Ante las elecciones del 28 de abril, ¿pueden los españoles seguir creyendo en las encuestas electorales?

Por José Ignacio Castillo Manzano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

En un reciente artículo, publicado en la Revista de Economía Aplicada, junto con los compañeros Lourdes López Valpuesta y Rafael del Pozo, intentamos analizar los determinantes de los errores en las encuestas electorales, previas a las dos últimas elecciones generales, es decir, la de 20 de diciembre de 2015 y la de 26 de junio de 2016.

Nuestro primer resultado es que, de media, los errores que cometieron las encuestas con los partidos políticos que se presentaban por primera vez a las elecciones generales, Ciudadanos y Podemos, fueron muy superiores, concretamente un 60 por ciento, a los de los partidos tradicionales, PP y PSOE. Pero lo peor es que no parece haber estrategias exitosas para disminuir esos mayores márgenes de error en un contexto tan volátil, al ser insensibles al tamaño de la muestra, la proximidad de la cita electoral, el método de muestreo o la experiencia de la empresa encuestadora, así como la periodicidad con la que se realiza la encuesta. Sólo cuando dichos partidos dejaron de ser ‘nuevos’, tras las elecciones del 20-D, se consiguió disminuir los errores de cara a las elecciones del 26-J.

De hecho, si hablamos de encuestas y sondeos electorales, parecería que nuestra democracia, como otras de nuestro entorno, estaría inmersa en un círculo vicioso. Ya que la incertidumbre política que ha estado sufriendo la sociedad española, con la emergencia de nuevos partidos, ha aumentado la demanda social de encuestas electorales, que ha sido satisfecha, con generosidad, por los medios de comunicación que han ofertado múltiples sondeos. Cuyos resultados podían cambiar significativamente a corto plazo, anunciado supuestos vuelcos electorales, que no llegaban a materializarse. Su falta de acierto estaría erosionando la confianza no sólo en las propias encuestas y sondeos, sino también en la transparencia del propio sistema electoral y en nuestras instituciones, desde los medios de comunicación hasta, en el caso de las encuestas del CIS “de Tezanos”, el propio Gobierno central. Lo que a su vez generaría más incertidumbre política.

En este contexto, nuestros resultados muestran que las empresas encuestadoras podrían estar adoptando una estrategia defensiva, acercando sus predicciones a las de las encuestas publicadas en los días previos, para evitar equivocarse en solitario. Aunque, el gran éxito del sondeo de GAD3 en las últimas elecciones andaluzas, personalizado en Narciso Michavila, nos mostraría el reverso de la moneda. Es decir, la gran oportunidad que supondría para una firma de estudios de mercado llevarse el prestigio profesional de ser la única que consigue acertar.

De cara al futuro próximo, las elecciones del 28 de abril, el horizonte sigue siendo convulso. Ya que, aunque la situación socioeconómica es sensiblemente mejor y Ciudadanos y Podemos (ahora Unidos Podemos), ya no son nuevos partidos, el enquistamiento de la cuestión territorial catalana y la irrupción de VOX, ambos factores conviviendo en armónica simbiosis, ofrecen un panorama social difícil de desentrañar para las empresas de sondeos. Nuestra recomendación es la máxima prudencia a la hora de presentar los resultados de los sondeos, admitiendo las debilidades de los mismos. A estas empresas de encuestación le valdría la pena tener siempre presente la frase atribuida a Nietzsche, de que “lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti”.

 

El sexenio, ¿de transferencia o de transformación?

El pasado viernes se celebraron en Madrid la XV Jornada sobre Docencia de Economía Aplicada organizada por ALDE. Además de las interesantes ponencias sobre como mejorar la docencia en nuestro ámbito de conocimiento pudimos asistir a la contraposición de dos modelos de universidad a través de la evaluación de la calidad del profesorado. Por una parte el modelo el español, presentado por el Presidente del Panel de Transferencia de la CNEAI, Salustiano Mato (qué explicó también el manido sexenio de transferencia) y por otra el modelo británico presentado por la directora de Learning and Teaching in Economics de la Universidad de Sheffield Mª José Gil (qué desgranó el sistema REF/TEF/KEF: Research, Teaching, Knowledge Exelence Framework).

