Evolución histórica del precio del bitcoin, 2010-2017: ¿valor refugio o burbuja especulativa?

En 2009, Satoshi Nakamoto (nombre en clave, se desconoce su identidad real) creó el bitcoin, una moneda virtual que se basa en la tecnología blockchain (cadenas de bloque), que opera como un gran libro de cuentas virtual donde todas las transacciones quedan registradas por lo que es muy difícil manipular su precio de mercado. El bitcoin fue la pionera en el mundo de las criptomonedas, donde actualmente ya existen más de mil.

El bitcoin se ha puesto de moda como inversión muy rentable y valor refugio (como tradicionalmente era el oro) aunque no está exenta de riesgos. Una de las ventajas de esta moneda es que no está sujeta a la regulación de instituciones nacionales o internacionales ni a los bancos centrales que pueda intervenirla, y eso tiene una importante incidencia en su precio de mercado, muy volátil al fijarse solamente por la ley de la oferta y demanda.

La pregunta que se hacen todos los analistas es si el precio del bitcoin aglutina todas las características de una burbuja especulativa que tarde o temprano se pinchará. En la actualidad numerosos analistas financieros le atribuyen un valor cero, con signos claros de haber sobrepasado los umbrales que le llevarían al desplome. Si se diera está circunstancia, al no estar respaldado por ningún bien tangible, banco central, gobierno o empresa, sus inversores se encontrarían completamente desprotegidos.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución histórica del precio del bitcoin desde julio de 2010 hasta la actualidad (en realidad el primer bitcoin se creó el 3 de enero de 2009). En julio de 2010 el bitcoin tenía un valor de 0,07 dólares y el 5 de enero alcanzó los 16.834,85 dólares. La ganancia es del 24.049.685 % (¡si más de 24 millones por cien!) en 7 años. Este es el primer signo de una posible burbuja si lo comparamos con la evolución de la exitosa rentabilidad de la acción de Apple. Desde diciembre de 1980 con el inicio de la cotización a 0,51 dólares, las acciones de Apple (sin incluir los dividendos) han subido en 37 años más de un 33.500% hasta su precio actual de 172 dólares. Pero hay que tener en cuenta que Apple es una de las empresas de mayor creación de riqueza mundial de la historia. Además, Bitcoin acumula todavía menos de la mitad de la capitalización de las acciones de Apple, pero lo ha hecho todo esto en poco más de 7 años en comparación con 37 años para Apple. Esto sería otra evidencia de una posible burbuja especulativa.

Los círculos verdes de este gráfico señalan los posibles “mini” pinchazos de la burbuja de los precios del bitcoin.

Fuente: http://www.bespokepremium.com

En el siguiente gráfico en el eje X se muestran los días antes y después del máximo local alcanzado por el precio de 1 bitcoin (eje Y) del primer gráfico. En este segundo gráfico se muestra el precio del bitcoin 90 días antes de un máximo local, así como el precio a la baja entre máximos locales. Parece que cada vez se tarda más en recuperar su precio, lo que podría ser otro signo de posible burbuja en su precio tendencial. Las señales bajistas a corto plazo son evidentes.

Fuente: http://www.bespokepremium.com

CONTINGENCIAS EXTERNAS EN 2018

Poco hueco para los aguafiestas dejan los indicadores económicos. La economía global en 2017 ha registrado el mejor ejercicio desde el inicio de la crisis: ha crecido en torno al 3,6%, por encima de la mayoría de las previsiones, y ese crecimiento ha estado bien repartido, alcanzando al mayor número de economías desde 2010, las tres cuartas partes del mundo, la japonesa entre ellas. Países importantes que venían de una recesión – Brasil, Rusia, Argentina- la han superado definitivamente. La novedad más importante es el muy aceptable crecimiento de la eurozona, en claro contraste con la debilidad británica.

Los mercados financieros han reflejado esa expansión sincronizada. Los de acciones han registrado las mejores valoraciones desde el inicio de la recuperación de la crisis, amparados en aumentos de los beneficios empresariales también superiores a los esperados, en una inflación reducida y una todavía muy activa complicidad de las políticas monetarias, con los bancos centrales de la eurozona y Japón compensando el anticipado endurecimiento de la Reserva Federal. No solo las acciones, sino bonos, oro y, desde luego, algunas criptomonedas, han dado cuenta de esa reducción de la aversión al riesgo.

De ese favorable contexto se ha beneficiado la economía española, que habrá crecido un 3,1%. Los principales elementos de contraste frente a las economías más exitosas siguen siendo el mantenimiento de un nivel de desempleo relativamente elevado y una calidad del empleo manifiestamente mejorable: salarios bajos y temporalidad excesiva.

