Evolución histórica del agregado monetario de referencia en el Reino Unido, 1844-2017

Los elementos principales de la estrategia de política monetaria de los bancos centrales son tres: a) una definición cuantitativa de estabilidad de precios, b) un papel destacado del seguimiento del crecimiento de la masa monetaria, identificado por un agregado monetario (la liquidez de la economía), y c) una valoración amplia de las perspectivas de evolución de los precios.

En esta entrada del Blog presentamos la evolución del agregado monetario más utilizado conocido como M3 (“broad money”) que abarca el efectivo (monedas y billetes) y todas las formas de activos que podrían usarse para transacciones, como cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo y depósitos en moneda extranjera, entre otros. Hemos utilizado el ejemplo de la libra esterlina porque es la serie mas larga disponible a nivel internacional: 1844-2017 (173 años). Mostraremos la evolución de la serie en cuatro variantes: en niveles sin y con logaritmos (en ambos casos en términos nominales), en términos reales,  y en porcentaje del PIB.

En el primer gráfico se muestra la evolución de la serie en niveles en términos nominales (en millones de libras esterlinas corrientes). Parece que el agregado monetario se mantuvo constante hasta 1970 y que comienza a crecerá  partir de esa fecha de manera acelerada. Pero esta percepción es errónea. Para corregir este problema presentamos el segundo gráfico en la que la serie en términos nominales ha sido transformada tomando logaritmos. La transformación logarítmica reduce la escala de las observaciones más extremas. Sin embargo, esta transformación no cambia la tendencia de la variable. La transformación logarítmica es adecuada para estabilizar la variabilidad de la variable cuando dicha variabilidad se incrementa con el nivel de la serie.

En cualquier caso, la oferta monetaria nominal no refleja en sentido estricto el cambio en el ciclo económico. Por este motivo, la variable correcta para el análisis macroeconómico es el agregado monetario en términos reales. De este modo, en el tercer gráfico se ha deflactado la serie en niveles en términos nominales del primer gráfico por la evolución del Índice de Precios al Consumo (CPI) del Reino Unido.

Ahora el agregado monetario en términos reales sigue creciendo en el tiempo, acelerándose en mayor medida a partir de 1980. La causa de está aceleración es que la economía del Reino Unido ha ido creciendo en la mayor parte de la serie. Para recoger este efecto en el siguiente gráfico hemos calculado la ratio de la serie en niveles en términos nominales del primer gráfico por el PIB en términos nominales.

En cualquier caso, se sigue observando que la ratio M3/PIB ha crecido substancialmente desde 1982.  Con mas detalle en 1844 representaba el 34% del PIB y al final del periodo en 2017 alcanzó el 100,4%. La razón de este crecimiento es que a medida que una economía se desarrolla mas desde el punto de vista financiero, el dinero utilizado para las transacciones aumenta más rápidamente de lo que aumenta el PIB nominal.

QUE MALA PINTA TIENE EL MUNDO

La apelación a la incertidumbre es la salvaguarda de rigor en muchos ejercicios de previsión económica. Esa forma de curarse en salud nos ha servido para transitar por estos dos años en los que han coexistido dos grandes condicionamientos sobre el bienestar: la amenaza de ruptura del denominado “orden económico internacional” por el país que hasta ahora lo tutelaba y la insuficiente asimilación de las secuelas que dejó la crisis de 2008. Pero la realidad ha suministrado ya suficientes elementos de juicio para que dejemos de refugiarnos en el tópico. El verano ha madurado aquellas señales que, más o menos conscientemente, con desigual amparo racional, deseábamos que fueran nubes de paso. Sobre la economía mundial concurren indicadores que anticipan que el próximo año será bastante peor que este. Su influencia ya se refleja en los de confianza, en la formación de las expectativas de las empresas y de las familias. Y en ese considerable ascenso durante las últimas semanas de las búsquedas en Google del término “recesión”.

La primera de esas dos circunstancias, las guerras comerciales, tecnológicas y de divisas, agudizadas este verano, son las principales responsables del menor crecimiento de las principales economías, el más bajo en tres años, y de la debilidad anticipada para los próximos trimestres. Japón aparte, la desaceleración de Europa es la más pronunciada, con Alemania, Italia Y Reino Unido al borde de la recesión. Pero los temores también se han instalado en la principal economía del mundo. Tras ese récord, por sí solo intimidador, de expansión ininterrumpida durante 122 meses, emergen indicadores de agotamiento del impulso fiscal con el que Donald Trump saludó a las empresas y a las rentas altas de su país. La debilidad estadounidense es manifiesta en el sector industrial, el más vulnerable a la guerra comercial, al igual que en las restantes economías avanzadas.

