LA IMPOTENCIA DEL BCE

La ausencia de reacción a las excepcionales medidas adoptadas por el BCE para reducir las amenazas de estancamiento económico y deflación, conforma uno de los escenarios más adversos en la eurozona. La demanda de los bancos en la primera convocatoria de las inyecciones de liquidez  (TLTROs),  con el fin de que crezca el crédito al sector privado, ha sido decepcionante. Si las escasas peticiones del  pasado día 18 tuvieran continuidad en la  ronda de diciembre, el BCE no tendría más remedio que emplearse a fondo en la compra de titulizaciones  y, en última instancia, de otro tipo de renta fija privada e incluso de deuda pública. Con todo, convendría no esperar a ese momento y adoptar  cuanto antes decisiones de estímulo fiscal de la demanda.

Las TLTRO (“ Targeted Longer-Term Refinancing Operations”) anunciadas el pasado junio, al mismo tiempo que  una reducción adicional de los tipos de interés de referencia, son operaciones especiales de suministro de liquidez a los bancos  a un tipo de interés fijo del 0,15%  con vencimiento a final de 2018. El total disponible para la subasta realizada y la de diciembre es  de 400.000 millones de euros.

A diferencia de la modalidad anterior, las LTRO, el nuevo suministro de liquidez a los bancos está condicionado a que estos aumenten (o no reduzcan al mismo ritmo) su financiación al sector real de la economía. Si no lo hacen han de devolver el dinero antes de 2016. Se trata de condiciones excepcionalmente favorables que, en una situación normal, deberían provocar una demanda igualmente excepcional por los bancos. El problema es que la situación actual de la eurozona está lejos de la normalización. O lo que puede ser peor: se ha podido instalar como normal una situación en la que ni la liquidez casi gratuita resulta atractiva.

En esta primera asignación de la nueva modalidad de financiación los bancos solo han pedido 82.600 millones de euros, muy por debajo de los 174.000 millones previstos. Son resultados que no amparan una recuperación del crédito para las PYMEs, ni los efectos de contención de la deflación que el BCE se había propuesto.

El destino de buena parte de la liquidez captada, en lugar de canalizarla a través de crédito a familias y empresas, puede destinarse a reembolsar captaciones previas a tipos más elevados, añadiéndose a esas devoluciones anticipadas que tienen lugar desde febrero del año pasado, y que han reducido de forma considerable el balance del BCE, es decir la liquidez disponible en la eurozona. Han sido 86.000 millones de euros los fondos devueltos al BCE en este tercer trimestre, por encima de la liquidez inyectada el día 18. Es bastante probable que los bancos que más han pedido en esta primera asignación  de TLRO sean los que en mayor medida han devuelto de las anteriores. Se estima que entre italianos y españoles habrán absorbido el 46% de los 82.600 millones de euros adjudicados. De tales resultados cabe deducir que, al menos hasta verificar lo que ocurre con las peticiones de diciembre, no habrá  aumentos significativos  del crédito al sector real de la economía. Nos vamos al año que viene: largo me lo fiais, dirán con razón muchas pequeñas y medianas empresas.

Y es que los bancos siguen manteniendo una notable aversión al riesgo. En primer lugar, por cautelas sobre  su propia situación, en particular por los resultados de las pruebas   que está haciendo el BCE de la calidad de los activos y de la solvencia; la preservación de ambas  incentiva el adelgazamiento de los balances, en especial de aquellos bancos que todavía mantienen elevados niveles de morosidad en sus activos. No menos importante, por la inquietud que transmite una evolución económica  poco favorable. Además de las pobres perspectivas de crecimiento,  la confianza empresarial sigue debilitada por un entorno geopolítico que tampoco  ha mejorado precisamente.

Los problemas de liquidez no son iguales para todas las empresas. A las grandes les sobra. Aquellas con acceso a los mercados de bonos se benefician de los bajos tipos de interés, pero no aumentan su inversión ni el empleo: reducen el endeudamiento, recompran sus propias acciones  o garantizan la distribución de dividendos a sus accionistas. Algunas reservan esa liquidez excedentaria para eventuales  oportunidades de adquisición de otras empresas.  Las PYMEs, por su parte, especialmente en la periferia de la eurozona,  siguen teniendo dificultades de acceso al crédito bancario y soportan costes superiores a las del resto de las economías. La relevancia de esta escasez y fragmentación financieras  es tanto mayor cuanto más importantes son este tipo de empresas en el crecimiento económico y en el empleo  de sus  economías. El  mayor riesgo  de las mismas  acaba exigiendo a los bancos mayor capital.

