PIKETTY, ESPAÑA Y DESIGUALDAD

Se están escribiendo miles de páginas sobre la obra El Capital en el siglo XXI, del economista Thomas Piketty. Con una traducción del francés al inglés que no se lee con naturalidad –en español aparecerá después del verano-, el libro incorpora directamente en sus páginas las estadísticas más importantes utilizadas para elaborar sus argumentos.

Como en tantas obras históricas de investigación, España no aparece, ya sea por la escasa importancia económica hasta tiempos recientes o por la ausencia de estadísticas. Estas son un lujo de los países cultos y desarrollados. Sin embargo, la obra remite a la imponente base de datos que ha construido y utilizado para el  libro y en ella sí aparecemos de manera individualizada. El acceso a internet está abierto para los investigadores.

Las estadísticas sobre España y el resto de países, se refieren a la distribución de la renta antes de impuestos medida por la proporción de la misma detentada, año a año, por el 10%, 1%, 0,1% y 0,01% más rico de la población. La serie más larga para el caso español se refiere al 0,01% más rico, cuyos datos comienzan en el año 1933. En ese año, ese grupo poseía el 1,41% de la renta; esto es, 140 veces su peso en la población. Esa proporción de renta fue disminuyendo con el transcurso del tiempo.

Como afirma Piketty en una de sus tesis más sólidas, fueron las guerras las que aceleraron una distribución menos desigual de la renta. La Guerra Civil, primero, y la II Guerra Mundial, más tarde,  precipitaron su caída. En el caso español, a la tesis de las guerras, hay que añadirle el periodo inmediatamente anterior al Plan de Estabilización de 1959, que produjo una rápida pérdida relativa de renta en ese grupo del 0,01%.

Para los restantes grupos (10%, 1% y 0,1%), las estadísticas comienzan de forma regular en el año 1981 ¿Qué ha ocurrido desde entonces?

El cuadro general de la participación en la renta nacional de esos grupos indica que dos ellos se mantuvieron estables, mientras que otros dos concentraron fuertemente la renta.

El grupo del 10% más rico poseía el 32,61% de la renta en el año 1981; en el año 2010 poseía el 31,98%. El 1% más rico pasa del 7,5% al 8,24% de la renta en el mismo periodo; el 0,1% pasa del 1,87% al 2,48% y el 0,01% del 0,52% al 0,81%.

Hay estabilidad en los 2 primeros grupos, pero en el 0,1% y 0,01% más ricos, una fuerte concentración de la renta durante el periodo mencionado de 1981 a 2010.

¿Sobre qué gobiernos de la democracia recaen las responsabilidades de esa distribución? Tanto durante los gobiernos de Felipe González como en los de Aznar, la distribución de la renta se concentra en los más ricos, excepto para el periodo de Gonzalez y referido al 0,01% más rico, que pierde algo de peso. Es especialmente llamativa la muy rápida concentración de renta para ese grupo más rico del 0,01% durante el periodo de Aznar.

Solo los gobiernos del periodo de Zapatero consiguieron de manera continuada reducir la participación en la renta nacional de todos los grupos mencionados.

En conjunto, podemos afirmar que los ricos pertenecientes al 10% y al 1% de mayores rentas, han mantenido constante su participación durante toda la etapa democrática. Sin embargo, los grupos del 0,1% y 0,01% más ricos, han aumentado su participación en un 33% y un 55%, respectivamente, durante el mismo periodo.

Las rentas que se computan, son tanto las del trabajo como las del capital, percibidas por los individuos. Las mismas conclusiones se pueden extraer si se consideran las ganancias (o pérdidas) de capital asociadas a la revalorización o depreciación de los activos financieros e inmobiliarios que se posean.

No obstante, todos los datos anteriores se refieren a la renta antes del pago de impuestos y de la percepción de transferencias por parte del Estado. Su toma en consideración, modifica de forma significativa la situación de los más pobres. Así, en el caso de España y para el periodo reciente de crisis que va del 2007 al 2011, la reducción de impuestos y el aumento de las transferencias sociales, lograron que la contracción de la renta disponible de las familias, representara solo la mitad de la reducción total de la renta antes de impuestos y transferencias.

Paralelamente a este efecto positivo, se produce también una reducción de la participación en la renta nacional de los más ricos. Para el año 2010, la participación del 10% más rico en la renta era del 31,98%, mientras que después de impuestos y transferencias fue del 24,6%.