No faltan analistas que proyectan a este año la inercia de la última mitad del pasado y anticipan ritmos de crecimiento incluso superiores, algunos hasta el 4%. En el caso de la economía española el consenso se sitúa algo por encima del 2,5%, justificando la desaceleración en el menor empuje de los vientos de cola – condiciones de financiación algo menos propicias y precios del petróleo más elevados, fundamentalmente- y las posibles perturbaciones adicionales derivadas del conflicto catalán. Con todo, en la anticipación de lo que puede ser este año surgen dudas acerca de algunas de las amenazas geopolíticas que condicionaban los ejercicios de previsión del pasado y otras nuevas, estrechamente asociadas a la bonanza dominante, como es el caso de la sobrevaloración de la mayoría de activos en los que los inversores pueden colocar la abundante liquidez disponible. A su revisión se dedican las líneas que siguen.

Contingencias geopolíticas. Las amenazas extraeconómicas con proyección internacional que se cernían sobre el pasado año apenas se han concretado, o al menos la mayoría de ellas no han generado resultados suficientemente adversos. Pero no es razonable asumir que los obstáculos a la prosperidad que pueden crear hayan sido despejados del camino. No lo ha hecho la retórica proteccionista del nuevo presidente de EE. UU., ni las amenazas de Corea del Norte ni, en toda su extensión, el Brexit. Amenazas latentes son también las asociadas a una no tan gradual como hasta ahora elevación en el precio del petróleo, en especial si la situación en Oriente Medio sigue siendo objeto de alteraciones significativas, como las observadas en Arabia Saudí o Irán, el tercer productor más importante de la OPEP.

La continuidad en la recuperación del volumen de comercio internacional es una de las condiciones para el asentamiento del crecimiento global. Y la actitud de la presidencia estadounidense sigue siendo crucial. En primer lugar porque la Organización Mundial de Comercio (OMC) es objeto de un cuestionamiento permanente en su capacidad de arbitraje, su principal cometido. En segundo, porque la negociación en torno al NAFTA puede tener en este año su momento más decisivo, con la amenaza de abandono estadounidense encima de la mesa si la revisión no es satisfactoria. No hace falta insistir que el impacto en México sería importante, en especial en su industria automovilística. Tampoco puede pasarse por alto las tensiones con China, y su vinculación a los derroteros que tome el contencioso en la península de Corea.

El Brexit por su parte tampoco ha generado consecuencias muy visibles por el momento, lo que no quiere decir que no las manifieste en este año crucial. 2019 es el año de entrada en vigor del artículo 50 que, en ausencia de provisión en contra, determinará el abandono del área comercial más importante del mundo. La persistencia de la incertidumbre podría tener efectos más adversos que los hasta ahora observados sobre una economía ya debilitada. Pero también sobre sus socios más importantes, España entre ellos.

A ello hay que añadir algunos episodios más cercanos como las elecciones italianas a las que concurren formaciones políticas que cuestionan su pertenencia a la eurozona e incluso a la UE, o la todavía hoy difícil de anticipar gobernación en Cataluña.

Frente a esos episodios, el mundo sigue adoleciendo de una mínima gobernación, al tiempo que en no pocas sociedades sigue subyaciendo una realidad política marcada por la desigualdad creciente y la desafección respecto al sistema económico.

La normalización de los bancos centrales. Son tres los centros de atención en este ámbito. El impacto del relevo en la presidencia de la Reserva Federal y la orientación de los otros dos grandes bancos centrales, el BCE y el Banco de Japón. No debería haber grandes sorpresas. El tono tensionador del primero podría encontrar en el repunte de la inflación razones para acelerar la subida de tipos de interés, especialmente si las reducciones impositivas acaban teniendo un impacto en el consumo superior al esperado. Mas previsible es la reacción de los otros dos bancos centrales, en cuyas economías la inflación, todavía por debajo de los objetivos del 2%, no debería aportar grandes sorpresas. El BCE seguirá comprando activos en el mercado secundario al menos hasta septiembre y es muy poco probable que eleve sus tipos de referencia antes de 2019. No será un ejercicio cómodo. Esa actitud adaptativa hoy previsible seguirá sujeta a las presiones en su Consejo de Gobierno de los halcones, liderados por el alemán Weidmann.

 La valoración de los activos. En ausencia de alteraciones significativas en los dos ámbitos anteriores, la inercia heredada de 2017 puede seguir favoreciendo el clima inversor en activos de riesgo, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Pero es verdad que los niveles de revalorización de los que vienen invitan, en el mejor de los casos, a la cautela acerca de cualquier episodio que pudiera desencadenar bruscas correcciones. No es probable, en todo caso, que coexista el conjunto de factores tan favorables que han confluido en 2017 con la volatilidad extremadamente reducida que hemos observado. La estabilidad financiera también podría verse alterada si lo hace la digestión del elevado endeudamiento privado de China.

Las contingencias extraeconómicas anteriores pueden influir en una economía tan abierta como la española. Más allá de la percepción del riesgo asociado a la gobernación en Cataluña, los apoyos externos es probable que no sean tan intensos como en el pasado. Frente a todo lo anterior, cabrían sorpresas favorables. La concreción del plan de perfeccionamiento de la Unión Monetaria sería la más relevante, en la medida en que contribuiría a fortalecer la idea de que 2017 no fue un paréntesis en el cuestionamiento de su viabilidad como zona monetaria. La otra sorpresa sería que la inversión creciera de forma significativa y amparara futuros aumentos de la productividad y de los salarios, que falta hacen, aquí y en el conjunto de Europa.