De asumirse como “normal” esta situación, la “japonización” de la eurozona sería un hecho. El diagnóstico del presidente del BCE ha subrayado la insuficiencia de la demanda agregada, al tiempo que las  previsiones de inflación siguen muy por debajo de su propio objetivo.  El tipo de cambio del euro, a pesar de su depreciación reciente, sigue siendo un obstáculo para las exportaciones fuera del área.

Lo peor es que no existen nuevos elementos de juicio que permitan anticipar una recuperación del estancamiento, o directamente de la recesión, en que se encuentran las  grandes economías del área, ni la reversión inminente de esa tasa de inflación cercana a cero. Cuanto más dilatado sea el periodo de bajos precios más cercana la deflación: mayores las probabilidades de realimentación del círculo vicioso de aplazamiento de decisiones de gasto, presión a la baja de los precios. Y mayores las dificultades de los más endeudados.

Las alternativas que le quedan al BCE, suponiendo que las próximas rondas de TLTRO sigan el camino de la primera, es la aplicación del programa de compra de renta fija privada y, en última instancia, la compra de deuda pública en los mercados secundarios. No es prudente esperar.   Es posible que las decisiones del BCE hayan llegado tarde y la transmisión de su política monetaria encuentre obstáculos superiores a los estimados. Por eso es  necesario que esas otras decisiones sugeridas por el propio Draghi tendentes a estimular la demanda se concreten cuanto antes. Así lo ha advertido la OCDE, el FMI y, recientemente,  los ministros del  G20. Decisiones en esa dirección podrían ser la anticipación de inversiones comunitarias como las previstas en los fondos de cohesión 2014-2010,  la flexibilización de la política fiscal, o el aumento de la inversión pública en países como Alemania, sin problemas en las finanzas públicas.

La tercera de las actuaciones sugeridas por el presidente del BCE, la realización de reformas estructurales, siendo necesarias, sería más conveniente que se concretaran en momentos de mayor crecimiento, para evitar sus ya verificados efectos depresivos. Confiar en mejorar la oferta de las economías en un entorno recesivo y con políticas fiscales contractivas lo único que genera es debilidad en la demanda agregada. Todo ello, aun cuando la política monetaria garantice liquidez abundante y barata.

La eurozona puede constituirse en el caso de referencia de ese horizonte de “estancamiento secular” sobre el que Alvin Hansen advertía en 1938 y  Larry Summers acaba de renovar para algunas economías avanzadas.  Para evitarlo, han de ser los gobiernos los que ahora acompañen al  banco central.

Diario El País (28/09/2014)

Efecto de los tipos de interés negativos sobre la liquidez del sistema crediticio de la eurozona

En los últimos años, el Banco Central Europeo (BCE) ha ido introduciendo, sucesivamente, medidas cuyo fin último ha sido reducir la liquidez cautiva de las entidades de crédito en las cuentas del Eurosistema bien en forma de facilidades de depósito a 1 día, bien de excedentes sobre el nivel de reservas mínimas obligatorias. El objetivo de estas acciones ha sido, y es, empujar al sistema crediticio a prestar al sector privado penalizando con tipos de interés nulos, o cada vez más negativos, el recurso a estos instrumentos.

¿Cuáles son las razones que empujan a las entidades de crédito a no prestar? Básicamente tres: la aversión al riesgo, la falta de solvencia y la escasez de fondos. Obviamente, los más de un billón de euros inyectados masivamente eliminaban el tercero de los problemas, pero no los otros dos. Por otro lado, es cierto que la crisis ha disminuido la demanda de crédito y que, dada la importante fragmentación financiera, la situación nacional condiciona la mayor o menor oferta crediticia.

En este sentido, la primera decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno, el 5 de julio de 2012, al fijarse el tipo de interés de la facilidad de depósito en el 0%. De este modo se dejaba sin remuneración a este instrumento equiparándolo al exceso de reservas o depósitos mantenidos por encima del saldo obligatorio que, por definición, nunca la han tenido. Esta medida trata de cortar el recurso a la facilidad de depósito tras las dos inyecciones masivas de liquidez (realizadas mediante operaciones de financiación a plazo más largo, OFPML) de diciembre de 2011 y febrero de 2012 y la rebaja del 50% de la exigencia de reservas mínimas, situándose en el 1%. Como se puede observar en el gráfico, la suma de las facilidades y el exceso de reservas alcanzaron la cifra de 798.439 mm de euros, a comienzos de julio (si bien el máximo se alcanzó el 5 de marzo de 2012 con 813.211 mm de euros). Es decir, que aproximadamente el 80% de la liquidez inyectada masivamente por el BCE se volvía a depositar en él.

