¿Puede la inmigración revertir el cambio demográfico?

Por Carmen Ródenas Calatayud, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante.

El origen de esta entrada en el Blog de ALDE es la sugerencia que meses atrás me hicieron los directores de las XXXIII Jornadas de Alicante de Economía Española, para presentar este tema en una de las sesiones del pasado mes de noviembre, así como el amable ofrecimiento de la profesora María Asunción Prats para difundir aquí las principales ideas.

No es una cuestión nueva. Demógrafos y economistas llevan haciéndose esta pregunta desde que el envejecimiento de las poblaciones en los países desarrollados -a finales del siglo pasado- comienza a ser una preocupación para sostener la estructura financiera de los sistemas públicos de pensiones. Y, siendo sincera, lo cierto es que un título como este no se merecería una entrada de blog sino, al menos, un libro entero.

Pensando que, en realidad, lo interesante no era si en España la inmigración podía revertir el cambio demográfico, sino si era posible confiar en la inmigración como el recurso demográfico que sostuviera en el futuro el esquema de pensiones, hice una serie de sencillos ejercicios de contabilidad demográfica a partir de las estimaciones de la población futura disponibles. En concreto, utilicé las últimas proyecciones de población 2018-2068 del INE, las del periodo 2016-2070 del EUROSTAT, las de Naciones Unidas para 2015-2100 y las recientes previsiones de población 2017-2050 de la AIReF.

Como cada una de estas estimaciones utiliza supuestos e hipótesis distintas acerca del comportamiento de los tres componentes demográficos (natalidad, mortalidad y migraciones), los resultados en términos de población total y de su estructura por sexo, edad y lugar de nacimiento, varían. En lo que interesa para esta entrada, en todas las estimaciones se eleva significativamente la ratio de dependencia cuasi-laboral, esto es, la relación entre la población en edad de jubilación –mayores de 65 años- y la población en edad de trabajar –adultos entre 16 y 65 años de edad-. Por ejemplo, desde 2018 y con el horizonte en el año 2050, las estimaciones del INE establecen que la población de 65 y más pasará de suponer el 18,1% del total al 30,9%. De este modo, la relación de dependencia se dobla hasta 55,7 desde una ratio de 27,5 potenciales jubilados por cada 100 personas potencialmente ocupadas, como se muestra en el gráfico:

Todo lo demás constante ¿qué habría que hacer al menos para mantener estable la actual ratio de dependencia? Pues atraer inmigrantes.

Sí. Pero, ¿cuántos?

Las grandes cifras son muy elevadas. Para que se mantuvieran en 2050 los parámetros actuales de dependencia cuasi-laboral, los inmigrantes deberían alcanzar un peso en torno a un 43-47% de la población y a un 63% de la población en edad laboral. En ninguna de las estimaciones de población manejadas la cantidad necesaria de inmigrantes para que en 2050 no se mueva la relación de dependencia actual, baja de 34 millones de personas (gráficamente, la cantidad quedaría reflejada por los colores más intensos –inmigración proyectada por el INE- y las flechas –inmigración adicional estimada- que ensanchan la pirámide de población entre 15-64 años, en 2050).

Sin embargo, estas considerables magnitudes no deben sorprender. Por lo general, hacer descansar en la inmigración la reversión de los ciclos demográficos implica una gran cantidad de entradas netas de personas procedentes del extranjero. Ya en la década de los ochenta Lesthaeghe et al. (1988) obtenían que solo para mantener el mismo volumen de población en la UE-12 en el año 2050 sería necesario aceptar unas entradas netas anuales de casi un millón de inmigrantes, de forma que se acabaría por tener un tercio de la población residente de origen extranjero o descendiente de extranjeros. Otro ejemplo, son las proyecciones que realizó Naciones Unidas en 2001 en las que para mantener constante la ratio de dependencia en 2050 se requería la entrada de un total de 89,6 millones de personas en Francia, 181,5 millones en Alemania o 113,4 millones en Italia, lo que suponía sostener en 2050 un mínimo del 48%, 60,7% y 58,6% de extranjeros en las respectivas poblaciones.

A estas alturas a nadie se le escapa que la respuesta a la pregunta inicial es, claramente, negativa. Desde luego, no podemos asegurarlo por la extrema variabilidad del fenómeno, como muestran los vaivenes de la historia migratoria reciente de nuestro país. Pero, además, para que la inmigración invirtiera las actuales tendencias demográficas habría que controlar su volumen, sus características y, también, la permanencia de los flujos. Lo que plantea, evidentemente, otro problema: el improbable apoyo social con el que contarían las medidas de corte estrictamente demográfico para reequilibrar la balanza poblacional. Y más todavía en contextos de desempleo elevado, como el actual.