La primera diferencia entre ambos sistemas es que mientras la evaluación española es individual y mide los méritos personales de cada investigados, la evaluación británica es del departamento en su conjunto. Además el periodo británico es común a todas las universidades (actualmente es el 2014-2020). El sistema anglosajón tiene dos ventajas sobre el nuestro. Primero, es administrativamente más eficiente ya que reduce el número de expedientes a revisar y estos se revisan una vez cada seis años. Permite también una evaluación más detallada de cada caso y reduce la carga administrativa sobre los evaluadores. Segundo, presenta incentivos para que los departamentos se gestionen de manera autónoma y decidan las políticas de contratación más adecuadas para alcanzar los objetivos de excelencia en la investigación y docencia. Cada profesor tiene que presentar al menos una contribución relevante en el REF y si no lo hace ve peligrar su status como investigador. También reduce el riesgo de contratar a investigadores mediocres ya que la financiación del departamento (y de la universidad) depende de los resultados de la evaluación de la investigación de todo el grupo. El sistema británico establece un ránking público según el cual se otorgan fondos de investigación y las propias universidades lo tienen en cuenta a la hora de decidir sus propias inversiones.

En el actual sistema nominalista de evaluación de la actividad investigadora en España no proporciona incentivos en términos de excelencia selección de profesores investigadores. La producción científica de nuestros compañeros no redunda directamente en el beneficio del grupo. Tampoco fomenta la colaboración o la creación de grupos de excelencia. Además, el sistema aumenta la presión burocrática sobre el colectivo, una de las causas del mal rendimiento de la universidad como se ha venido denunciado repetidamente aquí o aquí). La comisiones y los expertos que emiten informes repiten cada años la misma labor para cada uno de los profesores individualmente. Llegados a este punto, uno se pregunta qué sentido tiene un sistema que carga a la universidad con burocracia sin ayudarla a progresar en excelencia.

La segunda diferencia reside en cómo evalúan ambos sistemas el impacto de la universidad en la sociedad. El nuevo sexenio de transferencia es un avance y pretende medir la contribución de la universidad en el incremento del bienestar social en términos generales.  Aquí pueden ver un informe detallado del modelo conceptual que ha impulsado la implantación del sexenio de transferencia. Un “molinillo del conocimiento” que haría feliz a Ortega y Gasset, ya que mide en definitiva la contribución social de la universidad que defendía en su escrito “Misión de la Universidad”.

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Sin embargo, utiliza como variable de medida del impacto social la implicación de cada profesor en la transferencia y en la difusión de su propia investigación a la sociedad. Por tanto, redunda en la exagerada carga de burocracia. Este año se han presentado 16,992 solicitudes que se han recibido por el sexenio de transferencia que deberá resolver una comisión de 10 miembros y 120 expertos. Por otra mide exactamente la implicación  personal del profesor en la trasferencia y no el valor no académico de lo transferido. En cambio, la evaluación del sistema británico evalúa el impacto social de la investigación del departamento independientemente del esfuerzo individual en su difusión (un 25% de la nota final). Miden cosas como el impacto de los artículos de investigación en el diseño de las políticas económicas por ejemplo (mediante citas en documentos oficiales, discursos de los policy-makers etc).

Por ilustrar la diferencia con un ejemplo (que pregunté durante la sesión). Al premio Nobel William Nordhaus no se le hubiera concedido un sexenio de transferencia si se hubiera limitado a escribir los papers que han cambiado la manera que tenemos de enfrentarnos al cambio climático y reducir las emisiones. Que el protocolo de Kioto y sucesivas rondas hayan adaptado los mercados de emisión de CO2 basándonos en sus artículos no demuestran suficiente transmisión de conocimiento ni impacto en la sociedad por parte del Nobel norteamericano. En cambio si tuviera cuenta activa en Twitter o hubiera dado una rueda de prensa en vez de acudir a puntual a su clase (como explican sus alumnos aquí ) posiblemente sí que hubiera obtenido una evaluación positiva.

Afortunadamente el sexenio de transferencia se encuentra en fase de calibración y se podrá ajustar para poder medir con más precisión aquello que Ortega llamaba la transmisión de la cultura, que junto con la formación e investigación conforman las tres misiones de la universidad. Actualmente, el sexenio tiene un error de medida al utilizar la variable transferencia social como instrumento de la transformación social. El sistema británico ha proporcionado resultados evidentes y positivos y podría servir de guía en su mejora. Por tanto, puede que una buena calibración para el sexenio de transferencia sería precisamente la máxima lapidaria de Unamuno en su discusión con Ortega sobre la europeización de España: ¡Que inventen ellos!

 

La primera de tres

En el calendario de la Unión Europea, 2019 trae al menos tres fechas cruciales para la suerte de todo el proyecto común: mucho de su futuro dependerá, en efecto, de lo que entre el final de marzo y el de octubre se dirima. Tal vez, a lo largo de la laboriosa construcción de la Europa integrada, nunca antes se había producido en tan acotado tramo temporal —apenas siete meses— tal coincidencia de citas decisivas.

