El año de los tres test

El título que encabeza estas líneas no quiere recordar alguna vieja película de Saura (“Stress es tres, tres”, aburridísima, por cierto), ni tampoco los juegos aliterativos que tan brillantemente dominaba Cabrera Infante (“Tres tristes tigres”); tan solo pretende señalar que durante el curso de 2015 se evaluará en tres campos distintos la aptitud de España para mirar de frente al futuro inmediato.

Primero, test para la democracia. A tenor de los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y de los sondeos de opinión, 2015 está destinado a alumbrar un nuevo escenario político, con pérdida de peso de los dos grandes partidos y la comparecencia relevante de nuevas formaciones políticas de rango nacional: 4 en vez de 2; cuando menos, bipartidismo corregido, dejando atrás casi un tercio de siglo de mayorías absolutas, para abrir un nuevo pasaje en la historia presente de nuestra democracia, donde la estabilidad tendrá que basarse no en la hegemonía de un partido sino en acuerdos mantenidos entre diversos grupos parlamentarios o, eventualmente, en la destreza de quienes gobiernen con el respaldo sólo de una minoría mayoritaria en los respectivos parlamentos. Ambas situaciones, debe añadirse, ni son singulares en Europa —en toda la UE proliferan nuevos partidos, “insurgentes” los ha calificado el “Times” londinense— ni son tampoco desconocidas entre nosotros, tanto en la práctica de bastantes gobiernos autonómicos como en el ciclo político de la Transición. No nos adentramos, pues, en un territorio ignoto, absolutamente desconocido, hay que subrayarlo. Como conviene alertar contra la idea de que sólo las mayorías absolutas procuran estabilidad y son eficaces para combatir la incertidumbre: mucho mejor es el buen funcionamiento de las instituciones y una cultura de concertación, de pacto sobre intereses generales o públicos. La cultura del acuerdo como bien democrático, del compromiso como deber ciudadano, de la negociación como fuente de proyectos colectivos compartidos. Un buen examen de aptitudes y actitudes democráticas.

Segundo test, el de la recuperación económica, el de su solidez. Los indicadores se muestran unánimes en sentido positivo: tanto los que captan el “clima” (“confianza de los consumidores”, “sentimiento económico”) como los que registran la evolución de la actividad productiva (general o sectorial), tanto los relativos a la inversión como los que miden las ventas del comercio y el consumo de bienes representativos, tanto los financieros (crediticios y bursátiles) como los del mercado del trabajo. Después de siete años de caída o de bajo crecimiento, 2015 puede acabar arrojando una tasa (en torno al 3 por ciento) fronteriza con una fase propiamente expansiva, que facilitaría recuperar pronto el terreno perdido en términos de PIB (-7,5 por ciento) durante la crisis. Aún prolongándose las secuelas de esta —paro, desigualdad, deuda, déficit—, 2015 supondría así la recuperada capacidad de la economía española para conocer otro ciclo de crecimiento.

Queda el tercero, el tercer test de este año no poco crucial para España. Es el menos novedoso, aun cuando tenga notas diferenciales con sus precedentes: el del nacionalismo soberanista. Del 9 de noviembre de 2014 al 27 de septiembre de 2015. Otra vuelta de tuerca, otra prueba de resistencia de materiales. Tendremos ocasión de hablar de ello.

Una visión más favorable de la industria española, por Rafael Myro

La Contabilidad Nacional de España con base en 2010 ofrece una imagen sustancialmente mejor de la que hasta hace muy poco teníamos de la evolución de la industria manufacturera durante los años anteriores a la crisis. También la CNE con base en 2008 mejoró la imagen ofrecida por la CNE con base 2000, pero sólo en lo referente a la productividad del trabajo, y en detrimento de la creación de empleo.

De acuerdo con los últimos datos, y centrándonos en el período más comparable, de 2001 a 2007, el VAB manufacturero creció a una tasa media real del 2% anual, y no del 1,1% (CNE2008), ni del 1,2% (CNE2000). Es decir, que se elevó 0,9 décimas anuales más de lo que contabilizábamos en estos últimos años. Por su parte, el empleo manufacturero (medido en puestos de trabajo), que aumentó según la CNE2000, se redujo sensiblemente según la CNE2008 (-1,1% anual), mientras que en la nueva estimación decrece más moderadamente (-0,6% anual). Como consecuencia, la productividad del trabajo, que apenas crecía en la primera estimación con base en 2000 ha pasado a aumentar a un ritmo del 2,6% anual en la última, la de 2010. No está nada mal, sólo medio punto menos que el avance logrado en Alemania, y ello a pesar del fuerte incremento de la inmigración en España, que ha incentivado producciones intensivas en trabajo.

Estos datos revelan pues un crecimiento apreciable de las manufacturas en el período considerado, con un notable aumento de la productividad y sin una elevada pérdida de empleo (menor que en otros países)

¿Qué ha podido ocurrir para que el INE ofrezca semejante revisión al alza? Al margen de posibles factores ligados a la nueva metodología de cálculo de las magnitudes económicas, cuya incidencia se me escapa, mi sospecha es que el crecimiento del VAB ofrecido hasta ahora se compatibilizaba mal con la expansión experimentada por las exportaciones de bienes (el 82% son manufacturas), que en el mismo período alcanzaron una tasa media anual de aumento del 4,4% en términos reales. Como es sabido, la crisis ha hecho que miráramos más y mejor a nuestras exportaciones.

Como puede verse en el Gráfico 1, existe una estrecha relación en el periodo contemplado entre el crecimiento por países del VAB real y el de las exportaciones de bienes. Ahora España se sitúa en el lugar apropiado. Y es que en contra de la creencia extendida de que el avance de nuestras exportaciones es algo reciente, propio de esta crisis, la realidad es que cuenta con una trayectoria muy larga, con crecimientos a tasas muy elevadas, superiores a las de otros países europeos, desde hace ya bastante tiempo (en la década de 1990 a la tasa real del 11,1% anual)

VAByEX

También puede observarse en el gráfico citado que España superó en crecimiento del VAB manufacturero a Francia, Italia y Gran Bretaña, quedando sólo por debajo de Alemania, entre las grandes economías. Las pequeñas y de más reciente incorporación a la EU fueron las que más crecieron.

A mi juicio, lo expuesto avala tres conclusiones para las que también existen otros muchos elementos de apoyo: a) que los problemas de la industria española están íntimamente relacionados con la profunda crisis económica que ha atravesado nuestro país desde 2008. No son anteriores; b) más en concreto, están ligados a la formidable caída de la demanda y a la restricción financiera;  c) que nuestro modelo productivo es más fuerte de lo imaginado; no podría ser de otra forma dada la evolución de las exportaciones.

Podría añadirse a ellas que la recuperación de la demanda interna y externa probablemente encontrará en la industria española una sólida respuesta en términos del aumento de la oferta, pero desconocemos el alcance de los daños originados por la crisis, el efecto de la destrucción de miles de establecimientos y empleos. Por otra parte, no cabe duda de que se requieren profundos cambios en el modelo productivo para garantizar un firme crecimiento industrial a largo plazo. Comenzando por un serio esfuerzo innovador. Aunque la productividad del trabajo en las manufacturas creció sólo algo menos que en Alemania, lo hizo con mucho mayor apoyo en el capital por trabajador y con parcas ganancias de PTF.

