Reino Unido y la UE: ¿por qué este triste final? por Blanca Sánchez-Robles

Hoy, 29 de marzo, Reino Unido (RU) notificará formalmente a Bruselas su deseo de abandonar la UE en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión. A partir de ahora comienzan dos años de negociaciones, plagados de incertidumbres, problemas y puntos espinosos.

Son innumerables y difíciles las preguntas que se suscitan desde el infausto 23 de junio de 2016, día en el que el 51,89% de votantes en la consulta dijo sí a salir de la UE. ¿Cómo puede perder RU un socio con el que intercambia aproximadamente la mitad de su comercio y flujos financieros? ¿Se ha vuelto proteccionista el país que vio nacer a Adam Smith y David Ricardo, y se convirtió en una potencia mundial gracias al ingente comercio de los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo se han calculado los costes y beneficios de las diferentes alternativas? ¿Cómo se han explicado a los ciudadanos? ¿Se irá Escocia de RU? ¿En qué situación queda la UE?

En este post no deseo elaborar demasiados pronósticos, pero sí proporcionar alguna pista sobre el origen de Brexit. Creo que no se trata de una cuestión trivial: comprender su génesis puede ser muy útil en las negociaciones de la salida, en las que nos va mucho a todos.

En mi opinión, analizar la cuestión desde una perspectiva puramente económica es erróneo. Los británicos no se van de la UE por dinero, aunque es evidente que Brexit acarreará consecuencias financieras indudables sobre RU, la UE y terceros países. Aunque escasean los análisis rigurosos al respecto, parece lógico suponer que la permanencia es más beneficiosa para todos que la salida. RU va a verse perjudicada en el terreno comercial, y también en su capacidad de atraer inversión directa (no sólo financiera) ya que, como mostramos en un artículo reciente (https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-015-0942-y), la evidencia empírica sugiere que comercio e inversión directa con complementarios y no sustitutivos, por lo menos en la UE. Por eso Theresa May quiere empezar a negociar cuanto antes un acuerdo de libre comercio con la UE, a lo que esta se niega mientras no se hable del finiquito y la situación de los ciudadanos comunitarios.

¿Cuál es entonces el origen del problema? Yo lo resumiría en tres puntos: política interna, conflicto de competencias e inmigración. Sobre el primer punto no me extenderé. Simplemente diré que la estrategia arriesgada de Cameron, que funcionó en el caso escocés, falló esta vez. Quiso acallar a las voces discordantes de su partido mediante un referéndum que estaba seguro de ganar, pero cometió un grave error de cálculo.

Los británicos aman profundamente su Parlamento, lo defienden a capa y espada y no soportan que un tercero legisle por encima o al margen de este. Son inmisericordes con los que pretenden obrar de espaldas a Westminster: amargamente lo comprobó Carlos I en el s. XVII, decapitado, entre otras razones, por querer apropiarse de algunas competencias parlamentarias. Tampoco aceptan de buen grado las abundantes disposiciones y normativa que, en su opinión, emanan de Bruselas (aunque también en RU existan numerosas regulaciones, aunque más disimuladas por la vaguedad deliberada del derecho común, disperso en diversas  fuentes y no codificado).

Ha sido la inmigración el tema que, a mi juicio, ha decantado el voto (utilizo el término inmigración, aunque no sea totalmente exacto para referirse a ciudadanos de la UE, por aligerar el lenguaje). Asunto paradójico, porque RU ha recibido gentes de otras tierras desde tiempos inmemoriales. Los inmigrantes se han integrado con normalidad en el país, muchos han progresado, y hoy son numerosos los que ocupan puestos de relevancia en el Parlamento, la Universidad o la City.

Pasemos a épocas más recientes y veamos algunas cifras, aunque deben tomarse con cierta cautela puesto que proceden de estimaciones. La inmigración neta al RU, que fue negativa en el decenio de los 70 (Figura 1), comenzó a alcanzar niveles positivos y ligeramente crecientes en las dos décadas posteriores; aumentó con fuerza durante este siglo, debido, en parte, a la suavización de la política inmigratoria en 1998. A partir de esta fecha se registraron volúmenes de inmigración neta elevados y superiores a las 100.000 personas al año. En 2004, año de la adhesión de los A8[i],  las entradas netas al año crecieron un 81% con respecto a 2003 y, por primera vez, superaron las 200.000 personas.

Tras unos años de estabilidad o incluso descenso, a partir de diciembre de 2012 las entradas netas en RU aumentaron de nuevo y, desde marzo de 2015 hasta junio de 2016, superaron los 300.000 personas/año, muy lejos de la aspiración (y promesa electoral) de Cameron de reducirlos a 100.000. En el año comprendido entre septiembre de 2015 y de 2016 (últimos datos disponibles) cayeron ligeramente, pero el descenso no es estadísticamente significativo. Se ha detectado una reducción en las entradas procedentes de países A8, Africa, América y Oceanía, aunque las de búlgaros y rumanos han seguido creciendo; en todo caso, parece demasiado pronto para conocer el impacto del referéndum en la inmigración.

¿Quiénes son las principales áreas emisoras? La Figura 2 ilustra este punto. Aunque pueda parecer sorprendente, hasta el año pasado más de la mitad de las entradas netas procedían de países no UE. En el año comprendido entre septiembre de 2015 y 2016, las entradas netas fueron 273.000: 165.000 procedentes de la UE, 164.000 de terceros países y 56.000 salidas. Por primera vez en la historia de RU, las entradas procedentes de la UE superaron muy levemente a las de terceros países.

¿Por qué se ha presentado entonces a los británicos la entrada de ciudadanos comunitarios como una gran amenaza? Parte de la respuesta puede estar en la confusión frecuente entre niveles y tasas de crecimiento. Es cierto que, a partir de 2012, la entrada de ciudadanos de la UE (y en particular de la UE 15, como muestra la Figura 3) crece de modo considerable, lo que puede haber confundido a la opinión pública.

En particular, los rumanos y búlgaros son todavía un porcentaje muy pequeño del total. Pero su crecimiento está siendo rápido desde que, el 1 de enero de 2014, se levantaron los controles transitorios (Figura 3), lo que ha generado una considerable alarma social, alentada desde algunos medios de comunicación.

¿Qué impacto ejerce la inmigración sobre el país receptor? Existe todavía un considerable debate al respecto, y la evidencia, por lo menos en el caso de RU, no es tan sólida y abundante como querríamos, de modo que, para aproximarnos a la cuestión, debemos recurrir a los educated guess.

De forma sintética, cabe argumentar que el efecto de la inmigración sobre el país de acogida se realiza por dos vías principales: las finanzas públicas y el mercado de trabajo.

En términos de presupuesto público, los inmigrantes aportan impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y consumen bienes de provisión pública, en especial sanitarios. El efecto conjunto, integrado por dos magnitudes de signo contrario, es muy difícil de cuantificar, pero podemos intuir que, por lo que respecta a los ciudadanos europeos – en edad de trabajar, y que no consumen excesivos servicios sanitarios, a diferencia de algunos ciudadanos de terceros países que sí practican con cierto entusiasmo el turismo sanitario a RU- presumiblemente el efecto será positivo.

En cuanto a los efectos sobre el mercado de trabajo, la inmigración dinamiza y flexibiliza el mercado de trabajo mediante un aumento de la oferta. Normalmente aumentará el número de empleados y se reducirá el salario medio, lo que será positivo para la economía en general pero puede perjudicar a algunos colectivos. Nuevamente, es difícil establecer a priori la magnitud y signo de este efecto.

