Buscando la salida

“Solo el bien es silencioso”, sentenció sabiamente en alguna ocasión Goethe, y conviene recordarlo especialmente cuando el ruido amenaza con ensordecernos. El ruido de los  datos que antes de ser analizados se utilizan como dardos punzantes, el ruido de las protestas ritualizadas y el de quienes a su alrededor solo quieren contemplar un paisaje devastado.

Ha sido el trabajo silencioso de miles de empresas españolas lo que ha contribuido a conseguir un logro que tiene muy pocos precedentes: el saneamiento exterior de una economía que se deslizaba sin frenos hacia cifras más que alarmantes de déficit por cuenta corriente. Diez puntos porcentuales se han recuperado un tiempo que se puede contar por meses, para terminar el ejercicio de 2012 acomodando el gasto a la renta producida, después de tres lustros en que ha necesitado cuantiosa financiación exterior. Probablemente, nunca tanto en tan poco tiempo, resultado de la suma del esfuerzo exportador y de la contracción de la demanda de importaciones. Una corrección excepcional del déficit exterior que se ha hecho sin disponer de instrumentos monetarios y cambiarios. No se puede regatear el mérito, como subraya el Consejo Empresarial para la Competitividad en su informe del pasado mes de marzo, “España, un país de oportunidades”, soporte de la campaña que, contrarrestando la nula capacidad comunicativa del gobierno, han emprendido los presidentes de algunas de nuestras mayores empresas por las principales capitales financieras para airear las posibilidades de la economía española.

Reconocer lo logrado no supone, en todo caso, desconocer y los problemas que subsisten. Desde el lado del gasto, las cosas son meridianas. El ajuste ha recaído muy duramente sobre el sector privado de la economía, soportándolo mucho más levemente el público; además, el limitado ajuste en éste ha escogido el camino más llano: aumentos impositivos, reducciones del salario de funcionarios y recortes lineales en ciertas partidas presupuestarias, medidas todas ellas que no pueden garantizar una contención del gasto sostenida en el tiempo. Esto requiere abordar con rigor la reforma de la estructura de las Administraciones públicas y la revisión de aspectos sustanciales (comenzando por el sistema de pensiones) del Estado del bienestar. Reformar es más difícil que recortar y además exige más coraje político. Téngase en cuenta que el sector privado ha aportado ahorro neto a la economía desde 2009, mientras el público ha seguido necesitando financiación. También en el mercado de trabajo hay huellas evidentes de que el esfuerzo relativo ha estado muy mal repartido: el sector privado ha perdido casi cuatro millones de puestos de trabajo desde comienzos de 2008; en cambio, las Administraciones públicas tenían a finales de 2012 varios cientos de miles de empleos más que en la fecha mencionada.

Para decirlo muy resumidamente: la economía española está en la senda que conduce a la salida de la crisis. Pero encontrarla exige ahora una rectificación en la política de ajuste, situando en el centro la reforma profunda de la organización interna de las Administraciones, y poniendo manos a la obra sin demora y perseverantemente, con el respaldo de la ejemplaridad y la palanca de la pedagogía social, cuyas ausencias son hoy un poderoso factor de desmoralización ciudadana (sobre el tema, véase Círculo Cívico de Opinión, Posiciones, 13 de mayo de 2013: http://www.circulocivicodeopinion.es).

