Ni tantos ni tan calvos, por Carmen Ródenas y Mónica Martí

Las profesoras de la Universidad de Alicante Carmen Ródenas y Mónica Martí, conocidas especialistas en migraciones y mercado de trabajo, nos envían esta interesante entrada sobre el tema crucial de la emigración de españoles provocada por la crisis económica.

En su artículo del 17/1/2014 titulado “¿A cuántos españoles ha expulsado la crisis?, El País se hacía eco de la supuesta discrepancia existente entre los demógrafos españoles acerca de la intensidad de la emigración al extranjero como resultado de la crisis económica. Para alguien no experto, las diferencias en las cifras facilitadas para el periodo 2008-2012 son realmente alarmantes: desde apenas unas 40.000 personas (González-Enríquez), hasta 225.000 (INE) o 700.000 (González-Ferrer) salidas. Pero todo (o casi) tiene su explicación, y es necesario aclarar al menos dos cuestiones.
En primer lugar, que el número de emigrantes no es lo mismo que el número de movimientos migratorios que pueden hacer esas mismas personas. La cifra de González-Enríquez procede del Padrón de Españoles en el Extranjero (PERE), que mide el número de personas que residen fuera del país y no sus movimientos migratorios. En concreto, el dato de 40.000 se refiere al crecimiento neto de los españoles nacidos en España que, entre 2008 y 2012, se han inscrito como residentes en el extranjero. Es evidente que esta cifra no se puede comparar directamente con el flujo de 225.000 salidas o movimientos de españoles con destino exterior que se atribuyen al INE, por tres sencillas razones: se computan movimientos y no personas, se incluye a todos los españoles independientemente de su lugar de nacimiento y, finalmente, no se descuentan los retornos. Si se calcula el flujo neto (salidas menos entradas) exclusivamente de los españoles nacidos en España, se alcanza una cifra significativamente menor: 68.676 salidas netas según la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) ó 84.060 según la Estadística de Migraciones (EM). Por tanto, la primera cuestión, la enorme diferencia entre personas y movimientos, queda razonablemente matizada.
En segundo lugar, tanto el PERE como la EVR no pueden reflejar más allá de las bajas por emigración al extranjero cuando éstas son comunicadas por los interesados al correspondiente Registro de Matrícula Consular, para lo que se les exige una prueba de residencia legal en el país (permiso o certificado de residencia) y lo que supone la pérdida de derechos asociados al empadronamiento en España. Por tanto, es más que probable que los datos españoles infravaloren la emigración al exterior. Por eso, hay que ver lo que dicen las fuentes estadísticas de los países de destino. Y aquí es donde vienen las pegas. Las 700.000 salidas estimadas por González-Ferrer se establecen a partir de la información fundamentalmente de dos países: Reino Unido y Alemania. Para el primero se utilizan las nuevas solicitudes de un número de la seguridad social (National Insurance Number, NINo) que puede realizar todo extranjero adulto a su llegada al Reino Unido sólo por tener la intención de trabajar allí. En Alemania se recurre a las inscripciones (Anmeldungen) en el registro de población del municipio. Es muy fácil registrarse ya que sólo se necesita un pasaporte y una prueba de residencia habitual (por ejemplo, un contrato de alquiler o un escrito del arrendador) y, a veces, hasta ha habido previsto un “dinero de bienvenida” para los estudiantes. Se trata de un trámite imprescindible para las gestiones de la vida diaria (como adquirir una tarjeta para un teléfono móvil o abrir una cuenta bancaria) y, además, las autoridades alemanas, controlan con celo las inscripciones. No disponer del certificado o no tenerlo actualizado puede acarrear multas.
Ambas fuentes tienen en común que la visibilidad estadística de los extranjeros recién llegados es muy elevada. Y la pregunta es si todos esos registros corresponden a emigrantes reales. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido cualquier español mayor de 16 años podría solicitar un NINo a su llegada al país, independientemente de la duración y el motivo de su estancia (por ejemplo, aunque simplemente vaya estudiar inglés). Los NINo no expiran y como tampoco se exige el des-registro a la salida, es dudoso que esta estadística dé cuenta cabal del número de emigrantes españoles que realmente permanece en -y no que ha pasado por- el país. Algo parecido sucede en Alemania, donde sí existe la obligación de cancelar la inscripción (Abmeldung) en el registro de población cuando se abandona el territorio. Pero, mientras que son muchos los incentivos para “anmeldarse” al llegar, no existen para hacer el Abmeldung al salir (especialmente, si no se piensa volver a Alemania); por lo que para las autoridades -y en las estadísticas- alemanas se sigue residiendo en el país. Por tanto, la segunda cuestión, la llamativa diferencia entre fuentes nacionales y extranjeras, también queda razonablemente matizada.
Para concluir. Hay que tener en cuenta que el fenómeno migratorio se ha ido transformando aprovechando las ventajas de la globalización en las comunicaciones y el transporte, mientras que la capacidad de las fuentes estadísticas para captar estos nuevos tipos de movilidad cada vez es menor. El coste (personal y monetario) de emigrar hoy en día es muchísimo menor que en los años sesenta, por eso, muchas salidas son decisiones de emigración provisionales. Son migraciones looking for a chance que, desde luego, sólo si al final hay éxito (encontrar un trabajo estable, formar una familia…) emergen en las fuentes españolas. Hay una posibilidad para estimar este tipo de movilidad. Y es muy sencilla: los consulados españoles también recogen las declaraciones como “no residentes” que pueden hacer los españoles que se trasladan temporalmente al extranjero -incluidos los estudiantes-. Si esta información se incluyera en las fuentes españolas como una categoría adicional (movilidad temporal, por ejemplo), buena parte de la subestimación de las cifras españolas de flujos desaparecería. Si, junto a esto, se avanzara para interconectar las instituciones nacionales productoras de la información estadística -al menos, en el marco de la UE-, los registros de población domésticos se podrían depurar al confirmar, por ejemplo, que la misma persona está simultáneamente inscrita como residente en dos países. Hasta que no se haga esto, poca certeza habrá de estar trabajando con datos fidedignos. Y no se entiende por qué, contando con los recursos tecnológicos necesarios, la producción de información estadística ha quedado al margen del mundo globalizado.

