RIESGOS TRENZADOS EN LA EUROZONA

Este año y el que viene la UE volverá a crecer menos que el conjunto de las economías avanzadas y el PIB de la eurozona no lo hará muy por encima del 1%. Lo dice la propia Comisión en su último informe de previsiones. Dado el elevado grado de apertura comercial del área monetaria, el principal condicionante, aunque no el único, de esas previsiones seguirá siendo la evolución del entorno internacional y en concreto las renovadas tensiones comerciales y tecnológicas entre EEUU y China.

A tenor de los últimos episodios en la guerra comercial, la previsión de esa ligera recuperación del crecimiento de la eurozona, desde el 1,2% de crecimiento del PIB previsto para este año al 1,5% en 2020, está ahora más cuestionada. No será fácil que la contribución negativa al crecimiento de las exportaciones netas cambie su signo el año que viene. Echaremos de menos aquel 2017 cuando el excedente de la balanza por cuenta corriente registró ese máximo histórico del 3.9% del PIB.

El conjunto de riesgos a la baja que había anticipado la Comisión están ahora más cercanos. El fracaso de las negociaciones entre EEUU y China, y las correspondientes elevaciones de aranceles a partir del comienzo de junio, deteriora más aun las posibilidades de recuperación del comercio internacional y el de las exportaciones de manufacturas de la eurozona. A ello se añade el todavía incierto desenlace del Brexit, de notable influencia en las principales economías, España incluida.

Si el comportamiento del área monetaria no es peor es por la compensación que hasta ahora ha ejercido la demanda interna, gracias en gran medida a una política monetaria muy favorable. Pero la inversión, elemento central en el asentamiento de las posibilidades de crecimiento y de generación de ganancias de productividad, seguirá acusando esas menores expectativas de ventas internacionales y el impacto de esa guerra comercial en la conformación de las cadenas de valor trasfronterizas en las que participan empresas de la eurozona.

La renovada escalada de tensiones entre EEUU y China tiene un primer efecto que ya han anticipado las cotizaciones de los mercados de renta variable, en ese deterioro de las expectativas de ingresos de las empresas más dependientes del comercio internacional, desde luego de aquellas con una más intensa relación con China, cuyas expectativas de crecimiento vuelven a sufrir. Pero la erosión de las posibilidades de crecimiento afecta al conjunto de las empresas. Y esa mayor debilidad se trenza en la eurozona con otros factores de riesgo. Entre ellos, los asociados a la fragilidad de algunos sistemas bancarios del continente y a esa amenaza de conformación de aquellos bucles diabólicos con la deuda pública que a duras penas soportaron las economías periféricas hasta el verano de 2012. La interconexión de esos riesgos puede, como reconoce la Comisión, magnificar su impacto y, desde luego, reducir la eficacia de las políticas macroeconómicas para estabilizar la economía.

En este punto referido a la virtualidad de las políticas económicas, la eurozona sigue adoleciendo de limitaciones en su capacidad de maniobra difíciles de entender. Mientras su crecimiento potencial sigue acusando los errores en la gestión de la crisis, no acaban de aprovecharse las ventajas que deparan unos mercados de deuda con tipos de interés históricamente reducidos, negativos en algunas referencias para varios países, que invitan a cubrir las no pocas deficiencias de toda clase de capital. Desde luego aquellas que fundamentan la generación de ganancias de productividad y de empleo, además de la satisfacción de compromisos como los asociados a la lucha contra el cambio climático, demandantes de inversiones estimadas por la propia Comisión en no menos de 180.000 millones de euros anuales, hasta 2030. Pero no menos importantes son aquellas otras inversiones destinadas a fundamentar la extensión de proyectos vinculados a la economía digital donde el retraso de Europa respecto a EEUU o China es inquietante.

El aprovechamiento por los gobiernos, pero especialmente por las propias instituciones europeas, de esas inmejorables condiciones financieras, no compite precisamente con la demanda de financiación del sector privado, cuyas decisiones de inversión se mantienen inhibidas por los comentados factores de riesgo. Todo lo contrario, el protagonismo de la inversión paneuropea contribuiría a reducir ese panorama sombrío que informa buena parte de los planes de crecimiento de las empresas.

Esa necesidad de inversión encuentra justificación no menos importante en el clima de distanciamiento de la dinámica de integración que domina los estados de ánimo de muchos ciudadanos de la eurozona, especialmente en aquellos países donde la convergencia real, el avance en los niveles de renta por habitante, han sido menos evidentes. No es precisamente el caso de España.

Los veinte años de pertenencia al área monetaria arrojan un balance favorable, a pesar de los daños diferenciales ocasionados por la crisis, de la mayor contracción del crecimiento económico y del empleo hasta 2014. A partir de ese año el desempeño de nuestra economía es significativamente mejor que el promedio, con ritmos de crecimiento superiores en cada uno de los últimos cuatro años, en gran medida por la contribución de la principal institución económica europea, el BCE, que, dado el elevado endeudamiento privado y público de nuestra economía, ha liberado recursos destinados a pagar intereses. Pero también gracias a factores propios como la mejora de la calidad de la función empresarial, de la asunción de la internacionalización de las empresas medianas españolas, que han aumentado su propensión exportadora de forma notable, al tiempo que han aprovechado esas condiciones financieras benignas para mejorar su estructura financiera.

De esa complicidad favorable al crecimiento y a la modernización económica que ha ejercido nuestra pertenencia a la eurozona ha dejado constancia, al menos hasta ahora, el mapa político. A diferencia de la mayoría de los países de la UE, en el nuestro no hay formación política con representación parlamentaria que haya mostrado un rechazo explícito a la unión monetaria. Y esa asunción de las reglas básicas de la unión monetaria ayuda a explicar la contención de los indicadores de riesgo, incluida la dichosa prima frente a los bonos públicos alemanes. El contraste favorable frente a los titulo italianos ilustraba suficientemente ese apoyo diferencial de nuestro país al proyecto europeo.

Pero la continuidad de ese cuadro favorable dependerá de que nuestros socios crezcan y de que en el área domine la estabilidad financiera y política. El margen de maniobra que nosotros tenemos para el endeudamiento público es mucho más reducido que el de algunas economías centrales, como Alemania, con un superávit público del 1,7% de su PIB el año pasado, o como Holanda y Austria. Pero no así en la realización de algunas reformas que apuntalen las buenas señales que han emergido de la recuperación. Y en todo caso, el recorrido es mayor para el apoyo a las instituciones comunitarias en aquellas iniciativas que permitan el fortalecimiento de esa dinámica de integración, hasta ahora inequívocamente rentable para nuestro país. Junto a ese incremento de la inversión comunitaria, completar la arquitectura institucional del proyecto, completando los pilares de la Unión Bancaria, desarrollando la Unión de los Mercados de capitales o dotando a la eurozona de un presupuesto suficiente, son exigencias igualmente compatibles con la aspiración a un crecimiento suficientemente inclusivo entre las regiones y los ciudadanos de la eurozona.

(Diario El País, 26/05/2019)

@ontiverosemilio

 

ESPAÑA ANTE LA INESTABILIDAD GLOBAL

El cuatrienio que cierra 2018 acentuó una dimensión de la economía española que ya conocíamos, pero es conveniente ahora, a la luz de los cambios en el entorno internacional, recordarla: su elevada apertura e integración internacional permitió que se beneficiara de un entorno exterior muy favorable al crecimiento económico y del empleo. En esos años el crecimiento de la economía mundial fue notable y sincronizado, pero más significativa aun fue la expansión de la demanda de nuestros socios de la eurozona y unas condiciones monetarias difíciles de mejorar.

Es lógico, por tanto, que el entorno internacional sea uno de los principales centros de atención para evaluar si la recuperación de estos cuatro últimos años ha sido apenas un paréntesis en esa suerte de convalecencia de una vulnerabilidad ya crónica de nuestra economía: el excesivo endeudamiento con el exterior, la abultada diferencia entre los pasivos y los activos que España tiene frente al resto del mundo. Los españoles seguimos altamente endeudados y los acreedores de una parte significativa de esa deuda no son residentes en nuestro país. Es cierto que en estos años desde el inicio de la crisis las familias y las empresas españolas no han dejado de reducir la elevada deuda que tenían en 2007 pero, al mismo tiempo, han aumentado la suya el conjunto de las administraciones públicas, fundamentalmente el estado. Y una parte significativa de esta deuda pública la tienen inversores internacionales.   Cualquier variación adversa en las condiciones externas, especialmente financieras, puede dañar más a una economía con una posición de inversión neta internacional deudora.

