con “sus relaciones personales con familiares, amigos, vecinos y conocidos”. Cada uno de estos ítems es valorado en una escala de 0 a 10.

De acuerdo con las respuestas a la pregunta general sobre la satisfacción con la vida, EUROSTAT ha elaborado el gráfico 1, en el que podemos ver los países ordenados de mayor a menor porcentaje de personas que, cuando en 2018 fueron encuestadas, declararon estar felices a lo largo de las cuatro últimas semanas:

Gráfico 1.

Podemos ver que los belgas son los que encabezan la lista del optimismo con un 76% de personas felices, y que Holanda, Austria y Finlandia presentan valores similares. Tras ellos, Luxemburgo con un 74% y en sexta posición no Italia o Francia sino España, con un 72% de gente dichosa. Conviene resaltar esto pues España es el único país del grupo sur-mediterráneo -y rescatado en la crisis del euro- que supera la media comunitaria. Por el contrario, entre los países menos dichosos se encuentran Grecia, Rumania, Lituania, Croacia, Bulgaria y en el último puesto Latvia/Letonia con un 31% de personas felices, la mitad de la media de la UE.

Es interesante conocer las variaciones en la puntuación media entre 2013 y 2018, las dos fechas para las que tenemos información, en tanto que recogerían la apreciación social de la mejora de las condiciones económicas y de salida de la crisis. Así, EUROSTAT nos ofrece el gráfico 2 en el que puede comprobarse que mientras que en Bulgaria y Chipre la sensación de mejora es grande (la puntuación media ha aumentado más de un 12%), en Lituania ha empeorado la percepción, disminuyendo la puntuación un 4,5%. Curiosamente, algunos de los mayores cambios –en uno y otro sentido- se han producido puestos de la “cola” de la felicidad que veíamos en el gráfico anterior. Por lo que respecta a España, nuestra media ha crecido un 2,6%, pasando de 6,9 a 7,3 puntos, participando de una mejora común a la mayoría del resto de países, excepto Holanda, Dinamarca y Suecia, donde se observa una ligerísima reducción.

Gráfico 2.

La información que ha difundido el EUROSTAT no solo permite comparar la sensación de felicidad en plena crisis con la que se tiene en la actualidad, sino que permite indagar algo más sobre por qué la gente se siente más satisfecha con su vida. Si ponemos en conexión las respuestas de satisfacción global con “la vida en la actualidad”, con las de satisfacción con “la situación económica del hogar”, con “el trabajo actual” y con “sus relaciones personales con familiares, amigos, vecinos y conocidos”, podemos obtener algunas pistas generales.

En una primerísima aproximación, he calculado unos sencillos coeficientes de correlación entre las puntuaciones medias por país para cada uno de estos aspectos de la felicidad. Los resultados son los siguientes:

Aquello de que “quien tiene un amigo tiene un tesoro”, es cierto que aparece en la correlación positiva del 0,75 entre la satisfacción general y la satisfacción con las relaciones personales, pero lo que la tabla revela es que la relación más fuerte se produce entre la sensación de satisfacción general y la de satisfacción financiera, con una correlación del 0,95. Parece, cuando menos, que el dinero sí da bastante felicidad… En cuanto a las asociaciones entre las posibles fuentes de satisfacción, llama la atención una correlación positiva del 0,80 entre trabajo y relaciones personales. Puede haber un mundo ahí dentro, pero apostaría a que los buenos trabajos conducen a las buenas relaciones sociales (amistades, vecindad…).

En el gráfico 3 he representado las puntuaciones de cada país ordenadas de mayor a menor satisfacción general en 2018. Además, he calculado y dibujado la media de las puntuaciones de los tres elementos parciales de satisfacción: trabajo, finanzas y relaciones personales. Puede apreciarse que las relaciones personales son las que más satisfacción nos dan y la situación financiera es la que menos dicha nos reporta (puntuaciones más altas y más bajas, respectivamente). La satisfacción que nos proporciona el trabajo se encuentra cercana a la puntuación de la satisfacción global con la vida.

Aquí destaca, asimismo, lo bien que se ajustan los niveles y las variaciones de las series de satisfacción general (línea negra continua) y la dibujada a partir de la media (línea negra punteada) de los tres componentes anteriores. Y resulta sorprendente porque es como si las personas encuestadas hubieran calculado inconscientemente su propio promedio para dar su score general de satisfacción. Esto es muy tranquilizador para quien trabaja con encuestas, y se llama coherencia en las respuestas.

Grafico 3. Puntuaciones medias por país en las diferentes preguntas de satisfacción, 2018

El gráfico es muy ilustrativo por otro motivo. Puede observarse que cuanto menor es la puntuación global, el intervalo entre la puntuación correspondiente a la satisfacción con las relaciones personales (línea anaranjada) y la satisfacción financiera (línea cobre) se amplía. Esto puede verse muy bien para los países en la parte derecha como Bulgaria, Croacia o Lituania. Ahora bien, los valores las series tanto de satisfacción en el trabajo como de la de las relaciones personales son bastante más estables para el conjunto de países que los de la serie de la satisfacción financiera. Esta última muestra una inclinada pendiente y es la que, claramente, tensiona hacia abajo la serie de las puntuaciones generales de satisfacción.

De nuevo, y para qué decirlo de otra manera, parece que (a primera vista) el dinero sí da la felicidad…

 

Corruption in OECD countries: are mega-events the perfect excuse?

Por Héctor Bellido, Lorena Olmos de la Universidad de Zaragoza y Juan A. Román-Aso de la Universidad de San Jorge, ganadores del premio AldE jóvenes investigadores 2019 convocado en el XXII Encuentro de Economía Aplicada, celebrado en Cartagena los días 7 y 8 de junio de 2019. Aquí presentamos la versión traducida y resumida del trabajo premiado bajo el título Corruption in OECD Countries: Are Mega-Events the Perfect Excuse?