Fuentes Quintana en 1977, contando la crisis de 2007-2013

Acaba de salir hoy un artículo en el Confidencial de JA Zarzalejos recordando la clarividencia del profesor Fuentes Quintana al explicar a los tres días de tomar posesión de su cargo como Vicepresidente Económico del Gobierno de Suárez en 1977 las bases de su programa económico. Dada la especial relación que siempre hemos mantenido los miembros de ALdE con el profesor Fuentes creo que puede resultar de interés recordar el video de su alocución. Como nos dice Zarzalejos: “No podemos ni debemos suponer que el futuro está escrito en el ayer, pero el pasado puede alumbrar algunos episodios del presente. Fuentes Quintana con esos magistrales, sinceros, sencillos y claros 16 minutos de exposición se ganó a la opinión pública en 1977 y fue el prólogo de intenciones para conseguir cuatro meses después los históricos Pactos de la Moncloa. En un cuarto de hora, se salvó sicológicamente la crisis. En la situación de entonces y de ahora hay un cierto paralelismo. No en las personas y menos en las actitudes y los discursos. Aún en las peores coyunturas un dirigente político -sea de la orientación ideológica que sea- ha de tener el patriotismo bien entendido de decir la verdad, hacerlo con humildad y empatía y aglutinar voluntades. En estos tiempos de desolación, el recuerdo de discurso de Fuentes Quintana en junio de 1977 se agiganta como referencia ineludible.” Que lo disfrutéis.

Vídeo

Volver a empezar

Hay que pisar fuerte el acelerador de las reformas: seis millones de parados nos contemplan en un escenario público repleto de esa planta invasiva y letal que es la corrupción. El tiempo vale ahora más que nunca. Deben aprovecharse los signos positivos registrados en las últimas semanas, tanto a escala europea, en particular en los países periféricos (mejores condiciones en la colocación de bonos, incremento de los flujos de capital, aumento de los depósitos bancarios…), como en la economía española, especialmente el sostenido esfuerzo de internacionalización por parte de las empresas y el alivio que en su carga financiera han encontrado las mayores de ellas, dos hechos que se suman a los excelentes datos que suministra la balanza comercial.

Conviene, dicho de otro modo, reducir cuanto antes la poblada sala de espera de los proyectos de reforma que constituyen precondiciones para impulsar el crecimiento o que pueden, cuando menos, coadyuvar a la recuperación de ciertos ritmos de actividad. En algunos casos, además, su aplicación no tendrá más costes que los políticos de remover situaciones de poder o influencia establecidas. Tres, al menos, reúnen esas características: reforma de la Administración, liberalización de los servicios profesionales y unidad de mercado. Los tres pueden considerarse con razón fundamentales en el sentido apuntado, los tres fueron anunciados como prioritarios bastantes meses atrás y los tres presentan beneficios potenciales muy altos sin que su implementación obligue a desembolsos mínimamente apreciables. Es el momento de sacarlos adelante.

Por fortuna, enero se ha despedido con la aprobación por el Consejo de Ministros del tercero de los citados, el proyecto de ley de unidad de mercado, cuyo objetivo —según la referencia oficial—es eliminar las trabas que supone la existencia de 17 normativas autonómicas distintas con “mas de 100.000” normas legales concernientes al comercio promulgadas desde 1978. La nueva ley podrá elevar en 1,52 puntos el PIB en diez años, un 0,15 por ciento lineal al año, 1.500 millones de euros, según estudios del Ministerio de Economía y Competitividad.

Se trata de poner coto, en definitiva, a la incesante atomización de nuestro mercado interior y a esa vertiginosa fragmentación normativa propiciada por la “dinámica centrífuga” del Estado de las Autonomías, cuyo principio rector, a su vez, ha sido el “afán diferenciador”. Un frenesí regulatorio que va del derecho urbanístico a los servicios de salud, de la gestión aeroportuaria a la del medio ambiente, y que, a pie de tienda, ofrece una pléyade de reglamentaciones distintas en lo tocante a horarios comerciales, etiqueta del producto o especificaciones que debe incorporar para que su venta sea autorizada. Un auténtico disparate, diciéndolo en román palatino, que no puede sino retraer el emprendimiento. De ahí que las Cámaras de Comercio hayan saludado la iniciativa gubernamental como un “paso decisivo” para la libre circulación de bienes y servicios, con potencialidad para reducir “el coste regulatorio”, liberar inversión y facilitar la creación de empresas y la generación de empleo”. Es, en definitiva —permítaseme señalarlo—, como volver a empezar, ya que la creación del mercado nacional, con un grado creciente de articulación y porosidad internas, fue la gran tarea emprendida y ejecutada durante el siglo XIX. Vivir para ver.