La tasa de ocupación y la tasa de actividad desde el inicio de la crisis financiera internacional: ¿Cómo afectan a largo plazo a la renta per cápita de EE.UU.?

El crecimiento económico a largo plazo puede ser aproximado por la evolución de la renta per cápita, macromagnitud que depende de la evolución de tres factores (los dos primeros económicos y el último demográfico):

PIB/población total = (PIB/población ocupada) x (población ocupada/población activa) x (población activa/población total)

 o equivalentemente [1]:

 renta per per cápita = productividad aparente del trabajo x tasa de ocupación x tasa de actividad

 La evolución de la tasa de ocupación y de la tasa de actividad de la economía americana desde el inicio de la crisis financiera internacional en 2008 es muy negativa, lo que está condicionando el crecimiento actual y potencial de los EE.UU., puesto que el crecimiento de la productividad aparente del trabajo (véase dos primeros gráficos; hacer click sobre los mismos para verlos más grandes) no ha podido compensar la caída de estas dos ratios. El resultado es la caída inicial y el estancamiento posterior de la renta per cápita desde el inicio de la crisis económica conocida como la Gran Recesión (véase segundo y tercer gráfico).

En los dos siguientes gráficos se presenta la evolución histórica y la reciente, respectivamente, de la tasa de ocupación. El nivel máximo histórico de la ratio se alcanzó en abril del 2000 (un 64,7%) y al comienzo de la crisis de financiera internacional de 2008 se situaba en el 62,9%. Desde 2008 no se ha recuperado y el último dato disponible sitúa a la tasa de ocupación (octubre de 2013) en el 58,3%, el nivel más bajo en 30 años (septiembre de 1983).

