El diferencial de tipos de interés largo-corto plazo de la deuda pública como indicador adelantado del ciclo económico: ¿Se acerca EE.UU. a una recesión?

El Catedrático de Economía Arturo Estrella del Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York (y antiguo economista de la Reserva Federal de Nueva York) ha propuesto desde finales de los años ochenta la utilización de la pendiente de la curva de rendimientos (o el diferencial de los tipos de interés a largo y a corto plazo de los rendimientos de los Bonos del Tesoro) como un indicador adelantado de la actividad económica real futura y, en última instancia, de la probabilidad de la recesión o expansión de la economía americana en los siguientes 12 meses.

En síntesis, en las situaciones históricas en que el diferencial entre los Bonos del Tesoro a largo plazo (a 10 años) y a corto plazo (1 año) ha aumentado se podría esperar que el crecimiento económico mejore en un horizonte cercano (de cuatro a seis semestres), y viceversa. En el terreno empírico, la curva de rendimientos ha sido de gran utilidad como indicador adelantado de las recesiones y expansiones económicas de EE.UU. desde 1953, así como de las contracciones y expansiones en las economías de otros países, especialmente Alemania, Canadá y el Reino Unido. En general, el diferencial de tipos o la curva de rendimientos es capaz de predecir con precisión recesiones o expansiones económicas en comparación con otros indicadores económicos, incluidos los principales índices tradicionales y sus componentes, y otras variables potenciales con capacidad de predicción. Indicadores tales como los precios de las acciones y los tipos de interés pueden tener una capacidad de predicción en el futuro similar a la curva de rendimiento en determinados horizontes temporales, pero ninguno es capaz de mejorar a la curva de rendimientos como un indicador estadístico adelantado de la actividad económica real.

En el primer gráfico, se muestra para el periodo 1956 a 2018, las fechas en el que apareció la curva de rendimientos invertida (negativa) y las recesiones económicas en EE.UU.

En la primera y en la segunda columnas se muestran, respectivamente, el inicio y el final de la recesión. En la cuarta y en la quinta columnas se indica, respectivamente, el comienzo de la curva de rendimientos invertida y en cuantos meses se adelanto el inicio de la recesión económica. Por ejemplo, la última recesión económica en EE.UU. comenzó en diciembre de 2007 y finalizo en junio de 2009. En este caso la curva de rendimientos se volvió negativa en junio de 2006, con un anticipo de la recesión 23 meses antes.

En el segundo gráfico (hacer clic para ver el gráfico mas grande),  se muestra la evolución temporal de las tasas de rendimientos de los Bonos del Tesoro americano de 10 años (largo plazo) y de 1 año (corto plazo) desde 1953 a 2018. El diferencial positivo entre el tipos a largo plazo y a corto plazo alcanzo su pico positivo desde el comienzo de la la recesión de 2007 en enero de 2010 (+3,38%), y desde esa fecha se ha ido reduciendo (la curva se está aplanando). De hecho, el diferencial positivo ha registrado su mínimo en diciembre de 2018 (+0,17%) por lo que se podría invertir próximamente y, en teoría, anticiparía una nueva recesión en la economía americana.

Hay que tener cuenta – cómo mostramos en el primer cuadro – que el retraso entre la inversión de la curva y una recesión varía en el tiempo. En concreto, el retraso se sitúa históricamente entre 7 y 24 meses, con un promedio de aproximadamente 14 meses. Pero la cuenta atrás podría haber empezado.

Los Presupuestos Generales del Estado y el cuento de la lechera

Artículo publicado en Valencia Plaza el 27 de enero de 2019

Nuestras cuentas públicas se someten a escrutinio por la UE y continuamos dentro del procedimiento de déficit excesivo

Nos encontramos nuevamente a comienzos de año sin tener un presupuesto aprobado. Sin embargo, existe ya un proyecto de ley de presupuestos respaldado por el consejo de ministros y que se encuentra en trámites en el Congreso de Diputados.

Recordemos que este proyecto, aunque bastante similar, no se corresponde con el pactado hace varios meses por el líder de Podemos, Pablo Iglesiasy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El primero estaba condicionado al aumento del techo de gasto (que había sido aprobado previamente por el gobierno de Mariano Rajoy) y que necesitaba el visto bueno del Senado, que no obtuvo.

Los Presupuestos Generales del Estado son complicados de elaborar y se encuentran, desde las últimas reformas de la gobernanza en la Unión Europea, sometidos a escrutinio, en especial si el país en cuestión ha incurrido en déficit excesivo. Desde 2009 España se encuentra dentro de dicho procedimiento, habiendo pactado una senda de reducción del déficit público que, como puede verse en el gráfico 1, se cumplió por primera vez en 2017 y que también debería haberse cumplido a finales de 2018. De no ser así, seguiremos siendo el único país de la eurozona sometido al procedimiento de déficit excesivo. Como puede verse también en la tabla 1, procedente del resumen del proyecto publicado por el Ministerio de Hacienda, se sigue presentando en la documentación un objetivo de -1,8%, cinco décimas más de déficit de lo autorizado. Dado que la cifra de discrepancia son 5.000 millones de euros (aproximadamente un mes de recaudación de IVA), se ideó un truco, que la AIReF (siglas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) no ha avalado, y que consiste en contabilizar como ingresos de 2019 el IVA de diciembre de 2018 más los doce meses de 2019.

