Inspectores socialistas

Los días pasados, hemos presenciado un lamentable espectáculo derivado de las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relacionadas con la destitución de varios Inspectores de Hacienda que detentaban altas responsabilidades en la Agencia Tributaria. Siendo grave el asunto, las consecuencias han sido aún mayores, por otras declaraciones realizadas por el ministro sobre una posible condonación en el pago de impuestos a una multinacional extranjera y por las advertencias (completamente inaceptables) realizadas, de manera genérica, a determinados medios de comunicación, por el impago de impuestos.

Las declaraciones tienen un alcance que comprende varios aspectos.

En primer lugar, la independencia de la Agencia Tributaria. El sectarismo en el nombramiento de cargos públicos es grave cuando se trata de instituciones básicas del Estado de carácter muy técnico. Afirmar que los responsables destituidos eran todos socialistas es una grave irresponsabilidad ¿Van a ser sustituidos por otros que sean del PP? Lo que el ministro tiene que averiguar es si esos inspectores con altas responsabilidades en la Agencia están realizando sus trabajos con diligencia. Nada más. En otro caso, se transmite a los ciudadanos la idea de que los altos responsables de la Agencia son socialistas o populares, y que resulta irrelevante que sean profesionales competentes.

Hace unos meses, ya se produjo otro escándalo al intentar nombrar a dos profesionales con lazos familiares muy estrechos con sendos ministros para la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). La independencia de estos organismos resulta fundamental para que puedan ejercer sus funciones ¿Se puede ser independiente así?

En segundo lugar, el Ministro se ha jactado de contar con información sobre quién debe dinero, especialmente a los medios de comunicación. Esta es una actitud bastante generalizada entre los partidos políticos cuando gobiernan, en relación con todo tipo de asuntos y está directamente relacionada con la transparencia en la vida pública y en sus instituciones.

No nos engañemos, España no quiere tener instituciones transparentes. Durante muchos años, el ejercicio del poder ha provocado que los partidos se sientan dueños de las instituciones, sobreponiendo sus intereses al de las instituciones públicas, validando la teoría de la captura del Nobel George Stigler.

Una nueva ley de transparencia solo estará bien orientada y tendrá éxito si existe una fuerte demanda social para que así sea ¿Existe esa demanda en España? Parece que sí, por las declaraciones que hacen los partidos, pero cuando llegan al poder no cumplen con sus exigencias ¿Y de los ciudadanos? También lo dudamos. En este y otros asuntos, los ciudadanos sólo parecen percibir el valor de tal institución cuando tienen la necesidad de ejercer individualmente el derecho a la información. Es entonces cuando descubren las facilidades o dificultades para ejercerlo.

No olvidemos, adicionalmente, que venimos de una dictadura en la que todo era opaco. Las leyes cambian formalmente muchas actitudes y comportamientos. Pero más allá de los aspectos formales, manifiestan una gran inercia que, proveniente del pasado, tardan más de una generación en cambiar.

En tercer lugar, amenazar a los medios porque están retrasados en el pago de impuestos, resulta una coacción y un chantaje inaceptables en un sistema democrático.

En muchas ocasiones, cuando un responsable político realiza afirmaciones acerca de un asunto público, existe una institución del Estado detrás que tiene otorgadas las responsabilidades de gestión sobre ese asunto. Las afirmaciones del responsable político son la manifestación visible que podrá ser contestada por otros políticos, quedando dañada la imagen pública del responsable. Pero estos van y vienen. Sin embargo, lo que queda es la institución pública responsable del asunto. Esta es la que permanece, la que sobrevive a los políticos, a los partidos y al resultado de las siguientes elecciones.

Si la institución pública queda dañada como resultado del embrollo, se hace un daño letal al sistema democrático, poniendo en tela de juicio las funciones de la institución afectada, que deben ser neutrales políticamente, fomentando el escepticismo, cuando no el descreimiento, de los ciudadanos hacia ella. Estos daños suelen ser muy difíciles de reparar, porque la reputación tarda décadas en ganarse, mientras que el descrédito se genera en un instante.

