Whatever it took

El pasado 31 de octubre finalizó el mandato del presidente más importante de cuantos ha tenido el Banco Central Europeo. Ha sido su firme defensa de la Unión Económica y Monetaria la que ha guiado todas y cada de sus acciones en los años más difíciles de la historia de esta. Sin duda, por ello, la credibilidad, la reputación y la confianza en el BCE han alcanzado las cotas más altas desde su creación en 1999.

La llegada de Mario Draghi al BCE se produjo en noviembre de 2011 marcando unos objetivos claros para alcanzar su único mandato de estabilidad de precios (recordemos que alcanzar la estabilidad de precios en la Eurozona implica que la tasa de crecimiento de los precios, medidos por el índice armonizado de precios al consumo, esté próxima pero inferior al 2% a medio plazo). Los objetivos que han prevalecido a lo largo del mandato de Mario Draghi al frente del BCE (1/11/2011 a 31/10/2019) han sido cuatro:

1) Mantener una política de tipos de interés compatible con el objetivo inflación. Entre noviembre de 2011 y marzo de 2016 Mario Draghi, al frente del Consejo de Gobierno del BCE, acometió ocho rebajas sucesivas del tipo de referencia básico de la Eurozona desde el 1,5% hasta su límite cero, en el que se encuentra todavía. La primera rebaja de tipos se produjo tan solo tres días después del inicio de su mandato. Este dato es particularmente interesante pues, como se aprecia en el gráfico, supuso un giro radical a la inexplicable política alcista de tipos de interés que había tenido su predecesor a lo largo de 2011.

Alcanzar un nivel de tipos cero necesariamente ponía el acento en el cambio de rumbo hacia una política de cantidades o de expansión de balance, como veremos en el siguiente punto.

2) Ofrecer liquidez sin límites a las entidades de crédito con la finalidad de compensar el estrechamiento del mercado interbancario, de hacer frente a las necesidades de las entidades de crédito y de favorecer la financiación al sector privado. Las acciones desarrolladas en este ámbito fueron esencialmente dos. La primera, y sin perder tiempo, fue implementar dos inyecciones masivas de liquidez (una en diciembre de 2011 y otra en febrero de 2012) por un valor total de 1,1 billones de euros. Nunca, en tan poco tiempo, se ha inyectado tanto dinero a las entidades de crédito desde el inicio de la crisis. El problema de este impactante programa fue que coincidió en el tiempo con el año más difícil de la historia de la Unión Monetaria: el punto álgido de la crisis de deuda soberana que sembró una sospecha generalizada de reversibilidad de la moneda única que provocó una inestabilidad difícil de revertir. Sin duda 2012, fue el año más complicado de la vida de la UEM y en el que, sin duda, a punto estuvo de naufragar el proyecto europeo; en julio de 2012 Mario Draghi cortó de raíz todas las dudas con su famoso discurso “Whatever it takes”.

La segunda gran medida fue la puesta en marcha de un programa de flexibilización cuantitativa o QE (por sus siglas en inglés). Con el objetivo de reconducir los riesgos de un período tan prolongado de baja inflación se inició, en marzo de 2015, el mayor programa de compras de activos, tanto públicos como privados, de la historia de la UEM. Inicialmente este programa acabó en diciembre de 2018. Sin duda esta ha sido la medida de política monetaria no convencional más ambiciosa en el tiempo, la de mayor calado de cuantas ha implementado el BCE y la que ha cosechado mejores resultados. En diciembre de 2018, el balance consolidado del BCE alcanzó un máximo histórico de 4,67 billones de euros, cifra que representa un incremento del 119% en comparación con la situación inmediatamente anterior al inicio del QE en marzo de 2015 (con un balance de 2,13 billones de euros), equivalente al 40% del PIB de la Eurozona. En el gráfico siguiente podemos ver que la política de expansión de balance, que han protagonizado las dos acciones comentadas (sobre todo la segunda) ha provocado que el balance del BCE fuera en 2019 cuatro veces el de 2007.

3) Defender la irreversibilidad del euro. En septiembre de 2012, tras el famoso discurso, se pasó del dicho al hecho y se definió un nuevo programa de compra de deuda sin límite denominado Operaciones Monetarias Directas. Este programa supone la defensa sin paliativos de cualquier Estado miembro de la UEM, mediante la compra ilimitada de su deuda en los mercados secundarios. Esta actuación del BCE exige una condicionalidad estricta a un programa adecuado del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera / Mecanismo Europeo de Estabilidad (FEEF / MEDE y en el que la participación del FMI también se solicitará para el diseño de la condicionalidad específica de cada país y el seguimiento de dicho programa. Este programa nunca se ha implementado pero ha supuesto la mayor salvaguardia de la Eurozona. Tras su definición las primas de riesgo de los países de la Eurozona volvieron a una senda de normalidad, como se puede observar en la evolución de las primas de riesgo en el siguiente gráfico.

