La ventaja comparativa frente al talento: un análisis a partir del ajedrez

El 27 de mayo de 2016 moría en Barcelona, a los 84 años de edad, Arturo Pomar. Este nombre quizá sea familiar para las personas de mayor edad, y seguramente lo será para las personas aficionadas al ajedrez. Arturo Pomar está considerado como uno de los grandes talentos que ha tenido España en este juego/deporte. Como comentaba Leontxo García en su crónica en El País el 27 de mayo de 2016, con solo 12 años, Arturo Pomar hizo tablas con el campeón del mundo en aquel momento: Alexánder Alekhine. Sin embargo, a pesar de ese enorme talento, Arturo Pomar nunca llegó a competir por la corona mundial. Parte de la explicación se debe al escaso apoyo que recibió por parte del régimen franquista, que solamente le otorgó un puesto de trabajo en Correos. Como señaló el entrenador soviético Alexánder Kotov, si Pomar hubiera nacido en la Unión Soviética, podría haber aspirado al título mundial.

El caso de Arturo Pomar es un ejemplo de cómo el talento individual, y las características del país, determinan los logros de una persona. Esta situación no es exclusiva del ajedrez. En muchos otros deportes, en las artes, las ciencias o en la economía los resultados que obtiene un individuo o una empresa están determinados por el talento individual y la ventaja comparativa del país. En la mayoría de los casos, resulta difícil estimar cuál es la contribución del talento individual y la ventaja comparativa al resultado final. Esto se debe a que hay muchos factores que inciden sobre el resultado final, o éste es la consecuencia de comportamientos que son difíciles de modelizar.

Sin embargo, dada su simplicidad, el ajedrez es una actividad idónea para identificar la contribución de la ventaja comparativa del país y del talento individual al desempeño de un jugador. En primer lugar, el ajedrez es un juego fácil de aprender y requiere una infraestructura mínima. En segundo lugar, la calidad de un jugador de ajedrez está determinada por su talento innato, pero también por las oportunidades que le ofrece su país para jugar al ajedrez, aprender técnicas de juego y estrategias, y de contar con financiación para dedicarse a esta actividad si se tienen muy buenas aptitudes. Finalmente, en el ajedrez el desempeño de los jugadores se mide de forma homogénea en todo el mundo a través de la puntuación ELO.

En un trabajo reciente, he utilizado la puntuación ELO de más de 150,000 jugadores, para analizar el número de ajedrecistas de alto nivel en cada país. La puntuación ELO que he utilizado para determinar si un jugador es experto es 2.200, ya que esta puntuación es la que otorga el grado de Candidato a Maestro. Como el talento está homogéneamente distribuido en el mundo, y se juega al ajedrez en casi todos los países, mi intuición era que el número de jugadores expertos como porcentaje de la población debería de ser similar en todos los países. Gran error. La realidad es que existen enormes diferencias en el número de ajedrecistas expertos, en porcentaje de la población, entre países. Por ejemplo, Bolivia y Hungría tienen una población similar; sin embargo, el número de jugadores expertos en Hungría es 70 veces superior al de Bolivia. Estos resultados sugieren que deben existir notables diferencias entre países en su “tecnología” para generar jugadores expertos en ajedrez. Y ciertamente las hay. Los países que aparecen liderando el ranking son Armenia, Eslovenia, la República Checa, Hungría y Georgia. España se sitúa en la mitad superior del ranking. Los países que aparecen en las últimas posiciones son Botsuana, Madagascar, Mali, Namibia y Panamá.

Lógicamente los países que tienen ventaja comparativa en ajedrez son los que tienen una gran afición por este deporte. Esto permite que un mayor número de potenciales jugadores se acerque a este deporte y que el país desarrolle “tecnologías”, como introducir el ajedrez como asignatura en el colegio, tener numerosos clubs y campeonatos, y tener una amplia oferta de entrenadores que permiten elevar el nivel medio de los jugadores. El ajedrez es un ejemplo más de cómo una preferencia puede generar una ventaja comparativa.

¿En qué medida las diferencias en ventaja comparativa explican las diferencias en el número de jugadores expertos entre países? Cuando establezco la referencia de calidad en jugadores que son, al menos, candidatos a Maestros, la ventaja comparativa explica el 85% de las diferencias entre los países, y el talento individual solamente el 15%. Sin embargo, cuando establezco la referencia en el grado de calidad más alto, Grandes Maestros, la contribución de la ventaja comparativa se reduce al 54% y la del talento individual aumenta hasta el 46%. Estos resultados muestran que el peso del talento individual crece cuando medimos niveles de calidad que son muy difíciles de alcanzar. En estos casos, el que un país cuente con un jugador de muchísimo talento se debe en gran parte al azar. En todo caso, es llamativo que incluso para niveles de calidad tan elevados la contribución de la ventaja comparativa del país sea tan alta.

En el trabajo analizo también si la expansión de Internet, y la aparición de páginas web que permiten jugar al ajedrez en línea, y aprender técnicas de ajedrez, han reducido las diferencias en la ventaja comparativa entre países. El argumento es que si la ventaja comparativa del país se debe a las mayores oportunidades que ofrece a sus habitantes para jugar al ajedrez y aprender técnicas de ajedrez, la expansión de Internet ha podido reducir estas ventajas. Sin embargo, los resultados indican que durante el periodo 2001-2015 no se ha producido ninguna convergencia en la ventaja comparativa entre países.

En este mundo globalizado, tendemos a atribuir las diferencias de renta entre personas a su talento individual. Sin embargo, el ejemplo del ajedrez nos pone de manifiesto que el desempeño individual está en gran parte explicado por una ventaja colectiva. Arturo Pomar fue un claro exponente de esta realidad.

La tasa de desempleo en las regiones de la Unión Europea en 2016

La oficina europea de estadística Eurostat ha publicado recientemente las cifras de la tasa de desempleo (porcentaje de parados sobre la población activa) de las regiones de la Unión Europea. Las cifras no son homogéneas entre las regiones, ya que varían de un mínimo de tasa de desempleo del 2,1% a una tasa máxima del 31,2%. En el gráfico adjunto se muestran las cifras de la tasa de desempleo de la regiones por rangos.