Las cosas que la Universidad debe cambiar, por Mariam Camarero

Nuestra compañera Mariam Camarero publicó en EL PAIS el pasado 15 de enero el siguiente artículo sobre cambios futuros en la universidad. Dado que se acercan las Jornadas de Docencia sobre Economía organizadas por ALdE y tendremos oportunidad de debatir sobre distintos aspectos de la política universitaria, os reproduzco a continuación el texto del artículo, por si os puede resultar de interés (food for thought…) Más

Paul De Grauwe: Doctor Honoris Causa por la Universitat de València (I)

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Como sabeis muchos de vosotros, he estado fuera de juego durante los últimos tiempos, pero prometo intentar volver a ser más activo en bAG. El pasado viernes 30 de noviembre, Paul De Grauwe fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Tanto los padrinos (Vicent Soler y yo mismo) como una parte de los acompañantes  (Mariam Camarero y Rafa Myro ) son miembros de  ALdE. El acto coincidió con el último día del IX Inteco Worshop on Economic Integration organizado por el Grupo de Investigación en Integración Económica (INTECO). Por tanto, Paul estuvo acompañado de un buen número de colegas, tanto de la UV como de otras universidades. Tuve el honor de realizar la “laudatio” . Dado que un buen número de compañeros me la ha solicitado. Os la incluyo como texto de esta entrada para todos aquellos interesados en conocer mejor las aportaciones de Paul De Grauwe. Más

Economía y reforma del Estado, por Rogelio Velasco, IE Business School

Con intensidad variable y discontinua, durante los últimos años asistimos a debates políticos en torno a la reforma de las administraciones públicas, con dos temas recurrentes: la descentralización y los solapamientos en las actividades de las administraciones. Este proceso parece haber seguido más bien una lógica de lucha por el poder que una racionalidad basada en criterios de organización, capacidades y prestación de mejores servicios a ciudadanos y empresas. No toda la responsabilidad en los defectos que ahora podamos observar recae en las comunidades autónomas. En numerosas ocasiones, la Administración Central se ha inhibido en los procedimientos legales para dar racionalidad al proceso, argumentando que eran temas ya transferidos a las autonomías, con lo que cada una ha legislado como mejor le ha parecido.

El resultado es que nos encontramos en los aspectos relacionados con la regulación de las actividades económicas, con una legislación confusa que ha proliferado extraordinariamente y que varía entre territorios. Además de las dos administraciones públicas de mayor peso, las diputaciones conservan aún algunas funciones, a lo que se añade la actividad de los ayuntamientos que, en materia de regulación de la actividad económica, mantienen competencias muy importantes.

La crisis no debe ser una excusa para prestar sólo atención a los problemas hacendísticos. No saldremos de la actual situación arreglando únicamente los problemas por arriba. Si los aspectos microeconómicos no mejoran, no resolveremos los de mayor escala. La reforma del Estado debe servir, al final, para contar con administraciones más eficientes. No sólo para prestar más servicios con menos recursos, sino para hacerle la vida más fácil a los ciudadanos y las empresas, que son las que crean empleo.

Hace unos días apareció en la prensa el testimonio de un emprendedor que, para montar una bodega en un pueblo de la provincia de Cádiz, tardó tres años en realizar los trámites, necesitó autorizaciones de los cuatro niveles de la Administración, mantuvo contactos y reuniones con 31 funcionarios y gastó más de 10.000 euros en trámites. La historia sería cómica si no fuera por la dramática situación que vivimos. Se podría afirmar que es un caso singular. No lo es. Hace unas semanas que el Banco Mundial publicó el informe Doing Business 2013. De los 179 países analizados, España aparece en el lugar 136 en cuanto a dificultades y complejidad para abrir un negocio. La reducción de todos esos costes, en dinero y en tiempo, resulta fundamental para no desanimar a los pocos emprendedores que hoy se arriesgan a iniciar un negocio y crear empleo.