Por último, en los dos siguientes gráficos se presenta la evolución histórica y la reciente, respectivamente, de la tasa de actividad. El nivel máximo histórico de la ratio se alcanzó en enero del 2000 (un 67,73%) y al comienzo de la crisis de financiera internacional de 2008 se situaba en el 66,2%. Desde 2008 no se ha recuperado, y el último dato disponible sitúa a la tasa de actividad (septiembre de 2013) en el 63,2%, el nivel más bajo en 30 años (agosto de 1978).

En síntesis, el problema a largo plazo del crecimiento a largo plazo de la renta per cápita de la economía americana es la recuperación de la tasa de ocupación (factor económico) y de la tasa de actividad (factor demográfico).

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[1] La población activa en EE.UU. es la población de 15 años o más que se ha integrado en el mercado de trabajo, es decir, que tiene un empleo o que lo busca de forma activa.

La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2012: el deterioro laboral que no cesa

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística hizo públicos los resultados de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2012 (pueden consultarse aquí los resultados detallados y la nota de prensa del INE). Tal y como era previsible, ha continuado el acentuado deterioro del mercado de trabajo que se viene dando desde el comienzo de la crisis.

Así, se ha prolongado la acusada caída de la ocupación (hay 96.900 ocupados menos que en el anterior trimestre y 836.000 menos que en el año anterior, lo que implica una caída anualizada del empleo del 4,6%), si bien parece ralentizarse ligeramente (en el mismo trimestre del año anterior se destruyeron 146.000 empleos y el empleo caía en términos anuales un 4,84%). En el mismo sentido, continuamos batiendo registros históricos negativos en desempleo tanto en términos absolutos (el número de desempleados se sitúa ahora en torno a los 5,78 millones) como relativos (la tasa de desempleo es del 25,02%, con ciertas regiones, como Andalucía y Extremadura, con tasas que superan el 30%). Esta circunstancia parece que continuará, además, en el futuro cercano, dadas las previsiones generalizadas existentes de contracción del PIB para este año y el que viene.

Lo anterior se produce, por otra parte, en un escenario en el que la población activa está empezando a reducirse de forma sostenida (lo ha hecho por primera vez en los últimos años de forma consecutiva en dos trimestres), si bien de forma muy ligera (hay únicamente 12.900 activos menos que en el anterior trimestre y en tasas interanuales la población activa está cayendo un 0,16%). En este sentido, es interesante constatar que esta reducción se está dando exclusivamente en el caso de los trabajadores inmigrantes (entre los que los activos se han reducido en 55.500 efectivos en el último trimestre, cuando entre los nacionales han aumentado 43.500), por lo que se trata de un fenómeno que no parece estar ligado al efecto desánimo de los trabajadores nativos (el cual hipotéticamente les haría abandonar el mercado de trabajo ante las malas perspectivas laborales), sino más bien al creciente proceso de retorno a sus países de origen que parece estar dándose entre los trabajadores extranjeros.

En otro orden de cosas, resultan muy llamativos ciertos rasgos en la evolución del empleo. El primero es la importante caída que se está produciendo en el empleo del sector público, impulsado por los importantes ajustes presupuestarios en las administraciones públicas españolas. Este fenómeno tiene un carácter relativamente reciente (únicamente comenzó a destruirse empleo público a partir del cuarto trimestre de 2012, años después del comienzo de la crisis económica), pero se está acentuando de forma muy significativa. De hecho, en la actualidad es más acusado que en el sector privado (según los datos del tercer trimestre de la EPA la caída del empleo se sitúa en términos anualizados en el 7,11% en el sector público y en el 4,06% en el sector privado). El segundo rasgo es el aumento contracorriente del empleo de los trabajadores por cuenta propia (65.000 más en el último trimestre). Este aumento se está concentrando en el segmento de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes (éstos han aumentado 56.500 en el último trimestre y 108.000 en el último año) y parece reflejar un creciente recurso al autoempleo ante las pésimas perspectivas laborales. Por último, cabe destacar también la acentuada caída del empleo indefinido (con 179.000 puestos de trabajo menos en el último cuatrimestre), frente al ligero aumento del empleo temporal (15.300 empleos más). Este novedoso patrón de destrucción de empleo centrado en el empleo indefinido contrasta notablemente con el de los años iniciales de la crisis, donde dicha destrucción se concentraba en el empleo temporal, y es muy plausible que se deba a los cambios regulatorios que introdujo la reforma laboral de 2012 facilitando y abaratando el despido.