La elección individual entre honestidad y corrupción a la que se enfrentan los representantes públicos depende, en gran medida, de dos factores: el posible coste asociado a participar en actividades corruptas, estrechamente relacionado con los mecanismos de control, y las potenciales ganancias derivadas de estas actividades. Respecto a estas últimas, un aumento del presupuesto puede resultar un incentivo determinante. Y uno de los motivos por los cuales el presupuesto público puede aumentar temporalmente es la celebración de grandes eventos, ya sean de naturaleza deportiva o de otra índole. Las elevadas inversiones en infraestructuras y la concesión de contratos de servicios adjudicados tras la elección del país anfitrión parecen el caldo de cultivo perfecto para la aparición de casos de corrupción o, al menos, para levantar sospechas entre los ciudadanos acerca de la existencia de actividades ilícitas.

En los últimos años, los medios de comunicación han cubierto numerosos casos de corrupción relacionados con la celebración de grandes eventos. Además de casos de amaños relacionados con apuestas deportivas, el mundo del deporte está inmerso en un continuo escándalo de corrupción. Se han destapado multitud de casos en los que las propias organizaciones deportivas están involucradas (FIFA Gate, amaños en la elección de países anfitriones como Qatar para el mundial de fútbol de 2022,…). Los derechos de emisión televisiva se han convertido también en un jugoso negocio para enriquecerse ilegalmente, como demuestra el escándalo de fraude de la empresa International Sport and Leisure. Además, en muchos casos, están involucrados políticos y altos funcionarios de los diferentes países anfitriones. Una de las prácticas corruptas más habituales es el cobro de comisiones de las empresas adjudicatarias por parte de los representantes públicos. Existen innumerables ejemplos de este tipo de corrupción, y sólo hace falta echar un vistazo a los medios de comunicación nacionales para hacerse una idea de la magnitud del problema. Los contratos adjudicados a dos amigos del primer ministro ruso para los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi de 2014, o las acusaciones de soborno contra Lula Da Silva que involucran a la compañía Odebrecht tras la Copa Mundial de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, son solo dos ejemplos de una maraña de escándalos cada vez más extendida. En otras ocasiones, las actividades ilegales no implican directamente a políticos, pero la falta de regulación y de control público fomenta las actividades ilegales, como es el caso de las denuncias de comportamiento anticompetitivo de empresas multinacionales en Sudáfrica y Brasil en relación con las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA de 2010 y de los Juegos Olímpicos de verano de 2014, respectivamente. No obstante, los países en desarrollo y las competiciones deportivas no son los únicos afectados por esta epidemia. Por ejemplo, una investigación vinculada a la reciente Exposición Universal celebrada en Milán acabó con el arresto de varios ex miembros del parlamento acusados ​​de influir en las licitaciones públicas.

La literatura académica ha analizado en profundidad tanto los determinantes como las consecuencias de la corrupción. Por un lado, la renta per cápita aparece como principal factor que afecta al nivel de corrupción. Pero también otros factores económicos como la distribución de esa renta, la apertura del país al exterior, la tasa de inflación, o el tamaño del gobierno parecen explicar este fenómeno. En cuanto a las instituciones, la transparencia del gobierno, su eficiencia y grado de intervención, la descentralización, la estabilidad política o los derechos sociales conquistados son elementos que también juegan un papel relevante. Asimismo, algunos análisis apuntan a variables como el sistema de derecho, la religión mayoritaria, el nivel de educación de los ciudadanos, la participación de la mujer en puestos de decisión o en el mercado laboral, la diversidad étnica y la disponibilidad de recursos naturales como factores determinantes del nivel de corrupción de los países. Por otro lado, las consecuencias derivadas de la corrupción abarcan multitud de dimensiones socioeconómicas: erosiona el crecimiento económico a través de sus efectos sobre inversión y productividad, aumenta la desigualdad interna de los países y disminuye la efectividad de las políticas públicas. Además, la corrupción reduce la estabilidad política, promueve el descrédito de las instituciones públicas y, por tanto, puede provocar crisis sociales de gran relevancia. Sus tentáculos pueden incluso afectar a otros ámbitos como el medio ambiente o la salud pública.

La celebración de grandes eventos se ha relacionado tradicionalmente con consecuencias económicas positivas (aumento de la inversión, del consumo y de las exportaciones) tanto en los países que optan a acoger el evento como en los que finalmente son elegidos. Otros análisis, sin embargo, señalan que la mayoría de estos estudios están sobreestimados, y son de sobra conocidos los casos de sobrecostes y de otras repercusiones cuestionables como las derivadas de la regeneración urbanística. De hecho, este tipo de efectos colaterales han provocado cierto rechazo social entre la población, plasmado en los recientes referéndums con resultado negativo celebrados en ciudades como Viena o Hamburgo. Sin embargo, aunque la literatura previa ha examinado algunos aspectos de la relación entre la celebración de grandes eventos y la corrupción a nivel nacional, estos análisis son cualitativos, o se limitan a ciertos casos de estudio.

En este contexto, este artículo analiza el efecto de acoger grandes eventos sobre la corrupción percibida en 34 países de la OCDE durante el periodo 1996-2016. La elección de este conjunto de países responde, además de a la mayor disponibilidad de datos, al deseo de contar con una muestra homogénea que permita una elección ajustada de los factores determinantes de la corrupción. Los eventos considerados son de naturaleza deportiva, como los Juegos Olímpicos de verano y de invierno o las Copas Mundiales de la FIFA, pero también de tipo cultural, como son las Exposiciones Universales. Para la evaluación de esta relación se han empleado dos técnicas alternativas. Por un lado, se ha incluido una variable dicotómica desde el momento de referencia, lo que nos proporciona el resultado estático del impacto, y, por otro lado, se ha incorporado un conjunto de variables dicotómicas que toman valor 1 cada dos años desde el momento de referencia, lo que nos permite analizar el impacto dinámico. Además, se consideran dos momentos de referencia: la elección del país como anfitrión del evento y la celebración del mismo.