Lo que viene en este nuevo año tiene peor pinta que en los cuatro anteriores. En primer lugar, porque todas las economías importantes del mundo, desde luego aquellas con las que nuestro grado de integración es mayor, crecerán menos: la demanda de bienes y servicios producidos en España será probablemente menor y con ello nuestro desequilibrio exterior dejará el territorio positivo en el que ha estado inmerso desde la crisis. Ya hemos apreciado en el pasado año un descenso de las exportaciones españolas y no es probable que se recuperen en el actual.

Tras un crecimiento decepcionante el año pasado, el clima en la eurozona estará dominado por las tensiones políticas ya conocidas y por un bajo ritmo de crecimiento, que es difícil llegue a superar el 1,5%, con sus principales economías, en particular Alemania, acusando los efectos de esas tensiones comerciales generadas desde EE. UU. Un sector importante en la economía alemana y en la nuestra, el del automóvil, parece singularmente afectado. El mal comportamiento del conjunto del sector industrial en la principal economía europea es el responsable de que su crecimiento económico en 2018, del 1,5% frente al 2,2% de 2017, haya sido el más bajo desde 2013. Las demás economías con las que compartimos moneda e intercambios, Francia e Italia desde luego, tampoco van a crecer más que el año pasado.

La incertidumbre que todavía rodea los desenlaces posibles sobre el Brexit es el otro gran condicionante del crecimiento regional y, desde luego, de nuestra capacidad exportadora de bienes y servicios. Reino Unido, además de generar más de una quinta parte de los ingresos por turismo, es una de las economías con las que mantenemos un superávit comercial y donde se sitúa el mayor stock de inversión directa española en el extranjero.

De fuera de Europa tampoco es probable que provengan impulsos significativos a nuestras exportaciones. El mantenimiento por la administración estadounidense de las tensiones comerciales no facilitará la reducción de incertidumbre que sigue condicionando, además del descenso observado el pasado año en el volumen de comercio internacional, los planes de inversión empresarial en sectores importantes. Incluso en la propia economía americana, cuyo crecimiento acusará este año el agotamiento de las medidas de estímulo que su gobierno adopto hace un año.

El otro gran contendiente en la guerra comercial y tecnológica, China, no está por el momento en condiciones de tomar el relevo motriz de la economía global. En su desaceleración son visibles los daños de esa guerra comercial y la dificultad para digerir el elevado endeudamiento privado, parte de él amparado en un sector inmobiliario debilitándose. Su contribución a la demanda global en este año será significativamente menor. Aunque sus autoridades renueven algunas decisiones de estímulo como las adoptadas al inicio de la crisis, su efecto probablemente no será tan expansivo sobre la economía global.

En ese contexto, las exportaciones de bienes y servicios españoles no registrarán un mejor comportamiento que el año pasado. No generaremos suficiente capacidad de financiación frente al exterior y agudizaremos la dependencia del ahorro del resto del mundo para afrontar nuestras decisiones de gasto e inversión, incluida la atención del servicio de nuestra deuda exterior. La evolución durante los últimos trimestres de esa capacidad de financiación, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital de la balanza de pagos, registró un superávit inferior al de un año antes. Acumulando los cuatro últimos trimestres esa capacidad de financiación fue equivalente al 1,4% del PIB frente al 2,1% de 2017.

A mejorar ese entorno internacional no ayudará la orientación de las políticas monetarias, siendo probable un cierto endurecimiento relativo en las condiciones monetarias y de financiación. La Reserva Federal, en el mejor de los casos, pausaría su senda de elevación de tipos de interés. Por otro lado, el gran apoyo que en estos últimos años ha prestado el BCE a la digestión de la elevada deuda pública ha dejado de existir con 2018: ya no comprará deuda pública y privada como lo ha venido haciendo. Por el momento seguirá reinvirtiendo los bonos que vayan venciendo, pero las probabilidades de que se mantenga el nivel de tipos de interés tan bajo son más reducidas.

La más inmediata de las consecuencias de esa vulnerabilidad es el eventual aumento de los pagos en concepto de intereses sobre la deuda pública y privada. La herencia que ha dejado 2018 en la escena financiera internacional no es precisamente buena. La aversión al riesgo es elevada y su reflejo trasciende a los mercados de activos de riesgo para reflejarse igualmente en los de bonos. La deuda mundial, del 320% del PIB, es más elevada que al inicio de la crisis.   Sin el gran respaldo comprador del BCE, las diferencias de rentabilidad serán más dependientes del stock de deuda, de la orientación de las políticas presupuestarias y de la consiguiente calificación crediticia de las agencias. Ante cualquier señal adversa, como podrían ser tensiones políticas en Italia o las generadas por la elección del nuevo presidente del BCE, los inversores internacionales seguirían más pendientes de los refugios con menor riesgo que de la búsqueda de rentabilidad.

En definitiva, un contexto vulnerable que bien podría mejorar si aquellas economías europeas con capacidad para el estímulo fiscal, para el aumento de la inversión pública y en general de su demanda interna, como Alemania, llegaran a usarla. De lo contrario, el margen de maniobra de las autoridades españolas para evitar una mayor debilidad es reducido. Aun cuando la estabilidad política estuviera garantizada no son muchas ni de gran impacto a corto plazo las decisiones que podrían adoptarse para neutralizar la vulnerabilidad financiera que el nuevo año trae consigo.

@ontiverosemilio

(Diario El País, 20/01/2019)

 

20 AÑOS DEL EURO

En enero de 2019 el euro cumple 20 años. Es un periodo suficiente para hacer balance o, al menos, destacar cuales habrían de ser las apoyaturas mínimas necesarias para sortear riesgos similares a los que ha enfrentado en su segunda década de existencia. Porque es un hecho que ha sido en los diez últimos años cuando la eurozona y el BCE, nacido seis meses antes que la moneda única, han enfrentado su mas severa crisis existencial. Todavía hoy no dispone del apoyo entre políticos y ciudadanos que presidió su nacimiento y los placidos diez primeros años de su andadura.

El principal indicador, aunque no el único, que debería servir de referencia para evaluar el desempeño de la unión monetaria es la generación de ganancias de bienestar, de aumentos en el PIB por habitante, para los países que sustituyeron su moneda por el euro. El análisis de su evolución y contraste con los que no adoptaron la moneda única es tributario, en primer lugar, de la particular severidad con que se manifestó la crisis financiera de 2008 en la eurozona. Pero también es la consecuencia de las políticas económicas adoptadas para neutralizar esa crisis: de la orientación errónea de las basadas en la austeridad presupuestaria a ultranza y de la demora en la aplicación de las correctas decisiones de política monetaria que finalmente adoptó el BCE. El hecho, es que una amplia mayoría de ciudadanos de la eurozona sufrió más perdidas de bienestar que los de EE. UU., donde se localizó el epicentro de la convulsión financiera.

Las secuelas que esa crisis ha dejado son importantes, especialmente en las economías periféricas. Desde luego un desempleo todavía elevado, una inhibición de la inversión pública y privada, un deterioro de la educación, una productividad erosionada y, en definitiva, un menor crecimiento potencial del conjunto del área. Las posibilidades para reducir la regresiva distribución de la renta que la crisis acentuó se verán limitadas por ese menor crecimiento. Y, con ello, el distanciamiento de los ciudadanos de ese empeño racional, pero hoy seriamente cuestionado, por mantener una moneda común entre economías que comparten intercambios y aspiraciones integradoras.

Con la información hoy disponible, las probabilidades de rápida restauración de esos daños no son precisamente muy favorables. Los datos mas recientes de la totalidad de las economías del área, incluidos los de expectativas empresariales, apuntan a una desaceleración algo mas intensa que la del conjunto de la UE y de las economías avanzadas en el próximo año. La retirada ya anunciada de los estímulos monetarios excepcionales que salvaron al área de males peores tampoco facilitará la consecución de ritmos de crecimiento suficientes que favorezcan la estabilidad social y la renovación de apoyos al proyecto integrador.

Pero la insuficiencia de resultados favorables también tiene que ver con las dificultades políticas para completar la estructura institucional de la unión monetaria. Ha sido la crisis la que ha permitido apuntalar solo parcialmente una arquitectura apenas insinuada cuando se introdujo el euro. El propio BCE se ha visto obligado a llevar a cabo actuaciones no previstas en su constitución que han llegado a cuestionar la impecable independencia con la que nació, su marcado distanciamiento de la política fiscal, como en aquellos ochenta dictaban los cánones del monetarismo en vigor, centrados en la estabilidad de precios como único objetivo. El BCE no solo tuvo que adoptar medidas de emergencia similares a las que llevaron a cabo mucho antes sus colegas la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra, sino que asumió un papel central en la Unión Bancaria, creada deprisa y corriendo en julio de 2012.