No obstante los matices anteriores, no hay dudas de que la distribución de la renta en España, tanto en el análisis de Piketty como en otros más recientes de la OCDE, ha empeorado notablemente durante el periodo de crisis. Si consideramos el índice de Gini, este ha aumentado del 0,306 al 0,344 en tanto solo los 4 años que van de 2007 a 2011. Sólo Turquía, Chile  y EE.UU. presentan peores distribuciones de renta.

Adicionalmente, la evolución de la pobreza confirma ese comportamiento de la distribución de la renta. Junto a Irlanda y Grecia, somos el país de la UE en donde más ha aumentado. Una pobreza, por lo demás, que se ha desplazado del grupo que tradicionalmente era más vulnerable –los mayores- hacia los jóvenes.

Esta evolución pone de manifiesto, adicionalmente, que tanto en nuestro país como en otros mencionados, la pésima situación del mercado de trabajo, que está impidiendo que la mitad de los jóvenes puedan incorporarse y conseguir un empleo, se encuentra entre las causas más importantes –si no la que más- para explicar la evolución de la justicia distributiva en nuestro país.

Pero mientras este problema comience a repararse, no existe un sustituto para las políticas sociales de los gobiernos de todos los niveles y colores.

Rogelio Velasco. IE Business School

Rockonomics

“La mejor vía para explicar economía es a través del ejemplo que aporta la industria del rock and roll”. Quien afirma esto es Alan Krueger, un reputado profesor de economía y políticas públicas de la Universidad de Princeton.

Krueger dejará próximamente su posición como presidente del Consejo de Asesores Económicos de Obama, donde ha estado desde finales de 2011. Su experiencia pública se extiende a la condición de economista jefe en el Ministerio de Trabajo durante el periodo de Clinton, así como en el Tesoro. Todavía recuerdo, cuando fue nominado, el comentario del Wall Street Journal interpretando su elección como la apuesta de la nueva administración por el crecimiento económico, y más concretamente por el intervencionismo del Gobierno y la revitalización de sus políticas de empleo.

Lo que más me llamo la atención, sin embargo, fue el contraste que hizo entonces la revista Vanity Fair con su colega de universidad Paul Krugman. Manejaba distintos criterios para subrayar diferencias y denominadores comunes, no solo los vinculados a sus historiales académicos, sino a otras dimensiones más personales, desde el color del pelo al estado de ánimo que reflejaban en las fotografías oficiales. Omitió esa revista algo relevante, la afición de ambos por la música contemporánea: el detallado conocimiento de Krueger del negocio de la música rock o su condición de seguidor de la obra de Bruce Sprinsgteen. Krugman tiene por costumbre insertar en su blog del New York Times de los viernes (Friday night music), algún vídeo de los artistas o conjuntos de su preferencia, con distintos pretextos y argumentaciones.

“Ahora que Alan tendrá más tiempo”, dijo Obama al hacer pública su salida del consejo, “podrá dedicarse más a su verdadera pasión, la economía del rock and roll”. Y es verdad que en un paper con Marie Connolly -Rockonomics: The Economics of Popular Music- contribuía a delimitar ese campo de análisis.

En él se abordaban los elementos mas destacados en la economía de la industria del rock -ingresos por conciertos, fijación de precios, tendencias en su ascenso desde los 90, concentración de los ingresos entre los artistas, protección de los derechos de copyright, la influencia del cambio tecnológico y una no menos interesante defensa de la existencia de un mercado secundario de entradas de conciertos-, así como sus tendencias. Desde entonces Krueger ha reafirmado esa convicción en el paradigma de la industria del rock.

Sin ir más lejos, la pasada semana dio una conferencia en el Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland de la que se deducen sugerentes lecciones de ese negocio para el conjunto de la economía americana, especialmente en términos de distribución de la renta. El título de la conferencia fue Land of Hope and Dreams, en honor a su paisano Bruce Springsteen. Fue precisamente el Boss quien consiguió el pasado año la gira más rentable de las grandes estrellas, justo detrás de Madonna, con 200 millones de dólares en ingresos generados en 72 conciertos. No hace falta decir que los resultados conseguidos por el resto de los cantantes de rock no tuvieron similares resultados.