4) Penalizar a las entidades de crédito por hacer uso de los mecanismos que les permitían retornar liquidez al BCE en vez de prestarla al sector privado. Sin duda uno de los grandes problemas de la Eurozona durante la crisis ha sido la falta de disponibilidad de las entidades de crédito a facilitar ampliamente el crédito al sector privado, pese a la abundancia de liquidez que han generado los programas de expansión de balance. Este efecto, como se observa en el siguiente gráfico, se ha ido agrandando desde 2011 con la política de expansión de balance. Muchas razones explican este hecho, unas relacionadas con el contexto macroeconómico, como la situación de recesión y de deflación en la que se encontraba la Eurozona; otras ligadas a la situación del sector bancario europeo: la situación de crisis y reestructuración bancaria que estaban viviendo muchas economías de la Eurozona y, en nuestro caso la española; el aumento de los requerimientos de solvencia que exigía Basilea III a las entidades bancarias; y la ausencia de un mecanismo de supervisión conjunta para el sistema bancario de la UEM. Si bien es cierto que muchas circunstancias ya han sido revertidas, como la puesta en marcha de la Unión Bancaria con un mecanismo de supervisión y resolución (MUS y MUR) común para toda la UEM, también es cierto que todavía no se han dado las circunstancias para que desaparezca el recurso constante de las entidades de crédito a mantener liquidez cautiva en el BCE. En octubre de 2019 del total de activos inyectados por el BCE (3,28 billones de euros) el 52,13% estaban otra vez de vuelta en el BCE, como se puede observar en el gráfico siguiente.

En junio de 2010, Mario Draghi inició una política de tipos negativos para revertir esta situación y penalizar los recursos que las entidades de crédito mantenían en el BCE en forma de liquidez ociosa (es decir liquidez en forma de reservas voluntarias, o también llamadas excesos de reservas, y en forma de facilidades de depósito). Desde esa fecha los tipos de interés aplicados a estas operaciones han ido cayendo hasta el -0,50% (desde septiembre de 2019) sin que haya habido cambios muy significativos en los montantes netos de liquidez cautiva u ociosa.

Mario Draghi ha terminado su mandato quizás como no deseaba. Los acontecimientos que se han ido sucediendo desde finales de 2018 no han permitido el famoso “tapering” o retirada de las medidas no convencionales de política monetaria, fundamentalmente el Programa de Compras (QE). Antes bien, no solo no se han retirado sino que han vuelto para quedarse. En septiembre de 2019, ante una tasa de inflación en el entorno del 1% (muy lejos por tanto del objetivo del 2%), Mario Draghi, a la cabeza del Consejo de Gobierno del BCE, anunció una vuelta del Programa de Compras (que recordemos había finalizado en diciembre de 2018). El inicio de las compras se fijó en noviembre de 2019 con un ritmo de 20mm mensuales que continuarán “durante el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos oficiales y que finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés oficiales del BCE”.

¿Cuánto tiempo será este? ¿Cuándo volverán a subir los tipos de interés? Esta ya no es la responsabilidad de Draghi pero, sin duda, nadie le podrá reprochar nunca que no hizo lo que fue necesario.

Corrupción y comercio internacional. Un análisis exhaustivo con gravedad.

La siguiente entrada es un resumen del artículo “Corruption and international trade: a comprehensive analysis with gravity” publicado en Applied Economic Analysis (antigua Revista de Economía Aplicada), 27(9), pp. 3-20, por Salvador Gil Pareja, Rafael Llorca Vivero y José Antonio Martínez Serrano, de la Universitat de València

En este trabajo se estima el impacto de la corrupción en el ámbito del sector público sobre los flujos de comercio internacional a través de la metodología de la ecuación de gravedad y utilizando una base de datos amplia tanto por el periodo abarcado como por el número de países que incorpora.

