Citas trascendentes

Pocas veces el calendario europeo ha venido tan cargado de citas con marcada trascendencia para todos. En apenas diez meses, las consultas electorales previstas, junto a otros hechos de envergadura, condicionarán los derroteros de la UE en su conjunto.

Para comenzar, esta misma semana dos elecciones cuyos respectivos desenlaces no deberían dejar indiferente a nadie. En Austria, la definitiva elección del presidente (definitiva porque está precedida de dos intentos fallidos: uno por impugnación de los resultados declarados, otro por defectuosa preparación material (¡el pegamento de los sobres!, imaginemos lo que se hubiera oído por aquí en caso de producirse algo similar…), con muchas posibilidades de que en esta ocasión salga elegido el candidato de ultraderecha, Norbert Hofer. En Italia, el referéndum para votar la propuesta de reforma de la Constitución que el gobierno consiguió aprobar pero no con el apoyo de los dos tercios del Parlamento, lo que ha obligado a la consulta popular, concebida como plebiscito personal por parte de Matteo Renzi, que tendrá que atenerse a las consecuencias.

El segundo acto, en primavera, arrancando con un mes de marzo que puede acoger hasta tres acontecimientos mayores: uno, el final de la política expansiva del Banco Central Europeo y sus compras masivas de deuda pública; dos, la invocación por la primera ministra británica —si la resolución judicial pendiente no lo impide— del artículo 50 del Tratado de la Unión, con el inicio oficial de las negociaciones para la salida del Reino Unido; tres, las elecciones parlamentarias el día 15 en los Países Bajos, donde Geert Wilders, al frente del extremista y antiislámico Partido por la Libertad, tiene opciones reales de conseguir suficiente porción de votos para encabezar un gobierno de coalición. Y pocas semanas después, mes y medio después, entre el final de abril y el 7 de mayo, las dos vueltas de las elecciones presidenciales en Francia, con un acrecido Frente Nacional de Marine Le Pen que enfatiza su discurso rupturista de choque —contra la Unión, contra el euro, contra las directrices de la Comisión y el Parlamento—, en línea con el del ultraderechista líder holandés. (Tómese nota: Francia y Holanda, los dos países firmantes del fundacional Tratado de Roma que rechazaron también en referéndum el Tratado Constitucional.).

El tercer acto —prescindiendo ahora de los comicios que tendrán lugar asimismo durante 2017 en Hungría, Croacia, Lituania, Rumanía y República Checa— se desarrollará en tierras germánicas cuando llegue el otoño, con la amenaza de que el partido netamente populista Alternativa para Alemania —creado en 2013 para oponerse a los rescates financieros a países como Grecia y Portugal y que ha desplegado luego un ideario centrado en la identidad nacional, encontrando en el rechazo a los programas de acogida de refugiados la más potente catapulta— consiga una significativa representación a escala nacional, una vez que ya está presente en nueve parlamentos regionales.

No nos esperan meses aburridos, ciertamente, con Trump, además, asumiendo desde los primeros compases de enero la presidencia de los Estados Unidos.

Convendrá, por ello, aprovechar al máximo las oportunidades que la nueva legislatura brinda a la política en España. El reparto de fuerzas en el Congreso de los Diputados, en vez de un obstáculo, puede ser el necesario revulsivo para alcanzar acuerdos sobre grandes problemas que deben afrontarse sin pérdida de tiempo y que se han demostrado irresolubles sin pactos de amplio espectro: la reforma del sistema educativo es un buen ejemplo. Sobre el encaje constitucional de Cataluña, el sistema de pensiones, la financiación autonómica, la reforma de la justicia o el saneamiento de la vida pública no se aportarán soluciones pragmáticas y duraderas sin negociación entre las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria. Es la hora propicia para demostrar capacidad en la búsqueda de puntos de coincidencia al servicio de intereses generales. Y hay que apretar el paso. Siempre el primer año marca el recorrido de toda la legislatura. Combatamos a los agoreros que nos anuncian una legislatura corta y perdida: la suerte no está echada y hay condiciones para conseguir avances importantes en algunos de los campos citados. En democracia, la responsabilidad es de todos.

La agricultura ecológica: posición de España a nivel mundial, por José Colino Sueiras

El modelo de producción agraria dominante en el mundo ha dado lugar a un sistema intensivo que, con el empleo masivo de todo tipo de insumos, tiene entre sus objetivos maximizar los rendimientos por unidad de superficie. Frente al mismo, se va abriendo una alternativa –la agricultura ecológica– que propicia prácticas con un alto grado de biodiversidad, vela por la preservación de los recursos naturales y emplea inputs orgánicos en vez de pesticidas químicos, fertilizantes de síntesis, antibióticos y todo tipo de aditivos, que no sólo son perjudiciales para el medio ambiente, sino también para la salud pública. Aclaremos que cuando hablamos de agricultura ecológica nos referimos a la actividad desarrollada por explotaciones que han sido inscritas en un registro público y cuyas prácticas productivas son controladas y certificadas por las autoridades competentes. El examen se restringirá a las producciones vegetales, al no proporcionar información la fuente citada en el gráfico sobre las animales.