Con más detalle, las tasas de desempleo más bajas se registran en Niederbayern-Baja Baviera (2,1%) en Alemania y Praga (2,2%) en la República Checa, seguidas por las regiones alemanas de Oberbayern-Alta Baviera (2,4%), Mittelfranken y Unterfranken (ambas con un 2,5%) y Tübingen (2,6%).

En el lado opuesto, las regiones con la mayor tasa de desempleo son Dytiki Makedonia-Macedonia Occidental (31,3%) en Grecia, la Ciudad Autónoma de Melilla (30,8%) en España, Dytiki Ellada (29,8%) en Grecia, Andalucía (28.9%) y Extremadura (27.5%) en España, y Mayotte (27,1%) en los departamentos de ultramar de Francia.

De las 275 regiones de la Unión Europea, 60 tienen una tasa de desempleo igual o menor al 4,3%, la mitad de la media de la Unión Europea (8,6%). En estas regiones privilegiadas se incluyen 24 regiones de Alemania, 18 del Reino Unido, 6 de la República Checa, 3 de Hungría y Austria, 2 de Bélgica y Rumania y una de Italia y Holanda. Por el contrario, 32 regiones han registrado una tasa de desempleo de al menos el 17,2%, el doble de la media de la Unión Europea. En este grupo se encuentran 12 de las 13 regiones de Grecia, 10 de España y 5 de Italia y Francia (todos los departamentos de ultramar).

En el siguiente cuadro se muestran las regiones europeas con las cifras de las tasas de desempleo juvenil (población entre 15 y 24 años) más bajas y más altas. La media de la Unión Europea se sitúo a finales de 2016 en el 18,6%.

Las menores tasas de desempleo juvenil se registraron en regiones de Alemania, en particular en Schwaben (4,3%), Oberbayern-Alta Baviera y Tübingen (ambas con el 4,6%), Weser-Ems (5,6%) y Freiburg (6,0%), mientras que las mayores tasas de desempleo juvenil se registraron en la Ciudad Autónoma de Melilla (69,1%) y la Ciudad Autónoma de Ceuta (63,3%), ambas en España. En más de las tres cuartas partes de las regiones de la Unión Europea, la tasa de desempleo juvenil era al menos el doble de la del desempleo total.

Un curso crucial

No habrá ocasión de aburrirse: el curso recién comenzado promete intensidad. Su desarrollo no va a ser fácil, sujeto –condicionamientos internos políticos en primera línea- a fuertes tensiones, y su resultado final es muy incierto. El provocador desafío del secesionismo catalán –anteponiendo independencia a democracia- añade un elemento singular y diferencial de enorme envergadura. Un curso crucial. Habrá que afrontarlo con entereza.

Por lo pronto, conviene alejarse de ese pesimismo rampante –trepador, ganchudo, vocinglero- con tanta presencia en los medios y en escenarios públicos. El que describe una situación nacional calamitosa –“España está enferma”, a punto de derribo o de desguace-, y que aprovecha este o aquél indicador económico, como el que refleja la desaceleración del mercado laboral desde finales de junio, para cuestionar el término de una vigorosa expansión en la que nunca creyó.

Es aconsejable rehuir esa cantinela y pertrecharse con lo estimulante que hoy ofrece la realidad española. Una realidad viva y pujante, desde luego, en el plano económico, donde el récord turístico se suma al no poco asombroso incremento de las exportaciones y a la importante creación de empleo desde 2013, con muy notoria recuperación de la confianza de empresas y familias, como constata el fuerte tirón de la demanda interna, tanto el consumo como la inversión. Consecuentemente, oportunidades para el emprendimiento y profesionales de muy diverso tipo se multiplican, lo que explicaría un dato que no debe pasar desapercibido: el número de titulados que regresan comienza a superar, tras bastantes años, al de los que se marchan buscando fuera de España posibilidades para el despliegue de su talento.

Regresan a una sociedad con buen pulso y atributos muy valiosos. Por ejemplo, algunos que en el curso de los meses estivales han sobresalido: apertura y receptividad, hasta hacer irrelevantes las muy minoritarias manifestaciones en contra del caudaloso flujo de turistas; patente solidaridad, con llamativas muestras en las organizaciones no gubernamentales que atienden a quienes no aciertan a salir de la zona de sombra donde los relegó la crisis y a quienes quieren acceder a lo que aquí se ofrece; ausencia total de xenofobia y pulsiones antiinmigratorias: un país sin guetos, con un colectivo de musulmanes que se aproxima ya a los dos millones de personas; y esa admirable capacidad mezcla de valor y generosidad que demostraron mucho con ocasión de los atentados terroristas del 17 de agosto.

En fin, es verdad que la fortaleza del tejido institucional de nuevo se pone a prueba, pero tampoco hay razones para dudar de su consistencia: repárese en la más que apreciable nota que la calidad de nuestra democracia consigue en el más reputado indicador al respecto: el elaborado por “The Economist”, a través de “The Economist Intelligence Unit”, que en su más reciente edición sitúa a España entre las únicamente 19 “democracias completas” existentes en el conjunto mundial.

Economía, sociedad y marco institucional aportan, en definitiva, buenos argumentos para encarar las dificultades planteadas. Y también para presentar credenciales valiosas en la nueva etapa que en la Unión Europea se iniciará a partir de las elecciones de Alemania el próximo día 24. La encrucijada es también oportunidad.

Arbitraje internacional y globalización: un debate desenfocado

Texto: Jordi Paniagua / Ilustración: Carlos Sánchez Aranda

arbitrajeEl debate en torno al arbitraje internacional es uno de los puntos que más recelos ha suscitado en contra de los nuevos tratados de libre comercio como el CETA o TTIP. Sus detractores afirman que el arbitraje es incompatible con la soberanía nacional, aumenta las desigualdades, deteriora los servicios públicos y desprotege a los trabajadores, entre muchas otras maldades. El arbitraje también ha generado cierto interés social y académico (por ejemplo aquí, aquí y aquí). A modo de termómetro, el arbitraje internacional ha centrado buena parte de las ponencias de  la conferencia del 50 aniversario de la comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (UNCITRAL), donde he tenido la ocasión de participar.

