La medición relativa de la pobreza

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2011 y el avance de resultados para 2012. Los indicadores básicos de pobreza y desigualdad que habitualmente se construyen con la información de esta encuesta han sido objeto de atención por diversos medios de comunicación. De su evolución se deduce que la crisis ha ampliado la brecha entre los hogares ricos y pobres y que los niveles actuales de ambos fenómenos son los más altos de las últimas décadas.

Un dato controvertido, sin embargo, es el avance publicado por el INE de que en 2012 la pobreza habría disminuido levemente respecto al año anterior. Un resultado sorprendente, dado que todos los indicadores de contexto –crecimiento del desempleo, recortes en servicios básicos para el bienestar social o agotamiento del derecho al cobro de los principales subsidios– invitan a pensar, en todo caso, en un posible aumento del riesgo de pobreza. No hay fundamentos que justifiquen este cambio, lo que obliga a centrar la atención en la forma habitual de cálculo de estos indicadores.

En la mayoría de los países de la OCDE, la pobreza se mide de forma relativa. Es decir, más que partir de un umbral absoluto, ligado a un mínimo de subsistencia, o al gasto necesario para satisfacer necesidades básicas, la pobreza se mide en función del nivel medio de vida de cada sociedad. El procedimiento más habitual es tomar como umbral un porcentaje de la mediana (mejor que la media, para evitar el efecto de las rentas extremas y los valores anómalos) de la distribución de la renta. La Comisión Europea, por ejemplo, adoptó hace años como estándar un umbral equivalente al sesenta por ciento de la mediana de la renta.

Interpretar los efectos de los cambios de ciclo con umbrales relativos de pobreza es una tarea complicada. Piénsese que si crecieran las rentas de todos los hogares en la misma proporción la tasa de pobreza, medida de esta forma, no cambiaría. Estos umbrales, por definición, crecen en las etapas expansivas y se reducen en las recesivas. Ello dificulta, salvo que se den cambios importantes en la distribución de la renta, la reducción de la pobreza en los períodos de bonanza, mientras que suaviza su aumento en las crisis.

En el caso de la economía española, la caída de las rentas de los hogares ha hecho que el umbral descienda desde los casi 8.000 euros para una persona sola en 2009 a algo más de 7.300 en 2012, en términos nominales, lo que ya de por sí indica un empobrecimiento medio de la sociedad. Un efecto natural es que los individuos u hogares con rentas más o menos estables justo por debajo del umbral, “saltan” por encima de éste cuando caen las rentas del resto de la población. Es el caso, sobre todo, de las personas mayores de 65 años, para las que el INE ha adelantado una tasa de pobreza del 17% en 2012, muy alejada del 31% de 2006.

Una vía alternativa a la consideración de umbrales absolutos o relativos sería “anclar” un umbral relativo en un año dado y actualizarlo teniendo en cuenta únicamente los cambios en el coste de la vida. Si partiéramos, por ejemplo, del umbral anclado en 2005 actualizado por el IPC, el crecimiento de la pobreza en la crisis resulta mucho más abultado que con los umbrales habituales. Tras un mínimo del 13,8% en 2009, ese indicador ascendió al 17,6% en 2010 y al 21% en 2011.

Parece necesario, por tanto, complementar el procedimiento tradicional con otro tipo de medidas si se quiere un retrato más ajustado de la pobreza en un contexto de condiciones macroeconómicas tan cambiantes. En esta línea, uno de los principales avances ha sido la consideración de enfoques multidimensionales, en los que a través de medidas sintéticas se resumen los cambios en las condiciones de vida y el equipamiento de los hogares. Los indicadores de privación múltiple muestran un deterioro mayor de las condiciones de vida de los hogares españoles en la crisis que los de pobreza monetaria, al aumentar la privación material severa más de un 30% desde 2007. La propia Comisión Europea ha pasado a utilizar un índice más amplio de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, conocido como AROPE por sus siglas en inglés (at-risk-of poverty and exclusion). Este indicador fue creado en el marco de la Estrategia Europa 2020 y combina la incidencia de la pobreza relativa con el porcentaje de hogares que carecen de ciertos bienes o padecen diferentes problemas sociales, y con la intensidad del empleo en el hogar, a partir de la relación entre las horas efectivamente trabajadas y las potenciales.

Otro posible procedimiento, que revela, en este caso, una forma de pobreza muy severa, casi absoluta, es la estimación del porcentaje de hogares sin ingresos. El aumento de las necesidades sociales puede estimarse a partir de las cifras de hogares sin ingresos del trabajo ni de prestaciones de desempleo o de la Seguridad Social que ofrece la Encuesta de Población Activa. Tal indicador se utiliza de forma cada vez más habitual como aproximación a situaciones de pobreza muy severa. Su evolución revela un recrudecimiento sin precedentes de las situaciones de carencia de ingresos. Desde unos valores en vísperas de la crisis cercanos al 1,7% del total se ha pasado (EPA, tercer trimestre de 2012) a la cota máxima de los últimos veinticinco años (3,6%). En términos del número de hogares afectados, el saldo de la crisis es demoledor: se ha pasado de algo más de 300.000 hogares a 600.000. La duplicación del número de hogares en esta situación de gran necesidad es, sin duda, uno de los indicadores más duros de los efectos de la ralentización de la actividad económica y la destrucción de empleo.

Conviene, por tanto, ampliar las perspectivas en el uso de indicadores que ayuden a describir y caracterizar fenómenos tan complejos. Especialmente, en un contexto en el que la vulnerabilidad creciente de varias categorías de la población obliga a utilizar con precisión los indicadores disponibles e inferir de ellos posibles actuaciones que intenten evitar un deterioro mayor de nuestros niveles de bienestar social.

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