En los últimos tres lustros, la superficie agraria ecológica certificada (SAEC) mundial se ha cuadriplicado, al pasar de 11,0 a 43,7 millones de Has entre 1999 y 2014. Todavía sigue siendo marginal, puesto que en 2014 tan sólo suponía el 1,0% de la superficie agraria utilizada (SAU). Pero el mercado mundial de alimentos ecológicos progresa a un fuerte ritmo, con un crecimiento medio anual acumulado del 11,7% en euros corrientes a lo largo del periodo citado. En 2014, las ventas de alimentos ecológicos certificados –frescos y transformados– alcanzaron una cifra de 80.000 millones de €, concentrándose de forma prácticamente exclusiva en los países desarrollados. En números redondos, la cuota de USA se eleva a un tercio y la de la UE al 30%, absorbiendo conjuntamente Alemania y Francia la mitad de las ventas en el mercado interior europeo. La media mundial del consumo por habitante de alimentos ecológicos se situó en la modesta cifra de 11 € en 2014. Suiza lidera la clasificación con 221 €, seguida por Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Liechtenstein, Austria, Alemania, USA, Canadá y Francia. España ocupa la duodécima posición en cuanto al volumen de ventas, con una participación del 1,25% en el total mundial, descendiendo nueve puestos más en lo que concierne a gasto per cápita: 21 €. En fin, la conexión entre renta por habitante y gasto per cápita en alimentos y bebidas ecológicas es obvia. Baste señalar que, en UE-28, el coeficiente de correlación lineal entre el PIB per cápita y el gasto por habitante en alimentos ecológicos se elevó a 0,73 en 2014.

No ocurre lo mismo por el lado de la oferta, donde España desempeña un papel mucho más destacado. Al no existir datos sobre producción, sólo podemos dar cuenta de la misma mediante la SAEC. Pues bien, en 2014, España encabezó con 1,7 millones de Has, la clasificación en UE-28, seguida a cierta distancia de Italia, con una superficie de 1,4 millones. Es más, en ese mismo año, España era el quinto país del mundo con mayor SAEC, por detrás de Australia, Argentina, USA y China, que tienen una superficie agraria total muy superior. El componente ecológico de la SAU española se cifró en un 6,9%, levemente por encima del 5,7% de UE-28, promedio que Italia (10,8%) está cerca de doblar. En USA y China tal fracción ronda el 0,5%.

Ciñéndonos a los aprovechamientos que figuran en el gráfico, en dos cultivos permanentes de honda tradición –olivar y viñedo–, nuestro sector agrario ocupa la primera posición a nivel mundial, la segunda en legumbres secas, la quinta en cítricos y la sexta en hortalizas. No obstante, dejemos constancia de que el grado de diversificación de la SAEC española es sensiblemente inferior a la italiana, lo que puede ser ilustrado mediante el siguiente dato: la extensión conjunta destinada a los cultivos orgánicos de cítricos, hortalizas y frutales de clima templado en Italia más que triplica a la del sector agrario español.

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Italia es el primer exportador mundial de alimentos ecológicos: 1.260 millones de € en 2014. España se sitúa en la cuarta posición (725 millones), por detrás de Holanda y USA. La mayor parte de nuestras ventas al exterior son materias primas que se transforman –o simplemente se envasan– por empresas foráneas. Así, no es de extrañar que, por Ha de SAEC, las exportaciones españolas se limiten a 425 €, mientras que en Italia ascienden a algo más del doble, elevándose a la astronómica cifra de 16.000 € en Holanda, lo que no es más que un fiel reflejo de la función de intermediación que también en este terreno ejerce el país neerlandés en el comercio internacional. Pese a esa importante carencia, el Ministerio de Agricultura estima que el superávit español en el comercio exterior de alimentos y bebidas ecológicos se elevó a 360 millones de € en 2014, lo que supuso un tasa de cobertura del 200%. Todas las previsiones apuntan a un fuerte crecimiento del mercado mundial, incluido el doméstico, en los próximos años. La oferta interior, apoyada por la subvenciones de la PAC y espoleada por la demanda exterior, ha sido capaz de ocupar un aventajado puesto en este nicho creciente del comercio internacional. Es razonable pensar que lo seguirá ejercitando y es de esperar que, por el esfuerzo combinado de los agentes privados y de los gestores públicos, se alcance un mayor grado de diversificación y de transformación de la producción agraria de alimentos y bebidas ecológicos.