Con la urgencia con que las situaciones límites suelen marcar la agenda europea, en pleno bucle diabólico (recesión, crisis bancaria, crisis de la deuda pública) que afectaba a las economías periféricas, se definieron los cuatro pilares de la Unión Bancaria. Pero todavía sigue pendiente la disposición de un sistema común de garantía de depósitos. Ha sido solo hace unos días cuando el Consejo Europeo ha impulsado la creación de un soporte financiero para el fondo destinado a la resolución de crisis bancarias. También han quedado aplazadas las reformas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en la dirección de que vaya asumiendo las funciones propias de un tesoro europeo.

La aceptación de un presupuesto específico para la zona euro, lo que podría considerarse un primer paso en la necesaria integración fiscal, forma parte igualmente de ese gradualismo integrador ahora acordado, aunque con funciones menos amplias que las inicialmente previstas, especialmente en su función estabilizadora en situaciones recesivas. La resistencia a una mayor integración de los países agrupados en la denominada Nueva Liga Hanseática (Holanda, las economías nórdicas, las bálticas y la propia Alemania) es expresiva de la división existente en el seno del área monetaria y del escaso respaldo a la misma de los que están fuera.

La ralentización para completar esa arquitectura institucional afecta igualmente a la Unión de los Mercados de Capitales, hoy tanto más necesaria cuanto más cercano está el desenlace del divorcio con Reino Unido. Las intenciones del plan de acción que debería concretar ese proyecto destinado a diversificar las fuentes de financiación de las pequeñas y medianas empresas, a reducir el grado de bancarización de la unión, son tan razonables como incomprensibles las demoras en su materialización.

Otro de los indicadores que podría integrar ese balance de la moneda única es el escaso avance del euro como moneda vehicular y de reserva en la escena global. Su distancia respecto al dólar estadounidense apenas se ha reducido en estos años. Hará bien la Comisión en concretar rápidamente esos planes recientes destinados a dotar de una mayor proyección internacional al euro, tal como anunció solemnemente el presidente Juncker el pasado 12 de septiembre.

Ese balance, propio de una unión monetaria incompleta, generador también de desafección en algunos ciudadanos europeos, no invalida la necesidad de un proyecto tal. Sin necesidad de asumir a pie juntillas aquella presunción que hiciera en 1950 Jacques Rueff, “Europa se hará por la moneda o no se hará”, fortalecer la unión monetaria es una condición necesaria para hacerlo con el papel de Europa en un entorno global hoy mucho más adverso y más necesitado de integración regional que el existente a finales del siglo pasado.

La particularización de ese balance en nuestra economía tampoco deja lugar a dudas, en mi opinión. España ha sido uno de los países beneficiados por el proyecto. En estos veinte años se han registrado avances en el PIB por habitante y también en la convergencia real con las economías centrales del área monetaria. Que la crisis haya supuesto un serio tropiezo en esa senda de acercamiento a las economías más avanzadas no invalida la conveniencia para las empresas y familias españolas de la integración monetaria de Europa. Tampoco para las administraciones públicas, educadas a partir de la preparación del examen de acceso de mayo de 1998, para respetar las exigencias de convergencia nominal como precondiciones del necesario progreso y de su justa distribución entre los ciudadanos. Para que, como señalaba Draghi hace unos días, todos puedan participar de los beneficios de la moneda común. Su virtualidad precisa hoy de mas acción política que la que llevó a su lanzamiento hace veinte años.

@ontiverosemilio

(Publicado en el diario El País el 23/12/2018)

 

¿CUANTA GLOBALIZACIÓN?

La llegada de Donald Trump a la presidencia de EE. UU. ha renovado la atención de propios y extraños a la economía sobre las ventajas del libre comercio y el alcance o supremacía de este objetivo sobre otros de política económica nacional. Que haya sido el responsable de la mayor economía del mundo, del país que ha liderado la extensión del libre mercado como fundamento en el que asentar la organización política de las naciones, le confiere a la discusión una dimensión especial. El presidente estadounidense no solo ha decidido de forma unilateral imponer aranceles a determinadas importaciones, desde lavadoras al aluminio pasando por el acero y los paneles solares, sino que ha denunciado acuerdos comerciales regionales y ninguneado de forma manifiesta a la principal institución multilateral, la Organización Mundial de Comercio (OMC). Lo ha hecho apelando a la “seguridad nacional”, interpretando por su cuenta y riesgo la normativa de su país y las excepciones también previstas en las normas de la OMC.

No es la primera vez que un presidente de EEUU eleva aranceles sobre las importaciones. Todos ellos lo han hecho, pero de forma destacada Ronald Reagan, el principal defensor de las formas más puras de liberalismo económico. La principal diferencia entre las decisiones de sus predecesores y la adoptada ahora es la ausencia de negociación o de la mínima interlocución con sus socios comerciales y los destinatarios de esas penalizaciones. Pero la posición que hoy ocupa EE. UU. en la economía mundial, su poder relativo, es menor: ahora son mayores los riesgos de que ese unilateralismo se traduzca en respuestas de los países agraviados que se asemejen al inicio de una guerra comercial en toda regla. Una confrontación que no tiene por qué ganar EE. UU, como Donald Trump anticipaba en Twitter, desde luego el conjunto de sus trabajadores. En mayor medida si tenemos en cuenta que el respaldo a posiciones proteccionistas, la contestación a la globalización se encuentra hoy más extendida bajo diversas formas de nacionalismo. Desde extracciones políticas distintas muchas posiciones coinciden en la conveniencia de limitar una dinámica de globalización sin apenas restricciones y, en todo caso, sin la necesaria cooperación entre países para asegurar una gobernación suficiente.

Los derroteros por los que ahora discurre el debate sobre el libre comercio han dejado a los economistas algo esquinados, como la propia dimisión del principal asesor económico del presidente Trump, Gary Cohn, ha puesto de manifiesto. Es en este punto en el que es útil la revisión del trabajo de Dani Rodrik y, en concreto, su último libro, “Straight Talk on Trade. Ideas for a sane world economy”. Al profesor de Harvard no le duelen prendas a la hora de responsabilizar en gran medida a los economistas de la llegada al poder de Donald Trump. En concreto, de no haber asumido con el suficiente rigor algunas de las consecuencias de lo que hace un par de décadas denominó, la “hiperglobalización”. “De haber abandonado desde los años ochenta los principios centrales de la profesión convirtiéndose en cheerleaders de la globalización”, considerándola un fin en sí mismo, sin cuestionar algunas de sus más dañinas contrapartidas sobre el bienestar. En realidad, Rodrik ya había anticipado mucho antes de que la investigación empírica lo avalara que la globalización descontrolada y las aplicaciones tecnológicas en las empresas serían los principales determinantes del crecimiento de la desigualdad en la distribución de la renta.

Aviso al lector que no conozca los trabajos de Rodrik que no es en modo alguno un proteccionista al uso, aun cuando se pueda deducir esa impresión de la formulación de su conocido “trilema ineludible de la moderna economía global”: democracia, soberanía nacional y avances en la globalización son incompatibles. “Has Globalization Gone Too Far?”, era el título de aquel libro de 1997. Siendo controvertidas algunas de sus afirmaciones, la intención general de su obra no es otra que la de conseguir en el entramado de relaciones comerciales y financieras internacionales un equilibrio entre apertura económica y bienestar: entre “juego limpio” en el comercio internacional y eficiencia económica. Por eso, el principal argumento de sus análisis y propuestas está referido en última instancia a la gobernación de esa dinámica de integración comercial y financiera internacional.

El fundamento de su crítica al actual estado de cosas es la subordinación de las decisiones comerciales a la protección de las empresas, en lugar de a conseguir el beneficio de la mayoría de la población. El actual proceso de globalización, la agenda económica en la mayoría de los países avanzados, habría estado controlada por las grandes corporaciones. Ello se pone de manifiesto en el contenido de los acuerdos comerciales, bilaterales o regionales, de los que mas de 500 se han suscrito desde la Segunda Guerra Mundial, la amplia mayoría desde que la OMC reemplazó al GATT, en 1995. Esos sesgos se revelan en una investigación del propio Rodrik que acaba de difundir el National Bureau of Economic Research, “What Do Trade Agreements Really Do?. Según la misma, los acuerdos comerciales, que actualmente van más allá de la imposición de aranceles y cuotas, son el resultado de la búsqueda de rentas, de conductas interesadas por parte de las compañías multinacionales bien conectadas, que bajo la etiqueta de “libre comercio” pueden generar resultados redistributivos adversos y perdidas   de bienestar. Los ámbitos fundamentales en los que esas regulaciones y armonizaciones se concretan son los derechos de la propiedad intelectual, los flujos de capital transfronterizos, los procedimientos para la resolución de disputas y la armonización de estándares regulatorios.