Si la inmigración es objeto de análisis en el marco de la preocupación por el envejecimiento, el crecimiento de la ratio de dependencia y el sostenimiento del sistema público de pensiones, es oportuno señalar qué parte de la responsabilidad le corresponde en la identidad del gasto en pensiones (IMF, 2017):

Puede apreciarse que para mejorar la ratio del gasto en pensiones en relación al PIB no hace falta recurrir exclusivamente a la inmigración (que, en las condiciones adecuadas, reduciría coyunturalmente el peso del componente demográfico). A la vista de la identidad, debe recordarse que el equilibrio demográfico no es la única solución, ni siquiera la fundamental para la preservación del equilibrio del sistema de pensiones. La buena noticia, por tanto, es que no dependemos exclusivamente de los inmigrantes, ni de la natalidad, sino que bien podría decirse aquello de que “no es la demografía, es la regulación y la economía, estúpido”.

 

Referencias:

IMF (2017). Spain. Selected Issues. IMF Country Report No. 17/320.

Lesthaeghe, R., H.Page and J. Surkyn (1988). Are Immigrants substitutes for births? IPD Working Paper 1988-3.

UNPD (2001). Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations? United Nations Population Division. New York.

Las empresas más grandes del mundo (1980-2018) y de EE.UU. (1960-2018) por capitalización del mercado bursátil

En esta entrada del Blog presentamos las 10 empresas más grandes del mundo (1980-2018) y de EE.UU. (1960-2018) por capitalización del mercado bursátil.

En el primer gráfico se muestra el ranking a nivel mundial. Podemos destacar cuatro cuestiones:

1) En la década de 1990 el 90% de la lista eran compañías de Japón. En la actualidad no aparece ninguna.

2) En 2018 las compañías de China ya representan el 20% de la lista.

3) La petrolera norteamericana Exxon es la única compañía en el top 10 mundial en todas las décadas.

4) Caída importante de los bancos.

En el segundo gráfico se muestra el ranking de las empresas de EE.UU. Podemos destacar dos cuestiones:

1) En la década de 1970 Kodak se situaba en el puesto 4 del ranking mientras Sears ocupaba el puesto 6. De ahí se encaminaron a la bancarrota.

2) En 2018 las empresas tecnológicas dominan la lista y los 4 primeros puestos.

No hay Brexit bueno

(Artículo publicado en Valencia Plaza el pasado día 2 de diciembre.)

 Es una lástima que la historia del Reino Unido en la UE termine así, por una estupidez

 

Los pasados días 29 y 30 de noviembre tuvimos la ocasión de reunir a un grupo de unos 40 investigadores de distintos países en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia en un seminario sobre integración económica que realizamos anualmente. Profesores de las Universidades de Valencia y Jaume I de Castellón formamos hace más de 15 años este foro de debate en el que presentamos y discutimos los resultados que vamos obteniendo junto con otros expertos en economía y finanzas internacionales.

 

En esta ocasión hemos contado con una mesa redonda sobre el Brexit y, por tanto, sobre un proceso de desintegración. Los integrantes de la mesa redonda fueron el profesor Robert Hine(College of Europe y Universidad de Nottingham), la profesora Concepción Latorre(Universidad Complutense) y el investigador de CaixaBank Oriol Carreras. Francisco Requena la moderó. Sus visiones proporcionaron una imagen muy profunda de la situación actual y de lo que cabe esperar, desde un punto de vista económico pero también político, del Brexit.

 

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Lo primero que dejó claro Robert Hine fue que las incertidumbres aún no están resueltas. Aunque ya haya sido aprobado por el Consejo Europeo el acuerdo presentado por los negociadores, como sabemos, aún debe aprobarse por parte del Parlamento Británico para que pueda hablarse de que todo esté cerrado. Actualmente Theresa May no dispone de los votos necesarios, en parte por la situación de Irlanda del Norte, a la que el acuerdo dejaría en un régimen distinto del resto del Reino Unido. Lo que ha pactado May no acaba de contentar a nadie: ni a los conservadores, que reclaman libre comercio con todo el mundo (una situación en exceso extrema); ni con las asociaciones de comerciantes, que lo que quieren evitar es una salida sin acuerdo; ni a los norirlandeses; ni a los partidarios de quedarse. Además, ella prometió que no volverían al mercado interior, por lo que esto es también una importante restricción a lo que puede hacer. Un segundo referéndum tampoco parece viable, no sólo por cuestión temporal, sino porque supondría una crisis política, ya que probablemente el resultado sería el contrario al Brexit, pero también por un estrecho margen.

 

Según Robert Hine, teniendo en cuenta que los británicos tenían, con el Brexit varios objetivos irrenunciables (reducir o eliminar su contribución al presupuesto europeo, limitar la circulación de trabajadores, poder negociar independientemente sus acuerdos comerciales y no depender del Tribunal de Justicia de la UE), las dos opciones más sensatas serían o bien el régimen de Noruega o bien un área de libre cambio sin más.

