Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2013, y proyecciones 2014-2017

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas fiscales de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2013. En concreto, se ha añadido la cifra provisional del año 2013 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan previsiones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada), del déficit público primario (sin incluir los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo), previsiones presentadas en el pasado mes de abril por el Ministerio Economía y Competitividad y en el pasado mes de mayo por la Comisión Europea para el periodo 2014-2017.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 que avanza a un ritmo excesivamente lento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas pública a largo plazo.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública o gastos públicos primarios. En primer lugar, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009, y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos en los años posteriores a 2008. En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos realizados, los gastos totales y los gastos sin intereses de la deuda pública se situaron a finales de 2013 en el 45,3% y el 41,9% del PIB, respectivamente, lejos todavía de las cifras registradas antes del inicio de la crisis de 2008. Por último, los ingresos públicos no logran apenas recuperarse (suben tan sólo 0,6 puntos porcentuales en 2013) y se sitúan a niveles del año 1996 (38,6% del PIB), lejos todavía del máximo de recaudación alcanzado en 2007 (41,5% del PIB), último año del reciente periodo de expansión económica registrado en la economía española (1995-2007).

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2010-2013 el ahorro público primario ha registrado una ligera mejora (1,1 puntos porcentuales en % del PIB), mientras que el ahorro público total incluso ha empeorado (0,3 puntos porcentuales del PIB) por el fuerte aumentos de los pagos de los intereses de la deuda pública acumulada. Ambas variables se sitúan todavía en 2013 en niveles negativos no deseables que incumplen la “regla de oro” de la política fiscal (emitir deuda pública solamente para financiar la inversión pública).

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta entonces del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord: un -9,4% de déficit público primario y un -11,1% de déficit público total en estos 50 últimos años de historia de la hacienda pública española. El proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se frenó significativamente en 2012, aunque se ha vuelto ha encauzar en el año 2013. De hecho, el déficit público total se ha reducido en 3,5 puntos porcentuales del PIB en 2013 hasta alcanzar el 7,1%, mientras que el déficit público primario se ha reducido en 3,9 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse en el 3,7% del PIB.

No obstante, el déficit público total actual (-7,1% del PIB) se mantiene en una cifra aún muy alejada del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro. El problema fiscal refleja tanto la insuficiente caída del gasto público, como la insuficiente recaudación impositiva.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2013 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar la cifra récord del 93,9% del PIB, sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para el periodo 2014-2017 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE. Las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad provienen de la publicación Actualización del Programa de Estabilidad, 2014-2017 remitida a la Comisión Europea el pasado mes de abril, mientras que las previsiones de la Comisión Europea aparecen en el informe European Economic Forecast, Spring 2014, publicado el pasado mes de mayo.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total (gráfico 5) del Ministerio de Economía y Competitividad indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2014-2017 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2016 y 2017 el 2,8% y el 1,1%del PIB, respectivamente, situándose ya por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht del -3%. Las previsiones de la Comisión Europea son mucho más pesimistas y los técnicos del organismo estiman que en 2015 volverá a empeorar el déficit público total hasta situarse en el 6,1% del PIB.

¿A qué se deben estas significativas diferencias en las previsiones del déficit público total nivel stock de deuda pública (en % del PIB) del Ministerio y la Comisión Europea?

Las diferencias se sustentan en las importantes divergencias que existen entre las respectivas previsiones de la tasas de crecimiento real de la economía, de las tasas de interés real de la deuda pública y del nivel de déficit público primario (variable dependiente a su vez de la dinámica de ingresos públicos y de gastos públicos excluidos los pagos por intereses de la deuda pública), variables responsables de la dinámica temporal de la deuda pública (junto al nivel actual del stock de deuda pública).

Por otra parte, las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (gráfico 6) son claramente pesimistas. Los técnicos del organismo estiman que el stock de deuda pública se situará a finales de 2014 en el 100,2% del PIB, mientras que a finales de 2015 ya alcanzará el 103,8% (cifras muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Masstricht del 60% del PIB). Por otra parte, el stock de deuda pública alcanzó a finales de julio de 2014 los 1.005.714 millones, lo que representa ya el 98,2% del PIB, según las cifras difundidas el 17 de septiembre por el Banco de España.

Si el crecimiento económico de la economía española no se acelera significativamente (a tasas de crecimiento real del PIB cercanas al 3%),  la situación de las finanzas públicas podría desembocar en un futuro no muy lejano en un “default” (impago) de la deuda pública. Y no sería la primera vez. En el siguiente cuadro se recogen las 14 veces que España ha iniciado un procedimiento puro de impago de su deuda pública desde 1557.  Además somos lo que más veces nos hemos declarado en alguna variante de “default” entre 1340 y 2011. [1]

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[1] Fuente: Reinhart, C.M. y  & Kenneth S. Rogoff, K.S. (2014): “This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises”, Annals of Economics and Finance, Society for AEF, vol. 15(2), pp. 1065-1188; Domínguez Martínez, J.M. y López del Paso, R. (2011): “Situaciones de impago de deuda soberana”, eXtoikos, No. 4, pp. 147-152.

La insostenibilidad de las finanzas públicas españolas: un problema histórico que parecía olvidado

El Gobierno se muestra satisfecho con el ajuste fiscal, cuando ya ha acumulado a finales de 2013 un montante de 992.298 millones de euros de deuda pública (93% del PIB) y mantiene un elevado déficit público total (con ayudas a la banca) a finales de 2013 de 72.632 millones de euros  (-7,1% del PIB). Las finanzas públicas caminan en una senda temporal insostenible, pero este problema no es nuevo.

La economía española presenta diferentes episodios recurrentes en los que no ha sido posible mantener el equilibrio presupuestario y el nivel del stock de deuda pública sin diversas medidas extraordinarias: quiebras, impagos del servicio de la deuda, quitas, canjes y reestructuración de la deuda pública soberana, y utilización del impuesto inflacionario. La lista de estos episodios es interminable:

Felipe II: 1557, 1560, 1575, 1597 Felipe III: 1607 Felipe IV: 1627, 1647, 1652, 1662 Carlos II: 1666 Carlos IV: 1798 Cortes de Cádiz: 1812-1813 Fernando VI: 1814, 1817, 1823, 1825, 1828 Isabel II: 1835, 1841, 1844, 1851, 1867 Sexenio Democrático y I República: 1871 Alfonso XII: 1876, 1881 Alfonso XIII: 1900, 1915-1919, 1927-1928 II República: 1935, 1939

En el primer gráfico adjunto (hacer click sobre el mismo para verlo más grande) se muestra la evolución temporal del stock de deuda pública sobre el PIB (en %) desde 1850 a 2013. La situación actual de la dinámica de la deuda pública se camina sin control hacia los peores episodios de nuestra historia económica reciente: la I Guerra de Cuba de 1868-1878 en el reinado de Alfonso II y la II Guerra de Cuba-Crisis de 1898 en el regencia-reinado de su hijo Alfonso XIII.