José Colino Sueiras es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia

LA POLITICA FISCAL A ESCENA

La Comisión Europea acaba de admitir formalmente la necesidad de una política fiscal más expansiva para la eurozona. Lo ha hecho en un documento, “Towards a positive fiscal stance for the Euro Area”                                                       (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-communication-fiscal-stance_en_1.pdf), en el que reconoce un crecimiento débil en cuya superación se interponen nuevos factores generadores de incertidumbre que amenazan la recuperación del área. Al horizonte de abandono de la UE por Reino Unido se añade el resultado de las elecciones presidenciales en EEUU, que en modo alguno favorecen el crecimiento económico y del empleo en la eurozona. Además, en ese cambio de actitud de la Comisión sobre la necesidad de estímulos fiscales, equivalentes al menos un 0,5% del PIB de promedio en la eurozona, han debido jugar un papel importante las próximas consultas electorales en algunos países de la eurozona y el presumible ascenso de fuerzas políticas nada favorables al fortalecimiento de la dinámica de integración europea, la unión monetaria incluida.

No es un diagnostico precisamente novedoso. Hace tiempo que el propio BCE y el FMI, advirtiendo de las elevadas probabilidades de estancamiento, han recomendado políticas fiscales expansivas que complementen la eficacia decreciente de la política monetaria. Han sido las tardías pero acertadas decisiones del banco central las únicas que han tratado de apuntalar una recuperación económica lastrada por la adopción de políticas fiscales inadecuadas que, además de pronunciar la recesión, contribuyeron a la elevación de la deuda pública mediante importantes descensos en la recaudación tributaria.

El contraste de resultados entre EEUU, donde se situó el epicentro de la crisis, y la eurozona, es manifiesto. Aquella economía crece a tasas cercanas al 3%, con una tasa de desempleo por debajo del 5% y salarios creciendo al 2,5%. En la eurozona el crecimiento es la mitad y el desempleo el doble, con registros escandalosos entre los jóvenes. En EEUU se reaccionó rápidamente ante las amenazas depresivas con estímulos fiscales considerables e inmediatos estímulos monetarios, mientras en el área monetaria europea se hizo lo contrario en materia fiscal y se reaccionó tarde en política monetaria. Los daños han sido significativos en términos de pérdida de capacidad de producción y de elevación del desempleo estructural. Junto a ello, la insuficiencia de la inversión empresarial en estos años no permite anticipar mayores ritmos de crecimiento económico a los observados hasta ahora.

Frente a una situación tal, la eficacia de la política monetaria ha sido limitada, incluso en su principal propósito de elevación de la inflación, todavía históricamente baja. Aun cuando se convenga en prorrogar la vigencia de los estímulos excepcionales mediante las compras de bonos, más allá de marzo próximo, seguirá siendo insuficiente para garantizar una recuperación económica sólida. Así lo reconoce ahora la Comisión, más de dos años después de que el propio presidente del BCE lo afirmara públicamente.

El crecimiento económico tampoco se ha visto favorecido por un entorno internacional que se ha ido deteriorando en los últimos años como consecuencia de la debilidad de las economías emergentes, el descenso del comercio internacional y, más recientemente, de la emergencia de riesgos esencialmente políticos que no han posibilitado una recuperación suficientemente intensa de la inversión empresarial. La atonía de esta coexiste con una abundancia de liquidez en gran medida expresiva de ese deterioro de las expectativas empresariales, de la ausencia de confianza, en definitiva.

Inhibición comprensible a tenor de las amenazas que se ciernen sobre el libre comercio, sobre los fundamentos en los que las empresas, no solo las más abiertas a exterior, habían basado su proyección. La incertidumbre sobre el impacto del Brexit- su ritmo y alcance sobre el intercambio de bienes, servicios y capitales- y la eventual concreción de parte de las anuncios que hizo el presidente electo de EEUU durante la campaña electoral –restricciones comerciales, desregulación financiera o posicionamiento geopolítico- no generan precisamente la tranquilidad en la que se asienta la inversión de las empresas.

Es en situaciones como esta cuando la política fiscal ha de entrar en escena, preferiblemente mediante inversión pública favorecedora del aumento de la demanda agregada y de la productividad de las empresas. Lamentablemente, en la eurozona no existe una autoridad central, un ministerio de finanzas, susceptible de llevar a cabo esas decisiones. Han de hacerlo aquellos gobiernos nacionales que disponen de mayor margen de maniobra en sus finanzas públicas – Alemania de forma destacada-, compensando las restricciones presupuestarias a las que se enfrentan aquellos otros inmersos en procedimientos por déficit excesivos. La racionalidad de una decisión tal encuentra amparo en unas condiciones de financiación excepcionalmente favorables. Los mercados de bonos públicos con vencimientos a largo plazo ofrecen unos tipos de interés que será difícil sean más atractivos: más susceptibles de ser superados por la rentabilidad esperada de la inversión, que es la condición necesaria para asegurar la viabilidad de esas decisiones. Es difícilmente comprensible postergar el fortalecimiento del capital físico y tecnológico de una economía y cuando los costes de su financiación son prácticamente nulos.

