La paella de la reforma universitaria española, por Cecilio Tamarit

El pasado 21 de agosto el diputado Antonio Roldán escribía un artículo en El País sobre las condiciones necesarias para el “buen gobierno” en España. Nos decía que para conseguir ese objetivo hacen falta instituciones transparentes, ecuánimes y con reglas predecibles para todos y que dichas instituciones sólo pueden alcanzarse cambiando los incentivos del sistema. Sin embargo, el “quid” de la cuestión se encuentra en cómo cambiar dichos incentivos. A mi entender, de forma acertada, el autor comparaba la construcción del buen gobierno con la condimentación de una buena paella: “requiere una combinación de ingredientes que, aplicados en su justa medida, refuercen conjuntamente sus cualidades positivas. No sirven las medidas aisladas. Es necesaria una reforma institucional integral para salir del mal equilibrio”. En efecto, como valenciano, no podría estar más de acuerdo: una combinación adecuada de ingredientes a lo largo del tiempo es la clave para un buen arroz; sin embargo, si las proporciones no son las justas, o el “timing” no es el adecuado, el resultado puede ser un arroz pasado o, pero aún, “quemado”. Este efecto también puede darse en las instituciones.

Actualmente son muchas las voces que claman ante el mal estado de la Universidad española, indicando la necesidad de llevar a cabo reformas que le permitan desplazarse hacia situaciones de equilibrio más virtuoso. Uno de los principales problemas que se ha señalado como causante del declive de la Universidad española es su mecanismo de selección y promoción del profesorado. El hecho de que la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA) esté ultimando durante estas fechas los nuevos criterios de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios ha abierto de nuevo el debate sobre cómo deben diseñarse y su grado de exigencia. Mi primera reflexión es que la degradación experimentada en los criterios de evaluación aplicados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) desde su integración en la ANECA me hace ser bastante pesimista al respecto.

La CNEAI es un claro ejemplo de buena práctica que ha contribuido notablemente a mejorar la Universidad española. La CNEAI se creó en 1989 (RD 1086/1989) por un equipo en estado de gracia, el del ministro Javier Solana, como un instrumento derivado de la LRU de 1983 y de la Ley de la Ciencia de 1985 con el único objetivo de efectuar la evaluación de calidad para aplicar el complemento de productividad investigadora. Sin embargo, el impacto producido por la CNEAI en la comunidad científica española ha trascendido su objetivo formal; las sucesivas normas que fueron precisando los criterios y procedimientos de evaluación así como el proceder de los comités de evaluación han actuado como directrices de referencia, por lo que la CNEAI ha tenido una gran influencia en el incremento en calidad y cantidad de la investigación que se realiza actualmente en España. Seguramente, la clave de su éxito fue establecer un sistema sencillo, barato, eficiente y flexible para la evaluación de la investigación que consiguió de forma progresiva un consenso en la comunidad académica. Sin embargo, este proceso nunca estuvo exento de peligros, especialmente en el caso de las ciencias blandas, como la Economía, con menor tradición científica en España y, por tanto, con procedimientos menos estandarizados internacionalmente, apareciendo de forma periódica grupos de presión que intentaban (y siguen intentando con éxito creciente) mantener sus intereses particulares con la menor rendición de cuentas posibles a la sociedad.

Lamentablemente, en mi opinión, la ANECA más que ser una solución al problema, ha constituido un motor para la degradación del sistema universitario en los últimos años por un mal diseño de sus programas de evaluación (no sólo el de acreditación del profesorado) desde el mismo comienzo de su funcionamiento, contribuyendo notablemente a la burocratización de la Universidad, diseñando un sistema complejo, caro y absurdo que insiste más en el control de calidad de los medios utilizados que en el éxito de los objetivos del sistema universitario: la calidad docente, investigadora y, hasta cierto punto, la empleabilidad y la transferencia de conocimiento que deberían derivarse de las dos anteriores.

En el caso del programa para la acreditación de profesores a los diferentes cuerpos universitarios, la laxitud con la que ha actuado la ANECA ha ido generando una bolsa de profesores acreditados que ya se cuenta por miles y que actúa como un nuevo grupo de presión en el sistema. Hay que señalar que desde 2007 se sustituyó el sistema de oposiciones para puestos de profesor funcionario por un sistema de acreditación en el que una comisión juzgadora no compuesta por especialistas del área sino por representantes de áreas más amplias (nada que ver con las comisiones de la CNEAI), designada por el Ministerio de Educación (no por sorteo), recibe un listado de los méritos de los candidatos, los valora según un baremo cuantitativo y, en su caso, acredita a los profesores para poder presentarse a concursos y oposiciones. Sin embargo, el verdadero problema viene después, pues una vez obtenida la acreditación, se ha generalizado la creencia interesada de que ésta genera un derecho individual a la promoción automática y son las propias universidades las que convocan las plazas (especialmente en periodos próximos a elecciones) a través de concursos públicos donde, en la práctica, en muchos casos, son los candidatos los que designan a los miembros de los comités que van a valorarles, sancionando la arraigada endogamia de la Universidad española. Las plazas se convocan en función de los candidatos acreditados y no por la necesidades existentes en cada Departamento. Esto lleva a absurdos organizativos. Es como si una entidad bancaria tuviera que abrir tantas oficinas como personas capacitadas para ser director de sucursal o, por el contrario, que todos los empleados de una oficina fuesen directores y no hubiese ni administrativos ni interventores. Creo que cualquier persona convendrá conmigo en que este sistema de organización tiende a ser poco eficiente y muy caro para el contribuyente. Al final, la única restricción que existe es la presupuestaria. Es por eso que en algunas universidades se han establecido algunas ratios, más o menos arbitrarias, entre distintas categorías profesionales, pero esto es la excepción más que la regla y por motivos equivocados.