 

Por otro lado (y esto es muy relevante a la hora de decidir la forma de la relación futura con la UE), el principal problema al que se enfrentarán el día después, como afirmaron tanto Oriol Carreras como Concepción Latorre, son las barreras no arancelarias. Dichas barreras son mucho más complejas de gestionar que los aranceles, hoy en día insignificantes. Una barrera no arancelaria es una restricción al comercio debido a la existencia de diferencias técnicas en las especificaciones de los productos. Su eliminación, casi completa en la actualidad, ha sido posible gracias a la creación del mercado interior en la UE. Para que los productos puedan venderse en toda el área y que el comercio funcione, durante largos años se han pactado normas comunes. Lo más importante es que estas normas han afectado tanto al comercio de bienes como al de servicios. Y es éste último donde más se concentra la ventaja de Gran Bretaña en el comercio y su principal mercado (el 50% del total) está en la UE. En el resto del mundo persisten las diferencias técnicas o sanitarias en los productos y, si el Reino Unido renuncia a la unión aduanera con los 27 y a la intermediación del Tribunal de Justicia cuando surgen discrepancias en temas como este, se verá perjudicado gravemente. Aunque intente pactar acuerdos con otros países o áreas, las diferencias en normas técnicas hará que sea difícil penetrar otros mercados de la forma en que comercia con la UE.

 

Por lo que se refiere a los efectos económicos del Brexit, Oriol Carreras distinguió entre el corto y largo plazo, señalando que, si bien a corto plazo los efectos no han sido tan graves como se esperaba, la mayor parte de los analistas predicen caídas del PIB británico de alrededor de un 5%. Desde el punto de vista político, es probable que se tenga que llegar a una segunda votación en el parlamento británico, por lo que la incertidumbre se prolongaría pero, según su análisis, se producirá el Brexit con un acuerdo final con la UE.

 

Además de los efectos sobre el PIB antes mencionados, Concepción Latorre realizó una revisión de los resultados obtenidos en los diferentes trabajos que se han hecho hasta la fecha sobre el Brexit, incluyendo algunos en los que ha participado ella misma. Coincide en la incidencia del Brexit sobre el comercio de servicios, clave para el Reino Unido, así como en la caída de la productividad, al perder el acceso a un mercado cercano y grande como el europeo, que permitía aprovechar economías de escala y bajar costes. También tendrá efectos negativos las restricciones a la inmigración (aproximadamente un 2.5% del PIB), y afectará en menor medida, a los ciudadanos del resto de la UE que trabajan en Gran Bretaña. Es poco probable que haya deportaciones, pero se limitará de forma importante la entrada futura de trabajadores. También se reducirá la inversión extranjera directa, con nuevas pérdidas en términos de crecimiento para los británicos. En resumen, la pérdida rondaría el 5% del PIB, algo menos si la salida es suave y si se mantiene un vínculo importante con la UE, especialmente si fuera en forma de unión aduanera.

 

Resumiéndolo en una frase, dos de ellos citaron al antiguo director general de la Organización Mundial de Comercio, el francés Pascal Lamy. Según Lamy, el Brexit es una idea estúpida o, como diría en otra intervención, llevarlo a cabo sería tan difícil como querer quitar un huevo de una tortilla. En efecto, es muy complicado salir de un acuerdo en el que un país se ha integrado progresivamente durante más de 40 años y que ha llevado a cambios importantes y beneficiosos en su forma de comerciar y producir. Es una lástima que la historia del Reino Unido en la UE termine así, por una estupidez.

 

 

La incertidumbre sobre el Brexit

(En esta entrada y en otra consecutiva recojo dos artículos que he publicado en Valencia Plaza el 18 de noviembre y el 2 de diciembre pasados, actualizados ligeramente. En el primero se habla de las negociaciones y del calendario, mientras que en el segundo se resume una mesa redonda que el grupo INTECO organizó sobre el tema).

Todos los europeos estaremos un poco peor si el Brexit finalmente se produce

 Cuando el 23 de junio de 2016 el referéndum británico dio como resultado el Brexit, aunque con una mayoría bastante escuálida, muchos reaccionamos con incredulidad. Sin embargo, con el tiempo, nos hemos acostumbrado a la idea de que la salida de Gran Bretaña se va a producir a corto plazo. Recordemos que el proceso se activó cuando el 29 de marzo de 2017 Theresa May invocó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, solicitando la salida de la Unión Europea. El plazo, a contar desde ese día, es de dos años, por lo que dentro de algo más de cuatro meses se produciría dicha salida. No obstante, si el Reino Unido y los otros 27 países (por unanimidad) se ponen de acuerdo, sería posible extender el citado período. Por el momento no parece que vaya a ser el caso.

 

A mediados de noviembre se anunció el acuerdo técnico entre los negociadores. Pero restan dudas sobre si dicho acuerdo va a ser aceptado por el parlamento, donde debe ser aprobado (en ambas cámaras). A fecha de hoy, tanto el gobierno británico como el partido Laborista mantienen que el Brexit se va a producir. Sin embargo, el partido Liberal Demócrata está en contra y también existe un importante movimiento ciudadano que se ha manifestado en diversas ocasiones a favor de permanecer en la UE, la última el pasado octubre. No obstante, aunque desde hace año y medio los partidarios de quedarse llevan una ligera ventaja en las encuestas, como muestra el gráfico 1, siguen sin suponer una mayoría clara en ninguno de los sentidos. Por tanto, incluso si llegara a realizarse un nuevo referéndum, la permanencia no estaría asegurada. Eso sí, un 75% de los británicos pensaba que su gobierno no estaba negociando bien y alrededor de un 60% cree que se va a llegar a un mal acuerdo.