La literatura establece esencialmente dos canales a través de los cuales la corrupción puede afectar a los flujos comerciales internacionales. Por una parte, el funcionamiento incorrecto del marco legal en el que tienen lugar las operaciones de este tipo afecta a la efectividad de los contratos generando incertidumbre y desincentivando las transacciones internacionales al incrementar el coste de las exportaciones, al igual que haría la imposición de un arancel. Por otra parte, si las barreras tanto arancelarias como no arancelarias son muy elevadas, los sobornos en frontera pueden actuar como catalizadores del comercio ya que servirían para superar estos obstáculos. En la terminología anglosajona este hecho se denomina “grease the wheels” y, desde el punto de vista teórico, es más probable que se produzca en entornos con ámbitos institucionales deficientes. Averiguar si el impacto de la corrupción sobre el comercio internacional es positivo o negativo es una cuestión empírica.

En este marco, las aportaciones de la investigación son diversas. Por un lado, la estimación se realiza a través de la técnica PPML (Poisson Pseudo Maximum Likelihood) incorporando efectos fijos de país y año y efectos fijos de par. De esta forma, se controla al mismo tiempo (algo que no ocurría hasta ahora) por prácticamente todas las fuentes de posibles sesgos: la heterogeneidad inobservable de los socios que comercian, la resistencia multilateral variante en el tiempo, la existencia de ceros en la variable dependiente y la heterosdecasticidad de los residuos. Esto conlleva la necesidad de introducir variables dicotómicas que se alteren durante el periodo considerado.

En nuestro caso, la corrupción se mide como la media geométrica del índice considerado para el par de países que comercia, lo que se toma como indicador de la corrupción promedio entre el exportador y el importador. Asimismo, se introduce en el modelo empírico una variable que contemple la distancia que separa a los socios comerciales respecto de esta variable institucional. Algunos autores argumentan que cuanto mayor sea esta distancia menor será el comercio entre los países.

Por otra parte, también supone una aportación relevante la consideración de una medida de la corrupción que se establece como alternativa a las tradicionales basadas en las percepciones de los expertos: Corruption Perception Index y Control of Corruption Index. Se trata de la que hemos denominado Structural Corruption Index (Dreher et al. 2007) que toma la corrupción como una variable latente que está conectada con sus causas y consecuencias. Esta medida superaría las deficiencias que presentan las fuentes anteriormente citadas y que se centran en no reflejar el estado contemporáneo de la corrupción por la inercia que incorporan y en estar especialmente sesgadas en el caso de los países menos desarrollados por venir influidas por otro tipo de variables (por ejemplo, la violencia).

Por último, en la estimación econométrica efectuada se analiza la influencia de la renta de los países (tanto del exportador como del importador) así como de la pertenencia de los mismos a un acuerdo regional de comercio en la relación entre corrupción y comercio. La influencia del entorno institucional (muy conectado con el grado de desarrollo) así como del cumplimiento de una normativa estricta en las relaciones comerciales internacionales en el efecto que el comportamiento corrupto pueda ejercer en los flujos de comercio justifica este análisis.

Los resultados obtenidos apuntan a un efecto negativo de la corrupción sobre el comercio internacional cuando se utilizan los índices tradicionales, si bien esta conclusión no se puede generalizar. Sin embargo, cuando se utiliza el índice estructural, las estimaciones sugieren el cumplimiento de la hipótesis “grease the wheels”, esto es, la corrupción impacta positivamente sobre el comercio internacional cuando en dicho comercio se ven implicados países de renta media y baja. Además, cuando se utiliza este índice, cuanto mayor es la diferencia entre países en los niveles de corrupción menores son sus flujos comerciales. No se obtiene evidencia de que la pertenencia a un acuerdo regional de comercio altere estas conclusiones.

 

RICOS Y ¿FELICES?

Por Carmen Ródenas Calatayud, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante.

El pasado mes de octubre el EUROSTAT difundió la información del módulo especial de la EU-SILC del año 2018 que, como en 2013, mide el pulso de la sensación de felicidad y de satisfacción con la vida de los ciudadanos de los países de la UE (ver el informe aquí y los datos aquí). No es una rareza, pues está aumentando el interés por estudiar la felicidad, el bienestar de las personas y su cuantificación estadística; de hecho, cada vez es mayor y más frecuente la disponibilidad de informes y datos a nivel internacional (ver el World Happiness Report de 2019, entre cuyos editores se encuentran Richard Layard o Jeffrey D. Sachs).

En el caso del EUROSTAT, en el cuestionario del módulo correspondiente al fichero individual de la EU-SILC de 2018, se pregunta a los encuestados por el grado de satisfacción global con “la vida en la actualidad”, con “la situación económica del hogar”, con “el trabajo actual” y, entre otras, con “sus relaciones personales con familiares, amigos, vecinos y conocidos”. Cada uno de estos ítems es valorado en una escala de 0 a 10.