Es verdad que “determinados tipos de ventajas competitivas socavan la legitimidad del comercio internacional”, ya sean las manejadas por multinacionales provenientes de economías avanzadas o aquellas otras de las emergentes. Entre esas ventajas distantes del “juego limpio” se encuentra el deterioro del medio ambiente, el empleo infantil o, en general, la vulneración de los derechos de los trabajadores. Es un hecho que resulta poco menos que imposible distinguir donde los bajos salarios son el resultado de baja productividad o de la violación de derechos esenciales. Fue precisamente la reacción al dumping del acero chino en las que se basaron los aranceles impuestos por la UE a las importaciones de acero, mucho antes de que Trump lo decidiera unilateralmente.

Las críticas de Rodrik a diversos aspectos de la actual dinámica de globalización van acompañadas de propuestas, unas más defendibles que otras, pero siempre animadas por la reducción de la fragilidad del actual sistema económico global. Por situar las relaciones comerciales y financieras “dentro de las fronteras de las instituciones que regulan, estabilizan y legitiman a los mercados”. Todo ello en aras de reducir las inseguridades e inequidades en la población que la dinámica actual está creando, y el aprovechamiento de estas por planteamientos demagógicos que disponen de un predicamento insospechado hace unos años. Algunos de ellos erigiendo todo tipo de barreras y dificultando el correcto funcionamiento de las instituciones multilaterales, sin dejar de invocar el libre comercio. Frente a ello, Dani Rodrik, al proponer una suerte de refundación de los acuerdos de Bretton Woods, que dotaron de reglas a la economía global a partir de la Segunda Guerra Mundial, no deja de ser un pragmático que hoy ya no está tan solo como el mismo cree. Conviene releerlo.

(Diario El País 18/03/2018)

CONTINGENCIAS EXTERNAS EN 2018

Poco hueco para los aguafiestas dejan los indicadores económicos. La economía global en 2017 ha registrado el mejor ejercicio desde el inicio de la crisis: ha crecido en torno al 3,6%, por encima de la mayoría de las previsiones, y ese crecimiento ha estado bien repartido, alcanzando al mayor número de economías desde 2010, las tres cuartas partes del mundo, la japonesa entre ellas. Países importantes que venían de una recesión – Brasil, Rusia, Argentina- la han superado definitivamente. La novedad más importante es el muy aceptable crecimiento de la eurozona, en claro contraste con la debilidad británica.

Los mercados financieros han reflejado esa expansión sincronizada. Los de acciones han registrado las mejores valoraciones desde el inicio de la recuperación de la crisis, amparados en aumentos de los beneficios empresariales también superiores a los esperados, en una inflación reducida y una todavía muy activa complicidad de las políticas monetarias, con los bancos centrales de la eurozona y Japón compensando el anticipado endurecimiento de la Reserva Federal. No solo las acciones, sino bonos, oro y, desde luego, algunas criptomonedas, han dado cuenta de esa reducción de la aversión al riesgo.

De ese favorable contexto se ha beneficiado la economía española, que habrá crecido un 3,1%. Los principales elementos de contraste frente a las economías más exitosas siguen siendo el mantenimiento de un nivel de desempleo relativamente elevado y una calidad del empleo manifiestamente mejorable: salarios bajos y temporalidad excesiva.

No faltan analistas que proyectan a este año la inercia de la última mitad del pasado y anticipan ritmos de crecimiento incluso superiores, algunos hasta el 4%. En el caso de la economía española el consenso se sitúa algo por encima del 2,5%, justificando la desaceleración en el menor empuje de los vientos de cola – condiciones de financiación algo menos propicias y precios del petróleo más elevados, fundamentalmente- y las posibles perturbaciones adicionales derivadas del conflicto catalán. Con todo, en la anticipación de lo que puede ser este año surgen dudas acerca de algunas de las amenazas geopolíticas que condicionaban los ejercicios de previsión del pasado y otras nuevas, estrechamente asociadas a la bonanza dominante, como es el caso de la sobrevaloración de la mayoría de activos en los que los inversores pueden colocar la abundante liquidez disponible. A su revisión se dedican las líneas que siguen.

Contingencias geopolíticas. Las amenazas extraeconómicas con proyección internacional que se cernían sobre el pasado año apenas se han concretado, o al menos la mayoría de ellas no han generado resultados suficientemente adversos. Pero no es razonable asumir que los obstáculos a la prosperidad que pueden crear hayan sido despejados del camino. No lo ha hecho la retórica proteccionista del nuevo presidente de EE. UU., ni las amenazas de Corea del Norte ni, en toda su extensión, el Brexit. Amenazas latentes son también las asociadas a una no tan gradual como hasta ahora elevación en el precio del petróleo, en especial si la situación en Oriente Medio sigue siendo objeto de alteraciones significativas, como las observadas en Arabia Saudí o Irán, el tercer productor más importante de la OPEP.

La continuidad en la recuperación del volumen de comercio internacional es una de las condiciones para el asentamiento del crecimiento global. Y la actitud de la presidencia estadounidense sigue siendo crucial. En primer lugar porque la Organización Mundial de Comercio (OMC) es objeto de un cuestionamiento permanente en su capacidad de arbitraje, su principal cometido. En segundo, porque la negociación en torno al NAFTA puede tener en este año su momento más decisivo, con la amenaza de abandono estadounidense encima de la mesa si la revisión no es satisfactoria. No hace falta insistir que el impacto en México sería importante, en especial en su industria automovilística. Tampoco puede pasarse por alto las tensiones con China, y su vinculación a los derroteros que tome el contencioso en la península de Corea.

El Brexit por su parte tampoco ha generado consecuencias muy visibles por el momento, lo que no quiere decir que no las manifieste en este año crucial. 2019 es el año de entrada en vigor del artículo 50 que, en ausencia de provisión en contra, determinará el abandono del área comercial más importante del mundo. La persistencia de la incertidumbre podría tener efectos más adversos que los hasta ahora observados sobre una economía ya debilitada. Pero también sobre sus socios más importantes, España entre ellos.

A ello hay que añadir algunos episodios más cercanos como las elecciones italianas a las que concurren formaciones políticas que cuestionan su pertenencia a la eurozona e incluso a la UE, o la todavía hoy difícil de anticipar gobernación en Cataluña.

Frente a esos episodios, el mundo sigue adoleciendo de una mínima gobernación, al tiempo que en no pocas sociedades sigue subyaciendo una realidad política marcada por la desigualdad creciente y la desafección respecto al sistema económico.

La normalización de los bancos centrales. Son tres los centros de atención en este ámbito. El impacto del relevo en la presidencia de la Reserva Federal y la orientación de los otros dos grandes bancos centrales, el BCE y el Banco de Japón. No debería haber grandes sorpresas. El tono tensionador del primero podría encontrar en el repunte de la inflación razones para acelerar la subida de tipos de interés, especialmente si las reducciones impositivas acaban teniendo un impacto en el consumo superior al esperado. Mas previsible es la reacción de los otros dos bancos centrales, en cuyas economías la inflación, todavía por debajo de los objetivos del 2%, no debería aportar grandes sorpresas. El BCE seguirá comprando activos en el mercado secundario al menos hasta septiembre y es muy poco probable que eleve sus tipos de referencia antes de 2019. No será un ejercicio cómodo. Esa actitud adaptativa hoy previsible seguirá sujeta a las presiones en su Consejo de Gobierno de los halcones, liderados por el alemán Weidmann.

 La valoración de los activos. En ausencia de alteraciones significativas en los dos ámbitos anteriores, la inercia heredada de 2017 puede seguir favoreciendo el clima inversor en activos de riesgo, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Pero es verdad que los niveles de revalorización de los que vienen invitan, en el mejor de los casos, a la cautela acerca de cualquier episodio que pudiera desencadenar bruscas correcciones. No es probable, en todo caso, que coexista el conjunto de factores tan favorables que han confluido en 2017 con la volatilidad extremadamente reducida que hemos observado. La estabilidad financiera también podría verse alterada si lo hace la digestión del elevado endeudamiento privado de China.

Las contingencias extraeconómicas anteriores pueden influir en una economía tan abierta como la española. Más allá de la percepción del riesgo asociado a la gobernación en Cataluña, los apoyos externos es probable que no sean tan intensos como en el pasado. Frente a todo lo anterior, cabrían sorpresas favorables. La concreción del plan de perfeccionamiento de la Unión Monetaria sería la más relevante, en la medida en que contribuiría a fortalecer la idea de que 2017 no fue un paréntesis en el cuestionamiento de su viabilidad como zona monetaria. La otra sorpresa sería que la inversión creciera de forma significativa y amparara futuros aumentos de la productividad y de los salarios, que falta hacen, aquí y en el conjunto de Europa.

