En memoria de William J. Baumol

El día 4 de este mes de mayo de 2017 falleció el prestigioso economista William Baumol a los 95 años de edad. Nacido en febrero de 1922 en el South Bronx de New York, entonces un enclave de la izquierda social y política norteamericana que más tarde sería bautizado con el nombre de Fort Apache, como a él le gustaba recordar, fue un lector temprano de Karl Marx que compartió los estudios de economía con los de ciencias sociales, historia y matemáticas. Después de trabajar en el Departamento de Agricultura del Gobierno Federal y hacer el servicio militar, en 1947, accedió al programa de doctorado de la London School of Economics, que sólo era seguido por norteamericanos, y en apenas tres meses pasó a formar parte de la plantilla de esa universidad, de la mano de Lionel Robbins y Jacob Viner, con quienes estableció una afable y estrecha relación. En 1949, recién doctorado, William Baumol se incorporó a la Universidad de Princeton, donde desplegó una intensa actividad docente e investigadora hasta 1992, año en que pasó a ser profesor emérito. Pero, buscando un alumnado más diverso y volver a vivir en Nueva York, trasladó en 1971 una parte importante de su actividad a la New York University, en la que trabajó hasta su retiro hace sólo un par de años. Es interesante el recorrido biográfico que ofrece la amplia entrevista concedida al economista Alan B. Krueger en el año 2000 para el Journal of Economic Perspectives (aquí)

William Baumol  compaginó una notable ortodoxia en sus análisis, que extendió a una sorprendente variedad de ámbitos de la economía, con una profunda admiración hacia Karl Marx, a quien consideraba el único economista que, junto con Joseph Schumpeter, comprendió la fuerza transformadora del capitalismo. En sus últimos libros rendiría un especial tributo a ambos autores. Prueba de su respeto al marxismo es la discusión con Paul Samuelson acerca del problema de la transformación de los valores en precios (Michael Roberts la resume aquí).

Entre sus múltiples trabajos, siempre guiados por un afán de introducir nuevos enfoques o perspectivas en el tratamiento de los problemas (como la existencia de economías de escala en la producción), destacan el  desarrollado conjuntamente con James Tobin al principio de la década de 1950, acerca de la demanda de dinero por parte de la población (modelo Baumol-Tobin), el dedicado a la enfermedad de costes de los servicios, en 1966, el de los mercados contestables, publicado en 1982, y diversos ensayos sobre el empresario y la innovación, que corresponden sobre todo al período posterior a 1990, aunque recojan una temprana preocupación ya puesta de relieve en un  artículo publicado en la AER en 1968. Comentaré brevemente los tres últimos, y en especial el tercero, que atrajo la atención de varios economistas españoles y animó a quien escribe este texto a realizar dos estancias cortas en NYU durante los años 2000 y 2001.

La enfermedad de costes de los servicios (Baumol´s cost disease) nace de un estudio sobre la situación de las artes en EE.UU. en la primera mitad de la década de 1960. Ayudado por William Bowen, Baumol descubrió que diversas actividades de servicios, como la educación, la sanidad o las artes son por naturaleza muy intensivas en trabajo, y admiten pocas mejoras en la productividad de éste. La subida de los salarios en las manufacturas, apoyada sobre el notable avance de la productividad del trabajo conseguido en ellas, se traslada a esas actividades de servicios (vía mercado de trabajo), encareciéndolas y haciendo que absorban una parte creciente del gasto de las familias.  Por tanto, en una economía avanzada, se espera que los precios de  los alimentos, los coches o los teléfonos móviles se reduzcan con respecto a los de la educación, la sanidad, el cuidado de los niños, los servicios legales, los conciertos, o la peluquería. El gráfico adjunto, tomado del artículo escrito por Timothy B. Lee (aquí), muestra que en efecto así ha sido en los últimos cuarenta años. Como una parte de estos servicios son de provisión pública, su encarecimiento afecta el presupuesto público, que tiende a crecer. En el sector privado, algunos de los servicios afectados por esta misma enfermedad tienden a desaparecer, como las reparaciones de aparatos domésticos, o algunas actividades de entretenimiento, que son sustituidas por nuevos bienes (salas de cines por películas en vídeos), y otros en cambio, tienden a expandirse, debido a una demanda creciente procedente de familias que gastan menos proporción de su renta en bienes manufacturados. De esta manera, el encarecimiento de todos los servicios que pueden considerarse “estancados” en su productividad no es sino la otra cara de la prosperidad.

Una primera conclusión que se extrae del análisis de Baumol es que el presupuesto de gasto público tiende a crecer en las sociedades desarrolladas, pero no por una creciente ineficiencia de los funcionarios, como con frecuencia sostienen los críticos del Estado. Una segunda es que conforme se abaratan los bienes, las familias disponen de más renta para dedicarla a los servicios intensivos en mano de obra, expandiendo su demanda y producción. Mirando al futuro, en fin, cabría extraer una conclusión adicional, que conforme se extienda la robotización y automatización en la industria y en algunos servicios avanzados, tenderá a crecer la demanda de los servicios intensivos en mano de obra, cada vez más depositarios del grueso del empleo de la población. Pero al mismo tiempo, puede esperarse que  la dinámica salarial responda menos a los impulsos de la productividad de unas manufacturas que cada vez pesan menos en el empleo total. De hecho, se cuenta ya con indicios de ello para los años anteriores a la crisis en España, como muestra el siguiente gráfico adjunto. En los años de recesión, los recortes de los salarios a los funcionarios, primero,  y su congelación posterior,  condicionan mucho la dinámica de los salarios en el conjunto de los servicios.

Otra de las brillantes aportaciones de William Baumol es la teoría de los mercados contestables. Estos son mercados en los que no existen barreras a la entrada y la salida de empresas, por lo que, aunque la oferta esté concentrada en un número reducido de productores, debido a la existencia de economías de escala, el equilibrio del mercado a largo plazo se produce allí donde el precio iguala al mínimo del coste medio total y no hay beneficio alguno, más allá de la remuneración normal del capital. Este tipo de mercado consigue simultanear un reducido grupo de empresas oferentes con el logro de un equilibrio idéntico al de los mercados de competencia perfecta.

Sin embargo, aunque existen bastantes mercados con una elevada concentración de la oferta, que es el dato de realidad que el modelo descrito quiere captar ante todo, no parece haber muchos en los que no existan barreras a la entrada y a la salida de empresas. La propia innovación, a la que W. Baumol dedicó tanta atención, constituye una barrera a la entrada. No obstante, en su principal trabajo dedicado al análisis sistemático de ella (The Free Market Innovation Machine, analyzing the growth miracle of capitalism, Princeton University Press, 2002), el autor se defiende de esta objeción, señalando que la innovación actual se caracteriza por su “rutinización”, su conversión en una actividad habitual más de la empresa, lo que afecta tanto a la empresa incumbente como a la nueva empresa entrante en un mercado (en Revista de Economía Aplicada, vol 10, nº 30, pp. 187-200, puede encontrarse la reseña que en su día hice de este libro). La estrategia actual de las grandes empresas de externalizar su innovación a start ups podría quizá favorecer la contestabilidad de los mercados.