El objetivo de este post es enfocar el debate sobre el arbitraje, clarificar sus efectos sobre el sector exterior (comercio e inversión extranjera) para acabar apuntando ciertas consideraciones en torno a los acuerdos de libre comercio; muchas de ellas fácilmente aplicables a la economía española.

El arbitraje internacional es un sistema de resolución de disputas comerciales internacionales. Existen dos tipos de arbitraje; el comercial entre particulares y el arbitraje inversor-estado. En el arbitraje comercial, las partes acuerdan contractualmente la forma en la que se resolverán eventuales disputas derivadas del comercio internacional o inversión extranjera. Si surge una disputa, las partes pueden acudir a un tribunal de arbitraje internacional independiente para dirimir sus diferencias. Una vez dictada la sentencia, los tribunales domésticos se encargan de su cumplimiento. El arbitraje empresa-estado funciona de una manera similar; si un inversor extranjero considera que el estado de acogida ha lesionado sus intereses puede recurrir a una corte arbitral internacional para defender sus intereses. El arbitraje empresa-estado ya ha sido tratado aquí; de ahora en adelante cuando hablemos de arbitraje nos referiremos al arbitraje comercial entre particulares.

La globalización del siglo XXI viene acompañada por una mayor complejidad en los procesos de producción  globalizados (como nos explicaban aquí). La separación física de las distintas fases de producción ha incrementado los costes de coordinación y la probabilidad que surjan discrepancias o disputas entre las partes. En este entorno es muy poco probable que un acuerdo contractual pueda adaptarse fielmente a la realidad (algo que conocemos como la teoría de contratos incompletos, que iniciaron los Nobel Holmstrom y Hart). Por todo ello, las cláusulas de arbitraje son habituales en los contratos internacionales. Tanto, que se estima que el 80% de los contratos internacionales incluyen alguna clausula relacionada con el arbitraje internacional.

Las ventajas que aporta arbitraje son esencialmente tres.  Primero, ofrece una seguridad jurídica más allá de sistema legal doméstico, como pudimos observar recientemente con las energías renovables. Por ello, aporta flexibilidad y seguridad a un proceso judicial bastante complejo. Segundo, las partes pueden consensuar el tribunal y  la legislación aplicable  entre otras. En este tipo de procesos, tan solo pueden intervenir abogados especializados. Por último, el coste del arbitraje en tan alto (puede llegar a representar un 15% del valor disputado), que desincentiva un uso abusivo y favorece la  resolución amistosa (aunque esto puede representar a la vez una desventaja).

Los países que han ratificado la convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, también conocida como Convención de Nueva York se comprometen a hacer cumplir los laudos arbitrales extranjeros (España incluida desde 1977). La evidencia empírica acumulada hasta la fecha nos permite afirmar que el arbitraje internacional favorece tanto comercio internacional como la inversión extranjera. Berkowitz y co-atures (2006) fueron los constataron que aquellos países con mejores instituciones aumentaban su ventaja comparativa en productos más complejos. En concretos fueron los primeros en señalar que la adopción de estándares internacionales (como las normas arbitrales) compensa en cierta medida un déficit institucional doméstico. Aquellos países que reconocen los laudos arbitrales exportan más y productos más complejos independientemente de la calidad de sus instituciones domésticas.

Más recientemente, en una investigación propia en colaboración con el Banco Mundial, hemos constado efectos similares en la IED o inversión extranjera directa (Mygurgh & Paniagua, 2016). En concreto, desarrollamos un modelo para explicar el efecto de la adopción del arbitraje en la IED. La intuición es que aunque las empresas paguen un coste fijo superior al adoptar cláusulas de arbitraje, los beneficios esperados son mayores en comparación a las que no las adoptan. Los resultados obtenidos tras un análisis empírico avalan las predicciones de nuestro modelo. Observamos como aquellos países que reconocen laudos arbitrales incrementan tanto el número de empresas inversoras como el volumen de sus inversiones. No obstante, constatamos que este el efecto positivo es mayor para volúmenes de inversión mayores, en concreto inversiones superiores a 60 millones de dólares (debido al alto coste de iniciar el procedimiento arbitral). También observamos que países que se mantienen al margen del sistema internacional de arbitraje reciben comparativamente menos inversión extranjera, ya que esta se intensifica entre los países que adoptan normas arbitrales y divierten IED de los países restantes.

Por tanto, todo indica que la ratificación de tratados comerciales  que incluyan una mejora de las normas arbitrales (véase TTIP y CETA) tendrá unos efectos netamente positivos en el sector exterior de los países firmantes. Primero, incrementará la complejidad de los productos exportados e intensificará el volumen de la IED y el número de empresas inversoras. Mantenerse al margen induciría unos costes adicionales por la diversión de inversiones y comercio desde los países firmantes.

Sin embargo, en relación con el arbitraje, nuestros modelos también señalan que pueden existir perdedores. (Las ventajas de utilizar modelos económicos es que nos permiten identificar los supuestos críticos que sustentan las predicciones y resultados.) En concreto, se verían desfavorecidos aquellos sectores menos complejos y las empresas más pequeñas (aquellas que no se pueden permitir un costoso proceso judicial internacional). Por tanto, sería interesante enfocar el debate sobre los nuevos tratados de libre comercio como el CETA y TTIP en como incluir mecanismos de compensación o salvaguardias para este tipo de sectores y empresas.

