Agricultura y emisión de gases invernadero, por José Colino Sueiras

El sector agrario tiene indiscutibles externalidades positivas, pero no es oro todo lo que reluce. El proceso de intensificación de las labores agrarias ha dado lugar a nocivos efectos sobre el entorno natural. Para aproximarnos a esta cuestión, nos centraremos en la migración de gases invernadero. Recuérdese que la estrategia Europa 2020 plantea como uno de sus objetivos básicos que, respecto al nivel de 1990, la emisión se reduzca un 20% en el conjunto de la UE.

Utilizaremos como referencia los datos del último bienio con información disponible en Eurostat, 2013-2014, para suavizar las notables oscilaciones interanuales del VAB agrario. Pues bien, en UE-28, la aportación del sector agrario al VAB total se limitó a un 1,4%, elevándose a un 10,4% su participación en la emisión de gases. Las cifras españolas respectivas son 2,3% y 8,2%. Por tanto: a) La agricultura es una actividad altamente intensiva en gases invernadero; b) En España lo es sensiblemente menos que en el conjunto de UE-28.

Profundicemos en esta cuestión a través de un primer indicador: Emisión de gases por unidad de output. En el citado bienio, por cada mil euros de VAB agrario se emitieron 2,55 Tm de gases. Promedio europeo que, como siempre, alcanza un alto grado de dispersión, desde el mínimo italiano de 0,97 Tm al máximo letón de 11,17 Tm. España es el tercer país con inferior grado de emanación: 1,67 Tm. Sigamos con el segundo indicador: Emisión de gases por unidad de superficie. La cifra europea es de 2,48 Tm por Ha de superficie agraria utilizada. La cifra más baja es la de Rumanía (1,23) y la más elevada es la de Holanda (10,32). La cifra española es, nuevamente, de las más bajas: 1,48 Tm/Ha.

Obvio es que las diferencias entre los dos indicadores anteriores están asociadas a la productividad de la tierra -VAB generado por unidad de superficie-, con un promedio europeo de 1.742 euros por Ha. El muy diverso grado de intensificación da lugar a un amplio rango, con un límite inferior en Letonia, por debajo de la décima parte de tal media, siendo Holanda la que determina el superior, que más que triplica la anterior cifra europea. No es de extrañar, pues, que en términos de output la emisión de gases de la agricultura holandesa sea relativamente baja (70% de la media de UE-28) y se dispare cuando se refiere a la superficie agraria, ocurriendo justamente lo contrario en el caso de Letonia. En España, la productividad de la tierra equivale a la mitad del conjunto de la UE.

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El gráfico superior combina los dos primeros indicadores, concediéndoles salomónicamente la misma ponderación en el dato resultante. Destaca el hecho de que el sector agrario español es el que ofrece un mejor resultado: Base 100 la media de los dos indicadores en UE-28, el dato correspondiente a España es 62,4. Italia, Rumanía, Hungría, Croacia y Grecia presentan, asimismo, valores relativamente bajos. En el otro extremo se emplaza Irlanda, con una media relativa que cuadriplica al registro español. Por su parte, Letonia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Malta exhiben cifras que se sitúan en el intervalo 220-250 respecto a UE-28 = 100. Los diecinueve estados miembros con un resultado superior a la media europea forman un grupo con fuerte presencia de los que tienen una elevada renta por habitante, pudiendo concluirse que, en general, poseen sectores agrarios más agresivos desde un punto de vista ambiental lo que, entre otros factores, se debe al mayor peso que, dentro de su estructura productiva, tienen los censos herbívoros, particularmente el bovino.

¿Tiene sentido que, con recursos públicos, se subvencionen actividades agrarias que causan un grave perjuicio al medio ambiente? Si uno de los objetivos de la UE es la lucha contra el cambio climático, su sector agrario debe reducir la emisión de gases invernadero. Por tanto, en el Marco Financiero 2014-2020, hubiese sido sensato plantear que, de forma gradual, las ayudas a la renta instrumentadas por una “reverdecida” PAC se fuesen modulando, de tal forma que los sectores nacionales con un grado de contaminación sensiblemente superior a la media europea fuesen penalizados de forma tan paulatina como creciente.

Lo ilustraremos, por razones de espacio, con Holanda. A lo largo de 2014-2020, su agricultura percibirá una media anual de 402 euros por Ha, un 60% por encima de la media europea de 250 euros. Por otro lado, la migración de gases por unidad de superficie cuadriplica, como se ha visto, a la cifra de UE-28, como consecuencia de un índice de densidad ganadera que alcanza un destacado máximo nacional –3,57 unidades de grandes bovinos (UBM) por Ha– que casi quintuplica al promedio europeo de 0,75. ¿Tiene sentido que, por unidad de superficie, el mayor grado de contaminación se premie con una sobre-subvención financiada por la Hacienda Europea? Si la respuesta se hace en función de los objetivos proclamados en Europa 2020, sólo cabe decir que resulta totalmente inconsistente.

José Colino Sueiras (Universidad de Murcia)

 

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