 Son conocidas, aunque no estén igualmente presentes en el diario caudal informativo. De la que menos se habla por ahora cerrará el mes de octubre, al finalizar entonces el mandato de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. La gestión de Dragui ha sido poco menos que providencial para evitar lo peor en los episodios más graves de la crisis económica, con actuaciones decisivas para salvar el euro. En la historia de la Eurozona, siempre se considerará un hito aquella comparecencia suya a mediados de 2012 —casi recién llegado a la presidencia— cuando se comprometió públicamente a hacer lo que fuera necesario para superar una situación crítica, transmitiendo una inusitada capacidad de persuasión: “…y, créanme, será suficiente”. No es indiferente, desde luego, quien presida el BCE; basta recordar los azarosos años precedentes a la jefatura de este docto romano, elegante y firme. Y conviene tener presente que el dilema hoy planteado entre mantener la laxitud de la política monetaria y la “normalización” financiera (alza de tipos, neutralización de la expansión cuantitativa), probablemente alcance un punto álgido cuando se produzca el relevo en la presidencia.

 Antes, con la primavera avanzada, elegiremos a quienes nos representarán durante el próximo quinquenio en el Parlamento Europeo. Una elección que esta vez se plantea como un pulso entre quienes apuestan por dar continuidad a lo construido, con unos u otros propósitos de reforma y mejora, y quienes confiesan sin pudor su “eurofobia”, esa suerte de antieuropeismo que se cultiva con no poca pasión desde tribunas y plataformas populistas, mezclando en muchas ocasiones xenofobia y pulsiones antidemocráticas. Como no se puede descartar que tales posiciones favorables a volver a una Europa con marcadas fronteras —y monedas— nacionales alcancen en el Parlamento de Estrasburgo una “minoría de bloqueo” (235 sobre los 705 asientos, vacíos ya los que corresponderán al Reino Unido), el 26 de mayo será otra cita crucial.

 Y ya mismo, antes de que termine este mes de marzo, la primera de las tres, que no solo a Jean-Claude Juncker le produce “fatiga”: el Brexit, cuando el día 29 se cumplan los dos años de la solicitud formal por parte del gobierno de Theresa May para ejecutar el mandato del referéndum de junio de 2016, en el que “una escasa mayoría de votantes británicos eligió la nostalgia por el siglo XIX sobre lo que les pudiera prometer el siglo XXI” (Joshka Fischer). Ahora toca contener la respiración: comenzó con acentos épicos (“Brexit is Brexit”, acuérdense), pero ha discurrido después con tonos más bien melodramáticos cuando no de comedia de enredo, con el riesgo —si terminara el plazo fijado sin acuerdo— de provocar un enorme caos económico e inseguridad jurídica. ¡Vivir para ver!

 

El diferencial de tipos de interés largo-corto plazo de la deuda pública como indicador adelantado del ciclo económico: ¿Se acerca EE.UU. a una recesión?

El Catedrático de Economía Arturo Estrella del Rensselaer Polytechnic Institute en Nueva York (y antiguo economista de la Reserva Federal de Nueva York) ha propuesto desde finales de los años ochenta la utilización de la pendiente de la curva de rendimientos (o el diferencial de los tipos de interés a largo y a corto plazo de los rendimientos de los Bonos del Tesoro) como un indicador adelantado de la actividad económica real futura y, en última instancia, de la probabilidad de la recesión o expansión de la economía americana en los siguientes 12 meses.

En síntesis, en las situaciones históricas en que el diferencial entre los Bonos del Tesoro a largo plazo (a 10 años) y a corto plazo (1 año) ha aumentado se podría esperar que el crecimiento económico mejore en un horizonte cercano (de cuatro a seis semestres), y viceversa. En el terreno empírico, la curva de rendimientos ha sido de gran utilidad como indicador adelantado de las recesiones y expansiones económicas de EE.UU. desde 1953, así como de las contracciones y expansiones en las economías de otros países, especialmente Alemania, Canadá y el Reino Unido. En general, el diferencial de tipos o la curva de rendimientos es capaz de predecir con precisión recesiones o expansiones económicas en comparación con otros indicadores económicos, incluidos los principales índices tradicionales y sus componentes, y otras variables potenciales con capacidad de predicción. Indicadores tales como los precios de las acciones y los tipos de interés pueden tener una capacidad de predicción en el futuro similar a la curva de rendimiento en determinados horizontes temporales, pero ninguno es capaz de mejorar a la curva de rendimientos como un indicador estadístico adelantado de la actividad económica real.

En el primer gráfico, se muestra para el periodo 1956 a 2018, las fechas en el que apareció la curva de rendimientos invertida (negativa) y las recesiones económicas en EE.UU.

En la primera y en la segunda columnas se muestran, respectivamente, el inicio y el final de la recesión. En la cuarta y en la quinta columnas se indica, respectivamente, el comienzo de la curva de rendimientos invertida y en cuantos meses se adelanto el inicio de la recesión económica. Por ejemplo, la última recesión económica en EE.UU. comenzó en diciembre de 2007 y finalizo en junio de 2009. En este caso la curva de rendimientos se volvió negativa en junio de 2006, con un anticipo de la recesión 23 meses antes.