(Diario El País 14/01/2018)

Corona y democracia

No siempre se han podido juntar los dos sustantivos que encabezan esta página. Pero en la España que desde el último cuarto del siglo XX deja atrás, con Juan Carlos I, una alargada experiencia dictatorial, ambos han ido de la mano. Titular de la Corona y régimen de libertades han convergido: el primero contribuyó decisivamente al tránsito de una a otra época, presidiendo después el curso de los acontecimientos en un país renovado, y el afianzamiento de la democracia ha sido factor determinante para la legitimación social de quien asume la máxima responsabilidad del Estado. Un logrado cruce de destinos (“Rey de la democracia” es el ilustrativo título del volumen colectivo editado recientemente por Galaxia Gutenberg). Es lo que justifica el reconocimiento que se le está dispensando a aquel con motivo de su octogésimo cumpleaños.

La perspectiva que proporciona la evolución de la economía española añade, por su parte, motivos para ello. En efecto, tres hechos sobresalientes que jalonan los últimos decenios están relacionados con la Corona y con la actuación de su titular: primero, estabilidad; segundo, apertura exterior e internacionalización de nuestro tejido empresarial; tercero, voluntad de acuerdo.

En tanto que vector de integración y garantía de continuidad, la Corona ha sido soporte básico de la estabilidad institucional. En economía, la estabilidad o, si se prefiere, la seguridad jurídica, es condición necesaria para el progreso duradero al aportar confianza, el mejor lubricante de tratos y contratos, de decisiones inversoras y de proyectos de empresa. La estabilidad, a su vez, no es ajena a la apertura exterior de España, que ha ganado interlocución con multiplicados países y presencia apreciada en foros y organismos plurinacionales. La economía española se ha insertado plenamente en el mercado mundial, alcanzando de paso un alto grado de internacionalización empresarial, acaso su rasgo más distintivo, por fecundo, desde el final del decenio de 1980; un logro que ha encontrado firme apoyo en el Rey. Que también ha contribuido, por estilo y determinación, a la decantación de gobiernos y sociedad civil a favor de la negociación, a favor de la búsqueda de pragmáticas coincidencias en objetivos de interés común.

Estabilidad, apertura internacional y el acuerdo como “bien democrático”: tres vértices de un triángulo que han interactuado virtuosamente. El primero facilitará ganar crédito en el exterior, encontrando en la mejor reputación externa un buen avalista. Y la predisposición negociadora ha ayudado tanto a la estabilidad como a mejorar la imagen de España en el mundo.

En una Europa que desde la segunda mitad del siglo XX ha conocido una combinación inédita de paz, libertad y prosperidad —por decirlo al modo de Tony Judt—, España no ha dejado de aprovechar la correspondiente alícuota, participando desde el fin de la dictadura en el avance conjunto por la senda de los derechos y las libertades individuales, del crecimiento económico y de la protección social. El Rey no ha sido un mero testigo. La severidad de la crisis que golpea el final del reinado y las circunstancias que lo rodearon, desembocando en la abdicación, no pueden velar el legado positivo que, desde uno y otro plano, nos ha dejado. Apreciarlo como merece incrementará, sin duda, nuestra autoestima para mejor afrontar el tiempo que viene.

La tormenta perfecta

La tormenta perfecta

Los días 9 y 10 de noviembre de 2017 se celebraron las XXXII Jornadas sobre Economía Española. En ellas se hizo balance de los retos actuales de la Unión Europea en varios aspectos: su crecimiento económico a largo plazo, la innovación tecnológica, la llegada de la cuarta revolución industrial, las políticas monetaria, fiscal y comercial, el sector financiero… Tuve el honor de participar en una de las mesas redondas. Aprendí muchísimo de las brillantes intervenciones de mis compañeros de mesa, Asunción Prats y Daniel Fuentes, y también preparando mi propia intervención, un inventario de los costes sociales de la crisis de deuda de la zona euro y su desigual distribución entre los países acreedores y los deudores. De ese inventario se hizo eco muy generosamente nuestro compañero Álvaro Anchuelo en una entrada previa en (bAg) (¡gracias, Álvaro!). Esta otra me ayuda a seguir compartiendo lo aprendido.

Sabemos que las crisis económicas no son neutrales en términos de distribución de la renta y que la Gran Recesión ha tenido un impacto especialmente regresivo: desempleo y moderación salarial, desigualdad de la renta y pobreza, donde destaca la infantil por sus consecuencias a largo plazo. Sus efectos han sido especialmente graves en los países endeudados pues no pudieron usar el timón del gasto social y los estabilizadores automáticos para corregir el rumbo de los acontecimientos. Se vieron en el centro de “la tormenta perfecta” de la desigualdad, zarandeados por el vendaval de la recesión bajo los rayos de los recortes. Y han salido “tocados” de ella. Les costará recuperar sus niveles de renta, bienestar y confianza.