Los resultados muestran que la celebración de grandes eventos tiene un impacto positivo sobre la corrupción percibida. Si tenemos en cuenta el impacto estático, la corrupción percibida aumenta si se toma como referencia la inauguración oficial del evento pero, en mayor medida, si se tiene en cuenta la elección del país como anfitrión. Por su parte, la estimación del impacto dinámico proporciona conclusiones más interesantes: la corrupción percibida de los países aumenta desde la elección del país, y este impacto crece hasta alcanzar su máximo alrededor de 1 o 2 años antes de la celebración, cuando se ve incrementada en un 5%. Tras ello, este impacto va disminuyendo pero es todavía significativo 5 años después de la celebración. Con relación al resto de determinantes, la estimación del modelo empírico señala que la renta per cápita, el porcentaje de población urbana y otros factores institucionales como la capacidad regulatoria del país o la participación ciudadana y la rendición de cuentas afectan negativamente al nivel de corrupción percibida. Otra conclusión destacable es que, cuanto más tiempo lleva el partido del gobierno en el poder, mayor es la corrupción percibida, lo que sugiere que los políticos de partidos instaurados en las instituciones tienden a practicar actividades ilícitas o, al menos, a ser percibidos como corruptos. Por último, con el fin de evaluar la consistencia de nuestros resultados, se proponen especificaciones alternativas que confirman los resultados mencionados: se utiliza un indicador de corrupción percibida alternativo, se incluyen variables explicativas adicionales, se excluyen algunos eventos de menor importancia en términos económicos (Juegos Olímpicos de invierno y Exposiciones Universales) y se realiza un cambio en el tipo de estimador que contempla la dependencia de corte transversal de los datos.

Estas conclusiones confirman la existencia de una realidad menos amable relacionada con la celebración de grandes eventos. Más allá de la afluencia masiva de visitantes y de las fastuosas inauguraciones, la celebración de grandes eventos implica incrementos presupuestarios que suponen incentivos perversos para quienes tienen que manejarlos. Estos incrementos permiten aumentar los potenciales beneficios derivados de actividades delictivas, aspecto que es percibido por la ciudadanía y que contribuye al deterioro y descrédito de las Administraciones Públicas. A la vista de estos resultados, parece necesario reforzar el control y la trasparencia en la concesión de contratos, así como extender la legislación, regulando situaciones como la aparición de sobrecostes.

Política monetaria y desigualdad de riqueza en EE. UU.

Por Juan Francisco Albert y Nerea Gómez de la Universidad de Valencia y la Politécnica de Valencia, respectivamente, finalistas del premio AldE jóvenes investigadores 2019 convocado en el XXII Encuentro de Economía Aplicada, celebrado en Cartagena los días 7 y 8 de junio de 2019. Aquí presentamos la versión traducida y resumida del trabajo presentado a premio bajo el título Monetary Policy and the Redistribution of net Worth in the US y que puede ser descargado en el siguiente enlace: http://eprints.lse.ac.uk/91320/ .

Las políticas monetarias expansivas no convencionales aplicadas recientemente por los bancos centrales para hacer frente a la Gran Recesión junto con la creciente desigualdad – tanto de renta como de riqueza- que están experimentando muchos de los países occidentales desde los años 70, ha acentuado la preocupación por parte de académicos y banqueros centrales sobre los posibles efectos distributivos de la política monetaria.

Si bien es cierto que la literatura reciente ha explorado con profundidad los efectos de la política monetaria sobre la desigualdad de renta mostrando que, aunque existen varios canales contrapuestos, la política monetaria expansiva tiende a reducir este tipo de desigualdad, los efectos de la política monetaria exclusivamente sobre la desigualdad de riqueza no han sido analizados con la misma atención. Asimismo, estudios recientes que han investigado las singularidades de la distribución de riqueza apuntan a dos hechos principales: (1) históricamente la riqueza está menos equitativamente distribuida que la renta, (2) los activos financieros suelen estar más concentrados en la parte alta de la distribución, mientras la deuda sobre la riqueza neta tiende a concentrarse en la parte baja de la distribución.

Con esta motivación nace nuestra investigación. El objetivo del trabajo es tratar de identificar y cuantificar los canales a través de los cuales la política monetaria podría generar efectos distributivos en la riqueza de los hogares en Estados Unidos. Con esta finalidad, en la primera parte del artículo desarrollamos un modelo simple basado en contabilidad nacional con el objeto de hallar los efectos heterogéneos de la política monetaria sobre la riqueza neta de los hogares. En la segunda parte del artículo, basándonos en los canales hallados en nuestro modelo, tratamos de cuantificar empíricamente el efecto de la política monetaria expansiva sobre la desigualdad de riqueza.

La construcción del modelo nos permite identificar de forma sencilla y clara los canales de trasmisión. Estos son: (1) canal de ganancias heterogéneas: una política monetaria expansiva que impulse la creación de empleo y/o incremente las rentas del trabajo de forma heterogénea entre hogares, podría generar efectos distributivos sobre la renta de los hogares, pero también sobre la riqueza asumiendo invariable la tasa de ahorro de los mismos; (2) canal composición de activos: este canal sugiere que incrementos heterogéneos en el precio y retornos de los activos mantenidos por los hogares (principalmente acciones, bonos y vivienda) impulsados por la política monetaria, podría generar efectos distributivos dependiendo de la composición de la cartera de cada hogar; (3) canal deuda: este canal muestra que la política monetaria expansiva que reduzca el tipo de interés de los pasivos tenderá a beneficiar a aquellos hogares que mantienen un elevado ratio deuda sobre riqueza neta siempre que la deuda sea mantenida con un tipo variable o los hogares sean capaces de refinanciar estas deudas sin un elevado coste; (4) efecto Fisher: este canal hace hincapié en como movimientos inesperados en la inflación inducidos por la política monetaria afectan al valor real de los activos y pasivos nominales mantenidos por los hogares, por tanto una mayor inflación inesperada tenderá a beneficiar más a los hogares más con mayor deuda en relación con sus activos.

