Hoy ayuda urgente, mañana renta mínima

España se enfrenta a esta nueva crisis sin haber completado la última red de protección social. Persisten lagunas importantes, con colectivos aún desprotegidos, y procedimientos administrativos complejos para conseguir las prestaciones, que hacen que no siempre lleguen a quienes más las necesitan.

El drástico aumento de las necesidades sociales por el impacto económico de la pandemia hace cada vez más urgente cubrir la falta de ingresos de muchos hogares. El gran dilema es ahora cómo combinar una respuesta inmediata a esas necesidades con el desarrollo de una nueva prestación permanente, similar a la de otros países europeos, que debería completar el sistema de garantía de ingresos. Su diseño adecuado exige unos plazos que, lamentablemente, pueden ser excesivos para muchos hogares, condenados en consecuencia a la pobreza. La alternativa es poner en marcha con carácter inmediato una ayuda de emergencia social, mientras se va definiendo un nuevo sistema de garantía de ingresos.

Para que una ayuda de emergencia llegue al máximo de personas que la necesitan es preciso conjugar tres verbos básicos: vincularla a la pandemia, con un plazo inicial acotado pero prorrogable, confiar en las personas que la pidan, sin excesivos requisitos iniciales de comprobación y difíciles de obtener en una sociedad “al ralentí”, y agilizar su articulación en el sistema de garantía de ingresos.

Las claves para diseñar una nueva prestación de carácter general y permanente son más complejas. La primera es, dentro de la Seguridad Social, definir bien su encaje con el resto de prestaciones no contributivas. La segunda es fijar una cuantía adecuada. Las cifras de las que se habla servirían para eliminar la pobreza más severa. Combatir otras formas de pobreza, sobre todo en los hogares con menores, donde ya era elevada antes de esta crisis, obliga a generar nuevos recursos a través del sistema fiscal.

La tercera clave es crear incentivos laborales para que las personas beneficiarias se incorporen al trabajo cuando sea posible, una cuestión esencial y delicada. Es fundamental poder compatibilizar esos ingresos con la prestación: permitirlo durante un tiempo, dejar una cantidad exenta o establecer un descuento progresivo según aumentan las rentas salariales. Es también importante establecer mecanismos fluidos de entrada y salida en/de los programas, dada la corta duración de muchos de los trabajos a los que acceden las personas beneficiarias.

Por último, no se puede obviar la necesidad de coordinación con las comunidades autónomas, que llevan tres décadas desarrollando sus competencias en este ámbito. Son necesarios acuerdos que permitan que la participación del gobierno central no se interprete como una recentralización de competencias. La responsabilidad de este es garantizar una cuantía básica y hay que definir si sería un complemento de lo que ofrecen las comunidades autónomas o si serían estas quienes complementarían ese mínimo.

(Publicado en El País el 19/04/2020)

bAg: NUEVA DIRECCIÓN, NUEVA APARIENCIA, NUEVA SUSCRIPCIÓN

Estimados suscriptores del blog de Economía de la Aldea Global (bAg):

El próximo 1 de febrero comenzaremos a utilizar la NUEVA DIRECCIÓN https://alde.es/blog/ para el blog de la Asociación Libre de Economía.

Para seguir estando informado de las entradas es necesario que vuelvas a realizar una NUEVA SUSCRIPCIÓN pinchando en  https://alde.es/blog/suscribete/

El blog continúa pero con una NUEVA APARIENCIA, una nueva imagen más renovada y práctica.

Desde aquí aprovecho para daros las gracias por vuestro apoyo durantes estos últimos ocho años de vida de bAg y os espero en el renovado blog de la Aldea Global (bAg) en la dirección: https://alde.es/blog/

María Asunción Prats Albentosa

Coordinadora de bAg

La importancia de la educación en el crecimiento económico de España

Por Laura Márquez Ramos, Universitat Jaume I (España) y Universidad de Adelaida (Australia), y Estefanía Mourelle, Universidade da Coruña (España). La siguiente entrada es un resumen del artículo “Education and economic growth: an empirical analysis of nonlinearities”, publicado en Applied Economic Analysis (antigua Revista de Economía Aplicada), Vol. 27 No. 79, pp. 21-45.

La importancia de la educación en el desarrollo de las economías ha sido objeto de múltiples debates y estudios, estando plenamente aceptada hoy en día. La educación aumenta el capital humano del mercado laboral de un país. De esta manera, un país en el que su población puede explotar nuevo conocimiento tiende a crecer más rápido. Asimismo, la educación mejora la capacidad de innovación de la economía y ejerce un efecto facilitador de transmisión de conocimiento. En este sentido, existen múltiples estudios que analizan la relación entre educación y crecimiento económico, la cual puede ser bidireccional: ¿es la educación un factor determinante del crecimiento económico, o son los países con mayor crecimiento económico los que muestran un mayor desempeño educativo? Con el fin de centrar la atención en una de las dos direcciones, en esta entrada contemplamos el efecto de la educación sobre el crecimiento económico.

Estudios previos han empleado diferentes técnicas cuantitativas como por ejemplo series de tiempo, datos de panel o corte transversal, contemplando los diferentes niveles educativos (primario, secundario y terciario). De estas investigaciones se deriva el resultado de que la educación tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico. Sin embargo, los estudios realizados evidencian las dificultades de analizar este efecto. Un problema es de medición, porque ¿cómo medimos la educación? A lo largo del tiempo se ha avanzado en el uso de variables más ajustadas a la realidad con el fin de reflejar la calidad de la educación como, por ejemplo, a partir de los resultados de los informes PISA, o utilizando indicadores que suponen aproximaciones del desempeño educativo. Otro problema es que no somos plenamente conocedores de todos los factores que determinan el desempeño educativo, aunque se ha avanzado mucho en este aspecto en los últimos años. En este sentido, se ha demostrado que factores como el entorno socioeconómico o el avance de la sanidad afectan a la educación.

Diversos artículos científicos han demostrado la heterogeneidad existente entre países, al revelar que el efecto del desempeño educativo es generalmente mayor en países en desarrollo que en los desarrollados. Siguiendo esta línea de investigación, se resalta también el papel que juega el marco institucional del país, que ejerce de facilitador en el efecto positivo de la educación sobre el crecimiento económico. Sin embargo, también existen estudios que cuestionan el efecto positivo encontrado. Esta ambigüedad podría venir explicada, al menos en parte, por las diferentes técnicas de análisis utilizadas en este campo de investigación.