Del carácter menos coyuntural de las dificultades por las que atraviesan las economías avanzadas da cuenta la profundización de los tipos de interés nominales en ese territorio negativo que venían horadando desde antes del verano. Ese descenso iniciado tras la crisis de 2008 no es únicamente la consecuencia de las decisiones adaptativas de los bancos centrales a la ausencia de inflación y a la debilidad de la actividad. Refleja también el convencimiento de los inversores de que el futuro seguirá exigiendo niveles de tipos de interés tan reducidos o más. Una tercera parte de los bonos en circulación en todo el mundo tiene tipos de interés por debajo de cero. Además de los japoneses, todos los instrumentos con los que se endeudan los gobiernos alemán y holandés están ya en ese subsuelo. Pero los inversores que prestan a aquellos países periféricos que tenían un “endeudamiento público insostenible”, como Irlanda, Portugal o España, también tienen que pagar por adquirir algunos de sus bonos públicos.

La ansiedad no solo se ha adueñado de los supersticiosos o de los creyentes más fervientes en el potencial anticipador del crecimiento que define esa estructura temporal de la curva de tipos de interés. Además del nivel históricamente bajo del precio del dinero a todos sus vencimientos, se da la circunstancia que los que se pagan a corto plazo son los más elevados. Es algo más que un mal fario, dada la alta frecuencia con que una situación tal ha precedido la llegada de recesiones. El estigma de una “curva invertida” ha extendido la inquietud a los más prudentes inversores, fondos de pensiones y compañías de seguros de vida, entre otros, que habían comprometido, cuando el panorama era bien distinto, rendimientos mínimos a sus inversiones. Tampoco los inversores en activos de más riesgo, como el crédito o las acciones, tienen motivos para confiar en que un cuadro tal coexista durante mucho tiempo con ascensos en las ventas y los beneficios de las empresas en las que invierten.

Impedir que la combinación de hechos como los descritos terminen conformando una recesión en toda regla exige actuar sobre las dos circunstancias que los han originado: poner fin a las guerras económicas abiertas e impulsar la demanda y, con ella, las expectativas de inflación.

La primera de las exigencias es la menos compleja técnicamente. Basta con llevar los aranceles a su nivel original y reducir las amenazas a las empresas multinacionales. Un argumento a favor de ese cambio de orientación de la administración estadounidense lo aportarían las dentelladas que esas tensiones ya están originando en el crecimiento de su propia economía. En mayor medida si se quiere evitar que el fantasma de la recesión presida la campaña electoral a la presidencia del próximo año. La normalización en las relaciones multilaterales también permitiría que las otras dos grandes economías del mundo, China y Alemania recuperaran parte del pulso perdido, con el consiguiente impacto favorable en el conjunto.

De las dos vías para estimular la demanda de las economías, la política monetaria convencional está poco menos que agotada en la mayoría de los países, Japón y la eurozona, especialmente. Que sus bancos centrales reivindiquen la eficacia de algunas decisiones que todavía conservan en sus cajas de herramientas no significa que su uso llegue a tiempo de generar los efectos pretendidos. Ese escepticismo estuvo presente hace unos días en la convención anual de banqueros centrales en Jackson Hole, ocupada precisamente en los retos de las políticas monetaria, de la que no emergieron grandes esperanzas precisamente. Quizás una de las pruebas más determinantes de que esos tipos de interés bajos tienen una eficacia reducida es el pobre comportamiento de la inversión empresarial en todas las economías. Más vinculante que el coste del capital parece ser la insuficiencia de la demanda.

La necesidad de utilizar las políticas fiscales, desde luego en algunos países de la eurozona, no es nueva, aunque es ahora cuando incluso los más escépticos han asumido que sería un error seguir mirando hacia otro lado. La directora gerente del FMI y próxima presidenta del BCE acaba de defender ante el parlamento europeo la necesidad de reformar las restricciones presupuestarias en el seno de la UE, como el propio pacto de estabilidad y crecimiento, con el fin de disponer de mayor margen de maniobra en la neutralización de los riesgos de recesión. A ello no deberían esperar aquellos países como Alemania y Holanda con finanzas públicas saneadas y ahorradores quejosos de la ausencia de rentabilidades suficientes. Estos no pueden culpar al BCE de los bajos tipos de interés, sino a sus propios gobiernos por alimentar esos excedentes hoy ociosos.