De acuerdo con las respuestas a la pregunta general sobre la satisfacción con la vida, EUROSTAT ha elaborado el gráfico 1, en el que podemos ver los países ordenados de mayor a menor porcentaje de personas que, cuando en 2018 fueron encuestadas, declararon estar felices a lo largo de las cuatro últimas semanas:

Gráfico 1.

Podemos ver que los belgas son los que encabezan la lista del optimismo con un 76% de personas felices, y que Holanda, Austria y Finlandia presentan valores similares. Tras ellos, Luxemburgo con un 74% y en sexta posición no Italia o Francia sino España, con un 72% de gente dichosa. Conviene resaltar esto pues España es el único país del grupo sur-mediterráneo -y rescatado en la crisis del euro- que supera la media comunitaria. Por el contrario, entre los países menos dichosos se encuentran Grecia, Rumania, Lituania, Croacia, Bulgaria y en el último puesto Latvia/Letonia con un 31% de personas felices, la mitad de la media de la UE.

Es interesante conocer las variaciones en la puntuación media entre 2013 y 2018, las dos fechas para las que tenemos información, en tanto que recogerían la apreciación social de la mejora de las condiciones económicas y de salida de la crisis. Así, EUROSTAT nos ofrece el gráfico 2 en el que puede comprobarse que mientras que en Bulgaria y Chipre la sensación de mejora es grande (la puntuación media ha aumentado más de un 12%), en Lituania ha empeorado la percepción, disminuyendo la puntuación un 4,5%. Curiosamente, algunos de los mayores cambios –en uno y otro sentido- se han producido puestos de la “cola” de la felicidad que veíamos en el gráfico anterior. Por lo que respecta a España, nuestra media ha crecido un 2,6%, pasando de 6,9 a 7,3 puntos, participando de una mejora común a la mayoría del resto de países, excepto Holanda, Dinamarca y Suecia, donde se observa una ligerísima reducción.

Gráfico 2.

La información que ha difundido el EUROSTAT no solo permite comparar la sensación de felicidad en plena crisis con la que se tiene en la actualidad, sino que permite indagar algo más sobre por qué la gente se siente más satisfecha con su vida. Si ponemos en conexión las respuestas de satisfacción global con “la vida en la actualidad”, con las de satisfacción con “la situación económica del hogar”, con “el trabajo actual” y con “sus relaciones personales con familiares, amigos, vecinos y conocidos”, podemos obtener algunas pistas generales.

En una primerísima aproximación, he calculado unos sencillos coeficientes de correlación entre las puntuaciones medias por país para cada uno de estos aspectos de la felicidad. Los resultados son los siguientes:

Aquello de que “quien tiene un amigo tiene un tesoro”, es cierto que aparece en la correlación positiva del 0,75 entre la satisfacción general y la satisfacción con las relaciones personales, pero lo que la tabla revela es que la relación más fuerte se produce entre la sensación de satisfacción general y la de satisfacción financiera, con una correlación del 0,95. Parece, cuando menos, que el dinero sí da bastante felicidad… En cuanto a las asociaciones entre las posibles fuentes de satisfacción, llama la atención una correlación positiva del 0,80 entre trabajo y relaciones personales. Puede haber un mundo ahí dentro, pero apostaría a que los buenos trabajos conducen a las buenas relaciones sociales (amistades, vecindad…).

En el gráfico 3 he representado las puntuaciones de cada país ordenadas de mayor a menor satisfacción general en 2018. Además, he calculado y dibujado la media de las puntuaciones de los tres elementos parciales de satisfacción: trabajo, finanzas y relaciones personales. Puede apreciarse que las relaciones personales son las que más satisfacción nos dan y la situación financiera es la que menos dicha nos reporta (puntuaciones más altas y más bajas, respectivamente). La satisfacción que nos proporciona el trabajo se encuentra cercana a la puntuación de la satisfacción global con la vida.

Aquí destaca, asimismo, lo bien que se ajustan los niveles y las variaciones de las series de satisfacción general (línea negra continua) y la dibujada a partir de la media (línea negra punteada) de los tres componentes anteriores. Y resulta sorprendente porque es como si las personas encuestadas hubieran calculado inconscientemente su propio promedio para dar su score general de satisfacción. Esto es muy tranquilizador para quien trabaja con encuestas, y se llama coherencia en las respuestas.