 

 

No menos importante por comparación histórica es la situación actual del nivel del déficit público total en relación al PIB: nunca se había viso tal cifra desde 1850, tal y como muestra el segundo gráfico.

 

Y estas cifras recientes de déficit público total no incluyen (si el stock de deuda pública) las innumerables emisiones de deuda necesarias para las necesidades de financiación de diversos “Fondos Especiales” a los que ha tenido que hacer frente el Tesoro español. Es el llamado “efecto ajuste déficit-deuda” (emisiones de deuda que no computan como déficit pero si como deuda; origen = necesidad de financiar la adquisición neta de activos financieros). La lista es la siguiente:

- FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera), préstamos al rescate de Irlanda, Grecia y Portugal.

- Participación en el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera), sustituye al FEEF para futuros rescates.

- Fondo de Apoyo a la República Helénica (bilateral).

- FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

- FAAF (Fondo de Adquisición de Activos Financieros).

- Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP).

- FADE (Fondo de Adquisición del Déficit Eléctrico).

- ¿Rescate a las autopistas de peaje quebradas en 2014 (2400-5000 millones de euros?

Recordemos que las adquisiciones netas de activos financieros para financiar los Fondos mencionados ha provocado entre 2008 y 2013 un aumento de la deuda pública (no relacionada con las necesidades de financiación del déficit público) de 46.883 millones de euros (4,5% del PIB).

Por último, en las estadísticas de deuda pública quedan fuera la “deuda contingente” de las AA.PP., que constituyen la concesión de avales y otras garantías sobre las deudas contraídas por otros sectores institucionales. Estos avales y garantías no se registran como pasivos en las cuentas de las AA.PP., dado que la deuda garantizada es registrada entre los pasivos del agente que recibe la garantía.

No obstante, estas garantías suponen unos pasivos contingentes para las finanzas públicas, de modo que, si la garantía fuese ejecutada total o parcialmente, las AA.PP. asumirían la totalidad de la deuda, se registraría como contrapartida una transferencia de capital pagada al deudor original y, por lo tanto, se incrementaría el déficit y la deuda de las AA.PP.

A finales de 2013 el volumen de pasivos contingentes se situaba en algo más de 16 puntos del PIB (165.000 millones de euros), como resultado de los distintos avales concedidos al sistema bancario (avales a emisiones de deuda bancaria a medio plazo, 2008-2009), al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y, más recientemente, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en el marco del proceso de reestructuración bancaria.

It’s tax expenditure, stupid! (¡Es el gasto fiscal, estúpido!)

El Comité de Expertos (o los llamados “sabios fiscales”) designado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, para la reforma del sistema tributario español ya ha ultimado su documento de propuestas. Y como era de esperar el documento ya circula por doquier antes de que se lo presenten oficialmente al ministro. Esta Comisión, presidida por Manuel Lagares (catedrático jubilado de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales de la Universidad de Alcalá), recomienda una profunda reforma fiscal, que pasa por reducir la tributación directa, aumentando las bases y rebajando tipos, y compensar las rebajas con aumentos en la tributación indirecta.

Sin entrar ahora si resulta conveniente sustituir imposición directa por indirecta, en esta entrada del Blog me voy a centrar en destacar lo que no propone a fondo el borrador de documento (presuntamente filtrado por algún miembro de la Comisión y que se debería presentar formalmente a finales de febrero): la eliminación de la mayor parte de los gastos fiscales.

Recordemos que los llamados gastos fiscales o tributarios (tax expenditures en inglés) son el conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias (IVA, IRPF e impuesto de sociedades, fundamentalmente) que representan un importante coste en términos de recaudación impositiva y que en la mayoría de los casos tienen  efectos perversos negativos sobre la equidad y la eficiencia impositiva. De hecho, la eliminación de una parte sustancial de los gastos fiscales tendría cuatro efectos positivos: (1) No aumentarían los tipos impositivos marginales; (2) No reducirían los incentivos al ahorro o a la inversión productiva del sector privado; (3) Aumentaría la eficiencia económica al eliminarse numerosos incentivos fiscales que distorsionan las decisiones de ahorro y de inversión del sector privado; y (4) Se reduciría sin duda la excesiva complejidad de la estructura tributaria y aportaría, en última instancia, mayor transparencia impositiva.

En el cuadro adjunto que se presenta en tres partes (hacer clic sobre los mismos para verlos más grandes) se representa la pérdida de recaudación impositiva de los gastos fiscales en % del PIB de España. Las cifras son las oficiales que aparecen en la “Memoria de Beneficios Fiscales” de los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Como puede observar el lector, la lista es interminable y de los más variopinta.

La pérdida de recaudación impositiva de los gastos fiscales alcanza tan sólo en 2014 los 38.360 millones de euros, lo que representa un 3,83% del PIB de España, desglosado en 15.513 millones de euros del IRPF, 1410 millones de euros del Impuesto de la Renta de no residentes, 3309 millones de euros del impuesto sobre sociedades, 16.628 millones de euros del IVA, 584 millones de euros del impuesto sobre las primas de seguros y 826 millones de euros de los impuestos especiales.

De todo ese conjunto de gastos fiscales que deja de recaudar el Estado, la única propuesta de eliminación que se ha filtrado a la prensa es la eliminación de la deducción de la cuota del IRPR por inversión en vivienda habitual, que representa solamente 1785 millones de euros (un 4,5% del total de gastos fiscales), y cuya propuesta de retroactividad podría ser de dudosa legalidad.

Para destacar la importancia relativa de esta pérdida de recaudación de los gastos fiscales (38.360 millones de euros), pensemos que esta cifra representa el 64% del ajuste que han realizado las AA.PP. españolas en el déficit público en el periodo 2009-2012 (60.000 millones de euros), y más del doble del ajuste fiscal previsto para el periodo 2012-2015 (15.000 millones de euros).