Es habitual escuchar que la entrada de inmigrantes dificulta que los ciudadanos del país de acogida encuentren empleo. Sí parece haber evidencia que sugiere que, a corto plazo, se puede generar desplazamiento de la población local por inmigrantes en empleos de baja cualificación. Ahora bien, en determinados escenarios (si en el país de acogida las prestaciones sociales son abundantes o si carece de trabajadores cualificados en determinados sectores) y tipos de trabajo (aquellos con condiciones más duras o penosas) los inmigrantes no estarán compitiendo con la población local sino, más bien, ocupando puestos que difícilmente se cubrirían por los trabajadores del país receptor.

Y este es, precisamente, el caso del RU. Según las últimas estadísticas disponibles, en enero de 2017 la tasa de empleo era del 74,6%, la más alta desde el comienzo de la serie en 1971. El paro ha caído en un año del 5,1 al 4,7%. En RU continúan aumentando los ocupados y la población activa y reduciéndose el paro. No parece que la inmigración pueda constituir un problema en un escenario de tales características. Además, la inmigración europea es cualificada y trabajadora; no olvidemos tampoco que el generoso sistema de prestaciones sociales (en proceso de reforma) de RU desincentiva que los británicos elijan determinados empleos.

Es cierto que la inmigración puede acarrear dificultades de integración, tensiones sociales, desorden… pero estos efectos no proceden en RU de ciudadanos de la UE sino, más bien, del mucho más peligroso submundo yihadista. Los inmigrantes de la UE, por tanto, no son el problema (o, por lo menos, su componente principal). En determinados ambientes se han demonizado, cuando ni son los más numerosos, ni los que consumen más sanidad, pero sí ocupan muchos empleos que de otra forma sería difícil cubrir. ¿Qué ocurrirá cuando, a medio plazo, falte en RU personal cualificado para determinadas profesiones y oficios? ¿No sería más sencillo limitar drásticamente el número de visados a terceros países, en lugar de abandonar la UE?

¿Y qué decir del libre comercio? Es evidente que se resentirá, por la aparición de aranceles en las fronteras británicas; no obstante, este es un daño colateral (y tremendo) del Brexit (en el que ya profundizaremos), no su desencadenante.

A todos nos interesa que la salida de RU se haga del modo menos traumático posible. Aunque las relaciones de RU con la UE hayan sido con frecuencia tirantes, somos vecinos y socios comerciales y financieros, compartimos muchos intereses, y RU ha aportado mucho al resto de Europa, desde Shakespeare hasta la máquina de vapor, pasando por la Riqueza de las Naciones. No obstante, si queremos que las negociaciones lleguen a buen puerto, es importante conocer en profundidad las causas del Brexit: en el fondo, un problema de política interior, exacerbado por críticas un tanto exageradas a las intromisiones de Bruselas y a la supuesta invasión de la isla por ciudadanos de la UE.

Blanca Sánchez- Robles (Departamento de Análisis Económico, UNED)

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[i] A8: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Polonia, Lituania y Polonia:países que accedieron a la UE en 2004, junto a Malta y Chipre. Los A8 se suelen agrupar por su menor renta en relación a la media de la UE

 

PRODUCTIVIDAD Y FUNCIÓN EMPRESARIAL

Se ha hecho tópica con razón aquella afirmación que formuló Paul Krugman en su libro “La era de las expectativas limitadas” (1994): “la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida depende casi enteramente de su habilidad para elevar la producción por trabajador”. La hemos vuelto a recordar con ocasión de la reciente presentación del muy recomendable libro de Juan Francisco Jimeno, “Crecimiento y Empleo. Una relación turbulenta e incomprendida”, cuyo propósito central es desmontar las simplificaciones acerca de los factores determinantes de la creación de empleo y, en concreto, la propensión a concretar umbrales del PIB a partir de los cuales el empleo se intensifica. Esa relación, en efecto, no es lineal ni simple, depende de no pocos factores y, siendo importante, va más allá de la estricta organización del mercado de trabajo, de su regulación más o menos disfuncional y de la mejor o peor ejecución de las políticas de empleo.

Asumiendo la complejidad del análisis de ese vínculo entre crecimiento económico y empleo lo que queda evidenciada es la relación positiva a largo plazo entre el crecimiento del empleo y la productividad; más concretamente, la productividad total de los factores (PTF, las mejoras que tiene lugar más allá de la eficiencia de cada uno de los factores de producción), de la que hemos hablado en esta columna en diversas ocasiones. Lo hemos hecho tras verificar que de forma continua, desde luego desde mediada la década de los noventa, la PTF española apenas crecía.

En esta juegan un papel importante aspectos externos como la calidad de las políticas y de las instituciones, privadas y públicas, con las que las empresas interactúan, incluidas, desde luego, las relativas al mercado de trabajo. Pero no menos relevantes son aquellos otros que permiten una asignación eficiente de los recursos, una continua adaptación competitiva de las empresas, que son en última instancia las que de forma agregada determinan esas mejoras de eficiencia. Y en este punto, la organización de las empresas en su acepción más amplia, es esencial: su capacidad innovadora no solo en la generación de nuevos productos o servicios, sino en la mejora de los procesos. En la adecuación de las organizaciones, la calidad de la función empresarial, de la gestión y, desde luego, la dimensión de las empresas son aspectos esenciales.

Las circunstancias que presiden la creación de empresas, los incentivos u obstáculos que existen para que buenos talentos decidan emprender, las formas de crecimiento de las empresas, las probabilidades de supervivencia que tienen, son aspectos que han cobrado una importancia creciente en la explicación de los registros de productividad de las economías. Las “cajas negras”, no siempre atendidas en la modelización macroeconómica, han pasado a recabar una atención cada día mayor en las investigaciones aplicadas. También, y de forma bastante meritoria en nuestro país. Y es que los resultados agregados en este campo son los que explican las posibilidades de aumentar el bienestar conjunto de la economía, el aumento sostenido del PIB por habitante.

Esa evidencia pone de manifiesto, en primer lugar, que las facilidades en España para la creación de empresas no son precisamente las mejores. Las posiciones de nuestro país en el conocido indicador “Doing Business” del Banco Mundial siguen situándose por debajo de la posición 30º, con trámites y plazos de constitución superiores al promedio de las economías avanzadas. A las dificultades en el nacimiento se añade la dimensión reducida con que nacen, muy inferior al de otros países: en realidad, muchas empresas nacen sin trabajadores, y son estas las que registran una menor tasa de supervivencia. En esas dificultades de partida influyen aspectos regulatorios, en el mercado de trabajo o en la legislación concursal, pero también de naturaleza financiera, de un sistema poco orientado a la financiación de proyectos con riesgo diferencial o, simplemente, a la asignación de financiación a empresas poco productivas.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, de las 3.236.800 empresas que existían en España en enero de 2016 (último dato disponible), solo el 15,8% de las activas tenía una edad igual o superior a 20 años, mientras que el 20,1% tenían menos de dos años. Con datos a esa misma fecha, más de 1,79 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta cifra supuso el 55,3% del total. Además, otras 895.574 (el 27,7% del total) tenían uno o dos empleados. Es decir, el 83% de las empresas españolas ocupaban a dos o menos asalariados; solo el 4% tenían más de 20 trabajadores. Son cifras que contrastan con el promedio europeo, pero especialmente con las economías más competitivas. No son necesarios más datos para asumir que esa dimensión media o la baja tasa de supervivencia de las empresas no favorecen el aumento de la productividad: no facilitan la incorporación de capital humano, físico o tecnológico suficiente y de calidad. Ayudan a entender, en suma, la baja propensión innovadora de la mayoría de las empresas españolas, su reducida inversión en intangibles, en I+D en particular, muy inferior al promedio de la OCDE. En consecuencia, las posibilidades de generar ganancias de productividad, de mejorar su capacidad competitiva, son inicialmente menores que las disponibles para la mayoría de las empresas de las economías de nuestro entorno. Y ello se percibe en ese otro aspecto relevante que es la calidad de la propia función empresarial, difícil de cuantificar, pero altamente correlacionada con la PTF.