Como todo es susceptible de empeorar, el Ministerio de Educación, tal vez de forma bienintencionada, con la idea de fomentar la movilidad, aprobó un RD hace ahora un año, por el que se establecen plazas de “turno libre” (en teoría, abiertas a la competencia) y “plazas de promoción interna” a las que no se pueden presentar desde otras universidades y, por tanto, cerradas a la competencia (ya no sólo de facto, sino también de iure). Se supone que la mitad de las plazas debían adoptar una u otra naturaleza. De nuevo, en la práctica, las universidades han reservado las plazas de “turno libre” para titularidades (donde la competencia es menor), concentrando la práctica totalidad de las nuevas cátedras de universidad en las plazas de promoción interna, a las que sólo puede presentarse el candidato de la casa o, a lo sumo, un compañero de su propio departamento, pero no de otras universidades. Todo ello, ahora, de forma legal. Este es un claro ejemplo de que cuando nos movemos entre dos equilibrios que son subóptimos, hay que ir con mucho tiento para no empeorar la situación inicial. Bien por incompetencia o mala fe, esta reforma promovida por el equipo del nuevo ministro de educación está consiguiendo los efectos contrarios a los anunciados.

En la práctica, es la ANECA la que con su acreditación designa a los nuevos funcionarios quienes creen que generan un derecho individual. Ante esta situación, es lógico que sea muy importante que los nuevos criterios que marque la ANECA para la acreditación a cuerpos universitarios sean rigurosos y supongan un avance respecto a los aplicados hasta ahora. Sin embargo, en mi opinión, tanto o más importante que los criterios de acreditación, son las condiciones para la configuración de los comités evaluadores. Los criterios pueden ser relativamente generales, pero son los comités de expertos de cada área los que deberían ir actualizándolos en el tiempo según el grado de desarrollo de las diferentes disciplinas y aplicando un siempre necesario grado de discrecionalidad técnica. En otro caso, podemos entrar en disquisiciones bizantinas sin fin y, en muchos casos, sin principio que las sustente más allá de los intereses partidistas. Junto a esto, debería quedar claro que para entrar en un cuerpo de la administración del Estado, no basta un concurso “local”. Esto podría ser suficiente, tal vez, para un contrato de empleo público en un organismo autónomo local pero no para convertirse en funcionario y menos del Estado. Seguramente esto podría solucionarse estableciendo una diferencia entre ambos tipos de puestos que, por otra parte, deberían tener funciones y capacidades académicas distintas. Se deberían establecer los incentivos necesarios para ello y transitar hacia un sistema como el alemán o el holandés.

Por último, me gustaría dejar claro que la Universidad española funciona de forma muy razonable para cómo está organizada. Seguramente es por la calidad humana e intelectual de la personas que se sienten atraídas a desarrollar su vida profesional en ella, pues en la mayoría de los casos es una actividad claramente vocacional. También creo que, en un entorno más competitivo, una buena parte de los profesores habría podido desarrollar una carrera profesional similar. Sin embargo, dada la perversión del sistema, nunca lo sabrán.

Cecilio Tamarit, Universidad de Valencia

Diario Levante (06/09/2016)

Evolución de la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB de los EE.UU., 1947-2015

En el gráfico adjunto (hacer click sobre el mismo para verlo más grande) se muestra la evolución histórica de la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB de los EE.UU. para el periodo 1947-2015.

Los datos nos indican que hay clara tendencia desde 1947 a la actualidad a una caída en la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB en los EE.UU. El máximo se sitúa en 1970 con el 51,7% de la remuneración de los asalariados en el PIB y el mínimo histórico se ha situado en el 42% en 2011, en plena crisis financiera y económica. El último dato publicado para 2015 registra una ligera recuperación (44,3%) desde el mínimo de 2011.

Pero de estos datos no se puede derivar un caída de las rentas de los hogares. Este descenso se puede compensar con una subida de otras rentas que no sean remuneración de los asalariados, por ejemplo, pensiones, rentas de los trabajadores autónomos, alquileres, dividendos, y otras rentas del capital percibidas por los hogares.

Las “brechas” de la inserción laboral de los titulados universitarios, por Juan A. Vázquez García

La inserción laboral de los titulados constituye, indudablemente, una preocupación y un objetivo de primer orden para nuestro sistema universitario. Por fortuna, y como reflejo de esa preocupación, los datos, estudios y análisis han proliferado en los últimos años hasta ofrecernos una visión amplia y detallada del estado de la cuestión.

No es mi propósito, por lo tanto, volver sobre lo que documentan ese tipo de estudios sino ofrecer una breve reflexión sobre lo que considero que constituyen algunas de las principales “anomalías” o “brechas” que se detectan en la inserción laboral de los titulados universitarios.

La primera de esas brechas es la que se abre entre oferta y demanda y se pone de manifiesto en un número de titulados que el sistema es incapaz de absorber. ¿Tenemos muchos titulados o pocos empleos? ¿Es muy grande nuestro sistema universitario o muy estrecho nuestro sistema productivo? Me resisto a resolver el dilema por la vía de reducir el número de universitarios y pongo el acento, por eso, en el hecho de que en España contamos con un sistema productivo con escaso peso de los sectores intensivos en conocimiento, con un nivel inferior al de otros países europeos, y que ampliar esos sectores y puestos de alta cualificación (un reto que escapa a las responsabilidades universitarias) resulta indispensable para la mejora de la inserción laboral de nuestros titulados universitarios (y, además, para la competitividad de nuestra economía).