 Yo me atrevería a aconsejar al profesor Montoro que alargara el mandato de la Comisión para que la misma profundizará en la racionalización de los gastos fiscales del sistema tributario español. Su principal tarea sería la de poner a cero el contador de todos los gastos fiscales, es decir, del conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias y proponer su racionalización, incluyendo las estatales como las autonómicas (en este caso del IRPF en su tramo autonómico). Me gustaría que en el informe final que entreguen al Ministro aparezca un estudio para cada uno de los gastos fiscales que evalúe sus efectos en términos de equidad y de eficiencia. En caso contrario, la Comisión habrá servido sólo para justificar el intercambio de imposición directa por indirecta, tal y como proponía en su programa electoral el actual Gobierno.

La racionalización del complejo entramado de los gastos fiscales del sistema tributario español generaría, al menos, cinco efectos positivos: (1) el aumento de la equidad impositiva; (2) el aumento de la eficiencia económica; (3) la reducción de la creciente desigualdad de las rentas; (4) la simplificación de la estructura impositiva y el fomento de la transparencia; y (5) la generación de ingresos adicionales necesarios para apoyar el ajuste fiscal para el periodo 2014-2020, sin necesidad de subida de impuestos o de reducciones adicionales en algunos programas de gasto, especialmente en la inversión en infraestructuras.

Para justificar mi propuesta recordemos que el Presidente El presidente Obama creó en febrero de 2010 una Comisión mixta de senadores y congresistas – The National Comission on Fiscal Responsability and Reform- cuya misión principal era proponer una reforma fiscal (tanto de los gastos como de los impuestos) en profundidad, con el objetivo último de reducir a medio y largo plazo el abultado déficit presupuestario y el stock de deuda de los EE.UU. La Comisión presentó su informe final en diciembre de 2010 con un conjunto de recomendaciones para equilibrar el presupuesto federal (excluyendo el pago de intereses del stock de deuda pública) para el año 2015. Dentro de una extensa lista de cambios en los gastos e ingresos públicos, destaca justamente la propuesta de eliminación sustancial (y simplificación) de los gastos fiscales, ingresos adicionales que se dedicarían a reducir el déficit público.

En el siguiente gráfico podemos observar como los gastos fiscales reducen la equidad del sistema tributario de EE.UU., ya que el valor de las deducciones, exenciones y exclusiones impositivas aumenta a medida que lo hace el ingreso del hogar. De hecho, en el gráfico se puede ver como los gastos fiscales benefician fundamentalmente a los hogares del quintil más alto y al 1% de los hogares con más ingresos. Y esto no resulta sorprendente, ya que las familias norteamericanas de mayores ingresos son las que, en general, se compran una casa, envían a sus hijos a la universidad, ahorran para la jubilación con planes de pensiones y contribuyen generosamente a causas benéficas. Y la eficiencia queda también en entredicho ya que el Gobierno estaría dedicando una cantidad significativa de recursos tributarios (que podría dedicar a otros programas de gastos) para subsidiar decisiones del sector privado que se habrían producido de todos modos, mientras que en la práctica se excluyen a las familias de menores ingresos que serían mucho más sensibles a estos incentivos fiscales.

Finalmente, también me gustaría ver este gráfico para la economía española en el Documento Final de la Comisión de Expertos.

El ajuste fiscal automático de Estados Unidos para 2013: el camino hacia la recesión

Las finanzas públicas de los EE.UU. se sitúan en una senda insostenible y por ello su deuda pública perdió en agosto de 2011 la máxima calificación que otorga la agencia de calificación crediticia Standard and Poor’s (de “AAA” a “AA”) . En aquel momento fueron las conversaciones para fijar el déficit púbico y los problemas de la primera economía del mundo con su techo máximo de deuda pública los que motivaron la pérdida de la máxima calificación. Ahora es la agencia de calificación crediticia Moody’s la que ha advertido de que podría rebajar también la máxima nota de solvencia de la deuda soberana de EE.UU., desde “Aaa” hasta probablemente “Aa1″. La amenaza está relacionada con el resultado de las negociaciones sobre el presupuesto de 2013 que deben llevarse a cabo en el Congreso. En concreto, si el resultado no tiene como consecuencia un cambio en la tendencia alcista del déficit de EE.UU., la primera potencia del mundo podría perder también la máxima calificación de su deuda que otorga Moody’s.

 En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo) se presenta la evolución histórica del déficit público total (incluídos los pagos de intereses de la deuda). A finales de 2011 se sitúo en la cifra de 1,3 billones  de dólares, lo que representaba el 10,1% del PIB (el récord lo alcanzó en 2009 con el 13,3% del PIB). Es necesario recordar que el año 2007, antes del inicio de la crisis financiera internacional, el déficit público era tan “sólo” de 160.000 millones de dólares.

La contrapartida es que también el stock de deuda pública se sitúa en una senda insostenible, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico. A finales de 2011, el stock de deuda pública alcanzó la cifra de 15,5 billones de dólares (102,8% del PIB).

¿Qué es lo que se ha hecho para evitar este problema?

En primer lugar, en diciembre de 2010, la “Comisión Nacional de Reforma y Responsabilidad Fiscal” (National Commission on Fiscal Responsibility and Reform) del Congreso de EE.UU. – propuesta por el Presidente Obama- ya alertó en su informe final que el país se encontraba en una senda fiscal insostenible.

En segundo lugar, en agosto de 2011, el Senado de EE.UU. aprobó la Ley de Control Presupuestario de 2011 (The Budget Control Act of 2011). Los rasgos más importantes de la Ley son los siguientes:

  • Autoriza un incremento del techo de deuda en 2,5 billones de dólares (14% del PIB) en un plazo de 20 años.
  • Establece una reducción del gasto corriente de 917.000 millones de dólares hasta 2021.
  • Crea un “Supercomité”  (compuesto por miembros de los Republicanos y de los Demócratas de  las dos Cámaras legislativas de forma paritaria) con el objetivo de identificar 1,5 billones de dólares adicionales de ajuste estructural también hasta 2021. Estipulaba que si el “Supercomité” no llegaba a un acuerdo antes del 23 de noviembre de 2011 se introducirían recortes automáticos de 1,2 billones de dólares hasta 2021, repartidos entre al 50% entre los programas de gasto en defensa y el resto de programas. [1]

Finalmente, este “Supercomité” no alcanzó un acuerdo de reducción del gasto y, por tanto, los recortes automáticos del gasto público (llamados “sequester” en Washington) van a entrar en vigor en enero de 2013 si no se llega a un consenso una vez reelegido Obama. La prioridad política más importante está en lograr un acuerdo que garantice un plan de reducción del déficit público que incluya metas claras y medidas fiscales concretas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas de EE.UU. a medio y largo plazo. Un acuerdo rápido del “Supercomité” reduciría significativamente la incertidumbre de las políticas federales de impuestos además de despejar el horizonte de una recuperación económica sostenible.