Pero para evitar la definitiva “japonización” (bajo crecimiento, ausencia de inflación, insensibilidad a la política monetaria) de la eurozona será necesario una más amplia y cuantitativamente más ambiciosa apuesta por estímulos a corto plazo y, desde luego, por la inversión pública. Proyectos que, además de exorcizar las amenazas recesivas, ayuden a modernizar las economías, a fortalecer sus capacidades competitivas, fortaleciendo la educación, las infraestructuras físicas, digitales y energéticas compatibles con el cumplimiento de los compromisos medioambientales.

La existencia de incertidumbre seguirá condicionando los veredictos sobre el futuro de las economías, pero las certezas ya disponibles son suficientemente intimidatorias como para asumir la prioridad de evitar pérdidas de bienestar adicionales en la mayoría de los ciudadanos, dejando a un lado prejuicios y cautelas sin fundamento racional.

(Diario El País, 1/09/2019)

 

Indicador de coyuntura: Agosto 2019

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de julio con los datos publicados hasta junio de producción industrial, ventas  y renta, y hasta julio de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el indicador mantiene en julio el mismo valor de 1,5 que tenía en junio. Este nuevo dato está en consonancia con una tendencia decreciente, indicando una progresiva ralentización en el ritmo de la actividad económica en España.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, la evolución de los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto ha sido dispar. La producción industrial y las ventas crecieron en junio (-1,8% y 0,9%) menos que en mayo (1,8 y 1,3). Por contra, la renta creció más en junio (4,9%) que en mayo (4,6%), mientras que los afiliados crecieron prácticamente igual en junio y julio (2,5%).

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Elecciones (y lecciones) europeas

Muchas han sido las voces que han tildado de “tortuoso” el proceso de elección de quién sucederá a Juncker al frente de la Comisión Europea el próximo 1º de noviembre, y no menos las que han detectado graves “fracturas” y “bloqueo institucional” en la UE cuando ha debido procederse a la designación de candidato para dirigir el Fondo Monetario Internacional. El pesimismo cotiza al alza en el mercado.

Es plausible, sin embargo, otra mirada sobre lo sucedido. En el caso de Ursula von der Leyen merece destacarse, por lo ejemplar, dos hechos. Primero, el esfuerzo que esta ha hecho y la capacidad que ha demostrado en elaborar un programa de gobierno para ganar la adhesión de la mayoría del parlamento de Estrasburgo, muy fraccionado y en el que casi un 60 por ciento de los eurodiputados lo son por primera vez; un programa prometedor y ambicioso —transición energética, economía y mercado de trabajo, igualdad de género, Estado de derecho, inmigración, política exterior, refundación democrática y Futuro de Europa—, que no elude concreciones en cada uno de sus capítulos; un programa pactado con los grandes grupos de la Cámara: conservador, social-demócrata y liberal, incorporando, a la vez, preferencias de otros (verdes, principalmente). Un “verdadero programa de gobierno”, pues, nada parecido a cierto “regateo de trilería” más cercano.

Segundo, la presentación ante el pleno, con un discurso tan brillante como medido, tan riguroso como emotivo, determinante para decantar los últimos votos necesarios. No lo tenía fácil cuando fue propuesta por los jefes de gobierno europeos, alterando la pauta —no poco discutida— de los spitzenkandidaten, pero esta mujer (Bruselas, 1959), perteneciente a la generación de hijos de los primeros funcionarios europeos en la capital comunitaria, lo consiguió. Y todo en apenas catorce días, tómese también nota. La votación, por supuesto, fue reñida, como en todo foro plural donde el voto no obedece a rígidas disciplinas colectivas: un dato más a favor de una elección promisoria.