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Gráfico 1: Desviaciones de la senda aprobada para reducir el déficit excesivo. Fuente: Ministerio de Hacienda (2019)

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Tabla 1: Saldo de las finanzas públicas, por administraciones. Fuente: Ministerio de Hacienda (2019)

Con todo ello, ¿qué cifras cabe retener de las cuentas públicas del año 2019? En primer lugar, los gastos de la Administración central y los organismos que dependen de ella suponen algo más de 470.000 millones de euros, un 40% del PIB (que ronda en la actualidad los 1,2 billones de euros). Sin embargo, la cifra que suele manejarse es 345.361 millones de euros, que es el gasto en operaciones no financieras, que se obtiene al detraer activos y pasivos financieros. El gasto se divide entre cuatro grandes entes: el Estado (164.000 millones), los Organismos Autónomos(40.000 millones), la Seguridad Social(163.000 millones) y otros 8.000 millones que van al resto de entidades. La suma llega a 375.000 millones porque hay transferencias entre ellos.

En la Seguridad Social el mayor capítulo son las pensiones, que superan los 135.000 millones sólo en las contributivas. Respecto a los organismos autónomos, el principal es el Servicio Público de Empleo, que destina 23.000 millones, entre otras cosas, a las transferencias por desempleo. Otros organismos autónomos del Estado son el Fondo Español de Garantía Agraria, el INE o el Consejo Superior de Deportes. Las Agencias Estatalesreciben casi 8.000 millones de euros, incluyendo, entre otras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(3.800 millones), la Agencia Tributaria (1.100) o la Agencia Estatal de Investigación (732 millones).

El Estadodispone de una cifra relativamente modesta, 164.197 millones de euros, de los cuales más de 30.000 millones son los intereses de la deuda pública(más altos que las prestaciones por desempleo), mientras que 41.403 se destina a la financiación territorial. De esta cifra, casi 37.000 se dirige a los entes territoriales. Finalmente, los Ministerios (véase la Tabla 2) reciben algo menos de 59.000 millones. Los Ministerios con mayor presupuesto son Fomento, Defensa, Interior y Trabajo.

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Tabla 2: Presupuesto no financiero por secciones. Incluye detalle de Ministerios. Fuente: Ministerio de Hacienda (2019)

Todos estos datos son importantes porque permiten hacer una rápida comparación entre partidas. Además, hay un par de aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta. En primer lugar, que hay impuestos cedidos totalmente a las autonomías (Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones) y otros parcialmente (IRPF e IVA) de los que el 50% va directamente a las CCAA de régimen general. Por ello, como puede verse en la Tabla 3, el total que perciben las CCAA supera los 110.000 millones de euros (y no los 37.000 mencionados anteriormente). La segunda puntualización es que dichos fondos no son finalistas. Las CCAA elaboran los presupuestos atendiendo a sus prioridades y políticas, siendo aprobados en sus parlamentos. Evidentemente, la mayor parte del presupuesto de las CCAA se destina a Sanidad y Educación, competencias transferidas y de cuya gestión son responsables.

Ello explica que los ministerios de Educación y Sanidad tengan presupuestos bastante pequeños: 2.300 en el caso de Educación (más otros 2.400 de Universidades e Investigación) y 3.100 en el caso de Sanidad. En Educación, el gasto viene explicado en un enorme porcentaje por las becas generales (1.600 millones). La principal labor de los ministerios, en el actual sistema, es elaborar la legislación básica y coordinar las políticas con las autoridades de las CCAA. Otra cosa, muy diferente, es que se haga dejación, en muchas ocasiones, de dichas obligaciones. Pero eso es otra historia…

No obstante, resta saber no sólo si se aprueban sino cuáles van a ser los efectos sobre la recaudación de las diferentes medidas tomadas en un contexto mundial de desaceleración. Hemos repasado los gastos previstos, pero poco hemos hablado de los ingresos y lo que conocemos hasta ahora se parece bastante al cuento de la lechera: están en el aire. El ciclo económico, a este respecto, es implacable. Aunque el FMI no haya reducido las cifras previstas de crecimiento para España, tanto los impuestos tradicionales como los cambios introducidos en este presupuesto (impuesto Google y Tasa Tobin) son muy sensibles a la actividad económica externa e interna, siendo de esperar una recaudación bastante por debajo de lo que prevén las cuentas públicas. Es decir, el déficit rebasará los límites previstos.

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Tabla 3: Recursos recibidos por las CCAA del régimen general y ciudades autónomas. Fuente: Ministerio de Hacienda (2019)

Independientemente de que se aprueben estos presupuestos o se prorroguen los de 2018, la comparación muestra que, en la mayor parte de los casos, son continuistas. Otra cosa es ir al detalle: por ejemplo, un simple cálculo nos muestra un incremento medio en los fondos percibidos por las CCAA de un 6.3% y Comunidad Valenciana vuelve a quedarse por debajo de la media (su incremento es un 5.4%). Los fondos destinados a Madrid y Andalucía aumentan justo la media, mientras que Cataluña lo hace en un 8.1%. Es decir, que parezca que las cosas cambien para que se queden igual.