Si tenemos en cuenta las consecuencias sobre la caída del gasto público de esta Ley y de la expiración simultánea de varias rebajas fiscales y de prestaciones por desempleo aprobadas por la Administración Obama (y de otras medidas menores), la política fiscal restrictiva en EE.UU. que puede aplicarse en EE.UU. en 2013 puede ser de tal magnitud que puede llevar a la economía a una nueva recesión y un aumento significativo de la tasa de desempleo. Es lo que se ha estado denominando en círculos económicos y financieros (y en la prensa norteamericana) como el “precipicio fiscal ” (o fiscal cliff). [2]

Los cálculos basados en las estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (Congressional Budget Office, CBO) sugieren que el tamaño del “precipicio fiscal” superará los 668.000 millones de dólares en 2013 (un 4,1% del PIB) repartidos en (véase cuadro adjunto):

  • Un 80% en aumento de impuestos (532.000 millones):
  1. Caducidad de las rebajas fiscales de la era Busch de 2001 y 2003 y de la era Obama de 2009.
  2. Caducidad de la rebaja de cotizaciones sociales aprobadas por la Administración Obama.
  3. Caducidad de la posibilidad de amortizar de forma acelerada la inversión en capital fijo por parte de las empresas, medida aprobada por la Administración Obama.
  4. Caducidad de algunas  deducciones fiscales aprobadas por la Administración Obama, incluido el aumento de los tipos impositivos sobre las rentas del trabajo y la inversión de los contribuyentes con altos ingresos.
  • Un 20% de recortes del gasto público corriente (136.000 millones):
  1. Recortes automáticos o “sequester” de la Ley de Control Presupuestario de 2011.
  2. Caducidad de las prestaciones por desempleo aprobadas por la Administración Obama.
  3. Reducción de las cuotas de pago del programa Medicare a los médicos.

¿Cuál es el posible impacto sobre la economía de EE.UU. de este super ajuste fiscal “automático”?

Tanto el informe 2012 Spillover Report del FMI de julio de 2012, como el informe ya citado de la CBO de EE.UU., estiman un caída muy significativa del crecimiento de la economía que la podría llevar a una recesión.

En el siguiente gráfico se presenta la evolución del déficit público de EE.UU. estimado por la CBO en el caso de que se aplique las medidas del “precipicio fiscal” (CBO’s Baseline Projection) y en el caso de que se relajen algunas de las medidas que aparecen el cuadro anterior (Alternative Fiscal Scenario).

Por último, este endurecimiento de la política fiscal en 2013 es todavía insuficiente para estabilizar la ratio stock de deuda pública/PIB, por lo que la sostenibilidad de las Finanzas Públicas de EE.UU. continúan siendo insostenibles si no se aprueban medidas adicionales de consolidación fiscal a partir de 2014.

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[1] Quedan exentos los recortes en el programa Medicaid (la sanidad para ciudadanos de bajos ingresos), la Seguridad Social y otros programas federales destinados a ayudas a personas de renta baja.

[2]  El fin de las rebajas fiscales se denomina en la prensa como el “Tax Armageddon”.

¿Resulta adecuada la composición del ajuste fiscal aprobada por el gobierno español para el periodo 2012-2014?

La reducción del déficit público total del -8,5% del PIB en 2011 al -2,8% del PIB en 2014 exige un proceso de consolidación fiscal impresionante. En concreto, el ajuste fiscal aprobado para el periodo 2013-2014 por el Consejo de Ministros el 3 de agosto pasado supone 38.956 millones de euros para 2013 y 50.075 millones de euros para 2014, ajuste adicional al aprobado para 2012 (13.118 millones). En total, 102.149 millones de euros.

Con más detalle, el Gobierno de España ya ha presentado los presupuestos generales del Estado para 2013, unas cuentas marcadas de nuevo por un política fiscal restrictiva cuyo objetivo es alcanzar un objetivo del déficit público total (incluido los intereses de la deuda) del -4,5% del PIB. Esta es la cifra para 2013 que España comprometió en el plan presupuestario bianual 2013-2014 remitido a Bruselas el pasado 3 de agosto, donde se contempla un ajuste fiscal mixto que combina un aumento de ingresos públicos y un recorte del gasto público por una cifra total de 38.956 millones de euros (hacer clic sobre el gráfico para verlo más grande). De este montante, 15.069 corresponden a medidas tributarias tendentes a aumentar los ingresos públicos (de los que casi un 70 % corresponderán a la reciente subida del IVA) y el resto, 23.887 millones de euros, se centran en la reducción del gasto público. Para 2014 el Gobierno preve continuar con el mismo tipo de política fiscal restrictiva mixta: 50.075 millones de euros, de los cuales 15.425 millones son medidas tributarias y el resto, 34.650 millones de euros, siguen en la línea de reducción del gasto público. Por último, para 2012 (primer año de Gobierno) el ajuste fiscal previsto es de 38.956 millones de euros, con una combinación mixta de ajuste fiscal de 15.069 de aumento de ingresos públicos y de 23.887 millones de caída del gasto público.

En síntesis, el ajuste fiscal aprobado para el trienio 2012-2014 sería de 102.149 millones de euros, de los cuáles 35.479 millones vendrían a través del aumento de la recaudación impositiva por aumento de impuestos (34,7% del total), mientras que el resto de la consolidación presupuestaria lo aportaría la reducción del gasto público por un montante de 66.680 millones de euros (65,3% del total).

¿Resulta adecuada una composición del ajuste fiscal que combina un aumento de los ingresos públicos (fundamentalmente por la vía de subidas de los impuestos) y una reducción del gasto público? La respuesta de la literatura económica empírica disponible es que no resulta adecuada ni conveniente.