Por su parte, la elección de Kristalina Georgieva, también ofrece aspectos reseñables y aleccionadores. Por lo pronto, la diligencia con que se ha procedido: el 2 de agosto, solo cinco días después de abrirse el plazo por parte del FMI para registrar nominaciones de candidatos —plazo que terminará el 6 de septiembre—, la UE aportaba este nombre. El de una mujer (Sofía, 1953) que, tras la inicial vivencia en la cerrada Bulgaria comunista, es poseedora hoy de sobresalientes credenciales de alta gestión en el ámbito supranacional, ya en el Banco Mundial, ya en la propia Comisión Europea. Pero no solo es cuestión de calendario. En las tres semanas precedentes se desarrollaron intensas negociaciones entre los Gobiernos, hasta acordar los cinco potenciales candidatos con más apoyos, momento a partir del cual —luz y taquígrafos en abundancia— los ministros de Finanzas buscan un consenso que, al no formarse y después de sucesivos autodescartes, obliga a elegir, mediante votación no secreta, entre los dos finalistas. Ni se apuran los plazos, ni se juega al ratón y al gato entre bastidores (¡qué contraste con lo nuestro!). Doble mérito, en fin, tratándose de la complejidad consustancial a la UE, todo un OPNI, esto es, objeto político no identificado, ajeno a las figuras convencionales de los manuales de Derecho Constitucional, como gustaba decir aquel buen conocedor y leal servidor suyo que fue Jacques Delors.

La rentabilidad de los bonos de deuda pública de Grecia a 10 años, 2009-2019

En la parte superior del gráfico adjunto se muestra la evolución de los tipos de interés nominal del bono de deuda pública de Grecia a 10 años con el equivalente de EE.UU. para el periodo julio 2009-julio 2019. En la parte inferior del gráfico se muestra el diferencial de las rentabilidades de ambos bonos (prima de riesgo) desde julio de 2018 a julio de 2019.

Source: Bespoke

 

La economía griega ha puesto fin a ocho años de programas de rescate financiero de la Unión Europea y del FMI en los que ha estado bajo la vigilancia de sus acreedores. Durante ese periodo Grecia ha recibido cerca de 289.000 millones de euros en tres rescates consecutivos, ha sufrido un corralito financiero, y estuvo a punto abandonar el euro en 2015. No obstante, la economía griega seguirá bajo vigilancia de la troika (UE, FMI y BCE) hasta 2022, que seguirá con sus visitas trimestrales para comprobar la situación de las reformas puestas en marcha.

Pero el duro ajuste ha tenido un efecto positivo sobre los tipos de interés de la deuda pública griega. A finales de julio la rentabilidad del bono de deuda pública griega a 10 años se ha situado por debajo del 2% (el máximo lo alcanzó en febrero 2012 con el 36,6% cuando el país estaba en bancarrota). Esta es la primera vez desde el cuarto trimestre de 2007 que la deuda griega a 10 años ha tenido una rentabilidad más baja que el vencimiento equivalente en los bonos de EE.UU. (prima de riesgo negativa para el bono de Grecia). Este buen comportamiento de los tipos de interés de la deuda pública griega ha permitido que el Tesoro heleno haya vuelto en 2019 a los mercados primarios de deuda pública con las primeras emisiones desde el inicio de los rescates financieros.

En el cuadro adjunto se muestra las rentabilidades nominales actuales de los bonos a deuda pública a 10 años para un conjunto de países, incluida Grecia. En la segunda columna aparecen los tipos de intervención de los bancos centrales.

En relación con otros países, la rentabilidad actual del bono de deuda pública griega es relativamente más alto, especialmente en comparación con otros países de la zona del euro, algunos de los cuales incluso tienen rendimientos negativos al vencimiento a 10 años (hay que pagar el cupón anual al Tesoro del país).

Source: Bespoke

Indicador de coyuntura: Julio 2019

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de junio con los datos publicados hasta mayo de producción industrial, ventas, y hasta junio de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en mayo es de 2,3, un poco por debajo del valor que tomó en abril de 2,4. Como se puede observar en el gráfico, el indicador sigue mostrando una tendencia decreciente indicando una progresiva ralentización en el ritmo de la actividad económica

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, la evolución de los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto ha sido dispar. La producción industrial y la renta crecieron más en mayo (1,7% y 4,6%) que en abril. Por el contra, las ventas crecieron menos en mayo (1,2%) que en abril (2,4%) y los afiliados crecieron menos en junio (2,6%) que en mayo (2,7%).

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Divino tesoro

La estabilidad política —como la salud personal— es un precioso bien que solo valoramos de verdad cuando se pierde. Por eso ahora es una demanda unánime hacer lo necesario para recuperarla: para que no se frustren oportunidades a nuestro alcance (como la “histórica de la revolución digital”, lo ha advertido hace unos pocos días Álvarez-Pallete), si se bloquean medidas imprescindibles, y algunas de política económica no deben esperar más.