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La entrada en vigor de esta medida provocó un trasvase parcial de fondos de la facilidad de depósito a 1 día a la cuenta de reservas de las entidades de crédito en el Eurosistema. A corto plazo, la medida no tuvo un impacto muy significativo: la suma total de liquidez a tipo 0% en el BCE, a final de diciembre de 2012, era solo un 20% inferior a la de julio. A medio plazo, el mantenimiento de reservas excedentarias sobre el nivel de reservas mínimas se ha convertido en un recurso permanente y el acceso a la facilidad de depósito, si bien se ha reducido notablemente, no ha desaparecido. En diciembre de 2013, el total de recursos sin remunerar en el BCE ascendía a 274.924 mm de euros, un 35% del saldo máximo de julio de 2012.

La segunda decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno, de 5 de junio de 2014. En esta ocasión, además de situar el tipo de interés oficial del Eurosistema en el 0,15%, se redujeron el tipo aplicable a la facilidad de depósito hasta el -0,10%, el de las reservas excedentarias sobre el nivel mínimo obligatorio y el de otros depósitos mantenidos con el Eurosistema. Por primera vez se apelaba a tipos negativos para tratar de acabar con la “aversión al riesgo” de las entidades de crédito; por primera vez, las entidades de crédito tienen que pagar por sus depósitos en el BCE. Esa misma semana el dinero ocioso en el Eurosistema ascendía todavía a 163.341 mm de euros, de los cuales 125.447 correspondían a reservas excedentarias. De nuevo el objetivo va encaminado a: que se movilicen los recursos, que se minimice la facilidad de depósito, que el nivel de reservas no presente excesos y sea simplemente el mínimo legal, que los bancos presten y que, en última instancia, se reactive la economía de la Eurozona consiguiendo que la tasa de crecimiento de la inflación se coloque en la senda de su objetivo de medio plazo.

La tercera, y última decisión, se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de septiembre de 2014. En esta ocasión el tipo oficial se volvió a recortar nuevamente hasta el 0,05% y, manteniendo una banda simétrica del +/- 0,25%, la facilidad de crédito se ha fijado en 0,30% y la de depósito en -0,20%. Estas medidas tienen como objetivo reforzar el mecanismo de transmisión monetaria y permitir una mayor provisión de liquidez a las economías de la Eurozona, en las que se observa un incremento muy significativo de las diferencias entre los países más fuertes. Este tipo más negativo aumenta el “coste de oportunidad” de mantener un exceso de liquidez, pero también va a permitir un anclaje del EONIA cerca de cero, un impulso a la actividad económica y de la demanda interna, y un aumento de la inflación.

Ciertamente estos objetivos no pueden ser compatibles con unos saldos ociosos en el BCE de 122.053 (a 24 de septiembre de 2014). Por otro lado, también se ha de tener en cuenta que a partir de enero de 2013 comenzó la devolución anticipada de la liquidez masiva inyectada a 3 años. En el gráfico se observa el curso descendente de los volúmenes de OFPML que sitúan el nivel actual al del momento previo a las inyecciones masivas, en torno a los 360.000 mm euros, con lo que los saldos sin remunerar representan en estos momentos el 33% de estas OFPML.

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¿Cuáles son las razones que siguen empujando a las entidades de crédito a no prestar? De las tres mencionadas ya solo nos queda la “aversión al riesgo” pues, por una parte, hay exceso de liquidez en el sistema (que se penaliza) y, por otra parte, los problemas de solvencia de las entidades quedaran disipados cuando el BCE asuma el 4 de noviembre la supervisión bancaria de los grandes bancos de la eurozona y se publiquen, previamente, las últimas pruebas de resistencia realizadas a las entidades de crédito.

La reducción de esa “aversión al riesgo” dependerá de la implementación de las nuevas medidas de política monetaria no convencional anunciadas, pero también del papel de los Estados miembros ante la petición de Draghi de nuevas reformas estructurales.