La reforma del Estado, en consecuencia, no puede hacerse con una perspectiva exclusivamente jurídica o política. Si no se facilitan los trámites, se eliminan arbitrariedades y se suprimen actos innecesarios, obviando, en su caso, la intervención de una o varias administraciones, de manera que los procesos que involucran a actividades económicas sean mucho más eficientes, no se estará contribuyendo a que la actividad privada ayude a salir de la dramática situación en la que nos encontramos.

La nueva reforma financiera

La reciente nacionalización de BFA, el banco matriz de Bankia, sin duda un importante paso hacia la solución de los graves problemas de un grupo de tan elevada dimensión, ha abierto el camino a un nuevo plan de reforma financiera, por el cual el Gobierno obliga a los bancos y cajas a aumentar las provisiones que cubren el riesgo de sus activos inmobiliarios (construcción y promoción) considerados sanos o en situación normal (es decir, los no clasificados en las categorías de adjudicado, dudoso, o subestándar), que en el marco recesivo actual han perdido y perderán parte de su valor. La cantidad total estimada a provisionar se sitúa en el entorno de 28.000 millones de euros, pero variará finalmente en función de los resultados que ofrezca la valoración de las carteras de crédito de las entidades financieras que el Gobierno ha acordado encargar a dos consultores independientes (que no se enfrentan a una tarea fácil, dada la parálisis del mercado inmobiliario). Esta cantidad, se añade a la aún pendiente de desembolsar por las entidades para acomodarse a las exigencias del reciente RDL de 2 de febrero, que se cifra en 24.000 millones.

Como estas cifras provocarán pérdidas en algunas entidades, se prevé la intervención del FROB para cubrirlas, con aportaciones de capital, y sobre todo, con préstamos (cocos). El Gobierno espera que la necesidad total de fondos públicos no supere los 15.000 millones de euros, pero esto no parece nada fácil. En efecto, en un informe elaborado hace dos semanas por Analistas Financieros Internacionales (AFI), se avanza una previsión de resultados para las entidades financieras en este año de 27.000 millones de euros, antes de atender a las provisiones requeridas,  de lo que se desprende que las aportaciones del FROB deberán ser sensiblemente superiores a las anunciadas.

Además, las cifras mencionadas no contemplan el posible deterioro en el valor de otros activos no inmobiliarios (cuyo su riesgo será también evaluado por los analistas independientes) a lo largo de este año y del próximo. En este sentido, en el mencionado informe de AFI, se estima una necesidad adicional de provisiones de otros 30.000 millones para cubrir créditos a empresas y familias. También los activos inmobiliarios adjudicados, que serán trasladados obligatoriamente a nuevas sociedades inmobiliarias de liquidación (denominadas Sociedades de Gestión de Activos), pueden sufrir mermas sobre “el valor razonable” de transmisión, que afectarán a las cuentas de resultados de los bancos, a los que estas sociedades podrán seguir vinculadas durante tres años.

Por todo ello, no está claro que la nueva reforma vaya a despejar todas las dudas de los mercados y de las autoridades comunitarias con respecto a la solvencia de las entidades financieras españolas, ni que el recurso al FROB no vaya a ser finalmente mucho mayor. En todo caso, es una ventaja que se haya abierto la puerta a una ampliación de las intervenciones de este organismo,  que debería haber desempeñado un mayor papel en la reforma financiera desarrollada hasta ahora. Tampoco está claro que se garantice la recuperación de las aportaciones públicas a las entidades con problemas, que pueden tener dificultades para devolver los préstamos y ver reducirse el valor de sus acciones. Este hecho hace temer con razón la posibilidad de un impacto negativo de la nueva reforma sobre el deficit público, que inevitablemente se compararía con la política seguida de recorte en gastos sociales, de educación y de sanidad. Pero de producirse ese impacto negativo, se diferirá en el tiempo. Por último, el uso preferente de préstamos supone que los equipos de gestión de las entidades que requerirán ayuda son los adecuados, pero no hay que descartar el que no sea así en algunos casos, y por tanto, que los préstamos no hayan de ser convertidos en acciones más adelante y remodelados los equipos gestores.