Al impacto favorable que tendrían esas inversiones sobre el crecimiento, el empleo, y la eficiencia empresarial, habría que añadir la contribución a reducir la importancia relativa de la deuda pública. No solo porque el denominador, el valor del PIB sería mayor, sino porque el aumento de las rentas también impulsaría la recaudación tributaria. Del aumento de la inversión pública se obtendría un retorno adicional hoy no menos relevante: la contribución al alejamiento del clima de descontento, cuando no de tensión social, que ampara en algunos países la emergencia de opciones políticas poco europeístas.

Si el impulso fiscal que sugiere la Comisión fuera más ambicioso de ese rango comprendido entre el 0,3% y el 0,8% del PIB, podría contribuir a que el BCE iniciara la gradual normalización de la política monetaria, disponiendo de mayor margen de maniobra frente a eventuales recaídas del crecimiento. El mantenimiento durante demasiado tiempo de tipos de interés excesivamente reducidos y las masivas compras de deuda pública y privada no favorecen precisamente el normal funcionamiento de los sistemas financieros, agudizando las dificultades de bancos y compañías de seguros, especialmente en el ramo de vida.

Sin menoscabo de ese mensaje moderadamente estimulador de la inversión, la Comisión aprovecha en su informe para recomendar un rápido acuerdo sobre el esquema de seguros de depósito europeo, propuesto en 2015, que permita avanzar en la disposición de un respaldo al Fondo Único de Resolución de crisis bancarias. Y hace bien, porque no cabe descartar, como una de las consecuencias de la debilidad de la eurozona, del elevado endeudamiento privado, y de la continuidad de la política monetaria actual, perturbaciones adicionales en algunos sistemas bancarios. Esa sería un ejemplo de las necesarias reformas que han de acompañar decisiones igualmente urgentes destinadas a estimular la demanda agregada. Y con ella, a reducir esos otros riesgos políticos que amenazan la propia identidad de la unión monetaria.

El escepticismo acerca de la posibilidad de que el gobierno alemán apoye la concreción de ambas decisiones, garantes de mayor crecimiento y menor vulnerabilidad bancaria, no debería ser razón suficiente para que otros gobiernos dieran la cayada por respuesta. Es el proyecto europeo el que está en juego, el que tiene que ser validado por un respaldo ciudadano hoy tan precario como justificado.

(Diario El País: 27/11/2016)

Indicador de coyuntura: Noviembre 2016

El Ind-ALdE se ha actualizado para el mes de octubre con los datos publicados hasta septiembre de producción industrial y ventas, y hasta octubre de renta y afiliados. El indicador sigue estancado en torno a los valores que ha tomado durante los años 2015 y 2016. No obstante, una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en octubre es de 1,1, inferior al valor de septiembre 2,9. Esta caída está en consonancia con la moderación en el ritmo de crecimiento de la economía española que ha constatado recientemente el INE.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALdE, salvo las ventas, muestran una moderación en el ritmo de crecimiento. La producción industrial y las ventas crecen 1,2% y 3,6% en septiembre frente a los datos de 7,4% y 2,3% en agosto. Por su parte, la renta y los afiliados crecen 3,4% y 2,6% en octubre frente al 4,5% y 3,1% en septiembre.

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La distancia del ecuador y el desarrollo de los países

El mapa que aparece abajo, realizado por el Banco Mundial, muestra mediante colores las diferencias de renta per cápita en el mundo. Los países que tienden hacia el verde oscuro tienen una renta per cápita alta y los países que tienden hacia el naranja tienen una renta per cápita baja.

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Una conclusión que podemos extraer de este mapa es que a medida que nos alejamos del ecuador, tanto hacia el norte como hacia el sur, aumenta la renta per cápita de los países. ¿Es ésto una casualidad? Según un reciente estudio publicado en el Review of Economic Studies, realizado por los profesores Andersen, Dalgaard y Selaya, la relación entre la pobreza y la distancia al ecuador no es casual. Estos autores muestran que los países que están más cerca del ecuador soportan un mayor índice de radiación ultravioleta, y la intensidad de esta radiación está estrechamente ligada a un menor ingreso.