En esta entrada quisiera incidir con más detalle que en mi presentación durante las jornadas en el papel de las políticas fiscales de la Austeridad en la desigualdad de la renta de los hogares en países del Sur de la Unión Europea, los llamados PIGS. Seriamente afectados por la Gran Recesión y rescatados, directa o indirectamente, en los tiempos más convulsos de la Crisis del Euro, recibieron con los MOU (memorandum of understanding) un libro de recetas macroeconómicas cuyos efectos ya se están conociendo. Se ha comprobado que los costes de la crisis de deuda en la zona euro están siendo soportados casi en exclusividad por los países deudores: durante la aplicación de los rescates, los acreedores les han sometido a extraordinarias medidas de ajuste interno y reformas, sin concesiones – quitas – a cambio, salvo en los casos de Grecia y Chipre (Frieden y Walter, 2017). La aceptación, por parte de los endeudados, de las exigencias de los acreedores, así como de sus consecuencias (recesión, desempleo y desigualdad) han derivado en fuertes conflictos sociales en el seno de los primeros pero también entre países los primeros y los segundos. Los endeudados, según explican Frieden y Walter, surgen al optar sus gobiernos con más firmeza por la austeridad que por reformas estructurales – financieras, laborales y de política de la competencia – que representaban una amenaza a los privilegios de grupos políticamente bien representados. En cuanto al conflicto entre países acreedores y deudores por la reforma de la gobernanza fiscal europea, ha quedado soterrado por la urgencia y gravedad de otros asuntos que reclaman una respuesta unitaria, como el Brexit y, añado yo, la crisis de los refugiados, si bien en este caso la respuesta, si se puede llamar así, ha quedado lejos de ser unitaria.

Recientemente, una serie de ejercicios de simulación fiscal nos han enseñado que buena parte de los incrementos de la desigualdad en los países mediterráneos durante la Gran Recesión responden, no al ciclo en sí, sino a la consolidación fiscal (Matsaganis & Leventi, 2014). Esto es especialmente cierto en Grecia, algo menos en España, y más suave en Italia y Portugal donde, en 2012, la política fiscal contribuyó a reducir la desigualdad.

Los primeros estudios sobre el impacto de los recortes en la desigualdad solían poner el acento en los recortes sociales, sobre todo en prestaciones sociales monetarias, los más fáciles de medir. Permiten advertir que la consolidación fiscal es en gran medida responsable de las restricciones a la liquidez en las familias durante la Gran Recesión, en especial porque los recortes en las prestaciones sociales afectaron a los hogares que ya tenían serias restricciones de este tipo, algo que no sucede en igual medida cuando el ajuste se realiza vía incrementos en la carga fiscal (directa e indirecta). Cuando se incorporan, junto a la reducción de los salarios del sector público, al análisis del impacto de la consolidación fiscal durante la crisis, se advierte en cambio cierta progresividad en la aplicación inicial de los recortes (Paulus et al, 2017).

Se ve así la conveniencia de diferenciar entre los efectos de la política fiscal a corto plazo, de primer y de segundo orden, y los de largo plazo (Perez y Matsaganis, 2017): los primeros recogen la progresividad de las medidas de recorte antes mencionadas; los segundos ya permiten contemplar el impacto multiplicador de los recortes en el consumo, la actividad económica y las rentas primarias derivadas de ésta, y son claramente regresivos. Los efectos a largo plazo responden a la reducción de la productividad y, por tanto, del crecimiento, resultantes de la menor inversión en educación, sanidad e infraestructuras. Aún es muy pronto para valorarlos, pero podemos imaginar el impacto regresivo que tendrá este tipo de recortes, pues amenazan la igualdad de oportunidades.

Aunque ha servido en algunos casos de catalizador para abordar reformas pendientes, la crisis económica ha supuesto un brusco cambio de rumbo en la construcción de un Estado de Bienestar en el sur de Europa. Como resultado, son cada vez mayores las diferencias en cobertura y protección en los sistemas de bienestar en los países del Centro y del Norte de la Unión Europea (Guillén et al., 2016). Además, la reacción de las autoridades comunitarias a la crisis lleva a los analistas a abandonar cualquier esperanza de una respuesta social coordinada a las crisis económicas del fututo, lo que a largo plazo significará menor convergencia en renta y calidad de vida de los hogares en los Estados Miembros. Parece que no hemos aprendido nada de esta tormenta.

 

Para saber más:

Frieden, J., & Walter, S. (2017). Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis. Annual Review of Political Science, 20. 371-390.

Guillén Rodríguez, A. M., González Begega, S., & Luque Balbona, D. (2016). Austeridad y ajustes sociales en el Sur de Europa. La fragmentación del modelo de bienestar mediterráneo. Revista Española de Sociología, 25 (2): 261-272.

Matsaganis, M., & Leventi, C. (2014). The distributional impact of austerity and the recession in Southern Europe. South European Society and Politics, 19(3), 393-412.

Paulus, A., Figari, F., & Sutherland, H. (2016). The design of fiscal consolidation measures in the European Union: distributional effects and implications for macro-economic recovery. Oxford Economic Papers, 69(3), 632-654.

Perez, S. A., & Matsaganis, M. (2017). The Political Economy of Austerity in Southern Europe. New Political Economy (doi: https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1370445).