Y en cuarto lugar, destruir la reputación de una institución tan importante como la Agencia Tributaria. No se trata de una institución cualquiera. En todos los países desarrollados, la agencia del Estado responsable de la recaudación de impuestos, es una institución esencial, como pocas. Hunde sus raíces en los orígenes de los Estados modernos, cuando estos empiezan a organizar una estructura permanente que les permita recibir un flujo continuado de ingresos, con el objetivo de suministrar a los ciudadanos servicios esenciales para su funcionamiento y su extensión a toda la población.

De todo el embrollo causado por la destitución de altos responsables de la Agencia Tributaria, los ciudadanos y contribuyentes se van a quedar con la percepción de que la Agencia no es neutral, porque las sospechas de favoritismo a una gran multinacional para que se instale en España –y presumiblemente a miembros de la familia real- a cambio de condonar el pago de impuestos, no se han disipado.

Este es un asunto muy grave, porque rompe el principio de igualdad de los contribuyentes ante la Hacienda Pública. Será muy difícil reparar esa imagen de favoritismo. Muchos contribuyentes responderán intentando defraudar más impuestos. Los discursos de los responsables políticos hablando de que Hacienda somos todos, van a mover más a la indignación que a la risa.

Adicionalmente, los ciudadanos van a percibir que los Inspectores de Hacienda con altas responsabilidades tienen que tener el carnet del partido político que gobierne para acceder a esos puestos. No creemos, además, que contribuya a elevar la moral dentro del cuerpo de Inspectores; profesionales que han tenido que pasar unas duras oposiciones para acceder al cuerpo. Que el progreso profesional quede condicionado a las simpatías políticas de los responsables de turno, representa un grave ataque al estímulo personal para mejorar, así como para llevar con diligencia y profesionalidad los asuntos que tratan en sus servicios al Estado.

Dos años por delante

Lo mejor de las elecciones catalanas es que ya se han celebrado, poniendo término a doce largos meses de llamamientos a las urnas (generales, andaluzas, gallegas y vascas, y finalmente en Cataluña). Si nada imprevisto se cruza en el camino, el horizonte estará despejado de nuevas consultas hasta la primavera de 2015, esto es, durante algo más de dos años, una circunstancia no poco singular en nuestro atiborrado calendario electoral, con tan negativas interferencias en el pulso y el “tempo” de la política económica de unos y otros gobiernos: con Zapatero de presidente, en 2008 y parte de 2009 todo se supeditó a los sucesivos reclamos lectorales, perdiendo un irrecuperable margen de maniobra para afrontar los primeros embates de la crisis, y nada bueno ha cosechado en el arranque de la presidencia de Rajoy tener la vista puesta en las urnas autonómicas, así como el artificioso clima de tensa confrontación alimentado por las recurrentes campañas electorales (esa servidumbre de la democracia, como podría haber dicho Borges). Se abre, en definitiva, un periodo propicio para acometer las reformas en profundidad.

A realzar esa oportunidad están contribuyendo los datos positivos de las cuentas exteriores (con superávit en la balanza por cuenta corriente en julio y agosto, algo inédito desde antes del euro), fruto del gran esfuerzo de ajuste realizado por los agentes privados: la clave de esos buenos registros está, en efecto, en una mejora continuada de la productividad (con cierre de muchas empresas marginales), que unida a la moderación salarial más reciente ha facilitado reducciones significativas de los costes laborales unitarios, es decir, de apreciables ganancias de competitividad.

Es al sector público al que le corresponde hacer el esfuerzo pendiente, como ha subrayado en su más reciente declaración el Círculo Cívico de Opinión, un foro de la sociedad civil en donde confluyen voces académicas, profesionales y de empresas. Pero no por la vía del aumento de impuestos (la elegida en el Proyecto de Presupuestos), sino acometiendo con más criterio el recorte del gasto: actuar sobre las grandes partidas y abandonar los recortes lineales, que pueden frenar el crecimiento presente y futuro. La reducción del tamaño de las Administraciones públicas, la racionalización del Estado del bienestar y la disminución de la capacidad excedentaria en infraestructuras públicas, son imprescindibles.