Podría objetarse a lo señalado hasta ahora que las manufacturas españolas podrían haber crecido más, puesto que la demanda interna española aumentó con mucha rapidez. Sin embargo, si aceptamos una estimación de la elasticidad de la demanda de importaciones de bienes de 2,13 (1), resulta que las importaciones crecieron menos de lo esperado, en un momento de alza relativa de los costes laborales y de encarecimiento del euro (Gráfico 2). Este hecho añade una conclusión más a las ya expuestas con anterioridad, las exportaciones son clave para el crecimiento de la industria y para la reindustrialización que necesita nuestra economía. A corto plazo no hay vías de sustitución de importaciones, porque la industria española tiene ya una acrisolada especialización inter e intra-índustrial. A medio plazo tal vez si, siempre que nos tomemos en serio la ciencia y el capital humano.

Importaciones

(1) García, C.; Gordo, E,; Martínez-Martín, J. y Tello, P.(2009): Una actualización de las funciones de exportación e importación de la economía española, Banco de España, Documentos Ocasionales, nº 0905

 

 

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Un año crucial

Enero se ha despedido eliminando cualquier duda acerca del singular relieve que está destinado a alcanzar 2015. No sólo en España; también a escala europea el primer mes del año ha concluido con novedades que anuncian cambios de largo recorrido, quizá de época, con Draghi y Tsipras, cada uno por su lado, como abanderados. Aquí, en todo caso, ese adiós ha estado acompañado de señales anticipadoras de un ejercicio que está llamado a ser gozne entre tiempos muy distintos, una encrucijada, por eso mismo, en la historia de nuestro presente. Tres me parecen especialmente destacables. Primera, la convocatoria de los comicios autonómicos en Andalucía, que viene a redondear el intenso, el apretado (disparatado) calendario electoral que nos espera a lo largo del año; segunda, la publicación de diversos indicadores económicos expresivos de una recuperación que toma fuerza; tercera, la multitudinaria manifestación que ha llenado el centro de Madrid justo el último día de Enero, demostrando una más que notable capacidad movilizadora por parte de sus convocantes. Ninguna de ellas nos debe dejar indiferentes.

La cargada agenda de llamamientos a las urnas, uno por trimestre (elecciones andaluzas en marzo, locales y también autonómicas en mayo, catalanas en septiembre, y generales probablemente en noviembre o diciembre, todas las cuales se interpretarán en clave nacional), marcará el tono en el espacio público. El tono bronco y artificioso, tan ruidoso como hueco, que suele presidir casi siempre las campañas electorales, esa servidumbre de la democracia en tanto invitan a la simplificación de planteamientos y programas, a ofrecer duros a cuatro pesetas (o a menos) y a utilizar tan solo el blanco y negro para dibujar la realidad: el peor ambiente para gobernar y también para hacer oposición atendiendo a los intereses generales y no a los meramente partidistas.

Ninguna buena ayuda, sin duda, para el afianzamiento del proceso de recuperación que, semana a semana, parece cada vez más perceptible. Del mercado de trabajo al de la vivienda, del sector exterior al del comercio minorista, los signos positivos que van conociéndose hacen de 2015 un año decisivo para abrir en su curso una nueva fase de crecimiento económico, dejando atrás definitivamente la alargada sombra de una honda y severa crisis.

Por su parte, la vigorosa irrupción en el escenario político de nuevos interlocutores organizados (Podemos, pero no sólo él) implicará muy posiblemente el fin de la prolongada etapa de predominio indiscutido del bipartidismo, con la correspondiente alternancia en el gobierno de la nación. Desde las elecciones generales celebradas a finales de 1982, ese ha sido el modelo, la pauta siempre seguida, que ha aportado un muy alto grado de estabilidad a nuestra democracia (y la estabilidad, no se olvide, es nutriente principal de la confianza, componente clave, a su vez, del quehacer empresarial y de toda la actividad económica). Un tercio de siglo puede estar así llegando a su término.

No va a ser 2015, pues, un año cualquiera. Hoy presenta muchos ingredientes para constituir, más bien y en diversos terrenos, final de una etapa y comienzo de otra. Un año crucial, en definitiva.

Ante un calendario adverso

En la primera página de un viejo manual de Derecho Civil, que hace ya más de cincuenta años era una leyenda en la Facultad de Derecho de la Universidad madrileña, y no tanto por su calidad, que la tenía, como por la obligación de memorizarlo casi íntegramente para superar el correspondiente examen —el “Compendio”, de Federico de Castro, uno de los grandes maestros de los juristas españoles contemporáneos—, se leía que aquel era un tiempo “más que de crisis, de psicosis de crisis”. No sé si ese escueto diagnóstico, bien representativo de la extraordinaria concisión del texto citado, era acertado para su época, pero quizá sí sea válido para este arranque del 2015 en España, cuando una buena parte de la opinión pública expresa una sensación de desaliento que no se corresponde con los registros de muchos indicadores y “signos externos”, y no sólo en el ámbito de la economía. Tan urgente como desechar un frívolo triunfalismo, será entonces combatir cualquier estado colectivo de frustración, cuyos efectos nunca serán buenos.

El país funciona mejor no solo de lo que bastantes dicen, sino también de lo que muchos creen. El ajuste macroeconómico logrado, en términos de equilibrio externo, merece un sobresaliente: pasar en muy pocos años de necesitar que el resto del mundo nos financiara un 10 por ciento del PIB a autofinanciarnos, sin poder devaluar, ha sido un éxito, aunque haya acarreado —“devaluación interior”— altos costes sociales. Algo parecido puede decirse del sistema bancario, que, después de afrontar una severa reconversión —con la ayuda de los recursos aportados por los contribuyentes y las entidades sanas—, hoy ofrece comparativamente un buen estado de revista, como han revelado las más recientes pruebas del Banco Central Europeo. Más importante aún: tras varias andanadas de duros recortes presupuestarios, el sistema de protección social, con servicios y prestaciones de muy amplio espectro, se mantiene en pie y sólido. Y engranajes institucionales que son clave en una democracia, como la justicia, están actuando con probada independencia en medio de situaciones ciertamente comprometidas; así lo demuestran, un día sí y otro también, el curso de determinados procesos que involucran, según los casos, a altas magistraturas del Estado, a partidos políticos, a organizaciones sindicales y a prominentes gestores empresariales. El funcionamiento del país, por decirlo de nuevo de modo coloquial, no merece una visión derrotista. La propia emergencia a la luz pública de la corrupción, tan caudalosa, sin duda indica la “putrefacción” de ciertas élites, pero también es señal de capacidad de reacción social e institucional.