Una vez identificados los canales, en una primera fase de la estimación empírica se persigue obtener el efecto de un shock monetario en las variables, tanto financieras como macroeconómicas, que podrían implicar cambios importantes en la tasa de crecimiento de la riqueza neta de los hogares. Para ello se estima un modelo estructural de vectores autorregresivos (Proxy SVAR) identificado mediante instrumentos externos, utilizando datos de alta frecuencia, lo que permite obtener el impacto del shock sobre ambos tipos de variables de forma contemporánea. Los resultados más importantes de las funciones impulso respuesta obtenidos aplicando esta metodología los encontramos en la tabla 1.

Tabla 1: Respuesta de un shock expansivo de política monetaria consistente en una reducción de 100 puntos básicos en el Federal funds rate.

Observando la respuesta de las variables de interés considerando tres horizontes temporales distintos, encontramos, en prácticamente todos los casos, que un shock expansivo de política monetaria incrementa el precio de las acciones, los bonos y la vivienda, así como reduce el tipo de interés e incrementa la tasa de inflación acorde con la teoría convencional. Sin embargo, la magnitud del impacto es heterogéneo. Por ejemplo, encontramos que el incremento en el precio de las acciones es mayor que el incremento en los bonos o en la vivienda. Esta heterogeneidad en los resultados podría implicar efectos distributivos en la riqueza considerando la distinta composición de activos y pasivos que los hogares mantienen en su cartera.

Con esta información, en una segunda fase y haciendo uso de los datos microeconómicos de la Survey of Consumer Finances (SCF), realizamos micro simulaciones con el objeto de hallar el crecimiento en la riqueza neta de los hogares tras el shock expansivo de política monetaria. El gráfico 1 muestra este crecimiento por deciles de riqueza considerando el efecto un año después del shock. Se observa como el impacto del shock en el precio de las acciones tiende a incrementar con mayor intensidad la riqueza neta de los hogares de la parte alta de la distribución, mientras el efecto producido por la reducción del tipo de interés de la deuda tiende a incrementar más la riqueza neta de los hogares que se encuentran en la parte más baja de la distribución. Por su parte, el efecto de los bonos y la vivienda es prácticamente insignificante dado el escaso efecto que ha tenido el shock sobre ambas variables.

Gráfico 1: Crecimiento de la riqueza neta por deciles de riqueza 1 año después del shock expansivo

El gráfico 2 muestra el efecto final del crecimiento de la riqueza neta tras el shock en tres horizontes temporales, los resultados obtenidos sugieren que un shock expansivo de política monetaria tiende a incrementar más la riqueza neta de las colas de la distribución de la riqueza, tanto la parte alta como la baja, mientras lo que podemos considerar la clase media tiende a beneficiarse menos. Asimismo, considerando el total de la distribución, las simulaciones muestran que el índice Gini de riqueza tanto relativo como absoluto – que permite analizar el impacto del efecto Fisher- se incrementan ligeramente tras el shock expansivo conducido fundamentalmente por el incremento en el precio de las acciones y contrarrestado solo parcialmente por el efecto en el tipo de interés, la vivienda y la inflación.

Gráfico 2: Crecimiento de la riqueza neta por deciles de riqueza en distintos horizontes temporales

Así pues, nuestros resultados a través de un ejercicio de equilibrio parcial sugieren que un shock expansivo de política monetaria podría incrementar la desigualdad de riqueza en EE. UU. considerando la distribución total de los hogares. En un análisis desagregado por deciles, los resultados obtenidos muestran que los más beneficiados tras el shock monetario son ambas colas de la distribución (hogares de riqueza alta y baja), mientras la clase media tiende a beneficiarse en menor medida. No obstante, es importante matizar que sería interesante testear los resultados obtenidos a través de un ejercicio de equilibrio general y estimando nuevos posibles canales de trasmisión.

 

Ante las elecciones del 28 de abril, ¿pueden los españoles seguir creyendo en las encuestas electorales?

Por José Ignacio Castillo Manzano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

En un reciente artículo, publicado en la Revista de Economía Aplicada, junto con los compañeros Lourdes López Valpuesta y Rafael del Pozo, intentamos analizar los determinantes de los errores en las encuestas electorales, previas a las dos últimas elecciones generales, es decir, la de 20 de diciembre de 2015 y la de 26 de junio de 2016.

Nuestro primer resultado es que, de media, los errores que cometieron las encuestas con los partidos políticos que se presentaban por primera vez a las elecciones generales, Ciudadanos y Podemos, fueron muy superiores, concretamente un 60 por ciento, a los de los partidos tradicionales, PP y PSOE. Pero lo peor es que no parece haber estrategias exitosas para disminuir esos mayores márgenes de error en un contexto tan volátil, al ser insensibles al tamaño de la muestra, la proximidad de la cita electoral, el método de muestreo o la experiencia de la empresa encuestadora, así como la periodicidad con la que se realiza la encuesta. Sólo cuando dichos partidos dejaron de ser ‘nuevos’, tras las elecciones del 20-D, se consiguió disminuir los errores de cara a las elecciones del 26-J.

De hecho, si hablamos de encuestas y sondeos electorales, parecería que nuestra democracia, como otras de nuestro entorno, estaría inmersa en un círculo vicioso. Ya que la incertidumbre política que ha estado sufriendo la sociedad española, con la emergencia de nuevos partidos, ha aumentado la demanda social de encuestas electorales, que ha sido satisfecha, con generosidad, por los medios de comunicación que han ofertado múltiples sondeos. Cuyos resultados podían cambiar significativamente a corto plazo, anunciado supuestos vuelcos electorales, que no llegaban a materializarse. Su falta de acierto estaría erosionando la confianza no sólo en las propias encuestas y sondeos, sino también en la transparencia del propio sistema electoral y en nuestras instituciones, desde los medios de comunicación hasta, en el caso de las encuestas del CIS “de Tezanos”, el propio Gobierno central. Lo que a su vez generaría más incertidumbre política.