A la vista de la literatura existente, dos investigadoras en economía, Laura Márquez Ramos y Estefanía Mourelle, publicaron recientemente un artículo en la revista científica Applied Economic Analysis sobre la importancia de la educación en el crecimiento económico de España. Su trabajo trata de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿la dinámica de la actividad económica de un país difiere en función del desempeño educativo de su población? En términos técnicos, la respuesta a esta pregunta supone trasladarnos del habitual contexto lineal en que se ha desarrollado la literatura a uno no lineal. En un contexto de no linealidad, el comportamiento de la relación entre crecimiento económico y educación no sería el mismo para todos los valores de educación. Este reconocimiento tiene precedentes. Por ejemplo, algunos autores han contemplado la posibilidad de que existan umbrales de capital humano y que el crecimiento de una economía sea diferente según en qué lado del umbral se sitúe. En cuanto a la relación entre el crecimiento económico y educación en España, Márquez Ramos y Mourelle (2019) consideran que el comportamiento de esta relación puede ser no lineal y parten de la base de que la educación, reflejada en las competencias, habilidades y conocimiento de la población, puede jugar el rol de fuerza facilitadora del crecimiento económico.

Antes de adentrarse en el estudio, conviene reseñar que España es un país con un importante nivel de sobreeducación y, dada la elevada tasa de desempleo existente, se podría pensar que el impacto de la educación sobre el crecimiento económico sería prácticamente inexistente. Los resultados hallados apuntan, sin embargo, a la importancia de apostar por la educación como fuente de crecimiento económico en nuestro país. Las ineficiencias del mercado laboral y el alto desempleo existente en España, especialmente entre los jóvenes, son aspectos de gran relevancia que se deben abordar con urgencia para que una apuesta seria por la educación fomente el desarrollo de nuestra economía en su máximo potencial.

Márquez Ramos y Mourelle (2019) se centran en educación secundaria y terciaria en una aplicación para España en el período 1971-2013. Sus resultados a nivel de país (esto es, de España en su conjunto) se contrastan con los obtenidos a nivel de comunidad autónoma, evidenciando la existencia de diferencias regionales en el comportamiento de la relación de interés. En el trabajo se aduce que el empleo de modelos no lineales introduce una mayor flexibilidad en la relación entre las variables; nótese que en un contexto lineal los parámetros de los modelos estimados no cambian a lo largo del tiempo, mientras que en uno no lineal sí pueden hacerlo.

Una especificación comúnmente utilizada para reflejar cambios de régimen a lo largo del tiempo es la regresión por umbrales, que considera que una variable cambia de un régimen a otro de forma abrupta o brusca. Sin embargo, si bien cada agente económico puede cambiar de forma acusada en diferentes momentos de tiempo, la economía se compone de un agregado de ellos, por lo que su comportamiento sería más suave. Por ello se acude al modelo de transición suave y, en particular, al modelo más general: la regresión con transición suave.

En la regresión con transición suave se asume que una determinada variable oscila entre dos regímenes extremos que vienen determinados por alguna de las variables introducidas en el modelo, y la transición entre ellos tendrá lugar de forma más o menos suave según se derive de los datos. Este tipo de modelo permite caracterizar de forma más completa que otras modelizaciones la dinámica de la relación entre crecimiento económico y educación. En otras palabras, la especificación en la que se basan las autoras del estudio permite analizar la rapidez con que el crecimiento económico reacciona ante cambios que se produzcan en la educación.

Los datos empleados en el estudio hacen referencia a: (1) Producto Interior Bruto (PIB), como medida de la actividad económica; (2) las ratios de matrícula en educación secundaria y en terciaria, como medida de educación; (3) la proporción de población activa con estudios secundarios o terciarios sobre el total de la población activa, como medida del estado del mercado laboral; (4) el capital físico, y (5) el porcentaje de gasto del gobierno en educación sobre el PIB.

La evolución temporal de estos indicadores muestra una tendencia al alza de las variables de educación (secundaria y terciaria) a lo largo del tiempo, especialmente de la educación superior. Dicha evolución creciente se advierte en particular tras la muerte de Franco y la crisis económica de los años 70. Así, mediados de la década de los 70 se convierte en un período crucial para el gasto público en educación, con una proporción de trabajadores con estudios universitarios que comienza a despegar, y un crecimiento casi continuado en lo que se refiere a trabajadores con estudios secundarios. En la década de los 80 el capital físico registra un incremento sustancial que dura hasta el estallido de la última crisis económica. La tendencia positiva del PIB está acompañada de una tendencia similar en el resto de las variables analizadas. En este marco descriptivo resulta todo un reto aislar el efecto de una relación entre crecimiento económico y educación, y es por ello por lo que se requieren métodos más sofisticados que vayan más allá de la observación del comportamiento evolutivo de las variables consideradas en el análisis. En este sentido, y como ya se ha avanzado, Márquez Ramos y Mourelle (2019) utilizan técnicas de modelización no lineal de series de tiempo y, en concreto, la regresión con transición suave.

Los modelos utilizados contemplan la ratio de matrícula en estudios secundarios y terciarios, respectivamente, como la variable de transición. El papel de las variables de educación es doble: por una parte, porque las mismas representan la fuente de (posible) no linealidad en el crecimiento económico, y, por otra, porque se contemplan como posibles determinantes de la dinámica del PIB. El modelo estimado para educación secundaria revela que el crecimiento económico depende de su pasado más reciente, del capital físico, el mercado laboral y el gasto en educación. En cuanto al modelo para educación terciaria, influyen las mismas variables y, además, la educación de este nivel. La educación terciaria se revela por tanto como determinante de la dinámica del crecimiento económico, mientras que no sucede lo mismo con la educación secundaria. Sin embargo, ambos niveles educativos son generadores de asimetrías sobre el crecimiento económico debido a la existencia de umbrales que determinan la dinámica que dicho crecimiento experimenta en el país.