Una amplia literatura discutió durante el decenio de 1980 si el mercado de las líneas aéreas reunía las características de perfectamente contestable, dadas sus reducidas barreras a la entrada y salida. La posibilidad de que lo fuera favorecería su liberalización en EE.UU., porque la regulación gubernamental, limitativa de la entrada de nuevas compañías,  constituía de hecho una barrera artificial al funcionamiento del mercado. Hoy  en día, éste es un mercado muy liberalizado, sometido a una feroz competencia que se traduce en niveles reducidos de beneficios para una buena parte de las compañías.

Centrándonos ahora en los estudios sobre innovación, ha de comenzarse situando su análisis en el marco del libre mercado. William Baumol, atribuye el milagro de las economías capitalistas a la competencia generada por el libre mercado, verdadera máquina del crecimiento. Como Marx y Engels, W. J. Baumol cree que el libre mercado genera leyes inexorables que obligan a los que en él actúan. La primera de ellas es la de innovar. Siguiendo a Schumpeter, reclama un papel central para la innovación en el seno del análisis económico. En el estudio  de sus principales facetas, que despliega en el libro ya citado, The Free Market Innovation Machine, repite de tiempo en tiempo, y a modo de lema, su convencimiento, que muchos economistas compartimos, de que la innovación pertenece al corazón del análisis económico, más que a su periferia, a la que a menudo se le relega. Consigue demostrar que, con la innovación como centro, la potencialidad del análisis microeconómico se incrementa y crece la capacidad de comprensión de la dinámica competitiva de los mercados. De esta forma, además cobra fuerza otra de las premisas más importantes del pensamiento de William Baumol, de clara influencia schumpeteriana, a saber,  que la innovación, y no los precios, constituye el centro del análisis microeconómico.

De la mano de la innovación, se llega al estudio del empresario y el emprendimiento, en el que la contribución de Baumol resulta especialmente disruptiva. En su  artículo “Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive (Journal of Political Economy, 1990, vol. 98, nº 5, Parte 1, pp. 893-921), que la editorial del Colegio de Economistas de Madrid incorporó en la traducción española del libro Mercados perfectos y virtud natural (Colegio de Economistas-Celeste Ediciones, 1993),  William Baumol irrumpe en la amplia, y a menudo infructuosa, literatura dedicada al empresariado con un quiebro genial en el planteamiento tradicional de la investigación sobre este tema. Propone dejar de discutir sobre la oferta de empresarios y analizar las razones por las que éstos se asignan a unas u otras actividades, ampliando al mismo tiempo la lista que de ellas ofreciera Schumpeter. En su opinión, la oferta de empresarios viene dada por el conjunto de “personas con ingenio y creatividad para encontrar los cauces que acrecientan su propia riqueza, poder y prestigio”. Así definida, la oferta no es el problema, y por ello puede muy bien considerarse dada. La preocupación de los economistas ha de centrarse en conocer cuáles son los factores que favorecen que la oferta potencial se convierta una oferta real de empresarios productivos, en lugar de improductivos e incluso destructivos. La respuesta reside en el marco de incentivos al emprendimiento y la creación de empresas que la sociedad ofrece. Por ejemplo, la España de la autarquía favoreció más al estraperlista y al contratista del Estado que al empresario innovador y productivo. Para ilustrar su tesis, Baumol repasa todos los múltiples desincentivos que, a lo largo de la historia, han desanimado la innovación y el surgimiento de nuevos empresarios. La principal conclusión que puede extraerse de su análisis es que cuando en una nación o en una región se dice “aquí no hay empresarios”, inmediatamente debe revisarse el marco social y regulatorio que desanima su surgimiento, pues es en éste donde reside el problema.

Podemos concluir resaltando que William Baumol fue un brillante economista orientado al análisis aplicado, algo que él achacaba al ambiente izquierdista en el que se crió. En la entrevista mencionada al comienzo de este artículo señala: “No estoy interesado en la economía como pura abstracción sino en cómo puede ayudar a eliminar la pobreza y a solucionar todos los problemas que vemos y reconocemos. Creo que sin un análisis sistemático basado, a ser posible, en datos, estadísticos, históricos o de otro tipo, podemos acabar haciendo cosas que parecen racionales pero que más tarde lamentamos”. También fue un economista sensible a los principales problemas sociales. Enfrentado con la profunda crisis mundial vivida durante los últimos nueve años, en una reciente entrevista concecida a Antonio Guarino y Maurizio Iacopetta (aquí) señalaba lo siguiente: “Soy muy consciente de todos los grandes problemas que afectan a la sociedad capitalista, la desigualdad, el desempleo, el deterioro medioambiental.  Mi tesis es que el capitalismo es un mecanismo único en realizar una sóla tarea: crear innovaciones, aplicar esas innovaciones y usarlas para crecer”.

Hace tres años, en 2014, le solicité que colaborara en el número 25 de la  revista Mediterráneo Económico dedicado a las reformas necesarias para albergar un nuevo modelo económico para España. Con gran generosidad, nos envió un artículo titulado “Hacia el crecimiento sostenido. Argumentos a favor de una política racional para combatir la recesión” (aquí). En él muestra sus preocupaciones ante la crisis, apostando por las políticas keynesianas para salir de ella, la solidaridad entre los países del centro y la periferia de la UE y las medidas para favorecer el emprendimiento y el empresariado.

ES EL CONOCIMIENTO

La economía española sigue huérfana de productividad. Es una constante del patrón de crecimiento desde hace muchos años. Tiene que ver con la especialización productiva, con el tipo de producciones que se llevan a cabo y, consecuentemente, con la dotación de factores que se emplean, no solo con la cantidad, sino fundamentalmente con la calidad. La intensidad inversora, la cualificación de factor trabajo, la disposición de tecnologías de la información, la calidad de la gestión empresarial, son factores que influyen en el crecimiento de la productividad. También lo hacen otros que no dependen tanto de la empresa, sino del entorno, de las instituciones públicas y privadas, desde los sistemas financieros hasta los tribunales de justicia, pasando por las distintas regulaciones. Aumentos en la productividad posibilitan el fortalecimiento de las ventajas competitivas de las empresas, la superveniencia exitosa en entornos internacionales adversos, y, en definitiva, el incremento en el PIB por habitante.

Una revisión comparada de la calidad de los factores empleados en la economía española frente a otras economías ayudaría a entender esos pobres resultados de nuestra productividad y, en última instancia, la vulnerabilidad de las ventajas competitivas de muchas de nuestras empresas. Una de las razones, pero en modo alguno la única, es la menor importancia relativa de factores intensivos en conocimiento, empezando por el grado de cualificación del factor trabajo, la utilización de TIC o la dotación de activos intangibles. A pesar de la mayor dotación de esos factores, especialmente antes de la crisis de 2007, el peso de que dispone en España el Valor Añadido Bruto (VAB) basado en el conocimiento lo alcanzaron las principales economías de la OCDE hace más de un cuarto de siglo.

Antes de la crisis, ese patrón de crecimiento de la economía española estuvo dominado por la actividad de sectores especializados en producciones poco intensivas en conocimiento y por un elevado endeudamiento privado. Este, lejos de asignarse a la diversificación fue mayoritariamente aplicado en aquellos sectores tradicionales, menos intensivos en conocimiento. La modernización de los mismos, el empleo de factores más cualificados fue muy limitado. La excesiva captación de ahorro exterior, fundamento último de la severidad de la crisis en España, no se empleó para adaptarse a un entorno competitivo global en el que dominaba la intensidad tecnológica, fundamentalmente en las TIC, soporte fundamental de la economía del conocimiento. En realidad, durante la expansión que concluye en 2007 la economía española acentúa la especialización relativa en sectores tradicionalmente alejados de la economía del conocimiento.