Indicador de coyuntura: Diciembre 2017

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de noviembre con los datos publicados hasta octubre de ventas y producción industrial, y hasta noviembre de renta y de afiliados. Como mensaje para terminar el año 2017, el indicador indica que la recuperación de la actividad que se inició en 2013 se ha mantenido durante todo este período. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en noviembre es de 3,0, en torno a los valores que lleva tomando durante el segundo semestre del año.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE presentan signos diversos. La producción industrial creció en octubre 0,2% y en noviembre 6,9%, mientras que las ventas crecieron 3,5% en octubre y 2,9% en noviembre. Por su parte, la renta mantiene en noviembre el ritmo de crecimiento de octubre del 3,9%, y los afiliados pasan a crecer 3,6% en noviembre frente al crecimiento de 3,5% que registraron en octubre.

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Como es costumbre, en la última entrada del año me gusta hacer un pequeño balance de la evolución económica anual. El 2017 comenzó con valores del indicador cercanos a 1. La evolución del indicador muestra un crecimiento sostenido, aunque brevemente interrumpido entre julio y septiembre, hasta un nivel de 3. En cualquier caso, el indicador muestra la solidez de la recuperación económica, coincidiendo con la dinámica que han marcado otros indicadores de actividad económica como el que elabora FEDEA y el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio.

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La consolidación del ritmo de crecimiento que se aprecia en el movimiento de los indicadores, coincide con la evolución del PIB de la economía española. Durante el primer trimestre del año, el PIB creció un 0,79%, en el segundo trimestre un 0.86% y en el tercer trimestre, desaceleró levemente su ritmo de crecimiento al 0,76%.

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En cuanto a actividad económica, este año será recordado porque España ha recuperado los niveles de PIB precrisis. El siguiente gráfico muestra la evolución trimestral del nivel del PIB, partiendo de un nivel base de 100 en el segundo trimestre de 2008, considerado por el Comité de Fechado de Ciclos de la Asociación Española de Economía como el inicio de la Gran Recesión en España. Según los datos del INE, casi una década después, el PIB recupera los niveles existentes antes de la crisis en el segundo trimestre de 2018.

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¿Qué podemos esperar en el cuarto trimestre? De consolidarse las tendencias registradas en los indicadores disponibles a la fecha de cierre del último observatorio económico del Servicio de Estudios del BBVA publicado a comienzos de diciembre y siguiendo el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA, se estima que el avance trimestral del PIB podría situarse entre el 0,8% y el 0,9, situándose en valores cercanos a los del año 2017, y el conjunto del año se cerraría con un crecimiento medio anual entre el 3,1% y el 3,2%. Por tanto, se confirmaría que el crecimiento de la economía española seguiría siendo sólido.

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Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2016, y proyecciones 2017-2019

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas fiscales de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2016 y algunas proyecciones para el periodo 2017-2019. Con más detalle, se ha añadido la cifra provisional del año 2016 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan proyecciones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo, PDE), proyecciones presentadas en el pasado mes de abril por el Ministerio Economía y Competitividad y en el pasado mes de noviembre por la Comisión Europea para el periodo 2017-2019.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 que avanza a un ritmo excesivamente lento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

En el primer gráfico (hacer clic para verlo más grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública o gastos públicos primarios. En primer lugar, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009, y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos en los años posteriores a 2008. En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos realizados, los gastos totales y los gastos sin intereses de la deuda pública se situaron a finales de 2016 en el 42,7% y el 39,9% del PIB, respectivamente. Por último, los ingresos públicos caen 0,2 puntos porcentuales respecto a 2015 y se sitúan a niveles del año 1994 (38,2% del PIB), lejos todavía del máximo de recaudación alcanzado en 2007 (41,2% del PIB), último año del periodo de expansión económica registrado en la economía española (1995-2007).

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2009-2016 el ahorro público primario ha registrado una importante mejora (3,6 puntos porcentuales en % del PIB) hasta situarse en cifras positivas (+0,7 puntos porcentuales en % del PIB), mientras que el ahorro público total se ha reducido en tan sólo 2,5 puntos porcentuales en % del PIB por el fuerte aumento de los pagos de los intereses de la deuda pública acumulada. El ahorro público total se sitúa todavía en 2016 en niveles negativos (2,1 puntos porcentuales en % del PIB) no deseables que incumplen la “regla de oro” de la política fiscal (emitir deuda pública solamente para financiar la inversión pública y suponiendo que el componente del ajuste déficit-deuda sea nulo).

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta entonces del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord: un -9,4% de déficit público primario y un -11,1% de déficit público total en estos 53 últimos años de historia de la hacienda pública española. El proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se frenó significativamente en 2012, aunque se ha vuelto ha encauzar en los años 2013 a 2016. Con más detalle, el déficit público total se ha reducido desde 2012 en 6,0 puntos porcentuales del PIB, hasta alcanzar el 4,5% del PIB, mientras que el déficit público primario se ha reducido en 5,8 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse en el 1,7% del PIB.