En base a los resultados obtenidos, la economía española mostraría una dinámica de comportamiento diferente cuando la ratio de matrícula en educación secundaria crece por encima del 1.5% que cuando lo hace a un ritmo más lento. En el caso de la educación terciaria, el régimen inferior abarcaría desde crecimientos negativos de la ratio hasta un 5.2%, mientras que el régimen superior corresponde a crecimientos superiores a este valor; ambos valores se hallan próximos a sus respectivas medias. Asimismo, también se observa que el crecimiento económico reacciona de forma más inmediata a cambios externos (o “shocks”) que impactan en la educación terciaria que a cambios que impactan en educación secundaria. Esto podría ser indicativo de la importancia que tradicionalmente se ha atribuido en España a poseer un título universitario.

Como se ha comentado anteriormente, las autoras del trabajo también analizan los resultados por comunidad autónoma. Para este análisis, se seleccionan cuatro comunidades autónomas representativas en términos de renta y gasto público en educación per cápita regionales (con valores tanto por encima como por debajo de las medias de estas variables): Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. Así, a nivel regional se evidencian efectos asimétricos de las variables de educación sobre el crecimiento económico, tanto en el nivel de enseñanza secundaria como superior. Respecto a la educación secundaria, a nivel regional la propia variable de educación sí se muestra significativa como determinante del crecimiento económico, lo cual no sucedía para el agregado de España; además de ella, el pasado reciente de la actividad económica y las restantes variables contempladas en el estudio resultan significativas en el modelo. También se observa que el mercado laboral ejerce una menor influencia sobre el crecimiento económico al considerase el análisis a nivel regional que a nivel de país; el hecho de que otras variables como el capital físico o el gasto en educación ganen relevancia en el análisis regional podría estar haciendo disminuir el impacto del mercado laboral. En el caso de la educación superior, se repite el esquema del nivel agregado.

Con relación a la velocidad de transición entre regímenes, ésta resulta más elevada a nivel regional que nacional en el nivel secundario, mientras que en el terciario resulta más suave pero notable. En ambos casos los umbrales se sitúan en valores próximos a los crecimientos medios de las ratios: entre un 5 y un 6% en el caso de secundaria, y entre 3 y 6% en el caso de terciaria. Un aspecto destacado en el análisis regional es el notorio efecto del capital físico sobre el crecimiento económico, pues resulta significativo en todos los modelos, mientras que el mercado laboral se muestra más relevante en el análisis a nivel de país. En cambio, el gasto público en educación se encuentra más presente a nivel de región que de país. Estos resultados ponen de relieve la importancia de la descentralización de parte del gasto público en España hacia las comunidades autónomas. Así, con un mejor conocimiento de su realidad regional, las comunidades autónomas pueden seleccionar las políticas que mejor funcionen para que sus activos, como es el caso de la educación, contribuyan al proceso de producción.

A modo de resumen, el trabajo sobre el que versa esta entrada ha analizado la relación entre educación y crecimiento económico en España. Así, se ha evidenciado que el comportamiento de la actividad económica de España y de sus comunidades autónomas viene determinado por la educación secundaria y terciaria, demostrándose que el nivel educativo de la población constituye una fuente de no linealidad para la actividad económica. Un mejor conocimiento de cómo el crecimiento económico de un país o de una región reacciona ante cambios en el desempeño educativo, así como también reconocer que el crecimiento económico puede mostrar un comportamiento diferente dependiendo del nivel educativo existente en dicho país o región, constituye una información particularmente útil para los encargados de elaborar las políticas públicas.

Para más información, no dudéis en consultar el artículo en

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AEA-06-2019-0005/full/html

Prioridad olvidada

Como ocurrió en las dos campañas electorales consecutivas durante 2019, al formarse el Gobierno tampoco la política exterior ha merecido subirse al estrado de las prioridades. Ninguna propuesta programática consistente, ninguna referencia llamativa: los problemas domésticos más perentorios —desde la situación catalana hasta la reforma educativa, desde la fiscalidad y las pensiones a la reforma laboral, desde los presupuestos a la renovación de los órganos institucionales— o los que no lo son tanto —reformas en los modos de vida, hábitos de consumo y moralidad, que de todo hay— acaparan la atención. Ensimismamiento: desentenderse del mundo exterior, ignorarlo.

Mal asunto. Es dar la espalda a un escenario determinante para los intereses de toda la nación, y justo cuando en él se registran movimientos y tensiones globales de enorme alcance, también para nuestro futuro, a la vez que el momento de la Unión Europea exige especial cuidado para no perder oportunidades. Está en juego, dicho de otro modo, no solo nuestro posicionamiento como potencia media —el “lugar en el mundo”— ante los profundos cambios que la globalización económica y la geopolítica internacional están imponiendo aceleradamente; también la presencia de España, en términos de influencia real y de prestigio, en el día a día de una Unión Europea que hoy está completando sus equipos directivos para los próximos cinco años al tiempo que ha de abrir de inmediato la negociación de la futura relación con el Reino Unido.

La parálisis política padecida ha reducido necesariamente nuestro margen de maniobra, y tanto en lo general como en lo particular. Será arduo combatir el desgaste reputacional que está infligiendo a España el independentismo catalán en muchos foros y ámbitos, difundiendo un relato antiespañol que el vacío gubernamental no ha sabido contrarrestar. En el acontecer diario más próximo, dos aplazamientos muy recientes sirven de botón de muestra de ese no hacer: uno, la primera reunión prevista entre España y el Reino Unido para estudiar las particularidades del Brexit sobre Gribaltar; otro, la fecha en que Michel Barnier visitará la Moncloa para conocer en persona los planteamientos de España en la mesa negociadora en la que él nos representará. Y queda muy poco tiempo para incorporar nombres nuestros al staff —direcciones generales, gabinetes, etc…— que asumirá la gobernanza europea durante un lustro; en la anterior etapa, eran tres jefaturas de gabinete las desempeñadas por españoles: del propio Juncker, del presidente de la Eurocámara y del comisario Arias Cañete, mientras que ahora —por ahora— solo la de Borrell. Cada pieza perdida en ese organigrama redundará en una merma apreciable de capacidad en defensa de nuestros intereses.