(Diario El País 14/01/2018)

MOMENTOS MINSKY

Coincidiendo con la celebración del 19º Congreso del Partido Comunista Chino, el pasado 19 de octubre el gobernador del banco central, Zhou Xiaochuan, advirtió del exceso de complacencia con la evolución de su economía y caracterizó la situación como cercana a un “momento Minsky”: de colapso en los mercados de activos. No solo a los analistas más supersticiosos se le pusieron los pelos de punta. A nadie se le oculta que la significación de la declaración cobraba especial importancia por quien la formuló, pero también por el contexto en que se producía. El máximo responsable del Banco Popular de China es un funcionario altamente respetado dentro y fuera de su país, y en ese congreso se sacramentaba la trayectoria que había seguido la economía china, al tiempo que se trataba de sentar las bases para prolongar la bonanza. El aviso coincidió con el 30º aniversario del “crash” bursátil, de aquel “lunes negro” de octubre de 1987 que marcó una nueva época en la escena financiera. Ese contexto se completa con la sensibilidad en todo el mundo acerca de las consecuencias de la “normalización” en curso de las políticas monetarias: el impacto que la retirada de los estímulos excepcionales de los principales bancos centrales puede ejercer sobre unos mercados financieros globales, donde el descenso de la aversión al riesgo está cada día más extendido.

A pesar de su temprana muerte, en 1996, Hyman Minsky es considerado uno de los académicos que analizó con mayor detenimiento y agudeza el potencial de inestabilidad asociado a la actividad de los mercados financieros y las crisis de esa naturaleza. Keynesiano de pro, enseñó en Chicago y en Harvard, donde fue ayudante de Alvin Hansen, también de gran actualidad por haber acuñado en los años treinta el término “secular stagnation”. Fue tras la emergencia de la crisis de 2007 cuando la obra de Minsky renovó una vigencia escasamente reconocida en los medios académicos durante su vida, quizás por el abrumador dominio durante el último tercio del siglo veinte de la presunción de eficiencia de los mercados financieros difundida por Eugene Fama. En una columna en estas mismas páginas, de 4 de enero de 2009, hacíamos referencia a la vigencia de la obra de este autor (https://elpais.com/diario/2009/01/04/negocio/1231078468_850215.html). Su ahora ampliamente conocida “hipótesis de inestabilidad financiera” desarrolla el proceso de alimentación de una crisis a través de largas fases de crecimiento económico, de general complacencia, a las que se asocian intensos ascensos en los precios de los activos de toda naturaleza y, muy especialmente, elevaciones en todo tipo de endeudamiento. Minsky distinguió tres según su riesgo: el más prudente, destinado a cubrir aumentos de la capacidad productiva de las empresas, el que el calificaba de especulativo, destinado básicamente a pagar intereses, o la “financiación Ponzi” , cuando el prestatario no dispone de medios líquidos para pagar ni el principal ni los intereses, confiando en este último caso en que la revalorización de las cotizaciones de los activos sea suficiente para pagar unos y otros. Ya se sabe quién fue Ponzi, su recuerdo tras el escándalo Madoff y por la acumulación de operaciones excesivamente apalancadas que precedieron a la explosión de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en el verano de 2007 en EE. UU. El término “Minsky moment” lo acuñó Paul McCulley, de PIMCO, durante la crisis asiática de 1997, la suspensión de pagos de la deuda doméstica rusa y la consiguiente devaluación del rublo un año más tarde. Desde entonces ha quedado asimilado a un desplome en los precios de los activos financieros determinado fundamentalmente por el exceso de endeudamiento, de esa tercera modalidad de apalancamiento demasiado confiado en la revalorización de las inversiones que financia.

No ha sido Zhou Xiaochuan el primer banquero central en apelar a Minsky. La propia Janet L. Yellen, le dedicaría una muy citada conferencia en 2009, poco antes de llegar a la presidencia de la Reserva Federal de EE. UU. También se han referido a él los dos últimos gobernadores del Banco de Inglaterra. Ahora llovía sobre mojado, especialmente en el territorio financiero chino. Antes de la advertencia de Zhou Xiaochuan, otras instituciones, el FMI de forma destacada, han invocado el nombre de Minsky, no precisamente en vano. En sus últimos informes de perspectivas globales y en el de estabilidad financiera, del pasado octubre, esa institución subraya como la combinación de una trayectoria de elevada deuda y reducción del espacio fiscal disponible para responder en caso de un ajuste abrupto, conforma una exposición elevada a tensiones financieras. Las familias, los ayuntamientos y las empresas chinas han contribuido a que el endeudamiento se haya más que duplicado en relación con el PIB en los últimos diez años, algo que incluso supera lo ocurrido en España en la década previa a la crisis de 2008.

Además de China, la vinculación al momento actual tiene algunos rasgos cercanos a la caracterización del “momento Minsky”: la reducción de la aversión al riesgo, en gran medida obligada por unos tipos de interés históricamente bajos son propiciatorios del endeudamiento creciente, así como de la búsqueda de rendimientos en activos de riego superior al habitual. La desaparición de las primas de riesgo ha sido paralela al aumento de la deuda en todo el mundo hasta más del 320% del PIB, desde niveles del 265% a principios de la década. Hace pocas semanas observábamos como los bonos de baja calidad crediticia, de “elevado rendimiento”, cotizaban con precios históricamente elevados: con tasas de rentabilidad inferiores al 2%. A partir de ahí, cualquier episodio, que altere el precario equilibrio, como un alza en los tipos de interés, puede desencadenar una escalada de ventas de activos por los inversores con el fin de pagar deudas, una crisis en toda regla.

Por eso eran razonables los avisos del gobernador chino y las recomendaciones de un control ordenado de la excesiva expansión del crédito. Frente a ello, no faltan analistas que minimizan el alcance de esas advertencias, debido a un improbable desapalancamiento forzoso y generalizado, que se considera el determinante de un “momento Minsky”. Es verdad que no son excesivas las inversiones extranjeras de cartera en China, que provocarían las ventas iniciales ante un chispazo, y las autoridades disponen de recursos y capacidad de maniobra suficientes para responder a eventuales escaladas vendedoras de activos estabilizando el sistema financiero, desde luego los más expuestos bancos estatales. Ninguno de esos analistas menos alarmistas, sin embargo, pasan por alto los riesgos que sobre el crecimiento de la segunda economía del mundo puede generar un frenazo en esa dinámica crediticia y de endeudamiento. Frenazos que pueden venir dados por la adaptación a un entorno de mayor endurecimiento en las condiciones monetarias.

Y ya se sabe, en las circunstancias actuales, si China estornuda el resto del mundo debemos empezar a abrigarnos, especialmente los que más cerca tenemos la adaptación a un entorno de menor complicidad monetaria, de también obligada redefinición de la aversión al riesgo, tan marginada del escenario financiero desde que los bancos centrales nos salvaron de males peores. El cambio de actitud de ellos mismos podría ser uno de los detonantes de modificaciones de alcance global en las carteras, y de reversiones en los flujos de capital por aquellos inversores que han tratado de buscar rendimientos donde el margen era cada día más reducido.

(Diario El País, 26/11/2017)

FACILIDADES EMPRESARIALES

La eurozona sigue convaleciente. Fortalecimiento institucional y políticas económicas adecuadas son las conclusiones que la Comisión Europea ha deducido como necesarias y simultáneas para que la Unión Monetaria (UME) siga funcionando. Las primeras tienen en la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) y un presupuesto específico de la eurozona, su principal referencia. En las segundas se hace hincapié en las reformas de los mercados de trabajo y de productos, con el fin de aumentar la capacidad de resistencia frente a futuras crisis y aumentar el crecimiento potencial de las economías. A este último respecto la Comisión en su último Informe trimestral sobre la eurozona ( https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/quarterly-report-euro-area-qrea-vol-16-no-1-2017_en) destaca la conveniencia de no llevar a cabo de forma aislada reformas en el mercado laboral. Se aporta evidencia econométrica de los efectos favorables cuando las reformas de los mercados de trabajo y de bienes y servicios se abordan simultáneamente. Las consecuencias adversas a corto plazo derivadas de reformas aisladas y prioritarias en el mercado de trabajo se atenúan si coexisten con otras reformas, así como con el apoyo en actuaciones macroeconómicas que compensen sus efectos depresivos sobre la demanda.

No se ha hecho así en algunos casos. En realidad, cuando se hace referencia a reformas estructurales destinadas a mejorar la eficiencia de las economías, desde luego de la española, se piensa casi exclusivamente en el mercado de trabajo. Es un error. Y así lo viene a certificar ese informe. Son tan necesarias o más las que se concretan en los mercados de bienes y servicios, en las instituciones, etc. Además, cabría añadir, es necesario que los impulsos reformistas no sean discontinuos, sino que formen parte de una tensión permanente en todos los ámbitos que condicionan la actividad económica, que puedan llegar a obstaculizar innecesariamente el funcionamiento de las empresas, incluido su nacimiento.