En el segundo gráfico (hacer clic para ver el gráfico mas grande),  se muestra la evolución temporal de las tasas de rendimientos de los Bonos del Tesoro americano de 10 años (largo plazo) y de 1 año (corto plazo) desde 1953 a 2018. El diferencial positivo entre el tipos a largo plazo y a corto plazo alcanzo su pico positivo desde el comienzo de la la recesión de 2007 en enero de 2010 (+3,38%), y desde esa fecha se ha ido reduciendo (la curva se está aplanando). De hecho, el diferencial positivo ha registrado su mínimo en diciembre de 2018 (+0,17%) por lo que se podría invertir próximamente y, en teoría, anticiparía una nueva recesión en la economía americana.

Hay que tener cuenta – cómo mostramos en el primer cuadro – que el retraso entre la inversión de la curva y una recesión varía en el tiempo. En concreto, el retraso se sitúa históricamente entre 7 y 24 meses, con un promedio de aproximadamente 14 meses. Pero la cuenta atrás podría haber empezado.

Los Presupuestos Generales del Estado y el cuento de la lechera

Artículo publicado en Valencia Plaza el 27 de enero de 2019

Nuestras cuentas públicas se someten a escrutinio por la UE y continuamos dentro del procedimiento de déficit excesivo

Nos encontramos nuevamente a comienzos de año sin tener un presupuesto aprobado. Sin embargo, existe ya un proyecto de ley de presupuestos respaldado por el consejo de ministros y que se encuentra en trámites en el Congreso de Diputados.

Recordemos que este proyecto, aunque bastante similar, no se corresponde con el pactado hace varios meses por el líder de Podemos, Pablo Iglesiasy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El primero estaba condicionado al aumento del techo de gasto (que había sido aprobado previamente por el gobierno de Mariano Rajoy) y que necesitaba el visto bueno del Senado, que no obtuvo.

Los Presupuestos Generales del Estado son complicados de elaborar y se encuentran, desde las últimas reformas de la gobernanza en la Unión Europea, sometidos a escrutinio, en especial si el país en cuestión ha incurrido en déficit excesivo. Desde 2009 España se encuentra dentro de dicho procedimiento, habiendo pactado una senda de reducción del déficit público que, como puede verse en el gráfico 1, se cumplió por primera vez en 2017 y que también debería haberse cumplido a finales de 2018. De no ser así, seguiremos siendo el único país de la eurozona sometido al procedimiento de déficit excesivo. Como puede verse también en la tabla 1, procedente del resumen del proyecto publicado por el Ministerio de Hacienda, se sigue presentando en la documentación un objetivo de -1,8%, cinco décimas más de déficit de lo autorizado. Dado que la cifra de discrepancia son 5.000 millones de euros (aproximadamente un mes de recaudación de IVA), se ideó un truco, que la AIReF (siglas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) no ha avalado, y que consiste en contabilizar como ingresos de 2019 el IVA de diciembre de 2018 más los doce meses de 2019.

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Gráfico 1: Desviaciones de la senda aprobada para reducir el déficit excesivo. Fuente: Ministerio de Hacienda (2019)

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Tabla 1: Saldo de las finanzas públicas, por administraciones. Fuente: Ministerio de Hacienda (2019)

Con todo ello, ¿qué cifras cabe retener de las cuentas públicas del año 2019? En primer lugar, los gastos de la Administración central y los organismos que dependen de ella suponen algo más de 470.000 millones de euros, un 40% del PIB (que ronda en la actualidad los 1,2 billones de euros). Sin embargo, la cifra que suele manejarse es 345.361 millones de euros, que es el gasto en operaciones no financieras, que se obtiene al detraer activos y pasivos financieros. El gasto se divide entre cuatro grandes entes: el Estado (164.000 millones), los Organismos Autónomos(40.000 millones), la Seguridad Social(163.000 millones) y otros 8.000 millones que van al resto de entidades. La suma llega a 375.000 millones porque hay transferencias entre ellos.

En la Seguridad Social el mayor capítulo son las pensiones, que superan los 135.000 millones sólo en las contributivas. Respecto a los organismos autónomos, el principal es el Servicio Público de Empleo, que destina 23.000 millones, entre otras cosas, a las transferencias por desempleo. Otros organismos autónomos del Estado son el Fondo Español de Garantía Agraria, el INE o el Consejo Superior de Deportes. Las Agencias Estatalesreciben casi 8.000 millones de euros, incluyendo, entre otras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(3.800 millones), la Agencia Tributaria (1.100) o la Agencia Estatal de Investigación (732 millones).