Reducir el tamaño de las Administraciones públicas es, sin duda, lo más urgente. Por una parte, disminuirá el coste soportado por los demás agentes económicos. Contiene también un factor de ejemplaridad, necesario para que los ciudadanos recuperen la confianza perdida en las instituciones y los políticos, si prescinden de pompa y asesores. Será, además, una oportunidad para reordenar la distribución de competencias entre Administraciones y poner límites a su tendencia compulsiva a expandirse. Dada la crisis del modelo territorial español, debería aprovecharse la ocasión para solucionar simultáneamente lo económico y lo político. Soñar no está prohibido.

Desigualdad y austeridad: ¿Más leña al fuego?

El desarrollo de la crisis ha tenido consecuencias ciertamente drásticas sobre el reparto de la renta entre los ciudadanos españoles. Mientras que los indicadores más básicos de desigualdad apenas han cambiado para el promedio de la Unión Europea desde 2007, España, que ya partía de niveles considerablemente más altos, ha sufrido uno de los mayores aumentos de las diferencias económicas entre los hogares. La pobreza monetaria, que había permanecido prácticamente estancada en nuestro país durante los quince años anteriores a la crisis, ha pasado a afectar a más de uno de cada cinco hogares. La magnitud de este cambio es la mayor desde que disponemos de datos anuales sobre los ingresos y las condiciones de vida de la población española. Los indicadores sobre la proporción de hogares que no reciben remuneraciones del mercado de trabajo, prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social, que regularmente ofrece la Encuesta de Población Activa, alcanzaron su máximo histórico hace más de un año y no han dejado de crecer desde entonces.

Las razones de este empeoramiento del panorama distributivo son varias y obedecen a factores que van más allá del cambio de ciclo económico. En primer lugar, persiste un problema económico básico ligado a una estructura productiva poco competitiva. En las últimas décadas, la creación de empleo ha estado muy ligada a sectores muy cíclicos y la evidencia nos muestra que necesitamos tasas relativamente altas de crecimiento del PIB para crear nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, tenemos un grave problema estructural de desigualdad y vulnerabilidad. Ya antes de la crisis existía un porcentaje de población muy amplio con rentas sólo ligeramente superiores al umbral de pobreza y muy dependientes del efecto de arrastre que había tenido la expansión de determinadas actividades económicas. En tercer lugar, no hemos sido capaces de consolidar una red de protección suficientemente sólida, enfrentándonos a la crisis con un sistema de garantía de ingresos muy fragmentado, con importantes lagunas en su cobertura y con grandes desigualdades territoriales en la respuesta ofrecida a las situaciones de insuficiencia de los ingresos.

Especialmente preocupante es el problema de la desigualdad estructural en el seno de la sociedad española. El nivel de concentración de las rentas de capital es de los mayores de la Unión Europea y nuestras desigualdades salariales son ciertamente elevadas en el contexto comparado, con una alta incidencia del trabajo de bajos salarios. Ya antes de la crisis se había alcanzado el máximo histórico en las tasas de pobreza de los ocupados. Nuestra movilidad de ingresos es, además, reducida, marcada por abundantes transiciones entre los hogares en la parte baja de la distribución de la renta y mucho más limitadas en la parte alta. Aparte de estos rasgos estructurales, la desigualdad en la renta disponible de los hogares se ha ido alejando de la media de los países más ricos por la debilidad de las políticas redistributivas. Junto a la persistencia de una brecha histórica en términos de gasto social no sólo respecto a la Unión Europea sino a lo que debería corresponder a nuestro nivel de renta, las reformas tributarias desarrolladas desde mediados de los años noventa hasta la crisis apostaron por la reducción de los tipos impositivos, lo que supuso una menor capacidad de redistribución.

El resultado de estos procesos fue que la desigualdad y la pobreza dejaron de disminuir en España desde principios de los años noventa, rompiéndose una tendencia histórica tanto de reducción continuada de ambos fenómenos como de acercamiento a los niveles medios de la Unión Europea. En lo cualitativo, la consecuencia fue el mantenimiento prolongado de situaciones de vulnerabilidad relativamente ocultas bajo la ola expansiva, mientras se iba reduciendo la capacidad de los principales instrumentos para transformar esas situaciones. La crisis, por tanto, no ha supuesto una ruptura con los procesos previos. Al agotarse el período de bonanza económica, los altos niveles de vulnerabilidad se han transformado, en un porcentaje importante, en situaciones de pobreza y exclusión social. No hay un antes y un después en las razones de fondo, aunque sí lo hay, por supuesto, en la magnitud de las cifras y en la incidencia de los problemas sociales.