En este contexto, nuestros resultados muestran que las empresas encuestadoras podrían estar adoptando una estrategia defensiva, acercando sus predicciones a las de las encuestas publicadas en los días previos, para evitar equivocarse en solitario. Aunque, el gran éxito del sondeo de GAD3 en las últimas elecciones andaluzas, personalizado en Narciso Michavila, nos mostraría el reverso de la moneda. Es decir, la gran oportunidad que supondría para una firma de estudios de mercado llevarse el prestigio profesional de ser la única que consigue acertar.

De cara al futuro próximo, las elecciones del 28 de abril, el horizonte sigue siendo convulso. Ya que, aunque la situación socioeconómica es sensiblemente mejor y Ciudadanos y Podemos (ahora Unidos Podemos), ya no son nuevos partidos, el enquistamiento de la cuestión territorial catalana y la irrupción de VOX, ambos factores conviviendo en armónica simbiosis, ofrecen un panorama social difícil de desentrañar para las empresas de sondeos. Nuestra recomendación es la máxima prudencia a la hora de presentar los resultados de los sondeos, admitiendo las debilidades de los mismos. A estas empresas de encuestación le valdría la pena tener siempre presente la frase atribuida a Nietzsche, de que “lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti”.

 

¿Puede la inmigración revertir el cambio demográfico?

Por Carmen Ródenas Calatayud, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante.

El origen de esta entrada en el Blog de ALDE es la sugerencia que meses atrás me hicieron los directores de las XXXIII Jornadas de Alicante de Economía Española, para presentar este tema en una de las sesiones del pasado mes de noviembre, así como el amable ofrecimiento de la profesora María Asunción Prats para difundir aquí las principales ideas.

No es una cuestión nueva. Demógrafos y economistas llevan haciéndose esta pregunta desde que el envejecimiento de las poblaciones en los países desarrollados -a finales del siglo pasado- comienza a ser una preocupación para sostener la estructura financiera de los sistemas públicos de pensiones. Y, siendo sincera, lo cierto es que un título como este no se merecería una entrada de blog sino, al menos, un libro entero.

Pensando que, en realidad, lo interesante no era si en España la inmigración podía revertir el cambio demográfico, sino si era posible confiar en la inmigración como el recurso demográfico que sostuviera en el futuro el esquema de pensiones, hice una serie de sencillos ejercicios de contabilidad demográfica a partir de las estimaciones de la población futura disponibles. En concreto, utilicé las últimas proyecciones de población 2018-2068 del INE, las del periodo 2016-2070 del EUROSTAT, las de Naciones Unidas para 2015-2100 y las recientes previsiones de población 2017-2050 de la AIReF.

Como cada una de estas estimaciones utiliza supuestos e hipótesis distintas acerca del comportamiento de los tres componentes demográficos (natalidad, mortalidad y migraciones), los resultados en términos de población total y de su estructura por sexo, edad y lugar de nacimiento, varían. En lo que interesa para esta entrada, en todas las estimaciones se eleva significativamente la ratio de dependencia cuasi-laboral, esto es, la relación entre la población en edad de jubilación –mayores de 65 años- y la población en edad de trabajar –adultos entre 16 y 65 años de edad-. Por ejemplo, desde 2018 y con el horizonte en el año 2050, las estimaciones del INE establecen que la población de 65 y más pasará de suponer el 18,1% del total al 30,9%. De este modo, la relación de dependencia se dobla hasta 55,7 desde una ratio de 27,5 potenciales jubilados por cada 100 personas potencialmente ocupadas, como se muestra en el gráfico:

Todo lo demás constante ¿qué habría que hacer al menos para mantener estable la actual ratio de dependencia? Pues atraer inmigrantes.

Sí. Pero, ¿cuántos?

Las grandes cifras son muy elevadas. Para que se mantuvieran en 2050 los parámetros actuales de dependencia cuasi-laboral, los inmigrantes deberían alcanzar un peso en torno a un 43-47% de la población y a un 63% de la población en edad laboral. En ninguna de las estimaciones de población manejadas la cantidad necesaria de inmigrantes para que en 2050 no se mueva la relación de dependencia actual, baja de 34 millones de personas (gráficamente, la cantidad quedaría reflejada por los colores más intensos –inmigración proyectada por el INE- y las flechas –inmigración adicional estimada- que ensanchan la pirámide de población entre 15-64 años, en 2050).

Sin embargo, estas considerables magnitudes no deben sorprender. Por lo general, hacer descansar en la inmigración la reversión de los ciclos demográficos implica una gran cantidad de entradas netas de personas procedentes del extranjero. Ya en la década de los ochenta Lesthaeghe et al. (1988) obtenían que solo para mantener el mismo volumen de población en la UE-12 en el año 2050 sería necesario aceptar unas entradas netas anuales de casi un millón de inmigrantes, de forma que se acabaría por tener un tercio de la población residente de origen extranjero o descendiente de extranjeros. Otro ejemplo, son las proyecciones que realizó Naciones Unidas en 2001 en las que para mantener constante la ratio de dependencia en 2050 se requería la entrada de un total de 89,6 millones de personas en Francia, 181,5 millones en Alemania o 113,4 millones en Italia, lo que suponía sostener en 2050 un mínimo del 48%, 60,7% y 58,6% de extranjeros en las respectivas poblaciones.

A estas alturas a nadie se le escapa que la respuesta a la pregunta inicial es, claramente, negativa. Desde luego, no podemos asegurarlo por la extrema variabilidad del fenómeno, como muestran los vaivenes de la historia migratoria reciente de nuestro país. Pero, además, para que la inmigración invirtiera las actuales tendencias demográficas habría que controlar su volumen, sus características y, también, la permanencia de los flujos. Lo que plantea, evidentemente, otro problema: el improbable apoyo social con el que contarían las medidas de corte estrictamente demográfico para reequilibrar la balanza poblacional. Y más todavía en contextos de desempleo elevado, como el actual.

