NUEVA FASE EN LA CRISIS BANCARIA

El anuncio de las necesidades de recapitalización de BFA-Bankia define la entrada de la crisis bancaria española en una nueva fase, más severa y de más compleja gestión. Las necesidades de recapitalización de los bancos serán probablemente muy superiores a las que se deducen de los dos primeros Decretos del gobierno. Sus consecuencias sobre el conjunto de la economía pueden ser particularmente adversas si de Europa no llegan apoyos suficientes, no solo específicos para el saneamiento de las empresas bancarias, sino para la pronta recuperación del crecimiento económico.

El origen de los problemas del  sistema bancario es la acumulación excesiva de activos inmobiliarios en los balances de las entidades. Fue precisamente la pronunciada corrección de los precios de la vivienda la que desencadenó en el verano de 2007 la crisis hipotecaria en EEUU. Su rápida propagación al otro lado del Atlántico afectó de forma más inmediata a las economías cuyos sistemas bancarios, además de altamente dependientes de la financiación en los mercados mayoristas, mantenían un elevado grado de exposición a la construcción residencial y la actividad de promoción inmobiliaria. El sistema bancario español era uno de los más importantes y, en todo caso, su envergadura e importancia relativa en la economía española muy superior al de otros igualmente dañados. Las entidades bancarias españolas habían intermediado la casi totalidad de la financiación de la inversión de la economía española en la larga década previa a la emergencia de la crisis estadounidense. Al final de 2007, más de la mitad de los activos bancarios, estaban vinculados a ese sector, a través fundamentalmente de la inversión crediticia a empresas promotoras y a las familias españolas.

El endeudamiento privado español, que no el contraído por las Administraciones Públicas, constituyó el principal factor de contagio a la infección estadounidense. Suficiente, en todo caso, para que la apenas iniciada digestión del empacho inmobiliario se interrumpiera de forma abrupta. Tras el colapso de ese sector llegó el rápido e intenso aumento del desempleo y el deterioro de la solvencia de los prestatarios. Los bancos españoles añadían a los problemas de liquidez, derivados de la excesiva dependencia de la financiación en mercados  mayoristas, los cada día más explícitos originados por la morosidad de los deudores, fundamentalmente las empresas, y la pérdida de valor de las garantías reales aportadas por estos.

Siendo las cajas de ahorros las entidades más expuestas a este tipo de activos, aunque en modo alguno las únicas, las decisiones tendentes a su saneamiento y reordenación no dieron precisamente los resultados pretendidos. El principal de ellos era la reordenación del censo de operadores, con el fin de propiciar integraciones en las que las entidades más débiles fueran absorbidas por las más solventes. Adicionalmente, se procuró la rápida modificación en la naturaleza jurídica de esas entidades con la pretensión un tanto ingenua de que pudieran apelar a los inversores privados, fundamentalmente a través de los mercados de acciones. Los resultados de esta última decisión han sido, como se está poniendo de manifiesto, muy distintos a los pretendidos.

La propia evolución de la crisis, el creciente deterioro de la solvencia privada y pública, la extensión de la desconfianza en la totalidad de los sistemas bancarios de la eurozona, no propició fundamentalmente ese atractivo inversor. Tampoco la satisfacción del primero de los objetivos, la conformación de una distribución óptima de las fusiones, fue facilitada por todas las Comunidades Autónomas, manifestando en algunos casos una suerte de “regionalismo bancario” nada compatible con la racionalidad económica, ni con los intereses de las propias economías regionales.

La crisis griega y la subsiguiente inestabilidad en los mercados de deuda pública en la eurozona terminaron de añadir dificultades. Conformaron ese “bucle diabólico” que hoy ilustra a la perfección España: la depreciación de los títulos de deuda pública reflejaba la eventual conversión de la deuda privada en pública, no solo por el mas inmediato aumento de la deuda pública como consecuencia de las ayudas a los bancos, sino por una recesión cada día más acusada, de impacto severo en los ingresos y gastos públicos. La otra vía de realimentación de ese círculo vicioso sigue ejerciéndose a través de la erosión del valor de las carteras de deuda pública que mantienen los bancos, especialmente cuantiosas tras las masivas inyecciones de liquidez a largo plazo del Banco Central Europeo (BCE).

La recapitalización con fondos públicos de Bankia no es la primera ni será la última. Es verdad que inicialmente las aportaciones de fondos públicos a los bancos españoles no han sido las más cuantiosas de Europa. Pero en el estado actual de la crisis pueden llegar a ser superiores. A las exigencias de provisiones de los dos decretos de este año habrá que añadir las derivadas de la revisión de los activos que aporten las de los evaluadores  externos, que no serán precisamente menores ni exclusivas de unas pocas entidades. Y el origen de esos fondos no será precisamente privado. Las cotizaciones de casi todas las acciones bancarias en Europa están en mínimos, manifiestamente por debajo de lo que rezan sus valores contables, y la tendencia de los españoles no es menos inquietante. La recapitalización deberá contar con fondos públicos, españoles o provenientes del mecanismo de rescate europeo.

Y es en este punto en el que evitar la alimentación del bucle diabólico ha pasado a constituirse en el principal elemento al que las autoridades españolas y europeas deberían prestar atención  para que la crisis bancaria no sea también una crisis de solvencia del estado español, que ya está seriamente empeñado como garante de una parte importante de los activos que tienen los bancos españoles. Para que las aportaciones necesarias para la recapitalización del conjunto del sistema no sitúen la deuda pública española en niveles excesivos, con costes financieros difíciles de soportar, sería de todo punto necesario, aunque nada fácil, que el fondo de rescate europeo financiara la recapitalización bancaria de forma directa. Las condiciones exigidas a cambio de esos fondos (la “condicionalidad” propia de esas ayudas) deberían soportarlas las empresas bancarias receptoras, no los presupuestos públicos. Será también la ocasión para avanzar en la necesaria integración financiera considerada una de las condiciones necesarias para viabilizar el euro: para que la supervisión bancaria y sistemas de aseguramiento sean verdaderamente paneuropeos. Para que el BCE asuma un papel mucho más activo que el desempeñado hasta ahora.  En este punto, lejos de cautelas, debería ser bienvenida la cesión de soberanía.

Es en la consecución de esos apoyos, en esas condiciones, en lo que ha de centrarse la atención de las autoridades, en estrecha cooperación con el principal partido de la oposición. Sin prejuicios  ni temor a eventuales estigmas. Lo que ocurre diariamente en los mercados y la desconfianza creciente ya es mucho peor que el mas inquietante de los estigmas. Si desde hace tiempo se ha venido advirtiendo de los problemas del sector bancario, en  la situación actual su correcto saneamiento ha pasado a ser la condición necesaria para que la economía española se aleje de la depresión a la que ya estamos asomados. Del suficiente y periódico control de esos fondos aportados, con independencia de su naturaleza, dependerá que la pedagogía de esta crisis se complete aceptablemente.

(Publicado en El País, 3 de junio de 2012)

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