¿Está bien diseñada la reforma constitucional? (II): Finanzas sostenibles, estabilizadoras y equitativas, por José García Solanes.

El debate sobre la introducción de cláusulas de equilibrio presupuestario en las constituciones de los países europeos sigue de plena actualidad. Hoy mismo, Paul De Grauwe ha publicado un excelente artículo titulado Fundamentalistas del déficit · ELPAÍS en el que se muestra crítico con esta práctica, coincidiendo en buena medida en los mismos argumentos expresados en nuestro blog en la entrada de Manuel Hernández.

Hoy enriquecemos el debate en el Blog de la ALdEa Global con la aportación de José García Solanes, Catedrático de la Universidad de Murcia, con un artículo publicado el pasado día 6 en Cinco Dias y que ha tenido a bien cedernos como entrada.  Más

La Unión Europea y la economía de Grecia

La extendida opinión de que las actuales dificultades económicas de Grecia han de encontrar solución no sólo dentro del área euro, sino también en el marco de nuevos e importantes avances en la unidad monetaria europea se fundamenta, entre otras razones, en que ese país constituye un claro exponente de los incentivos a la expansión del gasto agregado creados con el establecimiento del euro y la desaparición de la prima de riesgo exigida a cada país, sobre la base de la garantía ofrecida de forma implícita por el conjunto de la unión.

En efecto, el Gráfico 1 (haciendo clic en él se puede ver ampliado) muestra la relación positiva entre la cuantía de la reducción de los tipos de interés nominales de la deuda pública a 10 años y el aumento del déficit en el comercio exterior de bienes y servicios, para los países de la Unión Europea y durante el período comprendido entre 1995 y 2005. En este período, Grecia redujo sus tipos de interés nominales en más de doce puntos porcentuales y aumentó su déficit exterior en más de seis puntos sobre el PIB. España redujo sus tipos de interés en algo más de 7 puntos y su déficit se elevó en casi 8, algo más que en Portugal.  Estas diferencias entre países indican la relevancia de otros factores impulsores del gasto agregado y la diversidad de su impacto sobre el déficit exterior. Pero sobre todo, reflejan las diferencias en el recorte de la inflación conseguido. De hecho, cuando se utilizan tipos de interés reales, el coeficiente de correlación entre las variables consideradas aumenta (60%) y la evolución de Grecia en estos aspectos no difiere tanto de la de España y Portugal, porque la destacada reducción de los tipos nominales se basa en una disminución también destacada de la tasa de inflación. En todo caso, el crecimiento anual del PIB griego superó el 3,4%  a partir de 1997 (con la única excepción de 2005, en la etapa anterior a la crisis), y registró incrementos por encima del 5% en 2003 y 2006. En los años 2006 y 2007, las importaciones crecieron casi un 10% en volumen, prácticamente el doble que las exportaciones.

Sin duda, la abundancia de liquidez en los mercados internacionales durante la primera década de 2000 habría conducido por sí sola a una reducción de los tipos de interés, pero no habría hecho desaparecer la prima de riesgo exigida a cada país, hoy restablecida y que alcanza valores muy elevados para Irlanda, Grecia y Portugal. Por lo demás, la expansión del déficit exterior no preocupó mucho a las autoridades europeas, en el contexto de la euforia creada con la nueva situación, que favoreció incluso la creencia de que la balanza de pagos de cada país era un asunto que debía situarse ya en un segundo plano. Se asumía así que el mercado asignaría eficientemente las inversiones, dirigiéndolas hacia aquellas actividades en las que cada país poseía sólidas ventajas comparativas y competitivas.

La situación de Grecia es en buena medida un resultado de una expresión extrema de estas creencias, porque cuando este país se incorpora al euro, en 2001, había alcanzado ya niveles de déficit público y exterior bastante notables, que no harían sino crecer con posterioridad (ver Gráfico 2).