Esas marcadas diferencias son las que destaca Krueger para asimilarlas a lo que ocurre en la economía de su país. Como en otras tantas industrias, la parte del león termina en las manos de unos pocos actores. A diferencia de las explicaciones mas académicas sobre las causas de la
concentración de la riqueza, que destacarían como origen de esas diferencias el talento, la tecnología, la proyección global, etc., Krueger destaca el papel de la suerte: por cada superstar existe otro con un talento similar que no llega ni mucho menos a obtener ingresos suficientes para la mera supervivencia, ya sea por la sustitución imperfecta, por la escala en el alcance de amplias audiencias o por la propia suerte. “La diferencia entre un Sugar Man, un Dylan y un Post Break Tragedy depende de la suerte en mayor medida de lo que se reconoce normalmente”.

El papel que juegan las actuaciones en directo es relevante. El impacto de la tecnología en ese negocio está permitiendo la recuperación de ediciones clásicas al alcance actual de amplias audiencias gracias a las modernas técnicas de grabación: Krueger destaca la edición última de Like a Rolling Stone de Dylan, considerada la mejor canción de la historia por la revista Rolling Stone, como un exponente de esas ventajas. Pero también los avances en las tecnologías de la información diluyen algunas ventajas tradicionales, extendiendo rápidamente las posibilidades de replicar y distribuir a costes decrecientes reproducciones no autorizadas, incluso ampliando las posibilidades de la piratería. Sobre esa base se entiende esta afirmación de David Bowie: “La música acabará convirtiéndose como el agua corriente o la electricidad”.

Es la caída en los ingresos por las grabaciones de discos la principal razón de que las entradas en los conciertos se hayan encarecido tanto. En los últimos 30 años el precio medio de un concierto ha aumentado un 400%, muy por encima del 150% en que ha variado la tasa de inflación. Me dicen que hace unas semanas, en el concierto del grupo para adolescentes One Direction en Madrid y Barcelona, se pagaron mas de 200 euros por una entrada. Los conciertos, efectivamente, han dejado de ser un centro de coste necesario para promocionar las ventas de discos para pasar a ser un centro de beneficio.

Pero la desigualdad también emerge en este ámbito: no todos los rockeros tienen esa misma capacidad de generar ingresos en conciertos. La proporción de los ingresos de los conciertos obtenida por los artistas incluidos en el 1% superior de la distribución se ha más que duplicado, pasando del 26% en 1982 al 56% en 2003. Los pertenecientes al 5% superior se llevaron el 90% de todos los ingresos generados en conciertos.

Esa desigualdad es una versión no muy distinta de lo ocurrido en la distribución de la renta en la economía americana en las últimas décadas. Las familias pertenecientes al 1% superior doblaron su participación en la renta total entre 1979 y 2011, desde el 10% del total al 20%. Como destaca Krueger, las rentas en la economía actual de EEUU están más sesgadas que cuando Bruce Springsteen grabó Born in the USA en 1984.

El pacto social implícito en aquella economía, consistente en la convicción de que las ganancias económicas han de compartirse ampliamente, se ha quebrado. Presidió buena parte del siglo XX, muy especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, con la existencia de un sistema fiscal progresivo y de un salario mínimo y el papel jugado por los sindicatos. Fue un equilibrio social objetivamente favorable para las empresas y para la economía en su conjunto. Su fragilidad empieza a manifestarse a partir de los años ochenta. Desde entonces, los perceptores de rentas mas altas han aumentado sus ingresos a un ritmo superior al resto de los ciudadanos con una ampliación en la distribución de la renta y de la riqueza sin precedentes. La industria de la música camina por los mismos derroteros. En realidad, según Krueger, es un microcosmos de lo que esta ocurriendo en la economía: se esta convirtiendo en una economía en la que el ganador se lo lleva todo (a Winner-Take-All economy). Y esa concentración tanto en el rock como en el conjunto de la economía responde a similares razones.

La potenciación de la clase media no solo garantizaría un mayor y más sostenible crecimiento económico, sino una mayor igualdad de oportunidades, para que la economía deje de ser una economía de superstar, y genere un crecimiento más inclusivo. De lo contrario, nos advierte Krueger, el próximo Bob Dylan o Bruce Springsteen nunca podrá poner sus manos en una guitarra.