 

La Comisión Europea negocia siguiendo las indicaciones que en su día le diera el Consejo en nombre de los 27, encabezada por Michel Barnier. Según lo que se ha pactado provisionalmente en el borrador de esta pasada semana, Gran Bretaña habría aceptado formar un Área de Libre Cambio (ALC o FTA en inglés) con la UE, al tiempo que se eliminaría la frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Ello permite la libre circulación de mercancías y servicios entre las dos áreas, al tiempo que el Reino Unido podrá negociar acuerdos comerciales con otros países. Se ha pactado la compensación que debe pagar el Reino Unido a la UE y el régimen de los ciudadanos europeos que viven en Gran Bretaña. Se mantiene la aplicación de las reglas comunitarias en el ámbito social, medioambiental, ayudas públicas, competencia y fiscalidad.También han acordado un período transitorio de 21 meses. Eso quiere decir que lo pactado no se aplicaría definitivamente hasta 2021 y que se da un margen para que las empresas y, todos en general, se preparen para la implementación del acuerdo. Durante ese período transitorio el Reino Unido podrá ir firmando acuerdos con terceros países, que sólo entrarían en vigor en enero de 2021. Sin embargo, sólo se produciría dicho período transitorio si se llega a un acuerdo sobre el Brexit.

 

Uno de los principales obstáculos durante las negociaciones ha sido la propia división en el gabinete de Theresa May sobre el Brexit, lo que ha situado al país en desventaja y ha provocado un cierto ridículo frente a la postura unida de los 27. En julio pasado Theresa May y su gabinete se reunieron en Chequers, la residencia oficial (en el campo) del primer ministro, con el objetivo de definir una postura común. Dicha postura fue conocida como el Plan Chequers e incluía las propuestas que se discutirían en septiembre con la UE. Ese acuerdo le salió caro a May, pues provocó la dimisión de dos de sus ministros: Boris Johnson (exteriores) y David Davis (Brexit). Además, cuando el plan fue presentado a los negociadores del continente, estos lo rechazaron de plano, al considerar dichas condiciones inaceptables.

 

Con el borrador de acuerdo recién logrado entre la UE y Gran Bretaña se abre una nueva fase en el proceso. ¿Cuál es el calendario de ahora en adelante? Como puede verse en el esquema, el primer obstáculo, la aprobación dentro de su gabinete, se resolvió el 14 de noviembre (aunque nuevamente con dimisiones de ministros y secretarios de estado, entre ellos los del Brexit). Al día siguiente, Michel Barnier entregó el borrador del acuerdo (de 585 páginas) a Donald Tusk, que convocó un Consejo Europeo extraordinario el 25 de noviembre, donde ya ha sido aprobado. El próximo martes 11 de diciembre se votará en el Parlamento Británico. Si el voto es positivo, el borrador se convertirá en un Tratado por el que el Reino Unido abandona la UE. Dicho tratado deberá aprobarse, además de en el propio Parlamento Británico, en el Parlamento Europeo (donde se requiere mayoría simple) y el Consejo de la UE, donde al menos 20 países que supongan más del 65% de la población de la UE deberán dar el voto positivo. En ese caso, el 29 de marzo los británicos saldrían de la UE y comenzaría el período transitorio hasta diciembre de 2020. Sin embargo, si el Parlamento Británico no aprueba el borrador el gobierno tendría 21 días para proponer un nuevo plan. También sería necesario proponerlo si vota en contra del Tratado de salida. Habría cuatro opciones potenciales: 1) salir sin acuerdo; 2) volver a negociar; 3) elecciones generales; o 4) referéndum. También es posible que, durante el proceso, se active una moción de censura contra Theresa May, lo que abriría un proceso electoral y, probablemente, una petición de aplazamiento.

 

Aún no sabemos cuál va a ser el resultado, aunque la incertidumbre sobre el mismo ya es en sí un coste añadido. Lo que sí que podemos deducir de todos estos acontecimientos es que todos los europeos estaremos un poco peor (especialmente los británicos) si el Brexit finalmente se produce.

 

 

Gráfico 1: Encuesta de septiembre de 2018 sobre el Brexit (BBC)

 

Cuadro 1: Calendario hacia el Brexitimage.png

 

Cuadro 1: Calendario hacia el Brexit

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Brexit: Antecedentes, consecuencias y paradojas (i)

“Es un día absolutamente hermoso. El lago es muy azul, las colinas parecen una postal, y las únicas manchas en el paisaje son las preferencias británicas sobre las que paso la mayor parte de la noche soñando…un gran número del gabinete británico no derramarían lágrimas si la negociación se rompiera por completo”

Seguramente al leer estas palabras, pensemos que las ha expresado algún burócrata de Bruselas durante las negociaciones del Brexit. En cambio se atribuyen al negociador estadounidense en las negociaciones del GATT el el 30 septiembre de 1947.