Tajo tiene por delante, desde luego, la nueva Ministra, comenzando por recuperar para el objeto de sus competencias la centralidad que requiere la proyección exterior de España, la buena imagen que merecen economía y sociedad, empresas y creaciones culturales, la democracia avanzada que se ha construido en cuatro intensos decenios. Credenciales profesionales no le faltan, ciertamente, a González Laya. Y tampoco convicción: “España necesita un proyecto de país”, dijo hace poco en RNE, declarándose al tiempo partidaria de “grandes consensos nacionales” sobre los principales desafíos. Ojalá eso fije el rumbo. Manos la obra, en todo caso, sin perder más tiempo.

Persistencia del efecto de los factores socioeconómicos sobre resultados educacionales y de mercado laboral

Por Juan A. Correa (Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile), Pablo Gutiérrez (The University of British Columbia, Vancouver, Canadá), Miguel Lorca (University of New South Wales, Sydney, Australia), Raúl Morales (Cornell University, Ithaca, New York, USA) y Francisco Parro (Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile). La siguiente entrada es un resumen del artículo “The persistent effect of socioeconomic status on education and labor market outcomes. Evidence from Chile’s administrative records” publicado en Applied Economic Analysis (antigua Revista de Economía Aplicada), 27(79), pp. 62-90,

La desigualdad económica ha ido en aumento en varias regiones del mundo. Entender más profundamente la magnitud y determinantes de la transmisión intergeneracional de las inequidades económicas es fundamental para las políticas públicas y la sociedad. Por ejemplo, las percepciones que tienen los agentes respecto del origen de la desigualdad pudiese afectar el apoyo político a diferentes medidas que apunten a cerrar distintas brechas de desigualdad. Concretamente, sociedades en las cuales los individuos estiman que su propio esfuerzo y dedicación les permitirá escalar en la pirámide de ingresos, podrían ser más tolerantes a la desigualdad existente, y menos propensas a apoyar políticas redistributivas, en comparación con otro tipo de sociedades. El ejemplo anterior ilustra la importancia de entender más a fondo la transmisión intergeneracional de resultados.

Nuestro estudio utiliza datos administrativos de una cohorte de individuos en Chile para estimar el efecto del estatus socioeconómico familiar sobre resultados educacionales y de mercado laboral. La evidencia empírica documenta una influencia significativa de los antecedentes socioeconómicos familiares sobre el probable resultado económico de la próxima generación. Nuestro estudio contribuye a la literatura existente al estudiar si el efecto del estatus socioeconómico familiar continúa influyendo los resultados económicos durante la educación secundaria, superior y los primeros años en el mercado laboral de los individuos. Utilizamos datos que contienen información sobre los puntajes de una cohorte de estudiantes en dos pruebas estandarizadas diferentes, tomadas en octavo grado y para admisión a la universidad, y sus ingresos laborales durante los primeros años en el mercado laboral. Los datos también contiene información sobre los antecedentes socioeconómicos de las familias de los individuos considerados en nuestro análisis.

Nuestra estrategia empírica consiste en comparar los resultados académicos en la prueba de admisión a la universidad y los ingresos laborales de individuos que obtuvieron los mismos resultados académicos en la prueba estandarizada de octavo grado, pero que pertenecen a familias de diferente estrato socioeconómico. Análogamente, comparamos los ingresos laborales de individuos que obtuvieron los mismos resultados en la prueba de admisión a la universidad pero que provienen de diferente estrato socioeconómico.

Encontramos un efecto positivo y significativo del estatus socioeconómico familiar sobre los puntajes en la prueba de admisión a la universidad y los ingresos laborales. Específicamente, nuestra especificación preferida muestra que los estudiantes del estrato socioeconómico superior obtuvieron un puntaje 1.5 desviaciones estándar más alto en la prueba de admisión a la universidad que estudiantes que exhibían los mismos resultados académicos en la prueba de octavo grado, pero que pertenecen al estrato socioeconómico más bajo. Adicionalmente, entre los estudiantes que obtuvieron los mismos puntajes en la prueba de admisión a la universidad, aquellos del estrato socioeconómico más alto exhiben ingresos mensuales que son 0.7 desviaciones estándar más altos que aquellos pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos. Además, encontramos evidencia de que el efecto del estatus socioeconómico familiar sobre la brecha de ingresos entre los agentes del estrato socioeconómico más alto y aquellos del estrato más bajo es creciente durante el período de análisis. Así, nuestro estudio sugiere que el estatus socioeconómico familiar parece tener un efecto persistente sobre la desigualdad.

Simulación de la sostenibilidad de la deuda pública de España bajo diferentes escenarios en un horizonte temporal de 20 años

En esta entrada del Blog presentamos una simulación de evolución temporal del stock de deuda sobre el PIB en un horizonte temporal de 20 años con el objetivo último de analizar y bajo que condiciones es posible alcanzar el límite impuesto en la zona euro al ratio deuda pública/PIB (60%). La simulación se presenta para 4 escenarios posibles.

En el siguiente gráfico se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2018 el stock de deuda pública según la metodología del PDE sigue estabilizado alrededor del 100% como entre los años 2013 a 2017, pero sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

Con mas detalle el stock de deuda pública según el PDE se situó a finales de 2018 en 1.173.107 millones de euros (97,1% del PIB), mientras que el stock de deuda pública total (que incluye más pasivos de las AA.PP.) alcanzó la cifra de 1.654.850 millones de euros (137% del PIB).

La evolución temporal del stock de deuda pública en % del PIB de España se puede descomponer en 3 componentes:

 

(1)

donde ∆b es la variación del stock de deuda en del PIBdt el déficit (-) o superávit (+) público primario (en % del PIB, el déficit público total sin incluir intereses de la deuda), it los tipos de interés nominales de la deuda pública (tipos de interés implícitos de la deuda pública, medidos por los pagos de intereses actuales de la deuda pública como % del stock de deuda pública al final de t-1), gt la tasa de crecimiento nominal de la economía (crecimiento real + tasa de inflación) y adft el componente “ajuste déficit-deuda”. 