Un nuevo modelo económico para España. Reformas estructurales para la recuperación y el crecimiento. Número 25 de la revista Mediterráneo Económico

He coordinado este número de la revista Mediterráneo Económico que edita la Fundación Cajamar. Recojo a continuación el comienzo de la introducción, así como la dirección de la página web desde la que se pueden descargar los artículos que lo integran y también el número completo (http://www.publicacionescajamar.es/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/).

La economía española se encuentra hoy a las puertas de una frágil recuperación de la profunda crisis económica que ha atravesado durante los últimos seis años. El ritmo que alcance esta recuperación depende crucialmente de la expansión de la demanda efectiva en España y en el resto del mundo, hacia el que se dirigen, en elevada y creciente proporción, los productos españoles. No depende fundamentalmente de las reformas estructurales que se realicen. Como acertadamente recuerda Paul de Grauwe, uno de los analistas europeos más distinguidos, estamos ante una crisis de demanda, no de oferta, y los instrumentos fundamentales para atajarla son las políticas macroeconómicas expansivas. Cuando los economistas de hoy buscan resolver problemas de demanda con herramientas propias de la oferta se equivocan, como lo hicieron también en los años setenta del pasado siglo al intentar hacer lo contrario, resolver problemas de oferta, los derivados del alza del precio del petróleo y otras materias primas, así como de los salarios, con herramientas de demanda, que solo provocaron más inflación y desempleo.
¿Quiere esto decir que las reformas que se discuten y anuncian no son necesarias? Nada de eso, son fundamentales desde tres perspectivas. La primera de ellas, conseguir acciones más decidas y am¬biciosas de Alemania, Francia y otros países europeos para expandir la economía europea, enterrando la equivocada política de austeridad seguida hasta ahora. Este es el efecto más importante de las reformas realizadas hasta ahora. La segunda perspectiva, maximizar la respuesta de la producción y el empleo españoles ante la esperada recuperación de la economía europea; y la tercera, sin duda la más importante, asegurar el crecimiento económico futuro de España sobre bases más firmes y sostenidas, esto es, con menor propensión a los desequilibrios macroeconómicos, y siguiendo sendas más apacibles, más semejantes a las de nuestros socios comunitarios.
No cabe duda de que las reformas realizadas hasta ahora, principalmente la del mercado de trabajo y la del sistema bancario, han conseguido el beneplácito de las autoridades comunitarias, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, así como del Fondo Monetario Internacional, organismos que siguen pidiendo nuevas reformas, y la profundización en las ya realizadas, aunque no siempre con mucho fundamento ni convicción, a menudo solo como un eco de los grupos aferrados a la equivocada idea a la que hemos aludido al comienzo de este texto: que las políticas de oferta son la clave en la resolución de la actual crisis de demanda. Tampoco caben muchas dudas de que el beneplácito conseguido de las instituciones señaladas ha restaurado en una medida apreciable la confianza de los inversores internacionales en la economía española, favoreciendo nuevas entradas de capital extranjero, y ello a pesar del evidente deterioro institucional que vive España, que amenaza su estabilidad social y política.
En todo caso, el elenco de reformas a realizar es muy amplio, tanto como la magnitud de la crisis vivida. No hay espacio de las instituciones económicas que no requiera arreglo, y en muchos casos, la eficacia de las nuevas reglas y ordenamientos va a depender de cambios en las instituciones políticas. Por otra parte, aunque en la tipología de países que ofrece el World Economic Forum, España se sitúa entre los más avanzados, es decir, entre aquellos en los que la clave para el crecimiento de la productividad del trabajo se encuentra en la innovación y singularización de los productos, las reformas no pueden limitarse a fortalecer este aspecto clave, sino que deben cubrir aún un am¬plio espacio para la mejora de la eficiencia económica, a través de una regulación más eficaz de los mercados de factores, bienes y servicios, así como de las actividades e ingresos de la Administración pública. En lugar de avanzar en este terreno, la década de 2000 supuso un retroceso, como muestra el estancamiento en la Productividad Total de los Factores (PTF), el indicador preferente de eficiencia y progreso técnico. Por otra parte, la innovación exige un mayor esfuerzo en I+D pero trasciende con mucho este requisito básico. Requiere también de un sistema tecnológico mejor diseñado (más eficiente en protección de la innovación, y en transferencia y difusión del avance tecnológico), de la mejora de la financiación de las empresas, hoy sensiblemente restringida por la crisis bancaria, y de avances muy sustanciales en el capital humano, de la apuesta por los mercados exteriores, más exigentes y fuente de nuevos productos, así como de unidades productivas de mayor tamaño. Las relaciones estrechas entre tamaño empresarial, innovación e internacionalización, que se alimentan mutuamente, constituyen un centro clave de reforma en una economía madura como la española. Pero como se desprende de los trabajos que se incluyen en este número, descansan de manera crucial en el capital humano, un activo algo abandonado durante los años de crisis, y que, en todo caso, no ha adquirido la dimensión y el respeto que merece en nuestra sociedad.
Pues bien, siguiendo estas pautas, este nuevo número de la colección Mediterráneo Econó¬mico que se introduce aquí, el 25, reúne diecinueve contribuciones de especialistas y profesionales destacados en diversos ámbitos económicos, y se ordena en cinco apartados, que son los siguientes: 1) flexibilización de los mercados; 2) fiscalidad y reforma de la Administración pública; 3) capacidad empresarial, financiación e internacionalización; 4) innovación y política industrial; y 5) capital humano. Esta ordenación destaca en los dos primeros lugares aquellas reformas que reclaman una mayor urgencia, y de hecho están siendo abordadas o lo serán en un breve plazo. No son sin embargo las únicas iniciadas ya; otras, como la sanidad, las pensiones y la educación también lo han sido aunque con diverso grado de acierto. Así mismo, difieren en el grado de urgencia que poseen y en el horizonte en el que pueden conseguirse, como se puede deducir de los artículos incluidos en este número monográfico. En particular, en los dos últimos lugares figuran las más importantes, difíciles de realizar y con un horizonte temporal de implementación más largo: innovación y capital humano, aquellas en las que España tiene el reto más formidable, y que de ser adecuadamente abordadas la situarán de nuevo en el camino de una rápida convergencia con los países líderes de Europa.