A principios de año publiqué este artículo sobre los antecedentes del  Brexit y las posibles consecuencias para España. En una serie de entradas voy a resumir los argumentos que se exponían y actualizarlos al paso de de actualidad. Empecemos por los antecedentes.

Podríamos acotar el primer antecedentes del Brexit en uno de los hitos en que conformarían la economía de finales del siglo XX y principios del XX: La firma del GATT (hoy OMC)  como recordábamos en este post. El GATT impuso la política de la “nación más favorecida” (NMF). A partir de entonces cualquier privilegio concedido a un país tendría que ser concedido inmediata e incondicionalmente a todas las partes contratantes del GATT. El principio de la NMF  ha resultado fundamental en el impulso del comercio internacional.

En su último libro, Straight talk on trade, el economista Dani Rodrik, defiende que concepto de la NMF es uno de los pocas políticas económicas que han cambiado (para mejor) la estructura económica de los países (junto con el impuesto a la renta, las pensiones, el seguro de depósitos bancarios, los requisitos laborales para los beneficiarios de la asistencia social, las transferencias condicionales, la independencia del banco central y comercio de cuotas de contaminación).

Sin embargo, las crónicas del proceso negociador del GATT (ver este post) revelan como el concepto de NMF, que acabó favoreciendo a todos lo miembros e impulsando en comercio más “justo”, creó una brecha entre los dos principales negociadores británicos y estadounidenses. Precisamente por la posición del Reino Unido en contra del principio de la “nación más favorecida” (NMF), que defendían los estadounidenses, que acabarían imponiéndose.

Si las negociaciones sobre la salida del Reino Unido nos parecen arduas, las del GATT no fueron menos. Según la nota de prensa de las Naciones Unidas 1947 las negociaciones para llegar al acuerdo fue intensa y rápida (sobre todo si la comparamos con los plazos actuales para la firma de acuerdos de integración o desintegación como el Brexit): “La conclusión de tantas negociaciones simultáneas y de tan amplio alcance en poco más de seis meses es en sí toda una proeza”.

Los negociadores de Estados Unidos, y del Reino Unido, mantenían un profundo desacuerdo sobre el nivel de ambición que debían alcanzar las negociaciones del GATT. De hecho, según las crónicas sobre como se fraguó el acuerdo (disponibles aquí) señalan que los americanos amenazaron con abandonar las negociaciones.

¿Qué pasó, entonces? ¿Cómo lograron superar esas profundas diferencias? Tres hechos: primero unas pequeñas concesiones a los británicos que se superaron años más tarde. Segundo, el Plan Marshall por el que los EEUU se comprometían a ayudar en la reconstrucción de Europa. Y por último: el temor a que URSS se beneficiara de la división entre socios.

Los argumentos del RU en su oposición al NFM hace 70 años resuenan hoy en las posturas del los defensores del Brexit: la pérdida discrecional para imponer un arancel como protección a la industria doméstica. Pero en cambio, las soluciones también: concesiones, programas de gasto y pragmatismo.

Si el primer antecedente del Brexit es su tradicional oposición a la integración económica, el segundo lo podríamos cercar en su desconfianza particular en torno a la Unión Europea, con un un punto de inflexión el 16 septiembre de 1992. En ese  “miércoles negro” el Reino Unido abandonó el recientemente creado Sistema Monetario Europeo. Tras la reunificación alemana, Bundesbank aumentando los tipos de interés cerca del 10%, muy por encima de los tipos de interés oficiales del Banco de Inglaterra por lo que la libra acabó depreciándose un 10% con respecto al marco. La factura estimada se cifra entre 4.000 y 6.000 millones de euros para las cuentas de los bancos centrales, frustrando cualquier intento de una mayor integración financiera del Reino Unido con Europa.

Estos episodios históricos contribuyen a entender las causas económicas del escepticismo británico respecto a la Unión Europea. Pero como no todo es historia económica, desde la ciencia política se apuntan otros factores decisivos: un análisis coste-beneficio, el nacionalismo y la información suministrada a los electores (ver este enlace).   Por ejemplo, hay encuestas (por ejemplo esta) que señalan una mayor proporción de apoyo al Brexit entre los votantes que han experimentado una competencia directa de empresas o productos chinos.  Es decir, el que el Brexit se enmarcaría la ola de reacciones paradójicas a la globalización, de la que hablaremos en la siguiente entrada.