La medición relativa de la pobreza

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2011 y el avance de resultados para 2012. Los indicadores básicos de pobreza y desigualdad que habitualmente se construyen con la información de esta encuesta han sido objeto de atención por diversos medios de comunicación. De su evolución se deduce que la crisis ha ampliado la brecha entre los hogares ricos y pobres y que los niveles actuales de ambos fenómenos son los más altos de las últimas décadas.

Un dato controvertido, sin embargo, es el avance publicado por el INE de que en 2012 la pobreza habría disminuido levemente respecto al año anterior. Un resultado sorprendente, dado que todos los indicadores de contexto –crecimiento del desempleo, recortes en servicios básicos para el bienestar social o agotamiento del derecho al cobro de los principales subsidios– invitan a pensar, en todo caso, en un posible aumento del riesgo de pobreza. No hay fundamentos que justifiquen este cambio, lo que obliga a centrar la atención en la forma habitual de cálculo de estos indicadores.

En la mayoría de los países de la OCDE, la pobreza se mide de forma relativa. Es decir, más que partir de un umbral absoluto, ligado a un mínimo de subsistencia, o al gasto necesario para satisfacer necesidades básicas, la pobreza se mide en función del nivel medio de vida de cada sociedad. El procedimiento más habitual es tomar como umbral un porcentaje de la mediana (mejor que la media, para evitar el efecto de las rentas extremas y los valores anómalos) de la distribución de la renta. La Comisión Europea, por ejemplo, adoptó hace años como estándar un umbral equivalente al sesenta por ciento de la mediana de la renta.

Interpretar los efectos de los cambios de ciclo con umbrales relativos de pobreza es una tarea complicada. Piénsese que si crecieran las rentas de todos los hogares en la misma proporción la tasa de pobreza, medida de esta forma, no cambiaría. Estos umbrales, por definición, crecen en las etapas expansivas y se reducen en las recesivas. Ello dificulta, salvo que se den cambios importantes en la distribución de la renta, la reducción de la pobreza en los períodos de bonanza, mientras que suaviza su aumento en las crisis.

En el caso de la economía española, la caída de las rentas de los hogares ha hecho que el umbral descienda desde los casi 8.000 euros para una persona sola en 2009 a algo más de 7.300 en 2012, en términos nominales, lo que ya de por sí indica un empobrecimiento medio de la sociedad. Un efecto natural es que los individuos u hogares con rentas más o menos estables justo por debajo del umbral, “saltan” por encima de éste cuando caen las rentas del resto de la población. Es el caso, sobre todo, de las personas mayores de 65 años, para las que el INE ha adelantado una tasa de pobreza del 17% en 2012, muy alejada del 31% de 2006.

Una vía alternativa a la consideración de umbrales absolutos o relativos sería “anclar” un umbral relativo en un año dado y actualizarlo teniendo en cuenta únicamente los cambios en el coste de la vida. Si partiéramos, por ejemplo, del umbral anclado en 2005 actualizado por el IPC, el crecimiento de la pobreza en la crisis resulta mucho más abultado que con los umbrales habituales. Tras un mínimo del 13,8% en 2009, ese indicador ascendió al 17,6% en 2010 y al 21% en 2011.

Parece necesario, por tanto, complementar el procedimiento tradicional con otro tipo de medidas si se quiere un retrato más ajustado de la pobreza en un contexto de condiciones macroeconómicas tan cambiantes. En esta línea, uno de los principales avances ha sido la consideración de enfoques multidimensionales, en los que a través de medidas sintéticas se resumen los cambios en las condiciones de vida y el equipamiento de los hogares. Los indicadores de privación múltiple muestran un deterioro mayor de las condiciones de vida de los hogares españoles en la crisis que los de pobreza monetaria, al aumentar la privación material severa más de un 30% desde 2007. La propia Comisión Europea ha pasado a utilizar un índice más amplio de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, conocido como AROPE por sus siglas en inglés (at-risk-of poverty and exclusion). Este indicador fue creado en el marco de la Estrategia Europa 2020 y combina la incidencia de la pobreza relativa con el porcentaje de hogares que carecen de ciertos bienes o padecen diferentes problemas sociales, y con la intensidad del empleo en el hogar, a partir de la relación entre las horas efectivamente trabajadas y las potenciales.