En la recuperación tampoco se observa una intensificación de la productividad. A pesar de que al igual que en el periodo de expansión los factores basados en el conocimiento fueron aumentando, lo hicieron en los sectores tradicionales. Esos factores han ido ganando peso intrasectorial,  pero  la producción no se ha orientado hacia sectores más intensivos en el uso de factores más cualificados

Un nuevo trabajo del IVIE (“El valor económico de las actividades basadas en el conocimiento en España y sus regiones”), realizado en esta ocasión por Joaquín Maudos, Eva Benages y Laura Hernández, contribuye a esclarecer esas dotaciones en la economía española y en sus Comunidades Autónomas. No es la primera vez que esa institución se centra en los determinantes de la productividad de la economía española, de su prosperidad, en definitiva. En realidad, ese trabajo es complementario de otros como el dirigido por el profesor Ernest Reig (“La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento”). Una tradición investigadora, la exhibida por esta institución desde su creación hace 27 años, que se ha materializado en la existencia de bases de datos valiosas y publicaciones tan útiles en la formulación de políticas económicas que revelan una elevada productividad de sus investigadores.

En esta ocasión han construido una base de datos que cuantifica el valor de las actividades económicas basadas en el conocimiento en España y sus Comunidades Autónomas, con un elevado grado de desagregación sectorial, que sirva para cuantificar el VAB basado en el conocimiento. Esos factores son: el trabajo cualificado, los activos TIC, activos intangibles, maquinaria y equipo y material de transporte. Se cuantifica la parte de renta que retribuye los servicios que prestan: su contribución al VAB.

Es importante analizar las diferencias en comportamiento económico de las regiones españolas, en especial en su convergencia en términos de PIB por habitante. Esta fue explícita en los años de expansión, pero la crisis frenó esa convergencia y ahora se acentúa la divergencia. Como no podría ser de otra manera, en el trabajo se pone de manifiesto la estrecha relación existente entre la importancia relativa de los activos basados en el conocimiento, las variaciones de la productividad y el PIB por habitante.

La Comunidad Autónoma con mayor peso del VAB basado en el conocimiento es Madrid, seguida del País Vasco y Navarra, que son también las que encabezan los mejores registros de productividad y PIB por habitante. Extremadura es la que dispone de un PIB per cápita menor y también de un peso menor en los activos basados en el conocimiento. Es importante subrayar este último punto: las diferencias que existen entre regiones en el peso de la economía basada en el conocimiento no se deben tanto a diferencias de especialización, sino a la intensidad con que utilizan recursos más cualificados, muy especialmente el del factor trabajo. Este es el factor cuya retribución absorbe la mayor parte de la renta generada y, por ende, la generación del mayor VAB. Las excepciones más destacadas en ese ámbito de la especialización productiva son, por un lado, Madrid, donde los sectores intensivos en conocimiento son más importantes y, por otro, Baleares, donde el dominio de las actividades de hostelería o inmobiliarias condiciona su posición en esa clasificación.

Las orientaciones que se deducen de ese trabajo para la política económica son claras. Para que aumente el PIB por habitante es importante que haya alteraciones en la especialización productiva, que ascienda la importancia de sectores más intensivos en conocimiento, pero también lo es que lo hagan otros aspectos que condicionan el uso eficiente de esos factores basados en el conocimiento. La dimensión de las empresas y la calidad de la gestión empresarial, de la que se ocupó esta columna hace un mes, son igualmente determinantes. La evidencia es amplia a este respecto: dimensiones excesivamente reducidas impiden la incorporación de todos esos factores intensivos en conocimiento y la distancian de capacidades de gestión capaces de diferenciar suficientemente la oferta de las empresas. Es decir, de generar ganancias de productividad, de competitividad y, por tanto, de favorecer el ascenso de la renta por habitante del conjunto de la economía.

Siendo responsabilidad principal de las empresas disponer de la suficiente intensidad en conocimiento, las administraciones públicas también han de procurar el apoyo a las mismas. Han de hacerlo con decisiones de asignación de recursos públicos a una adecuada educación,   a inversión, así como a las actividades de I+D, todas ellas sacrificadas durante la gestión de la crisis. También han de reforzar los mecanismos de supervisión de la competencia y mejorar la calidad de las demás instituciones que condicionan la actividad empresarial, en  mayor medida la de las pequeñas unidades. En ausencia de esa visión más larga, de ambos agentes, la vulnerabilidad de nuestra economía a condiciones globales menos favorables, seguirá siendo elevada.

(Diario El País, 07/05/2017)

Los grados universitarios: ¿especialistas o generalistas?

El otro día fui a ver la magnífica exposición de la Hispanic Society en el Museo del Prado. Dicho sea de paso, la  recomiendo a todos los interesados en nuestra cultura porque ofrece una espléndida panorámica de la historia y el arte españoles. Era un día de Semana Santa, el Museo estaba lleno de nacionales y foráneos, y las aglomeraciones eran numerosas. Quería conseguir una audio guía y me dirigí al mostrador correspondiente, algo desanimada por la larga cola de gente que me precedía. Tras el mostrador varios empleados no daban abasto repartiendo artilugios. Pocos metros más allá había otro mostrador con otros tantos empleados y sin ninguna clientela que atender. La pregunta era evidente: ¿por qué no se dedican esos segundos empleados a echar una mano a sus compañeros y proporcionar audio guías, al menos mientras estén ociosos? La respuesta también lo era: porque no había nadie que quisiera o pudiera tomar la decisión correspondiente.  Es un caso bien conocido por los ingenieros, expertos en operaciones, directores de recursos humanos, empresarios y economistas en general: a mayor especialización, más cuellos de botella; cuanto más versátil es un empleado, más eficiente será a priori puesto que podrá realizar un número mayor de tareas (evidentemente, siempre que hablemos de trabajos que no requieran una cualificación muy sofisticada).

Hay otros ejemplos: las dobles colas de facturación para clase turista y business (hasta cierto punto lógicas, van incluidas en el precio de los billetes de esta última tarifa), las filas en los bancos para pago de recibos y “todo lo demás”, etc, etc. La conclusión sigue siendo la misma. Una especialización excesiva en las tareas es beneficiosa para algunos pero puede ser perjudicial para el conjunto.

Yo estudié hace ya bastantes años la Licenciatura en CC Económicas y Empresariales, título que ahora suena tan rimbombante como anticuado. Cinco años, asignaturas anuales y nada de semestres o cuatrimestres. Cuando, merced a determinados cambios organizativos y en particular a Bolonia (de infausto recuerdo y, en mi modesta opinión, dudosos resultados, sobre los que no me extenderé aquí) pasamos a titulaciones de cuatro años, pensé (junto con otros colegas) que la consecuencia sería una reducción en la calidad de los títulos. En la actualidad se habla del famoso 3+2. Cuando lo escuché por primera vez mi reacción fue pensar que estábamos ante otra disminución en horas de clase y materia enseñada, por lo que íbamos a peor. Ahora…ya no estoy tan segura.