Los posibles efectos negativos sobre el crecimiento económico provocados por rápidas reducciones de los déficit públicos y de los stock de deuda pública – conocidos como “ajustes fiscales” o “procesos de consolidación fiscal”- están de máxima actualidad en muchos países de la OCDE y, especialmente, en el caso de EE.UU., Japón y algunos países periféricos de la zona del euro, incluida España. Los trabajos seminales de Giavazzi y Pagano (1990) y de Alesina y Perotti (1995) y las extensiones recientes de Alesina y Ardagna (2010, 2012), muestran que son posibles los ajustes fiscales que produzcan una ligera o nula caída significativa de la producción (y en algunos casos pueden ser expansivos si aparecen los llamados efectos “no keynesianos”). La clave del éxito está en que los ajustes fiscales estén basados en reducciones del gasto público (especialmente gasto público corriente) y no en subidas de impuestos.

Por un parte, el trabajo empírico reciente de Alesina, Favero y Giavazzi (2012) amplia la evidencia empírica previa utilizando los planes de ajuste fiscal plurianuales (que tenían como objetivo una reducción significativa del déficit público y del stock de deuda pública) de 17 países de la OCDE durante el periodo 1980-2005. Los principales resultados del estudio son los siguientes:

  • Nuevamente la evidencia empírica encontrada muestra que los ajustes fiscales basados en recortes del gasto público tienen menos efectos negativos en la producción que aquellos que están basados en subidas de impuestos.
  • Los planes de ajuste basados en recortes del gasto público se asocian con recesiones económicas que duran poco tiempo, e incluso en algunos casos estudiados, no producen una recesión económica. Por el contrario, los planes de ajuste basados en subidas de impuestos se asocian con recesiones económicas profundas y duraderas.
  • Las diferencias encontradas en los efectos sobre la producción de los dos tipos de ajuste fiscal no se deben a las diferentes políticas monetarias aplicadas.
  • Las diferencias encontradas en los efectos sobre la producción de los dos tipos de ajuste fiscal se deben a la respuesta de la inversión privada más que al crecimiento del consumo.
  • El ajuste fiscal basado en recortes de gasto público provoca la mejora inmediata de la confianza empresarial pero no de la confianza de los consumidores.

Por otra parte, un tema interesante de la literatura se ha centrado en el papel clave que juegan las políticas económicas de acompañamiento (o políticas de reformas estructurales) del plan de ajuste fiscal.  Los trabajos de Alesina y Ardagna (1998, 2012) y Perotti (2013) muestran que los procesos de consolidación fiscal basados en recortes de gasto público tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico si los mismos han estado acompañados de reformas estructurales que incluyan:  i) actuaciones por el lado de la oferta que mejoren la productividad del sector privado y la eficiencia del sector público; ii) la liberalización del mercado de trabajo; iii) la moderación de los salarios (como vía de ganancia de competitividad); iv) y los acuerdos entre los agentes sociales y entre el Gobierno y los agentes sociales. La clave es que los agentes económicos vean estas reformas estructurales de acompañamiento como una señal clara de “cambio de régimen de política económica”. Sólo así cambiarán sus expectativas.

 Por último, Alesina y Ardagna (2012) encuentran que los ajustes fiscales basados en recortes en el gasto público producen un efecto expansivo sobre la producción en el caso de que los recortes se centren en el gasto público corriente y no en la inversión pública.

 Ya es hora de evaluar si el plan de ajuste fiscal 2012-2014 diseñado por el Gobierno tendrá éxito en impulsar la recuperación económica. Para ello veamos si cumple o no su diseño con lo recomendado por la literatura descrita anteriormente:

  1. ¿Está basado básicamente en recortes del gasto público? No. Su diseño es un combinación entre recortes de gasto público y subida de impuestos.
  2. ¿Los recortes de gasto público se centran en el gasto corriente? No. Gran parte del recorte se ha basado en la bajada de la inversión pública, siguiendo la tendencia del último Gobierno socialista.
  3. ¿Está acompañado de una política de reformas estructurales que incidan en el incentivo de la oferta agregada, la liberalización del mercado de trabajo y la moderación de salarios? No claramente. En este caso, las medidas que incidan por el lado de la oferta son escasas o tímidas, la liberalización del mercado de trabajo es incompleta y, por el momento, sólo se ha impulsado de manera exógena la moderación salarial en los empleados públicos, mientras que los salarios del sector privado han seguido creciendo (el ajuste ha sido el empleo). Los acuerdos de moderación salarial entre los agentes sociales, y entre estos y el Gobierno brillan por su ausencia.

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Alesina, A. y Ardagna, S. (1998): “Tales of fiscal adjustments“, Economic Policy, 13, 487-545.

Alesina, A. y Ardagna, S. (2010): “Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending“, Tax Policy and the Economy, 24, 35-68.

Alesina, A. y Ardagna, S. (2012): “The Design of Fiscal Adjustments“, Department of Economics, Harvard University, mimeo.

Alesina, A., Favero, C. y Giavazzi, F. (2012): “The output effect of fiscal consolidations“, NBER Working Paper No. 18336.

Alesina A. y Perotti, R. (1995) “Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries”, Economic Policy, No. 21, 207-247.

Giavazzi, F. y Pagano, M. (1990): “Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries“, NBER Macroeconomics Annual 1990, 5, 75-122.

Perotti, R. (2013): “The Austerity Myth: Gain without Pain?“, en A. Alesina y F. Giavazzi (eds.), Fiscal Policy After the Great Recession, University of Chicago Press and NBER, forthcoming.

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2011

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2011. En concreto, se ha añadido la cifra provisional del año 2011 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tomando como base el año 2008 (la base anterior era el año 2000). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan previsiones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública presentados recientemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el periodo 2012-2015.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 y que avanza lentamente.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo se puede ver ampliado) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública. Por un lado, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009 y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos. Por otro, se puede observar para los años 2010 y 2011 como el proceso de consolidación fiscal ha provocado una caída significativa (aunque claramente insuficiente) de las dos variables representativas del gasto público, mientras que los ingresos públicos no logran recuperarse y se sitúan, nada menos, que a niveles del año 1988.

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En 2010 y  2011 los dos saldos han registrado una ligera mejora, aunque ambas variables permanecen en niveles negativos no deseables.