La segunda brecha es la existente entre los perfiles formativos y las necesidades del mercado de trabajo y, para no repetir las abundantes consideraciones que se han hecho sobre el tema, me limito a proponer dos únicas, aunque creo que relevantes, recomendaciones. Por un lado, la necesidad de que la programación de las enseñanzas universitarias responda a estímulos de demanda antes que de oferta, al revés de cómo ha venido siendo hasta ahora. Y por otro lado, a la necesidad de acortar la enorme distancia que media entre la lentitud de los procesos académicos y la velocidad de la transformación de los requerimientos formativos en el sistema productivo.

La tercera brecha se plantea llamativamente entre “lo que sobra y lo que falta” y se plasma en la existencia simultánea de desempleo y vacantes (fundamentalmente en nuevas profesiones y “digital skills”) en el mercado de trabajo. Ello me lleva a plantearme una pregunta para la que ya adelanto que no tengo contestación: ¿por qué la demanda no sigue a la inserción laboral? Es decir, qué explica el desequilibrio que se produce entre las titulaciones más demandadas por los estudiantes y las que mejor inserción laboral registran; qué explica el hecho de que mientras se incrementa significativamente la demanda de perfiles STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), las matriculaciones en estos estudios hayan caído en una década un 40% en España.

Los nuevos escenarios que se están abriendo paso intensa y velozmente tanto en el mundo formativo como en el ámbito productivo, establecen una cuarta brecha entre viejas y nuevas concepciones de la inserción laboral de los titulados en educación terciaria, que haríamos mal en ignorar y que obliga a revisar con urgencia tradicionales planteamientos y a diseñar con creatividad e imaginación nuevas estrategias de inserción que,  a mi modo de ver, han de orientarse al menos en las siguientes direcciones.

Por un lado, en la de unas innovaciones educativas radicales que, para adaptarse a una cambiante demanda de cualificaciones, incorporan más experiencias prácticas y conducen hacia una universidad más dual, pero que ha de mantener un equilibrio para evitar programas formativos con más conocimiento y menos educación, concebida como producto y no como proceso.

Por otro lado, en la adecuación a unas transformaciones en la forma de proveer la formación y conectarla con el sistema productivo, que no responden a normas fijas, que propician el desarrollo de programas “a la carta”, para estudiar dónde, cuando y cómo se quiera, y que generan un tipo de estudiantes que tomarán cursos de distintas instituciones con diversas modalidades y estrategias.

Por lo demás, en la dirección del imprescindible fomento de cauces de estímulo a la creatividad, el emprendimiento y las iniciativas de los estudiantes, que la universidad no proporciona convenientemente por ahora y que, en muchas ocasiones, se acaban desarrollando fuera de ella.

Y la última de esas orientaciones nos devuelve casi a un punto de partida en el que hay que admitir que la inserción laboral es una tarea a la que la universidad ha de contribuir pero que desborda sus competencias y capacidades; y en la que habrá que reconocer humildemente que no tenemos la clave para que nuestros alumnos encuentren trabajo, que nadie sabe como será el mercado de laboral de dentro de unos años y que se perfila un horizonte de “crecimiento sin empleo” (o de otro modo de concebir el empleo) porque parece haberse roto el acoplamiento entre productividad, crecimiento y empleo que ha venido funcionando hasta ahora.

Juan A. Vázquez

Universidad de Oviedo

EL FMI EN EL RESCATE BANCARIO

Convalecientes todavía de las terapias de ajuste diseñadas por la troika, uno de sus miembros, el FMI, difunde un informe crítico con sus actuaciones en la gestión de la crisis en la eurozona. Se trata del elaborado por la Independent Evaluation Office (IEO), creada en 2001 tras las críticas a las políticas impuestas por el Fondo durante la crisis asiática de finales de los noventa del siglo pasado. Su objetivo es llevar a cabo evaluaciones objetivas e independientes de las políticas y actividades de la institución. Sus veredictos, aun cuando tampoco estén exentos de controversia, son útiles y pretendidamente rigurosos. Es el caso del informe difundido el pasado 28 de julio sobre la participación del FMI en las crisis que sufrió la eurozona tras el contagio de la convulsión estadounidense, en 2008. En particular se presta más atención a los programas aplicados a Grecia, Irlanda y Portugal, pero son muy relevantes las consideraciones sobre el conjunto de la eurozona. Y, desde luego, las referidas a su participación en el rescate bancario español, donde se centrarán buena parte de los comentarios que siguen.

La primera de las lecciones que se destaca de forma genérica es la relativa a la deficiente supervisión de las economías de la eurozona. El informe es claro: el FMI identificó los principales focos de peligro, pero no previó la magnitud de los riesgos que más tarde se manifestaron en toda su extensión. La supervisión de la arquitectura regulatoria de la eurozona no mereció objeción alguna, pero al igual que les ocurrió a no pocos analistas (incluido el que suscribe) pasó por alto el potencial destructivo de la acumulación de deuda en algunos países. Fue el caso de España, con importantes desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos, reflejo del ascenso del endeudamiento privado.

“Europa es diferente”, era la presunción dominante en el FMI, amparada en la concepción ampliamente extendida, también entre las autoridades españolas, de que los déficit por cuenta corriente no merecían ser objeto de preocupación en el seno de la eurozona y que los frenazos repentinos en los flujos de capital – los dichosos “sudden stops” –no podrían tener lugar dentro del área monetaria. Esa complacencia del Fondo hacia los problemas europeos algunos la atribuyen al dominio europeo en el gobierno de la institución, pero quizás también a la presunción sobre una calidad institucional de las economías avanzadas que puso en entredicho la propia crisis.