Buscando la salida

“Solo el bien es silencioso”, sentenció sabiamente en alguna ocasión Goethe, y conviene recordarlo especialmente cuando el ruido amenaza con ensordecernos. El ruido de los  datos que antes de ser analizados se utilizan como dardos punzantes, el ruido de las protestas ritualizadas y el de quienes a su alrededor solo quieren contemplar un paisaje devastado.

Ha sido el trabajo silencioso de miles de empresas españolas lo que ha contribuido a conseguir un logro que tiene muy pocos precedentes: el saneamiento exterior de una economía que se deslizaba sin frenos hacia cifras más que alarmantes de déficit por cuenta corriente. Diez puntos porcentuales se han recuperado un tiempo que se puede contar por meses, para terminar el ejercicio de 2012 acomodando el gasto a la renta producida, después de tres lustros en que ha necesitado cuantiosa financiación exterior. Probablemente, nunca tanto en tan poco tiempo, resultado de la suma del esfuerzo exportador y de la contracción de la demanda de importaciones. Una corrección excepcional del déficit exterior que se ha hecho sin disponer de instrumentos monetarios y cambiarios. No se puede regatear el mérito, como subraya el Consejo Empresarial para la Competitividad en su informe del pasado mes de marzo, “España, un país de oportunidades”, soporte de la campaña que, contrarrestando la nula capacidad comunicativa del gobierno, han emprendido los presidentes de algunas de nuestras mayores empresas por las principales capitales financieras para airear las posibilidades de la economía española.

Reconocer lo logrado no supone, en todo caso, desconocer y los problemas que subsisten. Desde el lado del gasto, las cosas son meridianas. El ajuste ha recaído muy duramente sobre el sector privado de la economía, soportándolo mucho más levemente el público; además, el limitado ajuste en éste ha escogido el camino más llano: aumentos impositivos, reducciones del salario de funcionarios y recortes lineales en ciertas partidas presupuestarias, medidas todas ellas que no pueden garantizar una contención del gasto sostenida en el tiempo. Esto requiere abordar con rigor la reforma de la estructura de las Administraciones públicas y la revisión de aspectos sustanciales (comenzando por el sistema de pensiones) del Estado del bienestar. Reformar es más difícil que recortar y además exige más coraje político. Téngase en cuenta que el sector privado ha aportado ahorro neto a la economía desde 2009, mientras el público ha seguido necesitando financiación. También en el mercado de trabajo hay huellas evidentes de que el esfuerzo relativo ha estado muy mal repartido: el sector privado ha perdido casi cuatro millones de puestos de trabajo desde comienzos de 2008; en cambio, las Administraciones públicas tenían a finales de 2012 varios cientos de miles de empleos más que en la fecha mencionada.