Sí es un elemento de novedad, sin embargo, respecto a anteriores etapas del proceso distributivo el posible efecto que podrían tener las políticas de austeridad presupuestaria en este contexto de notable crecimiento de la desigualdad. El habitual alegato de que los ciudadanos compartan los costes de la crisis no se corresponde con la falta de neutralidad de estas políticas en términos distributivos. Ya sea a través del efecto directo que pueden tener los recortes de prestaciones y servicios o por la caída de la producción y el empleo derivada del recorte del gasto público, las llamadas medidas de austeridad podrían exacerbar la tendencia al aumento de las diferencias sociales. Corremos el riesgo de que en un breve plazo se evaporen algunos de los logros que exigieron grandes pactos sociales y un dilatado período para su consolidación.

Afirmar que puede existir una relación entre las medidas de austeridad y el posible aumento de la desigualdad no es un posicionamiento ideológico. Baste recordar cómo la severidad del ajuste fiscal en otros países en períodos anteriores, especialmente en el ámbito anglosajón, alteró sustancialmente el panorama distributivo. En el caso español, hay tres constataciones que alertan sobre la gravedad de las posibles tendencias. La primera es que en esta crisis el mayor ajuste se ha producido en las rentas de los hogares con menores recursos. La experiencia española reciente es casi un ejemplo de manual de lo que es una evolución regresiva de la renta. Mientras que entre 2006 y 2010 los ingresos del cinco por ciento de la población con rentas más bajas cayeron cerca de un 9% anual en términos reales, el crecimiento correspondiente al cinco por ciento más rico fue el mayor de toda la población. Además de desmentir el estereotipo de que los costes de la crisis se han generalizado a todas las capas sociales, el hundimiento de las rentas más bajas ha hecho que la pobreza severa crezca velozmente, quebrándose la tendencia de las cuatro últimas décadas.

En segundo lugar, la experiencia de lo que sucedió en anteriores fases recesivas en España, como la de los primeros años noventa, nos alerta de la posibilidad de que incrementos transitorios de la pobreza y la desigualdad se conviertan en crónicos en el largo plazo. A pesar de la prolongada recuperación económica de los años posteriores no volvieron a alcanzarse los niveles anteriores a ese episodio recesivo. En tercer lugar, frente al aserto habitual de que el bienestar social se recuperará si lo hacen la actividad económica y el empleo, los datos son contundentes: las estimaciones de la relación entre el ciclo económico y la pobreza muestran una acusada asimetría en la respuesta de ésta a las recesiones y a las expansiones, siendo mucho más sensible a las primeras. Volver, por tanto, a altas tasas de crecimiento del PIB no garantiza que los problemas de insuficiencia de ingresos de un segmento importante de la sociedad española vayan a reducirse drásticamente.

Evitar el aumento de la desigualdad y las posibles tensiones sociales asociadas a los procesos de fragmentación social exigiría no sólo dar respuesta a las necesidades impuestas por la crisis sino también a los problemas estructurales de nuestro modelo social. Rebajar la severidad de las nuevas formas de pobreza requeriría no sólo mantener lo que había antes de la crisis, ahora insuficiente, sino aumentar los niveles de gasto social. Si no se añaden, por tanto, criterios de equidad mucho más exigentes a las medidas de austeridad nos arriesgamos a convivir en el futuro con diferencias sociales muy altas no sólo en el contexto comparado sino en lo que ha sido nuestra trayectoria en las cuatro últimas décadas.

(Publicado en El País 10-05-2012)

LA AUSTERIDAD MAL ENTENDIDA

Austeridad es uno de los vocablos mas invocados en las discusiones de política económica, en especial desde el inicio de la crisis de la deuda pública en la eurozona. Es en gran medida  representativo de la imprecisión, cuando no la manifiesta equivocidad, que el lenguaje común sufre  cuando en ocasiones se lo apropia una retórica económica de conveniencia, excesivamente ideologizada.