Pero no todo son críticas. La agencia valora positivamente el papel desempeñado por el FMI en el apoyo técnico prestado a las autoridades españolas con ocasión del programa de asistencia financiera para la recapitalización del sistema bancario. Y de la mano de esa asistencia, el Fondo apoyó igualmente todas las actuaciones sectoriales en la eurozona, como la aplicación de los “stress tests”, las consecuentes decisiones de recapitalización o el lanzamiento de la unión bancaria.

No solo en el informe de la IEO, sino también en alguno de los muy sugerentes documentos de trabajo en los que se sustenta, en particular el de Nicolas Veron ( The IMF’s Role in the Euro Area Crisis: Financial Sector Aspects”), se presta especial atención al caso de España. Entre las razones que lo justifican están la dimensión relativa de la economía y de su sistema financiero, y la particular afectación del círculo vicioso entre los problemas bancarios y la crisis de la deuda soberana, principal alimentador de la crisis de la eurozona. Es comprensible, por tanto, que la crisis bancaria española actuara como catalizador de posteriores decisiones europeas fortalecedoras de la integración, como fue la definición del proyecto de unión bancaria.

En España, se destaca, no había un problema de finanzas públicas. Se trataba de un claro “caso de contagio desde el sistema bancario” que deterioraba el entorno de la eurozona hasta convertirlo en una seria amenaza al acceso al mercado de deuda pública. Como destaca Veron, España nunca perdió el acceso a los mercados de deuda, pero los riesgos del sistema bancario fueron de suficiente entidad como para justificar a medidos de 2012 ese programa de rescate destinado a la recapitalización del sistema bancario en cuyo control participo el FMI. La asistencia fue necesaria, se subraya “solo por la dislocación de los mercados financieros de la eurozona, a partir de mediados de 2011.” En realidad, las cosas mejoraron notablemente una vez se anunció el horizonte de la Unión Bancaria y el BCE adopto decisiones extraordinarias de política monetaria.

De la revisión de las propias actuaciones del FMI en el caso de España se deduce que ya tras el colapso de Lehman Brothers se advirtió de las necesidades de recapitalización, a tenor de las perdidas observadas en el mercado inmobiliario, que fueron subrayadas en los informes, en virtud del artículo IV, de 2010 y 2011, en los que “se dudaba de que los esfuerzos de las autoridades para la consolidación de las cajas de ahorros fueran suficientes para restaurar la estabilidad”.

Fue el informe específico sobre el sistema financiero español de 2012 (FSSA) el que sirvió de catalizador, “ayudando a las autoridades españolas a reconocer la realidad a la que se enfrentaban y a preparar respuestas apropiadas”. En junio de 2012 el gobierno aceptó solicitar la asistencia financiera de Europa, por 100.000 millones de euros y la aceptación del Memorando de Entendimiento (MoU), impuesto por el Eurogrupo el 20 de julio de 2012, cuyas principales directrices ya fueron anticipadas en el informe citado del FMI.

La IEO destaca que la calidad de ese apoyo, “en términos de diseño de la estrategia y control de su aplicación”, fue ampliamente reconocida por las autoridad europeas y españolas. A pesar de que inicialmente, destaca la IEO, las autoridades españolas no veían que el FMI pudiera jugar un papel, quizás por ese prejuicio asociado a la petición de auxilio, a la tutela excesiva para buscar salidas a los problemas bancarios, fáciles de identificar desde el inicio de la crisis. Al final, señala el informe, las autoridades europeas acabaron imponiendo la participación activa del FMI y suscribiendo esos términos de referencia con el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Europea. Además de la participación sustantiva en el diseño del programa, el Fondo mantuvo en España un experto en el sistema financiero y participó activamente en las discusiones con las autoridades españolas, el BCE y la Comisión Europea. Las misiones del FMI visitaron España en cinco ocasiones entre octubre de 2012 y diciembre de 2013, en las que se basó el informe favorable al consejo ejecutivo del FMI de febrero de 2014.

Esta lectura del informe de la IEO, lo he advertido, es parcial, y ha pasado por alto importantes aspectos del protagonismo del FMI en la crisis de la eurozona. Del conjunto de críticas de la IEO destaca la relativa al tratamiento de la crisis griega, merecedora de una reestructuración previa de su deuda publica antes de imponer decisiones que no facilitaron la reducción de esa deuda. La opacidad en muchas decisiones adoptadas por los responsables de la gestión de la institución también aparece entre esos “trapos sucios aireados por la IEO “ como califica Barry Eichengreen, a un ejercicio probablemente incompleto, pero de todo punto necesario.

Diario El País (28/08/2016)

LA ECONOMÍA NO ESTA EN FUNCIONES

La compleja realidad de estos últimos años nos está enseñando, entre otras cosas, a precisar el valor de determinadas presunciones, como es la relativa a la causalidad entre situación política y comportamiento de la economía, dependiendo del grado de integración supranacional de esta. El caso de España es relevante.

Tras ocho meses de interinidad política, un gobierno en funciones y dos convocatorias electorales con repetidos resultados nada favorables a una cómoda gobernación del país, los indicadores económicos son, en líneas generales, mejores de los previstos cuando se convocaron las primeras elecciones. La explicación, en mi opinión, es que en una situación como la actual la integración en la eurozona es mucho más vinculante que lo que pueda dejar de hacer cualquier gobierno. Sin la excepcional tutela del Banco Central Europeo (BCE) nuestro país estaría hoy sufriendo las consecuencias de esos factores de riesgo político, en forma de una marcada inestabilidad financiera, en el mejor de los casos.