Grafico 3. Puntuaciones medias por país en las diferentes preguntas de satisfacción, 2018

El gráfico es muy ilustrativo por otro motivo. Puede observarse que cuanto menor es la puntuación global, el intervalo entre la puntuación correspondiente a la satisfacción con las relaciones personales (línea anaranjada) y la satisfacción financiera (línea cobre) se amplía. Esto puede verse muy bien para los países en la parte derecha como Bulgaria, Croacia o Lituania. Ahora bien, los valores las series tanto de satisfacción en el trabajo como de la de las relaciones personales son bastante más estables para el conjunto de países que los de la serie de la satisfacción financiera. Esta última muestra una inclinada pendiente y es la que, claramente, tensiona hacia abajo la serie de las puntuaciones generales de satisfacción.

De nuevo, y para qué decirlo de otra manera, parece que (a primera vista) el dinero sí da la felicidad…

 

Indicador de coyuntura: Octubre 2019

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de octubre con los datos publicados hasta agosto de producción industrial y ventas, y hasta septiembre de renta y afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el indicador baja significativamente de 3,8 en agosto a 0,7 en septiembre. Analizado este nuevo valor en perspectiva, el indicador sigue estando en consonancia con la tendencia decreciente que indica una progresiva ralentización en el ritmo de la actividad económica en España. Sin embargo, parece que el ritmo de agotamiento está empezando a acelerarse.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del indicador agregado han empeorado su valor. La producción industrial y las ventas crecieron menos en agosto (-0,5% y 0,8%) que en julio (3,3 y 1,5). La renta y los afiliados crecen menos en septiembre (4,0% y 1,7%) que en agosto (6,7% y 1,7%).

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Efectos no deseados

El buen gobierno es el que anticipa acontecimientos, el que prevé las consecuencias de unas u otras decisiones y pecan de irresponsabilidad los gobernantes que no lo hacen, aunque se afanen después en contrarrestar efectos muchas veces tan indeseados como imprevistos. Nadie lo dudará hoy a la vista del laberinto del Brexit y de la situación en Cataluña.

Allí, a partir de un debate infructuoso en el seno del Partido Conservador, todo empezó por la frívola apuesta –más producto de un “impulso ludópata” que de una decisión meditada– de un primer ministro que se jugó el futuro de su país a la única carta de un referéndum (Areilza). El recurso a la democracia directa y una opción binaria para dirimir un tema de enorme complejidad y trascendencia; una consulta “divisiva y tóxica” –lo dijo en su día el propio Boris Johnson- que arrojó un resultado inesperado: por estrecho margen, los votos se decantaron a favor de la nostalgia del siglo XIX –un Estado plenamente soberano, con memoria aún de la época imperial- frente a las promesas y los riesgos del siglo XXI, como supo resumir con brillantez Joschka Fischer.

Desde entonces, tres años de idas y venidas, de amagos y desmentidos, de fanfarronerías –“Brexit is Brexit”, ¿se acuerdan? –y dimisiones; lo que podría tildarse de “vodevil político” si no tuviese las consecuencias perversas que está acarreando en el propio Reino Unido: menoscabo de prestigio mundial, debilitamiento de la vertebración territorial y de la cohesión social, una opinión pública marcadamente tensionada, pérdida de atractivo para inversiones y talento, apuntes de crisis del sistema constitucional dadas las repetidas y duras refriegas entre Parlamento y Ejecutivo. Nada de ello estaba previsto: costes de la irresponsabilidad.

Tan altos y tan visibles que sin duda actuarán como contraejemplo para otros que pudieran sentir la tentación de abandonar la Unión Europea. Frente a quienes pronosticaban –y alentaban, léase presidente Trump- “efecto imitación” y sucesivos intentos de divorcio, el Brexit no solo ha conseguido que los 27 cierren filas, sino también retomar proyectos de integración antes aparcados. “Vacuna” en vez de “epidemia”, “argamasa” en vez de “dinamita”, en definitiva: tampoco lo pensaron los aprendices de brujo.

Aquí, entre nosotros, aunque las raíces sean alargadas, la atracción al vértigo se hizo más patente en el otoño de 2017, con una temeraria Declaración Unilateral de Independencia como remate de pasos previos –el “procés”–, sin reparar tampoco en su alcance. Desde entonces, la tortuosa senda que todos padecemos. No quiero detenerme ahora en el reparto de culpas entre quienes en su momento pecaron por acción o quienes lo hicieron por omisión. Importa subrayar los efectos perniciosos que se han derivado para toda España y, en particular, para Cataluña: fractura social, retracción empresarial, pérdida de oportunidades, menoscabo reputacional e indisimulable crisis institucional, ya antes pero sobre todo después de las jornadas de violentísima “kale borroka” en las calles de Barcelona. ¿“Ulsterización de Catalunya”? Consecuencias del mal gobierno, en todo caso. Ojalá sirva también de contraejemplo. La democracia española es una democracia curtida, pero cuantos menos zarandeos, mejor.