El tema 3+2 o 4+1 es un tema complejo, poliédrico, sensible, y  con numerosas derivaciones sociales y políticas. En estas líneas mi propósito no es tanto debatir la duración sino  la orientación general de los grados, aunque ambos temas estén relacionados. Por otra parte,  sobre todo quiero plantear preguntas y escuchar opiniones, y no tanto aportar respuestas.

Pensar en la situación de la enseñanza superior y el mercado de trabajo en España me suscita esta pregunta: ¿No existe excesiva especialización en los grados que ofrece la universidad española? Es difícil que los jóvenes conozcan cuál va a ser la profesión de sus sueños a edades bastante tempranas, por lo que es dudoso que les beneficie elegir desde el comienzo de sus estudios universitarios carreras muy especializadas. Y esto ocurre en un país en el que, por desgracia (y tal vez debido a nuestra mentalidad y a la rigidez de nuestras instituciones), todavía no nos hemos acostumbrado a que cambiar de profesión varias veces a lo largo de la vida será cada vez más habitual.

La siguiente pregunta es prácticamente inmediata. ¿No sería preferible que los alumnos adquirieran una formación más generalista en el grado, que les aportara un fundamento sólido en materias esenciales y básicas, y que se especializaran más tarde mediante masters u otros cursos? Esta especialización estaría impulsada por sus gustos, sus preferencias y por las necesidades específicas del mercado laboral, que cambian a velocidad de vértigo. Recuerdo un periodista muy prestigioso y competente del Financial Times, que, según me contó, estudió literatura e historia. Casos como este son muy frecuentes en el mundo anglosajón, más orientado hacia la formación más general al principio de los estudios y la especialización posterior.

Mi tercera pregunta también es fácil de intuir. ¿No será más fácil encontrar empleo en un mercado de trabajo como el español que, si bien ha avanzado, continúa adoleciendo de rigideces, con una formación más generalista y polivalente? Todos nos hemos encontrado con alguien que ha cursado titulaciones tan exóticas como Filología Persa, Enología del Vino Blanco de Rueda, Ciencias del Mar Pacífico Sur o Criminología Ecoterrorista (permítanme los lectores exagerar un poco), y pretende tener un empleo esperándole al graduarse. Difícil cuestión, como es evidente. No olvidemos que, según el último informe de la CRUE disponible en su web, en España se ofrecieron 2.773 titulaciones de grado en el curso 2014/15, un 5% más que el curso anterior. ¿No sería más eficiente para la universidad española reducir el número de grados que ofrece?

Y en relación con el rápido cambio tecnológico – se dice que los que nacen hoy trabajarán en profesiones aún no inventadas-  surge mi cuarta pregunta. ¿Estamos en condiciones de preparar a profesionales con los conocimientos y competencias necesarias (ver Figura 1) para, tras la necesaria especialización, desempeñar con éxito trabajos en la industria 4.0 y campos afines (Big Data, Data Analysis, Inteligencia artificial, Internet de las Cosas…)? Probablemente alcanzar este reto – del cual depende, en buena medida, nuestra productividad futura- es mucho más fácil si los alumnos poseen una sólida base en matemáticas, estadística, programación…, adquirida tras realizar un grado generalista y un posgrado ad hoc; si la alternativa pasa porque nuestras universidades convoquen las correspondientes comisiones, mantengan infinidad de reuniones y diseñen y debatan hasta la saciedad el plan de estudios de un supuesto “Grado en Big Data”, que, tras un proceloso y largo camino reciba finalmente la acreditación de la ANECA, mucho me temo que perderemos ese tren, como ya ha ocurrido en otras situaciones análogas.

Figura 1

modern data scientist

Es cierto que incluso las mejores universidades del mundo están inmersas en un proceso de reflexión y transformación para tratar de atisbar hacia dónde ir en un entorno profesional dinámico, cambiante y lleno de incertidumbres, y en el que se premia tanto la especialización como la versatilidad. Harvard, sin ir más lejos, ya no habla de estudios undergraduate sino de concentrations y secondary fields, muchos de ellos interdisciplinarios; nunca pensé que esta universidad señera acuñaría un término tan extravagante para referirse a los programas undergraduate de toda la vida, pero está visto que en todos sitios cuecen habas y el desconcierto es mayúsculo a ambos lados del Atlántico.

Por supuesto que  la universidad tiene un papel importantísimo, mucho más allá de surtir de empleados a las empresas; debe generar y transmitir conocimiento, nada menos,  pero no tiene sentido que sea una inmensa máquina de producir títulos que crían polvo en los altillos de los armarios.

Tal vez sería más conveniente para nuestros jóvenes y nuestro sistema productivo una formación básica más generalista, completada más tarde con la correspondiente especialización. De lo contrario es posible que sigamos con el crónico mismatch del mercado laboral español, con universidades ineficientes que ofrecen multitud de grados (con pocos alumnos en muchos de ellos) y con una juventud frustrada porque no encuentra trabajo “de lo suyo”.

En cualquier caso, tenemos mucho que pensar, debatir y, muy probablemente, reformar en la universidad española si queremos corregir el desajuste entre lo que enseñamos y lo que necesita el sistema  productivo español, de modo que generemos capital humano bien formado, seamos competitivos, reduzcamos el paro y crezcamos con fuerza.

¿Ha muerto la distancia?

Como escribían Keith Head y Thierry Mayer hace algunos años, si uno se pasea por la sección de empresa de una librería se encuentra con títulos como “El Mundo sin fronteras” o “La distancia ha muerto”. Estos libros defienden que las nuevas tecnologías de la comunicación han eliminado las distancias y, ahora, podemos trabajar y comunicarnos desde cualquier parte del mundo.

Sin embargo, algunas tendencias que observamos en nuestras sociedades no casan bien con esta conclusión. Por ejemplo, las ciudades han crecido en población durante los últimos años y las personas están dispuestas a pagar precios muy altos por el alquiler o la compra de una vivienda en algunas ciudades. Asimismo, la introducción de las nuevas tecnologías de la información no ha hecho descender los viajes de negocio.

Estas tendencias se explican si la comunicación cara a cara todavía tiene un efecto muy positivo sobre la productividad. Un trabajo reciente, realizado por Diego Battiston, Jordi Blanes i Vidal y Tom Kirchmaier, utiliza las llamadas a la policía de Manchester para comprobar si realmente la comunicación cara a cara mejora la productividad. Cuando una persona llama a la policía de Manchester, un operador recibe la llamada y abre un parte de incidente en el que describe cuál es el problema. Este parte aparece en la pantalla del coordinador de la policía de la zona en que se ha producido el suceso. El coordinador de zona, tras leer el parte, decide a qué agente o agentes asignar el suceso. La productividad se mide por el tiempo que transcurre entre el momento en que el coordinador de zona recibe el parte y se produce la asignación del agente. Cuanto menor sea el tiempo transcurrido, mayor será la productividad del servicio.

Un elemento interesante de este estudio es que en algunas ocasiones el operador que recibe la llamada y el coordinador de zona están en la misma sala. En esos casos, existe la posibilidad de que el coordinador de zona se acerque al operador para recabar cara a cara una mayor información sobre el incidente. Los autores muestran que cuando el operador de la llamada y el coordinador de zona están en la misma sala el tiempo necesario para asignar un agente es menor; es decir, poder comunicarse cara a cara mejora la productividad.