No obstante, el déficit público total actual (-4,5% del PIB) se mantiene en una cifra aún alejada del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro. El problema fiscal refleja tanto la insuficiente caída del gasto público, como la baja recaudación impositiva.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2016 el stock de deuda pública según la metodología del PDE sigue estabilizado alrededor del 100% como en los años 2014 y 2015, sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para el periodo 2017-2019 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE. Las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad provienen de la publicación Actualización del Programa de Estabilidad, 2017-2020 remitida a la Comisión Europea el pasado mes de abril, mientras que las previsiones de la Comisión Europea aparecen en el informe European Economic Forecast, Autumn 2017, publicado este mes de noviembre.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total (gráfico 5) del Ministerio de Economía y Competitividad indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2017-2019 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2017, 2018 y 2019 el 3,1%, el 2,2%% y el 1,3% del PIB, respectivamente, situándose ya por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht del -3% a finales de 2018. Las previsiones de la Comisión Europea son un  poco más pesimistas, y los técnicos del organismo estiman que el déficit público total se situará en 2017, 2018 y 2019 en el 3,1%, 2,4% y 1,76%, respectivamente, por encima de las previsiones del Gobierno de España para los dos últimos años.

Por otra parte, las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (gráfico 6) son más optimistas. Los técnicos del organismo estiman que el stock de deuda pública se situará a finales de 2017 en el 98,4% del PIB, mientras que a finales de 2019 se habrá reducido hasta alcanzar el 95,5% (cifras aún muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Masstricht del 60% del PIB).

MOMENTOS MINSKY

Coincidiendo con la celebración del 19º Congreso del Partido Comunista Chino, el pasado 19 de octubre el gobernador del banco central, Zhou Xiaochuan, advirtió del exceso de complacencia con la evolución de su economía y caracterizó la situación como cercana a un “momento Minsky”: de colapso en los mercados de activos. No solo a los analistas más supersticiosos se le pusieron los pelos de punta. A nadie se le oculta que la significación de la declaración cobraba especial importancia por quien la formuló, pero también por el contexto en que se producía. El máximo responsable del Banco Popular de China es un funcionario altamente respetado dentro y fuera de su país, y en ese congreso se sacramentaba la trayectoria que había seguido la economía china, al tiempo que se trataba de sentar las bases para prolongar la bonanza. El aviso coincidió con el 30º aniversario del “crash” bursátil, de aquel “lunes negro” de octubre de 1987 que marcó una nueva época en la escena financiera. Ese contexto se completa con la sensibilidad en todo el mundo acerca de las consecuencias de la “normalización” en curso de las políticas monetarias: el impacto que la retirada de los estímulos excepcionales de los principales bancos centrales puede ejercer sobre unos mercados financieros globales, donde el descenso de la aversión al riesgo está cada día más extendido.

A pesar de su temprana muerte, en 1996, Hyman Minsky es considerado uno de los académicos que analizó con mayor detenimiento y agudeza el potencial de inestabilidad asociado a la actividad de los mercados financieros y las crisis de esa naturaleza. Keynesiano de pro, enseñó en Chicago y en Harvard, donde fue ayudante de Alvin Hansen, también de gran actualidad por haber acuñado en los años treinta el término “secular stagnation”. Fue tras la emergencia de la crisis de 2007 cuando la obra de Minsky renovó una vigencia escasamente reconocida en los medios académicos durante su vida, quizás por el abrumador dominio durante el último tercio del siglo veinte de la presunción de eficiencia de los mercados financieros difundida por Eugene Fama. En una columna en estas mismas páginas, de 4 de enero de 2009, hacíamos referencia a la vigencia de la obra de este autor (https://elpais.com/diario/2009/01/04/negocio/1231078468_850215.html). Su ahora ampliamente conocida “hipótesis de inestabilidad financiera” desarrolla el proceso de alimentación de una crisis a través de largas fases de crecimiento económico, de general complacencia, a las que se asocian intensos ascensos en los precios de los activos de toda naturaleza y, muy especialmente, elevaciones en todo tipo de endeudamiento. Minsky distinguió tres según su riesgo: el más prudente, destinado a cubrir aumentos de la capacidad productiva de las empresas, el que el calificaba de especulativo, destinado básicamente a pagar intereses, o la “financiación Ponzi” , cuando el prestatario no dispone de medios líquidos para pagar ni el principal ni los intereses, confiando en este último caso en que la revalorización de las cotizaciones de los activos sea suficiente para pagar unos y otros. Ya se sabe quién fue Ponzi, su recuerdo tras el escándalo Madoff y por la acumulación de operaciones excesivamente apalancadas que precedieron a la explosión de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en el verano de 2007 en EE. UU. El término “Minsky moment” lo acuñó Paul McCulley, de PIMCO, durante la crisis asiática de 1997, la suspensión de pagos de la deuda doméstica rusa y la consiguiente devaluación del rublo un año más tarde. Desde entonces ha quedado asimilado a un desplome en los precios de los activos financieros determinado fundamentalmente por el exceso de endeudamiento, de esa tercera modalidad de apalancamiento demasiado confiado en la revalorización de las inversiones que financia.