El Estadodispone de una cifra relativamente modesta, 164.197 millones de euros, de los cuales más de 30.000 millones son los intereses de la deuda pública(más altos que las prestaciones por desempleo), mientras que 41.403 se destina a la financiación territorial. De esta cifra, casi 37.000 se dirige a los entes territoriales. Finalmente, los Ministerios (véase la Tabla 2) reciben algo menos de 59.000 millones. Los Ministerios con mayor presupuesto son Fomento, Defensa, Interior y Trabajo.

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Tabla 2: Presupuesto no financiero por secciones. Incluye detalle de Ministerios. Fuente: Ministerio de Hacienda (2019)

Todos estos datos son importantes porque permiten hacer una rápida comparación entre partidas. Además, hay un par de aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta. En primer lugar, que hay impuestos cedidos totalmente a las autonomías (Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones) y otros parcialmente (IRPF e IVA) de los que el 50% va directamente a las CCAA de régimen general. Por ello, como puede verse en la Tabla 3, el total que perciben las CCAA supera los 110.000 millones de euros (y no los 37.000 mencionados anteriormente). La segunda puntualización es que dichos fondos no son finalistas. Las CCAA elaboran los presupuestos atendiendo a sus prioridades y políticas, siendo aprobados en sus parlamentos. Evidentemente, la mayor parte del presupuesto de las CCAA se destina a Sanidad y Educación, competencias transferidas y de cuya gestión son responsables.

Ello explica que los ministerios de Educación y Sanidad tengan presupuestos bastante pequeños: 2.300 en el caso de Educación (más otros 2.400 de Universidades e Investigación) y 3.100 en el caso de Sanidad. En Educación, el gasto viene explicado en un enorme porcentaje por las becas generales (1.600 millones). La principal labor de los ministerios, en el actual sistema, es elaborar la legislación básica y coordinar las políticas con las autoridades de las CCAA. Otra cosa, muy diferente, es que se haga dejación, en muchas ocasiones, de dichas obligaciones. Pero eso es otra historia…

No obstante, resta saber no sólo si se aprueban sino cuáles van a ser los efectos sobre la recaudación de las diferentes medidas tomadas en un contexto mundial de desaceleración. Hemos repasado los gastos previstos, pero poco hemos hablado de los ingresos y lo que conocemos hasta ahora se parece bastante al cuento de la lechera: están en el aire. El ciclo económico, a este respecto, es implacable. Aunque el FMI no haya reducido las cifras previstas de crecimiento para España, tanto los impuestos tradicionales como los cambios introducidos en este presupuesto (impuesto Google y Tasa Tobin) son muy sensibles a la actividad económica externa e interna, siendo de esperar una recaudación bastante por debajo de lo que prevén las cuentas públicas. Es decir, el déficit rebasará los límites previstos.

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Tabla 3: Recursos recibidos por las CCAA del régimen general y ciudades autónomas. Fuente: Ministerio de Hacienda (2019)

Independientemente de que se aprueben estos presupuestos o se prorroguen los de 2018, la comparación muestra que, en la mayor parte de los casos, son continuistas. Otra cosa es ir al detalle: por ejemplo, un simple cálculo nos muestra un incremento medio en los fondos percibidos por las CCAA de un 6.3% y Comunidad Valenciana vuelve a quedarse por debajo de la media (su incremento es un 5.4%). Los fondos destinados a Madrid y Andalucía aumentan justo la media, mientras que Cataluña lo hace en un 8.1%. Es decir, que parezca que las cosas cambien para que se queden igual.

En “modo elecciones”

Desde el comienzo del pasado otoño, este es el “ajuste” en que hemos colocado nuestro smartphone nacional. A partir de la precampaña andaluza, el mes de septiembre, no es otro, en efecto, el tono dominante en el escenario político español, marcando movimientos y declaraciones, actuaciones y discursos. El denso calendario electoral que abrió Andalucía y que se prolongará con una triple cita fija en mayo (europeas, y locales y autonómicas de régimen general) y otras pendientes de señalar (generales y, quizá también, en alguna Comunidad Autónoma de régimen particular), lo condiciona todo. Campaña electoral permanente: casi nada en 2019 podrá escapar a tal sino. Su protagonismo deja en la sombra o en un plano muy secundario cualesquiera otras circunstancias, comenzando por el “listado bastante largo” de riesgos que a escala global y europea detecta Draghi y los temores expresados por Lagarde, para continuar por los toques de atención que insistentemente transmiten ciertos indicadores económicos, propios y ajenos.