 

Texto publicado previamente en Agenda Pública

Productividad, empleo y modelo económico, por Mariam Camarero

De la misma forma que no elegimos dónde nacemos, las razones detrás de la especialización relativa de los países son muy diversas y no se modifican por decreto

Cuando pensamos en Japón asociamos dicho país con tecnificación, innovación, trenes bala, robots y tantas otras cosas. Aunque todo ello haya cambiado desde que el país nipón se estancara hace ya un par de décadas, se trata de una economía cuya seña de identidad, lo mismo que en el caso de Alemania o de Estados Unidos, es la producción industrial de calidad y con elevadas dosis de I+D. Seguramente, para muchos de los que hablan de “un cambio en el modelo económico”, lo que tienen en mente es un patrón productivo al estilo japonés o, de ser posible (la imaginación se desborda con facilidad), un Silicon Valley a la española (o la valenciana).

Fuente: Autor y Solomons (2017)

Sin embargo, muchas veces la realidad es mucho más compleja y no es tecnología todo lo que reluce, pero tampoco los servicios son actividades poco productivas y que no son susceptibles de aumentar la productividad. En un estudio reciente de David Autor y Anna Salomons, presentado en la Conferencia Anual del Banco Central Europeo en Sintra se muestran datos sobre la evolución del empleo y en qué sectores ha aumentado desde mitad de los años 70, agrupando dichos sectores en términos de la formación (alta, media o baja) requerida. Una de sus más importantes conclusiones es que el empleo ha crecido no tanto por la productividad (que ha sido muy modesta en todos los sectores y en la mayoría de los países) sino por el aumento de la población, que ha requerido más producción y más servicios para atenderla. En segundo lugar, no en todos los países la creación de empleo se ha producido en los sectores de mayor tecnología. Ese ha sido el caso de Francia, Alemania y, en menor medida, el Reino Unido (como puede verse en el primer gráfico, línea azul), pero no así en Japón y en Estados Unidos: el empleo que más ha aumentado en el primero es el de baja cualificación (línea roja), seguido por el de cualificación intermedia (línea amarilla). Es necesario hacer una puntualización: durante este período el peso de la industria en todo el mundo ha disminuido, hasta quedarse en no más del 20% de la producción y algo menos del empleo. España y la Comunidad Valenciana no son una excepción, encontrándose ésta última algo por encima de la media europea. La mayoría de los nuevos empleos se crean, en todo el mundo, en el muchas veces denostado sector servicios. Es una falacia asociar, por un lado, empleos altamente remunerados con la industria y, por otro, trabajo poco cualificado con los servicios.

Fuente: AVAP (2013)

En el caso de la Comunidad Valenciana, la AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva) elaboró en 2013 el Libro Verde de la Empleabilidad de los titulados universitarios, con datos que se muestran en los gráficos 2 y 3 sobre distribución del empleo por sectores. Cabría puntualizar, en primer lugar, que sería erróneo asignar alta cualificación con formación universitaria, ya que la formación profesional de grado superior no es universitaria pero proporciona alta especialización. Por otro lado, la industria tan sólo proporcionaba en 2012 el 9.3% de los empleos desempeñados por universitarios y el 15.8% de los no universitarios. En el gráfico 2 se muestra también el escaso peso que tienen en el empleo la construcción y la agricultura (englobada en otros). Como se puede comprobar, desde las ocupaciones artísticas hasta los seguros y las finanzas son las actividades del sector servicios las generadoras masivas de empleo.

Como información complementaria, puede verse en el tercer gráfico que alrededor del 60% del empleo en administraciones públicas, sanidad y educación lo ocupan universitarios, lo mismo que en información y comunicaciones y finanzas y seguros. En los restantes subsectores de servicios predominan los no universitarios. Al mismo tiempo, el desempleo de larga duración en estos últimos está próximo al 20%, mientras que en los universitarios no llega al 10%. Cabría, por tanto, ser consciente de que una sociedad como la nuestra necesita crear empleos en todos los sectores y para todos los niveles de cualificación. Y si alrededor del 70% de los empleos están en el sector servicios, no creo que debiéramos menospreciarlo, puesto que son actividades muy intensivas en mano de obra y en las que estamos especializados. Las propias actividades de I+D son, en su mayor parte, realizadas por empleados en el sector servicios, con la excepción de la investigación llevada a cabo en las empresas industriales.

Fuente: AVAP (2013)

En Estados Unidos y Japón sorprende la cantidad de personas que desempeñan pequeños trabajos, normalmente asociados a los servicios y, en concreto, el comercio y la hostelería. En comercios, hoteles y restaurantes hay muchas más personas empleadas que en los países europeos. La razón es que el primer empleo suele ser de ese tipo antes de llegar al trabajo que se corresponde con su especialización. En Japón la tradición es que una empresa (industrial o de servicios) contrata a su trabajador “para toda la vida” y se empieza desde abajo, con el fin de conocer el negocio. Todos los años se emplea a miles de recién titulados universitarios que son los que te sostienen un cartel en el aeropuerto para decirte que no te equivoques de maleta o te saludan al entrar en Uniqlo, con la misma amabilidad y dignidad que lo haría si ocupara un puesto directivo. ¿Quiénes están repartiendo mejor el empleo, ellos o nosotros?

De la misma forma que no elegimos dónde nacemos, las razones detrás de la especialización relativa de los países son muy diversas y no se modifican por decreto o por insistir machaconamente en que se quiere cambiar de modelo económico. Nuestra responsabilidad es hacer bien el trabajo que nos corresponda hacer en cada momento, siendo lo más eficientes, productivos y, por qué no, amables que podamos. Nos encontramos en un momento histórico muy lejano de la era industrial, donde la producción está divida en cadenas de valor y los servicios son el sector dominante. El principal riesgo al que nos enfrentamos es que, ante perturbaciones económicas, se tarda más tiempo en recolocar a los empleados del sector servicios que a los procedentes de la industria. Por ello es necesario, si queremos especializarnos en sectores con mayor valor añadido, que mejore la formación de nuestros hijos y la nuestra durante toda la vida. También son los universitarios los que más cursos de formación permanente realizan, por lo que debería ser un objetivo prioritario detectar los nichos de empleo y reciclar a los parados de larga duración, sea cual sea su nivel de cualificación. Para ello existen fondos abundantes, tanto españoles como europeos, cuyo buen uso es primordial, evitando las prácticas detestables que tanto sindicatos como patronal hicieron en tiempos muy recientes. La formación es la clave para que, suceda lo que suceda, seamos capaces de adaptarnos y cambiar de actividad si es necesario.