Plan y liderazgo

Ha llegado la hora de la verdad, como si se tratara de “las cinco en punto de la tarde” del memorable poema de Lorca. La credibilidad exterior de España y la confianza de la sociedad española en sus propias capacidades necesitan perentoriamente que se haga lo que tiene que hacerse, por decirlo al modo del presidente Rajoy. No se debe esperar más. Liberado de servidumbres electorales —ha habido que esperar para ello tres meses: otro episodio más de la interferencia perniciosa del fragmentado calendario electoral español en la política económica—, el Gobierno debe proceder con determinación. Cada uno a su manera, es lo que se le pide desde fuera y desde dentro: Comisión Europea y mercados internacionales (nuestros prestamistas, no se olvide); también una mayoritaria opinión pública y el propio titular de la Corona. Sin tinte alguno de catastrofismo, debe decirse que la situación actual evoca un cierto “estado de necesidad” nacional, que exige una estrategia reformista definitivamente articulada y operativa. El Gobierno no ha estado cruzado de brazos en sus primeros cien días, pero sólo en el flanco de la reforma laboral ha aportado novedades sustanciales. El resto ha sido más de lo mismo (reforma financiera y recorte de gasto) o táctica de cuentagoteo (desde la dación en pago y el sueldo de los banqueros intervenidos, a la reestructuración de los órganos regulatorios, el microcrédito a ayuntamientos y comunidades autónomas o la misma ley de trasparencia).

Eso ya no es suficiente. Los Presupuestos deben actuar de rampa de lanzamiento, y los próximos meses serán decisivos. El tiempo disponible se agota y lo que no se haga en este próximo tramo de la legislatura —hasta el final del año en curso, no más— será muy difícil hacerlo después, si se nos diera, que es probable que no, otra oportunidad. Así es de seria la situación.

El Círculo Cívico de Opinión, uno de los foros de la sociedad civil creado recientemente para alentar planteamientos y medidas que ayuden a encarar lo que tiene mucho de encrucijada histórica, lo ha manifestado con claridad en un reciente Documento con el mismo rótulo que encabeza esta página. Uno de sus primeros párrafos merece reproducirse: “es decisivo que las reformas se planteen desde el principio en su integridad, enmarcadas en un plan que contenga un diagnóstico claro, una evaluación de las dificultades y los sacrificios a realizar y un horizonte de esperanza. Con independencia de que las medidas hasta ahora adoptadas, tomadas una a una, vayan en la dirección adecuada, resultan fragmentarias a los ojos de unos ciudadanos que necesitan conocer el camino que transitan para recuperar la confianza. Urge actuar, pero urge también explicar. La pedagogía es más necesaria que nunca cuando las reformas requeridas son radicales y el margen de maniobra para aplicar paliativos, reducido. También la ejemplaridad es imprescindible, pues es un componente de la propia pedagogía. En momentos como el presente se requiere un liderazgo fuerte que convenza con explicaciones e imponga la ejemplaridad. El Presidente del Gobierno ha asumido personalmente la dirección de la política económica y debe ejercer de forma continuada ese liderazgo, dirigiéndose al pueblo español, sujeto de los sacrificios que se reclaman, y no sólo a los representantes parlamentarios”.