La expresión implica que si se quiere estabilizar el stock de deuda pública en relación al PIB se deben de dar tres condiciones no excluyentes que se reflejan en los tres términos de la derecho de la ecuación: (a) se tiene que generar superávit primarios (componente que recoge el “ajuste fiscal”), dt; 0; (b) o que la tasa de crecimiento nominal de la economía (cuidado con la deflación que hace aumentar la deuda) debe ser superior al tipo de interés nominal “implícito” de la deuda pública (efecto “bola de nieve” de los intereses de la deuda, gt>it; (c) o eliminar/reducir el efecto del ajuste déficit-deuda (adft = 0)

¿Cuál ha sido la evolución reciente de los tres términos?

El primer término: el superávit (+) o déficit público primario (-)

Cómo se puede observar en el siguiente gráfico, el superávit primario se resiste a aparecer e impide que se reduzca más el stock de deuda pública. De hecho, en el año 2018 se alcanzó por fin un equilibrio presupuestario primario después del periodo 2007-2017 en el que se registraron déficits público primarios (récord en 2008 con un -9,3%).

¿Cuáles son las razones de que a pesar del intenso ajuste fiscal registrado en el periodo 2010-2018 (94.919 millones de euros) no se han podido generar superávits públicos primario.

En primer lugar, la economía española tiene un problema de “paradoja fiscal”: tenemos tipos impositivos altos en relación a los países de la zona euro pero a la vez la recaudación fiscal es menor en todas las figuras impositivas. Las causas están en el mayor fraude fiscal y en el exceso de gastos fiscales o tributarios que generan una “insuficiencia recaudatoria”. [1]

Como se puede observar en el gráfico siguiente, nuestra recaudación de impuestos y de cuotas a la seguridad social en % del PIB (sin incluir transferencias de corrientes cobradas: tasas, multas, recaudación del juego, etc..) es del 35,4%, muy por debajo de la media de la UE (40,3%) y de la zona euro (41,7%). De hecho, recaudamos mucho menos que Francia e Italia, e incluso Grecia y Portugal. Alcanzar la media de la zona euro podrían suponer unos ingresos potenciales de 76.120 millones de euros.

Con mas detalle, los datos del siguiente cuadro nos indican que se podría recaudar más hasta alcanzar la media de la zona euro en casi todas las figuras impositivas.

En segundo lugar, los recientes déficits de la seguridad social no ayudan a generar superávits públicos primarios, tal como muestra el siguiente gráfico. La Seguridad Social ha entrado en un déficit presupuestario persistente y creciente desde el año 2010. El conjunto de la Administración de la Seguridad Social acabó en 2018 en términos de Contabilidad Nacional con un déficit de 18.286 millones de euros, lo que equivale al 1,52% del PIB. Las causas del deterioro de las cuentas son diversas: a) caída de cotizantes; b) aumento de pensionistas; c) aumento de la pensión media; d) los nuevos empleos salarios más bajos (cotizaciones más bajas); e) exceso de nuevos contratos con bonificaciones o tarifa plana de las cotizaciones sociales.

 

El segundo término: el “efecto bola de nieve”

Cómo se puede observar en el siguiente gráfico el “efecto bola de nieve” se ha cerrado y ya no genera un aumento de la deuda pública/PIB desde 2015. Atrás queda el nefasto periodo 2008-2014, en el que este término causaba una importante acumulación de deuda pública en % del PIB.

El tercer término: el “ajuste déficit-deuda”

El “ajuste déficit-deuda” recoge aquellas operaciones financieras que aumentan la deuda pero no tienen efecto en el déficit. Desde el punto de vista contable, registra la necesidad de financiar la adquisición neta de activos financieros de las AA.PP. El “ajuste déficit-deuda” provocó desde 2008 a 2014 un aumento sustancial del stock de la deuda en proporción al PIB (especialmente entre 2012 y 2014). Desde 2015 este término no ha generado apenas aumento del stock de la deuda publica en % del PIB.

Las operaciones de endeudamiento que no tenían origen en los presupuestos públicos han sido principalmente:

  • Fondo de Apoyo a la República Helénica (bilateral, Greek Loan Facility, GLF), primer rescate a Grecia: 2010 y 2012, 6.650 millones de euros.
  • FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera), préstamos al rescate de Irlanda, segundo rescate de Grecia y rescate a Portugal: 2011-2014, 23.916 millones de euros.
  • Participación en el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera), sustituye al FEEF para futuros rescates: 2012-2014, 9.528 millones de euros.
  • FAAF (Fondo de Adquisición de Activos Financieros): 2008 y 2009, 19.335 millones de euros.
  • FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria): 2009, 2010 y 2012, 22.930 millones de euros .
  • FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico): 2011-2013, 23.731 millones de euros.
  • Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP): 2012-2014, 43.135 millones de euros.
  • Pero no el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica, destinado para vencimientos de deuda o para financiar necesidades de financiación del ejercicio autorizadas): no aumenta deuda consolidada AA.PP. (activos del Estado = pasivos de las CC.AA.).

En el siguiente gráfico se muestra la contribución de los tres términos al cambio anual de la ratio stock deuda pública/PIB desde 2000 a 2018.

Durante el periodo del “boom” de la construcción (2000-2007), el stock de deuda publica/PIB se reduce anualmente y el único componte que hace aumentar ligeramente esta ratio es el término del “ajuste déficit-deuda” (caída de 22,2 puntos porcentuales del stock de deuda/PIB). Por el contrario, en el periodo 2008-2014 la ratio crece anualmente de manera significativa fundamentalmente por la aparición de déficits públicos significativos y por el efecto bola de nieve, y por el efecto “bola de nieve” de los años 2012 y 2013 Subida de 61 puntos porcentuales del stock deuda pública/PIB). Por último, en el periodo 2015-2018 el stock de deuda pública/PIB se estabiliza ligeramente por debajo del 100%, ya que los tres componentes se comportan de manera moderada y sus efectos sobre la variación de la ratio son muy bajos.

Veamos algunas simulaciones para el caso de la dinámica temporal de la deuda pública de España utilizando la expresión anterior (1).

Escenario 1: simulación con datos a finales de 2018 [2]


En el gráfico siguiente se presenta la evolución temporal futura del stock de deuda pública de España tomando los datos actuales: a) un stock de deuda pública sobre el PIB del 97%; b) una tasa de crecimiento real de la economía del +2,9% correspondiente a 2018 y también la tasa media anual acumulativa del periodo 1964-2018; c) una tasa de inflación  del 1%; d) un superávit público nulo; e) un tipo de interés implícito nominal de la deuda pública del 2,6%. Los resultados indican que en 20 años no se alcanzar el nivel objetivo de la zona euro del 60% de la ratio stock deuda pública/PIB ya que tan sólo se reduce a un ritmo del 1% anual.