Deberíamos encarar el nuevo año, por tanto, con entereza. No va a ser fácil, pues el nutrido calendario electoral de los próximos doce meses, con plurales convocatorias —locales, autonómicas, generales— propiciará todo menos análisis realistas en quienes quieran ganar adhesiones entre los votantes y determinación política en quienes tienen la responsabilidad de hacer frente a las secuelas de los desequilibrios padecidos y a prolongadas deficiencias estructurales. Pedagogía social y acción gubernamental decidida es lo que hemos de pedir. No estamos ante un fracaso colectivo, pero los problemas planteados —ahora más de orden político que económico— no admiten tiempos muertos o administrados en función de intereses electorales. El crecimiento ha vuelto a la economía española, pero su continuidad y vigor exigen honestidad en las propuestas y pulso político firme, lo mismo que demanda la calidad de nuestra democracia.

¿Se puede reindustrializar España? (y II)

En una entrada anterior se ha hecho referencia a las propuestas de reindustrialización surgidas en la UE y EE.UU en fechas recientes. En esta entrada vamos a analizar hasta qué punto puede decirse que España está experimentando un proceso de desindustrialización y también hablaremos de los factores que contribuyen a la pérdida de peso de la industria.

La relación entre la participación de la industria en el empleo total y el nivel de renta per cápita de los países  tiene forma de U invertida. En las fases iniciales del desarrollo crece la participación de la industria y a partir de un punto comienza a descender de forma regular. Se trata de un fenómeno bastante documentado: ver, por ejemplo, el  Gráfico 4 de este artículo de M. Sposi y V. Grossman, (aquí).

En el Gráfico que se reproduce a continuación se compara la trayectoria de las manufacturas en España con la senda media de los países de la OCDE. El trazo negro es la relación en forma de U invertida, mencionada en el párrafo anterior, para la trayectoria promedio que han seguido los países de la OCDE. Los puntos azules describen la trayectoria que ha seguido España desde 1980.

Relación entre el peso del empleo manufacturero y el PIB per cápita en los países de la OCDE. En azul la trayectoria de España

Grafico desindustrializacion

 Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE, STAN Rev. 2008

Los rasgos más sobresalientes de la comparación se pueden resumir en tres puntos. En primer lugar,  España se sitúa por debajo de la senda media de la OCDE. Esto quiere decir que, para un nivel dado de PIB per cápita, el peso de las manufacturas en el empleo es en España aproximadamente 3 puntos porcentuales inferior al que le correspondería de acuerdo con el patrón medio de la OCDE. En segundo lugar, este fenómeno se produce desde los primeros años de la década de 1980, coincidiendo con el proceso de Reconversión industrial que se produjo entonces. En tercer lugar, en los diez últimos años, el peso de las manufacturas cae relativamente más en España, pudiendo afirmarse que hay una divergencia creciente con respecto al patrón medio de la OCDE. En resumen, de la comparación parece desprenderse que España está experimentando un proceso de desindustrialización semejante al de otros países desarrollados pero de magnitud más intensa, sobre todo en los quince últimos años.

Constatado lo anterior, podemos preguntarnos por los factores que hay detrás de la pérdida de peso de la industria en la actividad económica. En principio, estos factores pueden agruparse en tres grandes categorías.

La primera podría calificarse con el término: cambio estructural. La productividad de la industria crece más que la del resto de sectores y da lugar a una disminución de sus precios relativos. En paralelo, la demanda relativa de los bienes industriales no ha respondido a estos menores precios relativos con un aumento del consumo relativo de bienes industriales sino, al contrario, con reducciones sistemáticas (en las últimas décadas el gasto nominal en bienes respecto a servicios ha estado cayendo a tasas anuales superiores al 1% anual en la mayoría de países desarrollados). Por tanto, la evolución del empleo industrial ha quedado, durante las últimas décadas, en todos los países desarrollados, por detrás de la evolución de los servicios. Es decir, el crecimiento económico desencadena un mecanismo de cambio estructural que hace que el sector industrial, a través del juego de su productividad, precio y demanda relativas, reduzca su peso en el conjunto de la economía. R. Lawrence y L. Edwards (aquí) lo han analizado para EEUU y su conclusión es que este fenómeno, el cambio estructural, es el factor explicativo más importante para dar cuenta de la disminución del tamaño relativo de la industria de EEUU, hasta suponer, en la actualidad, menos del 10% del empleo total. Para los países de la UE, R. Veugelers (aquí) ofrece evidencia similar.

La segunda está relacionada con el comercio exterior. Una demanda interna abastecida de forma creciente por importaciones puede erosionar el empleo de los sectores más expuesto a la competencia exterior. El conocido artículo de D. H. Autor, D. Dorn y G. H. Hanson (aquí), que analiza el impacto de las importaciones chinas (estrechamente relacionadas con el offshoring) sobre el empleo manufacturero de EEUU, tomando como referencia más de setecientas áreas metropolitanas, llega a la conclusión de que el 25% de la caída del empleo manufacturero se ha debido al aumento de dichas importaciones. Un ejercicio de enfoque similar hecho con datos de provincias españolas por V. Donoso, V. Martín y A. Minondo (aquí) obtiene como resultado un efecto de magnitud similar. Sobre esta cuestión A. Minondo ha escrito una interesante entrada en este blog (aquí).

Hay una tercera categoría de carácter residual que, a falta de mejor nombre, llamaré: otros factores. Éstos incluyen la externalización de actividades de servicios que antes se realizaban dentro del perímetro del sector y que pasan a contratarse fuera de él. La compra externa de servicios (publicidad, auditoria, sistemas de información, formación de personal, etc.) representa una fracción creciente del output industrial (aquí, evidencia para varios países europeos). Otro factor que hay que incluir en esta tercera categoría es la creciente terciarización de la industria. Las empresas industriales producen cada vez más, de forma integrada, servicios. Por esta razón, muchas dejan de realizar como actividad principal tareas industriales. Un estudio reciente sobre Dinamarca, de A. Bernard, V. Smeets y F. Warzinski (aquí), concluye que en torno a la mitad de la reducción en la cuota del empleo manufacturero, la desindustrialización a la que nos estamos refiriendo, se debe a cambios de actividad de las empresas desde la industria hacia los servicios.

Los factores señalados han sido examinados en un artículo que aparecerá próximamente en un número monográfico sobre la industria española de Papeles de Economía Española (aquí), escrito en colaboración con Ana Martín-Marcos y Francisco J. Velazquez. En él llegamos a la conclusión de que los tres factores indicados contribuyen al proceso de desindustrialización de España, así como al de otros países de la UE. Aunque no podemos decir la magnitud con la que contribuye cada uno de ellos, se desprende del análisis que el cambio estructural, la externalización de servicios y la terciarización de la industria, que son factores relativamente permanentes, van a seguir actuando en los próximos años. Por tanto, es un poco temerario formular objetivos de reindustrialización en términos de incrementar el peso de la industria. La pérdida de peso relativo de la industria, tanto en empleo como en valor añadido, es previsible que continúe los próximos años.