Se trata, en efecto, de “recuperar”. Porque el rasgo más acentuado de la democracia española durante más de tres decenios, desde la primera legislatura con gobiernos del PSOE, en los años ochenta, hasta la mitad de la década que pronto acabará, ha sido precisamente la estabilidad política en el marco, a su vez, de una sobresaliente estabilidad institucional, con la Corona —al César lo que es del César— en la cúspide de un edificio que ha demostrado, ante creyentes e incrédulos, solidez, y más notoriamente cuando se le ha intentado derribar de una u otra forma. Su combinación con el otro componente clave de un fecundo tercio de siglo para la economía y la sociedad españolas, Europa como estímulo y exigencia, explica muchos de los logros conseguidos. Interacción virtuosa: la estabilidad política e institucional ha facilitado el acceso, primero, y la interlocución, después, con la UE, y la permanente referencia europea, compartida por los distintos grupos y partidos políticos, ha actuado de aglutinante, contribuyendo así, y no en menor medida, a la estabilidad.

No es cuestión solo, aunque también, de formaciones gubernamentales duraderas (como fueron las que se sucedieron entre el final de 1982 y el de 2015); se trata, sobre todo, de cultura negociadora, de búsqueda de puntos de coincidencia, de primar los intereses generales sobre los de parte (o partido). De voluntad de acuerdo: el acuerdo como destilado democrático, no como cesión vergonzante; la cultura negociadora que implica también capacidad de gestión de los desacuerdos, de los desencuentros. Lo que hizo posible, valga como ejemplo, resistir y finalmente derrotar al terrorismo o pactar un sistema de pensiones; y, con mirada más abarcadora, lo que constituyó la tónica de los mejores años de la España democrática, con tan buen haber en su cuenta: la afirmación de un régimen de libertades plenamente homologable en el mundo occidental, un extenso tejido empresarial con alto grado de internacionalización, multiplicadas dotaciones de infraestructuras técnicas y equipamientos sociales, y una mejora sustancial de las condiciones de vida, con la cobertura de un asentado Estado del bienestar.

Justo lo que desde las elecciones de diciembre de 2015 se viene echando en falta, cuando el escenario político se llena de “líneas rojas” y “vetos”, figurantes ciertamente ajenos a la esencia de la democracia, más bien propios de situaciones de belicoso enfrentamiento, con el resultado de mantener el clima de incertidumbre dominante. La incertidumbre política que, al igual que las perturbaciones financieras (ha vuelto a subrayarlo el Banco de España) afecta marcada y significativamente al crecimiento económico, retrayendo la actividad inversora y reduciendo, más pronto que tarde, la propensión al consumo de los hogares.

Reclamemos, pues, líderes con suficiente grandeza para alcanzar “consensos vitales del Estado y lanzar el país hacia el futuro”. Divino tesoro (para homenajear, de paso, a Rubén Darío).

Exclusión social, democracia y elección colectiva

La teoría de la elección colectiva explica cómo adopta sus decisiones el sector público a partir de las preferencias de los ciudadanos. Para poder hacerlo, es necesario emplear algún sistema de agregación de esas preferencias que permita seleccionar entre las distintas decisiones y usos alternativos de los recursos. Aun siendo una regla imperfecta, la mayoría de los países utilizan la democracia representativa como vía para ordenar y decidir qué alternativas de intervención pública llevar a cabo, gracias a la sencillez de la votación mayoritaria y a la posibilidad de que participen todos los ciudadanos.

Los politólogos y economistas han prestado una especial atención a los diferentes modelos que tratan de comprender la democracia como un sistema de agregación de las preferencias sociales. El conocido teorema del votante mediano, por ejemplo, anticipa la victoria en unas elecciones de la fuerza política cuyas propuestas de gobierno se aproximen más a las preferencias de los ciudadanos que ocupan el centro de la distribución de votantes según la ideología política. La forma de esta distribución puede ser distinta en cada país y no es constante en el tiempo, como demuestra la alternancia en el poder de diferentes partidos.

Si las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones consiguen identificar las preferencias del votante mediano y ajustan a ellas su oferta electoral es probable que puedan maximizar sus votos. Este argumento, sin embargo, no siempre es compatible con la realidad económica y política. Sin entrar en tecnicismos, para que se den esas premisas una condición básica es que los votantes no prefieran las alternativas extremas a las intermedias. Al igual que suele pasar en las relaciones afectivas, puede haber áreas de intervención pública en las que tenga sentido preferir mucha o poca intervención pública en lugar de un nivel intermedio.