REFORMAS ESTRUCTURALES Y DEPRESIVAS

El gobierno ha definido los tres ejes sobre los que girarán las principales actuaciones de su política económica. Se trata de reformas de gran significación sobre ámbitos esenciales de la economía española: presupuestos de las Administraciones Públicas, sistema bancario y mercado de trabajo. Los cambios no tienen vocación de transitorios, sino que muy previsiblemente alterarán la conformación de la economía de forma permanente. Son reformas estructurales, en la más ambiciosa de las acepciones. Pero serán depresivas a corto plazo y dificultarán el saneamiento de las finanzas públicas. Más

La PAC: ¿Qué hay de nuevo…..viejo?, por Josefa García Grande

A propósito de la nueva reforma de la PAC planteada hace algunos unos meses, le hemos pedido a la profesora Josefa García Grande, de la Universidad de Alcalá de Henares, que nos introduzca brevemente en los principales aspectos del debate, y nos ha enviado esta esclarecedora entrada que le agradecemos.

Desde hace casi treinta años, la Unión Europea viene reformando la que fue, hasta finales de la década de 1990,  su política más señera, la más amplia, la más compleja y controvertida, la más “común” y la que ha contribuido, tal vez como ninguna otra, a construir Europa: la Política Agraria Común (la política monetaria está por ver si construye o decostruye Europa).

Si en el mundo financiero los sobresaltos son diarios, con reuniones de los líderes europeos semana si y semana también (bilateral, trilateral o multilateralmente…….hagan combinaciones y permutaciones de los elementos que consideren pertinentes) para comunicarnos a los sufridores ciudadanos qué mal van las cosas, las soluciones que proponen, pero no disponen, y vuelta a reunirse para empezar la rueda de soluciones “definitivas”, en el sector agrario sus actores  tienen ya mucha experiencia en lo que es reformar, para volver a reformar, eso si, de forma un poquito más espaciada: más o menos cada 4-6 años toca una reforma en “profundidad” de la PAC.

La dinámica de esas reformas suele ser, de forma muy sintética,  la siguiente: la Comisión anuncia  que circunstancias (diversas) aconsejan reformar la política agraria, y a partir de ahí se elaboran por su parte, por parte del Parlamento, los Estados Miembros, las instituciones y distintos especialistas documentos de reflexión. La Comisión hace su propuesta tomando como base esos documentos; a continuación se presenta al Consejo y finalmente se aprueba  por los ministros o, si la cosa se pone complicada, por los Jefes de Estado o Gobierno de los 27 (la que ahora está en curso será la primera que deberá ser  aprobada también  por el Parlamento Europeo). Entre la propuesta de la Comisión y la reforma que finalmente sale adelante, suele haber diferencias sustanciales.

El pasado verano la Comisión presentó una Comunicación al Parlamento en la que se marcaban objetivos y líneas directrices, muy generales, sobre la nueva reforma de la PAC,  y el 12 de octubre hizo pública su Propuesta. A partir de ahí se inicia ahora un periodo de negociaciones que debería culminar a finales de 2012.

¿Y qué novedades presenta la reforma? Repasemos algunos de sus aspectos más importantes; revisarlos todos requeriría de un espacio impropio de este formato y cansaría innecesariamente al lector.

Dice la Comisión que uno de los objetivos de la reforma es contribuir a la renta agrícola. En el artículo 39 de la redacción primitiva del Tratado de Roma se decía, hace ya más de medio siglo,  que uno de los objetivos de la PAC era proporcionar un nivel de vida equitativo a la población rural, y  en la reforma de 1999, enmarcada en  la Agenda 2000, que su propósito era asegurar un nivel de vida adecuado a la población del medio rural.  Pues bien, como se ve,  el objetivo es reiterativo, no hay nada de nuevo en esta reforma. Y si esto es así, sin duda, se debe a que la PAC ha sido incapaz de alcanzar lo que debía haber sido una de sus prioridades (la renta media de la población rural es, actualmente, la mitad de la del resto de la población  y la de los agricultores un 40%).