Por estas razones, la UEM ha de otorgar hoy a Grecia todo tipo de facilidades para diferir el pago de su deuda soberana y asegurar la recuperación económica. No se está sólo ante el problema de un país, sino del conjunto de la unión monetaria. De aquí deriva precisamente el efecto potencialmente catastrófico de una solución en falso a la situación creada.

No obstante, esto no quiere decir que los gobiernos griegos no hayan tenido una gran responsabilidad en lo sucedido. La expansión del gasto público no se justificaba en el marco de un elevado aumento del PIB, y sin una alteración de la capacidad recaudatoria de las Administraciones Públicas, que ha mostrado ser muy escasa.  Y las exportaciones deberían haber crecido a mayor ritmo, auspiciadas por una política industrial vigorosa, que consolidara el cambio en la estructura industrial hacia actividades de mayor contenido tecnológico, sin por ello olvidar la reestructuración de las más tradicionales. Estas siguen siendo la base de la producción manufacturera en la actualidad, pero sus exportaciones no han aumentado al ritmo de la demanda mundial (Gráfico 3). A diferencia de Portugal y Grecia, durante la primera década de este nuevo siglo, España no altera apenas su estructura industrial, pero se acomoda mejor a la demanda mundial y defiende de forma sobresaliente sus posiciones en las industrias más tradicionales frente a la competencia de los países emergentes.

¿HACIA UN PACTO PARA EL BUEN GOBIERNO DEL EURO? (SEGUNDA PARTE)

Tal y como indicábamos en nuestra entrada anterior, eran muchas las cuestiones que quedaban abiertas según los documentos preparatorios y los acuerdos preliminares previos a la Cumbre de finales de marzo. Aunque este tipo de reuniones a veces nos sorprenden con acuerdos alcanzados “in extremis”, éste no ha sido el caso en esta ocasión. Una lectura de las conclusiones de la Cumbre del Euro del 24-25 de marzo (ver conclusiones cumbre euro_marzo 2011), nos lleva a decir como primer resultado que se trata de un texto manifiestamente mejorable en su redacción por las repeticiones innecesarias y generalidades que lo convierten en un documento bastante confuso e indefinido en el terreno económico y financiero. Se dice en el comunicado que las medidas adoptadas persiguen tres objetivos, a saber, uno a corto plazo: “dejar atrás la crisis financiera” y otros dos a medio plazo: reforzar la gobernanza de la UE para garantizar la estabilidad del euro” y “estimular el crecimiento” a través de medidas estructurales que fortalezcan el Mercado Único.

Vamos a ver cada uno de ellos con algo más de detenimiento. Siguiendo el (des) orden de las propias conclusiones, voy a empezar por el final. Así, el Consejo Europeo, con el fin de reforzar la gobernanza ha refrendado la puesta en marcha de un sistema reforzado de coordinación de la política económica (básicamente la presupuestaria y algunas políticas estructurales y de mercado de trabajo) a través del llamado “Semestre Europeo”, según el cual los Estados presentarán medidas en sus programas de convergencia (países “out”) o de estabilidad (para los países “in”) que deberán ser supervisadas por la Comisión y corregidas, en su caso, antes del Consejo Europeo de junio cada año. Aunque se le ha dado bastante publicidad, no supone un cambio especialmente relevante respecto al sistema anterior (excepto en la elaboración del presupuesto). Por otra parte, la deriva en la política presupuestaria y la necesaria vuelta a la sostenibilidad de la deuda y de los déficit hacia el límite máximo del 3% se corresponde con la flexibilidad aumentada tras la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2005. Por tanto, nada nuevo bajo el Sol. Lo mismo se puede decir de los cantos de sirena sobre el “papel fundamental del Mercado Único” (para un análisis crítico sobre los (no) avances en el Mercado único, ver el Informe de Bruegel Bruegel08).

