LA MÁS INTENSA TRANSFORMACIÓN

La autorización por la Comisión Europea, el pasado día 20, de los planes de reestructuración de las cuatro entidades que forman parte del Grupo 2 cierra uno de los capítulos más importantes en la gestión de la crisis bancaria española. Sucede a la reestructuración  aprobada en  noviembre para las entidades del Grupo 1. Se culmina así la recapitalización necesaria, cumpliendo todas ellas con  los requisitos de 9 % de capital de máxima calidad.  Aun cuando las ayudas públicas han quedado significativamente por debajo de las necesidades de capital estimadas por la revisión de Oliver Wymann , los costes generados por esta crisis seguirán siendo significativos  mientras el crédito no vuelva a fluir. Se han alejado lo peores desenlaces asociados a la infracapitalización de los bancos, pero en modo alguno  han normalizado la captación de liquidez o han dejado de sufrir la erosión en la calidad de sus activos. Ello no ocurrirá hasta tanto se observe la recuperación del crecimiento económico  y, en todo caso, su reflejo en el empleo.  Lo que sí podemos dar ya por descontado es una  significativa concentración en el censo de operadores bancarios que no va a favorecer precisamente la necesaria competencia en el sector y, por tanto, la capacidad de negociación de las pequeñas y medianas empresas. Las notas que siguen resumen estas y otras  transformaciones señaladas en la introducción de  la 6ª edición de la “Guía del Sistema Financiero Español” (*), presentada la pasada semana.

La gestión de la crisis bancaria ha sido sin duda el principal determinante de los  profundos  cambios  que ha experimentado el Sistema Financiero Español (SFE) en estos últimos años.   El rápido contagio a la eurozona de la crisis desencadenada en el sistema financiero estadounidense sorprendió al sector  bancario español con una muy  elevada  inversión en los activos inmobiliarios cuya depreciación precipitó la crisis en un segmento del mercado hipotecario americano.  Las entidades bancarias españolas también fueron de las primeras en sufrir el impacto de las crecientes disfunciones de los mercados mayoristas de financiación, donde desde hacía años habían captado buena parte de sus necesidades de liquidez con el fin de dar cobertura al intenso proceso inversor de nuestro país durante más de una década.  El endeudamiento privado de la economía española en 2007, mayoritariamente bancarizado, era de los más  elevados de la OCDE. Y buena parte del destino de esos pasivos de empresas y familias fueron  activos inmobiliarios.

La recesión y la  emergencia de la crisis de la deuda soberana en la eurozona acentuaron la  vulnerabilidad del sistema bancario, sus problemas de liquidez y la reducción gradual de su solvencia. Ello se tradujo en una marcada contracción de la inversión crediticia, con los correspondientes daños sobre las familias y las empresas de menor tamaño. Las diversas modificaciones regulatorias y  reformas de los dos últimos gobiernos han tratado de fortalecer la base de capital de las entidades bancarias españolas, pero también de modificar la conformación del conjunto del sector. Una de las alteraciones más relevantes ha afectado a  la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros, inicialmente con la pretensión, de difícil satisfacción, de posibilitar la captación de recursos propios básicos externos, lo que, en último término, ha conllevado su presencia en unos mercados de acciones ciertamente poco receptivos.

La persistencia de las tensiones en el mercado de deuda pública  y  la recesión, lejos de facilitar  el saneamiento interno, hicieron necesaria la solicitud de apoyo financiero europeo.  El cumplimiento de la condicionalidad asociada al mismo aceleró  la transformación del sector bancario en la dirección apuntada al inicio de la crisis, reduciéndose  adicionalmente  el número de entidades  en todos los subsectores. En  diciembre de 2009  existían  192 entidades de depósito: 65 bancos, 46 cajas de ahorro y 81 cooperativas de crédito. Si se incluyen 88 sucursales extranjeras, la población alcanzaba a  280 entidades. Todo ello sin contar con 70 establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. El proceso de consolidación en estos años  ha reducido en 84 el número de las entidades de depósito nacionales, 44% menos, en  diciembre de 2012.  De las 108 entidades que restan, 54 son bancos, 11 son “bancos de cajas”, 2 son cajas de ahorros y las 41 restantes cooperativas de crédito.

No ha de extrañar, por tanto,  la generación de  inquietud por parte de los demandantes de servicios financieros, dada la concentración resultante, más apreciable cuando el indicador de referencia es la distribución del volumen de activos. Sus efectos sobre la vinculación regional de la actividad bancaria, e incluso sobre la propia  inclusión financiera, tampoco son tranquilizadores.

También como consecuencia de la aplicación de las exigencias del memorando asociado al rescate sectorial  se creó la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).  Todavía es pronto para apreciar la satisfacción de los propósitos encomendados a esta sociedad: contribuir a la rápida movilización de los activos inmobiliarios de sector, a su correcta valoración y, en todo caso, a la mayor transparencia en la localización de los mismos.  Por el momento, el denominado “banco malo” ha completado su capital social inicial, con mayoría de accionistas privados (55%): dos bancos extranjeros, ocho bancos nacionales,  y cuatro aseguradoras.

Esa radical reestructuración del sector bancario constituye hasta ahora  la principal novedad  en la evolución  del sistema financiero español desde el inicio de la crisis. Pero también han tenido lugar otros cambios nada desdeñables, entre los que cabe destacar la  transformación  en la instrumentación de la política monetaria del BCE, con impacto tan directo en el modelo de financiación de las entidades y en los mercados, o la asunción de ese horizonte todavía impreciso de transición a una unión bancaria en la eurozona: a la disposición de un supervisor bancario único, como primer y más fundamental pilar de esa dinámica de integración sectorial.

No son menores tampoco las transformaciones que se están operando en los mercados  de renta fija (en la formación de precios del segmento de deuda soberana y por ende en otros segmentos), en los de renta variable (con la aparición de mercados no oficiales basados en nuevas plataformas de contratación) o en los mercados de derivados (que, si las iniciativas reguladoras y supervisoras prosperan, caminan hacia una mayor concentración en entidades de contrapartida central).  Tampoco puede pasarse por alto la reconfiguración de la industria de gestión de activos tan golpeada por la crisis, en particular la vinculada a la inversión colectiva y a los fondos de pensiones,  o el sector seguros, igualmente abocado a variaciones reguladoras como  el nuevo marco de solvencia que la crisis ha desplazado en el tiempo.

Más allá de las transformaciones ya observables es altamente probable que el conjunto del sistema financiero español acelere su convergencia hacia aquellos menos bancarizados, más basados en los mercados. No tanto  porque el valor de los activos bancarios siga disminuyendo, sino porque, al igual que en otros sistemas de la eurozona, se  potenciarán instituciones   que reduzcan la excesiva dependencia que mantiene la financiación privada de los bancos. Y  que, en todo caso, faciliten la recuperación de diversas formas de financiación de la natalidad empresarial y, en definitiva, de la inversión.

(*) Afi,  (D. Manzano y F.J. Valero, directores)  “Guía del Sistema Financiero Español”, Patrocinada por FUNCAS

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