En “modo elecciones”

Desde el comienzo del pasado otoño, este es el “ajuste” en que hemos colocado nuestro smartphone nacional. A partir de la precampaña andaluza, el mes de septiembre, no es otro, en efecto, el tono dominante en el escenario político español, marcando movimientos y declaraciones, actuaciones y discursos. El denso calendario electoral que abrió Andalucía y que se prolongará con una triple cita fija en mayo (europeas, y locales y autonómicas de régimen general) y otras pendientes de señalar (generales y, quizá también, en alguna Comunidad Autónoma de régimen particular), lo condiciona todo. Campaña electoral permanente: casi nada en 2019 podrá escapar a tal sino. Su protagonismo deja en la sombra o en un plano muy secundario cualesquiera otras circunstancias, comenzando por el “listado bastante largo” de riesgos que a escala global y europea detecta Draghi y los temores expresados por Lagarde, para continuar por los toques de atención que insistentemente transmiten ciertos indicadores económicos, propios y ajenos.

Era presumible que el final de esta Legislatura (la XII de la España democrática) no iba a ser fácil con un Gobierno en minoría en el Congreso de los Diputados y la enrevesada aritmética de votos que necesita para sostenerse, cuando el curso de los acontecimientos en el desafío independentista parece fuera de control en muchos aspectos, y en primer término dentro de la misma Cataluña. Un difícil final que está acarreando costes tan significativos como el bloqueo en la renovación de órganos institucionales del mayor rango, como son los del poder judicial. Pero es el poblado horizonte electoral lo que está provocando una suerte de “inflamación”, responsable de llamativas mudanzas –y también tribulaciones– en los partidos y del endurecimiento y radicalización de mensajes, como si la “bronca constante” fuera el hábitat de los interlocutores políticos (un medio natural bien distinto, afortunadamente, del que da cobijo a la inmensa mayor parte de la ciudadanía española).

La política económica –medidas que se adoptan, intenciones que se confiesan– no queda al margen, por supuesto, de la situación. La “exuberancia normativa” que revela el Boletín Oficial solo es comparable con la “declarativa” de los responsables de unos y otros Ministerios con competencias económicas. Todo dominado por las prisas: se revierten reformas (en el terreno del mercado laboral o de la gestión de los fondos para la formación, las más recientes) y se adoptan o anticipan medidas sin conocer el alcance de sus efectos (señaladamente, en el ámbito industrial y energético, por una parte, y en el fiscal, por otra). El colofón, unos Presupuestos Generales cuya consistencia han cuestionado razonadamente la AIReF, primero, y luego el Banco de España, poco después, por cierto, de que en la tribuna de Davos el presidente Sánchez afirmara su convicción de que “este presupuesto es el inicio de una historia de éxito, de una nueva era de España…”.

Estamos en “modo electoral”, no hay duda. Dejémoslo ahí, olvidándonos por un momento de la advertencia que Lawrence Freedman, un buen experto en estrategia, anota en su más reciente libro: “la historia la hacen personas que no saben qué va a pasar a continuación”.

 

Indicador de coyuntura: Enero 2019

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de diciembre con los datos publicados hasta diciembre de producción industrial y de ventas, y hasta noviembre de renta y de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en diciembre es de 3,7, un poco por encima del valor que tomó en noviembre de 2,3.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto han tenido una evolución dispar. La producción industrial y las ventas crecieron menos en noviembre (-2,8% y 2,1%) que en octubre (3,6% y 3,1%). Sin embargo, la renta y los afiliados crecieron más en diciembre (4,0%, y 3,2%) que en noviembre (3,1%, y 2,6%).

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ESPAÑA ANTE LA INESTABILIDAD GLOBAL

El cuatrienio que cierra 2018 acentuó una dimensión de la economía española que ya conocíamos, pero es conveniente ahora, a la luz de los cambios en el entorno internacional, recordarla: su elevada apertura e integración internacional permitió que se beneficiara de un entorno exterior muy favorable al crecimiento económico y del empleo. En esos años el crecimiento de la economía mundial fue notable y sincronizado, pero más significativa aun fue la expansión de la demanda de nuestros socios de la eurozona y unas condiciones monetarias difíciles de mejorar.

Es lógico, por tanto, que el entorno internacional sea uno de los principales centros de atención para evaluar si la recuperación de estos cuatro últimos años ha sido apenas un paréntesis en esa suerte de convalecencia de una vulnerabilidad ya crónica de nuestra economía: el excesivo endeudamiento con el exterior, la abultada diferencia entre los pasivos y los activos que España tiene frente al resto del mundo. Los españoles seguimos altamente endeudados y los acreedores de una parte significativa de esa deuda no son residentes en nuestro país. Es cierto que en estos años desde el inicio de la crisis las familias y las empresas españolas no han dejado de reducir la elevada deuda que tenían en 2007 pero, al mismo tiempo, han aumentado la suya el conjunto de las administraciones públicas, fundamentalmente el estado. Y una parte significativa de esta deuda pública la tienen inversores internacionales.   Cualquier variación adversa en las condiciones externas, especialmente financieras, puede dañar más a una economía con una posición de inversión neta internacional deudora.