¿Por qué el poder hablar cara a cara mejora la productividad? Los autores apuntan diferentes motivos. En primer lugar, como todos sabemos, hablar es una forma muy eficiente de comunicarnos. En segundo lugar, el lenguaje no verbal añade información al lenguaje verbal, información que en muchos casos sería difícil de transmitir por escrito. En tercer lugar, al hablar podemos utilizar términos coloquiales que ofrecen mucha información sobre lo que está ocurriendo, que necesitarían de más desarrollo si los tuviésemos que explicar con términos más formales (los autores señalan, además, que no está bien visto utilizar términos coloquiales por escrito). Los autores confirman estas ideas al comprobar que la productividad de la comunicación cara a cara es mayor cuando el incidente es más complejo de explicar, cuando es más urgente, y cuando los coordinadores de zona tienen más carga de trabajo.

Por tanto, si tienen que decir algo importante a su compañero de trabajo, olvídense del correo y del whatsapp, y comuníquenlo cara a cara. Será mucho más eficiente.

Domingos de mayo

El azar lo ha querido: los resultados electorales de los tres próximos domingos de este mes de mayo tendrán una influencia enorme, acaso decisiva, en la suerte de la Unión Europea, por un lado, y de la actual legislatura española, por otro. El 7, el 14 y el 21.

El primero constituye una fecha crucial. La dinámica de la elección presidencial a doble vuelta y la intensidad de toda la larga campaña han hecho de Francia un observatorio privilegiado para medir la fuerza del movimiento populista que capilariza una buena parte del espacio político europeo, cuestionando abiertamente el proyecto de integración europea, cuando no abogando sin tapujos por su desarticulación. Eurofobia, que no es mero escepticismo o desconfianza en las ventajas de la unión —el descreimiento que se trató de combatir al final de los años ochenta con el informe Cecchini, “El coste de la no-Europa”—, y que tampoco se limita, como un decenio antes, a alertar de los riesgos de euroesclerosis por la pérdida de competitividad de las economías maduras del continente; ahora se trata de un rechazo frontal que alimenta actitudes coincidentes en su beligerancia con lo que representa la UE, y tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Los ingredientes de tal aversión son diversos: el resorte identitario frente a una caudalosa inmigración, la merma de bienestar y la pérdida de expectativas causadas por una crisis económica cuya responsabilidad se achaca a la globalización, la inseguridad que provoca el terrorismo en el propio territorio, la indignación ante tantas prácticas corruptas… Pero todos coinciden en la desembocadura: un repliegue nacionalista. Hacia Francia, por eso, dirigimos todas las miradas en este comienzo de mayo, pues la suerte de todos depende de lo que ahí resulte. Sin el Reino Unido, la Unión Europea perderá relevancia, pero sin Francia es sencillamente impensable.

A continuación, siete días más tarde, otra prueba con no poca significación: las elecciones en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, el land más poblado (dieciocho millones) de Alemania. Ahí se calibrarán las probabilidades de que Alternativa para Alemania (AfD), el extremista partido xenófobo y antieuropeista, alcance en septiembre una significativa cuota de representantes en el Bundestag. Hoy no parece que sean altas, pero la mera posibilidad de su entrada en el parlamento federal es inquietante. La integración de Alemania en Europa es el fundamento más sólido de la estabilidad del orden de postguerra y del entero desarrollo del proyecto de unión; si se revirtiera aquella, las consecuencias tendrían una enorme trascendencia.

La tercera cita, en el tercer domingo: las elecciones primarias a la secretaría general del PSOE. En este caso, lo que está en el alero es —repitámoslo— la viabilidad de la legislatura. No llega esa consulta en buen momento, pues mientras sube el PIB baja la moral, erosionada por la oleada de noticias sobre la corrupción, creando un ambiente de opinión que influirá en quienes se acerquen ese día a votar. Y el resultado puede ser determinante: con la victoria de Pedro Sánchez, es un suponer, la moción de censura anunciada —se ha escrito con acierto— dejaría de ser una fantasmada… y tal vez, incluso con los presupuestos generales encarrilados, los españoles tuviésemos que ir a las urnas en pleno verano.

La ley de Engel en EE.UU.: la caída del gasto en alimentación y bebidas en proporción al PIB, 1947-2016

La ley de Engel es una observación empírica, realizada por primera vez en 1857 por el estadístico alemán Ernst Engel, que observó que, con un conjunto dado de gustos y preferencias de los consumidores, si aumentaban la rentas de los hogares, la proporción de la renta gastada en alimentos disminuía. O lo que es los mismo, la elasticidad-renta de la demanda de alimentos es inferior a 1. La ley de Engel no implica que el gasto en alimentos se mantenga sin cambios a medida que aumenta la renta, sino que sugiere que los hogares aumentan sus gastos en alimentos, en proporción, menos de lo que aumentan sus rentas.

La elasticidad-renta de la demanda se define como la variación de la cantidad demandada de un bien o servicio ante una variación en la renta del consumidor, sin que se produzcan cambios en los precios ni en otras variables. O lo que es lo mismo, la elasticidad-renta de la demanda mide el cambio porcentual en la demanda de un bien asociado a un cambio del 1% en la renta del consumidor. En función de la elasticidad-renta de la demanda podemos clasificar los bienes y servicios en normales e inferiores.

Por un lado, los bienes y servicios normales poseen una elasticidad-renta de la demanda positiva, lo que supone que un aumento o disminución de la renta conlleva un aumento o disminución proporcional de la demanda del bien o servicio. A su vez los bienes y servicios normales se clasifican en bienes y servicios de primera necesidad (o necesarios) y de lujo.

En primer lugar, la demanda de los bienes y servicios de primera necesidad, cuya elasticidad-renta es inferior a 1, responde de manera moderada a cambios en la renta del consumidor. Los bienes y servicios de primera necesidad se siguen demandando aunque disminuya la renta del consumidor, es decir, tienen una elasticidad-renta es baja. Esto se debe a que el consumidor adquiere la cantidad que necesita de estos bienes y servicios sin que importe mucho que su renta suba o baje. Ejemplos de estos bienes y servicios de primera necesidad son la alimentación, la ropa, los zapatos, la electricidad y las bebidas, entre otros.

En segundo lugar, los bienes superiores o de lujo, cuya elasticidad-renta es superior a 1, responde de manera más acentuada a cambios en la renta del consumidor, es decir, suelen tener una elevada elasticidad-renta. Ejemplos de estos bienes y servicios superiores o de lujo son  los productos de ocio, los viajes de vacaciones, los restaurantes de lujo, los barcos deportivos, coches y motos de gama alta y las actividades deportivas, artísticas y los espectáculos, entre otros.

Por otro lado, los bienes y servicios  inferiores tienen una elasticidad-renta de la demanda negativa. En este caso, en un bien o servicio inferior un aumento de la renta origina una disminución de la demanda del bien o servicio. O viceversa, los bienes y servicios inferiores son aquellos que cuando disminuye la renta aumenta su demanda. Un ejemplo de bien inferior es la comida rápida o el billete de autobús. En última instancia, si una persona tiene un aumento en la renta, compra menos comida rápida o utiliza menos el autobús.