Si la inmigración es objeto de análisis en el marco de la preocupación por el envejecimiento, el crecimiento de la ratio de dependencia y el sostenimiento del sistema público de pensiones, es oportuno señalar qué parte de la responsabilidad le corresponde en la identidad del gasto en pensiones (IMF, 2017):

Puede apreciarse que para mejorar la ratio del gasto en pensiones en relación al PIB no hace falta recurrir exclusivamente a la inmigración (que, en las condiciones adecuadas, reduciría coyunturalmente el peso del componente demográfico). A la vista de la identidad, debe recordarse que el equilibrio demográfico no es la única solución, ni siquiera la fundamental para la preservación del equilibrio del sistema de pensiones. La buena noticia, por tanto, es que no dependemos exclusivamente de los inmigrantes, ni de la natalidad, sino que bien podría decirse aquello de que “no es la demografía, es la regulación y la economía, estúpido”.

 

Referencias:

IMF (2017). Spain. Selected Issues. IMF Country Report No. 17/320.

Lesthaeghe, R., H.Page and J. Surkyn (1988). Are Immigrants substitutes for births? IPD Working Paper 1988-3.

UNPD (2001). Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations? United Nations Population Division. New York.

¿Afectan los referéndums a la inversión? Evidencia de Escocia

Por Andrés Azqueta Gavaldón de la Glasgow University, ganador del accésit AldE jóvenes investigadores 2018 convocado en el XXI Encuentro de Economía Aplicada, celebrado en Alcalá de Henares los días 7 y 8 de junio de 2018. Aquí presentamos la versión traducida y resumida del trabajo presentado bajo el título Political Uncertainty and Investment: Evidence from Scotland.

Escocia se ha visto afectada recientemente por dos episodios sin precedentes de incertidumbre política: Brexit (junio del 2016) y el referéndum escocés por la independencia (septiembre del 2014). Estos dos eventos originaron una serie de cambios en la política de la región. Por ejemplo, el gobierno británico prometió ‘nuevos poderes fiscales’ a Escocia si el No ganara el referéndum de independencia. En marzo de 2016, el Parlamento escocés aprobó por unanimidad un proyecto de ley que otorgaba poderes legislativos y fiscales adicionales. Además, después de que el Si ganara el referéndum del Brexit, los acuerdos comerciales, fiscales y legislativos con la UE se verán profundamente afectados.

Este trabajo explora el vínculo entre la incertidumbre derivada de estos dos referendos y la inversión privada. Para desvelar la incertidumbre explicita arrojada por estos dos referéndums utilizo un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado sobre las noticias que describen incertidumbre económica. El algoritmo, llamado Latent Dirichlet Allocation (LDA) revela los temas de los artículos sin la necesidad de conocimiento previo sobre su contenido. Intuitivamente, el algoritmo estudia las co-ocurrencias de palabras por artículo para enmarcar cada tema como una composición de palabras más probables mientras que al mismo tiempo relaciona cada artículo con una distribución de temas (para ver más sobre cómo se desarrollan los índices de incertidumbre económica pincha aquí.

Aplico el algoritmo a los tres periódicos más leídos en escocia: The Herald (cobertura del Reino Unido y con sede en Glasgow), The Scotsman (cobertura del Reino Unido y con sede en Edimburgo) y The Aberdeen Press and Journal (cobertura escocesa). Para descargarme los artículos que describen incertidumbre económica (todos aquellos que contienen las palabras incertidumbre y economía) utilizo Nexis, una base de datos online. El número total de artículos entre enero del 1998 y junio de 2017 (incluidos) son 18.125. En este corpus, agregación de todos los artículos, hay más de un millón de palabras únicas. De los 20 temas asociados con incertidumbre económica (usando el método log-likelihood para encontrar el número más probable de temas), selecciono los dos que caracterizan los referéndums (haga clic aquí para ver todos los índices de incertidumbre).

La Figura 1 muestra la evolución de la incertidumbre política escocesa y la incertidumbre Brexit (línea azul continua) desde enero de 2008 a junio de 2017 (incluido). Las palabras que según el algoritmo caracterizan la incertidumbre política escocesa son las siguientes: independence, SNP [Scottish National Party], referendum, party, vote, minister, Scotland and election. El índice muestra picos cuando el Reino Unido aprobó oficialmente el referéndum escocés por la independencia (enero del 2012); cuando el canciller del Tesoro, George Osborne, declaró que el “Si” significaría dejar la libra esterlina (febrero del 2014), el referéndum escocés por la independencia (septiembre del 2014); y Brexit (junio de 2016).

Por otra parte, la incertidumbre del Brexit muestra su máximo durante el referéndum Brexit (junio de 2016); y las elecciones generales de junio de 2017. Las palabras más representativas (de acuerdo con el algoritmo) son EU, Brexit, European, UK, negotiations, leave, country, membership, single and trade. Para comparación y en cierto modo validar la información contenida en estos índices, incluyo el índice de volatilidad implícita (VFTSE) que usa información de volatilidades implícitas de opciones para representar el consenso del mercado sobre la futura volatilidad del mercado en el Reino Unido. Este tipo de índices se suelen utilizar para representar la incertidumbre general. Dejando atrás la crisis financiera y los episodios de crisis de la deuda europea (donde el VFTSE muestra sus maximos), el índice de volatilidad implícita y los índices de incertidumbre muestran similitudes el referéndum escocés por la independencia y el periodo del Brexit.