No ha sido Zhou Xiaochuan el primer banquero central en apelar a Minsky. La propia Janet L. Yellen, le dedicaría una muy citada conferencia en 2009, poco antes de llegar a la presidencia de la Reserva Federal de EE. UU. También se han referido a él los dos últimos gobernadores del Banco de Inglaterra. Ahora llovía sobre mojado, especialmente en el territorio financiero chino. Antes de la advertencia de Zhou Xiaochuan, otras instituciones, el FMI de forma destacada, han invocado el nombre de Minsky, no precisamente en vano. En sus últimos informes de perspectivas globales y en el de estabilidad financiera, del pasado octubre, esa institución subraya como la combinación de una trayectoria de elevada deuda y reducción del espacio fiscal disponible para responder en caso de un ajuste abrupto, conforma una exposición elevada a tensiones financieras. Las familias, los ayuntamientos y las empresas chinas han contribuido a que el endeudamiento se haya más que duplicado en relación con el PIB en los últimos diez años, algo que incluso supera lo ocurrido en España en la década previa a la crisis de 2008.

Además de China, la vinculación al momento actual tiene algunos rasgos cercanos a la caracterización del “momento Minsky”: la reducción de la aversión al riesgo, en gran medida obligada por unos tipos de interés históricamente bajos son propiciatorios del endeudamiento creciente, así como de la búsqueda de rendimientos en activos de riego superior al habitual. La desaparición de las primas de riesgo ha sido paralela al aumento de la deuda en todo el mundo hasta más del 320% del PIB, desde niveles del 265% a principios de la década. Hace pocas semanas observábamos como los bonos de baja calidad crediticia, de “elevado rendimiento”, cotizaban con precios históricamente elevados: con tasas de rentabilidad inferiores al 2%. A partir de ahí, cualquier episodio, que altere el precario equilibrio, como un alza en los tipos de interés, puede desencadenar una escalada de ventas de activos por los inversores con el fin de pagar deudas, una crisis en toda regla.

Por eso eran razonables los avisos del gobernador chino y las recomendaciones de un control ordenado de la excesiva expansión del crédito. Frente a ello, no faltan analistas que minimizan el alcance de esas advertencias, debido a un improbable desapalancamiento forzoso y generalizado, que se considera el determinante de un “momento Minsky”. Es verdad que no son excesivas las inversiones extranjeras de cartera en China, que provocarían las ventas iniciales ante un chispazo, y las autoridades disponen de recursos y capacidad de maniobra suficientes para responder a eventuales escaladas vendedoras de activos estabilizando el sistema financiero, desde luego los más expuestos bancos estatales. Ninguno de esos analistas menos alarmistas, sin embargo, pasan por alto los riesgos que sobre el crecimiento de la segunda economía del mundo puede generar un frenazo en esa dinámica crediticia y de endeudamiento. Frenazos que pueden venir dados por la adaptación a un entorno de mayor endurecimiento en las condiciones monetarias.

Y ya se sabe, en las circunstancias actuales, si China estornuda el resto del mundo debemos empezar a abrigarnos, especialmente los que más cerca tenemos la adaptación a un entorno de menor complicidad monetaria, de también obligada redefinición de la aversión al riesgo, tan marginada del escenario financiero desde que los bancos centrales nos salvaron de males peores. El cambio de actitud de ellos mismos podría ser uno de los detonantes de modificaciones de alcance global en las carteras, y de reversiones en los flujos de capital por aquellos inversores que han tratado de buscar rendimientos donde el margen era cada día más reducido.

(Diario El País, 26/11/2017)

Evolución histórica de las temperaturas en la Tierra, 1880-2016

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) es una agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos cuyas actividades se centran en las condiciones de los océanos y la atmósfera del Planeta Tierra.

Los últimos datos publicados para 2016 por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) muestran que el calentamiento de la tierra y de los océanos sigue su avance imparable.

En el primer gráfico se muestran las anomalías de la temperatura de la atmósfera a finales de cada año (período 1880 a 2016) respecto a la temperatura media del período 1910-2000 [grados Celsius (°C) en la escala izquierda y grados Fahrenheit (°F) en la escala derecha]. El inicio sostenido de los récords de temperatura de la atmósfera comienzan a finales de la década de los setenta del siglo XX. Lo últimos récords se han alcanzado en 2015 y 2016, con +1,33 y +1,43 grados, respectivamente.

En el segundo gráfico se muestran las anomalías de la temperatura de los océanos a finales de cada año (período 1880 a 2016) respecto a la temperatura media del período 1910-2000. El inicio sostenido de los récords de temperatura de los océanos comienzan a principios de la década de los ochenta del siglo XX. Lo últimos récords se han alcanzado también en 2015 y 2016, con +0,74 y +0,76 grados, respectivamente.

El incremento de las temperaturas de la atmósfera y de los océanos está ya influyendo en la migraciones y afectando negativamente a las actividades productivas y a las infraestructuras en buena parte del planeta.