Son muy escasas las aproximaciones empíricas a este ámbito en nuestro país. Las realizadas por los profesores de Economía de la Empresa Emilio Huerta y Vicente Salas son de las más destacadas. De sus trabajos comparados sobre dimensión empresarial y productividad se deduce que la calidad de la gestión empresarial (el uso de técnicas adecuadas para organizar el trabajo, coordinar y motivar a las personas en la organización) explica también la distribución por tamaños de las empresas. Junto a ella, o dentro del mismo concepto de calidad de la función empresarial, la capacidad para fortalecer la confianza entre los principales actores de la empresa, disponen de mayor influencia en las diferencias de tamaños medios empresariales que las existentes en el funcionamiento de los mercados de productos y factores. Son conclusiones similares a las destacadas recientemente por el Presidente del BCE (“Moving to the Frontier: Promoting the Diffusion of Innovation”) subrayando como la difusión tecnológica, no solo la propia generación de innovación, requiere de calidad de la gestión empresarial, capaz de propiciar adaptaciones organizativas que absorban nuevas tecnologías, nuevas técnicas de gobernar las empresas, en definitiva.

Estas referencias a los aspectos más directamente vinculados al interior de la“caja negra” no significa que los relativos al entorno, a la reducción de barreras limitativas de la competencia, a la calidad de las instituciones y las políticas, incluida la educación y la inversión pública en I+D,o la adecuada asignación de financiación, sean poco importantes. Su eficacia, en todo caso, sería mucho mayor si la composición del censo empresarial y la calidad de los que dirigen la amplia mayoría de las empresas, fueran más adecuadas. Ejemplos no faltan, dentro y fuera de nuestro país, para descartar que se trate de limitaciones imposibles de superar.

(Diario El País, 26/03/2017)

Indicador de coyuntura: Marzo 2017

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de febrero con los datos publicados hasta enero de ventas, producción industrial, y renta, y hasta febrero de afiliados. El valor que toma el indicador continua oscilando en los niveles en los que se mantiene desde hace tres años por lo que pensamos que la recuperación económica sigue siendo sólida. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en febrero es de 1,6, un poco por encima del valor que tomó en enero de 1,1.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE presentan valores dispares. La producción industrial pasa de caer un 1,4% en diciembre a subir un 7,1% en enero. Por su parte, las ventas y la renta subieron un 2,8% y un 3,2% en diciembre pero solo un 2,1% y un 1,5% en enero. Finalmente, los afiliados crecen un 2,8% en enero pero un 3,4% en febrero.

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La dependencia de las industrias manufactureras (y de los Estados) de EE.UU. de las importaciones de bienes intermedios del resto del mundo

El Presidente Trump ha iniciado una nueva política comercial proteccionista basada en dos ejes: (1) la no firma de nuevos Tratados de Libre Comercio y la salida o renegociación de los existentes; (2) y la posible imposición de aranceles y de otras barreras no arancelarias a las importaciones de bienes del resto del mundo. El objetivo es recuperar el empleo perdido durante décadas en la industria manufacturera norteamericana. Pero está política comercial puede tener efectos negativos para algunas industrias manufactureras y para algunos Estados de EE.UU. [1]

En el primer gráfico se muestra la evolución de la participación del empleo no agrícola del sector manufacturero en el total del empleo no agrícola de la economía de EE.UU. desde enero de 1950 hasta febrero de 2017. Las cifras certifican que la caída de la participación del empleo manufacturero es un proceso que se inició en los años 50 del siglo XX y desde entonces no cambiado la tendencia. Esta ratio ha descendido desde el 30,2% en enero de 1950 hasta el 8,5% de febrero de 2017.

El empleo tradicional en una fabrica ya no es el trabajo típico en la actualidad de un estadounidense. El sector industrial manufacturero que proporcionaba tres de cada diez puestos de trabajo no agrícolas en el inicio de la década de 1950 y uno de cada cuatro puestos de trabajo no agrícolas en el inicio de la década de 1970, hoy ofrece menos de uno de cada once ocupaciones no agrícolas. Proporcionalmente, EE.UU. ha perdido casi dos tercios del empleo manufacturero en relación al empleo total desde 1971.

Los efectos negativos sobre las industrias manufactureras de las medidas propuestas por la nueva Administración de EE.UU. provienen de la fuerte dependencia de bienes intermedios que podría llevar al encarecimiento de los bienes finales e incluso provocar problemas de abastecimiento a corto plazo de las cadenas de suministro.

En el siguiente gráfico se presenta para el año 2014 la participación de los bienes intermedios y de las materias primas importadas del resto del mundo en el VAB total de las diferentes industrias manufactureras de los EE.UU. Las cifras muestran la fuerte dependencia del exterior del conjunto de la industria (20,3%) y de algunas de las más relevantes ramas industriales manufactureras. Se sitúan por encima de la media nacional, el sector del petróleo y carbón (43,5%), otros equipos de transporte (25,8%), ordenadores y electrónica (24,5%), vehículos de motor y piezas (23,2%), maquinaria (21,5%) y equipos electrónicos (20,9%).

La dependencia de las importaciones de cada rama industrial manufacturera no afecta por igual a todos los Estados de EE.UU., ya que la estructura industrial no es homogénea. Los Estados que están más afectados son aquellos que tienen una mayor concentración en su estructura industrial de las ramas manufactureras con cuotas de importaciones de bienes intermedios y de materias primas más altas. En el siguiente gráfico se puede observar como los Estados más dependientes son Louisiana, Wyoming, Montana, Hawaii, Texas, New Mexico, Alaska, Oklahoma, Kansas, Washington, Ohio, Utah, Illinois, Minnesota y Michigan, entre otros.

El discurso de Trump podría ser también válido para la industria manufacturera alemana que ha seguido la misma tendencia de EE.UU. desde 1970, y no por ello el Gobierno alemán pide más proteccionismo comercial. El siguiente gráfico muestra la evolución de la participación del empleo del sector manufacturero en el total del empleo de la economía alemana de 1970 a 2015.

Las cifras confirman también que la caída de la participación del empleo manufacturero alemán es un proceso que se ha agudizado desde los años 70 del siglo XX y desde entonces tampoco ha cambiado la tendencia. Esta ratio ha descendido desde el 39,5% en 1970 hasta el 18,9% a finales de 2015.