Las reflexiones anteriores no pretenden agotar, como es obvio, un tema muy amplio y con muchas vertientes de análisis. El cambio tecnológico actual está modificando la naturaleza de la industria, como en el pasado el desarrollo industrial modificó la posición de la agricultura en el sistema económico. Comprender estos cambios es clave para diseñar una política industrial nueva que contribuya al crecimiento económico. He tratado de argumentar que la fijación de objetivos cuantitativos sobre el porcentaje que debe alcanzar la industria en el PIB no ayuda demasiado a formular políticas que promuevan el fortalecimiento de la industria.

 

¿Se puede reindustrializar España? (I)

 

La crisis ha hecho renacer el interés por la industria. La situación de declive relativo en que se encuentra la actividad industrial frente a los servicios, ha dado impulso a la idea de desarrollar políticas que promuevan la existencia de un sector manufacturero sólido y estable. Aunque no se diga, detrás de este planteamiento subyace la idea de buscar una especialización productiva con mayor peso de sectores de alto valor añadido, elevada productividad y con cualificación del empleo y salarios altos. En el sector manufacturero hay un núcleo amplio de actividades que cumple estos requisitos.

La UE parece estar a favor de este enfoque reindustrializador. El actual Presidente de la Comisión Europea, en la presentación de sus orientaciones políticas al Parlamento Europeo, en julio de 2014, dice: “debemos elevar el peso de la industria en el PIB de la UE, desde el 16% actual al 20% en 2020” (aquí). Este punto de su agenda se apoya en una Comunicación de la anterior Comisión Europea (COM-508), del año 2012, donde se define un esquema nuevo de política industrial para los países de la UE. El esquema está basado en seis líneas de actuación prioritarias: tecnologías avanzadas de fabricación, tecnologías facilitadoras esenciales, bioproductos, construcción y materias primas sostenibles, vehículos limpios y redes inteligentes. (aquí)

El objetivo de la agenda de Jean-Claude Juncker está basado, por tanto, en una estrategia bastante elaborada que recoge explícitamente un planteamiento de reindustrialización de la UE. Este nuevo enfoque define objetivos sectoriales concretos y rompe en cierta medida con una política anterior de corte más horizontal.

Al otro lado del Atlántico encontramos planteamientos de política industrial similares. En su Discurso del Estado de la Unión de 2012, Barak Obama defiende un programa de medidas para conseguir que “la recuperación económica comience por las manufacturas” (aquí).

Aunque puede decirse que el objetivo de reindustrialización es similar en Europa y en EE.UU, sin embargo hay diferencias importantes de planteamiento. El de la Administración Obama se basa en la idea de conseguir relocalizar en suelo de EE.UU. actividades manufactureras de empresas que practicaron con intensidad el offshoring durante las dos últimas décadas. En el caso de la UE el planteamiento está más relacionado con la idea de invertir la tendencia de declive industrial en Europa y de recuperación del terreno perdido en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Siguiendo una orientación parecida, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado, en septiembre de 2014, una Agenda para el fortalecimiento de la industria en España que establece como criterio la “necesidad de cambiar el modelo productivo para que la industria tenga un mayor peso en el PIB nacional” (aquí). El documento no cuantifica, como ha hecho la UE, el porcentaje en que debe incrementarse el peso relativo de la industria.

Se advierten algunas otras diferencias de enfoque con respecto a la UE. La Agenda contiene una lista muy amplia de medidas agrupadas en diez líneas de actuación que pertenecen, en la mayoría de casos, al ámbito de las políticas horizontales (I+D+i, apoyo a la internacionalización, etc.). Es decir, la propuesta no está tan orientada a objetivos sectoriales o tecnológicos concretos ni tiene un enfoque novedoso como el documento de la Comisión Europea.

Es fácil justificar el interés de promover un sector manufacturero sólido y con un peso relativo creciente. El gráfico ilustra el papel que juega este sector en la exportación (el porcentaje que supone de las exportaciones totales), en el gasto empresarial en I+D o en el crecimiento de la productividad agregada. En la UE el peso relativo del sector está entorno al 15% y las contribuciones superan todas el 50%. En España la situación no es muy distinta salvando la contribución algo menor de la productividad.

grafico UE

Grafico Spain

 Fuente: R. Veugelers (2013) Manufacturing Europe’s future (2013), para los datos de la UE e INE para España

 

Respecto al planteamiento más frecuente de política económica que busca cambiar el modelo productivo a través de reformas de los mercados de factores y de productos, modificando las condiciones en que se produce, la propuesta de reindustrialización apunta de manera más directa hacia cambios en qué producir. ¿Es realista este planteamiento en el contexto de España? En una próxima entrada seguiremos tratando esta cuestión.

España en la inversión directa internacional

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Un amplio grupo de colegas hemos publicado una extensa investigación acerca la IED española, que profundiza en su evolución, sus determinantes y sus efectos sobre la economía española. A continuación, resumo algunos de sus principales aspectos.

1.- Evolución comparada de la IED española

El análisis de la inversión exterior directa de España ha de insertarse en el marco de imparable aumento del stock acumulado de inversión mundial durante las tres últimas décadas, con crecimientos espectaculares en los años finales del decenio de 1990 y en buena parte de los años 2000, en los que por fin ha tenido lugar una destacad desviación de los de las operaciones de las empresas multinacionales (EMN) hacia las economías emergentes, auspiciando más su desarrollo, al tiempo que atraídas por él.

Pues bien, España ha participado de forma muy notoria de este proceso, más pronto como receptor neto de inversiones exteriores que como emisor sobresaliente, situación en la que alcanza relieve ya mediada la década de 2000. En efecto, las inversiones procedentes del exterior iniciaron su rápido ascenso en torno a 1990, cuando ya anotaron el 3,2 por 100 del total mundial, un porcentaje que perderían enseguida, dada la notable expansión de los flujos internacionales, pero que recuperarían en 2007. En cambio, la inversión de las empresas españolas en el exterior es un proceso más lento en sus orígenes, pero se convierte en espectacular en el decenio de 2000, logrando el 3 por 100 del total mundial en 2007.

Así pues, durante la década de 2000, España avanza a pasos agigantados por la senda propia seguida por los Países desarrollados, pasando de receptor neto de inversiones a importante inversor en el exterior, con un volumen de stock de capital de las EMN extranjeras en el territorio nacional que iguala el que poseen en el exterior las EMN con origen en España.

La crisis actual ha hecho a España retroceder posiciones relativas, pero sin que se haya resentido el volumen de ambos stocks financieros, el de las inversiones recibidas y el de las enviadas al exterior, que, por el contrario, ha seguido creciendo, y más que en otros países europeos. Esta aparente paradoja se explica porque todos los Países Desarrollados se han visto negativamente afectados en sus cuotas en la inversión mundial por el ascenso de los Países en Desarrollo, no sólo como receptores, sino también como activos emisores de inversiones exteriores, realizando por un amplio elenco de nuevas multinacionales.

En la atracción de inversiones exteriores, España ha alcanzado ya ratios de intensidad inversora, es decir de stock de inversión recibida en relación al PIB, solo inferiores a los de Reino Unido. Aumentarlos supone pues todo un reto, que debe y puede conseguirse. Las inversiones realizadas en otros países permiten aún un recorrido más amplio, dado que es posible aspirar a detentar los mismos porcentajes de actividad inversora con respecto al PIB que poseen los otros socios comunitarios de gran dimensión. Baste decir al respecto que la relevancia de las EMN españolas como compradoras de empresas extranjeras es todavía débil en comparación con la que registran como vendedoras, rasgo que las separa de las alemanas, británicas o francesas.