La Encuesta de Población Activa (segundo trimestre de 2012) y la Encuesta Anual de Coste Laboral 2011

Estos días atrás el INE hizo públicos los resultados de dos encuestas de carácter laboral, la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2012 y la Encuesta Anual de Coste Laboral correspondiente a 2011. El objetivo de esta entrada es comentar brevemente parte de la mucha evidencia de interés que aportan ambas encuestas (en especial la primera) sobre la evolución reciente del mercado de trabajo español.

En el caso de la EPA, se han confirmado los malos augurios sobre el deterioro del mercado laboral (pueden consultarse aquí los resultados detallados y la correspondiente nota de prensa del INE). En términos de evolución del empleo, se produjo en el segundo trimestre de 2012 una destrucción de cerca de 16.000 puestos de trabajo cuando esta época del año ha sido, por motivos estacionales, tradicionalmente propicia para la creación de empleo. La gravedad de esta circunstancia se aprecia con claridad en las cifras desestacionalizadas (la destrucción de empleo asciende a 175.000 empleos al eliminar la estacionalidad) o, alternativamente, en términos interanuales (puesto que hay 885.000 ocupados menos que en el mismo trimestre del año anterior). Por otra parte, el fenómeno no tuvo un carácter homogéneo, ya que la pérdida de empleo afectó en mayor medida a los hombres, los nacionales y a los trabajadores a tiempo completo y con contrato indefinido (la ocupación aumentó ligeramente, por el contrario, en el caso de los extranjeros y los trabajadores a jornada parcial y con contrato temporal). Asimismo, tuvo también una mayor incidencia en los trabajadores asalariados, del sector público y en los sectores de la industria y la agricultura.

Por su parte, la población activa experimentó durante el segundo trimestre de 2012 un cierto aumento (37.600 personas), por lo que el incremento en el número de desempleados (53.000) fue superior al explicado únicamente por la destrucción de empleo. No obstante, cabe destacar que continúa sin observarse una tendencia clara en la evolución de la población activa, ya que durante los últimos trimestres la misma viene alternando indistintamente aumentos y disminuciones, con la tasa de actividad oscilando en torno a un nivel relativamente estable situado en el 60% de la población de 16 y más años. Esta circunstancia explica que el fuerte aumento del desempleo en el último año (859.000) prácticamente coincide con la destrucción de empleo (885.000).

En relación con el desempleo, son numerosos los aspectos a comentar, todos ellos muy negativos. Entre los mismos cabe destacar la muy elevada cifra total de desempleo (situada en torno a los 5,7 millones de desempleados); la progresión imparable del desempleo de larga duración (con cerca de tres millones de personas es esa situación tan penosa) y del desempleo juvenil (con una tasa de desempleo del 52,6% para los menores de 25 años), así como el elevado y creciente número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro (los mismos ascienden a 1,74 millones, habiendo aumentado durante el último año en 370.000 efectivos). Con todo, uno de los aspectos más llamativos del conjunto de los resultados de la EPA del segundo trimestre de 2012 ha sido que la tasa de desempleo (24,63%) ha superado los niveles máximos previos alcanzados durante el primer trimestre de 1994 (24,55%) y, en consecuencia, ha alcanzado su máximo histórico. Debe señalarse, no obstante, que, dado el importante cambio metodológico que se produjo en la EPA en 2002 (con el fin de adaptarse a la normativa europa, este consistió en endurecer los requisitos para la búsqueda activa de empleo que permite ser considerado como desempleado, lo que indujo en la práctica una reducción en la tasa de desempleo de varios puntos porcentuales, según las estimaciones del INE), es muy posible que dicho registro negativo haya sido batido con anterioridad.