Lo que viene en este nuevo año tiene peor pinta que en los cuatro anteriores. En primer lugar, porque todas las economías importantes del mundo, desde luego aquellas con las que nuestro grado de integración es mayor, crecerán menos: la demanda de bienes y servicios producidos en España será probablemente menor y con ello nuestro desequilibrio exterior dejará el territorio positivo en el que ha estado inmerso desde la crisis. Ya hemos apreciado en el pasado año un descenso de las exportaciones españolas y no es probable que se recuperen en el actual.

Tras un crecimiento decepcionante el año pasado, el clima en la eurozona estará dominado por las tensiones políticas ya conocidas y por un bajo ritmo de crecimiento, que es difícil llegue a superar el 1,5%, con sus principales economías, en particular Alemania, acusando los efectos de esas tensiones comerciales generadas desde EE. UU. Un sector importante en la economía alemana y en la nuestra, el del automóvil, parece singularmente afectado. El mal comportamiento del conjunto del sector industrial en la principal economía europea es el responsable de que su crecimiento económico en 2018, del 1,5% frente al 2,2% de 2017, haya sido el más bajo desde 2013. Las demás economías con las que compartimos moneda e intercambios, Francia e Italia desde luego, tampoco van a crecer más que el año pasado.

La incertidumbre que todavía rodea los desenlaces posibles sobre el Brexit es el otro gran condicionante del crecimiento regional y, desde luego, de nuestra capacidad exportadora de bienes y servicios. Reino Unido, además de generar más de una quinta parte de los ingresos por turismo, es una de las economías con las que mantenemos un superávit comercial y donde se sitúa el mayor stock de inversión directa española en el extranjero.

De fuera de Europa tampoco es probable que provengan impulsos significativos a nuestras exportaciones. El mantenimiento por la administración estadounidense de las tensiones comerciales no facilitará la reducción de incertidumbre que sigue condicionando, además del descenso observado el pasado año en el volumen de comercio internacional, los planes de inversión empresarial en sectores importantes. Incluso en la propia economía americana, cuyo crecimiento acusará este año el agotamiento de las medidas de estímulo que su gobierno adopto hace un año.

El otro gran contendiente en la guerra comercial y tecnológica, China, no está por el momento en condiciones de tomar el relevo motriz de la economía global. En su desaceleración son visibles los daños de esa guerra comercial y la dificultad para digerir el elevado endeudamiento privado, parte de él amparado en un sector inmobiliario debilitándose. Su contribución a la demanda global en este año será significativamente menor. Aunque sus autoridades renueven algunas decisiones de estímulo como las adoptadas al inicio de la crisis, su efecto probablemente no será tan expansivo sobre la economía global.

En ese contexto, las exportaciones de bienes y servicios españoles no registrarán un mejor comportamiento que el año pasado. No generaremos suficiente capacidad de financiación frente al exterior y agudizaremos la dependencia del ahorro del resto del mundo para afrontar nuestras decisiones de gasto e inversión, incluida la atención del servicio de nuestra deuda exterior. La evolución durante los últimos trimestres de esa capacidad de financiación, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital de la balanza de pagos, registró un superávit inferior al de un año antes. Acumulando los cuatro últimos trimestres esa capacidad de financiación fue equivalente al 1,4% del PIB frente al 2,1% de 2017.

A mejorar ese entorno internacional no ayudará la orientación de las políticas monetarias, siendo probable un cierto endurecimiento relativo en las condiciones monetarias y de financiación. La Reserva Federal, en el mejor de los casos, pausaría su senda de elevación de tipos de interés. Por otro lado, el gran apoyo que en estos últimos años ha prestado el BCE a la digestión de la elevada deuda pública ha dejado de existir con 2018: ya no comprará deuda pública y privada como lo ha venido haciendo. Por el momento seguirá reinvirtiendo los bonos que vayan venciendo, pero las probabilidades de que se mantenga el nivel de tipos de interés tan bajo son más reducidas.

La más inmediata de las consecuencias de esa vulnerabilidad es el eventual aumento de los pagos en concepto de intereses sobre la deuda pública y privada. La herencia que ha dejado 2018 en la escena financiera internacional no es precisamente buena. La aversión al riesgo es elevada y su reflejo trasciende a los mercados de activos de riesgo para reflejarse igualmente en los de bonos. La deuda mundial, del 320% del PIB, es más elevada que al inicio de la crisis.   Sin el gran respaldo comprador del BCE, las diferencias de rentabilidad serán más dependientes del stock de deuda, de la orientación de las políticas presupuestarias y de la consiguiente calificación crediticia de las agencias. Ante cualquier señal adversa, como podrían ser tensiones políticas en Italia o las generadas por la elección del nuevo presidente del BCE, los inversores internacionales seguirían más pendientes de los refugios con menor riesgo que de la búsqueda de rentabilidad.

En definitiva, un contexto vulnerable que bien podría mejorar si aquellas economías europeas con capacidad para el estímulo fiscal, para el aumento de la inversión pública y en general de su demanda interna, como Alemania, llegaran a usarla. De lo contrario, el margen de maniobra de las autoridades españolas para evitar una mayor debilidad es reducido. Aun cuando la estabilidad política estuviera garantizada no son muchas ni de gran impacto a corto plazo las decisiones que podrían adoptarse para neutralizar la vulnerabilidad financiera que el nuevo año trae consigo.