2.- Distribución sectorial

Desde una perspectiva de los grandes agregados sectoriales, las inversiones recibidas por España se han implantado sobre todo en las actividades de servicios, si bien anotan una magnitud desproporcionada, en comparación con los países comunitarios de mayor dimensión, en energía, agua y electricidad, fundamentalmente merced a la venta de la empresa Endesa a la italiana Enel. En las manufacturas, sobresalen las posiciones de las EMN extranjeras en minerales no metálicos, alimentos bebidas y tabaco, metalurgia, química, vehículos automóviles y productos farmacéuticos. Todas estas actividades, excepto la química, acrecientan su peso en el total durante el periodo contemplado. Algunas, como alimentos, complementan un tejido productivo muy extenso creado por el capital nacional, pero las demás han contribuido a generar una estructura productiva con un buen desarrollo de los sectores de contenido tecnológico medio-alto y medio-bajo, lo que pone de manifiesto el interés de las empresas extranjeras de buscar los huecos existentes en el mercado nacional, sustituyendo con frecuencia importaciones. De ahí el carácter horizontal de la IED recibida. Esta inclinación hacia los espacios menos competidos por las firmas nacionales se capta bien en los análisis realizados acerca de los determinantes de las inversiones recibidas.

Las inversiones de las firmas españolas en el exterior han seguido un patrón sectorial análogo al de las empresas de los países comunitarios de mayor dimensión, primando igualmente las actividades de servicios, sobre todo las de intermediarios financieros y telecomunicaciones, y las de energía. En las manufacturas, sobresalen los productos de minerales no metálicos, metalurgia, química y alimentación, bebidas y tabaco, y vehículos y piezas.

3.- Países de origen y destino

En lo que concierne a este aspecto, hay que señalar la importancia de los países europeos en ambos frentes, más en las inversiones recibidas que en las realizadas en el exterior. Entre los inversores en España también despunta EEUU. El período más reciente ha visto afirmarse el peso de Italia, cuyas empresas detentan el primer lugar por volumen de stock de inversiones en 2011, y una creciente penetración de economías en desarrollo, particularmente México y Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Israel y Argentina, a las que se une Portugal.

En la distribución de las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional, se han calculado “efectos sede”, que indican una fuerte disociación entre la localización de las sedes -y en especial del stock de IED- y la de los activos reales, representados por el inmovilizado material. La Comunidad de Madrid es la región que cuenta con “efectos sede” de forma generalizada, en el plano agregado y en las agrupaciones sectoriales, percibiéndose la aparición de más regiones con efectos sede en algunas de las diversas actividades manufactureras, Cataluña especialmente. Resulta interesante comprobar que el reparto regional de los inmovilizados materiales de las filiales del capital extranjero guarda una relación mucho más palmaria con la dimensión de las regiones que el reparto de los capitales accionariales de las empresas.

Como en el caso de las recibidas, en las inversiones realizadas en el exterior se aprecia también una clara especialización en Iberoamérica, explicable por los lazos culturales e idiomáticos de España con esa zona, que resulta paralela a la que otros países tienen, por razones semejantes, en otras áreas (Reino Unido en Norteamérica, Asia y África). En todo caso, España disminuyó con celeridad la entidad de América Latina en la localización de sus inversiones exteriores en los primeros años de este siglo, continuando la trayectoria de progresiva y amplia diversificación propia de los países más desarrollados y el notable estímulo recibido de la integración en la Unión Europea. No obstante, tiene pendiente una mayor penetración en los países asiáticos, en los que los socios comunitarios (con apenas relieve en América Latina) gozan de una superior implantación.

4.- Rentabilidad

La rentabilidad implícita de las inversiones en España, tanto de las realizadas por EMN extranjeras en el territorio nacional, como de las acometidas por empresas ubicadas en España en otros países, se encuentran en línea con las alemanas y por encima de las francesas e italianas, todas ellas inferiores a las británicas. Durante los años de crisis, la rentabilidad se ha aminorado, aunque manteniéndose en niveles muy aceptables en el caso de la inversión de España en el exterior. La apreciable rentabilidad obtenida es un resultado sumamente relevante, porque indica la presencia de estímulos y atractivos esenciales de cara a la continuidad de ambos tipos de inversiones y, sobre todo, porque sanciona y consolida las estrategias practicadas por las EMN extranjeras y nacionales, con promesas de continuidad que deberían facilitar el ascenso de la actividad inversora en los años venideros.

Más concretamente, los resultados económicos cosechados por las EMN extranjeras que se obtienen del Registro de Inversiones Exteriores han sido notables, no muy distintos de los de sus competidoras nacionales, máxime en la etapa expansiva de 2003 a 2007, un año este último con cifras del 14,2 por 100 en relación a los fondos propios de las empresas. La crisis ha reducido estas cifras sensiblemente.

En lo que se refiere a la rentabilidad de la inversiones españolas en el exterior creció con enorme pujanza entre los años 2003 y 2007, alcanzando en el último de ellos una cifra ciertamente muy elevada (17,1 por 100), empujada por la expansión del PIB mundial. La situación cambió radicalmente en 2008 y 2009 con motivo de la crisis, al reducirse las cifras prácticamente a la mitad. Pero su singular impacto acaba aquí, pues en los años siguientes, en este plano agregado, la rentabilidad no se aleja mucho del promedio de la fase expansiva, beneficiándose del mayor crecimiento de las economías en desarrollo.

Por lo demás, la rentabilidad obtenida por las empresas españolas en el exterior supera la que se obtiene en el plano nacional, por firmas nacionales y extranjeras, lo que debe interpretarse como un respaldo de la estrategia seguida por las empresas españolas en sus inversiones exteriores, que ha redundado en su fortalecimiento competitivo. Es también la expresión de que el acceso a los mercados en rápida expansión ha sido un determinante principal, como concluyen los estudios disponibles sobre los determinantes de esta inversión.

5.- Determinantes de la IED

En la vertiente de la IED recibida, el acceso al gran mercado español en rápida expansión figura como el principal determinante, especialmente en las actividades de intensidad tecnológica media-alta y alta, muy dependientes de las importaciones. La integración en la Unión Europea también ha desempeñado un notorio papel, pues ha incrementado significativamente el atractivo de España como país de establecimiento de EMN, al garantizar políticas más abiertas y competitivas, en mayor sintonía con las de sus socios comunitarios. La estabilidad macroeconómica y el crecimiento sin desequilibrios aparecen también como grandes atractivos.

De aquí se infiere que la recuperación económica y un crecimiento más equilibrado, asentado en una economía más flexible y con funcionamiento más competitivo de los mercados, con menos trabas para los negocios y una decidida apuesta por la innovación y el capital humano, son piezas claves del estímulo de la IED recibida.