Para estudiar si estos índices tuvieron un impacto en la inversión, extraigo datos de inversión anuales para un total de 2,641 compañías escocesas durante el período 2009-2016. Estas son las empresas que quedan después de un filtro estándar: excluyo las empresas que operan en el sector financiero y regulado, así como aquellas con menos de tres años de observaciones y aquellas empresas con valores excesivos de inversión y otras variables de interés (eliminación de outliers). Siguiendo la literatura, mi ecuación de regresión consiste en la tasa de inversión (inversión en activos tangibles fijos sobre el valor de reposición del stock de capital) como variable dependiente, y las tasas de crecimiento de las ventas de la empresa, los flujos de caja (divididos por el valor de reposición del stock de capital) y la incertidumbre sobre futuros beneficios (para controlar las oportunidades de inversión y la incertidumbre de la empresa), y mis dos índices de incertidumbre como variables independientes. También incluyo un grupo de variables macroeconómicas para disipar posibles endogeneidades (el índice de volatilidad implícita (VFTSE), años en los que ocurrieron elecciones locales y las tasas de crecimiento del PIB).

La columna 1 muestra que el aumento en una desviación estándar de la incertidumbre política escocesa está asociado con una caída en la tasa de inversión del -0.016. Esta magnitud equivale a una caída del 10% de la tasa promedio de inversión en la muestra. No obstante, cuando se introducen variables de control adicionales (Columna 3), esta magnitud cae al 4%. Teniendo en cuenta que la incertidumbre política escocesa aumentó en dos desviaciones estándares desde el 2012 hasta el 2014 (período en que se legisló el referéndum escocés), este coeficiente sugiere que el referéndum escocés de independencia fue responsable de una disminución de la inversión de alrededor del 8% en promedio.

Un resultado todavía más fuerte aparece cuando analizamos la incertidumbre del Brexit: el aumento de una desviación estándar en la incertidumbre del Brexit se asocia con una caída del 8% cuando se incluyen todas las variables control (Columna 4). Teniendo en cuenta que la incertidumbre del Brexit aumentó en 2,5 desviaciones estándares entre el 2015- 2016, estos resultados indicarían una caída del 20% de la tasa de inversión promedio en la muestra.

Cuando los dos índices de incertidumbre se colocan juntos (Columna 5), ​​la incertidumbre Brexit muestra el único coeficiente negativo y significativo. No obstante, tener todos los índices de incertidumbre juntos probablemente sesgue los coeficientes debido a problemas de multicolinealidad. Por esta razón, estos últimos resultados deben tomarse como una descripción cualitativa en lugar de cuantitativa.

Además, investigo si las empresas con restricciones financieras a priori más altas, reducen la inversión de forma más abrupta que las menos restringidas. La teoría indica que el aumento en la incertidumbre conlleva un aumento en la información asimétrica, por lo que aquellas empresas más vulnerables se verán obligadas a reducir la inversión por falta de acceso al crédito.

Con el fin de seleccionar aquellas empresas que parten de posiciones más vulnerables, utilizo los niveles de flujo de caja y el coverage ratio para modelar restricciones financieras externa, y la edad y el tamaño de la empresa para medir el grado de restricciones financieras externas. Intuitivamente, las restricciones financieras internas operan a través de los fondos generados internamente por la empresa que pueden guiarse hacia la inversión: aquellas empresas con menores niveles de flujo de caja y coverage ratio les resultará más difícil canalizar fondos para la inversión. Por otro lado, las restricciones financieras externas operan a través de las asimetrías de información: a empresas jóvenes y pequeñas les resultará más difícil obtener crédito de las instituciones financieras ya que tienen un historial de sus actividades más corto y menores niveles de colateral.

Tal y como predice la teoría, encuentro evidencia de que aquellas empresas que están más limitadas financieramente también reducen la inversión más significativamente a consecuencia de la incertidumbre. Este es especialmente el caso de empresas jóvenes y aquellas con niveles de coverage ratio negativas.

Las implicaciones políticas resultantes de este estudio son importantes, especialmente si se tiene en cuenta el clima económico actual. Los referéndums se están convirtiendo en una herramienta popular, pero sus consecuencias como fuente de incertidumbre a menudo escapan el debate político. En este trabajo, demuestro que los referéndums afectan la inversión privada independientemente de su resultado en Escocia.

Deuda indiciada a la inflación en economías emergentes

Por Patricia Gómez-González de la Fordham University, ganadora del premio AldE jóvenes investigadores 2018 convocado en el XXI Encuentro de Economía Aplicada, celebrado en Alcalá de Henares los días 7 y 8 de junio de 2018. Aquí presentamos la versión traducida y resumida del trabajo que se presentó a premio bajo el título Inflation-Linked Public Debt in Emerging Economies.

Las economías emergentes emiten una porción significativa de su deuda pública indiciada a la inflación. Por ejemplo, en 2016, el 22% de la deuda pública en moneda local de las economías emergentes se emitió indiciada a la inflación. Para algunas economías, esta porción puede llegar al 60% (Chile) y porciones del 35 ó 30% son comunes (Brasil, Argentina, Sudáfrica).

Además de esto, entre 2004 y 2016, la deuda pública indiciada a la inflación (II) ha aumentado, de media, 4.6 veces, mientras que el conjunto de la deuda pública se ha triplicado. Para algunas economías, los aumentos en deuda pública II son aún mayores: 22 veces en el caso de Chile, 8 veces en el caso de México, o 7 veces en el caso de Hungría.

El estudio resumido aquí tiene tres objetivos. Primero, estudiar la experiencia de las economías emergentes con este tipo de activo usando para ello una base de datos con información sobre 13 economías emergentes entre 2004 y 2016. Segundo, presentar un modelo de composición de deuda pública que logre captar los patrones observados en la parte empírica. Tercero, evaluar episodios recientes de depreciaciones del tipo de cambio real y presentar aumentos de deuda pública en escenarios alternativos donde los países emiten una parte mayor de su deuda pública II.

El análisis empírico se circunscribe a 13 economías debido a la disponibilidad de datos. Presentando correlaciones temporales por países, la parte empírica del estudio concluye que la emisión de deuda II es contracíclica (aumenta cuando el PIB baja) y aumenta en periodos de depreciaciones en el tipo de cambio nominal y real.