@ontiverosemilio

(Diario El País, 20/01/2019)

 

2019: mejor, posiblemente

Tan mal nos lo están poniendo que se anima uno a apostar por darle la vuelta al título de esa película en que Jack Nicholson hace más que nunca de sí mismo (“Peor, imposible”). Graves perturbaciones comerciales y financieras, frenazo brusco de la economía mundial, caídas a plomo de las cotizaciones bursátiles… con una honda recesión en puertas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto con el giro en la política monetaria de los Bancos centrales, cuando la deuda global alcanza un volumen enorme (equivalente al 300 por ciento del PIB mundial), se sitúan en la base de las anunciadas tribulaciones, que para los europeos se agudizarán por razón de un Brexit “duro” y la crisis política e institucional con que amenaza el ascenso de movimientos populistas. Los agoreros vuelven a pisar con fuerza. Tales son, en efecto, los vaticinios más generalizados, tanto internacionales como domésticos, con muy pocas excepciones, entre las que cabe destacar el “Informe Mensual” de CaixaBank, fechado el pasado diciembre, donde, a contracorriente, se apunta un 2019 con “buenas perspectivas”.

 Este es también el sentido de nuestra apuesta, y en los dos planos ahora contemplados. Primero, a escala general. Cierta desaceleración, sí, pero nada que recuerde a la Gran Recesión. La Administración Trump y las autoridades chinas, velando antes que nada por sus respectivos propios intereses, alcanzarán, más pronto que tarde, un acuerdo, despejando el comercio internacional de las tensiones sobrevenidas en la segunda mitad del año pasado. La economía de los Estados Unidos seguirá con un ritmo alto, y aunque el crecimiento de China pierda algo de su habitual brío, otros grandes países emergentes —India, Indonesia, México, por ejemplo— van a mantener registros más que notables. Además, tanto Jerome Powell en la FED como Mario Draghi en el BCE demuestran, con sus recientes llamadas a la calma, estar al quite.

 En la Eurozona, a su vez, que tienda a confirmarse un patrón de crecimiento algo más moderado que en los ejercicios más cercanos —solo “algo”: décima arriba, décima abajo— no debe interpretarse en negativo; la tasa de paro es baja, y el buen pulso de la demanda doméstica está compensando el menor dinamismo de las exportaciones. El Brexit —más que melodrama, ópera bufa en algunos momentos—, en la víspera hoy de su comprometido paso por el Parlamento de Westminster, tendrá finalmente el desenlace razonable que avalan siglos de depurada diplomacia británica y el diligente desempeño en este caso de la Comisión y del Consejo europeos. Buena nota para estos, que también se la merecen por la capacidad disuasoria que han hecho valer ante desafíos “iliberales” (en Polonia y Hungría) o “populistas” (en Italia, con motivo del Presupuesto), al tiempo que el auge de fuerzas políticas extremistas está encontrando en las urnas la respuesta de avances muy apreciables de partidos confesadamente proeuropeos y moderados (en Alemania, en Holanda, en Austria).

 No faltan razones, consecuentemente, para combatir el catastrofismo, esa variante histriónica de la mirada pesimista sobre lo que nos rodea, y que tan poco ayuda a superar dificultades.

De España hablaremos otro día.

 

Divergencia en las horas semanales trabajadas entre EE.UU. y Canadá, 1960-2018

En el gráfico (hacer clic para verlo más grande) se muestra la evolución de las horas semanales trabajadas promedio en EE.UU. y Canadá para el periodo 1960-2018. Los datos provienen de los indicadores económicos de la OCDE.

En los años sesenta los países tenían cifras similares (40 horas en EE.UU. y 40,33 horas en Canadá) y desde entonces ha habido una divergencia importante (42,13 horas en EE.UU. y 36,7 horas en Canadá) cuando la mayor integración de ambas economías debería haber propiciado su convergencia.

Los estudios de la Reserva Federal de EE.UU. proponen algunas explicaciones de por qué se ha dado esta divergencia importante en la horas trabajadas promedio entre ambos países.

En primer lugar, la integración económica entre países no necesariamente hace que la estructura económica sean mas similares. De hecho, la integración económica proporciona oportunidades para la especialización, gracias a la ventaja comparativa. Podría ser que Canadá se haya especializado en los sectores manufactureros donde las horas semanales trabajadas promedio son más bajas.

En segundo lugar, la legislación del mercado de trabajo puede haber cambiado. En concreto, las leyes actuales otorgan a los trabajadores más poder de negociación en Canadá que en los EE. UU. En particular, los sindicatos actualmente tienen mas voz en Canadá y su objetivo generalmente es mejorar la situación laboral de sus afiliados y, en concreto,  reducir las horas semanales trabajadas.

En tercer lugar, las prácticas laborales de estos países que tienen que ver con la realización horas extras pueden haberse vuelto más diferentes a lo largo de los años. Si los empresarios prefieren usar horas extras en lugar de contratar nuevas personas, entonces aumentan las horas promedio. Este podría ser el caso de EE.UU.