De las dos acepciones que ofrece la Real Academia Española (RAE) del término austeridad, la primera refiere a la calidad de austero: a la sencillez y a la sobriedad.   Se hace difícil cuestionar la traslación de rasgos tales a la conducción de los asuntos económicos, públicos y privados. Pero una cosa es renunciar a lo superfluo, que es lo que aconseja la sobriedad, y otra hacerlo con lo esencial: con aquellas inversiones cuyo sacrificio puede hipotecar el crecimiento económico futuro y las condiciones de vida de la población.   Los costes de esa renuncia son mayores cuando las amenazas recesivas son tan explícitas como las que pesan sobre la eurozona.  Prescindir de la capacidad de las instituciones económicas y de los gobiernos para evitar males peores, en términos de contracción del crecimiento y aumento del desempleo, puede constituir  un costoso error de política económica. 

Es la segunda acepción que nos ofrece la RAE   – “mortificación de los sentidos y pasiones”- la que refleja en mayor medida  lo que están consiguiendo las políticas económicas restrictivas de los gobiernos y autoridades europeas.  Esos sacrificios excepcionales  no están obteniendo las compensaciones prometidas. No se ha fortalecido la confianza de los agentes económicos y las cotizaciones de los  bonos públicos y de las  acciones sufren  una volatilidad sin precedentes. Los mercados financieros parecen ser ahora muy  sensibles a las posibilidades de crecimiento económico y, en última instancia, a la capacidad política para responder de forma conjunta a las amenazas que pesan sobre la viabilidad de la eurozona.

En el lenguaje actual de la política económica austeridad significa  consolidación fiscal:   reducción de gasto público de todo tipo e   incremento de impuestos. En el contexto de la crisis de la deuda soberana de la eurozona, las apelaciones a la austeridad están  prioritariamente orientadas a conseguir el favor de los mercados, a  restaurar  la calma previa al rescate de  Grecia. Hace  apenas dos meses el ministro de finanzas alemán, en un artículo de expresivo título (“Why Austerity is the Only Cure for the Eurozone”, Financial Times 5 de septiembre) seguía insistiendo en  esas políticas fiscales procíclicas. Con ellas se frena  la recuperación económica,  contrariamente a lo que defendían las tesis de la   “austeridad expansiva”.

Sujeta a condiciones no poco limitativas, la proposición fundamental de ese enfoque de enunciado aparentemente contradictorio, nos dice que las decisiones restrictivas sobre las finanzas públicas pueden llegar a generar confianza suficiente en los agentes como para propiciar la recuperación del crecimiento económico. Esa defensa de las   consolidaciones fiscales expansivas, tienen en los trabajos del profesor de Harvard Alberto Alesina sus exponentes más representativos.  El realizado  con Silvia Ardagna (“Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending”, NBER, octubre 2009)  ha llegado a considerarse una suerte de desautorización de los planteamientos más genuinamente keynesianos.

El respaldo empírico, sin embargo, no parece suficiente. De hecho, un trabajo reciente de un autor hasta ahora considerado defensor  de recortes significativos en el gasto público, Roberto Perotti (“ Austerity Myth: Gain Witout Pain?”, junio 2011),   matiza conclusiones de trabajos anteriores, incluido alguno suyo con  el propio Alesina. Admite la pertinencia de algunas de las críticas metodológicas a esos estudios que defienden el potencial expansivo de la austeridad. Las más relevantes de esas objeciones las aporta el  departamento de investigación del FMI, dirigido por el profesor del MIT Olivier Blanchard. 

Desde la base de muy respetables documentos de investigación, algunos comentados en este mismo suplemento ( “Revisionismo macroeconómico”,  28 de febrero de 2010  ) , el FMI ha formulado  sus recomendaciones de política económica de forma explícita. En el  informe de perspectivas económicas del pasado año (WEO, Octubre 2010, capitulo 3) dejaba lugar a pocas dudas acerca de los peligros derivados de la aplicación en los momentos actuales de decisiones de consolidación fiscal. En su último informe  sobre Europa (“Europe Navigating Stormy Waters”, Octubre 2011) se advierte de que “los  objetivos de déficit nominal no deben conseguirse a expensas de correr el riesgo de una contracción generalizada de la actividad económica”. La significación de esas prescripciones es tanto más significativa, cuanto más contrasta con la tradición de la institución: sus  iniciales en inglés, I.M.F, referían  irónicamente a ese  “ It’s Mostly Fiscal” consecuente con la obsesión del pasado por aplicar terapias de consolidación fiscal, con bastante independencia de la naturaleza de la crisis.