En el gráfico adjunto presentamos la ratio de los gastos de los hogares de EE.UU. en alimentos y bebidas (en % del PIB) para el periodo 19476-2016.

Esta relación está prácticamente en continuo descenso, con la excepción de los períodos de recesión (señalados con las barras verticales grises) cuando las rentas de los hogares caen más de lo habitual en los ciclos de mayor desempleo o de reducción significativa de las horas trabajadas. ¡La Ley de Engel sigue viva desde 1857!

Indicador de coyuntura: Abril 2017

El Ind-ALdE se ha actualizado para el mes de marzo con los datos publicados hasta febrero de ventas, producción industrial y renta, y hasta marzo de afiliados. El valor que toma el indicador continua oscilando en los niveles en los que se mantiene desde hace tres años por lo que pensamos que la recuperación económica sigue siendo sólida. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en marzo es de 1,1, un poco por debajo del valor que tomó en febrero de 1,6.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE presentan valores dispares. La producción industrial pasa de subir un 7,2% en enero a caer un 1,6% en febrero. Por su parte, las ventas y la renta subieron un 2,1% y un 1,5% en enero pero un 3,1% y un 2,2% en febrero. Finalmente, los afiliados mantienen en marzo el ritmo de crecimiento del 3,4% en febrero y marzo.

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Razones para la autoestima

No ha escogido bien el momento el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para hablar mal de España en la Universidad de Harvard. Mal de su economía —un país alejado de la eficiencia económica y con llamativos signos de atraso— y de su democracia, descalificándola por no cumplir la Carta Europea de los Derechos Humanos y permitir comportamientos coercitivos propios de Estados con muy escasa calidad institucional. Lo hizo en la conferencia que allí pronunció el pasado 27 de marzo. Tal vez tampoco el auditorio fuera el más apropiado —un total de 90 asistentes, principalmente estudiantes—, pero desde luego no ha tenido al calendario como aliado: la semana elegida para dar a conocer el proceso catalán en Estados Unidos ha coincidido con alentadoras nuevas en el plano económico y en el político.

En el primero, la llegada de la primavera está siendo generosa. Según los indicadores ahora anticipados para el primer trimestre del año, la recuperación se mantiene fuerte (con 2017, tres años en torno al 3 por ciento), muy por encima de los valores medios de la eurozona. Se sostiene con holgura igualmente el dinamismo exportador y la inversión en bienes de equipo, con empresas además menos endeudadas. La creación de empleo sigue también siendo muy intensa, acelerándose incluso. Justo en el curso de esa semana última de marzo hemos sabido que por primera vez en una década España cumple el objetivo de déficit público exigido por Bruselas, y se ha firmado un acuerdo entre Hacienda y los sindicatos para hacer la mayor oferta pública de empleo de la democracia. Apretado final de mes que se ha cerrado con la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Presupuestos, donde se dibuja un escenario macroeconómico como mínimo estimulante, y esta vez —no es ocioso señalarlo— avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Nada de ello, ciertamente, trasmite la imagen de una economía renqueante y rezagada en el marco europeo.

A su vez, en el plano político no son pocas las novedades con igual signo positivo. Y tanto por lo que atañe a la proyección exterior de España como por lo que mira adentro. El “Brexit”, al descolgarse el Reino Unido de la mesa de “los grandes”, está ofreciendo a España la posibilidad de una casi inédita interlocución en el seno de la Unión Europea. Así lo visibilizó la presencia de Rajoy en Versalles (6 de marzo), acompañando a los mandatarios de Francia, Alemania e Italia, los países que pueden liderar la renovación del proyecto europeo. O la convocatoria en Madrid (10 de abril) del grupo informal constituido por los países del sur de la UE. Y en nuestro patio interior, junto con el recobrado pulso de la vida parlamentaria durante las últimas semanas y que volverá a exteriorizarse de inmediato en la tramitación presupuestaria, marzo se ha despedido con el anuncio de una nueva e importante prueba de la victoria de la democracia frente al terrorismo: la entrega de armas por parte de ETA (no dejen de leer, si todavía no lo han hecho, la novela de F. Aramburu, “Patria”, cuyo extraordinario éxito, con más de 200.000 ejemplares vendidos, 40.000 de ellos en el País Vasco, expresa que tampoco el discurso o “la narrativa” terrorista va a prevalecer). Buenas señales que emite nuestra democracia, tan ignoradas en aquella aula de Boston.

Reino Unido y la UE: ¿por qué este triste final? por Blanca Sánchez-Robles

Hoy, 29 de marzo, Reino Unido (RU) notificará formalmente a Bruselas su deseo de abandonar la UE en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión. A partir de ahora comienzan dos años de negociaciones, plagados de incertidumbres, problemas y puntos espinosos.

Son innumerables y difíciles las preguntas que se suscitan desde el infausto 23 de junio de 2016, día en el que el 51,89% de votantes en la consulta dijo sí a salir de la UE. ¿Cómo puede perder RU un socio con el que intercambia aproximadamente la mitad de su comercio y flujos financieros? ¿Se ha vuelto proteccionista el país que vio nacer a Adam Smith y David Ricardo, y se convirtió en una potencia mundial gracias al ingente comercio de los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo se han calculado los costes y beneficios de las diferentes alternativas? ¿Cómo se han explicado a los ciudadanos? ¿Se irá Escocia de RU? ¿En qué situación queda la UE?

En este post no deseo elaborar demasiados pronósticos, pero sí proporcionar alguna pista sobre el origen de Brexit. Creo que no se trata de una cuestión trivial: comprender su génesis puede ser muy útil en las negociaciones de la salida, en las que nos va mucho a todos.

En mi opinión, analizar la cuestión desde una perspectiva puramente económica es erróneo. Los británicos no se van de la UE por dinero, aunque es evidente que Brexit acarreará consecuencias financieras indudables sobre RU, la UE y terceros países. Aunque escasean los análisis rigurosos al respecto, parece lógico suponer que la permanencia es más beneficiosa para todos que la salida. RU va a verse perjudicada en el terreno comercial, y también en su capacidad de atraer inversión directa (no sólo financiera) ya que, como mostramos en un artículo reciente (https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-015-0942-y), la evidencia empírica sugiere que comercio e inversión directa con complementarios y no sustitutivos, por lo menos en la UE. Por eso Theresa May quiere empezar a negociar cuanto antes un acuerdo de libre comercio con la UE, a lo que esta se niega mientras no se hable del finiquito y la situación de los ciudadanos comunitarios.

¿Cuál es entonces el origen del problema? Yo lo resumiría en tres puntos: política interna, conflicto de competencias e inmigración. Sobre el primer punto no me extenderé. Simplemente diré que la estrategia arriesgada de Cameron, que funcionó en el caso escocés, falló esta vez. Quiso acallar a las voces discordantes de su partido mediante un referéndum que estaba seguro de ganar, pero cometió un grave error de cálculo.

Los británicos aman profundamente su Parlamento, lo defienden a capa y espada y no soportan que un tercero legisle por encima o al margen de este. Son inmisericordes con los que pretenden obrar de espaldas a Westminster: amargamente lo comprobó Carlos I en el s. XVII, decapitado, entre otras razones, por querer apropiarse de algunas competencias parlamentarias. Tampoco aceptan de buen grado las abundantes disposiciones y normativa que, en su opinión, emanan de Bruselas (aunque también en RU existan numerosas regulaciones, aunque más disimuladas por la vaguedad deliberada del derecho común, disperso en diversas  fuentes y no codificado).