20 AÑOS DEL EURO

En enero de 2019 el euro cumple 20 años. Es un periodo suficiente para hacer balance o, al menos, destacar cuales habrían de ser las apoyaturas mínimas necesarias para sortear riesgos similares a los que ha enfrentado en su segunda década de existencia. Porque es un hecho que ha sido en los diez últimos años cuando la eurozona y el BCE, nacido seis meses antes que la moneda única, han enfrentado su mas severa crisis existencial. Todavía hoy no dispone del apoyo entre políticos y ciudadanos que presidió su nacimiento y los placidos diez primeros años de su andadura.

El principal indicador, aunque no el único, que debería servir de referencia para evaluar el desempeño de la unión monetaria es la generación de ganancias de bienestar, de aumentos en el PIB por habitante, para los países que sustituyeron su moneda por el euro. El análisis de su evolución y contraste con los que no adoptaron la moneda única es tributario, en primer lugar, de la particular severidad con que se manifestó la crisis financiera de 2008 en la eurozona. Pero también es la consecuencia de las políticas económicas adoptadas para neutralizar esa crisis: de la orientación errónea de las basadas en la austeridad presupuestaria a ultranza y de la demora en la aplicación de las correctas decisiones de política monetaria que finalmente adoptó el BCE. El hecho, es que una amplia mayoría de ciudadanos de la eurozona sufrió más perdidas de bienestar que los de EE. UU., donde se localizó el epicentro de la convulsión financiera.

Las secuelas que esa crisis ha dejado son importantes, especialmente en las economías periféricas. Desde luego un desempleo todavía elevado, una inhibición de la inversión pública y privada, un deterioro de la educación, una productividad erosionada y, en definitiva, un menor crecimiento potencial del conjunto del área. Las posibilidades para reducir la regresiva distribución de la renta que la crisis acentuó se verán limitadas por ese menor crecimiento. Y, con ello, el distanciamiento de los ciudadanos de ese empeño racional, pero hoy seriamente cuestionado, por mantener una moneda común entre economías que comparten intercambios y aspiraciones integradoras.

Con la información hoy disponible, las probabilidades de rápida restauración de esos daños no son precisamente muy favorables. Los datos mas recientes de la totalidad de las economías del área, incluidos los de expectativas empresariales, apuntan a una desaceleración algo mas intensa que la del conjunto de la UE y de las economías avanzadas en el próximo año. La retirada ya anunciada de los estímulos monetarios excepcionales que salvaron al área de males peores tampoco facilitará la consecución de ritmos de crecimiento suficientes que favorezcan la estabilidad social y la renovación de apoyos al proyecto integrador.

Pero la insuficiencia de resultados favorables también tiene que ver con las dificultades políticas para completar la estructura institucional de la unión monetaria. Ha sido la crisis la que ha permitido apuntalar solo parcialmente una arquitectura apenas insinuada cuando se introdujo el euro. El propio BCE se ha visto obligado a llevar a cabo actuaciones no previstas en su constitución que han llegado a cuestionar la impecable independencia con la que nació, su marcado distanciamiento de la política fiscal, como en aquellos ochenta dictaban los cánones del monetarismo en vigor, centrados en la estabilidad de precios como único objetivo. El BCE no solo tuvo que adoptar medidas de emergencia similares a las que llevaron a cabo mucho antes sus colegas la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra, sino que asumió un papel central en la Unión Bancaria, creada deprisa y corriendo en julio de 2012.

Con la urgencia con que las situaciones límites suelen marcar la agenda europea, en pleno bucle diabólico (recesión, crisis bancaria, crisis de la deuda pública) que afectaba a las economías periféricas, se definieron los cuatro pilares de la Unión Bancaria. Pero todavía sigue pendiente la disposición de un sistema común de garantía de depósitos. Ha sido solo hace unos días cuando el Consejo Europeo ha impulsado la creación de un soporte financiero para el fondo destinado a la resolución de crisis bancarias. También han quedado aplazadas las reformas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en la dirección de que vaya asumiendo las funciones propias de un tesoro europeo.

La aceptación de un presupuesto específico para la zona euro, lo que podría considerarse un primer paso en la necesaria integración fiscal, forma parte igualmente de ese gradualismo integrador ahora acordado, aunque con funciones menos amplias que las inicialmente previstas, especialmente en su función estabilizadora en situaciones recesivas. La resistencia a una mayor integración de los países agrupados en la denominada Nueva Liga Hanseática (Holanda, las economías nórdicas, las bálticas y la propia Alemania) es expresiva de la división existente en el seno del área monetaria y del escaso respaldo a la misma de los que están fuera.

La ralentización para completar esa arquitectura institucional afecta igualmente a la Unión de los Mercados de Capitales, hoy tanto más necesaria cuanto más cercano está el desenlace del divorcio con Reino Unido. Las intenciones del plan de acción que debería concretar ese proyecto destinado a diversificar las fuentes de financiación de las pequeñas y medianas empresas, a reducir el grado de bancarización de la unión, son tan razonables como incomprensibles las demoras en su materialización.

Otro de los indicadores que podría integrar ese balance de la moneda única es el escaso avance del euro como moneda vehicular y de reserva en la escena global. Su distancia respecto al dólar estadounidense apenas se ha reducido en estos años. Hará bien la Comisión en concretar rápidamente esos planes recientes destinados a dotar de una mayor proyección internacional al euro, tal como anunció solemnemente el presidente Juncker el pasado 12 de septiembre.