Escenario 2: simulación con subidas en la tasa de inflación hasta el objetivo del 2% del BCE y generación de un superávit público primario del 0,3%. Mantenimiento de los tipos de interés implícitos de la deuda en el 2,6% y de la tasa de crecimiento real de la economía en el 2,6%

Los resultados del siguiente gráfico indican que el nivel objetivo de la zona euro del 60% de la ratio stock deuda pública/PIB se alcanza ya en 20 años (2038). El ajuste fiscal asociado al superávit público primario del +0,3% de carácter permanente es de 3.625 millones de euros. La ratio stock deuda pública/PIB ya se reduce a un ritmo del 2,2% anual.

Escenario 3: simulación con subidas en la tasa de inflación hasta el 3%, aumento de la tasa de crecimiento real de la economía hasta el 3,7% (tasa media anual acumulativa del periodo del “boom” 1997-2007) y generación de un superávit público primario del 0,6%. Mantenimiento de de los tipos de interés implícitos de la deuda en el 2,6%

Los resultados del siguiente gráfico indican que el nivel objetivo de la zona euro del 60% de la ratio stock deuda pública/PIB se alcanza ya en 10 años (2028). El ajuste fiscal asociado al superávit público primario del +0,6% de carácter permanente es de 7.250 millones de euros. La ratio stock deuda pública/PIB ya se reduce a un ritmo del 4,4% anual.

Simulación poco realista: la tasa de crecimiento real de la economía resulta demasiado ambiciosa.

Escenario 4: simulación con supuestos de las variables similares al Escenario 3 más quita del 20% (se reduce el stock de deuda pública en % del PIB inicial del 97% al 77%)

Los resultados del siguiente gráfico indican que el nivel objetivo de la zona euro del 60% de la ratio stock deuda pública/PIB se alcanza en tan sólo 5 años (2023). La ratio stock deuda pública/PIB se reduce a un ritmo del 3,6% anual. 

Simulación poco realista: la tasa de crecimiento real de la economía resulta demasiado ambiciosa y la quita de la deuda aceptada por los acreedores y la zona euro es bastante improbable.

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[1] Recordemos que los llamados gastos fiscales o tributarios son el conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias (IVA, IRPF e impuesto de sociedades, fundamentalmente). Suponen un importante coste en términos de recaudación impositiva y que en la mayoría de los casos tienen además efectos perversos negativos sobre la equidad y la eficiencia impositiva.

[2] Se supone que el componente “ajuste déficit-deuda” es nulo.


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Como citar esta entrada del Blog:

Vicente Esteve, “Simulación de la sostenibilidad de la deuda pública de España bajo diferentes escenarios en un horizonte temporal de 20 años”, Universidad de Valencia, Blog Viaje al Fondo de las Finanzas Internacionales, 13/1/2020, http://vicenteesteve.blogspot.com/2020/01/simulacion-de-la-sostenibilidad-de-la.html

¿Ayudaría un impuesto sobre la riqueza a combatir la desigualdad?: el caso de EE.UU.

The Peterson Institute for International Economics (PIIE), Washington, DC, EE.UU., organizó una conferencia del 17 al de octubre de 2019 cuyo tema genérico era Combating Inequality: Rethinking Policies to Reduce Inequality in Advanced Economies (“Combatir la desigualdad: reconsiderando las políticas para reducir la desigualdad en las economías avanzadas”).

Una de las sesiones más interesantes (pero no la única) se centró en el tópico de actualidad “La (re) distribución de capital financiero” en la que participaron los catedráticos de Economía, Greg Mankiw, Harvard University, EE.UU., Lawrence Summers, Harvard University, EE.UU. y Emmanuel Saez, University of California, Berkeley, EE.UU.

En la última entrada del Blog presentamos el reciente libro de Enmanuel Sáez, The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay (“El triunfo de la injusticia: cómo los ricos evaden el pago de impuestos y cómo hacer que paguen”) en el que se trata la polémica cuestión de la relación entre los impuestos sobre la riqueza (o patrimonio) y la desigualdad en EE.UU.

Enmanuel Saez presentó en está sesión de la conferencia una ponencia (relacionada con su reciente libro) titulada Taxation of Financial Capital: Is the Wealth Tax the Solution? [“Fiscalidad sobre el capital financiero: ¿Es el impuesto sobre la riqueza la solución?”].

Presentamos a continuación el vídeo completo de su intervención. Disfruten de la conferencia y de paso practiquen el inglés americano (con un leve acento francés).

Minutos 4:10 a 19:42

Debate posterior 49:42 a 1:21:35:

UE, 2020: muchos deberes

Se despide el año dejando para el que viene una nutrida relación de tareas. Deberes para hacer, y algunos con plazos perentorios. Parecía hace doce meses que 2019, además de acoger aniversarios “redondos” de acontecimientos que han marcado la historia europea de todo el siglo XX, aportaría los días suficientes para desbloquear situaciones antes enquistadas. Entre aquellos, el centenario del Tratado de Versalles, los ochenta años del comienzo de la II Guerra Mundial, o los treinta de la caída del Muro de Berlín. A su vez, la previsión era que, tras casi dos años previos de tiras y aflojas, al término del primer trimestre de 2019 (29 de marzo) se acordaran y ratificaran las condiciones de salida del Reino Unido; también que, después de las elecciones parlamentarias de mayo, la nueva Comisión quedara pronto formada, comenzando a correr el reloj para su trabajo mediado el otoño (1 de noviembre). Así, 2019, año de pertinentes conmemoraciones, marcaría un punto descollante en la trayectoria de la UE.