El sector industrial manufacturero alemán proporcionaba cuatro de cada diez puestos de trabajo en el inicio de la década de 1970 y hoy ofrece menos de dos de cada diez ocupaciones. Proporcionalmente, Alemania ha perdido más de la mitad del empleo manufacturero en relación al empleo total desde 1970 (frente a los dos tercios de pérdida del empleo manufacturero norteamericano), pero a diferencia de EE.UU. la industria manufacturera alemana ha invertido más recursos relativos en innovación, ingeniería, diseño y en potenciar la formación profesional ligadas a las empresas.

El Gobierno de EE.UU. debería imitar a la industria manufacturera alemana e incentivar la innovación, la ingeniería, el diseño y la cualificación de la mano de obra, y dejar de lado el neoproteccionismo comercial.

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[1] Al contrario, la liberalización del comercio global y la importación de bienes intermedios y de materias primas más baratos mejora la competitividad de las empresas y aumenta las exportaciones de los países. Al respecto véase el estudio, ECB (2017): “The impact of global value chain participation on current account balances – a global perspective”, Economic Bulletin, issue 2, March, European Central Bank.

Ecosistema apto para innovadores?

Tras mi participación en una conferencia sobre innovación y emprendedores en el Banco Central Europeo (BCE), veo oportuno compartir las que parecen ser las claves hacia el éxito en el proceso innovador. La conferencia ha sido organizada  por Diego Rodríguez Palenzuela del BCE y Catherine Fazio del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y nos ha dado la posibilidad de interactuar con los diferentes actores que participan directa o indirectamente en el largo camino por el que se transforman las ideas en nuevos productos.

Entre los participantes se encontraban, no solo profesores del MIT  y otras universidades de renombre de varias disciplinas como ciencias políticas, organización de empresas, economía, nanotecnología, ingeniería; sino también políticos y representantes de instituciones, un parlamentario de Israel, representantes de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones, de las Naciones Unidas,  y como no, emprendedores de varios países y representantes de consorcios relacionados con la innovación.

Paso a elaborar brevemente cuales son los retos, especialmente en los países de la Unión Europea, y las posibles soluciones que han sido planteadas y ardorosamente discutidas en los distintos paneles de expertos. Programa y Webcast están disponibles en el sitio: https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/20170313_fostering_innovation.en.html.

El primer reto es como conseguir incentivar a las empresas europeas para que innoven y para que sean capaces, no solo de crear nuevos productos, sino también de conservar el proceso de producción en la región y crecer en tamaño para pasar a ocupar un lugar en el mercado global. Aparentemente los europeos parecen tener una ventaja comparativa en “incremental innovation” mientras que los Estadunidenses la tienen en innovaciones disruptivas y son capaces de crecer tras una de estas invenciones y de llegar a “ocupar” un lugar en el mercado global, mientras que los europeos tienden a vender las start-ups antes de que alcancen un tamaño considerable.

Un estudio realizado por el Banco Europeo de Inversiones muestra que los mayores obstáculos a la innovación según las empresas europeas son la incertidumbre político-económica y las regulaciones del mercado de trabajo y las relacionadas con la creación de empresas, así como también la falta de trabajadores cualificados. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el acceso al crédito y los impuestos parecen sólo afectar a las empresas jóvenes y no a todas. Estos resultados no difieren mucho de los que hemos obtenido en un trabajo reciente realizado para los países MENA (Norte de África y Medio Oriente) en el que se analizaban los obstáculos para incrementar las ventas de las empresas y su productividad (http://www.femise.org/en/articles-en/tax-reform-in-egypt-could-make-its-companies-more-efficient/).

Otro reto planteado es que algunos de los indicadores tradicionalmente utilizados para medir la innovación, y en especial la inversión en I+D, puede que no sean los más adecuados hoy en día, y que debamos pensar en como medir la difusión de las nuevas tecnologías a través de datos relativos al proceso de adopción y uso de las mismas. La creación y desarrollo de nuevos productos parece estar más bien acelerada por la interacción entre “el sistema” “los emprendedores” y el “capital”, que es lo que expertos del MIT denominan el “ecosistema” innovador.

Finalmente, hoy día asistimos como espectadores impasibles a dos fenómenos socio-económicos. Primero, al proceso de cambio demográfico, que implica el envejecimiento de la población en Europa y el consecuente aumento de la tasa de dependencia. Segundo, a la persistencia de elevadas tasas de desempleo, en particular entre los jóvenes, llegando a alcanzar figuras de dos dígitos que superan el 30 por cien en algunas regiones del sur de España, Grecia o Italia. El problema está relacionado con la falta de programas adecuados de educación vocacional y con el hecho de que las universidades parecen haberse quedado “obsoletas” siendo incapaces de formar a los jóvenes para las profesiones del futuro.

Las soluciones a estos retos no son ni obvias ni homogéneas para todos. En primer lugar, el MIT a creado un programa, “Regional Entrepreneurship Aceleration Program” (REAP), cuyo principal objetivo es colaborar con distintas regiones en distintos continentes para incentivar y acelerar su progreso económico y social a través del desarrollo de ideas y su transformación en nuevos productos. En España, como ejemplo más próximo, participan Andalucía, Valencia y la comunidad de Madrid. La idea es crear un “ecosistema” apropiado para fomentar y acelerar la creación de empresas innovadoras, así como también darles el apoyo institucional y financiero adecuado para que sobrevivan en el mercado.

En segundo lugar, distintos estudios indican que la “clave” para innovar no está tan relacionado con la inversión en I+D, sino más bien con los procesos de interacción entre los distintos actores implicados, todavía no está claro si lo que debemos medir es la existencia de “clústers” o de regiones innovadoras o si, dado que el “ecosistema” es la unidad relevante para el proceso innovador, tal vez se requiera delimitar cuál es la unidad geográfica apropiada, si es que la hay, o si debemos definir “ecosistemas digitales”.

En tercer lugar, dado que los actores más importantes en el proceso de desarrollar nuevas ideas son las personas y  su educación y formación, cabe plantear cómo transformar los sistemas educativos con el uso de las nuevas tecnologías, dada la información que tenemos de una carencia de individuos formados para las profesiones del futuro. La educación debe pasar a dar una mayor importancia a enseñar como resolver problemas en todas las instancias, comenzando por la educación pre-escolar. Además, las personas tienen hoy la posibilidad, todavía infrautilizada, de asistir a cursos online ofrecidos por las mejores universidades del mundo y en los temas más variados. Tal vez se deba pasar a construir portafolios individualizados de acuerdo con las ventajas comparativas de la región donde se desea realizar un proyecto o crear una empresa. Para ello, las instituciones internacionales, nacionales y regionales juegan un papel de creciente importancia para contribuir a la existencia de un “ecosistema” apropiado que eduque a sus ciudadanos desde edades tempranas y los prepare para desarrollar ideas y crear los incentivos necesarios para acoger a los emprendedores y acompañarlos hacia el éxito.

Finalmente, no cabe duda que el proceso de innovación es disruptivo y que el miedo al futuro y a la falta de empleos adecuados está al orden del día. Hago aquí una reflexión para que observemos la historia y pasemos a pensar que una revolución industrial es un proceso en el que ciertamente se destruyen empleos, pero también se crean otros nuevos, y en profesiones de las cuales todavía ni siquiera sabemos de su existencia. Seamos pues techno-optimistas y pongamos los medios para que el proceso de cambio sea lo menos disruptivo posible.

 

¿Por qué ya no confiamos en los expertos?