Ese balance, propio de una unión monetaria incompleta, generador también de desafección en algunos ciudadanos europeos, no invalida la necesidad de un proyecto tal. Sin necesidad de asumir a pie juntillas aquella presunción que hiciera en 1950 Jacques Rueff, “Europa se hará por la moneda o no se hará”, fortalecer la unión monetaria es una condición necesaria para hacerlo con el papel de Europa en un entorno global hoy mucho más adverso y más necesitado de integración regional que el existente a finales del siglo pasado.

La particularización de ese balance en nuestra economía tampoco deja lugar a dudas, en mi opinión. España ha sido uno de los países beneficiados por el proyecto. En estos veinte años se han registrado avances en el PIB por habitante y también en la convergencia real con las economías centrales del área monetaria. Que la crisis haya supuesto un serio tropiezo en esa senda de acercamiento a las economías más avanzadas no invalida la conveniencia para las empresas y familias españolas de la integración monetaria de Europa. Tampoco para las administraciones públicas, educadas a partir de la preparación del examen de acceso de mayo de 1998, para respetar las exigencias de convergencia nominal como precondiciones del necesario progreso y de su justa distribución entre los ciudadanos. Para que, como señalaba Draghi hace unos días, todos puedan participar de los beneficios de la moneda común. Su virtualidad precisa hoy de mas acción política que la que llevó a su lanzamiento hace veinte años.

@ontiverosemilio

(Publicado en el diario El País el 23/12/2018)

 

El Banco Central Europeo vuelve a la política convencional

Draghi comienza su largo adiós, que se producirá a finales de 2019

El final de año está resultando más movido de lo que se esperaba para las cinco grandes economías de la Unión Europea: Francia ha sufrido movilizaciones de grandes dimensiones que han llevado a Emmanuel Macrona ceder; por su parte, Gran Bretaña se enreda si cabe más en la madeja del Brexit, mientras que Angela Merkelha dado paso a nuevo liderazgo en su partido y a una salida programada de la cancillería; finalmente, Italia y España amenazan con presupuestos que incumplirían las sendas pactadas con el resto de países de la Eurozona.

Distraídos por todos estos acontecimientos, está pasando más desapercibido el fin del programa de compra de activos (o expansión cuantitativa) por parte del Banco Central Europeo, que se producirá a finales de mes, tal y como anunció el jueves 13 de diciembre su presidente,Mario Draghi. El BCE comenzó a realizar estas operaciones en 2015 y quizá es ahora el momento de valorar sus efectos y de anticipar lo que cabe esperar que pase en 2019, cuando la autoridad monetaria vuelva a usar sólo sus herramientas más convencionales.

 Los bancos centrales, en general, y el BCE en particular, utilizan las llamadas subastas para inyectar liquidez en las economías. A dichas subastas acuden los bancos de mayor tamaño (que son los autorizados) y en ellas se fija la cantidad de dinero y el precio (el tipo de interés) a los que el BCE les presta para que, a su vez, lo ofrezcan a empresas o familias en forma de crédito o bien lo presten a otras entidades más pequeñas en el mercado interbancario. Si dichas subastas no fueran suficientes para cubrir las operaciones mencionadas, el BCE tiene una facilidad de préstamo a un tipo de interés algo más alto. Si, por el contrario, los bancos que acuden a la subasta no pueden emplear todo lo recibido, pueden utilizar la “facilidad de depósito” del BCE, a un tipo de interés más bajo.

Durante la crisis financiera se rompió, al menos en algunos países de la Eurozona, este mecanismo de transmisión del crédito. Dos fueron, de manera simplificada, las razones: por un lado, el alto grado de riesgo y el bajo valor de algunos activos en manos de las entidades financieras generó desconfianza y los grandes bancos eran reticentes a prestar en el mercado interbancario ante la incertidumbre sobre la solvencia de los demás bancos; además, también los bancos restringieron el crédito al sector privado pues, cuando comenzó a aumentar la deuda pública de los países del euro, la compra de ésta resultó una forma de lograr una buena rentabilidad, empleando en ello la liquidez que el BCE les había proporcionado a un tipo de interés muy bajo. De esta forma, el activo de los bancos privados rebosaba de deuda pública y quedaba poco margen para dar crédito al sector privado, más arriesgado.

A finales de 2014 el BCE no podía ya bajar más los tipos de interés y la inflación en la eurozona rondaba cero. Eso significaba que no disponía de herramientas para que la economía europea se reactivase, al tiempo que los gobiernos de los países miembros, endeudados hasta las cejas, no tenían margen para llevar a cabo política fiscal expansiva (es decir, aumentar el gasto o reducir los impuestos), que tampoco habría sido muy efectiva para reactivar el crédito al sector privado.

Por otra parte, el BCE estaba limitado por sus estatutos, que no le permitían la compra directa de deuda pública, a diferencia del Banco de Inglaterra o la Reserva Federal americana. El BCE debía mantener independencia política, tal y como se acordó en Maastricht. Las entidades bancarias estaban realizando estas compras, pero al hacerlo les faltaba margen en su balance para prestar al resto de la economía. Por ello se llegó a una solución que superaba el obstáculo de que el BCE financiara el déficit de los países del euro: los bancos centrales nacionales, que forman junto al BCE el Eurosistema (es decir, el Banco de Francia, el Deutsche Bundesbank o la Banca d’Italia) sí que podían, en la misma proporción en que participan del capital del BCE, comprar la deuda que estaba en el balance de los bancos privados. Como, a fin de cuentas, los bancos del Eurosistema no son sino sucursales del BCE, esta forma de expansión cuantitativa llegó a cuestionarse. Justamente esta pasada semana se ha resuelto también este problema, pues el Tribunal de Justicia de la UE lo ha declarado legal.