Con la información disponible, el dinamismo de la economía española a lo largo de la primera mitad del año ha sido mayor que el esperado por la totalidad de analistas, agencias multilaterales y el propio gobierno. Aunque con algo menos de intensidad, los factores que propulsaron el inicio de la recuperación – precios bajos de los hidrocarburos, tipo de cambio del euro favorable a las exportaciones y tipos de interés excepcionalmente reducidos- han mantenido su contribución fundamental al crecimiento de la economía. En primer semestre la expansión habrá alcanzado muy probablemente el 3%, con tasas similares de creación de empleo. Las exportaciones de bienes han seguido creciendo favorecidas además por una contención de los costes laborales unitarios, y los ingresos por turismo siguen batiendo records, también beneficiados por factores externos como es el deterioro de la estabilidad en destinos competidores a los nuestros.

El periodo más dilatado de interinidad política de nuestra democracia tampoco ha impedido aumentos en la inversión empresarial, amparada en esas condiciones financieras benignas que, además, posibilitan la reducción del endeudamiento. La reciente extensión por el BCE de las adquisiciones de deuda a la emitida por algunas grandes empresas ha contribuido a la mejora del clima financiero cuyo exponente más destacado es la cotización de nuestra deuda pública y la ausencia de revisiones a la baja en su calidad crediticia. Y ello a pesar del manifiesto deterioro de las finanzas públicas.

En condiciones normales, sin esa protección del BCE, los mercados de bonos habrían infringido severos castigos tras el continuo aumento de la deuda pública, la desviación del objetivo de déficit público y las amenazas de sanción por la Comisión Europea. Lo que hemos presenciado, sin embargo, son ascensos significativos en la cotización de nuestra deuda pública – descensos en los tipos de interés- e incluso estrechamientos de los correspondientes diferenciales con la deuda alemana. Esa dichosa sanción europea, tendrá sin duda trascendencia política, pero su reflejo en la actividad económica o en las variables financieras ha sido más que neutralizado por el activismo del BCE.

No hace falta insistir en que de ese contraste entre resultados económicos y situación política no cabe deducir la fácil conclusión de que la inestabilidad política es poco relevante. Acaba pasando factura en forma de un deterioro creciente de las expectativas de los agentes económicos nacionales y extranjeros. Siempre podría analizarse cuales habrían sido los resultados económicos si además de la protección del BCE y la complicidad de algunos factores externos hubiéramos dispuesto de un gobierno estable. Pero quizás no habrían mejorado mucho las cosas en estos ocho meses, porque en realidad, la exposición a variaciones adversas en el entorno es tan vinculante o más que la estabilidad política. Y en los meses que tenemos por delante las que tendrán lugar en Europa no van a ser precisamente tan cómplices del crecimiento económico como hasta ahora.

Al debilitamiento de los propulsores externos y las tensiones geopolíticas se incorporará la incertidumbre sobrevenida tras el referéndum británico que ya ha justificado la revisión a la baja de las posibilidades de crecimiento en Reino Unido y en toda la UE. Un verdadero “palo en las ruedas de la recuperación”, como ha destacado el economista-jefe del FMI. Efectivamente, “el momento más delicado para la economía mundial desde 2008”, según el G20, cuando la crisis se propagó por todas las economías avanzadas. Este sí que es un foco de incertidumbre política, bastante más relevante para la economía que el existente en España, en la medida en que puede hacer aún más difícil la protección de la estabilidad de la eurozona. Desde luego, un obstáculo añadido a la gestión de los problemas en algunos sistemas bancarios continentales, el italiano y portugués de forma destacada.

La economía española, recordemos, mantiene vínculos importantes con la británica, tanto comerciales, con un superávit en la correspondiente balanza de pagos, como desde luego, en servicios. Nuestro país tiene a los británicos como principales visitantes turísticos y la población estable de europeos más numerosa. Sobre el total del stock de inversión directa en el extranjero de las empresas españolas también Reino Unido representa una de las más importantes proporciones, en sectores de gran significación para la economía española.

Todo ello no favorece la continuidad del dinamismo observado en la primera mitad del año y la correspondiente solución de algunos problemas que la recuperación no ha reducido. El déficit y la correspondiente deuda pública es uno de ellos, pero estrechamente vinculado es el desequilibrio en el sistema público de pensiones, que requerirá de la asignación de ingresos públicos en un plazo no muy distante. Las correcciones necesarias no son igualmente llevaderas si el crecimiento económico y el del empleo no acompaña.

La economía española a diferencia del gobierno no ha estado en funciones, pero es candidata a sufrir las consecuencias en las alteraciones del entorno internacional que hasta hace poco le ha sido ciertamente propicio. El rigor de esas consecuencias dependerá de la reacción de las instituciones europeas, de su voluntad y capacidad para adoptar decisiones que neutralicen esos vientos recesivos. Las políticas del BCE han dado de sí prácticamente lo que podía. Es de todo punto necesario acompañarlas con aumentos de la inversión, en primer lugar las comprometidas por el presidente Juncker cuando accedió a la presidencia de la UE prometiendo la movilización de 315.000 millones de euros con el fin de mejorar conexiones e industrias de red. Pero también las de aquellos países como Alemania que disponen de margen de maniobra suficiente en sus finanzas públicas.

Hacer valer esas decisiones, así como las circunstancias que han determinado el incumplimiento del déficit público de nuestra economía debería ser una de las principales tareas del nuevo gobierno. La relevancia de la acción política en Europa ha de corresponder con la importancia que las decisiones de sus instituciones han revelado sobre la economía española. Peor que el gobierno español siguiera en funciones seria que las instituciones comunitarias no respondieran a las amenazas que pesan sobre el bienestar de la mayoría de los europeos y, en definitiva, sobre ellas mismas. Las señales emitidas hasta ahora desde Bruselas no son precisamente proporcionales a los riesgos de estancamiento secular. Ni a las que el BCE reclama desde hace tiempo, consciente del agotamiento de sus terapias.