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2017, y proyecciones 2018-2020

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas fiscales de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2017 y algunas proyecciones para el periodo 2018-2020. Con más detalle, se ha añadido la cifra provisional del año 2017 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan proyecciones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo, PDE), proyecciones presentadas el pasado 9 de noviembre por la Comisión Europea para el periodo 2018-2020.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 que avanza a un ritmo excesivamente lento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

En el primer gráfico (hacer clic para verlo mas grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública o gastos públicos primarios. En primer lugar, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009, y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos en los años posteriores a 2008. En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos realizados, los gastos totales y los gastos sin intereses de la deuda pública se situaron a finales de 2017 en el 41% y el 38,8% del PIB, respectivamente. Por último, los ingresos públicos suben 0,2 puntos porcentuales respecto a 2016 y se sitúan a niveles del año 1994 (38,2% del PIB), lejos todavía del máximo de recaudación alcanzado en 2007 (41,2% del PIB), último año del periodo de expansión económica registrado en la economía española (1995-2007).

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto primario (excluido los pagos de intereses de la deuda pública) del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2009-2017 el ahorro público primario ha registrado una importante mejora (4,6 puntos porcentuales en % del PIB) hasta situarse en cifras positivas (+1,7 puntos porcentuales en % del PIB), mientras que el ahorro público total se ha reducido solamente 3,7 puntos porcentuales en % del PIB por el fuerte aumento de los pagos de los intereses de la deuda pública acumulada en la crisis. El ahorro público total se sitúa todavía en 2017 en niveles negativos (0,9 puntos porcentuales en % del PIB) que incumplen todavía la “regla de oro” de la política fiscal (emitir deuda pública solamente para financiar la inversión pública y suponiendo que el componente del ajuste déficit-deuda sea nulo).

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta entonces del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord: un -9,4% de déficit público primario y un -11,1% de déficit público total en estos 53 últimos años de historia de la hacienda pública española. El proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se frenó significativamente en 2012, aunque se ha vuelto ha encauzar en los años 2013 a 2017. Con más detalle, el déficit público total se ha reducido desde 2012 en 6,5 puntos porcentuales del PIB, hasta alcanzar el 3,1% del PIB, mientras que el déficit público primario se ha reducido en 6,7 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse en el 0,5% del PIB.

No obstante, el déficit público total actual (-3,1% del PIB) todavía por encima del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro. El problema fiscal refleja todavía tanto la insuficiente caída del gasto público, como la baja recaudación impositiva.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2017 el stock de deuda pública según la metodología del PDE sigue estabilizado alrededor del 100% como en los años 2014, 2015 y 2016, sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para el periodo 2018-2020 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE. Las previsiones de la Comisión Europea aparecen en el informe European Economic Forecast, Autumn 2018, publicado este mes de noviembre.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total (gráfico 5) de la Comisión Europea indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2018-2020 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2018, 2019 y 2020 el 2,7%, el 2,1%% y el 1,9% del PIB, respectivamente, situándose ya por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht del -3% a finales de 2018.

Por otra parte, las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (gráfico 6) estiman que el stock de deuda pública se situará a finales de 2018 en el 96,% del PIB, mientras que a finales de 2020 se habrá reducido ligeramente hasta alcanzar el 95,4% (cifras aún muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Masstricht del 60% del PIB).

La previsiones del Gobierno de España para el periodo 2018-2020 las dejamos en “stand-by”.

Indicador de coyuntura: Noviembre 2018

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de octubre con los datos publicados hasta septiembre de producción industrial, ventas y renta, y hasta octubre de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en octubre es de 1,8, inferior al que tomó en septiembre de 2,3, y al que tomó a comienzo de 2018 de 4,6. Por tanto, la dinámica del indicador está en consonancia con una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad económica.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto, excepto la renta, han crecido menos que en mes anterior. La producción industrial y las ventas crecieron menos en septiembre (-2,8% y 2,0%) que en agosto (1,1% y 3,2%). Por su parte, los afiliados crecieron 2,8% en octubre, algo menos que en septiembre (3,1%). La renta, en cambio, creció un poco más en septiembre (2,8%) que en agosto (2,6%).

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La desaceleración que caracteriza la evolución reciente del Ind-ALdE coincide con la que se ha observado en la tasa de crecimiento del PIB que, según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral de España, registró un crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre de 2018 respecto al trimestre anterior en términos de volumen.

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El desgobierno de la globalización: el caso de las energías renovables

Tres efemérides recientes han marcado los pasos de la globalización. Por orden de antigüedad: Hace setenta y un años, el 30 de octubre de 1947, 23 países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que posteriormente mutaría a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Once años más tarde (hace 60 años), el 10 de junio de 1958, 10 países firmaban en Nueva York la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención de NY). Ocho años después, el 17 de diciembre de 1966, la Naciones Unidas constituían la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).

En apenas 20 años se asentaron las bases del gobernanza de la golabalización con tres principios fundamentales: El GATT impulsó NMF o nación más favorecida, según cualquier privilegio concedido a un país tendría que ser concedido inmediata e incondicionalmente a todas las partes contratantes del GATT. La Convención de NY el arbitraje internacional, que dota de seguridad jurídica en la transacciones internacionales. Por último, UNCITRAL promovió la harmonización del derecho mercantil internacional.