¿Por qué la radiación ultravioleta tiene un efecto tan negativo sobre el desarrollo? Los autores muestran que en las zonas con una mayor intensidad de radiación ultravioleta hay más personas que sufren de cataratas. Estos casos se producen mayoritariamente entre las personas que realizan actividades cualificadas, ya que dedican más tiempo a leer y a escribir. Debido a las cataratas, la vida laboral de los trabajadores cualificados es menor en las zonas cercanas al ecuador. Por ello, las personas tienen menos incentivos para dedicarse a estas actividades, y demandan una menor formación. Y aquí reside el problema. La historia económica muestra que cuando la demanda de trabajadores cualificados crece, se reduce el número de hijos por familia. Ésto se debe a que las personas dedican más tiempo a la formación, y menos tiempo al cuidado de los hijos; y porque prefieren tener menos hijos, pero mejor formados, que tener muchos hijos. Es esta transición hacia tener menos hijos y más educados lo que genera un círculo virtuoso entre educación, avance tecnológico y riqueza: las personas más formadas generan nuevas tecnologías que nos hacen más productivos y más ricos, pero que a su vez demandan trabajadores más cualificados, lo que a su vez demanda un mayor nivel educativo y una apuesta por tener menos hijos, pero mejor formados. La intensidad de la radiación ultravioleta al reducir los incentivos para formarse frena la transición demográfica e impide a los países incorporarse al círculo virtuoso de la educación y de la innovación.

Aunque la geografía no es el único obstáculo para el desarrollo (véase por ejemplo la diferencia en riqueza entre Corea del Norte y Corea del Sur), algunos países han tenido una peor suerte en el reparto de las “cartas geográficas”. Para estos países, parafraseando a Napoleón, “la geografía sí es destino”.

 

¿Está siendo efectiva la aplicación de tipos de interés negativos por parte del BCE?

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo del 5 de junio de 2014 aprobó, por primera vez en la Eurozona, la introducción de un tipo de interés oficial negativo del -0,10%. Este tipo de interés sería de aplicación a todo aquel dinero que las entidades de crédito depositaran en el Banco Central Europeo (BCE), a plazo de un día, mediante el instrumento denominado facilidad de depósito. Este tipo negativo también sería de aplicación a todos los excesos  de reservas mantenidos sobre la exigencia de reservas (o reservas obligatorias) en la cuenta de depósitos en el BCE por las entidades de crédito.

Esta medida tenía un doble objetivo, por un lado, desincentivar y penalizar a las entidades de crédito que hicieran uso de estos instrumentos pues, de una manera clara, suponía la “vuelta a casa de la liquidez” que el BCE estaba otorgando mediante sus diferentes programas no convencionales; y, por otro, tratar de alentar la oferta de crédito al sector privado por parte de las entidades de crédito. Sin embargo, esta penalización no ha sido suficiente y, desde entonces, el BCE ha ido reduciendo este tipo de interés de modo sucesivo: -0,20% en septiembre de 2014; -0,30% en diciembre de 2014; y, finalmente, -0,40% en marzo de 2016 y hasta la actualidad.

El objetivo de este post es el de analizar si ese tipo negativo ha servido para desalentar a las entidades de crédito en sus depósitos de liquidez en el BCE, proveniente de la política de expansión de balance.

En el gráfico siguiente podemos observar, para el periodo entre 1999 (enero) y 2016 (octubre), el conjunto de operaciones de inyección de liquidez (operaciones de activo) llevadas a cabo por el BCE mediante los diversos instrumentos de política monetaria: operaciones principales de financiación (OPF), operaciones de financiación a plazo más largo (OFPML), la facilidad marginal de crédito (FMC) y los diversos programas de compras de activos. Además también se recogen del pasivo del BCE: las facilidades de depósito (FD) y los excesos de reservas (ER).

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Como se observa, las operaciones de inyección de liquidez comienzan a crecer de manera importante tras la irrupción de la crisis financiera en 2008 y alcanzan su primer máximo en mayo de 2012, tras la realización de las dos famosas operaciones de inyección masiva de liquidez, instrumentadas con OFPML a tres años. La implementación de este instrumento trajo consigo que, por primera vez, las facilidades de depósito y los excesos de reservas alcanzaran en esa fecha una cifra desorbitada (776.712 millones de euros, prácticamente la mitad de lo inyectado). La introducción posterior de un tipo de interés del 0% a estos dos instrumentos desalentó su uso como “caja de seguridad” del dinero que recibían las entidades de crédito de los instrumentos monetarios. Sin embargo, estos pasivos en el BCE nunca llegaron a desaparecer del todo manteniéndose en el entorno de los 120.000 millones y provocando, posteriormente, la introducción de tipos negativos para tratar de lograr su desaparición.

A diferencia de lo ocurrido en 2012, la sucesiva reducción de los tipos de interés, iniciada en 2014, no solo no ha conseguido detener este flujo de liquidez cautiva sino que ésta, como se puede observar en el gráfico siguiente, ha ido aumentando de manera continua y creciente hasta superar la cifra del billón de euros; cifra particularmente importante cuando la cantidad inyectada al sistema por el BCE es, actualmente, de 1.886.926 millones de euros.