En cuanto a la Encuesta Anual de Coste Laboral (EACL), cabe recordar que esta encuesta tiene un carácter complementario de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral y su finalidad es permitir conocer los niveles y la composición del coste laboral medio por trabajador. Son varios los aspectos destacables de los recientes resultados publicados por el INE correspondientes a 2011. El primero de ellos es que los sueldos y salarios por trabajador (medidos en promedio y términos anuales) experimentaron con respecto a 2010 un crecimiento relativamente reducido, del 1% (el crecimiento del coste total fue algo superior, del 1,1%, debido fundamentalmente al aumento de las indemnizaciones por despido, las cuales crecieron un 28%). En la medida en que dicho crecimiento fue inferior a la inflación del período (los precios al consumo crecieron entre diciembre de 2010 y 2011 un 2,4%) se constata que continúa la ligera moderación de los salarios reales que se viene dando durante la crisis (con la única excepción del desafortunado crecimiento de 2009). No obstante, la misma parece a todas luces insuficiente dada la deteriorada situación del mercado de trabajo y el fuerte ajuste que se está produciendo vía cantidades.

El segundo está relacionado con los resultados del módulo adicional relativo a la regulación de las relaciones laborales en las empresas españolas. Tal y como se detallaba en esta entrada, uno de los cometidos de este nuevo módulo incluido en la encuesta a partir de la ola de 2010 es conocer la incidencia en la práctica de la modificación de los convenios colectivos. Así, según la EACL en 2011 únicamente el 4,3% de los trabajadores españoles (2,3% de los centros de cotización) afrontó la inaplicación del régimen salarial establecido en su convenio colectivo sectorial de referencia. Esta proporción es inferior a la que se dio en 2010 (6,5% de los trabajadores y 2,7% de los centros), aun cuando las posibilidades de descuelgue salarial potenciadas parcialmente con la reforma laboral de 2010 operaron únicamente en la segunda mitad de ese año. Esta evidencia muestra, en suma, la escasa incidencia del recurso a la flexibilidad salarial por parte de las empresas españolas durante la crisis (al menos con anterioridad a la reforma laboral de 2012 y las mayores posibilidades que se introdujeron en este sentido) e ilustra sobre algunos de los motivos de la insuficiente moderación exhibida por los salarios reales en nuestro país.

Homenaje in memoriam y presentación del libro de Luis Toharia

Ayer 21 de junio se celebró en la Universidad de Alcalá un acto de homenaje a Luis Toharia. Se desarrolló en el Paraninfo de dicha universidad y fue presidido por el Rector de la Universidad de Alcalá y la Secretaria de Estado de Empleo. Buena prueba de lo muy querido que era Luis es la presencia de una muy nutrida asistencia compuesta por familiares, amigos, discípulos y compañeros de profesión llegados de todos los puntos de España.

La primera parte del homenaje consistió en un acto in memoriam en el que intervinieron sucesivamente Juan José Toharia, Diego Azqueta, Carlos García-Serrano, Valeriano Gómez y Juan Ignacio Pérez Infante. Sus emotivas intervenciones recordaron la excelente calidad de Luis tanto en el plano personal como profesional, destacando sus incuestionables virtudes como ser humano e investigador (renuncio a reproducir siquiera parte de su contenido, porque difícilmente les podría hacer justicia). Con posterioridad intervinieron la Secretaria de Estado de Empleo, Dª Engracia Hidalgo, y el Rector de la Universidad de Alcalá, D. Fernando Galván, clausurando el acto.