En esta ocasión la Comisión se incorpora a los numerosos analistas que utilizan los indicadores que aporta el informe “Doing Business” (DB) del Banco Mundial como base para facilitar la generación de ganancias de productividad. Es una de las áreas más importantes de reforma estructural, la que recae sobre las regulaciones y calidad de las administraciones públicas, como determinantes del entorno empresarial. La evidencia de su influencia en la calidad del crecimiento existe desde hace años: un mejor entorno empresarial genera efectos favorables sobre la inversión privada, así como una mayor movilidad empresarial y eficiencia asignativa. Y ahora es considerado con razón un área de prioridad en la segunda fase hacia la profundización de la UEM.

Merece la pena, por tanto, detenerse en ese análisis de las facilidades empresariales aprovechando la reciente publicación del correspondiente a 2017-18, ((http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/esp.pdf) en lugar del precedente que es el maneja el informe de la Comisión y, además, el específico sobre España (http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/ESP.pdf). No es la primera vez que se hace referencia en esta columna a la significación creciente que han cobrado esos informes en el análisis académico y profesional del potencial de las 190 economías escrutadas cada año, de su capacidad para regenerar el tejido empresarial y para atraer inversiones extranjeras directas. Evalúa la facilidad o la dificultad para la gestión de una empresa pequeña o mediana, incluida su creación, cumpliendo todas las regulaciones del país en cuestión. Son diez aspectos los considerados esenciales a ese respecto, desde las facilidades para la constitución de una empresa, hasta la obtención de los permisos necesarios para obtener los suministros básicos, o para acometer proyectos de construcción, pasando por regulaciones de solvencia, fiscales, o la obtención de crédito.

El informe ha ido enriqueciéndose con más indicadores. Como la propia institución admite tiene algunas limitaciones metodologías, como son las derivadas de dejar fuera de su alcance aspectos relevantes como la proximidad a grandes mercados, la calidad de las infraestructuras de algunos servicios, la seguridad, la transparencia de las contrataciones públicas o las condiciones macroeconómicas, que otros informes como el del World Economic Forum incluyen. En realidad, los indicadores están referidos a empresas de dimensión mediana, normalmente de propietarios individuales, de responsabilidad limitada, que operan en grandes ciudades.

Los progresos realizados en los últimos años por la mayoría de las economías no pueden ocultar las marcadas diferencias entre países dentro de la UE. Los mejores resultados siguen siendo los obtenidos por economías no pertenecientes a la moneda única: Dinamarca es el mejor calificado, tercero en la lista global, pero también destacan favorablemente Suecia o Reino Unido. Estonia, Finlandia, Letonia, Alemania e Irlanda son los mejores de la eurozona. España no queda muy bien, un año más. Y es difícil entenderlo porque las reformas consecuentes con los indicadores de ese registro son baratas, no incorporan grandes esfuerzos presupuestarios.

En el correspondiente a 2017, España está en la posición 32ª, desde la 33ª del año anterior, por debajo del promedio de la OCDE. La mejor ciudad que sale en la clasificación general es Logroño, seguida de Madrid; Barcelona es la 6ª. En el indicador correspondiente a la apertura de una empresa la posición de nuestro país es la 85º (requiere 7 procedimientos, se tarda de media 13 días, el coste es equivalente al 5% de la renta per capita y el capital mínimo necesario del 12,9%), un empeoramiento de seis posiciones respecto al año anterior. Madrid vuelve a aparecer en este indicador en segundo lugar, detrás de Sevilla, y Barcelona en la 9ª posición. Entre las diferentes categorías de indicadores, España lidera la clasificación global en materia de comercio transfronterizo y ocupa una posición aceptable en la resolución de insolvencias (18). Más bajas son las relativas al cumplimiento de contratos (29), protección de los inversores minoritarios (32) y pago de impuestos (37).

Complementario del anterior es el Global Competitiveness Índex (GCI), elaborado por el Word Economic Forum, al que también se refiere el FMI en su último informe sobre España. Se trata de una síntesis de 12 indicadores correspondientes a otros tantos pilares considerados expresivos de la capacidad competitiva de una economía: instituciones, infraestructuras, educación y formación profesional, eficiencia de los mercados de bienes y de trabajo, desarrollo financiero, adaptación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación.

En su última edición, la correspondiente a 2017, aparecemos en la posición 34º dos lugares por debajo de la del año pasado. Los mejores pilares son infraestructuras (12) y tamaño de mercado (17). En el listado de factores más problemáticos para la actividad empresarial, el indicador más comparable con el DB del BM, los resultados no son buenos. Burocracia gubernamental, fiscalidad, ineficiencias en el mercado de trabajo, dificultades para innovar, nos diferencian adversamente. Los mejores resultados en esos 12 pilares los obtenemos en infraestructuras y en salud y educación primaria, tamaño de mercado y adaptación tecnológica. Este último contrasta con la posición que ocupa nuestro país en el DESI (Digital Economy and Society Index), que sintetiza los indicadores relevantes de adaptación y competitividad digital de los países de la UE. Con una puntuación de 50,5, frente al promedio de la UE, de 49,4, pero muy por debajo de las economías nórdicas que también aquí lideran la clasificación.

La conclusión es obvia. Observar las buenas prácticas de las economías más eficientes y competitivas debería marcar la pauta para su adopción. En mayor media, como es el caso en casi todas ellas, si las decisiones consecuentes para adaptarlas a nuestra economía apenas comportan esfuerzos presupuestarios significativos.

(Diario El País 15/10/2017)

ES EL CONOCIMIENTO

La economía española sigue huérfana de productividad. Es una constante del patrón de crecimiento desde hace muchos años. Tiene que ver con la especialización productiva, con el tipo de producciones que se llevan a cabo y, consecuentemente, con la dotación de factores que se emplean, no solo con la cantidad, sino fundamentalmente con la calidad. La intensidad inversora, la cualificación de factor trabajo, la disposición de tecnologías de la información, la calidad de la gestión empresarial, son factores que influyen en el crecimiento de la productividad. También lo hacen otros que no dependen tanto de la empresa, sino del entorno, de las instituciones públicas y privadas, desde los sistemas financieros hasta los tribunales de justicia, pasando por las distintas regulaciones. Aumentos en la productividad posibilitan el fortalecimiento de las ventajas competitivas de las empresas, la superveniencia exitosa en entornos internacionales adversos, y, en definitiva, el incremento en el PIB por habitante.

Una revisión comparada de la calidad de los factores empleados en la economía española frente a otras economías ayudaría a entender esos pobres resultados de nuestra productividad y, en última instancia, la vulnerabilidad de las ventajas competitivas de muchas de nuestras empresas. Una de las razones, pero en modo alguno la única, es la menor importancia relativa de factores intensivos en conocimiento, empezando por el grado de cualificación del factor trabajo, la utilización de TIC o la dotación de activos intangibles. A pesar de la mayor dotación de esos factores, especialmente antes de la crisis de 2007, el peso de que dispone en España el Valor Añadido Bruto (VAB) basado en el conocimiento lo alcanzaron las principales economías de la OCDE hace más de un cuarto de siglo.

Antes de la crisis, ese patrón de crecimiento de la economía española estuvo dominado por la actividad de sectores especializados en producciones poco intensivas en conocimiento y por un elevado endeudamiento privado. Este, lejos de asignarse a la diversificación fue mayoritariamente aplicado en aquellos sectores tradicionales, menos intensivos en conocimiento. La modernización de los mismos, el empleo de factores más cualificados fue muy limitado. La excesiva captación de ahorro exterior, fundamento último de la severidad de la crisis en España, no se empleó para adaptarse a un entorno competitivo global en el que dominaba la intensidad tecnológica, fundamentalmente en las TIC, soporte fundamental de la economía del conocimiento. En realidad, durante la expansión que concluye en 2007 la economía española acentúa la especialización relativa en sectores tradicionalmente alejados de la economía del conocimiento.

En la recuperación tampoco se observa una intensificación de la productividad. A pesar de que al igual que en el periodo de expansión los factores basados en el conocimiento fueron aumentando, lo hicieron en los sectores tradicionales. Esos factores han ido ganando peso intrasectorial,  pero  la producción no se ha orientado hacia sectores más intensivos en el uso de factores más cualificados

Un nuevo trabajo del IVIE (“El valor económico de las actividades basadas en el conocimiento en España y sus regiones”), realizado en esta ocasión por Joaquín Maudos, Eva Benages y Laura Hernández, contribuye a esclarecer esas dotaciones en la economía española y en sus Comunidades Autónomas. No es la primera vez que esa institución se centra en los determinantes de la productividad de la economía española, de su prosperidad, en definitiva. En realidad, ese trabajo es complementario de otros como el dirigido por el profesor Ernest Reig (“La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento”). Una tradición investigadora, la exhibida por esta institución desde su creación hace 27 años, que se ha materializado en la existencia de bases de datos valiosas y publicaciones tan útiles en la formulación de políticas económicas que revelan una elevada productividad de sus investigadores.