De esta forma, desde marzo de 2015 han sido adquiridos algo más de 2,5 billones de euros de deuda pública. En concreto, el Banco de España ha comprado cada mes, alrededor de un 12% del total autorizado de deuda española. Lo mismo han hecho los demás bancos centrales en sus respectivos países (en la proporción correspondiente). La cifra total acumulada en estos años supone unos 250.000 millones de euros de deuda española, casi medio billón de deuda alemana, unos 400.000 millones de bonos franceses y unos 350.000 italianos. Tras estas operaciones, el balance del BCE ha llegado, a fecha de hoy, a superar los 4,5 billones de euros.

Gráfico 1: Balance del Banco Central Europeo hasta 2017

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Fuente: BCE (2018)

A partir de este mes de enero ya no se realizarán compras adicionales, aunque está previsto que al vencimiento de los títulos que ahora están en el balance de los bancos centrales nacionales sean sustituidos por otros, según ha anunciado Draghi. Tampoco se espera que suba el tipo de interés, al menos hasta el verano de 2019. Durante este tiempo, por lo tanto, no se retirará liquidez del sistema, con el objetivo de facilitar el tránsito.

 Gracias a esta política no convencional y en combinación con otras medidas, durante los casi cuatro años de expansión cuantitativa ha afluido el crédito al sector privado, lo que ha estimulado el crecimiento en la Eurozona. Si bien no se ha alcanzado el objetivo del 2% de inflación, al menos se ha conjurado el peligro de deflación. El año 2019 que comienza va a ser clave, pues el tapering es el anticipo de una subida no muy lejana de los tipos de interés y, por tanto, de la vuelta de la política monetaria convencional. Recordemos que en Estados Unidos la salida de la expansión cuantitativa se produjo hace algo más de un año y no ha supuesto una desaceleración de su economía. ¿Qué podemos esperar? Probablemente no sea perceptible a corto plazo, pues se va a salir también de manera suave, renovando la deuda que venza.

Con ello, Draghi está pilotando la vuelta del BCE a su operatoria normal y al uso de herramientas ortodoxas, iniciando su largo adiós, ya que su mandato finaliza en octubre de 2019. Draghi ha sido un presidente astuto y pragmático. Esta historia merecería un final feliz. Desgraciadamente, 2018 ha sido un año de acontecimientos inesperados en el plano político y, sólo podemos estar seguros de una cosa para 2019: la incertidumbre.

(Artículo publicado en Valencia Plaza el 16/12/2018)

Indicador de coyuntura: Diciembre 2018

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de noviembre con los datos publicados hasta octubre de producción industrial, ventas y renta, y hasta noviembre de afiliados. Como mensaje para terminar el año 2018, el indicador muestra que la recuperación de la actividad que se inició en 2013 se ha mantenido durante todo este período. Sin embargo, la velocidad de la recuperación ha experimentado progresivos síntomas de agotamiento en 2018. El indicador comenzó el año con valores cercanos a 4 y lo está terminando con valores cercanos a 2. Dicho esto, parece que en el mes de noviembre se nota una ligera mejoría y el indicador alcanza el valor de 2,2 frente al 2,1 de octubre.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE presentan signos diversos. La producción industrial y las ventas crecieron en noviembre 3,6% y 3,3% frente a los valores de -2,9% y 2,0% en octubre. Por su parte, la renta pasó de crecer 2,8% en octubre a crecer 2,6% en noviembre y los afiliados pasaron de crecer 2,8% en noviembre a crecer 2,6% en diciembre.

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Como es costumbre en la última entrada del año, me gusta hacer un pequeño balance de la evolución de la actividad económica a lo largo del año. La ralentización en el ritmo de recuperación económica que se observa durante 2018 en el Ind-ALDE está patente en otros indicadores compuestos de actividad económica como en el que elabora FEDEA y en el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio.

FEDEAisa

Esta desaceleración coincide con la evolución reciente del PIB de la economía española. Durante los tres primeros trimestres del año 2018, el PIB creció en torno al 0,55%, por debajo del 0,73% con el que cerró el último trimestre de 2017.

pib

¿Qué podemos esperar en el cuarto trimestre de 2018? Tanto el Ind-ALDE como el indicador de FEDEA muestran una leve recuperación en el ritmo de actividad económica. Del mismo modo, de consolidarse las tendencias registradas en los indicadores disponibles a la fecha de cierre del último observatorio económico del Servicio de Estudios del BBVA publicado a comienzos de diciembre y siguiendo el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA, se estima que el avance trimestral del PIB podría situarse en torno al 0,7%, con lo que se moderaría parcialmente el sesgo a la baja sobre el crecimiento previsto para 2018.

MICA

Esta leve mejora en la previsión del ritmo de crecimiento para la economía española está en consonancia con la que ha realizado recientemente AIReF.

AIREF2

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