Ha sido la inmigración el tema que, a mi juicio, ha decantado el voto (utilizo el término inmigración, aunque no sea totalmente exacto para referirse a ciudadanos de la UE, por aligerar el lenguaje). Asunto paradójico, porque RU ha recibido gentes de otras tierras desde tiempos inmemoriales. Los inmigrantes se han integrado con normalidad en el país, muchos han progresado, y hoy son numerosos los que ocupan puestos de relevancia en el Parlamento, la Universidad o la City.

Pasemos a épocas más recientes y veamos algunas cifras, aunque deben tomarse con cierta cautela puesto que proceden de estimaciones. La inmigración neta al RU, que fue negativa en el decenio de los 70 (Figura 1), comenzó a alcanzar niveles positivos y ligeramente crecientes en las dos décadas posteriores; aumentó con fuerza durante este siglo, debido, en parte, a la suavización de la política inmigratoria en 1998. A partir de esta fecha se registraron volúmenes de inmigración neta elevados y superiores a las 100.000 personas al año. En 2004, año de la adhesión de los A8[i],  las entradas netas al año crecieron un 81% con respecto a 2003 y, por primera vez, superaron las 200.000 personas.

Tras unos años de estabilidad o incluso descenso, a partir de diciembre de 2012 las entradas netas en RU aumentaron de nuevo y, desde marzo de 2015 hasta junio de 2016, superaron los 300.000 personas/año, muy lejos de la aspiración (y promesa electoral) de Cameron de reducirlos a 100.000. En el año comprendido entre septiembre de 2015 y de 2016 (últimos datos disponibles) cayeron ligeramente, pero el descenso no es estadísticamente significativo. Se ha detectado una reducción en las entradas procedentes de países A8, Africa, América y Oceanía, aunque las de búlgaros y rumanos han seguido creciendo; en todo caso, parece demasiado pronto para conocer el impacto del referéndum en la inmigración.

¿Quiénes son las principales áreas emisoras? La Figura 2 ilustra este punto. Aunque pueda parecer sorprendente, hasta el año pasado más de la mitad de las entradas netas procedían de países no UE. En el año comprendido entre septiembre de 2015 y 2016, las entradas netas fueron 273.000: 165.000 procedentes de la UE, 164.000 de terceros países y 56.000 salidas. Por primera vez en la historia de RU, las entradas procedentes de la UE superaron muy levemente a las de terceros países.

¿Por qué se ha presentado entonces a los británicos la entrada de ciudadanos comunitarios como una gran amenaza? Parte de la respuesta puede estar en la confusión frecuente entre niveles y tasas de crecimiento. Es cierto que, a partir de 2012, la entrada de ciudadanos de la UE (y en particular de la UE 15, como muestra la Figura 3) crece de modo considerable, lo que puede haber confundido a la opinión pública.

En particular, los rumanos y búlgaros son todavía un porcentaje muy pequeño del total. Pero su crecimiento está siendo rápido desde que, el 1 de enero de 2014, se levantaron los controles transitorios (Figura 3), lo que ha generado una considerable alarma social, alentada desde algunos medios de comunicación.

¿Qué impacto ejerce la inmigración sobre el país receptor? Existe todavía un considerable debate al respecto, y la evidencia, por lo menos en el caso de RU, no es tan sólida y abundante como querríamos, de modo que, para aproximarnos a la cuestión, debemos recurrir a los educated guess.

De forma sintética, cabe argumentar que el efecto de la inmigración sobre el país de acogida se realiza por dos vías principales: las finanzas públicas y el mercado de trabajo.

En términos de presupuesto público, los inmigrantes aportan impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y consumen bienes de provisión pública, en especial sanitarios. El efecto conjunto, integrado por dos magnitudes de signo contrario, es muy difícil de cuantificar, pero podemos intuir que, por lo que respecta a los ciudadanos europeos – en edad de trabajar, y que no consumen excesivos servicios sanitarios, a diferencia de algunos ciudadanos de terceros países que sí practican con cierto entusiasmo el turismo sanitario a RU- presumiblemente el efecto será positivo.

En cuanto a los efectos sobre el mercado de trabajo, la inmigración dinamiza y flexibiliza el mercado de trabajo mediante un aumento de la oferta. Normalmente aumentará el número de empleados y se reducirá el salario medio, lo que será positivo para la economía en general pero puede perjudicar a algunos colectivos. Nuevamente, es difícil establecer a priori la magnitud y signo de este efecto.

Es habitual escuchar que la entrada de inmigrantes dificulta que los ciudadanos del país de acogida encuentren empleo. Sí parece haber evidencia que sugiere que, a corto plazo, se puede generar desplazamiento de la población local por inmigrantes en empleos de baja cualificación. Ahora bien, en determinados escenarios (si en el país de acogida las prestaciones sociales son abundantes o si carece de trabajadores cualificados en determinados sectores) y tipos de trabajo (aquellos con condiciones más duras o penosas) los inmigrantes no estarán compitiendo con la población local sino, más bien, ocupando puestos que difícilmente se cubrirían por los trabajadores del país receptor.

Y este es, precisamente, el caso del RU. Según las últimas estadísticas disponibles, en enero de 2017 la tasa de empleo era del 74,6%, la más alta desde el comienzo de la serie en 1971. El paro ha caído en un año del 5,1 al 4,7%. En RU continúan aumentando los ocupados y la población activa y reduciéndose el paro. No parece que la inmigración pueda constituir un problema en un escenario de tales características. Además, la inmigración europea es cualificada y trabajadora; no olvidemos tampoco que el generoso sistema de prestaciones sociales (en proceso de reforma) de RU desincentiva que los británicos elijan determinados empleos.

Es cierto que la inmigración puede acarrear dificultades de integración, tensiones sociales, desorden… pero estos efectos no proceden en RU de ciudadanos de la UE sino, más bien, del mucho más peligroso submundo yihadista. Los inmigrantes de la UE, por tanto, no son el problema (o, por lo menos, su componente principal). En determinados ambientes se han demonizado, cuando ni son los más numerosos, ni los que consumen más sanidad, pero sí ocupan muchos empleos que de otra forma sería difícil cubrir. ¿Qué ocurrirá cuando, a medio plazo, falte en RU personal cualificado para determinadas profesiones y oficios? ¿No sería más sencillo limitar drásticamente el número de visados a terceros países, en lugar de abandonar la UE?

¿Y qué decir del libre comercio? Es evidente que se resentirá, por la aparición de aranceles en las fronteras británicas; no obstante, este es un daño colateral (y tremendo) del Brexit (en el que ya profundizaremos), no su desencadenante.

A todos nos interesa que la salida de RU se haga del modo menos traumático posible. Aunque las relaciones de RU con la UE hayan sido con frecuencia tirantes, somos vecinos y socios comerciales y financieros, compartimos muchos intereses, y RU ha aportado mucho al resto de Europa, desde Shakespeare hasta la máquina de vapor, pasando por la Riqueza de las Naciones. No obstante, si queremos que las negociaciones lleguen a buen puerto, es importante conocer en profundidad las causas del Brexit: en el fondo, un problema de política interior, exacerbado por críticas un tanto exageradas a las intromisiones de Bruselas y a la supuesta invasión de la isla por ciudadanos de la UE.