Para decirlo muy resumidamente: la economía española está en la senda que conduce a la salida de la crisis. Pero encontrarla exige ahora una rectificación en la política de ajuste, situando en el centro la reforma profunda de la organización interna de las Administraciones, y poniendo manos a la obra sin demora y perseverantemente, con el respaldo de la ejemplaridad y la palanca de la pedagogía social, cuyas ausencias son hoy un poderoso factor de desmoralización ciudadana (sobre el tema, véase Círculo Cívico de Opinión, Posiciones, 13 de mayo de 2013: http://www.circulocivicodeopinion.es).

Fuentes Quintana en 1977, contando la crisis de 2007-2013

Acaba de salir hoy un artículo en el Confidencial de JA Zarzalejos recordando la clarividencia del profesor Fuentes Quintana al explicar a los tres días de tomar posesión de su cargo como Vicepresidente Económico del Gobierno de Suárez en 1977 las bases de su programa económico. Dada la especial relación que siempre hemos mantenido los miembros de ALdE con el profesor Fuentes creo que puede resultar de interés recordar el video de su alocución. Como nos dice Zarzalejos: “No podemos ni debemos suponer que el futuro está escrito en el ayer, pero el pasado puede alumbrar algunos episodios del presente. Fuentes Quintana con esos magistrales, sinceros, sencillos y claros 16 minutos de exposición se ganó a la opinión pública en 1977 y fue el prólogo de intenciones para conseguir cuatro meses después los históricos Pactos de la Moncloa. En un cuarto de hora, se salvó sicológicamente la crisis. En la situación de entonces y de ahora hay un cierto paralelismo. No en las personas y menos en las actitudes y los discursos. Aún en las peores coyunturas un dirigente político -sea de la orientación ideológica que sea- ha de tener el patriotismo bien entendido de decir la verdad, hacerlo con humildad y empatía y aglutinar voluntades. En estos tiempos de desolación, el recuerdo de discurso de Fuentes Quintana en junio de 1977 se agiganta como referencia ineludible.” Que lo disfrutéis.

Vídeo

Volver a empezar

Hay que pisar fuerte el acelerador de las reformas: seis millones de parados nos contemplan en un escenario público repleto de esa planta invasiva y letal que es la corrupción. El tiempo vale ahora más que nunca. Deben aprovecharse los signos positivos registrados en las últimas semanas, tanto a escala europea, en particular en los países periféricos (mejores condiciones en la colocación de bonos, incremento de los flujos de capital, aumento de los depósitos bancarios…), como en la economía española, especialmente el sostenido esfuerzo de internacionalización por parte de las empresas y el alivio que en su carga financiera han encontrado las mayores de ellas, dos hechos que se suman a los excelentes datos que suministra la balanza comercial.

Conviene, dicho de otro modo, reducir cuanto antes la poblada sala de espera de los proyectos de reforma que constituyen precondiciones para impulsar el crecimiento o que pueden, cuando menos, coadyuvar a la recuperación de ciertos ritmos de actividad. En algunos casos, además, su aplicación no tendrá más costes que los políticos de remover situaciones de poder o influencia establecidas. Tres, al menos, reúnen esas características: reforma de la Administración, liberalización de los servicios profesionales y unidad de mercado. Los tres pueden considerarse con razón fundamentales en el sentido apuntado, los tres fueron anunciados como prioritarios bastantes meses atrás y los tres presentan beneficios potenciales muy altos sin que su implementación obligue a desembolsos mínimamente apreciables. Es el momento de sacarlos adelante.

Por fortuna, enero se ha despedido con la aprobación por el Consejo de Ministros del tercero de los citados, el proyecto de ley de unidad de mercado, cuyo objetivo —según la referencia oficial—es eliminar las trabas que supone la existencia de 17 normativas autonómicas distintas con “mas de 100.000” normas legales concernientes al comercio promulgadas desde 1978. La nueva ley podrá elevar en 1,52 puntos el PIB en diez años, un 0,15 por ciento lineal al año, 1.500 millones de euros, según estudios del Ministerio de Economía y Competitividad.