Pero como los cometidos asignados a 2019 solo se han podido cumplir a medias, el próximo año arrancará con un buen fardo a sus espaldas. Por una parte, el Brexit. Prorrogada en dos ocasiones la fecha inicialmente fijada, será el 31 de enero de 2020 cuando la decisión de salir del club, ya ratificada por Westminster, se haga efectiva, abriéndose entonces la fase de negociaciones para acordar los términos de la futura relación (¡no solo comercial!). Un empeño que requerirá toda la máxima intensidad. El plazo establecido para realizarlo terminará, si no se solicita ampliarlo, con el año, es decir, se dispondrá solo de once meses. Un tiempo casi ridículamente escaso dada la experiencia reciente que aportan los tratados de libre comercio firmados por la UE con Canadá, Japón o Singapur, que tardaron entre siete y diez años en estar listos para la firma. Ardua tarea: el hasta ahora socio negociará como competidor potencial, y el hasta ayer amigo amagará ser rival (con la inestimable ayuda de Trump, démoslo por supuesto).

Por su parte, la Comisión, al retrasar su puesta a punto, también va a volcar sobre la primera mitad de 2020 parte del trabajo obligado. La demora, en este caso, ha obedecido a una buena razón: el exigente examen —competencia y compatibilidad, ¡las dos cosas!— al que ha sometido el Parlamento europeo a las personas designadas por los distintos Estados para integrar el Colegio de comisarios. El resultado, como fuere, ha sido perder largas semanas en echar a andar.

Tal vez eso ha contribuido a la apuesta apremiante que el nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen se ha dado para poner las bases de las políticas a desarrollar en el próximo quinquenio, comprometiéndose a presentar un plan de acción detallado en sus primeros 100 días. Una tarea que también requerirá máximo esfuerzo, pues los objetivos propuestos son producto de una gran ambición. La ambición que confesó quien preside la Comisión al dirigirse el pasado 27 de noviembre al pleno del Europarlamento: “si hacemos bien nuestro trabajo, la Europa de 2050 será el primer continente neutral en emisiones de carbono, una potencia en el ámbito digital, la economía que mejor hará para equilibrar mercados y aspectos sociales, y a la cabeza de la resolución de problemas a nivel mundial”. Que así sea.

LA REDISTRIBUCIÓN IMPORTA

¿Es el alto nivel de desempleo la causa fundamental de la mayor desigualdad en España que en otros países? Tal afirmación, recogida en este Laboratorio de ideas hace unas semanas, suele ser común en los diagnósticos sobre el hecho diferencial de las mayores desigualdades de renta que se observan en nuestro país. Si bien la situación es hoy algo mejor que en los momentos más álgidos de la crisis, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor desigualdad.

Poner el foco exclusivamente en el desempleo puede hacer olvidar el fuerte componente estructural de la desigualdad. La predicción que cabría hacer de su evolución si se aceptara esta hipótesis es que los ciclos económicos expansivos deberían ser garantía inequívoca de su reducción. Los datos que conocemos desde el final de la crisis pa­recen desdecir, sin embargo, el automatismo de este hipotético proceso, al reducirse la desigualdad más lentamente de lo que aumentó durante el período recesivo.

Una de las constataciones más paradójicas del estudio de la desigualdad en España es, de hecho, la reducida sincronía entre su evolución y los cambios en las cifras de empleo. Existe creciente evidencia de que el impacto de las fases expansivas sobre los hogares con ingresos más bajos es considerablemente inferior al que tienen las recesiones. La relación entre los cambios en el empleo y la desigualdad está determinada, además, no solo por la evolución de los flujos sino por el tipo de empleo. Uno de los principales problemas de los puestos de trabajo creados desde el final de la crisis es su marcado carácter temporal y el aumento de las ocupaciones a tiempo parcial.

Es difícil pensar, por tanto, que el ritmo de creación de empleo actual vaya a reducir drásticamente el problema de la desigualdad. Cabe añadir que, tal como muestra el informe Mercado de trabajo del Observatorio Social de La Caixa, España es uno de los países con mayor número de “subempleados” por insuficiencia de horas trabajadas. Muchos trabajadores reciben una remuneración insuficiente no tanto porque lo sea su salario/hora sino por el reducido número de horas trabajadas.

La alta incidencia del empleo de bajos salarios y de la desigualdad salarial no son ajenas a un marco institucional –salarios mínimos todavía bajos y negociación colectiva dispersa– que las favorece. Como resultado, la persistencia en el tiempo de un segmento de empleo precario, con bajas remuneraciones y reducida movilidad ascendente, incorpora a la estructura social un factor claramente determinante de las diferencias de renta entre los hogares. Para que esa desigualdad en las rentas primarias no se traduzca en una ampliación de la brecha en la renta disponible resultaría necesario un gran efecto compensador de las políticas redistributivas.

Y es aquí, precisamente, donde mayores son las diferencias respecto a otros países europeos. Según datos de la OCDE, mientras que la desigualdad antes de la intervención del sector público a través de impuestos y transferencias no es significativamente diferente en España de la que registran los países centroeuropeos, los anglosajones o algunos países nórdicos, la que se observa cuando han entrado en juego ambos instrumentos es considerablemente mayor.

Parece obligado, por tanto, conectar el alto nivel de desigualdad en España con la limitada capacidad redistributiva de la intervención pública y revisar las claves que explican ese déficit. Una primera es el reducido impacto redistributivo de todas las prestaciones monetarias, salvo las pensiones contributivas, debido a una inversión de recursos inferior no solo al promedio de la UE-28 sino a la de algunos países con una renta per cápita inferior a la española. La incidencia redistributiva de las prestaciones económicas crece, fundamentalmente, cuando aumenta su peso sobre las rentas de los hogares. Parece imprescindible, por tanto, un aumento significativo de los recursos dedicados al sistema para ir cerrando esta brecha.

No se propone aquí, en cualquier caso, un incremento generalizado del gasto en todas las prestaciones. El aumento de recursos debería estar destinado a cubrir las lagunas más importantes en el sistema de protección actual. Un ámbito imprescindible es el de las prestaciones familiares, que ofrecen un nivel de protección muy bajo en el contexto europeo. Los costes de tan baja protección pueden ser grandes dados los altos niveles de pobreza en los hogares con niños, que impondrán dificultades en su vida adulta para generar ingresos, tener buena salud, oportunidades laborales o para alcanzar niveles adecuados en muchas dimensiones del bienestar.