Diario El País (31/07/2016)

EUROPA EN CRISIS

Europa se encuentra hoy inmersa en una crisis general, que se extiende no sólo al ámbito económico, sino también al social y al político. Este es un uno de los temas que, entre otros,  se ha discutido en el workshop organizado por el IGLP de Harvard y el ICEI de la Universidad Complutense de Madrid que se ha celebrado la pasada semana en la ciudad financiera del Banco Santander, en Madrid.

La crisis económica ha puesto de relieve que Europa está lejos de constituir un área monetaria óptima, es decir, un área apropiada para una moneda única. Esto es algo que los economistas ya sabíamos desde hace tiempo, a tenor de los diversos análisis derivados del trabajo seminal de Robert A. Mundell de 1956. Pero el proyecto europeo se justificaba sobre la base de que la optimalidad de un área monetaria se construye también a través del propio proceso de integración económica y monetaria, siempre que los países involucrados participen de un destino común y coincidan en la forma de plantearse y resolver los problemas. Hoy sabemos bien que la Europa unida se encuentra lejos de cumplir este requisito indispensable. Por el contrario, el lograrlo requerirá aún de un esfuerzo muy notable.

En términos económicos, hoy apenas se ha recuperado el PIB anterior a la crisis. En el área euro, esta magnitud sólo alcanzó en 2015 un 0,3% más que en 2008, frente a un 10% más en EE.UU. Alemania, Polonia y algunos países pequeños (Suecia, Irlanda, Malta, Eslovaquia) han conseguido mejores resultados,  superiores a la media, pero España, Portugal, Gracia, Italia, Chipre y Finlandia se encuentran por debajo de los niveles de producción previos a la crisis. En el empleo la recuperación es aún menor, aunque también lo es para EE.UU.

En términos sociales, se ha acelerado la tendencia hacia la desigualdad en la distribución de la renta, en gran parte como producto del aumento del desempleo, y se ha extendido entre una parte importante de la población una actitud de rechazo de la inmigración que ha favorecido el auge de los movimientos políticos involucionistas, contrarios a los valores europeos de solidaridad, integración y libre movilidad de las personas.

En el ámbito político, la capacidad de las autoridades europeas para atajar los diversos problemas y conflictos, comenzando por el importante asunto de la crisis griega, ha sido muy limitada. Alemania ha mostrado una gran resistencia a asumir un liderazgo clarividente y solidario, y el eje franco-alemán, en otro tiempo muy fructífero, apenas ha funcionado,  sin que quepa esperar su pronta reconstrucción. Por ello, puede decirse que la gobernanza europea se encuentra hoy huérfana, reclamando la contribución positiva de todos los países, que no se antoja fácil, dadas las divisiones con respecto al futuro del proyecto comunitario.

Este ha sido el marco propicio  para que Brexit se haya producido y también para que la ya anémica situación de la banca italiana se acentúe, introduciendo más incertidumbre acerca del futuro y ralentizando la recuperación económica. Las previsiones acerca de la evolución del PIB se han reducido al endémico 1.5%, tanto para este año como para el que viene.

Por otra parte, el desconcierto de las autoridades europeas ha alcanzado límites notorios. La falta de soluciones claras a problemas urgentes (los refugiados) y la excesiva preocupación por temas menores (las multas a España y Portugal) amenazan con agravar los conflictos abiertos y con multiplicarlos. El incremento del número de atentados terroristas añade a estos factores el miedo de la población.

En este escenario crítico y confuso, cobra más relieve el considerable avance logrado en la construcción de un área monetaria óptima: la consolidación de un  fuerte y activo Banco Central Europeo, a pesar de las reticencias alemanas. Es esta institución quien ha salvado a Europa de una crisis económica más profunda.

Parece obvio que resulta necesario seguir avanzando con paso firme en la integración europea, primero con la unión bancaria europea, cuya construcción debe ser bien administrada (no provocando heridas en Italia), y después, a través del incremento del presupuesto común, que dote de mayor capacidad de acción a las autoridades comunitarias ante nuevos shocks, simétricos y asimétricos. También mediante la emisión de deuda pública común (eurobonos), como clara señal dirigida a los mercados financieros del compromiso común en la defensa del euro.

Además, es urgente construir una mejor y más transparente gobernanza europea, con un extenso acuerdo entre países, y probablemente, con diferencias en los caminos hacia una mayor integración (dos velocidades). De entrada, ha de buscarse un buen acuerdo con el Reino Unido.

Estas acciones deben ser el centro de una estrategia general dirigida a hacer valer los beneficios de pertenencia a la UE, en lugar de resaltar sus servidumbres, que debe incrementar la seguridad de la población europea, hoy confusa y asustada, y favorecer nuevas cesiones de soberanía nacional en aras de un futuro común.  La  Europa Comunitaria tiene que convertirse en un proyecto no sólo exigente, sino también atractivo, al que más y más países quieran incorporarse  y del que ninguno quiera abdicar.

Indicador de coyuntura: Julio 2016

El Ind-ALdE se ha actualizado para el mes de junio con los datos publicados hasta mayo de ventas y de producción industrial, y hasta junio de renta y de afiliados. El indicador sigue estancado en torno a los valores que ha tomado desde el año 2015. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en junio es de 2,8, inferior al valor de abril (3,3) y ligeramente superior al de mayo (2,2).