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En resumen:

  1. La política de tipos negativos está siendo inefectiva para reducir/eliminar la liquidez cautiva en el BCE.
  2. Esta situación es preocupante en un contexto de implementación de una importante política monetaria de expansión de balance basada, fundamentalmente, en compras de activos públicos, en la medida en que minimiza, en términos netos, la inyección de liquidez. Actualmente esa liquidez en el BCE representa el 56,07% de lo inyectado.
  3. Si el dinero vuelve al BCE es porque la abundancia de liquidez generada por la expansión monetaria no encuentra contrapartida en operaciones de crédito con el sector privado y este es el verdadero quid de la cuestión, por cuanto pone de manifiesto que el proceso de saneamiento de las entidades de crédito de la Eurozona todavía no ha finalizado.

 

Agricultura y emisión de gases invernadero, por José Colino Sueiras

El sector agrario tiene indiscutibles externalidades positivas, pero no es oro todo lo que reluce. El proceso de intensificación de las labores agrarias ha dado lugar a nocivos efectos sobre el entorno natural. Para aproximarnos a esta cuestión, nos centraremos en la migración de gases invernadero. Recuérdese que la estrategia Europa 2020 plantea como uno de sus objetivos básicos que, respecto al nivel de 1990, la emisión se reduzca un 20% en el conjunto de la UE.

Utilizaremos como referencia los datos del último bienio con información disponible en Eurostat, 2013-2014, para suavizar las notables oscilaciones interanuales del VAB agrario. Pues bien, en UE-28, la aportación del sector agrario al VAB total se limitó a un 1,4%, elevándose a un 10,4% su participación en la emisión de gases. Las cifras españolas respectivas son 2,3% y 8,2%. Por tanto: a) La agricultura es una actividad altamente intensiva en gases invernadero; b) En España lo es sensiblemente menos que en el conjunto de UE-28.

Profundicemos en esta cuestión a través de un primer indicador: Emisión de gases por unidad de output. En el citado bienio, por cada mil euros de VAB agrario se emitieron 2,55 Tm de gases. Promedio europeo que, como siempre, alcanza un alto grado de dispersión, desde el mínimo italiano de 0,97 Tm al máximo letón de 11,17 Tm. España es el tercer país con inferior grado de emanación: 1,67 Tm. Sigamos con el segundo indicador: Emisión de gases por unidad de superficie. La cifra europea es de 2,48 Tm por Ha de superficie agraria utilizada. La cifra más baja es la de Rumanía (1,23) y la más elevada es la de Holanda (10,32). La cifra española es, nuevamente, de las más bajas: 1,48 Tm/Ha.

Obvio es que las diferencias entre los dos indicadores anteriores están asociadas a la productividad de la tierra -VAB generado por unidad de superficie-, con un promedio europeo de 1.742 euros por Ha. El muy diverso grado de intensificación da lugar a un amplio rango, con un límite inferior en Letonia, por debajo de la décima parte de tal media, siendo Holanda la que determina el superior, que más que triplica la anterior cifra europea. No es de extrañar, pues, que en términos de output la emisión de gases de la agricultura holandesa sea relativamente baja (70% de la media de UE-28) y se dispare cuando se refiere a la superficie agraria, ocurriendo justamente lo contrario en el caso de Letonia. En España, la productividad de la tierra equivale a la mitad del conjunto de la UE.

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El gráfico superior combina los dos primeros indicadores, concediéndoles salomónicamente la misma ponderación en el dato resultante. Destaca el hecho de que el sector agrario español es el que ofrece un mejor resultado: Base 100 la media de los dos indicadores en UE-28, el dato correspondiente a España es 62,4. Italia, Rumanía, Hungría, Croacia y Grecia presentan, asimismo, valores relativamente bajos. En el otro extremo se emplaza Irlanda, con una media relativa que cuadriplica al registro español. Por su parte, Letonia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Malta exhiben cifras que se sitúan en el intervalo 220-250 respecto a UE-28 = 100. Los diecinueve estados miembros con un resultado superior a la media europea forman un grupo con fuerte presencia de los que tienen una elevada renta por habitante, pudiendo concluirse que, en general, poseen sectores agrarios más agresivos desde un punto de vista ambiental lo que, entre otros factores, se debe al mayor peso que, dentro de su estructura productiva, tienen los censos herbívoros, particularmente el bovino.

¿Tiene sentido que, con recursos públicos, se subvencionen actividades agrarias que causan un grave perjuicio al medio ambiente? Si uno de los objetivos de la UE es la lucha contra el cambio climático, su sector agrario debe reducir la emisión de gases invernadero. Por tanto, en el Marco Financiero 2014-2020, hubiese sido sensato plantear que, de forma gradual, las ayudas a la renta instrumentadas por una “reverdecida” PAC se fuesen modulando, de tal forma que los sectores nacionales con un grado de contaminación sensiblemente superior a la media europea fuesen penalizados de forma tan paulatina como creciente.