Era presumible que el final de esta Legislatura (la XII de la España democrática) no iba a ser fácil con un Gobierno en minoría en el Congreso de los Diputados y la enrevesada aritmética de votos que necesita para sostenerse, cuando el curso de los acontecimientos en el desafío independentista parece fuera de control en muchos aspectos, y en primer término dentro de la misma Cataluña. Un difícil final que está acarreando costes tan significativos como el bloqueo en la renovación de órganos institucionales del mayor rango, como son los del poder judicial. Pero es el poblado horizonte electoral lo que está provocando una suerte de “inflamación”, responsable de llamativas mudanzas –y también tribulaciones– en los partidos y del endurecimiento y radicalización de mensajes, como si la “bronca constante” fuera el hábitat de los interlocutores políticos (un medio natural bien distinto, afortunadamente, del que da cobijo a la inmensa mayor parte de la ciudadanía española).

La política económica –medidas que se adoptan, intenciones que se confiesan– no queda al margen, por supuesto, de la situación. La “exuberancia normativa” que revela el Boletín Oficial solo es comparable con la “declarativa” de los responsables de unos y otros Ministerios con competencias económicas. Todo dominado por las prisas: se revierten reformas (en el terreno del mercado laboral o de la gestión de los fondos para la formación, las más recientes) y se adoptan o anticipan medidas sin conocer el alcance de sus efectos (señaladamente, en el ámbito industrial y energético, por una parte, y en el fiscal, por otra). El colofón, unos Presupuestos Generales cuya consistencia han cuestionado razonadamente la AIReF, primero, y luego el Banco de España, poco después, por cierto, de que en la tribuna de Davos el presidente Sánchez afirmara su convicción de que “este presupuesto es el inicio de una historia de éxito, de una nueva era de España…”.

Estamos en “modo electoral”, no hay duda. Dejémoslo ahí, olvidándonos por un momento de la advertencia que Lawrence Freedman, un buen experto en estrategia, anota en su más reciente libro: “la historia la hacen personas que no saben qué va a pasar a continuación”.

 

Indicador de coyuntura: Enero 2019

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de diciembre con los datos publicados hasta diciembre de producción industrial y de ventas, y hasta noviembre de renta y de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en diciembre es de 3,7, un poco por encima del valor que tomó en noviembre de 2,3.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto han tenido una evolución dispar. La producción industrial y las ventas crecieron menos en noviembre (-2,8% y 2,1%) que en octubre (3,6% y 3,1%). Sin embargo, la renta y los afiliados crecieron más en diciembre (4,0%, y 3,2%) que en noviembre (3,1%, y 2,6%).

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ESPAÑA ANTE LA INESTABILIDAD GLOBAL

El cuatrienio que cierra 2018 acentuó una dimensión de la economía española que ya conocíamos, pero es conveniente ahora, a la luz de los cambios en el entorno internacional, recordarla: su elevada apertura e integración internacional permitió que se beneficiara de un entorno exterior muy favorable al crecimiento económico y del empleo. En esos años el crecimiento de la economía mundial fue notable y sincronizado, pero más significativa aun fue la expansión de la demanda de nuestros socios de la eurozona y unas condiciones monetarias difíciles de mejorar.

Es lógico, por tanto, que el entorno internacional sea uno de los principales centros de atención para evaluar si la recuperación de estos cuatro últimos años ha sido apenas un paréntesis en esa suerte de convalecencia de una vulnerabilidad ya crónica de nuestra economía: el excesivo endeudamiento con el exterior, la abultada diferencia entre los pasivos y los activos que España tiene frente al resto del mundo. Los españoles seguimos altamente endeudados y los acreedores de una parte significativa de esa deuda no son residentes en nuestro país. Es cierto que en estos años desde el inicio de la crisis las familias y las empresas españolas no han dejado de reducir la elevada deuda que tenían en 2007 pero, al mismo tiempo, han aumentado la suya el conjunto de las administraciones públicas, fundamentalmente el estado. Y una parte significativa de esta deuda pública la tienen inversores internacionales.   Cualquier variación adversa en las condiciones externas, especialmente financieras, puede dañar más a una economía con una posición de inversión neta internacional deudora.

Lo que viene en este nuevo año tiene peor pinta que en los cuatro anteriores. En primer lugar, porque todas las economías importantes del mundo, desde luego aquellas con las que nuestro grado de integración es mayor, crecerán menos: la demanda de bienes y servicios producidos en España será probablemente menor y con ello nuestro desequilibrio exterior dejará el territorio positivo en el que ha estado inmerso desde la crisis. Ya hemos apreciado en el pasado año un descenso de las exportaciones españolas y no es probable que se recuperen en el actual.