Es una reivindicación histórica del sector que las ayudas de la PAC  lleguen sólo a los “agricultores”. Se han ido definiendo diversas figuras al respecto: los ATP (Agricultores a Título Principal), Agricultores Profesionales y ahora llega la figura de Agricultor Activo ¿Y a quién se considera agricultor activo? Pues a aquel “cuyas rentas agrarias representen, al menos,  el 5% de los ingresos totales de todas las actividades no agrícolas”. Es decir, casi todo el que tenga un huerto en su pueblo es considerado como agricultor ¿Algo nuevo respecto hace treinta años? Nada. Las ayudas seguirán llegando prácticamente a los de siempre.

También se ha solicitado reiteradamente por profesionales, académicos y organizaciones agrarias que las ayudas de Bruselas se modulen de tal forma que un  “agricultor” no pueda recibir, como ahora ocurre, por ejemplo con una popular “casa de la nobleza española” algo más de 3.000.000 de euros en subvenciones, aunque sea perfectamente legal  (si eso parece un disparate  ¿Qué opinión merece que la reina de Inglaterra cobre subvención por los cisnes que graciosamente nadan en el Reino Unido?). Pues bien, se propone ahora una reducción en las ayudas de aquellas explotaciones que reciban más de 150.000 euros y un límite a la subvención por perceptor de 300.000 euros. En 1999, en la minireforma que se propuso ese año, ya se pretendió establecer ese límite, pero algo más de dos lustros después, se sigue sin aplicar esa modulación, sino otra tan descafeinada, que no vale la pena mencionar ¿Algo nuevo en la reforma?………nada reseñable.

Qué más hay en la propuesta de la Comisión: potenciar la competitividad, ayudas a las zonas frágiles o con limitaciones especiales, simplificar la gestión de esta política, ayudas agroambientales, estímulo al empleo e instalación de jóvenes agricultores…………..hay que insistir…………… mismos perros con distintos collares.

Si podría entenderse como una novedad la mención que se hace sobre la necesidad de  acortar y mejorar la cadena de distribución (absolutamente necesario) y sobre  crear instrumentos ágiles de gestión de  crisis; eso si, para que estos entren en funcionamiento se necesitará la codecisión de Comisión y Parlamento; dicho en otras palabras, para cuando se pongan en marcha, la crisis hará tiempo que estará superada.

También hay una novedad significativa sobre los que se ha denominado  greening, de tal forma que el 30% del Pago Básico (hasta ahora se llamaba Pago Único) sólo se cobrará si se cumple con alguna de las siguientes condiciones: que se practique la diversificación de cultivos (al menos tres por explotación; viva la especialización!!!!), se mantengan áreas forestales o áreas de interés ecológico; entre estas últimas se encuentran los setos (si, si, han leído bien………pero lean entre líneas y piensen de nuevo en el Reino Unido).

Y en España, ¿cómo se ha reaccionado ante esta propuesta? Pues, aparte de  tarde, todos a una…….defendiendo el Pago Básico/Único sobre la base de derechos históricos, es decir, tal y como está establecido en la actualidad.  Repasen las hemerotecas, las revistas especializadas, los documentos oficiales y verán que cosas (y con razón) se decían tras la reforma de 1992, 1999, 2003 contra la forma de calcular ese Pago Único (teniendo en cuenta rendimientos ó ayudas históricas que perjudicaban notablemente a España),  y si entienden ahora esa defensa ministerial, autonómica  y de las organizaciones agrarias del Pago Básico sobre la base de derechos históricos, por favor, contacten conmigo.

En definitiva, esta reforma se negociará sobre la base de intereses nacionales cortoplacistas, mirando lo que se gana/pierde en términos presupuestarios, pero sin ninguna visión de largo plazo, sin una verdadera hoja de ruta ni estrategia nacional (europea)  que potencie un sector competitivo y que vaya un poco más allá de 2020 cuando ya se habrá aprobado otra nuevieja reforma. Lo dicho, nada nuevo……..,viejo.

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