Con ocasión de estas efemérides (y particularmente la del GATT), Funcas ha editado un libro sobre el gobierno de la globalización (disponible aquí). El libro aborda el impacto de la gobernanza de la globalización en el comercio (por ejemplo el impacto del GATT en el comercio internacional o la proliferación y profundización de los acuerdos de comercio preferenciales) y su impacto en España (por ejemplo sobre la posición de España en el GATT-OMC o el milagro exportador en España).

Mi contribución al monográfico trata sobre el segundo apesto de la gobernanza de la globalización: el arbitraje internacional (una de mis líneas de investigación de la que ya hablé aquí). El arbitraje internacional una de las vías por las cuales los inversores o exportadores pueden dirimir sus disputas comerciales. El arbitraje internacional dota de seguridad jurídica a los inversores y por tanto favorece tanto el comercio como la inversión extranjera.

El arbitraje empresa-Estado funciona de la siguiente; si un inversor extranjero
considera que el Estado firmante de la Conveción de NY (como España) ha lesionado sus intereses al infringir algún tratado internacional puede recurrir a una corte arbitral internacional para reclamar daños. La sentencia es final sin posibilidad de recurso ordinario.

El arbitraje internacional aumenta  seguridad jurídica al no depender del sistema legal doméstico. Por ello, aporta flexibilidad y seguridad frente a un proceso judicial ante una corte extranjera y cauteriza a los inversores de posibles sesgos en las decisiones judiciales domésticas.

Por tanto el arbitraje es uno de los pilares fundamentales de la gobernanza de la globalización. Hasta aquí todo bien. Hasta que el desgobierno local se tropieza con el gobierno global. Un aumento de las denuncias arbitrales es precisamente una señal de desgobierno y de inseguridad jurídica, especialmente cuando se pierden las disputas. Como señalan Allee y Peinhardt (2011), una escalada de casos arbitrales es una contingencia en la credibilidad de un país como destino fiable para la inversión extranjera.

¿Adivinan quién es el país que lidera el ránking de denuncias en los tribunales de arbitraje internacional desde 2013? Seguramente han adivinado bien: España. Desde el año 2013, España, con más del 10 por 100 de los casos, encabeza la lista de casos de arbitraje, seguida de estados como Egipto, Croacia o Venezuela con un 3 por 100 de casos cada uno.Paniagua 2018

Los casos arbitrales contra España se centran en un único sector: las energías renovables. Según el laudo arbitral SCC 2015/063, (por el cual se condena al Reino de España) el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico supuso un “cambio brusco y de sistema” en los recortes que se venían aplicando a las generosas primas fotovoltaicas dispuestas en Real Decreto Ley 661/2007.

Los árbitros entienden que se han violado acuerdos internacionales, como la Carta de la Energía, privando de un trato justo y equitativo a los inversores extranjeros. El Estado español se enfrenta, por tanto, a unas indemnizaciones millonarias, que podrían alcanzar entre 3.000 y 7.000 millones de euros. Naturalmente la prensa se ha hecho eco de este problema (aquí y aquí por ejemplo).

Al coste de las indemnizaciones se suma la factura de la contratación de abogados especializados para defender los intereses del Reino. Una de las particularidades del arbitraje es que las partes pueden elegir el derecho aplicable (common law o civil law). Supongo que hay pocos abogados del Estado en activo (265 de 636 están en excedencia) con las aptitudes necesarias para defendernos utilizando el derecho común (anglosajón). Es un caso flagrante de la ineficiencia en la selección de los cuerpos de élite del Estado denunciada ya con vehemencia aquí , aquí o aquí. No estamos seleccionando eficientemente en las oposiciones a los altos cuerpos del Estado y luego tenemos que pagar la factura: dos millones en este caso. Las oposiciones del siglo XIX no sirven para los casos del siglo XXI.

Por si las indemnizaciones y la factura sonrojarte a un bufete internacional no fuera poco, está el efecto de la contingencia en credibilidad. Esto es justamente lo que me propuse medir (disponible aquí). Las técnicas econométricas habituales en el campo de la economía internacional (la ecuación de gravedad), nos permite estimar con bastante precisión el efecto marginal en la inversión extranjera directa (IED) de los los casos de arbitraje contra España.

El impacto de los casos de arbitraje se traduce en un descenso de aproximadamente un 6% del volumen de la IED en España, en promedio. En cambio tal como explicamos en un trabajo anterior (Myburgh y Paniagua, 2016), el efecto del arbitraje internacional se canaliza a través del margen intensivo. Esto quiere decir que el efecto del cambio regulatorio en energías renovables ha afecto negativamente al volumen de la IED, pero no al número de inversores. Es decir, bajo la incertidumbre regulatoria, el inversor decide invertir un montante menor, pero sin renunciar a invertir.