La evidencia acerca del potencial expansivo de la inversión  pública, neutralizador de las peores consecuencias de una recesión,  se ha visto ampliada por diversos trabajos. Uno de ellos resumido en VoxEu  ( Almunia, Miguel, Agustín S Bénétrix, Barry Eichengreen, Kevin H O’Rourke, Gisela Rua , “The effectiveness of fiscal and monetary stimulus in depressions”, VoxEU.org, 18 Noviembre de 2009)   que analiza históricamente los efectos de estímulos en entornos caracterizados por la existencia de  tipos de interés próximos a cero, sistemas bancarios disfuncionales  y elevada aversión al riesgo. La conclusión es que  la política fiscal es efectiva.

Esa efectividad del activismo fiscal durante una recesión ha encontrado evidencia más reciente en la investigación de Alan J. Auerbach y Y. Gorodnichenko  ( “Fiscal Multipliers in  Recession and Expansion”, NBER, Septiembre de 2011) que confirma el valor significativo de los multiplicadores del PIB del gasto público en fases recesivas. Se concluye también  que  los efectos potencialmente adversos de esos estímulos fiscales, tales como el aumento de la inflación, son mucho menos probables en esas circunstancias. Contribuciones adicionales como las de Paul de Grauwe, además de respetado académico, parlamentario liberal belga durante diez años, también aconsejan no atrincherarse en posiciones fundamentalistas en relación a las finanzas públicas en circunstancias tan excepcionales como las actuales.

Recapitulemos. La sobriedad,  la eliminación de lo superfluo, siempre ha de ser bienvenida. Su ejercicio en todas las organizaciones, privadas o públicas, es ejemplificador y sano.  La austeridad mal entendida es aquella que obliga  a soportar penalizaciones innecesarias. Es el caso de los procesos de  consolidación fiscal aplicados a economías deprimidas de la eurozona.  Sus efectos favorables sobre la confianza de los agentes económicos, incluidos los inversores de bonos, han quedado en entredicho. Contraer la inversión pública de forma indiscriminada y simultáneamente en  todos los países de la eurozona es un error, tanto mayor cuanto menor sea el crecimiento económico, más elevado el desempleo y reducido el stock de capital que fortalece la capacidad competitiva de las economías.

Supuesta la capacidad y voluntad políticas  para adoptarlas, en  el conjunto de la eurozona serían  compatibles  decisiones inmediatas de estímulo  con  la credibilidad de los  propósitos  de saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo. De no ser así, una nueva  recesión,  o la excesiva prolongación del estancamiento, aumentarían el componente estructural del actual desempleo  al tiempo que seguiría erosionando el crecimiento potencial de las economías más dañadas. La coexistencia de recesión con  tensiones en los mercados de bonos públicos dotaría de virtualidad a escenarios radicales, como el asociado a la fragmentación del euro.   No hace falta decir que tampoco sería el más favorable  para que cobren los inversores en bonos públicos: aquellos  a los que la mal entendida austeridad trata de complacer.

(Artículo publicado hoy en Negocios, EL PAÍS)

La nueva ayuda a los desempleados: ¿“Menos” de lo mismo?

La aprobación del nuevo Programa de recualificación profesional de las personas que han agotado su protección por desempleo ha vuelto a alimentar el debate sobre la debilidad del sistema de garantía de ingresos en España y el diseño óptimo de estos instrumentos. Este nuevo programa establece el derecho a la percepción, hasta un máximo de seis meses, de una ayuda económica de 400 euros, vinculada a la participación en medidas de política activa de empleo. Esta cantidad, que supone un 75% del IPREM mensual (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que sirve como referencia para la concesión de ayudas o subsidios), es levemente inferior a la del PRODI (Programa temporal de protección por desempleo e inserción), programa anterior, que fijaba la cuantía de la prestación en un 80% del IPREM. Más

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