Cabe destacar que la emisión de deuda II sustituye a la emisión de deuda en moneda extranjera (ME). El gráfico muestra emisiones de deuda II (IL debt en inglés) y en ME (FC debt en inglés) sobre la emisión total de deuda. Como vemos para algunos países estas series son prácticamente simétricas (p.ej.: Argentina, Chile y Turquía).

Finalmente la deuda II es más barata que la deuda en ME: datos sobre los tipos de interés de ambos activos muestran que emitir deuda II es, para la economía emergente promedio, 1.7 puntos porcentuales más barata que emitirla en ME.

Gráfico: Deuda indiciada la inflación (IL debt) y deuda en moneda extranjera (FC debt) como parte del total de deuda pública para una selección de economías emergentes. Fuente: Tabla C2 en Bank of International Settlements (BIS) para IL debt y Arslanalp y Tsuda (2014) para FC debt.

El objetivo del modelo es replicar los patrones observados en el análisis empírico. El modelo cuenta con dos tipos de bienes, comerciables con el extranjero y no comerciables con el extranjero, y cuatro tipos de agentes: consumidores neutrales al riesgo, empresas domésticas en el sector de los bienes no comerciables, inversores extranjeros neutrales al riesgo y el gobierno.

Los consumidores obtienen una cuantía de bien comerciable, trabajan en el sector de bienes no comerciables y obtienen un sueldo, sobre el que pagan impuestos. Las empresas pagan a los consumidores su productividad marginal y los inversores extranjeros demandan deuda pública emitida por el gobierno.

El gobierno tiene unos gastos públicos que financiar y para ello cuenta con tres fuentes de ingresos: los impuestos que los consumidores pagan sobre su sueldo y los ingresos de vender los activos de deuda pública, que hay de dos tipos: II y en ME. El gobierno se compromete a devolver el dinero a sus inversores.

En concreto, el modelo no analiza cuestiones de default soberano ya que la deuda pública II no ha sido nunca afectada por procesos de restructuración de deuda pública. De las 13 economías emergentes en el análisis, solo Brasil hizo default en su deuda soberana mientras emitía deuda II y, en este caso, la mayoría del default cayó sobre la deuda en ME (Power, 1996 en la página 2745).

El modelo estudia cómo los cambios en el precio de los dos activos (II y en ME) afectan a la composición de la deuda pública. La simulación principal del modelo muestra que en tiempos de crisis el tipo de cambio real y nominal se deprecia.

La depreciación real disminuye la demanda de trabajo en el sector productor de bienes no comerciables y, en última instancia, el número de horas trabajado en este sector. Esto provoca una bajada de los sueldos en equilibrio. Los dos efectos, para un tipo impositivo dado, disminuye los ingresos del impuesto sobre el trabajo que capta el gobierno.

La depreciación del tipo nominal hace que la deuda en ME se transforme en muy onerosa para un gobierno que recibe los ingresos del impuesto sobre el trabajo en moneda local. Esto hace que el gobierno disminuya la deuda en ME y emita más II.

Por lo tanto, el modelo es capaz de replicar que la deuda II es contracíclica, sustituye a la deuda en ME y aumenta en periodos de depreciaciones del tipo nominal y real.

Finalmente, usando el modelo, se puede calcular una expresión para la carga de deuda derivada de la deuda en ME. Evaluando esta expresión antes y después de un episodio de depreciación de tipo real podemos calcular el aumento en la carga derivada de la deuda pública en ME en cualquier episodio dado.

Algunos ejemplos incluyen la depreciación argentina entre 2001 y 2002, o las depreciaciones rusas y brasileñas entre 1998 y 1999.

El estudio presenta aumentos en la carga de deuda pública en escenarios alternativos donde los países en lugar de emitir solo deuda en ME, sustituyen la mitad de su deuda en ME por deuda II.

Debido a que la expresión es lineal en la deuda en ME, al reducir la deuda en ME a la mitad y emitirla II en su lugar, el aumento en la carga de deuda pública también se reduce a la mitad. De forma más relevante, la reducción en la carga de deuda pública a raíz de la depreciación real es cuantitivamente importante en dos casos: primero, cuando la depreciación es grande, como fue el caso de Argentina en 2001 donde la depreciación real fue de casi el 60%. En segundo lugar, cuando la carga de deuda pública es grande también, como fue el caso de Rusia en 1998, donde la deuda pública era del 143% del PIB.

Este estudio complementa la literatura anterior sobre deuda II, que se había concentrado principalmente en su comparación con la deuda nominal, presentando otra relevante comparación: con la deuda en ME. Los trabajos anteriores (Bohn (1988), Bohn (1990), Calvo y Guidotti (1990), Alfaro y Kanczuk (2010), Sunder-Plassmann (2017)) consideran escenarios donde el gobierno tiene la tentación de erosionar el valor real de la deuda nominal mediante la generación de inflación. No obstante, hoy en día, todos los países considerados en la muestra de este estudio, cuentan con Bancos Centrales que tienen unos objetivos de inflación (inflation-targeters) y, por tanto, pensar en un gobierno que de manera estratégica es capaz de generar inflación para disminuir el valor real de su deuda no es aplicable a estos países en la actualidad.

Para concluir, y a modo de resument, este estudio presenta unos patrones observados en la emisión de deuda II por parte de países emergentes y propone un modelo de composición de la deuda pública que replica los patrones empíricos observados. En concreto, el estudio se centra en una sustitución relevante que se ha dado en economías emergentes: sustitución de deuda en ME por deuda II. Esta sustitución tiene un potencial de ahorro importante para los gobiernos de estas economías ya que emitir deuda II es, en promedio, 1.7 puntos porcentuales más barata que la deuda en ME.

Además el estudio muestra que la deuda II es capaz de aislar a la carga de deuda pública de las economías emergentes de depreciaciones repentinas. Las ganancias de este aislamiento son mayores cuanto mayor es la depreciación sufrida y/o cuanto mayor sea la carga de deuda pública.

 

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