La intervención de Juan Ignacio Pérez Infante se centró en la presentación del libro de homenaje póstumo con el título El mercado de trabajo en la obra de Luis Toharia, editado por el Ministerio de empleo y seguridad social. Se trata de una selección de quince trabajos dentro de una ingente obra que trata de ser representativa del amplio número de temas relacionados con la economía laboral que cubrió Luis Toharia durante su extensa etapa dedicada a la investigación. Los mismos se agrupan en seis apartados (aspectos institucionales y teóricos del mercado de trabajo; el mercado de trabajo español: análisis globales; beneficios y salarios; empleo, paro y transiciones laborales; prestaciones por desempleo y contratación y despido: las reformas laborales) y cada una de las investigaciones seleccionadas se acompaña del comentario de un colaborador y amigo de Luis experto en economía laboral. Se trata, obviamente, de una referencia indispensable que debería ser recomendada a cualquier persona interesada en conocer el funcionamiento del mercado de trabajo español.

Acto de homenaje a Luis Toharia en la Universidad de Alcalá

El próximo jueves 21 de junio se celebrará a las 5 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá un acto de homenaje a Luis Toharia. El acto será presidido por el Rector de la Universidad de Alcalá y contará con la presencia de la Secretaria de Estado de Empleo. En el marco de reconocimiento a la entrañable figura de Luis y a su impagable aportación al desarrollo de la Economía Laboral en nuestro país (véanse más detalles en estas dos entradas previas en el blog), el mismo incluirá un acto in memoriam y la presentación de un libro de homenaje con el título El mercado de trabajo en la obra de Luis Toharia.

La tramitación parlamentaria de la reforma laboral

A finales de la semana pasada se produjo el paso inicial en el Congreso de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral aprobada inicialmente en febrero bajo el formato de real decreto-ley (puede consultarse aquí el BOE correspondiente). La incorporación en dicha tramitación de un variado conjunto de enmiendas transaccionales (la relación completa puede consultarse aquí) ha introducido ciertos cambios en la propuesta original, aunque en ningún caso ha modificado las líneas maestras de dicha reforma.

A la vista de las modificaciones introducidas a su paso por el Congreso, cabe concluir que las mismas suponen, de hecho, una vuelta de tuerca adicional en el planteamiento original de la reforma laboral. En este sentido destacan, a mi parecer, dos puntos. El primero es el acortamiento de un año (de dos a uno) del período de prórroga de los convenios tras el que los mismos decaen después de su finalización en caso de no ser renovados (aplicándose en ese momento el convenio de ámbito superior, si lo hubiere, o, en caso contrario, el Estatuto de los Trabajadores). Se trata de una decisión que acelerará en la práctica la eliminación de la ultraactividad de los convenios, un elemento necesario para aumentar la capacidad de respuesta de los salarios ante cambios cíclicos (pero que también puede tener impactos significativos en términos de desigualdad, debido a la erosión que implica en la capacidad de negociación de los trabajadores: véase al respecto esta entrada previa en el blog). El segundo es el aumento de la capacidad por parte de las empresas para modificar de forma unilateral las condiciones laborales de los trabajadores, al permitirles disponer libremente de hasta un 10% de la jornada anual (frente al 5% original), bastando ahora con informar al trabajador con cinco días de antelación.

Existen, en cualquier caso, otras modificaciones destacables. Una de ellas es la decisión de mantener en vigor el nuevo contrato para pymes y autónomos (el cual, cabe recordar, tiene un período de prueba de un año sin derecho a indemnización por despido) exclusivamente mientras que la tasa de paro supere el 15%. Esto convierte a este tipo de contrato en una especie de “contrato de crisis”, si bien, dadas las perpectivas actuales de la economía española en términos de crecimiento y creación de empleo, podría pervivir en la práctica de forma prolongada. Otra es la precisión del período al que se refiere la caída interanual de facturación que justifica el despido objetivo (tres trimestres consecutivos) o la inaplicacion del convenio colectivo en materia de salarios y jornada (dos trimestres consecutivos), habiéndose estableciendo que la comparación debe realizarse frente a los mismos trimestres del año anterior, así como que los ingresos a valorar son los ingresos de carácter ordinario. Asimismo, destaca también la extensión a las empresas con beneficios con más de 100 trabajadores (500 originalmente) de la obligación de pagar parte del coste del seguro de desempleo que se abona a los mayores de 50 años prejubilados mediante despidos colectivos. Finalmente, cabe señalar que, en relación con el absentismo, se amplía el cómputo de faltas para el despido, las cuales deberán superar ahora el 5 % de las jornadas hábiles durante el año (frente a las ocho iniciales), quedando excluidas, además, las bajas por tratamiento de enfermedades graves.