Otro posible procedimiento, que revela, en este caso, una forma de pobreza muy severa, casi absoluta, es la estimación del porcentaje de hogares sin ingresos. El aumento de las necesidades sociales puede estimarse a partir de las cifras de hogares sin ingresos del trabajo ni de prestaciones de desempleo o de la Seguridad Social que ofrece la Encuesta de Población Activa. Tal indicador se utiliza de forma cada vez más habitual como aproximación a situaciones de pobreza muy severa. Su evolución revela un recrudecimiento sin precedentes de las situaciones de carencia de ingresos. Desde unos valores en vísperas de la crisis cercanos al 1,7% del total se ha pasado (EPA, tercer trimestre de 2012) a la cota máxima de los últimos veinticinco años (3,6%). En términos del número de hogares afectados, el saldo de la crisis es demoledor: se ha pasado de algo más de 300.000 hogares a 600.000. La duplicación del número de hogares en esta situación de gran necesidad es, sin duda, uno de los indicadores más duros de los efectos de la ralentización de la actividad económica y la destrucción de empleo.

Conviene, por tanto, ampliar las perspectivas en el uso de indicadores que ayuden a describir y caracterizar fenómenos tan complejos. Especialmente, en un contexto en el que la vulnerabilidad creciente de varias categorías de la población obliga a utilizar con precisión los indicadores disponibles e inferir de ellos posibles actuaciones que intenten evitar un deterioro mayor de nuestros niveles de bienestar social.

Desigualdad y austeridad: ¿Más leña al fuego?

El desarrollo de la crisis ha tenido consecuencias ciertamente drásticas sobre el reparto de la renta entre los ciudadanos españoles. Mientras que los indicadores más básicos de desigualdad apenas han cambiado para el promedio de la Unión Europea desde 2007, España, que ya partía de niveles considerablemente más altos, ha sufrido uno de los mayores aumentos de las diferencias económicas entre los hogares. La pobreza monetaria, que había permanecido prácticamente estancada en nuestro país durante los quince años anteriores a la crisis, ha pasado a afectar a más de uno de cada cinco hogares. La magnitud de este cambio es la mayor desde que disponemos de datos anuales sobre los ingresos y las condiciones de vida de la población española. Los indicadores sobre la proporción de hogares que no reciben remuneraciones del mercado de trabajo, prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social, que regularmente ofrece la Encuesta de Población Activa, alcanzaron su máximo histórico hace más de un año y no han dejado de crecer desde entonces.

Las razones de este empeoramiento del panorama distributivo son varias y obedecen a factores que van más allá del cambio de ciclo económico. En primer lugar, persiste un problema económico básico ligado a una estructura productiva poco competitiva. En las últimas décadas, la creación de empleo ha estado muy ligada a sectores muy cíclicos y la evidencia nos muestra que necesitamos tasas relativamente altas de crecimiento del PIB para crear nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, tenemos un grave problema estructural de desigualdad y vulnerabilidad. Ya antes de la crisis existía un porcentaje de población muy amplio con rentas sólo ligeramente superiores al umbral de pobreza y muy dependientes del efecto de arrastre que había tenido la expansión de determinadas actividades económicas. En tercer lugar, no hemos sido capaces de consolidar una red de protección suficientemente sólida, enfrentándonos a la crisis con un sistema de garantía de ingresos muy fragmentado, con importantes lagunas en su cobertura y con grandes desigualdades territoriales en la respuesta ofrecida a las situaciones de insuficiencia de los ingresos.

Especialmente preocupante es el problema de la desigualdad estructural en el seno de la sociedad española. El nivel de concentración de las rentas de capital es de los mayores de la Unión Europea y nuestras desigualdades salariales son ciertamente elevadas en el contexto comparado, con una alta incidencia del trabajo de bajos salarios. Ya antes de la crisis se había alcanzado el máximo histórico en las tasas de pobreza de los ocupados. Nuestra movilidad de ingresos es, además, reducida, marcada por abundantes transiciones entre los hogares en la parte baja de la distribución de la renta y mucho más limitadas en la parte alta. Aparte de estos rasgos estructurales, la desigualdad en la renta disponible de los hogares se ha ido alejando de la media de los países más ricos por la debilidad de las políticas redistributivas. Junto a la persistencia de una brecha histórica en términos de gasto social no sólo respecto a la Unión Europea sino a lo que debería corresponder a nuestro nivel de renta, las reformas tributarias desarrolladas desde mediados de los años noventa hasta la crisis apostaron por la reducción de los tipos impositivos, lo que supuso una menor capacidad de redistribución.