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta la fecha del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó la cifra récord en estos 47 últimos años de historia de la hacienda pública española: un -9,4% de déficit público primario y un -11,2% de déficit público total. Finalmente, el proceso de consolidación fiscal iniciado en el año 2010 ha conseguido reducir el déficit público primario en 2011 hasta el -6,1% del PIB, mientras que el déficit público total se ha reducido hasta alcanzar el -8,5% del PIB, cifra aún muy alejada del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, el stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2011 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar la cifra récord del 68,5% del PIB, sobrepasando el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para 2012-2015 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE, respectivamente. Las previsiones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas provienen del Plan Presupuestario 2013-2014 remitido a la Comisión Europea el pasado 3 de agosto, mientras que las previsiones del FMI aparecen en el reciente estudio elaborado para España, Spain: IMF Country Report No. 12/202, publicado el pasado 25 de julio.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públican indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2012-2014 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2014 el 2,8% del PIB, por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht (-3%). Las previsiones del FMI son menos optimistas y los técnicos del organismo estiman que ni siquiera en 2015 se podrá alcanzar este objetivo, ya que el déficit público total se situará en el -3,3% del PIB.

Por otra parte, ambas entidades preven que el stock de deuda pública según la metodología del PDE siga creciendo, hasta alcanzar un 86,8% del PIB a finales de 2013 (Ministerio) y situarse en un 97,3% del PIB a finales de 2015 (FMI).

Internet: paraíso fiscal o desarrollo de una economía digital

¿El Comercio electrónico “un agujero negro de defraudación”, esta y otras afirmaciones son recogidas por expertos en  “Internet como un paraíso fiscal”, artículo que  publica el diario El País. He de confesar que la lectura me ha dejado intranquilo. Los especialistas en Derecho mercantil o fiscal tienden a simplificar el comercio electrónico como una vertiente más del comercio. Una base más para aplicar impuestos en momentos de apremio del déficit y el reclamo de algo que “escapa al control” de las autoridades de nuestro país.

Ni se piensa en la naturaleza de Internet, las reglas que rigen o las estrategias que definen su desarrollo y éxito. ¿Podemos plantear un proteccionismo en el caso de Internet?. Esto es, discriminamos las IP según origen, naturaleza, y consecuentemente nos prestamos a que hagan lo mismo con nosotros… ¿Nos arriesgamos a restringir el aceso internacional al conocimiento, la innovación tecnológica, a los servicios avanzados…?

Nuestras pifias “regulacionistas” en Internet

Internet es por naturaleza abierto y global. Con muy bajas barreras de entrada. Muy difícil, por no decir imposible,  someterlo a regulación. Basta recordar el fiasco y hasta ridículo de la regulación de los dominios en España (las punto “es”) hace una década. Internet no permite, o al menos tolera muy mal, los tratamientos burocratizados. Hace unos diez años nuestro país se unió a Bolivia como uno de los dos únicos ejemplos existentes en el mundo para regular y burocratizar al máximo los dominios. El resultado fue catastrófico. Mientras todos los países daban las máximas facilidades y crecían en términos exponenciales, en nuestro caso, el crecimiento era insignificante. Era más fácil para las empresas españolas comprar dominios genéricos con, net, org o incluso dominios nacionales en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o muchos países latinoamericanos. Además, la imagen que dábamos ante nuestros emprendedores o el mundo de Internet era de analfabetismo digital. Recuerdo que lo transmití a los responsables más directos y como respuesta obtuve un informe de 200 folios argumentado jurídicamente que España estaba en lo cierto. Hoy, la Ley Sinde es una reedición de este tipo de criterios.

La situación fue también similar cuando Jordi Sevilla en su etapa en el Ministerio de Administraciones Públicas impulsó acertadamente la Ley de la Administración Electrónica y nos reunió en una Comisión de expertos a un buen número de representantes de empresas e instituciones, junto a un no menos elevado número de legisladores (incluso expertos en Derecho Constitucional). Y en realidad estaba en lo cierto, el apoyo o base legal, el BOE, era la única forma de sacar el tema adelante en una administración como la española. Aunque muchos de los que estábamos en la Comisión nos costaba trabajo comprenderlo y preferíamos que se pasara a la acción con retos como la reingeniería de procesos, la eficiencia de los servicios públicos online, etc. Sin embargo, he de reconocer que nos hubiéramos chocado con una maquinaria burocrática ávida en poner pegas y todo tipo de trabas.

Esta mentalidad, esta cultura reguladora, sin embargo, choca con la naturaleza de Internet y las necesidades de los emprendedores que protagonizan esta revolución. Empresas como Zara, cuando se adentran en el comercio electrónico se limitan a seguir al resto: Google, Facebook, Linkedin, Twitter y un montón de pequeñas y medianas empresas, start-up y empresas de base tecnológica incluidas. Irlanda y Estados Unidos, junto a un reducido número de países, están ganando la batalla. No porque sean paraísos fiscales, sino porque han comprendido la naturaleza de Internet y lo decisivo de hacer apuestas estratégicas para favorecerlo.

La voracidad fiscal en el caso de Internet puede llevar a la empresas a ningunear a España. Más grave que no recabar impuestos es no generar empleos e incrementar el gasto vía prestaciones de desempleo. Por no hablar de los enormes costes para un país del subdesarrollo relativo de su economía digital.

Un ejemplo real, la publicidad en Internet

Aunque suene ficticio voy a exponer un situación real en el mundo de la publicidad digital. Supongamos una empresa con sede fiscal en España que tiene su hosting en Estados Unidos (ubicación de los servidores web de pago que dan acceso a todas las páginas web que ven en todo el mundo, incluida España), inserta en su página publicidad de una agencia ubicada en Argentina. Que a su vez ha contratado online  sus servicios a anunciantes japoneses. El ciclo se cierra cuando un usuario de cualquier parte del mundo, por ejemplo de la India, ha hecho click en un anuncio de esa página servida desde los Estados Unidos por la empresa española en cuestión. Así pues, esta última recibe un cheque por facilitar sus soportes que son vistos en la India gracias a la intermediación de la agencia argentina y los anunciantes japoneses, y con información ubicada en la “nube” de una empresa de USA. Todo esto se produce en la intimidad de la privacidad de datos que nos aseguran nuestras respectivas legislaciones.