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALdE muestran signos ambiguos. Los indicadores que presentan datos en mayo indican una ralentización de la recuperación económica, mientras que los indicadores que presentan datos para el mes de junio muestran una leve mejora. Entre los primeros, los valores de renta y afiliados suben de 4,5 y 2,1 en mayo a 5,4 y 2,9 en junio. Entre los segundos, la producción industrial y las ventas bajan de 8,9 y 4,9 en abril a 4,0 y 2,2 en mayo.

Las paradojas del Brexit, por Juan A. Vázquez García

No es momento para dramatizar, pero no se puede desconocer la gravedad que supone el Brexit. Como si se tratase de una alineación desfavorable de los astros en este solsticio de verano, los rescoldos de la hoguera de San Juan nos han dejado una decisión de alcance tan grave como desconocido e imprevisible.

En el desenlace ha tenido mucho que ver la conjunción de frivolidad y descaro, de mentira y amoralidad, con que han actuado muchos políticos, de la vieja y la nueva hornada, que han convertido a la sociedad en rehén de sus particulares juegos de tronos. También la deriva de una UE en retroceso, desconcertada, paralizada y burocratizada.

Pero lo que me llama más poderosamente la atención son las paradojas a las que puede conducir este episodio del Brexit. La primera de ellas es de orden político: ya se ve que suplantar la democracia representativa por la democracia directa del “derecho a decidir” conduce a referendos de devastadores efectos, capaces de producir bandazos de consecuencias imprevisibles, de dividir todo por mitades, de fracturar sociedades, de convertir en determinantes del futuro a los que ya solo tienen pasado y de marcar por leves fronteras porcentuales decisiones irreversibles por generaciones.

La segunda paradoja muestra el potencial destructivo de los populismos de uno y otro extremo, el engaño de simplificar lo complejo, de enmascarar las realidades con ensoñaciones, de promover revoluciones de sonrisas que se van quedando heladas a lo largo de un trayecto sin ruta fijada y con rumbo que se admite desconocer sin reparo. En ese viaje hacia lo desconocido hay tanto de irresponsabilidad en quiénes lo promueven como de simpleza en quiénes lo secundan con un reflejo de perdedores de la globalización que emprenden una huida hacia delante que no es más que una vuelta atrás, que buscan refugio en mundos reconocibles y, para ellos más seguros, que han dejado de existir y, por más que lo pretendan, ya no van a volver.

La tercera paradoja es económica y se cifra en los costes innecesarios que pagaremos todos (los entusiastas del Brexit en primer lugar) y en las falsas promesas de estar mejor que solo conducen a estar peor. Son muchos los potenciales efectos negativos a medio plazo en el ámbito comercial, de las incertidumbres financieras, de los riesgos económicos o de las expectativas empresariales. Pero basta comprobar, ya en tan solo los primeros días, la pérdida de capitalización de las empresas, la depreciación de la libra, la volatilidad de los mercados, el descalabro de las bolsas, las subidas de las primas de riesgo, el activismo de los Bancos Centrales inyectando liquidez y, en fin, la pérdida de riqueza de todos (no solo de los ricos sino de las clases medias). Es posible que al final el temporal amaine, que el tiempo pase y se encuentre para el Reino Unido algún tipo de encaje o asociación con la UE que limite los daños del Brexit. Pero existe también el serio riesgo de que, apenas salidos de una crisis que ha estado en el origen de todo, nos adentremos en una nueva crisis como desenlace de este desdichado proceso.

Y la cuarta paradoja, es la de una pretendida afirmación de la soberanía nacional que puede derivar precisamente en la fragmentación de esa soberanía, que puede conducir a un Reino (des)Unido, al singular caso de una Escocia votando independencia para mantenerse en la UE (y de paso dando alas a Cataluña) y al enorme riesgo de un contagio que podría truncar definitivamente ese sueño que fue Europa, que con todas las imperfecciones que se quiera nos ha permitido vivir décadas de paz y de prosperidad. ¿Se imaginan lo que ocurriría con un nuevo referéndum para la salida de Francia (el Frexit) como el que ya propugna Marine Le Pen?

Siento no haber llegado a tiempo de quemar los malos augurios en la hoguera de San Juan. No me consuelan los argumentos del tipo de ¡que se vayan los que nunca han llegado a estar del todo! y, aunque quisiera creerlo, no me llegan a convencer los mensajes bienintencionados de que esto servirá para reforzar la cohesión o refundar lo que vaya quedando de la UE. Yo no estaré tranquilo mientras sigan celebrando el Brexit personajes como Farage, Le Pen, Trump o Putin, pero aun así no quiero caer en la desesperanza.

Juan A. Vázquez

                                                                        Universidad de Oviedo

Dos puntos de inflexión

Es lo que suponen —o podrían suponer— los resultados del 23 y del 26J. Siempre es aconsejable distanciarse de lo que acontece antes de proceder a valoraciones, pero la doble sorpresa que han deparado las consultas de la semana pasada incita a pronunciarse.

El triunfo de los partidarios del “Brexit” corta, desde luego, un proceso que después de seis décadas parecía irreversible: la construcción de la unión europea, ampliando sucesivamente el número de países y de competencias. En ese sentido, más que una curva en el camino es una vuelta atrás. Un club cuyo problema hasta ahora, con relación al número de socios, era acordar las condiciones y el calendario de quienes solicitaban ingresar en él, se enfrenta abruptamente a que uno de ellos –y no el menos importante, por cierto- opta por desvincularse, impulsando con ello de paso eventuales apetencias análogas entre quienes quedan dentro.