Blanca Sánchez- Robles (Departamento de Análisis Económico, UNED)

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[i] A8: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Polonia, Lituania y Polonia:países que accedieron a la UE en 2004, junto a Malta y Chipre. Los A8 se suelen agrupar por su menor renta en relación a la media de la UE

 

PRODUCTIVIDAD Y FUNCIÓN EMPRESARIAL

Se ha hecho tópica con razón aquella afirmación que formuló Paul Krugman en su libro “La era de las expectativas limitadas” (1994): “la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida depende casi enteramente de su habilidad para elevar la producción por trabajador”. La hemos vuelto a recordar con ocasión de la reciente presentación del muy recomendable libro de Juan Francisco Jimeno, “Crecimiento y Empleo. Una relación turbulenta e incomprendida”, cuyo propósito central es desmontar las simplificaciones acerca de los factores determinantes de la creación de empleo y, en concreto, la propensión a concretar umbrales del PIB a partir de los cuales el empleo se intensifica. Esa relación, en efecto, no es lineal ni simple, depende de no pocos factores y, siendo importante, va más allá de la estricta organización del mercado de trabajo, de su regulación más o menos disfuncional y de la mejor o peor ejecución de las políticas de empleo.

Asumiendo la complejidad del análisis de ese vínculo entre crecimiento económico y empleo lo que queda evidenciada es la relación positiva a largo plazo entre el crecimiento del empleo y la productividad; más concretamente, la productividad total de los factores (PTF, las mejoras que tiene lugar más allá de la eficiencia de cada uno de los factores de producción), de la que hemos hablado en esta columna en diversas ocasiones. Lo hemos hecho tras verificar que de forma continua, desde luego desde mediada la década de los noventa, la PTF española apenas crecía.

En esta juegan un papel importante aspectos externos como la calidad de las políticas y de las instituciones, privadas y públicas, con las que las empresas interactúan, incluidas, desde luego, las relativas al mercado de trabajo. Pero no menos relevantes son aquellos otros que permiten una asignación eficiente de los recursos, una continua adaptación competitiva de las empresas, que son en última instancia las que de forma agregada determinan esas mejoras de eficiencia. Y en este punto, la organización de las empresas en su acepción más amplia, es esencial: su capacidad innovadora no solo en la generación de nuevos productos o servicios, sino en la mejora de los procesos. En la adecuación de las organizaciones, la calidad de la función empresarial, de la gestión y, desde luego, la dimensión de las empresas son aspectos esenciales.

Las circunstancias que presiden la creación de empresas, los incentivos u obstáculos que existen para que buenos talentos decidan emprender, las formas de crecimiento de las empresas, las probabilidades de supervivencia que tienen, son aspectos que han cobrado una importancia creciente en la explicación de los registros de productividad de las economías. Las “cajas negras”, no siempre atendidas en la modelización macroeconómica, han pasado a recabar una atención cada día mayor en las investigaciones aplicadas. También, y de forma bastante meritoria en nuestro país. Y es que los resultados agregados en este campo son los que explican las posibilidades de aumentar el bienestar conjunto de la economía, el aumento sostenido del PIB por habitante.

Esa evidencia pone de manifiesto, en primer lugar, que las facilidades en España para la creación de empresas no son precisamente las mejores. Las posiciones de nuestro país en el conocido indicador “Doing Business” del Banco Mundial siguen situándose por debajo de la posición 30º, con trámites y plazos de constitución superiores al promedio de las economías avanzadas. A las dificultades en el nacimiento se añade la dimensión reducida con que nacen, muy inferior al de otros países: en realidad, muchas empresas nacen sin trabajadores, y son estas las que registran una menor tasa de supervivencia. En esas dificultades de partida influyen aspectos regulatorios, en el mercado de trabajo o en la legislación concursal, pero también de naturaleza financiera, de un sistema poco orientado a la financiación de proyectos con riesgo diferencial o, simplemente, a la asignación de financiación a empresas poco productivas.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, de las 3.236.800 empresas que existían en España en enero de 2016 (último dato disponible), solo el 15,8% de las activas tenía una edad igual o superior a 20 años, mientras que el 20,1% tenían menos de dos años. Con datos a esa misma fecha, más de 1,79 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta cifra supuso el 55,3% del total. Además, otras 895.574 (el 27,7% del total) tenían uno o dos empleados. Es decir, el 83% de las empresas españolas ocupaban a dos o menos asalariados; solo el 4% tenían más de 20 trabajadores. Son cifras que contrastan con el promedio europeo, pero especialmente con las economías más competitivas. No son necesarios más datos para asumir que esa dimensión media o la baja tasa de supervivencia de las empresas no favorecen el aumento de la productividad: no facilitan la incorporación de capital humano, físico o tecnológico suficiente y de calidad. Ayudan a entender, en suma, la baja propensión innovadora de la mayoría de las empresas españolas, su reducida inversión en intangibles, en I+D en particular, muy inferior al promedio de la OCDE. En consecuencia, las posibilidades de generar ganancias de productividad, de mejorar su capacidad competitiva, son inicialmente menores que las disponibles para la mayoría de las empresas de las economías de nuestro entorno. Y ello se percibe en ese otro aspecto relevante que es la calidad de la propia función empresarial, difícil de cuantificar, pero altamente correlacionada con la PTF.

Son muy escasas las aproximaciones empíricas a este ámbito en nuestro país. Las realizadas por los profesores de Economía de la Empresa Emilio Huerta y Vicente Salas son de las más destacadas. De sus trabajos comparados sobre dimensión empresarial y productividad se deduce que la calidad de la gestión empresarial (el uso de técnicas adecuadas para organizar el trabajo, coordinar y motivar a las personas en la organización) explica también la distribución por tamaños de las empresas. Junto a ella, o dentro del mismo concepto de calidad de la función empresarial, la capacidad para fortalecer la confianza entre los principales actores de la empresa, disponen de mayor influencia en las diferencias de tamaños medios empresariales que las existentes en el funcionamiento de los mercados de productos y factores. Son conclusiones similares a las destacadas recientemente por el Presidente del BCE (“Moving to the Frontier: Promoting the Diffusion of Innovation”) subrayando como la difusión tecnológica, no solo la propia generación de innovación, requiere de calidad de la gestión empresarial, capaz de propiciar adaptaciones organizativas que absorban nuevas tecnologías, nuevas técnicas de gobernar las empresas, en definitiva.

Estas referencias a los aspectos más directamente vinculados al interior de la“caja negra” no significa que los relativos al entorno, a la reducción de barreras limitativas de la competencia, a la calidad de las instituciones y las políticas, incluida la educación y la inversión pública en I+D,o la adecuada asignación de financiación, sean poco importantes. Su eficacia, en todo caso, sería mucho mayor si la composición del censo empresarial y la calidad de los que dirigen la amplia mayoría de las empresas, fueran más adecuadas. Ejemplos no faltan, dentro y fuera de nuestro país, para descartar que se trate de limitaciones imposibles de superar.

(Diario El País, 26/03/2017)

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