¿Cuáles son las novedades del refuerzo en el gobierno económico? Al margen de que las propuestas tienen que tramitarse en el Parlamento Europeo y, a buen seguro, sufrirán variaciones notables de aquí a junio, el Pacto del Euro Plus (ver antecedentes en nuestra anterior entrada anterior) finalmente acordado por el Consejo Europeo y llamado así porque recoge a los países de la zona euro más Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, busca reforzar la coordinación para mejorar la competitividad y la convergencia, estableciendo compromisos políticos concretos y mecanismos de supervisión sobre la base de una serie de indicadores sobre a) competitividad, b) empleo, c) sostenibilidad presupuestaria y d) estabilidad financiera.

Por lo que respecta al primero, se pretende analizar la evolución de los salarios y la productividad por países y por sectores, facilitando medidas que fomenten la producividad en aquellas regiones que queden retrasadas. Estas medidas están ahora negociándose en España y sobre ellas un grupo de economistas de AldE ya presetamos un decálogo en bAg (pinchar aquí). Por otra parte, el gobierno español ya ha presentado como iniciativa la creación de un “Comité de Sabios” que se encargue del análisis de la competitividad en España. Bienvenido sea, aunque su necesidad pueda ser discutible en la medidad que los estudios de competitividad tienen sentido en la medida en que se realizan de forma comparada y con metodologías homogéneas y no partidistas. Por tanto, parece que una institución teóricamente independiente como la Comisión Europea sea la mejor candidata a hacerlo y, de hecho, la ECFIN ya ha publicado su European Economy-10-1-Imbalances_competitiveness, lo que convierte a la iniciativa española en algo redundante.

En segundo lugar, se busca un mercado de trabajo más flexible y competitivo, supervisando su comportamiento a través de indicadores tales como el desempleo de larga duración, el juvenil o la tase de actividad. Las reformas que se plantean buscan compatibilizar la flexiseguridad con mayor formación y medidas de apoyo fiscal a la creación de empleo. Nada especialmente novedoso respecto al Proceso de Luxemburgo o Cardiff.

En tercer término, para garantizar la aplicación del PESC sí se han acordado reformas de mucho mayor calado. Así, a través de una batería de indicadores que midan la desviación o brecha respecto a un equilibrio sostenible se pretende monitorizar el estado de las finanzas públicas y que estos indicadodres sirvan de alerta para llevar a cabo reformas que alineen las pensiones y las jubilaciones con la situación demográfica de cada estado, así como la atención sanitaria y las prestaciones sociales en general con escenarios de sostenibidad financiera. Para ello se realizarán (bajo supervisión de la Comisión Europea) las reformas legislativas nacionales necesarias que permitan frenar el endeudamiento a través de normas de equilibrio presupuestario o de control del gasto. Este acuerdo, aún poco definido, puede suponer un cambio radical en el gobierno económico del euro y sentar las bases de la Unión Económica. Si finalmente se aprueba mecanismos de control rigurosos a partir de junio, sí estaríamos ante un verdadero cambio cualitativo en la gestión de la política económica en la zona euro. El tiempo dirá.