Lo ilustraremos, por razones de espacio, con Holanda. A lo largo de 2014-2020, su agricultura percibirá una media anual de 402 euros por Ha, un 60% por encima de la media europea de 250 euros. Por otro lado, la migración de gases por unidad de superficie cuadriplica, como se ha visto, a la cifra de UE-28, como consecuencia de un índice de densidad ganadera que alcanza un destacado máximo nacional –3,57 unidades de grandes bovinos (UBM) por Ha– que casi quintuplica al promedio europeo de 0,75. ¿Tiene sentido que, por unidad de superficie, el mayor grado de contaminación se premie con una sobre-subvención financiada por la Hacienda Europea? Si la respuesta se hace en función de los objetivos proclamados en Europa 2020, sólo cabe decir que resulta totalmente inconsistente.

José Colino Sueiras (Universidad de Murcia)

 

Debate académico en el NBER sobre el “Brexit” del Reino Unido

La Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau of Economic Research, NBER) es una organización sin fines de lucro estadounidense de investigación cuyo objetivo principal es difundir entre los gestores de la política económica, los profesionales de las empresas y la comunidad académica las investigaciones económicas independientes que promueve.

El NBER es la mayor organización de investigación económica en los EE.UU. y la de mayor prestigio. Muchos de los ganadores de los Premio Nobel de Economía y los miembros del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de EE.UU. han sido en el pasado y son en la actualidad investigadores asociados de la organización. El presidente actual del NBER es James M. Poterba catedrático de Economía del MIT (Massachusetts Institute of Technology), Bostón, EE.UU.

El pasado 16 de julio de 2016, el NBER organizó un workshop sobre las “Consecuencias económicas del Brexit” (la salida del Reino Unido de la Unión Europea). Modera el workshop, Jeffrey Frankel, catedrático de Economía de Harvard University, Bostón, EE.UU. Participan en el workshop: Richard Baldwin, catedrático de Economía del Graduate Institute de Ginebra, Suiza; Anil Kashyap, catedrático de Economía de University of Chicago, Chicago, EE.UU.;  Hélène Rey, catedrática de Economía de London Business School, Londres, Reino Unido; y Thomas Sampson, profesor ayudante de Economía de London School of Economics, Londres, Reino Unido.

Espero que sea de utilidad para las clases de mis colegas de Economía Europea y de Economía Internacional. Disfruten del vídeo del workshop y practiquen el inglés:

Próximos exámenes

La travesía ha durado prácticamente todo un año, el transcurrido desde la convocatoria de elecciones generales el 20D hasta el nombramiento de Rajoy como presidente. El trayecto ha sido largo, no ha estado exento de riesgos y ha incurrido en costes, pero deja un puñado de motivos alentadores.

Primero: la interinidad gubernamental no ha sido sinónimo de vacío institucional. Conviene resaltarlo. El no siempre fácil juego de iniciativas e intentos por unos y otros para asegurarse la investidura, ha discurrido siempre por los cauces constitucionalmente delimitados. En la Jefatura del Estado la prudencia se ha combinado con la profesionalidad. Y las ruedas de la Administración no se han detenido. El cuadro institucional básico de la democracia española ofrece solidez.

Segundo motivo: el buen comportamiento de la economía, tanto en términos macroeconómicos como desde la perspectiva empresarial. Contrariamente a tantos pesimistas vaticinios, el ejercicio de 2016 va a cerrarse con un notable muy alto en ritmo de crecimiento del PIB, en creación de empleo y en actividad exportadora. Una economía —unas empresas– con musculatura.

Y tercero: la consistencia del tejido social, capaz de seguir asimilando el severo impacto que un muy elevado desempleo —en particular, el de larga duración: casi dos millones suman quienes buscan empleo desde hace más de dos años, y cerca de un millón y medio de familias tiene a todos sus miembros en paro— y la precarización laboral tienen sobre la distribución de la renta y la movilidad social. Una dura realidad ante la que la sociedad española no ha bajado los brazos, aportando todos los días muestras de dinamismo y expresiones de solidaridad —dentro y fuera del ámbito familiar— más que elogiables.

Si lo consideráramos una prueba, el año con Gobierno en funciones habría obtenido buena nota. Ahora, en todo caso, hay que pasar otros exámenes, todos los cuales requerirán, para superarse, del nutriente esencial de las mejores democracias: capacidad de negociación y de acuerdo. La negociación como pilar fundamental de la democracia, ahuyentando los excesos del principio de la mayoría (“ese abuso de la estadística”, que dijera Borges). El acuerdo como bien democrático, el compromiso que no es claudicación, que no es traición. Capacidad y disposición para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Los problemas de fondo que están en la sala de espera así lo demandan, desde luego. El independentismo catalán —“el reto más grave que tiene España”: lo ha certificado el propio Rajoy—, el sistema de pensiones —urgido de replantear una insuficiente financiación mediante cotizaciones sociales, dado el aumento tendencial de las prestaciones y el envejecimiento de la población—, la educación, el mercado de trabajo, la financiación autonómica y la limpieza de la vida pública son los principales: una buena carga de deberes insoslayables para la legislatura.