Texto: Jordi Paniagua. Ilustración: Carlos Sánchez Aranda
Expertos

El valor del experto está a la baja. Las élites intelectuales y académicas que sentaban cátedra hace tan poco tiempo han perdido credibilidad y autoridad moral, ante una sociedad que no acepta ciegamente sus recomendaciones. Los resultados electorales impensables hace unos años nos hacen preguntarnos si estamos ante el ocaso de los expertos.

Los expertos (profesores, médicos o científicos que han dedicado buena parte de sus vidas a estudiar temas complejos) muestran signos de debilidad y se encuentran descolocados ante pseudo-expertos (tertulianos, twitteros y demás homeópatas intelectuales) que copan el espacio mediático y disputan su espacio intelectual. El último ejemplo lo pueden ver en este vídeo, donde una periodista defiende una terapia milagrosa para adelgazar argumentado que el experto (profesor en bioquímica) está gordo.

El debate de expertos en torno a expertos (que seguramente solo leen e interesa a los propios expertos) ha crecido en los blogs especializados y en los estudios académicos. Por ejemplo, el blog de LSE se hacía eco de una encuesta del Centre for Macroeconomics (CFM) que analizaba el papel de los economistas durante la campaña de Brexit. Aunque los expertos están divididos en torno al papel que jugaron (pregúntale a tres economistas algo y obtendrás cuatro respuestas), sí que hay más unanimidad en torno a las razones por las cuales los votantes no tuvieron en cuenta sus recomendaciones: los votantes utilizaron un razonamiento en contra del mainstream económico (ver cuadro). Paul Johnson (Institute for Fiscal Studies) identificaba  tres problemas principales: el fallo en la comunicación, la falta de velocidad en las respuestas y la ausencia de liderazgo.

El Institute for New Economic Thinking, una organización que promueve el pensamiento disruptivo en economía, ha organizado un simposio virtual, con varias aportaciones interesantes al respecto. Sheila Dow (Stirling, emérita) opina que la “gente se ha cansado de los expertos” (citando al ministro de educación británico) ante la incapacidad de los expertos (economistas en particular) de aunar su juicio técnico de consideraciones morales o políticas.

El debate académico en torno a los expertos ha intentado responder a dos cuestiones: ¿Por qué acudimos a un experto? y más recientemente ¿Por qué hemos dejado de confiar en los expertos?

Los economistas relacionan los expertos a ciertos temas complejos que se basan en la confianza. Los economistas denominamos, sin mucha imaginación, este tipo de bienes como “bienes de confianza” (crendence goods) y a los agentes que suministran estos bienes “expertos”. Como no podemos saber de todo (excepto si se trata de fútbol o economía), en muchas ocasiones recurrimos al juicio de expertos. Esto sucede cuando tenemos cierto interés por un tema complejo, pero no disponemos de las herramientas analíticas, experiencia o tiempo para  entenderlo en profundidad. Acudimos al médico porque sabe más de medicina que nosotros.

El mercado de bienes de confianza están muy relacionados con los problemas de información asimétrica expuesto por Arkelof (1970) en su famoso “mercado de limones”. A diferencia del mercado de limones, donde la información asimétrica entre se traduce en oportunidades de intercambio perdidas, el mercado de confianza desplaza ciertos bienes si el experto realiza un diagnóstico equivocado (Mistreatment). Ello se traduce en un nivel de intercambio sub-óptimo de bienes de confianza (aumento de precios, decisiones erróneas, abusos de los expertos).

Las causas del descrédito de los expertos se abordan en un reciente paper del profesor Nathaniel Hilger (Brown) “Why Don’t People Trust Experts?” publicado en el Journal of Law and Economics. La explicación es sencilla: nuestra ignorancia es doble. Alguien que sabe poco de medicina o de economía tampoco tiene elementos de juicio suficientes para valorar las aptitudes profesionales del experto. En términos técnicos diríamos que el no-experto no observa la función de costes del experto (tendría que ser un experto para poder hacerlo). Nos resulta muy complicado comparar el coste o la calidad  del experto. Adicionalmente, el experto puede recomendar tratamientos que sesgados en su propio beneficio. Cuando afloran estos fallos en el mercado de bienes de confianza, el experto se desacredita.

Por tanto, el valor del experto se reduce por dos vías. La más habitual ocurre cuando se producen fallos en el diagnóstico o el resultado del tratamiento no es el adecuado (como ha sido el caso antes y durante la crisis). Geroge Stigler, Nobel del 82, ya advertía en su libro  El Economista como Predicador, que ante la complejidad de la economía, la sociedad busca expertos para “sencillamente ordenar los asuntos de una nación frecuentemente desordenada” y sin embargo “los economistas ejercen una influencia menor y escasamente detectable sobre las sociedades donde viven”.

Adicionalmente el experto se devalúa cuando surgen pseudo-expertos o chamanes que apenas se diferencian del experto: tienen títulos académicos, algunos son profesores, publican sus ideas (aunque con métodos diferentes y en otras plataformas), manejan con soltura las redes sociales, donde  difunden masivamente sus razonamientos con convicción y hasta pasión. Realizan diagnósticos y recetan tratamientos sugerentes y aparentemente convincentes, pero convenientemente sesgados. La doble asimetría de Hilger, hace que se complique  enormemente la tarea de identificar a los expertos, incluso para los agentes más formados.

Por tanto, los expertos tienen hoy un doble reto por delante: recuperar credibilidad y desenmascarar al pseudo-experto. No es una tarea sencilla:  Las discusiones de los expertos suceden en ámbitos de análisis más sosegados y con menos componentes mediáticos. Además los profesores disponen de pocos incentivos (y poco tiempo) para difundir y defender sus ideas más allá del ámbito académico, por tanto “los grandes economistas no se han preocupado de la predicación” (Stigler, 1982).

Mejorar la ética profesional, los mecanismos de transmisión de la reputación y comunicación son algunas de las soluciones que propone Hilger en su artículo para  conseguir una mejor identificación experto (y su función de costes). Adicionalmente, como nos recordaba Stigler hace 35 años y más recientemente aquí, puede que sea hora que predicar con el ejemplo y arremangarse.

Europa, horas difíciles

Podría haber sido tiempo de festivas celebraciones: 25º aniversario del Tratado de Maastricht (7 de febrero) y 60º del fundacional Tratado de Roma (25 de marzo), pero las circunstancias aconsejan conmemoraciones de baja intensidad. Las tensiones se acumulan para una Unión Europea que lleva años haciendo frente a problemas sobrevenidos: la factura social de la severa crisis económica y de los programas drásticos de austeridad, el frustrado desenlace de la “Primavera árabe”, que ha revertido en turbulencias de todo tipo en el flanco sur del continente (desde guerras civiles a Estados fallidos, desde el terrorismo a la “crisis de los refugiados”), y probada debilidad en la frontera oriental, con episodios de presión militar (países bálticos) o abiertamente bélicos (Ucrania). Súmese a todo ello el “Brexit” —tampoco estaba agendado— y el cable que desea echar el presidente Trump jaleando a los partidarios de renunciar al proyecto comunitario, al que conoce como “el Consorcio” por si hubiera alguna duda. Cumplimos años rodeados de enemigos, ha dicho una voz señera de la propia UE. Sensación generalizada de vulnerabilidad, que alimenta, por una parte, el repliegue nacionalista y de xenofobia y, por otra, caída del apoyo ciudadano a la integración política, tal vez paralela a la pérdida de fe en ella por parte de las élites.