En la esfera de la inversión realizada por España en otros países, el condicionante básico ha sido la expansión de las compañías españolas, buscando afirmar sus economías de escala de empresa y rentabilizar sus activos intangibles, con mercados cercanos geográfica y culturalmente y con gran potencial de crecimiento, como los de los países al norte de España, y máxime los de Iberoamérica. Han escapado así de las limitaciones del mercado nacional y de las barreras de entrada para introducirse en esos otros mercados a través de las exportaciones, que en el caso de los servicios derivan de la naturaleza propia de las actividades. Es un proceso que ha avanzado de la mano de la expansión de las exportaciones, protagonizado por las compañías de mayor tamaño y productividad más elevada, que son también las que se han dirigido a destinos más lejanos.

De ello se deduce que el fortalecimiento de las empresas españolas, el incentivo al acrecentamiento de su productividad y a la acumulación de intangibles son puntos esenciales del avance en sus inversiones. En realidad, las mismas políticas que atraen inversiones exteriores auspician inversiones en el exterior.

6.- Efectos sobre la economía española

El impacto de la actividad de las filiales de EMN extranjeras sobre la economía española ha sido positivo, propiciando el crecimiento del PIB, el aumento del empleo y de las exportaciones y una mayor eficiencia de las empresas nacionales. A través de un modelo de equilibrio general computable, este libro ofrece una valoración global de los efectos de diversa índole derivados de sus inversiones en España entre los años 2006 y 2013, concluyéndose que habrían ayudado a elevar el empleo en un 5,25 por 100, a recortar la tasa de paro en 3,15 puntos porcentuales, a incrementar los salarios reales en un 1,89 por 100, brindando con ello un aumento del bienestar de los españoles de un 2,79 por 100. Por otro lado, también se estima la contribución de las EMN a las exportaciones que resulta ser apreciable (un 30 por 100 del total), sobre todo en aquellos sectores en los que su presencia es mayor.

También ha sido muy favorable el impacto de las inversiones realizadas por las empresas ubicadas en España en otros países. En efecto, a pesar de tratarse fundamentalmente de inversiones horizontales, potenciales sustitutivas de las efectuadas en el mercado interior, la repercusión sobre el empleo nacional parece haber sido positiva, según se desprende de la estimación contenida en este libro, y también parecen haberlo sido los efectos sobre la cualificación laboral, el esfuerzo tecnológico y las exportaciones de las empresas involucradas, aspectos sobre los que igualmente se ofrecen sendos análisis.

Las empresas inversoras en el exterior, entre las que se encuentra una apreciable proporción de las filiales extranjeras en España, destacan por su dimensión, su productividad del trabajo, su esfuerzo tecnológico, la cualificación de su mano de obra y su elevado gasto en formación, aspectos que probablemente remiten a una mayor calidad de su gestión.

Pues bien, esta incidencia positiva de la IED sobre la economía española debe actuar como estímulo para reforzar la política de promoción de la inversión exterior seguida, que merece una alta calificación, pero cuyos frutos pueden aumentarse en los próximos años, complementando las buenas prácticas que caracterizan a sus agencias de promoción, con el ICEX en un lugar muy prominente, con algunas otras que exhiben las oficinas más innovadoras de algunos de los países desarrollados.

 

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2013, y proyecciones 2014-2017

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas fiscales de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2013. En concreto, se ha añadido la cifra provisional del año 2013 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan previsiones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada), del déficit público primario (sin incluir los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo), previsiones presentadas en el pasado mes de abril por el Ministerio Economía y Competitividad y en el pasado mes de mayo por la Comisión Europea para el periodo 2014-2017.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 que avanza a un ritmo excesivamente lento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas pública a largo plazo.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública o gastos públicos primarios. En primer lugar, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009, y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos en los años posteriores a 2008. En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos realizados, los gastos totales y los gastos sin intereses de la deuda pública se situaron a finales de 2013 en el 45,3% y el 41,9% del PIB, respectivamente, lejos todavía de las cifras registradas antes del inicio de la crisis de 2008. Por último, los ingresos públicos no logran apenas recuperarse (suben tan sólo 0,6 puntos porcentuales en 2013) y se sitúan a niveles del año 1996 (38,6% del PIB), lejos todavía del máximo de recaudación alcanzado en 2007 (41,5% del PIB), último año del reciente periodo de expansión económica registrado en la economía española (1995-2007).

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2010-2013 el ahorro público primario ha registrado una ligera mejora (1,1 puntos porcentuales en % del PIB), mientras que el ahorro público total incluso ha empeorado (0,3 puntos porcentuales del PIB) por el fuerte aumentos de los pagos de los intereses de la deuda pública acumulada. Ambas variables se sitúan todavía en 2013 en niveles negativos no deseables que incumplen la “regla de oro” de la política fiscal (emitir deuda pública solamente para financiar la inversión pública).

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta entonces del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord: un -9,4% de déficit público primario y un -11,1% de déficit público total en estos 50 últimos años de historia de la hacienda pública española. El proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se frenó significativamente en 2012, aunque se ha vuelto ha encauzar en el año 2013. De hecho, el déficit público total se ha reducido en 3,5 puntos porcentuales del PIB en 2013 hasta alcanzar el 7,1%, mientras que el déficit público primario se ha reducido en 3,9 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse en el 3,7% del PIB.

No obstante, el déficit público total actual (-7,1% del PIB) se mantiene en una cifra aún muy alejada del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro. El problema fiscal refleja tanto la insuficiente caída del gasto público, como la insuficiente recaudación impositiva.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2013 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar la cifra récord del 93,9% del PIB, sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para el periodo 2014-2017 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE. Las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad provienen de la publicación Actualización del Programa de Estabilidad, 2014-2017 remitida a la Comisión Europea el pasado mes de abril, mientras que las previsiones de la Comisión Europea aparecen en el informe European Economic Forecast, Spring 2014, publicado el pasado mes de mayo.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total (gráfico 5) del Ministerio de Economía y Competitividad indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2014-2017 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2016 y 2017 el 2,8% y el 1,1%del PIB, respectivamente, situándose ya por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht del -3%. Las previsiones de la Comisión Europea son mucho más pesimistas y los técnicos del organismo estiman que en 2015 volverá a empeorar el déficit público total hasta situarse en el 6,1% del PIB.

¿A qué se deben estas significativas diferencias en las previsiones del déficit público total nivel stock de deuda pública (en % del PIB) del Ministerio y la Comisión Europea?

Las diferencias se sustentan en las importantes divergencias que existen entre las respectivas previsiones de la tasas de crecimiento real de la economía, de las tasas de interés real de la deuda pública y del nivel de déficit público primario (variable dependiente a su vez de la dinámica de ingresos públicos y de gastos públicos excluidos los pagos por intereses de la deuda pública), variables responsables de la dinámica temporal de la deuda pública (junto al nivel actual del stock de deuda pública).