Los límites, en cualquier caso, del modelo del votante mediano como pilar interpretativo del proceso democrático son más relevantes que el que se acaba de mencionar. En primer lugar, se asume que los políticos se limitan simplemente a lograr el máximo de votos y que para ello están dispuestos a renunciar a su ideología. A pesar del creciente número de trasvases de un partido a otro, o de que la indefinición ideológica de alguna fuerza política sea su principal característica, los resultados de las elecciones en varios países, incluida España, demuestran que la ideología sigue siendo importante en el diseño de las estrategias electorales. En segundo lugar, estos modelos tienen mucho más sentido en contextos de bipartidismo que en otros más plurales. En tercer lugar, el pragmatismo de estas aproximaciones suele menospreciar la importancia del carisma de los líderes políticos. Si bien nos hemos ido conformando con la creciente llegada de líderes anodinos a los puestos de poder de muchos partidos, las personalidades pueden ser muchas veces más importantes que las ideologías o que, incluso, las propuestas políticas.

Siendo importantes los límites citados, probablemente el mayor es la reducida equivalencia entre el votante mediano y el ciudadano medio. Esta realidad pone en cuestión la validez de la democracia para integrar las preferencias de todos los ciudadanos, al dejar fuera de las reglas de decisión a quienes no participan en las elecciones. Esto no sería un problema si la abstención fuera un hecho aleatorio, pero la realidad es que la abstención es mucho mayor en las zonas donde las familias disponen de menor renta.

En algunos de los barrios más pobres de España, la participación electoral no llega al 20%. Los trabajos de campo en esos entornos muestran la falta de confianza de los ciudadanos más pobres en la democracia y en la utilidad de los partidos políticos para responder a sus necesidades. Están excluidos del empleo, del consumo e, incluso, de las relaciones sociales y de la salud, dimensiones a las que sí pueden acceder la mayoría de las personas que viven en su misma ciudad. Así, en todas las ciudades es posible encontrar una gran brecha entre la participación electoral en las zonas de mayor renta y en las más pobres. Mientras que en calles del Polígono Sur en Sevilla la participación no llega al 14%, en el barrio de Nervión votan cerca de nueve de cada diez electores. En Madrid, apenas lo hace uno de cada diez ciudadanos en la sección electoral del Vertedero de Valdemingómez, frente a más del 85% en secciones del barrio de Salamanca.

El VIII Informe FOESSA, que acaba de publicarse, muestra el estrecho grado de relación que hay entre la exclusión social y la abstención. El Informe revela que esa correlación ha subido en casi todas las ciudades en la última década. La crisis amplió el denominado “precariado político”, formado en buena medida por los expulsados de los trabajos tradicionales que han desaparecido, que son quienes están haciendo crecer los agujeros de la democracia. Entre los más damnificados por la crisis, algunos encontraron una salida en los nuevos partidos, pero una gran mayoría pasó a acompañar a los excluidos tradicionales en la abstención electoral. El resultado es un mayor peso de otros estratos sociales en esos procesos, ampliándose, por tanto, la brecha entre los ciudadanos no sólo en términos de renta sino también en el plano político.

Los fenómenos de exclusión significan un alejamiento de los comportamientos medios. Si los ciudadanos que más necesitan que los decisores públicos les presten atención no votan, sus preferencias dejan de entrar en el sistema. Y si se tiene menos en cuenta una proporción creciente de preferencias sociales, las imperfecciones de la democracia como regla de toma de decisiones serán cada vez mayores. El corolario, como acaban de demostrar Acemoglu y otros, es que a peor democracia no sólo hay mayor injusticia social sino también menor crecimiento económico.

Luis Ayala es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos

(Publicado en El País el 30 de junio de 2019)

Indicador de coyuntura: Junio 2019

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de mayo con los datos publicados hasta abril de producción industrial, ventas, y renta, y hasta mayo de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en mayo es de 2,4, un poco por debajo del valor que tomó en abril de 2,7. Como se puede observar en el gráfico, el indicador sigue mostrando una tendencia decreciente.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto han crecido menos que en el mes anterior, excepto las ventas que crecieron en abril 2,5% y en marzo 2,0%. La producción industrial y la renta crecieron menos en abril (-2,0% y 4,1%) que en marzo (-0,2% y 4,5%). Por su parte, los afiliados crecieron en mayo un 2,7%, un poco por debajo del crecimiento del 2,8% en abril.

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Corruption in OECD countries: are mega-events the perfect excuse?