Qué tendrá su primera piedra de toque —una auténtica reválida— en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Una obra delicada que exigirá precisamente de esa voluntad —e inteligencia— que conduce a pactar, la única vía que las sociedades plurales y complejas, como es la española hoy, tienen para afrontar los grandes desafíos que el tiempo trae.

100.000 millones de euros de fondos públicos en juego

La información suministrada recientemente por el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) junto con la incluida en la memoria anual del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGDEC) posibilita calcular el volumen total y la composición de los recursos movilizados para hacer frente a la reciente crisis bancaria española. Según tales fuentes, en el periodo 2008-2016 se han empleado o comprometido fondos por un importe de 293.398 millones de euros (cuadro 1). El grupo BFA-Bankia, no hace falta casi decirlo a estas alturas, ha sido la entidad que ha recibido un mayor volumen de apoyos en términos absolutos (¡¡¡ 60.000 millones de euros ¡¡¡) mientras que Catalunyabanc (26.000 millones) y Banco de Valencia (19.600 millones) lo han sido en términos relativos. No es preciso tampoco recordar que la mayor parte de los recursos han sido aportados por el Sector Público (259.354 millones de euros) y que en el cómputo anterior no están incluidos los quebrantos que han experimentado accionistas y tenedores de instrumentos híbridos.

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La tipología de los apoyos es ciertamente dispar; 19.342 millones de euros se gastaron en adquirir activos financieros de elevada calidad a una cincuentena de entidades, que pudieron así paliar los problemas de liquidez que acarreó el cierre de los mercados mayoristas. El mismo objetivo –paliar la falta de liquidez- fue la razón de ser de las líneas de crédito extraordinarias por un importe de 16.300 millones de euros que otorgaron el Banco de España y el FROB a principios de la crisis a algunas entidades (Caja Castilla La Mancha, Cajasur, Banco Gallego, CAM y Banco de Valencia); 161.676 millones de euros son avales concedidos por el Estado a entidades de crédito y más recientemente a la Sociedad para la Adquisición de Activos procedentes de la Reestructuración de Activos (SAREB) para facilitar la colocación de sus emisiones de deuda; 63.687 millones de euros son el capital que se ha inyectado en las entidades en crisis y en la SAREB; 28.667 millones de euros son los comprometidos en esquemas de protección de pérdidas otorgados a las entidades en crisis (o a sus compradores) y 3.726 millones otras ayudas tales como la cobertura de los costes que pueda acabar generando la mala comercialización de instrumentos híbridos. Como señala con acierto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estos tres últimos tipos de apoyos son más distorsionadores que el resto por su más difícil reversibilidad, razón por la cual están sujetos a previa autorización por las autoridades.

En el momento de redactar estas líneas (finales de octubre de 2016) no existe ya el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAFF), liquidado con beneficios a mediados de 2012. Todas las líneas de crédito extraordinarias han sido asimismo canceladas tras la recapitalización/venta de las entidades beneficiarias. Se han recuperado también la práctica totalidad (109.836 millones de euros) de los avales concedidos a bancos y cajas y se ha reducido en 7.305 millones el saldo vivo de avales en poder de la SAREB. En el frente de las inyecciones de capital, y como bien recuerda el Banco de España, se ha recuperado 3.990 millones de euros gracias a los retornos generados por Banca Cívica (977 millones), Catalunya Banc (782 millones), NCG (783 millones), Liberbank (124 millones), Ibercaja (20 millones) y Bankia (1.304 millones).   Se han recuperado también 673 de los 1.803 millones de euros que el FGDEC invirtió en la adquisición a tenedores de instrumentos híbridos de las acciones que recibieron a cambio de tales instrumentos. Si añadimos a las partidas anteriores los intereses cobrados por la subscripción de preferentes y otros instrumentos (1.351 millones de euros según el FROB) se habría recuperado ya algo más de la mitad (158.797 millones de euros) de los recursos comprometidos.

Desconocemos cuánto más se va a recuperar, pero podemos dar por hecha (entre otras razones porque vence en marzo del 2017) la no ejecución y, por tanto, la cancelación del aval por valor de 1.059 millones de euros concedido en 2012 al Banco CAM, y el repago (991 millones de euros) de los bonos obligatoriamente convertibles del Banco CEISS y el Grupo Caja 3. A partir de aquí entramos en “terreno desconocido”; Esto es, no sabemos si la SAREB será capaz de devolver los avales pendientes y el capital, ni cuál será el coste final de los esquemas de protección de activos (el último cálculo estima que las perdidas serán de 10.390 millones de euros, menos de la mitad que el máximo aprobado) ni por supuesto cuanto aportarán las desinversiones en Bankia (su valor de mercado en estos momentos es de 7.800 millones de euros, de los que el 65% corresponde al FROB) y BMN. Lo que sí sabemos es que están en juego nada y nada menos que 134.000 millones de euros, de los cuales cien mil millones serían de naturaleza pública.

 

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