Tras un crecimiento decepcionante el año pasado, el clima en la eurozona estará dominado por las tensiones políticas ya conocidas y por un bajo ritmo de crecimiento, que es difícil llegue a superar el 1,5%, con sus principales economías, en particular Alemania, acusando los efectos de esas tensiones comerciales generadas desde EE. UU. Un sector importante en la economía alemana y en la nuestra, el del automóvil, parece singularmente afectado. El mal comportamiento del conjunto del sector industrial en la principal economía europea es el responsable de que su crecimiento económico en 2018, del 1,5% frente al 2,2% de 2017, haya sido el más bajo desde 2013. Las demás economías con las que compartimos moneda e intercambios, Francia e Italia desde luego, tampoco van a crecer más que el año pasado.

La incertidumbre que todavía rodea los desenlaces posibles sobre el Brexit es el otro gran condicionante del crecimiento regional y, desde luego, de nuestra capacidad exportadora de bienes y servicios. Reino Unido, además de generar más de una quinta parte de los ingresos por turismo, es una de las economías con las que mantenemos un superávit comercial y donde se sitúa el mayor stock de inversión directa española en el extranjero.

De fuera de Europa tampoco es probable que provengan impulsos significativos a nuestras exportaciones. El mantenimiento por la administración estadounidense de las tensiones comerciales no facilitará la reducción de incertidumbre que sigue condicionando, además del descenso observado el pasado año en el volumen de comercio internacional, los planes de inversión empresarial en sectores importantes. Incluso en la propia economía americana, cuyo crecimiento acusará este año el agotamiento de las medidas de estímulo que su gobierno adopto hace un año.

El otro gran contendiente en la guerra comercial y tecnológica, China, no está por el momento en condiciones de tomar el relevo motriz de la economía global. En su desaceleración son visibles los daños de esa guerra comercial y la dificultad para digerir el elevado endeudamiento privado, parte de él amparado en un sector inmobiliario debilitándose. Su contribución a la demanda global en este año será significativamente menor. Aunque sus autoridades renueven algunas decisiones de estímulo como las adoptadas al inicio de la crisis, su efecto probablemente no será tan expansivo sobre la economía global.

En ese contexto, las exportaciones de bienes y servicios españoles no registrarán un mejor comportamiento que el año pasado. No generaremos suficiente capacidad de financiación frente al exterior y agudizaremos la dependencia del ahorro del resto del mundo para afrontar nuestras decisiones de gasto e inversión, incluida la atención del servicio de nuestra deuda exterior. La evolución durante los últimos trimestres de esa capacidad de financiación, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital de la balanza de pagos, registró un superávit inferior al de un año antes. Acumulando los cuatro últimos trimestres esa capacidad de financiación fue equivalente al 1,4% del PIB frente al 2,1% de 2017.

A mejorar ese entorno internacional no ayudará la orientación de las políticas monetarias, siendo probable un cierto endurecimiento relativo en las condiciones monetarias y de financiación. La Reserva Federal, en el mejor de los casos, pausaría su senda de elevación de tipos de interés. Por otro lado, el gran apoyo que en estos últimos años ha prestado el BCE a la digestión de la elevada deuda pública ha dejado de existir con 2018: ya no comprará deuda pública y privada como lo ha venido haciendo. Por el momento seguirá reinvirtiendo los bonos que vayan venciendo, pero las probabilidades de que se mantenga el nivel de tipos de interés tan bajo son más reducidas.

La más inmediata de las consecuencias de esa vulnerabilidad es el eventual aumento de los pagos en concepto de intereses sobre la deuda pública y privada. La herencia que ha dejado 2018 en la escena financiera internacional no es precisamente buena. La aversión al riesgo es elevada y su reflejo trasciende a los mercados de activos de riesgo para reflejarse igualmente en los de bonos. La deuda mundial, del 320% del PIB, es más elevada que al inicio de la crisis.   Sin el gran respaldo comprador del BCE, las diferencias de rentabilidad serán más dependientes del stock de deuda, de la orientación de las políticas presupuestarias y de la consiguiente calificación crediticia de las agencias. Ante cualquier señal adversa, como podrían ser tensiones políticas en Italia o las generadas por la elección del nuevo presidente del BCE, los inversores internacionales seguirían más pendientes de los refugios con menor riesgo que de la búsqueda de rentabilidad.

En definitiva, un contexto vulnerable que bien podría mejorar si aquellas economías europeas con capacidad para el estímulo fiscal, para el aumento de la inversión pública y en general de su demanda interna, como Alemania, llegaran a usarla. De lo contrario, el margen de maniobra de las autoridades españolas para evitar una mayor debilidad es reducido. Aun cuando la estabilidad política estuviera garantizada no son muchas ni de gran impacto a corto plazo las decisiones que podrían adoptarse para neutralizar la vulnerabilidad financiera que el nuevo año trae consigo.

