Ante un calendario adverso

En la primera página de un viejo manual de Derecho Civil, que hace ya más de cincuenta años era una leyenda en la Facultad de Derecho de la Universidad madrileña, y no tanto por su calidad, que la tenía, como por la obligación de memorizarlo casi íntegramente para superar el correspondiente examen —el “Compendio”, de Federico de Castro, uno de los grandes maestros de los juristas españoles contemporáneos—, se leía que aquel era un tiempo “más que de crisis, de psicosis de crisis”. No sé si ese escueto diagnóstico, bien representativo de la extraordinaria concisión del texto citado, era acertado para su época, pero quizá sí sea válido para este arranque del 2015 en España, cuando una buena parte de la opinión pública expresa una sensación de desaliento que no se corresponde con los registros de muchos indicadores y “signos externos”, y no sólo en el ámbito de la economía. Tan urgente como desechar un frívolo triunfalismo, será entonces combatir cualquier estado colectivo de frustración, cuyos efectos nunca serán buenos.

El país funciona mejor no solo de lo que bastantes dicen, sino también de lo que muchos creen. El ajuste macroeconómico logrado, en términos de equilibrio externo, merece un sobresaliente: pasar en muy pocos años de necesitar que el resto del mundo nos financiara un 10 por ciento del PIB a autofinanciarnos, sin poder devaluar, ha sido un éxito, aunque haya acarreado —“devaluación interior”— altos costes sociales. Algo parecido puede decirse del sistema bancario, que, después de afrontar una severa reconversión —con la ayuda de los recursos aportados por los contribuyentes y las entidades sanas—, hoy ofrece comparativamente un buen estado de revista, como han revelado las más recientes pruebas del Banco Central Europeo. Más importante aún: tras varias andanadas de duros recortes presupuestarios, el sistema de protección social, con servicios y prestaciones de muy amplio espectro, se mantiene en pie y sólido. Y engranajes institucionales que son clave en una democracia, como la justicia, están actuando con probada independencia en medio de situaciones ciertamente comprometidas; así lo demuestran, un día sí y otro también, el curso de determinados procesos que involucran, según los casos, a altas magistraturas del Estado, a partidos políticos, a organizaciones sindicales y a prominentes gestores empresariales. El funcionamiento del país, por decirlo de nuevo de modo coloquial, no merece una visión derrotista. La propia emergencia a la luz pública de la corrupción, tan caudalosa, sin duda indica la “putrefacción” de ciertas élites, pero también es señal de capacidad de reacción social e institucional.

Deberíamos encarar el nuevo año, por tanto, con entereza. No va a ser fácil, pues el nutrido calendario electoral de los próximos doce meses, con plurales convocatorias —locales, autonómicas, generales— propiciará todo menos análisis realistas en quienes quieran ganar adhesiones entre los votantes y determinación política en quienes tienen la responsabilidad de hacer frente a las secuelas de los desequilibrios padecidos y a prolongadas deficiencias estructurales. Pedagogía social y acción gubernamental decidida es lo que hemos de pedir. No estamos ante un fracaso colectivo, pero los problemas planteados —ahora más de orden político que económico— no admiten tiempos muertos o administrados en función de intereses electorales. El crecimiento ha vuelto a la economía española, pero su continuidad y vigor exigen honestidad en las propuestas y pulso político firme, lo mismo que demanda la calidad de nuestra democracia.

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