¿Cómo medir correctamente una recesión económica?: crecimiento real del PIB versus crecimiento real del PIB per cápita

Economistas de la Reserva Federal de St. Louis (EE.UU.) han planteado recientemente la idoneidad de utilizar como hasta ahora la tasa de crecimiento real del PIB para medir los periodos de recesión económica utilizando la metodología sugerida por el National Bureau Economic Research (NBER) de EE.UU.

Recordemos que el NBER define una recesión como dos o más trimestres consecutivos de caída del PIB real. En lugar de utilizar el PIB real la Reserva Federal de St. Louis propone utilizar el PIB real per cápita o renta per cápita (PIB/población total).

En el cuadro adjunto se presentan los episodios de recesión definidos según la metodología del NBER para una selección de países de la OCDE y utilizando los dos indicadores alternativos. En la mayoría de las economías la diferencia de periodos de recesión es mayor si se utiliza el PIB real per cápita, aunque la diferencia es más amplia para el el caso de EE.UU. (15 frente a 10 periodos), y sobre todo, para Australia (8 frente a 3 periodos).

En los dos siguientes gráficos se muestra la tasa de crecimiento del PIB real y del PIB real per cápita para Australia, con los periodos registrados de recesión económica sombreados en gris. Según los datos del gráfico de la tasa de crecimiento del PIB real, la economía australiana no ha tenido una nueva recesión desde 1991. El panorama cambia utilizando los datos del PIB real per cápita. En este caso, la economía australiana ha registrado 3 recesiones desde 1991. Esto significa que aunque el PIB real está creciendo no lo hace lo suficiente para compensar el mayor crecimiento de la población total.

De todas formas, el propio NBER recomienda para catalogar una recesión económica utilizar no sólo la tasa de crecimiento del PIB real (o en nuestro caso el PIB real per cápita), sino realizar también el seguimiento de las tasas de crecimiento de otros indicadores económicos, como la renta disponible de los hogares, el empleo, la producción industrial, y las ventas al por menor y al por mayor.

Las cinco principales compañías del S&P 500 por capitalización bursátil

En el cuadro adjunto se presenta el top 40 de las mayores compañías del índice S&P 500 de la bolsa de New York por capitalización bursátil (market cap, quinta columna). Los datos recogen la cotización de cada acción del pasado 7 de octubre. En la última columna se recoge el cambio de la cotización desde el 3 junio pasado.

Fuente: Bespoke

 

Las dos principales compañías superan en la actualidad el billón de dólares en capitalización bursátil. Encabezan el top 5, Microsoft y Apple, con 1,05 y 1,03 billones de dólares. Recordar que el PIB de España a finales de 2018 fue de 1,20 billones de euros, lo que equivale en la actualidad a 1,09 billones de dólares.

Completan el top 5 de capitalización bursátil, Amazon (860 mil millones de dólares), Alphabet o Google (840 mil millones de dólares), y a mucha distancia Facebook (514 millones de dólares). La compañía Bershire Hathaway (empresa tenedora de acciones de otras compañías y propiedad del magnate Warren E. Buffett) se acerca peligrosamente a Facebook.

En el primer gráfico siguiente se representa la evolución temporal de la cotización de la acción de Apple en los últimos cinco años. Después de caer casi un 40% desde su punto más alto hasta su punto más bajo en el cuarto trimestre de 2018, la acción de Apple ha vuelto a crecer en 2019 hasta casi alcanzar su máximo histórico.

Fuente: Bespoke

 

De hecho, en el segundo gráfico se puede observar que la  acción de Apple es la que más se ha revalorizado desde junio de 2019, con una subida del 32,5%, casi el doble que su seguidor Google (+16,5%).

Fuente: Bespoke

Escala de remuneraciones (salarios y pensiones) en España en 2017

En el cuadro adjunto (hacer clic para verlo más grande) aparece la escala de mayor a menor de las remuneraciones (salarios y pensiones) en la economía española a finales de 2017. Para los salarios se ha utilizado los últimos datos publicados por el INE en su Encuesta anual de estructura salarial 2017 (publicada el 21 de septiembre de 2019). Los datos para 2017 de las pensiones han sido extraídos del Boletín Informativo de la Seguridad Social: Gestión Económica 2017, diciembre, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Aunque existen datos más recientes de las pensiones hemos utilizado los datos de 2017 a efectos de comparación de datos.