Resultado: horas difíciles. El populismo que predica el desmantelamiento del edificio compartido, con o sin moneda común, está presto para dos pujas electorales de máxima trascendencia: en Holanda el 15 de este mes de marzo; en Francia, a dos vueltas, entre el final de abril y el comienzo de mayo. En ambas citas las probabilidades de victoria del Partido para la Libertad, en un caso, y el Frente Nacional, en otro, no dejan de crecer semana a semana. La coincidencia con el radicalismo autoritario y nacionalista del Gobierno ultraconservador polaco y con la ofensiva similar en Hungría del primer ministro Orbán, no es casual, como no lo es la impotencia hasta ahora demostrada por la Comisión Europea para frenar ambas derivas. Tampoco nadie clama por impedir la erección de vallas y muros con objeto de taponar la ruta de los Balcanes, ese tortuoso pasillo que canaliza la mayor parte de los flujos inmigratorios: tierras de Hungría, Eslovenia, Macedonia y Austria; de militarizar las fronteras respectivas se habló en la Conferencia que reunió hace poco en Viena, sin apenas luz y taquígrafos, a 15 países europeos. Por su parte, Grecia sigue en la cuerda floja, mientras entra en escena ruidosamente —como acostumbra— una Italia con el mapa político cada vez más fragmentado y con un sistema bancario con una formidable carga desestabilizadora para toda la eurozona. De “crisis existencial” ha hablado Juncker.

Tanto es así que España, en ese marco, se erige hoy, hasta cierto punto, como contrafuerte. La “modesta” estabilidad gubernamental —se ha escrito— vale su peso en oro en los mercados de Bruselas y Berlín. La economía mantiene un tono vigoroso, comparativamente alto. Y la sociedad —lo mejor de todo entre nosotros— sigue esquivando tentaciones extremistas, sin organizaciones con peso de signo xenófobo o antieuropeo, y expresando de muy diversas formas apertura y capacidad receptiva, solidaridad y actitud acogedora. Contra tantos derrotistas, hoy la “anomalía” española en Europa ¡es por virtud y no por defecto!

TRUMP TAMBIEN AMENAZA A EUROPA

De cumplir todos sus compromisos electorales, la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU tendrá consecuencias de alcance sobre la economía mundial. Desde luego sobre la dinámica de globalización y las relaciones multilaterales que han presidido aquella desde la suscripción de los acuerdos de Bretton Woods, en 1944. Además de las ya adoptadas limitaciones a la movilidad de las personas, ha comprometido modificaciones importantes en la estructura fiscal, diversas actuaciones comerciales caracterizadas por un acusado proteccionismo, alteraciones en los compromisos medioambientales y, no menos importantes, desregulaciones financieras de gran significación. Aun cuando es pronto para evaluar el impacto de todas ellas e identificar a las economías mas afectadas, es claro que la Unión Europea (UE) sería, en principio, una de las más perjudicadas. Además de ser el principal socio de EEUU, la UE es responsable del 15% del comercio global de mercancías y del 25% del de servicios. También es la sede de numerosas empresas multinacionales con actividades en EE.UU. y en algunas de las economías donde el nuevo presidente ha centrado su agresividad inicial. A continuación se revisan esos cuatro ámbitos estrictamente económicos, sin menoscabo de otros, geopolíticos o directamente militares, donde las consecuencias pueden ser igualmente relevantes para la UE.

a) Política fiscal. Pendiente está de concretar las intenciones de expansión fiscal anunciadas durante la campaña. Comprometió el equivalente a un billón (de los nuestros) de dólares en tres destinos: reducciones impositivas sobre las empresas y sobre las personas, e incrementos en la inversión en infraestructuras y defensa. Dependiendo de la distribución final y del ritmo al que se hagan esas asignaciones, el resultado será una expansión a corto plazo del ritmo de crecimiento de la economía y, desde luego, elevaciones en la tasa de inflación. Con una tasa de paro del 4,8% y unos salarios creciendo cerca del 3%, las expectativas inflacionistas justificarían actuaciones más agresivas de la Reserva Federal en la ya anticipada senda de elevaciones de los tipos de interés. Y, con ellas, apreciaciones adicionales del tipo de cambio del dólar frente a la principales divisas, el euro entre ellas. Las economías con pasivos en dólares, en particular no pocas emergentes, verán encarecido el servicio de su deuda. En la eurozona, la asimetría entre ambas políticas monetarias no facilitará las cosas al BCE, generando un clima propicio a perturbaciones financieras. Dependiendo de las reducciones impositivas que finalmente practique a las empresas, sus competidores, desde luego las europeas, dispondrán de menores ventajas competitivas. En mayor medida si esa fiscalidad favorable se acaba vinculando a la producción doméstica, penalizando las importaciones

b) Política comercial y guerra cambiaria. Las intenciones marcadamente proteccionistas han sido las mas explicitas desde el inicio de su campaña. Y las que han se han concretado más rápidamente en decisiones sin pasar por las cámaras. El abandono del Acuerdo Transpacífico (TPP, comprensivo de 12 países con un PIB conjunto del 42% del mundial), las amenazas de revisión del NAFTA, del funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio o la imposición de elevados aranceles a las importaciones mexicanas y chinas, son las más destacadas. Los nombramientos iniciales en este ámbito refuerzan las presunciones de un proteccionismo sin precedentes, desde que su antecesor Herbert Hoover hiciera lo propio agravando la Gran Depresión. Europa tampoco queda a salvo de las consecuencias de traslación de esa retórica a los hechos. Los fundamentos de la UE no son otros que el libre comercio, la apertura a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, de la que dan cuenta la importancia relativa de sus exportaciones e inversiones directas en el extranjero. Además de la denuncia del ya moribundo TPPI, las simpatías de Trump por el Brexit y, en general, por la fragmentación de la UE, han sido suficientemente explícitas. La eurozona, y Alemania en particular, también ha sido objeto de acusaciones de manipulación del tipo de cambio con fines competitivos. De la ausencia de fundamentación de las mismas ya dio cuenta el presidente del BCE en su comparecencia en el parlamento europeo.

c) Respeto a los acuerdos medioambientales. Menos definitiva parece su posición final acerca del mantenimietno de los Acuerdos de Paris de 2015, suscritos por casi 200 países. La disposición durante la campaña electoral a denunciar esos acuerdos parece ahora menos contundente. Todavía días antes de las elecciones sostenía que el concepto de calentamiento global es una farsa creada por las autoridades chinas con el fin de erosionar la competitividad de las manufacturas americanas.

d) Desregulación financiera. Las actuaciones desestabilizadoras se completan con las orientadas a reducir la regulación sobre el sistema financiero diseñada tras la emergencia de la pasada crisis. El objeto de ataque es el conjunto normativo conocido como “Reforma Dodd-Frank”, a cuya revisión ya ha dedicado unas de las primeras órdenes ejecutivas. Una sección de esa ley, la denominada “regla Volcker”, que prohíbe a las instituciones financieras operaciones por cuenta propia en instrumentos y con instituciones considerados especulativos, será la primera en caer. También serán objeto de revisión a la baja las exigencias relativas a la protección de los consumidores de servicios financieros. Los acuerdos internacionales que establecen los requerimientos mínimos de recursos propios de los bancos han sido considerados un obstáculo al crecimiento del crédito, por lo que serán igualmente contestados. Las vías de impacto en el resto del mundo del eventual desmantelamiento de esas regulaciones pueden ser importantes. Además de las ventajas competitivas de los bancos bajo una regulación más laxa, la escena financiera global queda más expuesta a episodios de inestabilidad. Desde antes de la emergencia de la crisis de 2007 hemos tenido evidencia suficiente del potencial de contagio de las crisis nacionales, pero fue esa la que permitió constatar que en el espacio financiero actual ya no existen crisis financieras locales.