Se trata de poner coto, en definitiva, a la incesante atomización de nuestro mercado interior y a esa vertiginosa fragmentación normativa propiciada por la “dinámica centrífuga” del Estado de las Autonomías, cuyo principio rector, a su vez, ha sido el “afán diferenciador”. Un frenesí regulatorio que va del derecho urbanístico a los servicios de salud, de la gestión aeroportuaria a la del medio ambiente, y que, a pie de tienda, ofrece una pléyade de reglamentaciones distintas en lo tocante a horarios comerciales, etiqueta del producto o especificaciones que debe incorporar para que su venta sea autorizada. Un auténtico disparate, diciéndolo en román palatino, que no puede sino retraer el emprendimiento. De ahí que las Cámaras de Comercio hayan saludado la iniciativa gubernamental como un “paso decisivo” para la libre circulación de bienes y servicios, con potencialidad para reducir “el coste regulatorio”, liberar inversión y facilitar la creación de empresas y la generación de empleo”. Es, en definitiva —permítaseme señalarlo—, como volver a empezar, ya que la creación del mercado nacional, con un grado creciente de articulación y porosidad internas, fue la gran tarea emprendida y ejecutada durante el siglo XIX. Vivir para ver.

Las cosas que la Universidad debe cambiar, por Mariam Camarero

Nuestra compañera Mariam Camarero publicó en EL PAIS el pasado 15 de enero el siguiente artículo sobre cambios futuros en la universidad. Dado que se acercan las Jornadas de Docencia sobre Economía organizadas por ALdE y tendremos oportunidad de debatir sobre distintos aspectos de la política universitaria, os reproduzco a continuación el texto del artículo, por si os puede resultar de interés (food for thought…) Más

Paul De Grauwe: Doctor Honoris Causa por la Universitat de València (I)

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Como sabeis muchos de vosotros, he estado fuera de juego durante los últimos tiempos, pero prometo intentar volver a ser más activo en bAG. El pasado viernes 30 de noviembre, Paul De Grauwe fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Tanto los padrinos (Vicent Soler y yo mismo) como una parte de los acompañantes  (Mariam Camarero y Rafa Myro ) son miembros de  ALdE. El acto coincidió con el último día del IX Inteco Worshop on Economic Integration organizado por el Grupo de Investigación en Integración Económica (INTECO). Por tanto, Paul estuvo acompañado de un buen número de colegas, tanto de la UV como de otras universidades. Tuve el honor de realizar la “laudatio” . Dado que un buen número de compañeros me la ha solicitado. Os la incluyo como texto de esta entrada para todos aquellos interesados en conocer mejor las aportaciones de Paul De Grauwe. Más

Economía y reforma del Estado, por Rogelio Velasco, IE Business School

Con intensidad variable y discontinua, durante los últimos años asistimos a debates políticos en torno a la reforma de las administraciones públicas, con dos temas recurrentes: la descentralización y los solapamientos en las actividades de las administraciones. Este proceso parece haber seguido más bien una lógica de lucha por el poder que una racionalidad basada en criterios de organización, capacidades y prestación de mejores servicios a ciudadanos y empresas. No toda la responsabilidad en los defectos que ahora podamos observar recae en las comunidades autónomas. En numerosas ocasiones, la Administración Central se ha inhibido en los procedimientos legales para dar racionalidad al proceso, argumentando que eran temas ya transferidos a las autonomías, con lo que cada una ha legislado como mejor le ha parecido.

El resultado es que nos encontramos en los aspectos relacionados con la regulación de las actividades económicas, con una legislación confusa que ha proliferado extraordinariamente y que varía entre territorios. Además de las dos administraciones públicas de mayor peso, las diputaciones conservan aún algunas funciones, a lo que se añade la actividad de los ayuntamientos que, en materia de regulación de la actividad económica, mantienen competencias muy importantes.

La crisis no debe ser una excusa para prestar sólo atención a los problemas hacendísticos. No saldremos de la actual situación arreglando únicamente los problemas por arriba. Si los aspectos microeconómicos no mejoran, no resolveremos los de mayor escala. La reforma del Estado debe servir, al final, para contar con administraciones más eficientes. No sólo para prestar más servicios con menos recursos, sino para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos y las empresas, que son las que crean empleo.

Hace unos días apareció en la prensa el testimonio de un emprendedor que, para montar una bodega en un pueblo de la provincia de Cádiz, tardó tres años en realizar los trámites, necesitó autorizaciones de los cuatro niveles de la Administración, mantuvo contactos y reuniones con 31 funcionarios y gastó más de 10.000 euros en trámites. La historia sería cómica si no fuera por la dramática situación que vivimos. Se podría afirmar que es un caso singular. No lo es. Hace unas semanas que el Banco Mundial publicó el informe Doing Business 2013. De los 179 países analizados, España aparece en el lugar 136 en cuanto a dificultades y complejidad para abrir un negocio. La reducción de todos esos costes, en dinero y en tiempo, resulta fundamental para no desanimar a los pocos emprendedores que hoy se arriesgan a iniciar un negocio y crear empleo.