Por Héctor Bellido, Lorena Olmos de la Universidad de Zaragoza y Juan A. Román-Aso de la Universidad de San Jorge, ganadores del premio AldE jóvenes investigadores 2019 convocado en el XXII Encuentro de Economía Aplicada, celebrado en Cartagena los días 7 y 8 de junio de 2019. Aquí presentamos la versión traducida y resumida del trabajo premiado bajo el título Corruption in OECD Countries: Are Mega-Events the Perfect Excuse?

La elección individual entre honestidad y corrupción a la que se enfrentan los representantes públicos depende, en gran medida, de dos factores: el posible coste asociado a participar en actividades corruptas, estrechamente relacionado con los mecanismos de control, y las potenciales ganancias derivadas de estas actividades. Respecto a estas últimas, un aumento del presupuesto puede resultar un incentivo determinante. Y uno de los motivos por los cuales el presupuesto público puede aumentar temporalmente es la celebración de grandes eventos, ya sean de naturaleza deportiva o de otra índole. Las elevadas inversiones en infraestructuras y la concesión de contratos de servicios adjudicados tras la elección del país anfitrión parecen el caldo de cultivo perfecto para la aparición de casos de corrupción o, al menos, para levantar sospechas entre los ciudadanos acerca de la existencia de actividades ilícitas.

En los últimos años, los medios de comunicación han cubierto numerosos casos de corrupción relacionados con la celebración de grandes eventos. Además de casos de amaños relacionados con apuestas deportivas, el mundo del deporte está inmerso en un continuo escándalo de corrupción. Se han destapado multitud de casos en los que las propias organizaciones deportivas están involucradas (FIFA Gate, amaños en la elección de países anfitriones como Qatar para el mundial de fútbol de 2022,…). Los derechos de emisión televisiva se han convertido también en un jugoso negocio para enriquecerse ilegalmente, como demuestra el escándalo de fraude de la empresa International Sport and Leisure. Además, en muchos casos, están involucrados políticos y altos funcionarios de los diferentes países anfitriones. Una de las prácticas corruptas más habituales es el cobro de comisiones de las empresas adjudicatarias por parte de los representantes públicos. Existen innumerables ejemplos de este tipo de corrupción, y sólo hace falta echar un vistazo a los medios de comunicación nacionales para hacerse una idea de la magnitud del problema. Los contratos adjudicados a dos amigos del primer ministro ruso para los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi de 2014, o las acusaciones de soborno contra Lula Da Silva que involucran a la compañía Odebrecht tras la Copa Mundial de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, son solo dos ejemplos de una maraña de escándalos cada vez más extendida. En otras ocasiones, las actividades ilegales no implican directamente a políticos, pero la falta de regulación y de control público fomenta las actividades ilegales, como es el caso de las denuncias de comportamiento anticompetitivo de empresas multinacionales en Sudáfrica y Brasil en relación con las celebraciones de la Copa Mundial de la FIFA de 2010 y de los Juegos Olímpicos de verano de 2014, respectivamente. No obstante, los países en desarrollo y las competiciones deportivas no son los únicos afectados por esta epidemia. Por ejemplo, una investigación vinculada a la reciente Exposición Universal celebrada en Milán acabó con el arresto de varios ex miembros del parlamento acusados ​​de influir en las licitaciones públicas.

La literatura académica ha analizado en profundidad tanto los determinantes como las consecuencias de la corrupción. Por un lado, la renta per cápita aparece como principal factor que afecta al nivel de corrupción. Pero también otros factores económicos como la distribución de esa renta, la apertura del país al exterior, la tasa de inflación, o el tamaño del gobierno parecen explicar este fenómeno. En cuanto a las instituciones, la transparencia del gobierno, su eficiencia y grado de intervención, la descentralización, la estabilidad política o los derechos sociales conquistados son elementos que también juegan un papel relevante. Asimismo, algunos análisis apuntan a variables como el sistema de derecho, la religión mayoritaria, el nivel de educación de los ciudadanos, la participación de la mujer en puestos de decisión o en el mercado laboral, la diversidad étnica y la disponibilidad de recursos naturales como factores determinantes del nivel de corrupción de los países. Por otro lado, las consecuencias derivadas de la corrupción abarcan multitud de dimensiones socioeconómicas: erosiona el crecimiento económico a través de sus efectos sobre inversión y productividad, aumenta la desigualdad interna de los países y disminuye la efectividad de las políticas públicas. Además, la corrupción reduce la estabilidad política, promueve el descrédito de las instituciones públicas y, por tanto, puede provocar crisis sociales de gran relevancia. Sus tentáculos pueden incluso afectar a otros ámbitos como el medio ambiente o la salud pública.