Con independencia de las grandes dudas sobre la racionalidad de ese conjunto de decisiones, definidas todas ellas por una reversión sin precedentes de la dinámica de integración global y de las posibilidades de gobierno a través de las organizaciones multilaterales, su concreción tendrá consecuencias adversas sobre la economía estadounidense y el conjunto de la mundial. Por el momento, la incertidumbre ya se ha instalado en las decisiones de no pocas empresas y gobiernos, no solo aquellos con vínculos comerciales o inversores más estrechos con EEUU. La emergencia de guerras comerciales o de divisas, en un contexto de debilitamiento de los flujos de comercio, y de los de capital hacia las economías emergentes, no favorecerá el crecimiento económico. Tampoco en Europa.

A punto de celebrarse el 60º aniversario de la suscripción del Tratado de Roma, la UE, han reconocido propios y extraños, atraviesa la peor crisis existencial desde entonces. El país que fue uno de los principales inspiradores de la idea de integración europea es ahora gobernado por un partidario de su fragmentación, que se propone adoptar decisiones que limitarán seriamente la capacidad de la UE para corregir las secuelas dejadas por la crisis. A los no poco relevantes focos de incertidumbre política internos se añaden los derivados de acciones por la primera potencia mundial que pueden condicionar la estabilidad geopolítica de la región y, desde luego, la capacidad para conseguir ritmos de crecimiento compatibles con el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. La respuesta a ello no puede ser esa “paciencia estratégica” que pareció emerger de la última cumbre de Malta, sino avances claros hacia la adopción de políticas de inversión y de fundamentación de la unión política.

(Diario El País 18/02/2017)

Las exportaciones españolas están concentradas en pocas empresas

En España, casi 150.000 empresas realizaron ventas al exterior en el año 2015. Sin embargo, la mayor parte del valor exportado se debe a unas pocas empresas.

En un trabajo reciente, realizado en colaboración con Juan de Lucio, Raúl Mínguez y Francisco Requena, mostramos que la empresa que más exporta fue responsable del 3% del total del valor de las exportaciones de mercancías en España en el año 2015; las cinco empresas más exportadoras del 10%; las 50 más exportadoras de un tercio; las 200 más exportadoras de la mitad, y las 1.000 más exportadoras de dos tercios del total de las exportaciones españolas. Es decir, solamente el 0,68% de las empresas (1.000/147.378) fueron responsables de dos tercios de las exportaciones españolas en 2015.

Las empresas más exportadoras venden a más países y más productos que el resto de exportadores. En concreto, las empresas más exportadoras venden, en media, a 38 destinos internacionales y 57 productos diferentes, mientras que el resto de exportadores venden a 3 destinos y 5 productos. Los capítulos arancelarios más exportados por las primeras 1.000 empresas son equipo eléctrico y electrónico, maquinaria, automóviles, frutas y plástico.

El grado de concentración de las exportaciones por empresa es superior al que observamos en otras variables, como las ventas totales o el empleo. En concreto, mientras las 1.000 primeras empresas son responsables de dos tercios de las exportaciones, las 1.000 primeras empresas acumulan el 46% de las ventas, o el 29% del empleo.

Si unas pocas empresas dominan las exportaciones, éstas deben jugar un papel muy importante en la especialización comercial y en la dinámica de las exportaciones agregadas en España. Para analizar la especialización, calculamos la ventaja comparativa revelada de España en cada uno de los 96 capítulos arancelarios durante el periodo 2010-2012. Un país tiene ventaja comparativa revelada en un producto si la participación de ese producto en el total de las exportaciones del país es superior a la participación de ese producto en el total de las exportaciones mundiales. España tiene ventaja comparativa revelada en 45 de los 96 capítulos arancelarios. Destaca la especialización de España en corcho, alimentación, cerámica, automóviles, farmacia, prendas de vestir y productos siderúrgicos. Si eliminamos las 10 empresas más exportadoras de cada capítulo arancelario, España perdería ventaja comparativa revelada en 25 de ellos. Estos capítulos representan el 56% de los capítulos en los que España tiene ventaja comparativa revelada, y el 26% de las exportaciones españolas. Aunque no podemos determinar cuál sería el comportamiento del resto de exportadores si desaparecieran las 10 empresas más exportadoras en cada capítulo arancelario, los cálculos sugieren que, en muchas industrias, la especialización comercial puede estar determinada por unas pocas empresas. Ésto podría representar una debilidad, si dichas compañías deciden implantarse fuera de España, con la consecuente pérdida de la ventaja comparativa asociada.

 

Finalmente, analizamos la contribución de las empresas más exportadoras a la dinámica de las exportaciones agregadas de la economía española. La evolución de las ventas españolas de un producto en un destino se puede deber a factores específicos de ese producto y destino, como una reducción de aranceles, que afectan a todos los exportadores; o a factores específicos de cada una de las empresas exportadoras, como ganar una licitación. Nuestras estimaciones muestran que un tercio de la evolución de las exportaciones españolas durante el periodo 1997-2015 se explica por factores específicos de las 5 empresas más exportadoras en cada producto y destino. Este resultado pone de manifiesto que unas pocas empresas contribuyen de forma notable a la dinámica conjunta de las exportaciones españolas.

En definitiva, la concentración de las exportaciones en unas pocas empresas tiene importantes implicaciones sobre la competitividad exterior y las oscilaciones que a lo largo del tiempo se pueden observar en las exportaciones. En este sentido, cabe preguntarse sobre las consecuencias que la elevada concentración de las ventas al exterior tiene sobre la política comercial. Por ejemplo, si España quisiera impulsar las exportaciones, ¿debería concentrar su esfuerzo en las nuevas empresas exportadoras o en las empresas más exportadoras? ¿Con los instrumentos actuales, están atendidas las necesidades específicas de diplomacia comercial de los grandes exportadores? ¿Deberían centrarse las políticas de promoción exterior en la captación de inversiones de los grandes exportares mundiales? ¿Cómo podemos trasladar la capacidad competitiva de los grandes exportadores al resto de empresas del sector?

¿La ANECA acredita y la Universidad se cualifica?

servicio1290504872528Unos de los temas más populares en este y otros blog de economistas académicos son precisamente los profesores universitarios y la universidad en general. Anteriormente hemos hablado sobre temas como la reforma de los grados universitarios o los sexenios. La reciente modificación de lo criterios para la acreditación del profesorado titular y catedrático merece también captar nuestra atención.

Podríamos interpretar el sistema de acreditación del profesorado como un vestigio nuestra tradición de derecho civil  según el cual un entidad pública (la ANECA) certifica la idoneidad de un candidato a profesor universitario. Para ello utiliza una serie de criterios, informes de evolución y comités que examinan la información aportada por el candidato a profesor. Es un hito importante en la carrera académica de cualquier profesor ya que la acreditación es la vía de acceso y promoción más habitual en la universidad española.