En esta ocasión han construido una base de datos que cuantifica el valor de las actividades económicas basadas en el conocimiento en España y sus Comunidades Autónomas, con un elevado grado de desagregación sectorial, que sirva para cuantificar el VAB basado en el conocimiento. Esos factores son: el trabajo cualificado, los activos TIC, activos intangibles, maquinaria y equipo y material de transporte. Se cuantifica la parte de renta que retribuye los servicios que prestan: su contribución al VAB.

Es importante analizar las diferencias en comportamiento económico de las regiones españolas, en especial en su convergencia en términos de PIB por habitante. Esta fue explícita en los años de expansión, pero la crisis frenó esa convergencia y ahora se acentúa la divergencia. Como no podría ser de otra manera, en el trabajo se pone de manifiesto la estrecha relación existente entre la importancia relativa de los activos basados en el conocimiento, las variaciones de la productividad y el PIB por habitante.

La Comunidad Autónoma con mayor peso del VAB basado en el conocimiento es Madrid, seguida del País Vasco y Navarra, que son también las que encabezan los mejores registros de productividad y PIB por habitante. Extremadura es la que dispone de un PIB per cápita menor y también de un peso menor en los activos basados en el conocimiento. Es importante subrayar este último punto: las diferencias que existen entre regiones en el peso de la economía basada en el conocimiento no se deben tanto a diferencias de especialización, sino a la intensidad con que utilizan recursos más cualificados, muy especialmente el del factor trabajo. Este es el factor cuya retribución absorbe la mayor parte de la renta generada y, por ende, la generación del mayor VAB. Las excepciones más destacadas en ese ámbito de la especialización productiva son, por un lado, Madrid, donde los sectores intensivos en conocimiento son más importantes y, por otro, Baleares, donde el dominio de las actividades de hostelería o inmobiliarias condiciona su posición en esa clasificación.

Las orientaciones que se deducen de ese trabajo para la política económica son claras. Para que aumente el PIB por habitante es importante que haya alteraciones en la especialización productiva, que ascienda la importancia de sectores más intensivos en conocimiento, pero también lo es que lo hagan otros aspectos que condicionan el uso eficiente de esos factores basados en el conocimiento. La dimensión de las empresas y la calidad de la gestión empresarial, de la que se ocupó esta columna hace un mes, son igualmente determinantes. La evidencia es amplia a este respecto: dimensiones excesivamente reducidas impiden la incorporación de todos esos factores intensivos en conocimiento y la distancian de capacidades de gestión capaces de diferenciar suficientemente la oferta de las empresas. Es decir, de generar ganancias de productividad, de competitividad y, por tanto, de favorecer el ascenso de la renta por habitante del conjunto de la economía.

Siendo responsabilidad principal de las empresas disponer de la suficiente intensidad en conocimiento, las administraciones públicas también han de procurar el apoyo a las mismas. Han de hacerlo con decisiones de asignación de recursos públicos a una adecuada educación,   a inversión, así como a las actividades de I+D, todas ellas sacrificadas durante la gestión de la crisis. También han de reforzar los mecanismos de supervisión de la competencia y mejorar la calidad de las demás instituciones que condicionan la actividad empresarial, en  mayor medida la de las pequeñas unidades. En ausencia de esa visión más larga, de ambos agentes, la vulnerabilidad de nuestra economía a condiciones globales menos favorables, seguirá siendo elevada.

(Diario El País, 07/05/2017)

PRODUCTIVIDAD Y FUNCIÓN EMPRESARIAL

Se ha hecho tópica con razón aquella afirmación que formuló Paul Krugman en su libro “La era de las expectativas limitadas” (1994): “la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida depende casi enteramente de su habilidad para elevar la producción por trabajador”. La hemos vuelto a recordar con ocasión de la reciente presentación del muy recomendable libro de Juan Francisco Jimeno, “Crecimiento y Empleo. Una relación turbulenta e incomprendida”, cuyo propósito central es desmontar las simplificaciones acerca de los factores determinantes de la creación de empleo y, en concreto, la propensión a concretar umbrales del PIB a partir de los cuales el empleo se intensifica. Esa relación, en efecto, no es lineal ni simple, depende de no pocos factores y, siendo importante, va más allá de la estricta organización del mercado de trabajo, de su regulación más o menos disfuncional y de la mejor o peor ejecución de las políticas de empleo.

Asumiendo la complejidad del análisis de ese vínculo entre crecimiento económico y empleo lo que queda evidenciada es la relación positiva a largo plazo entre el crecimiento del empleo y la productividad; más concretamente, la productividad total de los factores (PTF, las mejoras que tiene lugar más allá de la eficiencia de cada uno de los factores de producción), de la que hemos hablado en esta columna en diversas ocasiones. Lo hemos hecho tras verificar que de forma continua, desde luego desde mediada la década de los noventa, la PTF española apenas crecía.

En esta juegan un papel importante aspectos externos como la calidad de las políticas y de las instituciones, privadas y públicas, con las que las empresas interactúan, incluidas, desde luego, las relativas al mercado de trabajo. Pero no menos relevantes son aquellos otros que permiten una asignación eficiente de los recursos, una continua adaptación competitiva de las empresas, que son en última instancia las que de forma agregada determinan esas mejoras de eficiencia. Y en este punto, la organización de las empresas en su acepción más amplia, es esencial: su capacidad innovadora no solo en la generación de nuevos productos o servicios, sino en la mejora de los procesos. En la adecuación de las organizaciones, la calidad de la función empresarial, de la gestión y, desde luego, la dimensión de las empresas son aspectos esenciales.

Las circunstancias que presiden la creación de empresas, los incentivos u obstáculos que existen para que buenos talentos decidan emprender, las formas de crecimiento de las empresas, las probabilidades de supervivencia que tienen, son aspectos que han cobrado una importancia creciente en la explicación de los registros de productividad de las economías. Las “cajas negras”, no siempre atendidas en la modelización macroeconómica, han pasado a recabar una atención cada día mayor en las investigaciones aplicadas. También, y de forma bastante meritoria en nuestro país. Y es que los resultados agregados en este campo son los que explican las posibilidades de aumentar el bienestar conjunto de la economía, el aumento sostenido del PIB por habitante.

Esa evidencia pone de manifiesto, en primer lugar, que las facilidades en España para la creación de empresas no son precisamente las mejores. Las posiciones de nuestro país en el conocido indicador “Doing Business” del Banco Mundial siguen situándose por debajo de la posición 30º, con trámites y plazos de constitución superiores al promedio de las economías avanzadas. A las dificultades en el nacimiento se añade la dimensión reducida con que nacen, muy inferior al de otros países: en realidad, muchas empresas nacen sin trabajadores, y son estas las que registran una menor tasa de supervivencia. En esas dificultades de partida influyen aspectos regulatorios, en el mercado de trabajo o en la legislación concursal, pero también de naturaleza financiera, de un sistema poco orientado a la financiación de proyectos con riesgo diferencial o, simplemente, a la asignación de financiación a empresas poco productivas.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, de las 3.236.800 empresas que existían en España en enero de 2016 (último dato disponible), solo el 15,8% de las activas tenía una edad igual o superior a 20 años, mientras que el 20,1% tenían menos de dos años. Con datos a esa misma fecha, más de 1,79 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta cifra supuso el 55,3% del total. Además, otras 895.574 (el 27,7% del total) tenían uno o dos empleados. Es decir, el 83% de las empresas españolas ocupaban a dos o menos asalariados; solo el 4% tenían más de 20 trabajadores. Son cifras que contrastan con el promedio europeo, pero especialmente con las economías más competitivas. No son necesarios más datos para asumir que esa dimensión media o la baja tasa de supervivencia de las empresas no favorecen el aumento de la productividad: no facilitan la incorporación de capital humano, físico o tecnológico suficiente y de calidad. Ayudan a entender, en suma, la baja propensión innovadora de la mayoría de las empresas españolas, su reducida inversión en intangibles, en I+D en particular, muy inferior al promedio de la OCDE. En consecuencia, las posibilidades de generar ganancias de productividad, de mejorar su capacidad competitiva, son inicialmente menores que las disponibles para la mayoría de las empresas de las economías de nuestro entorno. Y ello se percibe en ese otro aspecto relevante que es la calidad de la propia función empresarial, difícil de cuantificar, pero altamente correlacionada con la PTF.

