El Estatuto del PDI: Otra vuelta de tuerca en la burocratización de la vida universitaria

El pasado 11 de febrero, con ocasión de la celebración de las VII Jornadas sobre Docencia de Economía Aplicada en el Colegio de Economistas de Madrid, tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia impartida por nuestra compañera, Zulima Fernández, catedrática de la Universidad Carlos III y directora de la ANECA, sobre la evaluación de profesorado (y en especial la docencia) por parte de dicha institución.

Durante su exposición y posteriormente en el diálogo con el público la profesora Fernández insistió en algunos efectos no deseados que había tenido el sistema de evaluación en el sentido de promover la búsqueda de la “cantidad” más que de la “calidad” a la hora diseñar las carreras por parte de los profesores universitarios y animaba a que este comportamiento cambiase. Yo me preguntaba al respecto, aunque no lo dije públicamente, si no sería justamente el mal diseño del sistema de baremación (que incluye una gran variedad de méritos susceptibles de ser evaluados en lugar de limitarse a por ejemplo, las tres o cinco mejores aportaciones referidas a unos ítems muy concretos) y la falta de especialización por parte de los Comités de Evaluación lo que impedían hacer una estimación más precisa de la calidad de las aportaciones presentadas. Con ello, el proceso de evaluación se estaba convirtiendo en un sistema excesivamente burocrático y tedioso para todas las partes implicadas. Desgraciadamente, mi experiencia puntual como evaluador para la ANECA y diversas agencias regionales me indica que estos mismos defectos vuelven a repetirse en todo el proceso de acreditación y verificación de los planes de estudio para su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.

No parece que el Ministerio de Educación sea muy consciente de ello cuando nos acaba de regalar un proyecto de Estatuto del Personal Docente e Investigador que incide en estos mismos defectos elevándolos al paroxismo. Para ver más detalles sobre el Estatuto, os remito al propio texto y a los comentarios que aparecen en una dirección web creada como plataforma crítica sobre la situación de la universidad española. Asimismo, desde dicha plataforma se están recogiendo firmas en contra del Estatuto. Llevan más de 2.300 firmantes hasta el día de hoy. Yo estoy entre los 100 primeros, por lo que, obviamente, os animo a que la visitéis y os unáis si sentís que el manifiesto recoge vuestra opinión de forma mayoritaria

No voy a hacer un análisis del proyecto de Estatuto, pues creo que los principales puntos críticos ya se han contado en las direcciones que os he dado anteriormente y en un excelente artículo publicado en el País por José Adolfo de Azcárraga, catedrático de Física de la Universidad de Valencia

Creo que pocos profesionales de la universidad cuestionan la necesidad de que una mayor autonomía universitaria vaya unida a un proceso de evaluación de la actividad realizada por las universidades que proporcione a los usuarios/contribuyentes información clara sobre la calidad de las distintas instituciones. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos con el diseño del sistema de incentivos y de evaluación, de tal forma que la misma permita discriminar entre instituciones e individuos con consecuencias claras sobre la financiación de las primeras y la promoción de la carrera profesional de los segundos. La redacción actual del Estatuto del PDI no responde a este reto y su aprobación, mucho me temo, constituiría una nueva oportunidad perdida. La carrera académica de un profesor universitario, sea funcionario o no, es básicamente vocacional y liberal, por lo que difícilmente un Estatuto puede indicar el número total de horas de trabajo diarias, semanales o anuales y menos aún la distribución porcentual entre las diversas labores. Haría mejor el Estatuto en indicar las tareas a desarrollar funcionalmente un profesor a lo largo de las diferentes etapas de su vida profesional y, una vez establecidos esos objetivos, permitir que sean las personas las que se distribuyan el tiempo. De no hacerlo así volveremos a caer en los mismos defectos de la normativa de Bolonia, donde el “planificador” indica la distribución del tiempo que los estudiantes deben dedicar a cada tarea. En general, la mayoría de las personas con las que hablo piensan que el sistema es un “bodrio” pero este hecho no se denuncia ante la opinión pública y simplemente se espera a que estalle por su propia incapacidad para existir. El tiempo dirá.

Creo que el Ministerio haría bien en fijarse en aquellas instituciones que, con todos los problemas que queramos, han conseguido un consenso mayoritario en la profesión como indicadores de calidad en la evaluación del profesorado universitario: la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). La experiencia nos indica que un sistema basado principalmente en los resultados y no en la calidad del proceso agilizaría mucho la evaluación sin menoscabo del rigor en las conclusiones obtenidas. Por otra parte, sería mejor que se evaluase a las instituciones, no sólo en el ámbito de la docencia sino también de la investigación. Si su financiación dependiese críticamente de dicha evaluación, sin duda desarrollarían políticas de contratación y promoción del profesorado que les permitiese alcanzar o consolidar mejores posiciones en los rankings. La experiencia británica a través del Research Assessment Exercise es una vía muy interesante a explorar. Por otra parte, la posibilidad de establecer de forma optativa exámenes de grado unificados a nivel nacional en lugar trabajos de investigación abriría también una posible vía de evaluación de la calidad docente que merecería la pena tener en cuenta. Sobre ello ya hice una propuesta hace algún tiempo en el País.

Por último, sobre la gestión académica, parece evidente que ésta, en la medida que  tiene una gran importancia para el buen funcionamiento de las instituciones, deba ser llevada a cabo mayoritariamente por profesionales especializados y no por académicos. Ahora bien, siendo realistas, es evidente que existen múltiples pequeñas tareas organizativas ligadas a la gestión de la docencia e investigación que no pueden desvincularse del personal docente e investigador. Estas tareas, en general no bien remuneradas, no pueden servir como excusa para la no realización de las funciones básicas docentes e investigadoras, por lo que podrían perfectamente excluirse de un sistema de evaluación externo y ser valoradas internamente por los centros universitarios para su adecuada remuneración durante el periodo de ejercicio de las mismas.

Como conclusión, creo que estamos ante un mal proyecto de Estatuto del PDI, que no contribuye a solucionar los problemas de la universidad y que, por tanto,  debería ser reformulado para evitar seguir profundizando en la deriva burocratizadora que los profesores universitarios vienen padeciendo de forma creciente durante los últimos años.

1 comentario (+¿añadir los tuyos?)

  1. バッグ
    Nov 28, 2013 @ 05:35:19

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