Un nuevo modelo económico para España. Reformas estructurales para la recuperación y el crecimiento. Número 25 de la revista Mediterráneo Económico

He coordinado este número de la revista Mediterráneo Económico que edita la Fundación Cajamar. Recojo a continuación el comienzo de la introducción, así como la dirección de la página web desde la que se pueden descargar los artículos que lo integran y también el número completo (http://www.publicacionescajamar.es/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/).

La economía española se encuentra hoy a las puertas de una frágil recuperación de la profunda crisis económica que ha atravesado durante los últimos seis años. El ritmo que alcance esta recuperación depende crucialmente de la expansión de la demanda efectiva en España y en el resto del mundo, hacia el que se dirigen, en elevada y creciente proporción, los productos españoles. No depende fundamentalmente de las reformas estructurales que se realicen. Como acertadamente recuerda Paul de Grauwe, uno de los analistas europeos más distinguidos, estamos ante una crisis de demanda, no de oferta, y los instrumentos fundamentales para atajarla son las políticas macroeconómicas expansivas. Cuando los economistas de hoy buscan resolver problemas de demanda con herramientas propias de la oferta se equivocan, como lo hicieron también en los años setenta del pasado siglo al intentar hacer lo contrario, resolver problemas de oferta, los derivados del alza del precio del petróleo y otras materias primas, así como de los salarios, con herramientas de demanda, que solo provocaron más inflación y desempleo.
¿Quiere esto decir que las reformas que se discuten y anuncian no son necesarias? Nada de eso, son fundamentales desde tres perspectivas. La primera de ellas, conseguir acciones más decidas y am¬biciosas de Alemania, Francia y otros países europeos para expandir la economía europea, enterrando la equivocada política de austeridad seguida hasta ahora. Este es el efecto más importante de las reformas realizadas hasta ahora. La segunda perspectiva, maximizar la respuesta de la producción y el empleo españoles ante la esperada recuperación de la economía europea; y la tercera, sin duda la más importante, asegurar el crecimiento económico futuro de España sobre bases más firmes y sostenidas, esto es, con menor propensión a los desequilibrios macroeconómicos, y siguiendo sendas más apacibles, más semejantes a las de nuestros socios comunitarios.
No cabe duda de que las reformas realizadas hasta ahora, principalmente la del mercado de trabajo y la del sistema bancario, han conseguido el beneplácito de las autoridades comunitarias, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, así como del Fondo Monetario Internacional, organismos que siguen pidiendo nuevas reformas, y la profundización en las ya realizadas, aunque no siempre con mucho fundamento ni convicción, a menudo solo como un eco de los grupos aferrados a la equivocada idea a la que hemos aludido al comienzo de este texto: que las políticas de oferta son la clave en la resolución de la actual crisis de demanda. Tampoco caben muchas dudas de que el beneplácito conseguido de las instituciones señaladas ha restaurado en una medida apreciable la confianza de los inversores internacionales en la economía española, favoreciendo nuevas entradas de capital extranjero, y ello a pesar del evidente deterioro institucional que vive España, que amenaza su estabilidad social y política.
En todo caso, el elenco de reformas a realizar es muy amplio, tanto como la magnitud de la crisis vivida. No hay espacio de las instituciones económicas que no requiera arreglo, y en muchos casos, la eficacia de las nuevas reglas y ordenamientos va a depender de cambios en las instituciones políticas. Por otra parte, aunque en la tipología de países que ofrece el World Economic Forum, España se sitúa entre los más avanzados, es decir, entre aquellos en los que la clave para el crecimiento de la productividad del trabajo se encuentra en la innovación y singularización de los productos, las reformas no pueden limitarse a fortalecer este aspecto clave, sino que deben cubrir aún un am¬plio espacio para la mejora de la eficiencia económica, a través de una regulación más eficaz de los mercados de factores, bienes y servicios, así como de las actividades e ingresos de la Administración pública. En lugar de avanzar en este terreno, la década de 2000 supuso un retroceso, como muestra el estancamiento en la Productividad Total de los Factores (PTF), el indicador preferente de eficiencia y progreso técnico. Por otra parte, la innovación exige un mayor esfuerzo en I+D pero trasciende con mucho este requisito básico. Requiere también de un sistema tecnológico mejor diseñado (más eficiente en protección de la innovación, y en transferencia y difusión del avance tecnológico), de la mejora de la financiación de las empresas, hoy sensiblemente restringida por la crisis bancaria, y de avances muy sustanciales en el capital humano, de la apuesta por los mercados exteriores, más exigentes y fuente de nuevos productos, así como de unidades productivas de mayor tamaño. Las relaciones estrechas entre tamaño empresarial, innovación e internacionalización, que se alimentan mutuamente, constituyen un centro clave de reforma en una economía madura como la española. Pero como se desprende de los trabajos que se incluyen en este número, descansan de manera crucial en el capital humano, un activo algo abandonado durante los años de crisis, y que, en todo caso, no ha adquirido la dimensión y el respeto que merece en nuestra sociedad.
Pues bien, siguiendo estas pautas, este nuevo número de la colección Mediterráneo Econó¬mico que se introduce aquí, el 25, reúne diecinueve contribuciones de especialistas y profesionales destacados en diversos ámbitos económicos, y se ordena en cinco apartados, que son los siguientes: 1) flexibilización de los mercados; 2) fiscalidad y reforma de la Administración pública; 3) capacidad empresarial, financiación e internacionalización; 4) innovación y política industrial; y 5) capital humano. Esta ordenación destaca en los dos primeros lugares aquellas reformas que reclaman una mayor urgencia, y de hecho están siendo abordadas o lo serán en un breve plazo. No son sin embargo las únicas iniciadas ya; otras, como la sanidad, las pensiones y la educación también lo han sido aunque con diverso grado de acierto. Así mismo, difieren en el grado de urgencia que poseen y en el horizonte en el que pueden conseguirse, como se puede deducir de los artículos incluidos en este número monográfico. En particular, en los dos últimos lugares figuran las más importantes, difíciles de realizar y con un horizonte temporal de implementación más largo: innovación y capital humano, aquellas en las que España tiene el reto más formidable, y que de ser adecuadamente abordadas la situarán de nuevo en el camino de una rápida convergencia con los países líderes de Europa.

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