Son muy escasas las aproximaciones empíricas a este ámbito en nuestro país. Las realizadas por los profesores de Economía de la Empresa Emilio Huerta y Vicente Salas son de las más destacadas. De sus trabajos comparados sobre dimensión empresarial y productividad se deduce que la calidad de la gestión empresarial (el uso de técnicas adecuadas para organizar el trabajo, coordinar y motivar a las personas en la organización) explica también la distribución por tamaños de las empresas. Junto a ella, o dentro del mismo concepto de calidad de la función empresarial, la capacidad para fortalecer la confianza entre los principales actores de la empresa, disponen de mayor influencia en las diferencias de tamaños medios empresariales que las existentes en el funcionamiento de los mercados de productos y factores. Son conclusiones similares a las destacadas recientemente por el Presidente del BCE (“Moving to the Frontier: Promoting the Diffusion of Innovation”) subrayando como la difusión tecnológica, no solo la propia generación de innovación, requiere de calidad de la gestión empresarial, capaz de propiciar adaptaciones organizativas que absorban nuevas tecnologías, nuevas técnicas de gobernar las empresas, en definitiva.

Estas referencias a los aspectos más directamente vinculados al interior de la“caja negra” no significa que los relativos al entorno, a la reducción de barreras limitativas de la competencia, a la calidad de las instituciones y las políticas, incluida la educación y la inversión pública en I+D,o la adecuada asignación de financiación, sean poco importantes. Su eficacia, en todo caso, sería mucho mayor si la composición del censo empresarial y la calidad de los que dirigen la amplia mayoría de las empresas, fueran más adecuadas. Ejemplos no faltan, dentro y fuera de nuestro país, para descartar que se trate de limitaciones imposibles de superar.

(Diario El País, 26/03/2017)

TRUMP TAMBIEN AMENAZA A EUROPA

De cumplir todos sus compromisos electorales, la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU tendrá consecuencias de alcance sobre la economía mundial. Desde luego sobre la dinámica de globalización y las relaciones multilaterales que han presidido aquella desde la suscripción de los acuerdos de Bretton Woods, en 1944. Además de las ya adoptadas limitaciones a la movilidad de las personas, ha comprometido modificaciones importantes en la estructura fiscal, diversas actuaciones comerciales caracterizadas por un acusado proteccionismo, alteraciones en los compromisos medioambientales y, no menos importantes, desregulaciones financieras de gran significación. Aun cuando es pronto para evaluar el impacto de todas ellas e identificar a las economías mas afectadas, es claro que la Unión Europea (UE) sería, en principio, una de las más perjudicadas. Además de ser el principal socio de EEUU, la UE es responsable del 15% del comercio global de mercancías y del 25% del de servicios. También es la sede de numerosas empresas multinacionales con actividades en EE.UU. y en algunas de las economías donde el nuevo presidente ha centrado su agresividad inicial. A continuación se revisan esos cuatro ámbitos estrictamente económicos, sin menoscabo de otros, geopolíticos o directamente militares, donde las consecuencias pueden ser igualmente relevantes para la UE.

a) Política fiscal. Pendiente está de concretar las intenciones de expansión fiscal anunciadas durante la campaña. Comprometió el equivalente a un billón (de los nuestros) de dólares en tres destinos: reducciones impositivas sobre las empresas y sobre las personas, e incrementos en la inversión en infraestructuras y defensa. Dependiendo de la distribución final y del ritmo al que se hagan esas asignaciones, el resultado será una expansión a corto plazo del ritmo de crecimiento de la economía y, desde luego, elevaciones en la tasa de inflación. Con una tasa de paro del 4,8% y unos salarios creciendo cerca del 3%, las expectativas inflacionistas justificarían actuaciones más agresivas de la Reserva Federal en la ya anticipada senda de elevaciones de los tipos de interés. Y, con ellas, apreciaciones adicionales del tipo de cambio del dólar frente a la principales divisas, el euro entre ellas. Las economías con pasivos en dólares, en particular no pocas emergentes, verán encarecido el servicio de su deuda. En la eurozona, la asimetría entre ambas políticas monetarias no facilitará las cosas al BCE, generando un clima propicio a perturbaciones financieras. Dependiendo de las reducciones impositivas que finalmente practique a las empresas, sus competidores, desde luego las europeas, dispondrán de menores ventajas competitivas. En mayor medida si esa fiscalidad favorable se acaba vinculando a la producción doméstica, penalizando las importaciones

b) Política comercial y guerra cambiaria. Las intenciones marcadamente proteccionistas han sido las mas explicitas desde el inicio de su campaña. Y las que han se han concretado más rápidamente en decisiones sin pasar por las cámaras. El abandono del Acuerdo Transpacífico (TPP, comprensivo de 12 países con un PIB conjunto del 42% del mundial), las amenazas de revisión del NAFTA, del funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio o la imposición de elevados aranceles a las importaciones mexicanas y chinas, son las más destacadas. Los nombramientos iniciales en este ámbito refuerzan las presunciones de un proteccionismo sin precedentes, desde que su antecesor Herbert Hoover hiciera lo propio agravando la Gran Depresión. Europa tampoco queda a salvo de las consecuencias de traslación de esa retórica a los hechos. Los fundamentos de la UE no son otros que el libre comercio, la apertura a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, de la que dan cuenta la importancia relativa de sus exportaciones e inversiones directas en el extranjero. Además de la denuncia del ya moribundo TPPI, las simpatías de Trump por el Brexit y, en general, por la fragmentación de la UE, han sido suficientemente explícitas. La eurozona, y Alemania en particular, también ha sido objeto de acusaciones de manipulación del tipo de cambio con fines competitivos. De la ausencia de fundamentación de las mismas ya dio cuenta el presidente del BCE en su comparecencia en el parlamento europeo.

c) Respeto a los acuerdos medioambientales. Menos definitiva parece su posición final acerca del mantenimietno de los Acuerdos de Paris de 2015, suscritos por casi 200 países. La disposición durante la campaña electoral a denunciar esos acuerdos parece ahora menos contundente. Todavía días antes de las elecciones sostenía que el concepto de calentamiento global es una farsa creada por las autoridades chinas con el fin de erosionar la competitividad de las manufacturas americanas.

d) Desregulación financiera. Las actuaciones desestabilizadoras se completan con las orientadas a reducir la regulación sobre el sistema financiero diseñada tras la emergencia de la pasada crisis. El objeto de ataque es el conjunto normativo conocido como “Reforma Dodd-Frank”, a cuya revisión ya ha dedicado unas de las primeras órdenes ejecutivas. Una sección de esa ley, la denominada “regla Volcker”, que prohíbe a las instituciones financieras operaciones por cuenta propia en instrumentos y con instituciones considerados especulativos, será la primera en caer. También serán objeto de revisión a la baja las exigencias relativas a la protección de los consumidores de servicios financieros. Los acuerdos internacionales que establecen los requerimientos mínimos de recursos propios de los bancos han sido considerados un obstáculo al crecimiento del crédito, por lo que serán igualmente contestados. Las vías de impacto en el resto del mundo del eventual desmantelamiento de esas regulaciones pueden ser importantes. Además de las ventajas competitivas de los bancos bajo una regulación más laxa, la escena financiera global queda más expuesta a episodios de inestabilidad. Desde antes de la emergencia de la crisis de 2007 hemos tenido evidencia suficiente del potencial de contagio de las crisis nacionales, pero fue esa la que permitió constatar que en el espacio financiero actual ya no existen crisis financieras locales.

Con independencia de las grandes dudas sobre la racionalidad de ese conjunto de decisiones, definidas todas ellas por una reversión sin precedentes de la dinámica de integración global y de las posibilidades de gobierno a través de las organizaciones multilaterales, su concreción tendrá consecuencias adversas sobre la economía estadounidense y el conjunto de la mundial. Por el momento, la incertidumbre ya se ha instalado en las decisiones de no pocas empresas y gobiernos, no solo aquellos con vínculos comerciales o inversores más estrechos con EEUU. La emergencia de guerras comerciales o de divisas, en un contexto de debilitamiento de los flujos de comercio, y de los de capital hacia las economías emergentes, no favorecerá el crecimiento económico. Tampoco en Europa.

A punto de celebrarse el 60º aniversario de la suscripción del Tratado de Roma, la UE, han reconocido propios y extraños, atraviesa la peor crisis existencial desde entonces. El país que fue uno de los principales inspiradores de la idea de integración europea es ahora gobernado por un partidario de su fragmentación, que se propone adoptar decisiones que limitarán seriamente la capacidad de la UE para corregir las secuelas dejadas por la crisis. A los no poco relevantes focos de incertidumbre política internos se añaden los derivados de acciones por la primera potencia mundial que pueden condicionar la estabilidad geopolítica de la región y, desde luego, la capacidad para conseguir ritmos de crecimiento compatibles con el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. La respuesta a ello no puede ser esa “paciencia estratégica” que pareció emerger de la última cumbre de Malta, sino avances claros hacia la adopción de políticas de inversión y de fundamentación de la unión política.

(Diario El País 18/02/2017)

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