Mariam Camarero, Universidad Jaume I. Diario Digital Valencia Plaza (16/07/2017).

Dos homenajes

El azar ha querido que solo tres días hayan separado dos acontecimientos políticos de altura presentados como sendos actos de homenaje, uno en España y otro a escala de toda Europa. Entre nosotros, con ocasión de conmemorar el cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones libres, que franqueó los pasos subsiguientes de la Transición; en el Parlamento Europeo, al tributársele un emocionado y singular reconocimiento al excanciller Helmut Kohl, fallecido dos semanas antes. Ambas solemnes convocatorias, tan cercanas entre sí, invitan a subrayar su respectivo significado y también a hacer alguna comparación.

El acto de la Eurocámara, magistralmente diseñado —“el protocolo es la semiótica de la política”, se ha recordado con acierto—, reuniendo a decenas de líderes y personalidades con proyección internacional, ha cumplido a la perfección un doble cometido. Por lo pronto, poner en valor el aporte del excanciller a la historia reciente de Europa, en tanto que gran protagonista de ese episodio capital que une la caída del muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y la unificación de Alemania (3 de diciembre de 1990), para desembocar un año después en la desintegración de la URSS (22 de diciembre), ofreciendo con ello un nuevo horizonte a la larga docena de países durante décadas privados de libertad. Si en su primera etapa en la cancillería, Helmut Kohl ya había coprotagonizado junto al presidente Mitterrand otro acto (23 de septiembre de 1984) con enorme carga simbólica para lo que es hoy la Unión Europea —el recuerdo de las víctimas mortales de la batalla de Verdún: 360.000 franceses y 325.000 alemanes—, en el ecuador de su mandato se erigió como el gran impulsor de la integración europea, con un papel central en el Tratado de Maastricht (1992) y el dibujo de la unión monetaria. Reconocer todo ello ha servido a la vez —el otro fin perseguido con el funeral de Estado en Estrasburgo— como apoyo a quienes, con Merkel y Macron al frente, se proponen ahora relanzar el proyecto común, alentados por el veredicto muy unánime de unas urnas en contra de los partidos y movimientos eurófobos. Un doble objetivo, pues, plenamente logrado.

¿Puede decirse lo mismo del acto de las Cortes? Solo en parte. Aunque sobradamente justificado —aquel 15 de junio de 1977 quedará siempre como una fecha memorable de la España contemporánea—, las carencias detectadas le han restado de algún modo trascendencia. De un lado, se ha perdido la oportunidad de subrayar abiertamente el más notorio y fructífero rasgo de nuestras cuatro décadas más recientes: la estabilidad, sobre todo en los dos planos, institucional y social, que han devenido fundamentales para los logros —también los económicos— de la democracia española. De otro lado —y volvemos al tema de las formas, a la cuestión protocolaria—, la clamorosa ausencia del Rey emérito —cuya actuación resultó del todo imprescindible para hacer posible lo que se conmemoraba—, una ausencia difícilmente explicable que ha empañado la merecida celebración.

Dos homenajes bien oportunos pero no igualmente resueltos. Dos ocasiones propicias para afirmar deseables apuestas pero con desigual aprovechamiento.

La rentabilidad de la inversión en el largo plazo: el caso de EE.UU., 1975-2017

En esta entrada del Blog se compara la rentabilidad nominal a largo plazo (horizonte de 42 años de la inversión) de tres activos alternativos: vivienda, acciones y oro. En este caso, nuestros ahorros se invertirán en dos activos de EE.UU. y en un activo internacional.

En concreto, en el gráfico adjunto (hacer clic para verlo más grande) se muestra la evolución de los índices de precios representativos de tres activos seleccionados para el periodo enero de 1975-junio de 2017:

– Wilshire US Real Estate Investment Trust Total Market Index (Wilshire US REIT): Es un Fondo de Inversión en Bienes Raíces (inmobiliario) de EE.UU. y es un subconjunto del índice Wilshire US Real Estate Securities IndexSM (Wilshire US RESI). Es muy útil para aproximar la inversión inmobiliaria directa al excluir los activos cuyo valor no siempre están vinculados al valor de los bienes raíces subyacentes. Este índice recoge la reinversión de los dividendos de esta cartera.

– Wilshire 5000 Total Market Index: Es el indicador más aceptado para medir la evolución del mercado de renta variable de los EE.UU. y registra el rendimiento de todos los valores de renta variable incluidos en el índice (3818 valores desde el 30 de julio de 2014). Este índice recoge la reinversión de los dividendos en esta cartera.

– Gold Fixing Price London Bullion Market: Es el principal indicador internacional de la evolución del precio del oro. El precio se fija cada día a las 15 horas de Londres.

De las cifras del gráfico se deduce que en el largo plazo la rentabilidad nominal de la vivienda y de las acciones son bastante similares y muy superiores a la inversión en oro.

Unión Bancaria Europea: un paso adelante, dos pasos atrás

El 1 de junio de 2017 la Comisión Europea comunicaba los términos del acuerdo alcanzado con el gobierno italiano en relación al rescate del Monte dei Paschi. En síntesis, y contraviniendo el principio básico de la Directiva Comunitaria de Recuperación y Resolución Bancaria (evitar que los contribuyentes sufraguen los costes de las crisis bancarias), la Comisión acepta que de forma excepcional y preventiva se recapitalice con fondos públicos el citado banco argumentado que se trata de un apoyo de carácter temporal a una entidad en principio solvente. Dado que la entidad reconoció públicamente una mala comercialización de esos productos acepta también que las autoridades italianas no impongan en la práctica quitas a los tenedores de títulos de deuda júnior (subordinados y preferentes). Son pues evidentes las diferencias con el caso español, en donde el mecanismo de compensación se creó a posteriori y tuvo además que ser defendido y valorado caso por caso.