El resultado de estos procesos fue que la desigualdad y la pobreza dejaron de disminuir en España desde principios de los años noventa, rompiéndose una tendencia histórica tanto de reducción continuada de ambos fenómenos como de acercamiento a los niveles medios de la Unión Europea. En lo cualitativo, la consecuencia fue el mantenimiento prolongado de situaciones de vulnerabilidad relativamente ocultas bajo la ola expansiva, mientras se iba reduciendo la capacidad de los principales instrumentos para transformar esas situaciones. La crisis, por tanto, no ha supuesto una ruptura con los procesos previos. Al agotarse el período de bonanza económica, los altos niveles de vulnerabilidad se han transformado, en un porcentaje importante, en situaciones de pobreza y exclusión social. No hay un antes y un después en las razones de fondo, aunque sí lo hay, por supuesto, en la magnitud de las cifras y en la incidencia de los problemas sociales.

Sí es un elemento de novedad, sin embargo, respecto a anteriores etapas del proceso distributivo el posible efecto que podrían tener las políticas de austeridad presupuestaria en este contexto de notable crecimiento de la desigualdad. El habitual alegato de que los ciudadanos compartan los costes de la crisis no se corresponde con la falta de neutralidad de estas políticas en términos distributivos. Ya sea a través del efecto directo que pueden tener los recortes de prestaciones y servicios o por la caída de la producción y el empleo derivada del recorte del gasto público, las llamadas medidas de austeridad podrían exacerbar la tendencia al aumento de las diferencias sociales. Corremos el riesgo de que en un breve plazo se evaporen algunos de los logros que exigieron grandes pactos sociales y un dilatado período para su consolidación.

Afirmar que puede existir una relación entre las medidas de austeridad y el posible aumento de la desigualdad no es un posicionamiento ideológico. Baste recordar cómo la severidad del ajuste fiscal en otros países en períodos anteriores, especialmente en el ámbito anglosajón, alteró sustancialmente el panorama distributivo. En el caso español, hay tres constataciones que alertan sobre la gravedad de las posibles tendencias. La primera es que en esta crisis el mayor ajuste se ha producido en las rentas de los hogares con menores recursos. La experiencia española reciente es casi un ejemplo de manual de lo que es una evolución regresiva de la renta. Mientras que entre 2006 y 2010 los ingresos del cinco por ciento de la población con rentas más bajas cayeron cerca de un 9% anual en términos reales, el crecimiento correspondiente al cinco por ciento más rico fue el mayor de toda la población. Además de desmentir el estereotipo de que los costes de la crisis se han generalizado a todas las capas sociales, el hundimiento de las rentas más bajas ha hecho que la pobreza severa crezca velozmente, quebrándose la tendencia de las cuatro últimas décadas.

En segundo lugar, la experiencia de lo que sucedió en anteriores fases recesivas en España, como la de los primeros años noventa, nos alerta de la posibilidad de que incrementos transitorios de la pobreza y la desigualdad se conviertan en crónicos en el largo plazo. A pesar de la prolongada recuperación económica de los años posteriores no volvieron a alcanzarse los niveles anteriores a ese episodio recesivo. En tercer lugar, frente al aserto habitual de que el bienestar social se recuperará si lo hacen la actividad económica y el empleo, los datos son contundentes: las estimaciones de la relación entre el ciclo económico y la pobreza muestran una acusada asimetría en la respuesta de ésta a las recesiones y a las expansiones, siendo mucho más sensible a las primeras. Volver, por tanto, a altas tasas de crecimiento del PIB no garantiza que los problemas de insuficiencia de ingresos de un segmento importante de la sociedad española vayan a reducirse drásticamente.

Evitar el aumento de la desigualdad y las posibles tensiones sociales asociadas a los procesos de fragmentación social exigiría no sólo dar respuesta a las necesidades impuestas por la crisis sino también a los problemas estructurales de nuestro modelo social. Rebajar la severidad de las nuevas formas de pobreza requeriría no sólo mantener lo que había antes de la crisis, ahora insuficiente, sino aumentar los niveles de gasto social. Si no se añaden, por tanto, criterios de equidad mucho más exigentes a las medidas de austeridad nos arriesgamos a convivir en el futuro con diferencias sociales muy altas no sólo en el contexto comparado sino en lo que ha sido nuestra trayectoria en las cuatro últimas décadas.

(Publicado en El País 10-05-2012)

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