@ontiverosemilio

(Diario El País, 20/01/2019)

 

2019: mejor, posiblemente

Tan mal nos lo están poniendo que se anima uno a apostar por darle la vuelta al título de esa película en que Jack Nicholson hace más que nunca de sí mismo (“Peor, imposible”). Graves perturbaciones comerciales y financieras, frenazo brusco de la economía mundial, caídas a plomo de las cotizaciones bursátiles… con una honda recesión en puertas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto con el giro en la política monetaria de los Bancos centrales, cuando la deuda global alcanza un volumen enorme (equivalente al 300 por ciento del PIB mundial), se sitúan en la base de las anunciadas tribulaciones, que para los europeos se agudizarán por razón de un Brexit “duro” y la crisis política e institucional con que amenaza el ascenso de movimientos populistas. Los agoreros vuelven a pisar con fuerza. Tales son, en efecto, los vaticinios más generalizados, tanto internacionales como domésticos, con muy pocas excepciones, entre las que cabe destacar el “Informe Mensual” de CaixaBank, fechado el pasado diciembre, donde, a contracorriente, se apunta un 2019 con “buenas perspectivas”.

 Este es también el sentido de nuestra apuesta, y en los dos planos ahora contemplados. Primero, a escala general. Cierta desaceleración, sí, pero nada que recuerde a la Gran Recesión. La Administración Trump y las autoridades chinas, velando antes que nada por sus respectivos propios intereses, alcanzarán, más pronto que tarde, un acuerdo, despejando el comercio internacional de las tensiones sobrevenidas en la segunda mitad del año pasado. La economía de los Estados Unidos seguirá con un ritmo alto, y aunque el crecimiento de China pierda algo de su habitual brío, otros grandes países emergentes —India, Indonesia, México, por ejemplo— van a mantener registros más que notables. Además, tanto Jerome Powell en la FED como Mario Draghi en el BCE demuestran, con sus recientes llamadas a la calma, estar al quite.

 En la Eurozona, a su vez, que tienda a confirmarse un patrón de crecimiento algo más moderado que en los ejercicios más cercanos —solo “algo”: décima arriba, décima abajo— no debe interpretarse en negativo; la tasa de paro es baja, y el buen pulso de la demanda doméstica está compensando el menor dinamismo de las exportaciones. El Brexit —más que melodrama, ópera bufa en algunos momentos—, en la víspera hoy de su comprometido paso por el Parlamento de Westminster, tendrá finalmente el desenlace razonable que avalan siglos de depurada diplomacia británica y el diligente desempeño en este caso de la Comisión y del Consejo europeos. Buena nota para estos, que también se la merecen por la capacidad disuasoria que han hecho valer ante desafíos “iliberales” (en Polonia y Hungría) o “populistas” (en Italia, con motivo del Presupuesto), al tiempo que el auge de fuerzas políticas extremistas está encontrando en las urnas la respuesta de avances muy apreciables de partidos confesadamente proeuropeos y moderados (en Alemania, en Holanda, en Austria).

 No faltan razones, consecuentemente, para combatir el catastrofismo, esa variante histriónica de la mirada pesimista sobre lo que nos rodea, y que tan poco ayuda a superar dificultades.

De España hablaremos otro día.

 

Divergencia en las horas semanales trabajadas entre EE.UU. y Canadá, 1960-2018

En el gráfico (hacer clic para verlo más grande) se muestra la evolución de las horas semanales trabajadas promedio en EE.UU. y Canadá para el periodo 1960-2018. Los datos provienen de los indicadores económicos de la OCDE.

En los años sesenta los países tenían cifras similares (40 horas en EE.UU. y 40,33 horas en Canadá) y desde entonces ha habido una divergencia importante (42,13 horas en EE.UU. y 36,7 horas en Canadá) cuando la mayor integración de ambas economías debería haber propiciado su convergencia.

Los estudios de la Reserva Federal de EE.UU. proponen algunas explicaciones de por qué se ha dado esta divergencia importante en la horas trabajadas promedio entre ambos países.

En primer lugar, la integración económica entre países no necesariamente hace que la estructura económica sean mas similares. De hecho, la integración económica proporciona oportunidades para la especialización, gracias a la ventaja comparativa. Podría ser que Canadá se haya especializado en los sectores manufactureros donde las horas semanales trabajadas promedio son más bajas.

En segundo lugar, la legislación del mercado de trabajo puede haber cambiado. En concreto, las leyes actuales otorgan a los trabajadores más poder de negociación en Canadá que en los EE. UU. En particular, los sindicatos actualmente tienen mas voz en Canadá y su objetivo generalmente es mejorar la situación laboral de sus afiliados y, en concreto,  reducir las horas semanales trabajadas.

En tercer lugar, las prácticas laborales de estos países que tienen que ver con la realización horas extras pueden haberse vuelto más diferentes a lo largo de los años. Si los empresarios prefieren usar horas extras en lugar de contratar nuevas personas, entonces aumentan las horas promedio. Este podría ser el caso de EE.UU.

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