Supongamos que Hacienda, independientemente de la naturaleza del hecho y los sujetos fiscales opta por regular imponiendo una tasa equiparable a un ingreso publicitario convencional en España. ¡Nuestra Hacienda puede dormir tranquila!. Y nuestra empresa española que está compitiendo internacionalmente quedará en desventaja con respecto a todas las empresas de Internet ubicadas en países donde o no se grave nada o sencillamente el tratamiento fiscal sea más favorable. Esto es, en un sector difícil y clave para nuestra economía estaremos echando piedras contra nuestro propio tejado.

Situaciones similares pueden darse con el comercio electrónico. De hecho la publicidad es parte de los servicios que conforman este tipo de transacciones digitales. No es un tema para el regulador. Nos jugamos el ser o no ser en el ámbito de Internet.

Internet rompe las fronteras

España haría bien en tomar nota de lo que hacen Estados Unidos e Irlanda. Hace escasas semanas estuve en Dublín y tuve la oportunidad de observar que, pese a dureza de su crisis financiera e inmobiliaria inicial, la economía irlandesa da signos de empezar a caminar. Las noticias se centran en los beneficios de Google, la compra de Motorola, la creación de más start-ups etc. Internet no genera las condiciones para un paraíso fiscal: sencillamente globaliza el comercio y rompe las fronteras administrativas y de todo tipo. Para un país que se resista a comprenderlo, como España, esto puede tener un alto coste.

Es lógico que para evitar esas desventajas fiscales nuestras empresas tecnológicas o de comercio electrónico se trasladen (con muy escaso coste)  a Irlanda, Estados Unidos o Luxemburgo. En algunos de estos países reciben además incentivos, ayudas o las notables ventajas derivadas de establecerse en auténticos ecosistemas de innovación, gracias a una masa crítica de empresas relocalizadas cada vez más importante.

Como comenta el diario El País, EE UU e Irlanda compiten por atraer a las empresas españolas ofreciendo entornos como el Silicon Valley o Dublín, con incentivos y todo tipo de facilidades. Mientras en España, en cambio, se grava con un IVA del 4% el libro tradicional y con un 18% el electrónico. Esto es, tratamos de darle un balón de oxígeno a una industria editorial tradicional en declive para negárselo a un sector tecnológico de futuro. Anteponemos la voracidad fiscal a nuestro posicionamiento en sectores estratégicos generadores de innovación tecnológica, cultura empresarial de futuro, empleo y riqueza.

Así nos va.

Temas relacionados:  Irlanda versus España

Andrés Pedreño Muñoz
Instituto de Economía Internacional
Universidad de Alicante

 

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2010

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2010. Por tanto, se ha añadido la cifra provisional del año 2010 y se han corregido las cifras de los años 2007-2009 con datos actualizados. Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de consolidación  fiscal que ha comenzado en el año 2010.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo se puede ver ampliado) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública. Por un lado, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009 y el crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos. Por otro, se puede observar para el año 2010 que los efectos del proceso de consolidación fiscal han generado tanto un aumento de ingresos como una caída de las dos variables representativas del gasto público.

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el año 2010 los dos saldos han registrado una mejora, aunque ambas variables permanecen en niveles negativos no deseables.

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público record hasta la fecha del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -3,8%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó la cifra record en estos 47 últimos años de historia de la hacienda pública española: un -9,4% de déficit público primario y un -11,2% de déficit público total. Finalmente, el proceso de consolidación fiscal iniciado en el año 2010 ha conseguido reducir el déficit público primario hasta el -7,3% del PIB, mientras que el déficit público total se ha reducido hasta alcanzar el -9,2% del PIB.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, el stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos la reducción es espectacular desde el año 1996, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo en 2008 y sobre todo en el año 2009. Finalmente, en el año 2010 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar el 60,1% del PIB, sobrepasando el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60%) por primera vez desde la introducción del euro.

Por último, destacar que las previsiones disponibles para el año 2011 por el FMI indican que el déficit público primario y total se reducirán substancialmente respecto a las cifras del año 2010. En concreto, el déficit público primario se situará en el año 2011 en el -4,1% del PIB, mientras que el déficit público total caerá hasta el -6,2% del PIB, aún bastante alejado del límite impuesto en el Tratado de Maastricht (-3%). El ajuste fiscal adicional de 3,2 puntos porcentuales sobre el PIB se deberá abordar obligatoriamente en los ejercicios presupuestarios de 2012 y 2013.

Esta ajuste fiscal adicional implicará un esfuerzo añadido de un aumento de ingresos y/o una caída de gasto público de aproxidamente 34.000 millones de euros. Si el crecimiento y el empleo no se recupera sustancialmente será necesario subidas adicionales de impuestos y reformas en algunos programas de gasto público. Los programas de los dos grandes partidos nacionales que aspiran a gobernar deberían reflejar las medidas de consolidación fiscal que esperan aplicar -al menos en el presupuesto de 2012- si la economía (y el empleo) sigue estancada como esperan todos los analistas y organismos internacionales.

Y en lo que concierne al stock de la deuda pública -según  la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)- se espera un aumento del mismo hasta el 67,5% del PIB para finales del año 2011. Esta última cifra  sería el máximo histórico alcanzado por el endeudamiento de las AA.PP españolas desde 1996, cuando se situó el nivel de stock de deuda pública sobre el PIB en el 66,1%.

¿Se deben eliminar la mayor parte de los gastos fiscales del sistema tributario español?

El proceso de ajuste fiscal en la economía española se está centrando en la reducción de una parte del gasto público corriente, en el aumento de impuestos (fundamentalmente IVA e impuestos especiales) y en las privatizaciones de empresas públicas, pero hay un gran olvidado del presupuesto de gasto del Estado y de las CC.AA. Se trata de los gastos fiscales que parecen intocables. En el informe del Banco de España de 2010 por fin alguien habla seriamente del tema y se sugiere que se debería abordar una sustancial racionalización y reducción de los mismos (aunque el Banco de España no se atreve a sugerir cómo). En esta Entrada del Blog vamos a situar el problema en EE.UU. y en España y sugeriremos la creación de una Comisión como la que se ha implantado recientemente en aquel país.

Recordemos que los llamados gastos fiscales o tributarios (tax expenditures en inglés) son el conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias (IVA, IRPF e impuesto de sociedades, fundamentalmente) que representan un importante coste en términos de recaudación impositiva y que en la mayoría de los casos tienen  efectos perversos negativos sobre la equidad y la eficiencia impositiva. De hecho, la eliminación de una parte sustancial de los gastos fiscales tendría cuatro efectos positivos: (1) No aumentarían los tipos impositivos marginales; (2) No reducirían los incentivos al ahorro o a la inversión productiva del sector privado; (3) Aumentaría la eficiencia económica al eliminarse numerosos incentivos fiscales que distorsionan las decisiones de ahorro y de inversión del sector privado; y (4) Se reduciría sin duda la excesiva complejidad de la estructura tributaria y aportaría, en última instancia, mayor transparencia impositiva.