Pocos días después, el 6 de junio para ser exactos, asistíamos al estreno de la Junta Única de Resolución. Tras ser declarado “failing or likely to fail” por el BCE, y ante la falta de soluciones privadas, la Junta interviene por razones de interés público el Banco Popular y lo “vende” por un euro al Santander. Accionistas, tenedores de bonos contingentes convertibles (CoCoS) y de títulos de deuda subordinada lo pierden todo; depositantes y bonistas sénior quedan por el contrario totalmente protegidos.

El 23 de junio la Junta Única de Resolución vuelve a actuar para hacer frente a la crisis del Veneto Banca y Banca Populare de Vicenza. Tras ser consideradas, como en el caso anterior, entidades “failing or likely to fail” por el BCE, la Junta decide que no se dan en este caso las condiciones para que proceda su intervención. Esto es, dado el reducido tamaño de las entidades citadas se considera que su caída no supone un riesgo para el sistema y se remite pues el caso al Banco de Italia para que en su calidad de autoridad nacional de resolución proceda a su liquidación ordenada aplicando las normas de insolvencia italianas. Buscando reforzar la estabilidad de su sistema bancario, y como ya ocurriera en el caso del Monte dei Paschi, las autoridades italianas deciden emplear recursos públicos en la operación de liquidación de los dos bancos venecianos, razón por la cual se ven obligadas a negociar con Bruselas los términos de la operación, que incluye finalmente tres grandes medidas: el traspaso a Intesa Sanpaolo al precio simbólico de un euro de los activos sanos, la concesión a la citada Intesa de recursos y garantías públicas por un importe cercano a los 17.000 millones de euros y la imposición, esta vez sí (visto el trato dispensado a los bonistas júnior del Popular hubiera sido un escándalo no hacerlo!), de pérdidas a los accionistas y acreedores subordinados de las dos entidades liquidadas.

Vista la disparidad de criterios utilizados para solucionar estos tres episodios de crisis bancaria no parece que se haya avanzado mucho en la consecución de un marco de actuación común. La distribución de las cargas entre acreedores y contribuyentes sigue dependiendo en gran medida de la capacidad negociadora (no es lo mismo que los fondos para rescatar un banco los ponga el Estado afectado o los contribuyentes europeos) y de la voluntad de las autoridades nacionales (¿podía el Estado español inyectar fondos públicos en el Popular?, ¿debía hacerlo?). Parece asimismo evidente que es preciso mejorar los sistemas de liquidación (¿tiene sentido utilizar fondos públicos para liquidar entidades consideradas no sistémicas?). Queda asimismo claro lo importante que es para los gobiernos y reguladores honrar los compromisos adquiridos con los bonistas sénior. No en vano, junto con la protección de los depositantes, es lo único que tienen en común los tres episodios de crisis que acabamos de comentar.

Tipos de interés reales y expectativas de inflación en EE.UU., 2003-2017

En los últimos años, la emisión de bonos indiciados a la inflación (o protegidos contra la inflación) ha experimentado un fuerte crecimiento en los principales mercados de deuda pública. Los bonos indiciados más conocidos son los emitidos por el Tesoro de los EE.UU. Se trata de los bonos de deuda pública conocidos como Treasury InflationProtected Securities (TIPS).

La característica principal de los bonos indiciados es que su rendimiento se encuentra protegido ante la inflación futura, ya que se compensa al comprador tanto en los cupones como en el capital invertido (al vencimiento) por la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación. De este modo, mientras en los bonos de deuda pública “convencionales” su rentabilidad vendría determinada por el tipo de interés nominal en los bonos indiciados a la inflación la rentabilidad vendría determinada por los tipos de interés reales.

En la literatura económica se ha sugerido desde mediados de la década de los noventa el uso de los bonos indiciados para medir el tipo de interés real y las expectativas de inflación de los mercados financieros. Dicha descomposición tiene como justificación teórica la conocida ecuación de Fisher, la cual determina que el rendimiento nominal de un bono se puede aproximar por la suma del tipo de interés real requerido y la tasa de inflación esperada como promedio durante el periodo de vida del título hasta el vencimiento: R= rπe. [1] Por ello, los bonos indiciados son uno de los instrumentos (junto a las encuestas de expectativas macroeconómicas) que utilizan los bancos centrales para el seguimiento de las expectativas de inflación a largo plazo dentro de su estrategia global de política monetaria.

En el primer gráfico se muestra la senda temporal de la rentabilidad nominal de los bonos de deuda pública “convencionales” a 5 años (5-Year Treasury Constant Maturity Rate) y la rentabilidad de los TIPS equivalentes a 5 años (5-Year Treasury Inflation-Indexed Security) que aproxima al tipo de interés real. En el segundo gráfico se ha calculado el diferencial  o spread entre el bono convencional y el TIPS (5-Year Breakeven Inflation Rate) que aproxima la inflación esperada en los próximos 5 años.

Los tipos de interés negativos son imposibles en los bonos de deuda pública convencionales, porque ello implicaría que el inversor recupera menos dinero del que ha invertido. Sería más lógico dejar el dinero en la cuenta corriente sin remuneración alguna. Sin embargo, sí son posibles tipos de interés negativos en los bonos indiciados con la inflación, ya que en este caso la remuneración no es el tipo de interés nominal (R) sino el tipo de interés real ( re).

Es en en este contexto donde ha surgido otra anomalía monetaria derivada de la crisis financiera internacional de 2007-2008. Por primera vez desde el inicio de la emisión de bonos indiciados contra la inflación a 5 años (enero de 2003) la rentabilidad de estos bonos se situaron por debajo de cero en septiembre de 2010. Desde esa fecha, los tipos de interés de los TIPS a 5 años han cotizado con tipos de interés negativos en numerosas ocasiones, alcanzando el mínimo en septiembre de 2012.