La reforma del Estado, en consecuencia, no puede hacerse con una perspectiva exclusivamente jurídica o política. Si no se facilitan los trámites, se eliminan arbitrariedades y se suprimen actos innecesarios, obviando, en su caso, la intervención de una o varias administraciones, de manera que los procesos que involucran a actividades económicas sean mucho más eficientes, no se estará contribuyendo a que la actividad privada ayude a salir de la dramática situación en la que nos encontramos.

La nueva reforma financiera

La reciente nacionalización de BFA, el banco matriz de Bankia, sin duda un importante paso hacia la solución de los graves problemas de un grupo de tan elevada dimensión, ha abierto el camino a un nuevo plan de reforma financiera, por el cual el Gobierno obliga a los bancos y cajas a aumentar las provisiones que cubren el riesgo de sus activos inmobiliarios (construcción y promoción) considerados sanos o en situación normal (es decir, los no clasificados en las categorías de adjudicado, dudoso, o subestándar), que en el marco recesivo actual han perdido y perderán parte de su valor. La cantidad total estimada a provisionar se sitúa en el entorno de 28.000 millones de euros, pero variará finalmente en función de los resultados que ofrezca la valoración de las carteras de crédito de las entidades financieras que el Gobierno ha acordado encargar a dos consultores independientes (que no se enfrentan a una tarea fácil, dada la parálisis del mercado inmobiliario). Esta cantidad, se añade a la aún pendiente de desembolsar por las entidades para acomodarse a las exigencias del reciente RDL de 2 de febrero, que se cifra en 24.000 millones.

Como estas cifras provocarán pérdidas en algunas entidades, se prevé la intervención del FROB para cubrirlas, con aportaciones de capital, y sobre todo, con préstamos (cocos). El Gobierno espera que la necesidad total de fondos públicos no supere los 15.000 millones de euros, pero esto no parece nada fácil. En efecto, en un informe elaborado hace dos semanas por Analistas Financieros Internacionales (AFI), se avanza una previsión de resultados para las entidades financieras en este año de 27.000 millones de euros, antes de atender a las provisiones requeridas,  de lo que se desprende que las aportaciones del FROB deberán ser sensiblemente superiores a las anunciadas.

Además, las cifras mencionadas no contemplan el posible deterioro en el valor de otros activos no inmobiliarios (cuyo su riesgo será también evaluado por los analistas independientes) a lo largo de este año y del próximo. En este sentido, en el mencionado informe de AFI, se estima una necesidad adicional de provisiones de otros 30.000 millones para cubrir créditos a empresas y familias. También los activos inmobiliarios adjudicados, que serán trasladados obligatoriamente a nuevas sociedades inmobiliarias de liquidación (denominadas Sociedades de Gestión de Activos), pueden sufrir mermas sobre “el valor razonable” de transmisión, que afectarán a las cuentas de resultados de los bancos, a los que estas sociedades podrán seguir vinculadas durante tres años.

Por todo ello, no está claro que la nueva reforma vaya a despejar todas las dudas de los mercados y de las autoridades comunitarias con respecto a la solvencia de las entidades financieras españolas, ni que el recurso al FROB no vaya a ser finalmente mucho mayor. En todo caso, es una ventaja que se haya abierto la puerta a una ampliación de las intervenciones de este organismo,  que debería haber desempeñado un mayor papel en la reforma financiera desarrollada hasta ahora. Tampoco está claro que se garantice la recuperación de las aportaciones públicas a las entidades con problemas, que pueden tener dificultades para devolver los préstamos y ver reducirse el valor de sus acciones. Este hecho hace temer con razón la posibilidad de un impacto negativo de la nueva reforma sobre el deficit público, que inevitablemente se compararía con la política seguida de recorte en gastos sociales, de educación y de sanidad. Pero de producirse ese impacto negativo, se diferirá en el tiempo. Por último, el uso preferente de préstamos supone que los equipos de gestión de las entidades que requerirán ayuda son los adecuados, pero no hay que descartar el que no sea así en algunos casos, y por tanto, que los préstamos no hayan de ser convertidos en acciones más adelante y remodelados los equipos gestores.

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