Finalmente, por lo que respecta a la creación de mecanismos que faciliten la estabilidad financiera en la eurozona, de nuevo, tras no reconocer el Consejo la necesaria reestructuración de la deuda griega (ver los comentarios ya realizados hace casi un año en otra entrada en Globalipedia) e irlandesa y con el peligro de un inminente rescate de la deuda portuguesa, la Cumbre ha fracasado en su objetivo de especificar de qué forma el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera tiene que hacer efectiva la disponibilidad de liquidez para el rescate. A partir de junio de 2013 el nuevo fondo que sustituirá a la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera con la función de proporcionar asistencia financiera a los países de la eurozona a través de préstamos (sujetos a condicionalidad) y mediante la compra directa, en su caso, de bonos en los mercados primarios presenta varios problemas. Por una parte su capacidad de préstamo es considerada por muchos analistas demasiado pequeña, y que sólo se irá haciendo efectiva de forma progresiva a partir de 2013. Por otra, la propia financiación del fondo a través de garantías en lugar de un fondo fundacional puede genera problemas de credibilidad y de contagio en caso de que las garantías deban activarse. Además, el hecho de que las decisiones de financiación se tomen por unanimidad genera “de facto” un derecho de veto para cada uno de los estados miembros, lo que puede ser una rémora a la hora de tener que tomar decisiones rápidas y que tan nefastos efectos ha tenido en el proceso de construcción europea. Por último, el mecanismo queda supeditado a un dictamen de la Comisión Europea sobre las sostenibilidad de la deuda de un país que solicita la ayuda, de tal forma que, en caso de insolvencia, el Fondo Europeo de Estabilidad propocionará un préstamo en la medida que el sector privado aparezca involucrado, lo que puede generar profecias que se autocumplen, precipitando impagos. En definitiva, creo que el fondo no es suficiente en su tamaño y está mal diseñado en su confección y en sus reglas de funcionamiento, por lo que dificilmente va a conseguir estabilizar a los mercados financieros.

Por último, el Consejo Europeo no ha sido capaz de solucionar los problemas de gestión de los fondos de rescate a corto plazo. No voy a comentar el estado actual de los fondos hasta 2013 y la posibilidad de contagio o no de la economía portuguesa hacia España u otros países de la zona euro como Italia o Bélgica. Creo que eso es materia para otra entrada en bAg, pero no puedo resistirme a adelantar una hipótesis. Se dice que España es diferente y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Ciertamente, la solvencia de la deuda pública es mayor y, a falta de saber bien el impacto de la crisis inmobiliaria sobre el sector financiero, seguramente el endeudamiento total también lo es. Pero, ¿qué ocurriría en caso de contagio? Por una parte, España es demasiado grande para dejarla caer, pero por otra también es demasiado grande para ser rescatada completamente. El Fondo actual es de 865 millardos de €, ofreciendo una capacidad real de financiación inferior a los 500 millardos actualmente. Se calcula que la deuda amortizable en 2011 de Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España ya es superior a los 500 millardos de euros y sólo las necesidades financieras de los gobiernos central, regionales y locales en España de aquí a 2013 estarán en torno a los 470 millones (según estimaciones del Citibank). Estas cifras abren claramente la posibilidad de que si se contagiase una crisis de deuda hacia España, éste sería el primer país de la eurozona donde los paquetes de salvamento no serian suficientes y una reestructuración de la deuda sería necesaria.

¿HACIA UN PACTO PARA EL BUEN GOBIERNO DEL EURO? (primera parte).

Esta debería ser una semana decisiva para euro. Como ya indiqué en una entrada anterior en Globalipedia (ver aquí) el desarrollo de los acontecimientos desde el estallido de la crisis económica mundial parece haber puesto de manifiesto una cierta incapacidad por parte de las instituciones comunitarias para tomar las medidas necesarias en el corto plazo, pero también en el medio y largo plazo.  De hecho, ante el fracaso que supone la falta de resultados de la “Estrategia de Lisboa” como cuadro de política de reformas estructurales que debía conseguir una economía flexible y competitiva basada en el conocimiento para 2010, la Comisión ha reaccionado básicamente cambiándole el nombre a la estrategia y ampliando el plazo de su ejecución, dando lugar a la “Estrategia 2020”. En el proyecto de esta nueva hoja de ruta, cuya aprobación se realizó en junio de 2010, solamente se habla de mejorar la coordinación de las políticas, sin especificar un mecanismo claro y concreto para ello excepto en la elaboración de la política fiscal mediante la aprobación final del llamado “Semestre Europeo” que acaba de comenzar a aplicarse en 2011 y que busca acordar a priori entre los Estados los criterios para la elaboración de los presupuestos nacionales. Evidentemente, los hechos han sobrepasado la capacidad de iniciativa de la Comisión y se han tenido que buscar soluciones de compromiso para poder enfrentarse a los problemas de corto plazo. Más

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