Con más detalle, en septiembre del 2012, los bonos de deuda pública convencionales a 5 años cotizaban con una rentabilidad del 0,67% (R), mientras que la rentabilidad de los bonos equivalentes TIPS a 5 años cotizaban con una rentabilidad del -1,47% (re). Está rentabilidad negativa supone que los inversores que adquieren estos activos demandan una rentabilidad “segura” (se “conforman” con una rentabilidad) de 1,47 puntos porcentuales por debajo de la tasa de inflación media esperada hasta el vencimiento del TIPS. En definitiva, si se cumple el Efecto Fisher, los mercados estarían anticipando que la tasa de inflación americana se iba a situar en los siguientes 5 años en una media de al menos el 2,14%  (πe ).

Los últimos datos disponibles correspondientes finales mayo de 2017 muestran que los bonos de deuda pública convencionales a 5 años tenían una rentabilidad del 1,82% (R), mientras que la rentabilidad de los bonos equivalentes TIPS a 5 años era del +0,08% ( re). En definitiva, si se cumple el Efecto Fisher, los mercados estarían anticipando en este caso que la tasa de inflación americana se podría situar en los próximos 5 años en una media de al menos el 1,74% ( πe ). En este caso, los inversores que adquieren estos activos demandan una rentabilidad “segura” con rentabilidad cero hasta el vencimiento del TIPS.

Por último, destacar los cambios estructurales registrado en el comportamiento paralelo del diferencial o spread (5-Year Breakeven Inflation Rate).

Por un lado, desde julio de 2008 y hasta el 16 de enero de 2009, el diferencial fue cayendo hasta pasar a niveles negativos. En este periodo, los inversores esperaban que la tasa de inflación sería negativa en los próximos cinco años, es decir, estaban anticipando la posibilidad de un periodo de deflación o caída generalizada de los niveles de precios en la economía americana.

Por otro lado, la introducción entre finales del 2008 y el primer trimestre de 2009 del primer programa QE-1 de compra masiva de bonos de deuda pública (y otros activos) por parte de la Reserva Federal provocó el cambio de tendencia del diferencial. Desde entonces -y sobre todo desde el anuncio de la introducción del nuevo programa QE-2- se ha registrado un cambio de expectativas en la tasa de inflación futura. En consecuencia, las posibilidades de deflación se alejaron y el diferencial se volvió positivo como consecuencia del temor de un repunte de la tasa de inflación futura. En esta situación nos encontramos en la actualidad.

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[1] Sobre el significado económico de la ecuación fisher, véase el artículo Bajo-Rubio, O., Díaz-Roldán, C. y Esteve, V. (2010): “Testing the Fisher effect in the presence of structural change: A case study of the UK, 1966-2007”, Economic Issues, Vol. 15, Part 2, 1-16.

Financiación universitaria: orientaciones de futuro, por Juan A. Vázquez García

Entre los muchos retos que encara la universidad, el de la financiación no es uno de los menores. Pasado lo peor de la crisis, ahora podría ser un momento propicio para abordar con seriedad y decisión un problema ya demasiado tiempo aplazado. Definir las líneas de orientación futura de una reforma universitaria requiere, además de una clara determinación, una profunda y rigurosa reflexión sobre muy diversos ámbitos, entre los que se encuentran algunos como los que se plantean a continuación.

 Más, mejor y distinta financiación. En educación superior necesitamos invertir, no solo porque los recursos se hayan visto recortados en los años de crisis o porque nuestros niveles resulten inferiores a los de otros países, sino también porque las universidades afrontan una mayor diversidad de tareas, están sometidas a más competencia y han de responder a superiores exigencias de calidad y de rendimientos.

Más no es necesariamente mejor, y por eso la financiación universitaria del futuro ha de ser distinta, al menos en los siguientes aspectos: diversificando fuentes de financiación y aumentando los recursos privados y externos; vinculando la financiación no solo a variables docentes y de número de estudiantes sino también a la investigación y a otras variables de actividad y resultados; incrementando las aportaciones procedentes de la prestación de servicios; y renovando los planteamientos para responder a las nuevas necesidades, tareas y procesos universitarios.

No parece que esta cuestión pueda suscitar desacuerdos pero plantea, en cambio, notables incertidumbres respecto a la capacidad efectiva de las universidades para movilizar y generar nuevas fuentes de financiación, en un horizonte en el que no cabe esperar aumentos sustanciales de los recursos públicos en la educación superior y en el que, de mantenerse tasas de crecimiento económico de alrededor del 3%, podrían incluso encontrarse dificultades para mantener el actual porcentaje de participación en el PIB.

Coste, valor y precio. La reformulación de la financiación universitaria debería de tratar de restaurar de algún modo la elemental relación económica que debería existir entre coste, valor y precio. Con lo que ahora nos encontramos, en cambio, es con una brecha creciente entre los precios de las matriculas y la financiación por estudiante entre las diversas Comunidades Autónomas, debidas a razones exclusivamente territoriales. ¿Son sostenibles esas significativas disparidades desde el punto de vista del principio de la garantía en el acceso a los servicios públicos en condiciones similares en todo el territorio nacional?

Pero lo que ahora quiero resaltar, sobre todo, es que esas diferencias responden a motivos de índole puramente político y administrativo y no a variables relacionadas con el coste de producción o con la calidad y el valor de las enseñanzas en los distintos programas y universidades, que, en una curiosa paradoja, no valdrían para explicar ni las diferencias que se registran entre Comunidades Autónomas ni la uniformidad de precios existente dentro de cada una de ellas.

¿Nórdicos o americanos? Nórdicos, con elevados niveles de gratuidad y de financiación pública sustentada en un sistema fiscal eficiente y progresivo. O americanos, con elevada financiación privada y altos precios de las matrículas, en contraposición al modelo dominante en Europa.

Aunque no fuese en términos tan extremos como los que (un poco provocativamente) he querido utilizar en esa pregunta, lo que resulta imprescindible para el diseño de la financiación universitaria del futuro es despejar ambigüedades, evitar medidas contradictorias y afrontar la compleja tarea de decantarse por algún modelo de referencia en el espinoso dilema de optar entre la gratuidad completa o la contribución al coste de las enseñanzas.