Todo un “shock”. No puede restársele importancia. Sí, en cambio, puede aprovecharse para hacer de él un auténtico punto de inflexión en la trayectoria seguida por la UE en los últimos años, tan titubeante. Primero fue el largo “impasse” institucional a consecuencia de la frustración del Tratado Constitucional tras el rechazo —en sendos referendos, por cierto— de Francia y Holanda. Acto seguido, el impacto económico y social de la Gran Recesión, cuando comenzaba a digerirse la adhesión de doce nuevos países y a rodar una moneda sin apoyaturas. Entre medias, el fiasco de la “Primavera árabe”, con recurrentes estallidos del “gran magma islámico” —según la metáfora orteguiana—, que convierte al flanco sur de Europa en una frontera vulnerable, con letales impactos también tierra adentro. Casi simultáneamente, tensiones conflictivas en la frontera oriental, tras la anexión de Crimea por Rusia. Todos, como el propio triunfo del Brexit, acontecimientos no previstos —aunque quizá no imprevisibles—, que han zarandeado un proceso que tiempo atrás, consumada la unificación de Alemania, parecía tener el camino expedito. Con el resultado conjunto de avances entrecortados y siempre un poco agónicos, perdiendo en el camino crecientes proporciones de opinión ciudadana, que hoy bascula del euroescepticismo a la eurofobia. Por eso el 23J debe ser un punto de inflexión. O fortalecerse o morir. Más que nunca, el aliento político —paz y metas comunes de libertad y progreso— que está en la base de lo que hoy es la Unión Europea, tiene que adquirir fuerza suficiente para desbrozar una senda que, en términos retrospectivos, tan buenos réditos ha dado ya a tres generaciones de europeos y que, si se mira hacia delante, es la única que puede salvar de la irrelevancia a la UE —y no solo a cada uno de los países que la integran— en un mundo global cuyo centro de gravedad se aleja cada vez más de nuestro continente.

Como constituiría otro pronunciado viraje el que los resultados del 26J se proyectaran sobre el mapa electoral europeo. La pérdida de votos de las candidaturas abiertamente populistas refuta el supuesto crecimiento imparable de las fuerzas de ese signo, que en tantos casos —aquí y en toda Europa— mezclan reivindicaciones domésticas con rechazo de la mundialización y la democracia. Lo ocurrido en España como pauta a seguir: otro deseable punto de inflexión.

Paradojas e Imposibilidades: del Brexit al Sorpasso

¿Se acuerdan de la pregunta último referéndum en el que se nos invitó a votar? Probablemente no, pero Wikipedia tiene la memoria que nos falta: ¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa? España, como Fuenteovejuna respondió que sí (y todos a una). Pero resulta que los Holandeses dijeron que no y ahí sigue la constitución Europea, durmiendo el sueño de los justos.

Muy probablemente ni Holandeses ni Españoles nos leímos atentamente la constitución europea antes de votarla y tampoco teníamos una idea clara de cómo nos iba a influir. Al igual que los británicos con su particular “Brexit”, votamos por inercia, por tradición o simplemente porque pensábamos que individualmente nos iría mejor o peor con más integración Europea.

La falta de información, capacidad de compresión o de previsión pueden propiciar situaciones injustas y comprometidas para un amplio espectro de la población. Por ejemplo, hoy se constata la profunda injusticia del Brexit para los escoceses, irlandeses del norte, londinenses y jóvenes británicos, que votaron mayoritariamente por permanecer en Europa.

La organización del sistema de votación puede conducir a situaciones injustas o socialmente ineficientes. Lo sabemos desde el siglo XVII cuando Condorcet publicó su ensayo sobre la paradoja de la votación.  Consecuentemente, la mayoría de democracias parlamentarias (desde la revolución francesa) han implementado mecanismos de control para evitar situaciones injustas. Por ejemplo, el sistema bicameral, las segundas vueltas o una mayoría cualificada para cambiar leyes orgánicas.

Sucede además que la suma de preferencias individuales no tiene que coincidir necesariamente con las preferencias de toda la sociedad, que son mucho más complejas. El problema se complica especialmente cuando ampliamos el número de alternativas posibles. En nuestro país, hasta hace dos elecciones teníamos tan solo dos partidos con posibilidades realistas de gobierno. En este caso las preferencias sociales representaban bastante bien las preferencias individuales (salvando los problemas de desinformación). Una mayoría estaba contenta y la minoría no tanto, pero se podía alcanzar un sistema relativamente justo.

En cambio, ahora podemos elegir entre cuatro alternativas con alternativas reales de gobernar. No se puede calificar de sorpresa el resultado electoral cuando tan solo ha cambiado ligurmente con respecto a las anteriores elecciones la distribución dentro de los bloques, pero no la varianza entre grupos. Tampoco nos puede sorprender si tenemos en cuenta el artículo de premio Nobel Arrow “A Difficulty in the Concept of Social Welfare” (1950). En definitiva, lo que demuestra Arrow es que es imposible agregar las preferencias individuales con más de tres alternativas sin violar principios básicos de justicia social como la existencia de un sistema democrático.

En su teorema de la imposibilidad, Arrow añade también el principio de la independencia de alternativas indiferentes. Este último principio asegura que la preferencia social entre dos alternativas depende exclusivamente de las preferencias individuales entre ellas. Por ejemplo, si la aparición de un tercer candidato no altera las preferencias individuales con respecto a los candidatos ya existentes, no se deberá alterar el resultado electoral. Individualmente, todos lo que participamos en la votación teníamos clara nuestra preferencia acerca del candidato que debería gobernar durante la próxima legislatura. Sin embargo, el resultado final vuelve a reflejar una imposibilidad; en este caso para gobernar de manera estable durante cuatro años.

El propio diseño de votación, el número de alternativas, la claridad de las preguntas (y de las consecuencias) pueden influir en el resultado de las votaciones, que pueden arrojar, bajo ciertas circunstancias, unas situaciones absurdas, paradójicas y con un alto grado de injusticia social.

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