Conviene recordar que hay tres maneras de medir el salario a) el salario medio (o media estadística) que se obtiene de la remuneración total de los salariados (trabajadores por cuenta ajena) dividida por el número total de ocupados asalariados); b) el salario mediano (o mediana estadística) que divide el número de trabajadores entre los que tienen un salario superior al mediano y los que tienen un salario inferior al mediano; y c) el salario más frecuente (o moda estadística) que refleja el salario que más individuos tienen en la población ocupada. Este último indicador es el más adecuado para medir el salario representativo de un trabajador.

El salario medio bruto (antes de efectuar retenciones de las cuotas de la seguridad social y del IRPF) se sitúo en 2017 en 1.650,4 euros al mes, mientras que el salario mediano y mas frecuente se situaron en 1.416,4 y 1.248,7 euros, respectivamente.

Destacar que la pensión media de jubilación (1.106,5 euros) y la pensión media total (946 euros, ponderada por los regímenes de incapacidad permanente, de jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se sitúan “peligrosamente” muy cercanas al salario más frecuente.

La dispersión observada de las pensiones entre las diversas Comunidades Autónomas refleja la dispersión de las cotizaciones asociadas a los diferentes salarios medios en el pasado. De este modo, la pensión media mas alta se alcanza en el País Vasco (1.405,3 euros), mientras que la pensión media más baja se alcanza en Extremadura (891,9 euros).

El salario medio de los hombres (1.885,1 euros) es superior al de las mujeres (1.471,9 euros).

Por último, por tipo de actividad el salario medio es mas alto en los sectores de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (3.715,3 euros) – sectores oligopolísticos y regulados-  lo cual debería ser un incentivo para los alumnos de ingeniería y de formación profesional de estas ramas, mientras que los peor pagados son los trabajadores de la hostelería (1.038,5 euros), lo cual no tampoco  debe sorprendernos (actividades con baja productividad y valor añadido).

Indicador de coyuntura: Septiembre 2019

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de agosto con los datos publicados hasta julio de producción industrial, ventas, y hasta agosto de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos y sus respectivas revisiones, el indicador sube de 2,2 en julio a 4,2 en agosto. Sin embargo, si analizamos este dato en perspectiva, el nuevo valor sigue estando en consonancia con la tendencia decreciente que indica una progresiva ralentización en el ritmo de la actividad económica en España.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del indicador agregado han mantenido o mejorado su valor. La producción industrial y las ventas crecieron más en julio (2,9% y 1,5%) que en junio (1,9 y 1,0). Los afiliados crecieron más en agosto (2,6%) que en julio (2,5%). La renta mantiene constante el crecimiento en junio y en julio (4,9%).

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El seguro europeo de desempleo: ¿Solo un instrumento estabilizador?

No son pocos los nubarrones que se ciernen sobre la economía europea. La larga crisis existencial de la UE, la inestabilidad política en varios Estados y el horizonte de ralentización económica se añaden a las debilidades estructurales en la arquitectura de la zona euro y la creciente desafección del proyecto comunitario de buena parte de la ciudadanía. Con cada vez menos señas de identidad comunitarias, la Europa del euro sigue sin contar con instrumentos de política fiscal que puedan dotar de mayor estabilidad económica a sus miembros.

Por tratarse de un mecanismo estabilizador y vertebrador de los derechos sociales, una de las alternativas recurrentemente citadas es la creación de un seguro europeo de desempleo (EUI). A priori, la puesta en marcha de esta figura demostraría la capacidad de la solidaridad comunitaria entre ciudadanos y países para impulsar la cohesión social en el espacio europeo y sería clave para promover el aumento de la confianza de la población en las instituciones comunitarias.

El alivio en la financiación de las prestaciones en tiempos de crisis en los países más afectados y con mayor dificultad para el cumplimiento de las reglas fiscales hacen de este seguro una alternativa también relevante en términos de eficiencia. Mientras que las uniones monetarias consolidadas cuentan habitualmente con potentes estabilizadores automáticos para compensar las fluctuaciones económicas, la Europa del euro se diseñó asignando el papel de estabilización fiscal a los presupuestos nacionales con muy pocas contrapartidas comunitarias. Parece claro que una política monetaria común no es suficiente para acomodar las necesidades de todos los Estados ante shocks asimétricos y frenar el contagio de problemas de endeudamiento, turbulencias macroeconómicas o altos niveles de desempleo.