Para hacerlo, hay alguna referencia que podría resultar reveladora. En una encuesta realizada por la “Fundación Europea Sociedad y Educación” (admito que otras encuestas puedan decir algo distinto) la opción de gratuidad completa era la preferida mayoritariamente dentro de la comunidad universitaria. Pero, por contra, no era así en el conjunto de la sociedad que, por una significativa mayoría de alrededor de dos tercios, se decantaba por las opciones del pago de los costes de la matrícula con ayudas para los que no pudieran afrontarlos por razón de sus niveles de renta o con el complemento de un sistema de préstamos.

Lo barato sale caro. En ese contexto, el debate sobre los precios de las matrículas de las enseñanzas universitarias me parece inaplazable, especialmente cuando ha surgido un amplio movimiento a favor de su reducción, que considero completamente desacertada. Una propuesta como ésa me parece un ejemplo paradigmático del tipo de medidas que, de modo seguramente bienintencionado, conducen justamente a lo contrario de lo que aparentemente persiguen; y me recuerda el caso, de hace ya unos cuantos años, en que por no atreverse a subir el precio de los sellos del servicio público de correos lo que se consiguió fue que proliferasen todo tipo de mensajerías privadas.

Bajar las matrículas puede concitar momentáneos aplausos, pero temo que tenga el efecto de lo que, a veces, ocurre con las gangas: que lo barato acabe resultando caro. Y ello por dos razones principales. La primera porque, en un marco de insuficiencia de la financiación, detraer recursos sin garantías de contrapartidas supone un serio riesgo de deterioro de la calidad y el funcionamiento de la universidad pública que, a la larga, podría conducir a la más profunda de las inequidades: a una radical e indeseable segmentación entre una universidad privada para quiénes la puedan pagar y una universidad pública para quiénes no puedan hacerlo.

La segunda razón remite también a un problema de equidad en la apropiación pública o privada de los beneficios derivados de la educación. Son conocidos los argumentos teóricos en favor de la financiación pública de la educación, basados en la existencia de externalidades positivas que contribuyen al crecimiento económico y al bienestar social y benefician al conjunto de la sociedad. Pero hay también una apropiación privada de esos efectos de la educación, que justificaría que los beneficiarios individuales contribuyesen a sufragar o a devolver, al menos parcialmente, el coste de unas enseñanzas financiadas por la sociedad que les permitirán acceder en el futuro a mayores niveles salariales y de renta. Por si esto requiriese de alguna ejemplificación: ¿lo que proponemos es la gratuidad de un master, de odontología por ejemplo, que permitirá a los futuros titulados aplicar elevadas tarifas en los implantes a los miembros de la sociedad que les ha financiado los estudios?

No, no creo que la solución esté en bajar el precio de las matrículas sino en potenciar el sistema de becas y diseñar un adecuado sistema de préstamos (que, por cierto, habría que preguntarse por qué no han funcionado en España). Las becas sí pueden responder a los principios de equidad que no se alcanzan con la bajada de los precios de las matrículas. Reforzar las becas resulta indispensable cuando nuestro sistema es débil y notoriamente insuficiente, cuando se sitúan por debajo de otros sistemas universitarios y han sufrido un retroceso en los últimos años. Un sistema de becas bien diseñado debería, además, atender principalmente a cubrir el coste de oportunidad de realizar estudios (“becas salario”) para las rentas más bajas y podría constituir un poderoso instrumento de movilidad y de fomento de la competencia universitaria.

¿Cambio de financiación o financiación para el cambio? No se trata solo de cambiar la financiación sino de hacer de la financiación un potente y eficaz instrumento para el cambio universitario, con los objetivos de lograr una mayor eficiencia y mejores resultados y promover una adaptación de estructuras.

Lo que algunos estudios han podido constatar es que, hasta ahora, no se ha hecho una asignación eficiente de la financiación de acuerdo con perfiles de especialización, objetivos, actividades y resultados de las universidades; que ha sido escasa la participación de variables de actividad y resultados en la asignación de la financiación; y que una mayor financiación no ha sido consecuencia de una mayor actividad ni garantizado mejores resultados.

Por eso, los objetivos de eficiencia y resultados, tantas veces relegados frente a los de suficiencia y equidad, han de ser reforzados en el diseño y desarrollo de los sistemas de financiación del futuro. Por eso, junto a la demanda de aumento de recursos hay que ofrecer señales nítidas de optimización y racionalización de los gastos y a la perspectiva desde el lado de los ingresos se ha de incorporar la visión desde el lado de los costes de producción de los servicios universitarios, que requiere un profundo y detallado análisis de su magnitud, estructura y comportamiento del que no se dispone plenamente todavía. Y por eso la financiación ha de orientarse y concebirse como un elemento de incentivo para mejorar los rendimientos y resultados, para estimular la profesionalización de la gestión universitaria y para promover el cambio organizativo y la modernización de estructuras y procesos.

La receta y el guiso. Las “recetas” técnicas importan, pero el “guiso” de la gestión del cambio resulta la clave última y más decisiva en todo proceso de transformación y reforma y, en particular, en el de renovación del sistema de financiación universitaria, que tantas veces se ha visto abocado al fracaso precisamente por no tomar demasiado en cuenta las dosis de ingeniería social y política que requiere.

Esa gestión del cambio no resulta, desde luego, nada sencilla y no se ve facilitada por un entorno en que actúan limitaciones como las derivadas de las estructuras de gobierno universitario; de la falta de estrategias bien definidas no solo por parte de las universidades sino, a veces principalmente, por las administraciones educativas; o simplemente de la falta de visión, coraje, oportunidad o interés para afrontar problemas complejos.

No está a mi alcance dar mas recetas para ese guiso que dos sencillas recomendaciones finales. Por una parte, la de guiar la gestión del cambio por los intereses de la sociedad y de la institución frente a la lógica de los grupos corporativos universitarios. Y, por otra parte, la de cambiar modos de pensar la financiación universitaria que se han quedado obsoletos en esta era digital en que están cambiando aceleradamente los soportes, los formatos, los procesos, los productos y los modos de gestión y organización de los sistemas universitarios.

Juan A. Vázquez García

Universidad de Oviedo

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