En mi opinión, a pesar de estos cambios, en esta etapa de la tramitación parlamentaria se ha perdido la oportunidad de introducir modificaciones que hubieran permitido corregir ciertas carencias de la reforma laboral, entre las que destaca la necesidad de un mayor estímulo a la contratación indefinida, el rediseño de las políticas activas de empleo o un cierto aumento de la protección de los trabajadores frente a potenciales prácticas abusivas por parte de las empresas (sobre estas cuestiones, véase esta detallada entrada en el blog de Rafael Myro). Quizás a su paso por el Senado o la posterior tramitación final en el Congreso se dé la oportunidad de introducir algunas medidas en este sentido.

La reforma laboral: ¿un antes y un después en la determinación de los salarios?

El pasado sábado se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes de reforma del mercado laboral en el que se concreta la tan esperada y necesaria reforma de la regulación del mercado de trabajo. En la práctica se trata de una reforma de calado muy amplio que pretende abordar buena parte de los aspectos relacionados con el deficiente funcionamiento que caracteriza a nuestro mercado laboral (como alternativa a la densa lectura de las 64 paginas del texto del BOE, puede encontrarse una breve presentación de los objetivos y el contenido principal de la reforma en la página web del Ministerio de trabajo). Aunque son muy numerosas las cuestiones de enjundia que merecerían ser objeto de comentario (entre ellas destacan el nuevo tratamiento del despido, que hace presumible que se produzca en el futuro una rebaja sustancial de los costes de despido, y las modificaciones en el sistema de contratación, con la introducción del nuevo contrato para pymes y autónomos fuertemente subsidiado y con un período de prueba de un año, sin derecho durante el mismo a indemnización por despido), el objetivo de esta entrada es llamar la atención sobre los cambios sustanciales que la reforma implica en términos de flexibilidad interna y, más en concreto, de determinación de los salarios. Más

Empleo, paro y crecimiento: la Ley de Okun revisitada

Con el dato de la Encuesta de Población Activa del pasado viernes se cierra uno de los peores años en términos de destrucción de empleo de las últimas décadas. En términos de variación inter-anual, la reducción de empleo del último trimestre solo es superada por la experimentada en el periodo 2008:4 a 2010:1 (véase Gráfico inferior, izquierda). En términos de variación inter-trimestral, la destrucción de empleo (348,7 mil ocupados menos) solo es superada por un dato en toda la serie histórica de la EPA, el de 2008:4 (véase Gráfico inferior, derecha). Más

El II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva

Las principales organizaciones patronales y sindicales han firmado esta semana el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (derogando con ello el preexistente I Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, con vigencia en principio hasta 2012). El objetivo de esta entrada es examinar el alcance y las implicaciones del mismo con respecto a los aspectos más relevantes que tienen que ver con la negociación colectiva y, en relación con ella, con la determinación de los salarios. Esta valoración no alcanza, por lo tanto, ni al resto de cuestiones contenidas en dicho acuerdo (el mismo incluye elementos variopintos que van desde la formación al teletrabajo) ni a otras consideraciones que son de indudable interés, tales como la oportunidad del momento de la firma del acuerdo (se acaban de conocer los datos de la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2011, confirmando ampliamente las expectativas negativas) o la aparentemente inquebrantable voluntad de los agentes sociales de alcanzar acuerdos en materia de negociación colectiva para evitar que el gobierno legisle de forma unilateral en este terreno. Más

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