En los países anglosajones de derecho común no existe un accésit burocrático y la contratación se realiza de una manera parecida a la del sector privado conocido como tenure track. Se contrata un profesor de manera temporal tras una entrevista (normalmente impartiendo una clase o seminario). Pasado un tiempo (cinco años de media), una comisión académica determina si ha alcanzado el nivel necesario para incorporarse al claustro (normalmente por la calidad de las publicaciones). Este sistema sería el ideal si no fuera porque la realidad de nuestra universidad no es la ideal (como han puesto de manifiesto los recientes casos de plagio y endogamia). La acreditación de la ANECA es un primer filtro calidad ineficiente pero necesario. El día que no necesitemos la ANECA será una buena noticia, como se apunta aquí.

El nuevo sistema incluye novedades que van, a mi entender, en buena dirección. Sin embargo, si analizamos los incentivos que proporciona a los candidatos, plantea algunas dudas sobre si contribuirá a mejorar la calidad y competitividad universidad en un plazo razonable. La cuestión es, ¿qué universidad conformarán los doctorandos que se acrediten dentro 5 ó 10 años?

El sistema de acreditación es hoy por hoy un garante importante de la calidad de la enseñanza superior. Además del diseño institucional y recursos, calidad del profesorado  determina en buena medida la calidad de la enseñanza e investigación. El diseño del sistema de acceso y selección del profesorado influirá profundamente en la universidad. Por el lado positivo, los nuevos criterios priman el margen intensivo frente al extensivo. Se acabó la acumulación de micro-méritos, se reduce la burocracia y se premian méritos con mayúsculas.

Todo ello aumentado en algunos puntos la transparencia publicando explícitamente los criterios. En nuestro ámbito (la Economía) una catedrático notable debe publicar 12 JCR con la siguiente distribución: 8 publicaciones de Nivel 1 (JCR (Q1 o Q2) o SJR (Q1)) y 4 de Nivel 2 (JCR (Q3) o SJR (Q2)). Un titular excelente debe publicar “seis artículos en revistas indexadas en el Q1 JCR, o bien cuatro en el D1 del Journal Citation Reports (JCR).”

A continuación describe una serie de “Méritos complementarios”, de los que hay que aportar al menos cinco. (Ahora ya podemos escoger entre cuatro, cinco y seis). El documento detalla 14 méritos agrupados en áreas: Calidad y difusión, Calidad y número de proyectos competitivos, Movilidad y Otros méritos de investigación. El primer mérito complementario es “Publicación  de  artículos  en  revistas  del  JCR  o  Scimago  Journal  Rank  (SJR)  del  primer  decil  de acuerdo  con  el  índice  de  impacto  o  Eigenfactor  score  (de  1 a 3 meritos)”

Cómo ya ocurrió con los sexenios la ANECA acaba con el monopolio JCR (como ya dijimos aquí), incluyendo el índice SCOPUS. En este índice la inflación de revistas y categorías es mucho mayor que en JCR. Por ejemplo, en Business 1369 revistas y 306 Q1 y Economics 881 y 217 Q1. Es decir, en el índice SJR hay casi tantas Q1 como el total de revistas en JCR. Además, incluye muchas más categorías.

Como nota al margen, parece previsible que los criterios de los sexenios se alineen con los de la acreditación en el futuro. Para obtener un sexenio “basta” con que “cinco  aportaciones  sean  artículos  publicados  en  revistas  que  ocupen  posiciones relevantes” en JCR o SCOPUS. Podría darse el caso que un profesor con varios tramos de investigación reconocidos fuera calificado como mediocre (“B” o “C”) en la acreditación de su actividad investigadora.

Conviene también resaltar que la normativa añade al conocido factor de impacto (basado en el número de citas) el Eigenfactor (número de vistas). El Eigenfactor suele premiar a journals potentes,  generalistas y muy leídos por toda la comunidad científica, como Nature que es el primero de la lista. El factor de impacto criba de entre los lectores cuantos piensas que es la contribución es relevante.

Sin embargo, hay tres aspectos de la reforma que plantean ciertos interrogantes. En primer lugar, el sistema permite la acreditación a CVs con un déficit de investigación. En el anterior sistema era necesario obtener una puntuación mínima en cada apartado (investigación, docencia y gestión) para obtener la acreditación correspondiente. Por ejemplo un titular necesitaba 50 puntos en investigación según un baremo de publicaciones, proyectos etc. Quien no llegaba a un mínimo de 50 puntos no obtenía la acreditación, independientemente de la puntuación en las otras áreas.

Por el contrario, el nuevo sistema de acreditación establece una escala cualitativa ordinal para medir las áreas desempeño académico (investigación, docencia, transferencia, experiencia profesional y gestión académica): A excelente; B notable; C déficit compensable y D insuficiente. Obteniendo dos notables en investigación y docencia se obtiene la acreditación en las dos figuras (titular y catedrático). La ANECA solo ha publicado aquellos criterios habilitantes (por ejemplo una A en titular que habilita a Catedrático a aquellos que sean titulares o una B en cátedra), por lo que no podemos saber con exactitud que se considera un déficit compensable en investigación. Pero nos podemos hacer una idea al estar la C por debajo del nivel de exigencia del notable. A diferencia del anterior sistema, el modelo vigente permite compensar la mediocridad investigadora  con una excelencia profesional o en gestión.

El segundo problema es el sesgo disciplinar que introduce la normativa al considerar cualquier área incluida en listado JCR. Si publicar es de por sí complicado, en economía todavía más por las razones que ya apuntamos aquí. Pero incluso dentro de las ciencias económicas, la heterogeneidad en las distintas disciplinas es considerable. Ya no tanto por la mayor complejidad de unas frente a otras (que también), sino por el distinta oferta de revistas Q1 según áreas. Por ejemplo, si publicamos en Business (120 revistas en total y 30 Q1), Economics (334 y 86 Q1), Business & Finance (94 y 23 Q1), Management (280 y 70 Q1). Por establecer una línea divisoria: Economía tiene 86 Q1 frente a 123 Q1 de Empresa. Además, las revistas con con una doble indexación que “importan” citas de otras disciplinas subiendo el factor de impacto. Con lo cual, el sistema marca unos incentivos claros para publicar (o intentarlo al menos) áreas limítrofes con más oferta de  Q1. Estoy convencido que tenemos mucho que aportar y aprender de otras disciplinas. Lo que no tengo tan claro es si se tuvo en cuenta los efectos en la composición de la investigación universitaria.

La tercera cuestión es el proteccionismo académico que se destila del sistema de acceso al cuerpo de catedráticos. La normativa impone una barrera de entrada difícil de entender al exigir unos criterios distintos para los titulares funcionarios y para el resto. Mientras que el insider le basta con dos Bs, el outsider debe obtener previamente una A en investigación en la acreditación a titular (6xQ1).

Sin embargo, esta barrera tampoco parece ser una gran preocupación para las mejores universidades (públicas y privadas). Por ejemplo, las tres grandes escuelas de negocios de nuestro país se sitúan al margen de este sistema y apuestan directamente por contratar en el job market con un tenure track. En Catalunya, muchos departamentos iniciaron una apuesta similar con los fondos del ICREA y del GSE Research Endowment. Otras, como Deusto, Comillas y Ramon Llull apuestan por sistemas alternativos parecidos a los de Georgetown, Fordham y Boston College, con quien han han forjado un Campus de Excelencia Internacional.

Para la reflexión: Si llegara a haber un premio Nobel en Economía de nuestro país, ¿dónde creen se habría formado? Y en el caso más improbable que impartiera docencia en España ¿dónde lo haría?

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