Pero…¿y si renunciamos al arbitraje internacional? Es un tema recurrente entre los opositores a la globalización abogar por renunciar al arbitraje, siguiendo los Bolivia, Ecuador y Venezuela en los años 2007, 2010 y 2012 respectivamente. Si la contingencia en credibilidad por el aumento de casos es negativa, abandonar la Convención de NY es aun peor: los datos arrojan una reducción media del 95% en el volumen de los flujos de IED hacia estos países a raíz del abandono del arbitraje internacional. No parece una senda demasiado interesante.

A partir de aquí, ¿qué se puede hacer? A corto plazo, intentar que los casos acaben resolviéndose en los tribunales internacionales. Una alternativa sería la conciliación (promovida también por UNCITRAL). Por otra parte, sería sensato realizar un análisis coste-beneficio para sopesar si el ahorro en prima eléctrica para estos inversores compensa la pérdidas en credibilidad.

Por último ¿qué se puede esperar? Si se prosigue en cambios normativos “bruscos y de sistema”, como por ejemplo la prohibición de la matriculación de vehículos de combustión es previsible que se repita el proceso: una escalada de denuncias arbitrales y una contingencia en la credibilidad de España (además de una factura elevada).

Riesgo mayor

No es otro que horadar las instituciones, su debilitamiento, todo lo que contribuye a su deslegitimación social. Y en eso estamos. La calidad de una democracia, la solvencia económica y la reputación exterior de un país pasan por la fortaleza y la estabilidad de su tejido institucional, con el deseable corolario de seguridad jurídica. Fortaleza y estabilidad institucional: condición necesaria para el progreso duradero, para el despliegue de potencias creativas en las sociedades abiertas, el mejor lubricante de inversiones y proyectos empresariales. Por eso las últimas semanas están dando motivo para tocar el timbre de alarma. En dos frentes lo sucedido es altamente significativo: en el del poder judicial, una de las patas que sostienen toda la arquitectura del Estado, y en el de la Monarquía, su clave de bóveda en la Constitución de 1978. La simultaneidad de los acontecimientos aporta un plus de relevancia.

Nada que no se sepa, desde luego. De un lado, los nocivos efectos de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el pago de los impuestos derivados de las hipotecas, y del deficiente manejo posterior de la situación de desconcierto y caos originada. Los “estragos” más inmediatos de tal pronunciamiento han sido bien patentes: caídas en las cotizaciones bursátiles de las principales entidades financieras —pérdidas repartidas entre un millón y medio de accionistas, no se olvide— y freno a la concesión de nuevas hipotecas, además de la perturbación que introduce en la planificación y gestión de firmas bancarias. Lo peor, sin embargo, puede tener mayor recorrido. La atracción de inversores nacionales y foráneos será sin duda sensible a la imprevisibilidad del ordenamiento jurídico que ello supone. Más grave aún, pues afecta a instituciones básicas, es, por una parte, las dudas que siembra sobre la cualificación y modo de proceder del tribunal superior; por otra parte, las paladas de mala opinión que arroja sobre la imagen pública de nuestras entidades financieras, justo cuando su relegitimación social, tras los varapalos sufridos durante la crisis económica, encontraba de nuevo amplio apoyo, con reconocimientos también internacionales del más alto nivel (como el todavía reciente de Euromoney obtenido por CaixaBank, prolongando en su caso una serie que abarca ya más de un lustro).

La ofensiva contra la Monarquía es un segundo frente. Aquí se apunta, sin duda, al centro neurálgico del cuerpo constitucional, a lo que vertebra institucionalmente al “régimen del 78”, como despectivamente nombran a nuestro sistema de derechos y libertades quienes lo consideran periclitado, bien desde posiciones del nacionalismo radical, bien desde fuerzas políticas declaradamente republicanas, opuestas a la institución monárquica. Una particular “pinza”, que jalea el tópico de una institución “caduca y antidemocrática”, a despecho del papel y el prestigio que en la Europa de nuestro tiempo han adquirido las monarquías parlamentarias democráticas —es el modelo español también— asentadas en bastantes de los países más prósperos y avanzados del continente.

Atentos, pues, a los embates que tienen como objetivo zonas sensibles del entramado institucional. No es un juego inocente.

Indicador de coyuntura: Octubre 2018

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de septiembre con los datos publicados hasta agosto de producción industrial, ventas y renta, y hasta septiembre de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en septiembre es de 2,8, inferior al que tomó en agosto de 3,2, y al que tomó a comienzo de 2018 de 4,6. Por tanto, la dinámica del indicador está en consonancia con una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad económica.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto han crecido menos, exceptuando el de afiliación. La producción industrial, las ventas y la renta crecieron menos en agosto (1,2%, 3.2% y 2,5%) que en julio (3,5%, 3.6%, y 2,7%). Sin embargo, los afiliados crecieron 3.1% en septiembre, algo más que en agosto (2,7%).

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La desaceleración que caracteriza la evolución reciente del Ind-ALdE coincide con la que se ha observado en otros indicadores compuestos de actividad económica como el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio o el Índice Fedea de Actividad Económica.

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