Centrémonos en primer lugar en el caso de EE.UU. El presidente Obama creó en febrero de 2010 una Comisión mixta de senadores y congresistas – The National Comission on Fiscal Responsability and Reform- cuya  misión principal era proponer una reforma fiscal (tanto de los gastos como de los impuestos) en profundidad, con el objetivo último de reducir a medio y largo plazo el abultado déficit presupuestario y el stock de deuda de los EE.UU. La Comisión presentó su informe final en diciembre de 2010 con un conjunto de recomendaciones para equilibrar el presupuesto federal (excluyendo el pago de intereses del stock de deuda pública) para el año 2015. Dentro de una extensa lista de cambios en los gastos e ingresos públicos,  destaca justamente la propuesta de eliminación sustancial (y simplificación) de los gastos fiscales, ingresos adicionales que se dedicarían a reducir el déficit público.

En el primer gráfico adjunto (haciendo clic en él se puede ver ampliado) se puede ver como si los gastos fiscales se clasificaran como gasto público en lugar de como “beneficios fiscales” (o pérdida de ingresos públicos) constituirían la principal categoría de los programas de gasto federal. En concreto, alcanzan nada menos que 1053 billones de dólares [1] (el 7% del PIB de EE.UU.), muy por encima de las principales categorías de gasto (los gastos en salud pública de los ancianos y los pobres, Medicare y Medicaid, respectivamente; Seguridad Social, gastos de defensa y otros gastos de carácter discrecional). Además, la mayoría de ellos son las deducciones de los individuos o familias (por la compra de vivienda, por aportaciones a los planes de pensiones, cuidado de los niños, gastos en educación universitaria, y donaciones a la caridad, entre otros).



En el segundo gráfico podemos observar  como los gastos fiscales reducen la equidad del sistema tributario de EE.UU., ya que el valor de las deducciones, exenciones y exclusiones impositivas aumenta a medida que lo hace el ingreso del hogar. De hecho, en el gráfico se puede ver como los gastos fiscales benefician fundamentalmente  a los hogares del quintil más alto y al 1% de los hogares con más ingresos. Y esto no resulta sorprendente, ya que las familias norteamericanas de mayores ingresos son las que, en general, se compran una casa, envían a sus hijos a la universidad, ahorran para la jubilación con planes de pensiones y contribuyen generosamente a causas benéficas. Y la eficiencia queda también en entredicho ya que el Gobierno estaría dedicando una cantidad significativa de recursos tributarios (que podría dedicar a otros programas de gastos) para subsidiar decisiones del sector privado que se habrían producido de todos modos, mientras que en la práctica se excluyen a las familias de menores ingresos que serían mucho más sensibles a estos incentivos fiscales.

Centrémonos ahora al caso de España. En el primer gráfico se representa los costes de los gastos fiscales en términos de recaudación. Para el caso del IRPF representa el 33% de la misma, fundamentalmente por las deducciones a los rendimientos del trabajo, la inversión en vivienda y las aportaciones a los planes de pensiones. En lo que respecta al impuesto de sociedades, las pérdidas de recaudación se sitúan en el 16%, básicamente por las deducciones por incentivos a la inversión, por el desarrollo de proyectos de I+D y por el apoyo a las pymes. Por último, el coste de los gastos fiscales en el IVA alcanza nada menos que el 40% de la recaudación bruta, asociado en este caso a la aplicación de tipos reducidos de IVA a determinados bienes y servicios.

En el segundo gráfico se representa la pérdida de recaudación impositiva de los gastos fiscales en % del PIB de España. Para el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA representa un 2,4%, un 0,4% y un 1,6%, respectivamente. Es decir, en total un 4,4% del PIB. Para destacar la importancia relativa de esta pérdida de recaudación, pensemos que esta cifra representa un poco más de la mitad del ajuste que tendrán que realizar las AA.PP. españolas en el saldo público primario (un 8% del PIB, sin incluir pagos de intereses de la deuda pública) en el periodo 2010-2015 para lograr el doble objetivo de estabilizar el stock de deuda pública en el 70% del PIB y lograr el equilibrio presupuestario en el año 2015.

Mediante la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, se creó en nuestro país la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales (OPCG), como un órgano de asesoramiento técnico a la Cortes en el seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Como su papel parece que todavía no esta muy bien definido yo me voy a atrever a sugerir una tarea adicional. Se trataría de la propuesta de creación de una Comisión Mixta de Expertos-Parlamentarios para la racionalización de los gastos fiscales del sistema tributario español. Su principal tarea sería la de poner a cero el contador de todos los gastos fiscales, es decir, del conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias y proponer su racionalización, incluyendo las estatales como las autonómicas (en este caso del IRPF en su tramo autonómico).

La racionalización del complejo entramado de los gastos fiscales del sistema tributario español generaría, al menos, cinco efectos positivos: (1) el aumento de la equidad impositiva; (2) el aumento de la eficiencia económica; (3) la reducción de la creciente desigualdad de las rentas; (4) la simplificación de la estructura impositiva y el fomento de la transparencia; y (5) la generación de ingresos adicionales necesarios para apoyar el ajuste fiscal para el periodo 2010-2015, sin necesidad de subida de impuestos o de reducciones adicionales en algunos programas de gasto, especialmente en la inversión en infraestructuras.

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[1] 1 trillón americano equivale a 1 billón europeo.

Evolución de la presión fiscal sobre los salarios en España y en la OCDE, 2000-2010

La OCDE acaba de publicar el informe titulado Taxing Wages 2009/2010. Esta publicación anual proporciona información relativa al impuesto sobre la renta pagado por los trabajadores y las contribuciones de seguridad social pagadas por los trabajadores y las empresas en los países de la OCDE. Los cifras también incluyen las prestaciones sociales recibidas por las familias en efectivo. Los datos son proporcionados para diferentes niveles de ingreso y tipos de hogares. Por último, en el informe se presentan las cifras estimadas para la presión fiscal media y marginal sobre los salarios y los costes laborales de las empresas. Más

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