La celebración de grandes eventos se ha relacionado tradicionalmente con consecuencias económicas positivas (aumento de la inversión, del consumo y de las exportaciones) tanto en los países que optan a acoger el evento como en los que finalmente son elegidos. Otros análisis, sin embargo, señalan que la mayoría de estos estudios están sobreestimados, y son de sobra conocidos los casos de sobrecostes y de otras repercusiones cuestionables como las derivadas de la regeneración urbanística. De hecho, este tipo de efectos colaterales han provocado cierto rechazo social entre la población, plasmado en los recientes referéndums con resultado negativo celebrados en ciudades como Viena o Hamburgo. Sin embargo, aunque la literatura previa ha examinado algunos aspectos de la relación entre la celebración de grandes eventos y la corrupción a nivel nacional, estos análisis son cualitativos, o se limitan a ciertos casos de estudio.

En este contexto, este artículo analiza el efecto de acoger grandes eventos sobre la corrupción percibida en 34 países de la OCDE durante el periodo 1996-2016. La elección de este conjunto de países responde, además de a la mayor disponibilidad de datos, al deseo de contar con una muestra homogénea que permita una elección ajustada de los factores determinantes de la corrupción. Los eventos considerados son de naturaleza deportiva, como los Juegos Olímpicos de verano y de invierno o las Copas Mundiales de la FIFA, pero también de tipo cultural, como son las Exposiciones Universales. Para la evaluación de esta relación se han empleado dos técnicas alternativas. Por un lado, se ha incluido una variable dicotómica desde el momento de referencia, lo que nos proporciona el resultado estático del impacto, y, por otro lado, se ha incorporado un conjunto de variables dicotómicas que toman valor 1 cada dos años desde el momento de referencia, lo que nos permite analizar el impacto dinámico. Además, se consideran dos momentos de referencia: la elección del país como anfitrión del evento y la celebración del mismo.

Los resultados muestran que la celebración de grandes eventos tiene un impacto positivo sobre la corrupción percibida. Si tenemos en cuenta el impacto estático, la corrupción percibida aumenta si se toma como referencia la inauguración oficial del evento pero, en mayor medida, si se tiene en cuenta la elección del país como anfitrión. Por su parte, la estimación del impacto dinámico proporciona conclusiones más interesantes: la corrupción percibida de los países aumenta desde la elección del país, y este impacto crece hasta alcanzar su máximo alrededor de 1 o 2 años antes de la celebración, cuando se ve incrementada en un 5%. Tras ello, este impacto va disminuyendo pero es todavía significativo 5 años después de la celebración. Con relación al resto de determinantes, la estimación del modelo empírico señala que la renta per cápita, el porcentaje de población urbana y otros factores institucionales como la capacidad regulatoria del país o la participación ciudadana y la rendición de cuentas afectan negativamente al nivel de corrupción percibida. Otra conclusión destacable es que, cuanto más tiempo lleva el partido del gobierno en el poder, mayor es la corrupción percibida, lo que sugiere que los políticos de partidos instaurados en las instituciones tienden a practicar actividades ilícitas o, al menos, a ser percibidos como corruptos. Por último, con el fin de evaluar la consistencia de nuestros resultados, se proponen especificaciones alternativas que confirman los resultados mencionados: se utiliza un indicador de corrupción percibida alternativo, se incluyen variables explicativas adicionales, se excluyen algunos eventos de menor importancia en términos económicos (Juegos Olímpicos de invierno y Exposiciones Universales) y se realiza un cambio en el tipo de estimador que contempla la dependencia de corte transversal de los datos.

Estas conclusiones confirman la existencia de una realidad menos amable relacionada con la celebración de grandes eventos. Más allá de la afluencia masiva de visitantes y de las fastuosas inauguraciones, la celebración de grandes eventos implica incrementos presupuestarios que suponen incentivos perversos para quienes tienen que manejarlos. Estos incrementos permiten aumentar los potenciales beneficios derivados de actividades delictivas, aspecto que es percibido por la ciudadanía y que contribuye al deterioro y descrédito de las Administraciones Públicas. A la vista de estos resultados, parece necesario reforzar el control y la trasparencia en la concesión de contratos, así como extender la legislación, regulando situaciones como la aparición de sobrecostes.

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