Por otra parte, las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (gráfico 6) son claramente pesimistas. Los técnicos del organismo estiman que el stock de deuda pública se situará a finales de 2014 en el 100,2% del PIB, mientras que a finales de 2015 ya alcanzará el 103,8% (cifras muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Masstricht del 60% del PIB). Por otra parte, el stock de deuda pública alcanzó a finales de julio de 2014 los 1.005.714 millones, lo que representa ya el 98,2% del PIB, según las cifras difundidas el 17 de septiembre por el Banco de España.

Si el crecimiento económico de la economía española no se acelera significativamente (a tasas de crecimiento real del PIB cercanas al 3%),  la situación de las finanzas públicas podría desembocar en un futuro no muy lejano en un “default” (impago) de la deuda pública. Y no sería la primera vez. En el siguiente cuadro se recogen las 14 veces que España ha iniciado un procedimiento puro de impago de su deuda pública desde 1557.  Además somos lo que más veces nos hemos declarado en alguna variante de “default” entre 1340 y 2011. [1]

—–

[1] Fuente: Reinhart, C.M. y  & Kenneth S. Rogoff, K.S. (2014): “This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises”, Annals of Economics and Finance, Society for AEF, vol. 15(2), pp. 1065-1188; Domínguez Martínez, J.M. y López del Paso, R. (2011): “Situaciones de impago de deuda soberana”, eXtoikos, No. 4, pp. 147-152.

PIKETTY, ESPAÑA Y DESIGUALDAD

Se están escribiendo miles de páginas sobre la obra El Capital en el siglo XXI, del economista Thomas Piketty. Con una traducción del francés al inglés que no se lee con naturalidad –en español aparecerá después del verano-, el libro incorpora directamente en sus páginas las estadísticas más importantes utilizadas para elaborar sus argumentos.

Como en tantas obras históricas de investigación, España no aparece, ya sea por la escasa importancia económica hasta tiempos recientes o por la ausencia de estadísticas. Estas son un lujo de los países cultos y desarrollados. Sin embargo, la obra remite a la imponente base de datos que ha construido y utilizado para el  libro y en ella sí aparecemos de manera individualizada. El acceso a internet está abierto para los investigadores.

Las estadísticas sobre España y el resto de países, se refieren a la distribución de la renta antes de impuestos medida por la proporción de la misma detentada, año a año, por el 10%, 1%, 0,1% y 0,01% más rico de la población. La serie más larga para el caso español se refiere al 0,01% más rico, cuyos datos comienzan en el año 1933. En ese año, ese grupo poseía el 1,41% de la renta; esto es, 140 veces su peso en la población. Esa proporción de renta fue disminuyendo con el transcurso del tiempo.

Como afirma Piketty en una de sus tesis más sólidas, fueron las guerras las que aceleraron una distribución menos desigual de la renta. La Guerra Civil, primero, y la II Guerra Mundial, más tarde,  precipitaron su caída. En el caso español, a la tesis de las guerras, hay que añadirle el periodo inmediatamente anterior al Plan de Estabilización de 1959, que produjo una rápida pérdida relativa de renta en ese grupo del 0,01%.

Para los restantes grupos (10%, 1% y 0,1%), las estadísticas comienzan de forma regular en el año 1981 ¿Qué ha ocurrido desde entonces?

El cuadro general de la participación en la renta nacional de esos grupos indica que dos ellos se mantuvieron estables, mientras que otros dos concentraron fuertemente la renta.

El grupo del 10% más rico poseía el 32,61% de la renta en el año 1981; en el año 2010 poseía el 31,98%. El 1% más rico pasa del 7,5% al 8,24% de la renta en el mismo periodo; el 0,1% pasa del 1,87% al 2,48% y el 0,01% del 0,52% al 0,81%.

Hay estabilidad en los 2 primeros grupos, pero en el 0,1% y 0,01% más ricos, una fuerte concentración de la renta durante el periodo mencionado de 1981 a 2010.

¿Sobre qué gobiernos de la democracia recaen las responsabilidades de esa distribución? Tanto durante los gobiernos de Felipe González como en los de Aznar, la distribución de la renta se concentra en los más ricos, excepto para el periodo de Gonzalez y referido al 0,01% más rico, que pierde algo de peso. Es especialmente llamativa la muy rápida concentración de renta para ese grupo más rico del 0,01% durante el periodo de Aznar.

Solo los gobiernos del periodo de Zapatero consiguieron de manera continuada reducir la participación en la renta nacional de todos los grupos mencionados.

En conjunto, podemos afirmar que los ricos pertenecientes al 10% y al 1% de mayores rentas, han mantenido constante su participación durante toda la etapa democrática. Sin embargo, los grupos del 0,1% y 0,01% más ricos, han aumentado su participación en un 33% y un 55%, respectivamente, durante el mismo periodo.

Las rentas que se computan, son tanto las del trabajo como las del capital, percibidas por los individuos. Las mismas conclusiones se pueden extraer si se consideran las ganancias (o pérdidas) de capital asociadas a la revalorización o depreciación de los activos financieros e inmobiliarios que se posean.

No obstante, todos los datos anteriores se refieren a la renta antes del pago de impuestos y de la percepción de transferencias por parte del Estado. Su toma en consideración, modifica de forma significativa la situación de los más pobres. Así, en el caso de España y para el periodo reciente de crisis que va del 2007 al 2011, la reducción de impuestos y el aumento de las transferencias sociales, lograron que la contracción de la renta disponible de las familias, representara solo la mitad de la reducción total de la renta antes de impuestos y transferencias.

Paralelamente a este efecto positivo, se produce también una reducción de la participación en la renta nacional de los más ricos. Para el año 2010, la participación del 10% más rico en la renta era del 31,98%, mientras que después de impuestos y transferencias fue del 24,6%.

No obstante los matices anteriores, no hay dudas de que la distribución de la renta en España, tanto en el análisis de Piketty como en otros más recientes de la OCDE, ha empeorado notablemente durante el periodo de crisis. Si consideramos el índice de Gini, este ha aumentado del 0,306 al 0,344 en tanto solo los 4 años que van de 2007 a 2011. Sólo Turquía, Chile  y EE.UU. presentan peores distribuciones de renta.

Adicionalmente, la evolución de la pobreza confirma ese comportamiento de la distribución de la renta. Junto a Irlanda y Grecia, somos el país de la UE en donde más ha aumentado. Una pobreza, por lo demás, que se ha desplazado del grupo que tradicionalmente era más vulnerable –los mayores- hacia los jóvenes.

Esta evolución pone de manifiesto, adicionalmente, que tanto en nuestro país como en otros mencionados, la pésima situación del mercado de trabajo, que está impidiendo que la mitad de los jóvenes puedan incorporarse y conseguir un empleo, se encuentra entre las causas más importantes –si no la que más- para explicar la evolución de la justicia distributiva en nuestro país.

Pero mientras este problema comience a repararse, no existe un sustituto para las políticas sociales de los gobiernos de todos los niveles y colores.

Rogelio Velasco. IE Business School

¿Existe un peligro de deflación en la economía española?

El último dato de la variación interanual del IPC general correspondiente al mes de marzo de 2014 del -0,2% publicado por el INE ha hecho saltar las alarmas en los medios de comunicación, en el sentido de que la economía española podría estar dirigiéndose a un período de deflación.