Aunque el debate sobre el EUI arrancó hace varias décadas, los pasos dados hasta ahora han sido muy tímidos. Sólo a partir de la última crisis, cuando la falta de capacidad fiscal de la zona euro se hizo evidente, volvió a avivarse la discusión, con recomendaciones explícitas del FMI y la inclusión del EUI en el Informe de los cinco presidentes (2015). Algunos Estados, como Francia, Alemania y España, han defendido recientemente la introducción de un seguro europeo de desempleo como clave en la reforma de la gobernanza.

Las principales alternativas para su puesta en marcha son dos: un sistema único o un fondo de aseguramiento como complemento de los actuales sistemas nacionales. En el primer modelo, los ciudadanos europeos desempleados recibirían transferencias directamente de ese sistema, que garantizaría un nivel básico de protección, con la posibilidad de que fuera complementado por cada país. Para ello, sería necesario avanzar en la armonización de los mercados de trabajo y de los esquemas de protección, lo que no parece fácil ni del todo deseable. No debe olvidarse que los sistemas actuales fueron definiéndose como resultado de las preferencias de cada sociedad, tanto respecto al nivel de protección proporcionada como a la forma de organizar el mercado de trabajo. Resulta difícil lograr grandes consensos respecto a la generosidad, la duración y las condiciones de acceso a las prestaciones o las contribuciones de trabajadores y empleadores en un único esquema común. Actualmente, la cuantía respecto al salario previo y la duración de la prestación varían considerablemente entre Estados. Tal armonización se enfrentaría, por otro lado, a múltiples barreras políticas, jurídicas y administrativas, además de contravenir el principio de subsidiariedad de las políticas sociales.

Resulta más fácil el acuerdo sobre un modelo en el que los países pagarían contribuciones a un fondo común durante las fases expansivas del ciclo, que podría ascender, según algunas propuestas, hasta el 0,1% del PIB. Las transferencias desde ese fondo a los sistemas nacionales sólo se efectuarían en los períodos recesivos especialmente agudos y bajo determinadas condiciones. Para evitar que los países con tasas más bajas de paro subsidiasen continuamente a aquellos con mayor desempleo, tendría que fijarse un umbral alto de aumento del desempleo para activar el pago de las transferencias. Eso evitaría el posible riesgo moral de los Estados, que podrían no abordar reformas ante la expectativa de que los costes de las transferencias los asumiera el fondo común. Se perdería, sin embargo, la oportunidad de crear un instrumento solidario común de mayor alcance, optando por un sistema más difícil de visualizar y de identificar como propio.

La ventaja más esgrimida por los defensores de la segunda opción es la de proporcionar aseguramiento a los países más afectados por posibles shocks mutualizando los riesgos, lo que les permitiría hacer frente a las crisis sin recortar otros gastos o elevar drásticamente la presión fiscal. Algunas simulaciones realizadas para medir sus efectos muestran que podría dar lugar a ganancias netas en términos de las transferencias pagadas y recibidas en la gran mayoría de los países, así como a reducciones de la pobreza. Las pérdidas de renta en la eurozona en la última crisis causadas por el desempleo se hubieran reducido entre un 20 y un 25% y ningún país habría sido contribuyente neto sistemáticamente.

Hay que recordar, sin embargo, que la protección del desempleo no solo es importante desde un punto de vista macroeconómico, sino que tiene un papel distributivo clave al ser el instrumento más importante para reducir las desigualdades después de las pensiones contributivas. Los análisis no suelen tener en cuenta el papel de los agentes sociales en el diseño y la gestión de los programas de protección del desempleo en varios países ni su encaje en el conjunto de la protección social. Tampoco despejan las dudas sobre las consecuencias que ese sistema complementario pudiera generar sobre la intensidad protectora de los sistemas nacionales, afectando a su capacidad redistributiva final. Existe el riesgo, además, de que bajo el supuesto amparo de una protección reforzada se emprendieran reformas del mercado de trabajo que redujeran el efecto redistributivo de algunos de sus actuales elementos institucionales.

Combinar adecuadamente los objetivos de estabilización de un EUI con los de carácter redistributivo obligaría a los miembros de la Unión, por tanto, a asumir un alto compromiso institucional y a suscribir grandes acuerdos políticos, difíciles de imaginar actualmente. En este contexto, incluso las propuestas más modestas de un mecanismo de este tipo deben contemplarse con cautela. No sólo por la dificultad de lograr un amplio consenso sobre su diseño, sino por el excesivo énfasis puesto por sus defensores en sus efectos macroeconómicos, sin considerar los fundamentos redistributivos de este tipo de protección.

Publicado en El País, 29 de septiembre de 2019

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