En segundo lugar, el desarrollo de una red de prestaciones monetarias que ofrezca suficiente aseguramiento frente a los nuevos riesgos sociales parece imprescindible si se quiere abandonar el furgón de cola de los países de la Unión Europea en cuanto a los niveles de equidad en el reparto de la renta. Deberían intensificarse los esfuerzos de racionalización del conjunto de prestaciones no contributivas y aumentar los recursos invertidos en la protección de los hogares con menores recursos. Ante las desigualdades en las cuantías de las prestaciones y en la cobertura que ofrece cada comunidad autónoma, urge la definición de un sistema menos fragmentado y con mayor cobertura. Por otro lado, el hecho de haber dado gradualmente respuesta a los distintos riesgos a través de prestaciones específicas por categorías socioeconómicas ha dado lugar a un sistema poco articulado y con problemas de inequidad.

Los retos son importantes, más si cabe en el actual contexto de incertidumbre económica, y la solución al complejo equilibro de extender la protección sin poner en riesgo los objetivos de déficit público no es sencilla. Dar respuesta a estas necesidades debería ser, en cualquier caso, uno de los objetivos prioritarios del nuevo gobierno. Para ello serán necesarios no solo mayores esfuerzos sino también acuerdos sociales que permitan a España ir acercándose a los sistemas de bienestar social de los países de nuestro entorno.

Publicado en El País el 8 de diciembre de 2019

El triunfo de la injusticia: cómo los ricos evaden el pago de impuestos y cómo hacer que paguen: el caso de EE.UU.

El pasado 15 de octubre se publicó un libro de lectura obligatoria para los economistas (académicos o no) y los estudiantes de economía interesados en los temas de los impuestos, la desigualdad de la renta (y la riqueza) y los instrumentos que pueden ser útiles para reducir estas desigualdades. En el libro se trata el caso particular de la economía americana, pero el contenido puede ser aplicable a otros países como España en pleno debate sobre si se debería endurecer la tributación de la riqueza (o patrimonio).

El libro que lleva por título The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay (“El triunfo de la injusticia: cómo los ricos evaden el pago de impuestos y cómo hacer que paguen”) ha sido escrito por dos economistas académicos que han revolucionado con sus multiples trabajos el estudio de la desigualdad. Se trata de Emmanuel Saez Gabriel Zucman, ambos de  (la Universidad of California, Berkeley, EE.UU. [1]

La desigualdad social sigue creciendo en Estados Unidos a pesar de lo que diga el presidente Donald Trump. Su reforma fiscal de 2017, que debía beneficiar a la clase media y a los trabajadores, según defendió al presentar la reforma y sigue defendiendo en la actualidad, no deja de ser otra de sus patrañas.

Del libro de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman podemos destacar tres ideas fundamentales.

En primer lugar, que los ricos estadounidenses pagaron en el 2018 por primera vez menos impuestos que el resto de los ciudadanos. En concreto, el grupo de los 400 estadounidenses mas ricos (top 400 de la lista de Forbes) pagaron el pasado año por primera vez menos impuestos, incluyendo los tributos federales, estatales y locales, que el resto de grupos. De hecho, las familias más adineradas abonaron un tipo medio efectivo impositivo [2] (la que realmente se paga, no el tipo medio nominal impositivo) de un 23%, mientras que para la mitad inferior de los hogares estadounidenses (bottom 50%) estuvo más de un punto porcentual por encima, en el 24,2% (véase gráfico adjunto).

En contraste con los estos últimos datos de 2018, los 400 más ricos pagaban en 1980 unos tipos medios efectivos impositivos del 47%, cifras inferiores al 56% de 1960 o el máximo alcanzado del 70% en 1950. En cambio, los tipos medios efectivos impositivos del bottom 50% han registrado pequeñas variaciones en décadas. Y como anécdota muestran que por primera vez en más de un siglo, los multimillonarios ahora tienen tipos medios efectivos impositivos más bajos que sus secretarias.

En segundo lugar, que la mayor desigualdad registrada en EE.UU. tiene un motor: un sistema fiscal injusto. Además explican con claridad cómo el país se apartó del sistema tributario más progresista de su historia para adoptar políticas que solo sirven para gravar la riqueza de unos pocos.

En tercer lugar, plantean que las elecciones deliberadas de los políticos han conducido en la actualidad a tres  efectos perversos del sistema tributario de EE.UU.: a) la exención gradual de los propietarios del capital; b) la aparición de una nueva forma de evasión fiscal;  c) el nacimiento de una espiral de competencia fiscal entre las naciones.

Por otro lado, Sáez y Zucman proponen una reinvención novedosa y práctica de los impuestos, proponiendo reformas tributarias que puedan permitir que la justicia fiscal triunfe en un mundo globalizado de hoy y que la democracia prevalezca sobre una riqueza concentrada en pocas manos.

Finalmente, los autores han diseñado un sitio web complementario pionero que permite al lector una evaluación de las políticas impositivas las propuestas en el libro y realizar u8na simulación de su propia reforma fiscal alternativa. La dirección web es taxjusticenow.org.

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[1] Otras lecturas recomendadas de estos autores son:

World Inequality Database (WID.world) with Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, and Gabriel Zucman; World Inequality Report 2018, Harvard University Press.

“Distributional National Accounts: Methods and Estimates for the United States” with Thomas Piketty and Gabriel Zucman, Quarterly Journal of Economics 133(2), 2018, 553-609. [(first draft NBER Working Paper No. 22945, December 2016) (Online Appendix) (Slides) (Website and Data) (WCEG Summary)]

“Income Inequality in the United States, 1913-1998” with Thomas Piketty, Quarterly Journal of Economics, 118(1), 2003, 1-39 (Longer updated version published in A.B. Atkinson and T. Piketty eds., Oxford University Press, 2007) (Tables and Figures Updated to 2018 in Excel format, October 2019).

[2] Porcentaje real que una persona física o jurídica paga a la Hacienda Pública. Se obtiene aplicando primero a la base imponible el tipo de gravamen (tipo nominal impositivo), que puede ser el impuesto de sociedades (IS) o el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Este cálculo da como resultado la cuota íntegra, a la que hay que restar las deducciones para obtener la cuota líquida. Por último, la cuota líquida se multiplica por 100 y se obtiene el tipo medio efectivo de gravamen.

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