Recordemos, que lo que en principio podría parecer una buena noticia para las familias (que bajen los precios de los bienes y servicios) puede convertirse en todo lo contrario. Y ello por varias razones.

En primer lugar, cuando bajan los precios de los bienes y servicios de manera generalizada, las empresas ven reducidos también sus márgenes de los precios de venta de sus productos, lo que supone a medio plazo una caída de sus beneficios y un deterioro de su cuenta de resultados. Además, ello puede provocar que tengan problemas para devolver sus préstamos (y para obtener nuevos), y si los costes laborales unitarios se mantienen estables, ello puede terminar a su vez en estructuraciones y reducciones de las plantillas. Finalmente, el aumento del desempleo genera más caída del consumo y, por tanto, nuevas reducciones de precios.

En segundo lugar, la deflación provoca un efecto negativo psicológico en los consumidores. En concreto, si los consumidores perciben que los precios han bajado pero pueden hacerlo aún más, pueden tomar la decisión de retrasar sus decisiones de compra para adquirir los bienes y servicios más baratos en un futuro. En este caso, la demanda de bienes y servicios disminuye en mayor medida, lo que provoca un exceso de la oferta y una nueva disminución de los precios. Y esta espiral se puede retroalimentar indefinidamente si no se pone remedio.

Por último, si estos efectos de la deflación se dan en una economía muy endeudada (como es el caso de la española), el problema se traslada también al sector bancario. En concreto, si las familias y las empresas no financieras tienen más problemas para devolver los préstamos bancarios, la morosidad bancaria aumenta, lo que provoca problemas de solvencia para las entidades, una caída significativa de concesión de nuevos créditos y, en última instancia, genera más problemas para los hogares y las empresas no financieras.

También la deflación afecta negativamente a la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que el stock de deuda pública crece si cae la tasa de crecimiento nominal del PIB por el efecto de la deflación y si los tipos de interés nominales de la deuda pública son mayores que la tasa de crecimiento nominal del PIB (como es el caso de la economía española). Este es el efecto “bola de nieve” de los pagos de intereses de la deuda pública.

Algunos colegas de la profesión académica y del mundo financiero, y la mayoría de los comentaristas económicos, están alertando en los últimos tiempos de un posible peligro de deflación en la economía española. Pero pueden estar equivocados, al menos por tres razones.  Por un lado, porque no interpretan los datos estadísticos disponibles de una manera rigurosa y adecuada desde una óptica temporal. Por otro lado, porque no escogen adecuadamente los indicadores de precios para poder afirmar que estamos entrando en un período de deflación. Por último, porque circunscriben la deflación como un fenómeno de corto plazo, obviando las consecuencias a largo plazo de la conjunción actual de las acciones de la política monetaria, fiscal y de la evolución del tipo de cambio nominal.

Primer error: El horizonte temporal no es el adecuado

Algunos de los que señalan el peligro de deflación de la economía española basan su afirmación en la reducción observada en el IPC en un mes o varios meses consecutivos. Pero como enseñamos a nuestros alumnos de Economía, el fenómeno de la inflación o deflación no se define utilizando un nivel de precios en un horizonte temporal de corto plazo, en este caso un mes, sino más bien hace referencia a la tasa de variación “sostenida” (en el medio y largo plazo) de los precios, no del nivel de precios.

En los dos gráficos adjuntos se muestra la evolución temporal del IPC general de la economía española (tasa interanual del IPC mensual) en los períodos enero 1962-marzo 2014 y enero 1999-marzo 2014, respectivamente (hacer clic sobre los mismos para verlos más grandes).

Como se puede observar en el segundo gráfico desde el inicio del euro en enero de 1999 sólo se ha dado en tres ocasiones tasas interanuales negativas del IPC mensual: de marzo a octubre de 2009, en octubre de 2013 y el último dato disponible de marzo de 2014.

 

 

 

Segundo errorEl indicador de precios utilizado no es el adecuado

En primer lugar, los que alertan que la economía española va a entrar en una etapa de deflación (o ya ha entrado) utilizan los datos del IPC “general”. En concreto, señalan que la tasa negativa interanual del IPC general del -0,1% en octubre de 2012 y -0,2% del mes de marzo de 2014 respectivamente, es un prueba que la deflación es una “amenaza” para la economía española. Sin embargo, el dato agregado es engañoso. De hecho, esta evolución se debe a una caída -quizás transitoria- de las tasas interauales de algunos de los componentes del IPC general, como el índice que recoge los precios de la energía y el índice de los bienes industriales no energéticos. De hecho, si profundizamos en la evolución de algunos de los componentes principales de la inflación, podemos destacar que los IPC de la Alimentación, el IPC de las Manufacturas y el IPC de la Hostelería y Turismo (ver siguientes gráficos) continúan registrando tasas interanuales positivas.

 

 

 

 

En segundo lugar, existen indicadores estadísticos más adecuados para ver las tendencias a largo plazo que el IPC general y sus componentes. De hecho, muchos estudios disponibles indican que un indicador menos volátil y, por tanto, más preciso para tal fin, es el deflactor del PIB. De hecho, la tasa interanual del deflactor del PIB se mueve en tasas positivas en los cuatro trimestres de 2013 (véase siguiente gráfico). Por lo tanto, habrá que esperar al dato del deflactor del PIB del primer trimestre del 2014 para ver si mantiene o no la tasa interanual positiva.

 

Tercer error: La inflación y la deflación no es un fenómeno de corto plazo

Si algo hemos aprendido los economistas es que la inflación o la deflación es siempre y en cualquier lugar un fenómeno monetario en el largo plazo.

¿Cómo se puede prevenir la deflación en la zona euro y en la economía española en particular?

Con un aumento extraordinario y de carácter permanente de la base monetaria de la zona euro (la liquidez), tal y como está aplicando el Banco de Japón con su nueva estrategia de política monetaria de “facilidad monetaria cualitativa y cuantitativa” iniciada en abril de 2013, y que tuvimos ocasión de abordar en otra entrada del Blog.

Por un lado, la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) debe de ser mucho más expansiva, como ya tuvimos de ocasión de explicar en otra entrada del Blog. El BCE debe expandir en mayor medida su balance interviniendo en el mercado monetario de la zona euro con compras masivas de títulos deuda pública y de activos respaldados por hipotecas del sistema bancario.

Por otro lado, el BCE debe influir activamente en la depreciación del tipo de cambio nominal del euro, interviniendo en los mercados de cambio mediante compras masivas de títulos deuda pública de los EE.UU.

Pero el Presidente del BCE, Mario Draghi, y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno no están preocupados por la posible deflación ni tampoco por el débil crecimiento de la zona euro, y en la reunión de hoy han decidido no tomar ninguna medida extraordinaria. Yo me pongo del lado de la Directora del FMI, Christine Lagarde, que era partidaria de introducir ya medidas expansivas monetarias no convencionales.

En el siguiente vídeo pueden ver la posterior rueda de prensa de Mario Draghi donde justifica lo injustificable:

 

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