Indicador de coyuntura: Noviembre 2017

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de octubre con los datos publicados hasta septiembre de ventas, producción industrial y renta, y hasta octubre de afiliados. El valor que toma el indicador continúa oscilando en los niveles en los que se mantiene en los cuatro últimos años. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en octubre es de 2,5, similar al valor que tomó en septiembre de 2,4.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, la evolución de los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE ha sido dispar. La producción industrial, las ventas y la renta pasan de crecer 2,2%, 2,6% y 3,7% en agosto, a crecer 0,2%, 3,4% y 4,9% en septiembre, respectivamente. Por su parte, los afiliados crecen en octubre 3,5%, por debajo del 4,5% de septiembre.

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Los costes sociales de la crisis explican mucho, por Álvaro Anchuelo

Los días 9 y 10 de noviembre se han celebrado las Jornadas de Alicante sobre Economía Española. Se trata de una cita ya clásica (alcanzaban este año su XXXII edición) que destaca por la calidad de sus ponentes. De entre las excelentes presentaciones, la que más me ha impresionado ha sido la de la profesora María Ángeles Davia, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre la desigual distribución de los costes sociales de la crisis. La mayoría de los hechos que explicó en su ponencia son consecuencias de la crisis con las que estamos familiarizados. Lo impresionante era verlas documentadas con rigor, mediante cifras y gráficos, en forma de visión de conjunto. Cada problema por separado sería grave. Todos juntos resultan demoledores.

La Gran Recesión trajo consigo desequilibrios presupuestarios, en forma de mayor déficit público. La consiguiente acumulación de deuda pública provocó, en países como el nuestro, una crisis de la deuda soberana y la recaída en la recesión. Los posteriores recortes del gasto público han afectado a partidas esenciales de la cohesión social. En los países del Sur de Europa, se ha reducido el gasto público en educación, sanidad, políticas de apoyo a la familia y la infancia, discapacidad y otras formas de protección social. De esta forma, pilares esenciales del Estado del Bienestar se han visto erosionados. Evidentemente, los efectos de estos recortes se reparten de forma desigual: afectan más a los grupos sociales más desfavorecidos.

Esto ha ido acompañado de reformas laborales, que pueden tener efectos positivos desde el punto de vista de la competitividad, pero que tienen así mismo otros efectos sociales negativos. Los trabajadores han visto como sus salarios se reducían o se mantenían congelados durante años. Otras condiciones laborales, relacionadas con los horarios y la movilidad, han empeorado. El despido se ha facilitado. Los nuevos contratos tienden a ser precarios (temporales o a tiempo parcial). La protección al desempleo ha endurecido los requisitos y ya no cubre a los parados de larga duración (casi tres de cada cuatro parados no recibe hoy prestaciones en España, si basamos el cálculo en los datos de la EPA). Las políticas activas de empleo han sufrido fuertes recortes presupuestarios. Va ganado fuerza el fenómeno de la pobreza laboral: personas que están trabajando sin que eso les garantice salir de la marginalidad. Afecta a un 13.1% de los trabajadores españoles, según hemos sabido estos días.

Las consecuencias de tales políticas son las previsibles: tanto la desigualdad en la distribución de la renta como la pobreza han aumentado. En España, el porcentaje de la población que vive en hogares con un nivel de renta indicativo de riesgo de pobreza ronda el 28%. Dentro de esa grave situación general, los problemas son particularmente agudos entre algunos colectivos más vulnerables, como los jóvenes, los niños y las mujeres.

Los jóvenes han sufrió la lacra del desempleo en porcentajes muy superiores al resto de la población. Los que logran trabajar, padecen de forma desproporcionada bajos salarios, horarios sin límites y empleos precarios. Tienen también dificultades de acceso a la vivienda, lo que impide su emancipación hasta edades tardías. Se ha ido formando una considerable bolsa de NINIs (jóvenes que ni se forman, ni trabajan). No pocos jóvenes españoles, ante semejante panorama, han tenido que optar por la emigración a países extranjeros.

Aún más sangrante resulta la situación de la infancia. El riesgo de pobreza entre los niños es aún más alto que para el conjunto de la población. Los indicadores más amplios elevan la cifra hasta el 40%. El problema suele estar ligado a la falta de empleo de los padres. El riesgo de abandono escolar temprano se suma a este negro cuadro, creando las bases para que lo sufrido en la infancia deje secuelas, se perpetúe y dificulte la movilidad social en el futuro.

Las mujeres son otro grupo que ha sufrido más que la media las consecuencias de la crisis. Los problemas del mercado de trabajo afectan especialmente a la población femenina (por ejemplo, en forma de salarios más bajos y mayor precariedad, con fuerte presencia en el empleo a tiempo parcial involuntario).

En vista de semejante panorama, resultan más fáciles de entender las tensiones políticas y la radicalización que vivimos en los últimos tiempos. Hunden sus raíces en los efectos sociales de la grave crisis económica, agudizados por una deficiente respuesta frente a ella. Como bien supo ver el presidente Kennedy: “Si una sociedad libre no es capaz de ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.

Álvaro Anchuelo Crego, Universidad Rey Juan Carlos

(Publicado el 15 de noviembre de 2017 en el diario online República de las Ideas)

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