Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2013, y proyecciones 2014-2017

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas fiscales de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2013. En concreto, se ha añadido la cifra provisional del año 2013 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan previsiones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada), del déficit público primario (sin incluir los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo), previsiones presentadas en el pasado mes de abril por el Ministerio Economía y Competitividad y en el pasado mes de mayo por la Comisión Europea para el periodo 2014-2017.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 que avanza a un ritmo excesivamente lento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas pública a largo plazo.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública o gastos públicos primarios. En primer lugar, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009, y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos en los años posteriores a 2008. En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos realizados, los gastos totales y los gastos sin intereses de la deuda pública se situaron a finales de 2013 en el 45,3% y el 41,9% del PIB, respectivamente, lejos todavía de las cifras registradas antes del inicio de la crisis de 2008. Por último, los ingresos públicos no logran apenas recuperarse (suben tan sólo 0,6 puntos porcentuales en 2013) y se sitúan a niveles del año 1996 (38,6% del PIB), lejos todavía del máximo de recaudación alcanzado en 2007 (41,5% del PIB), último año del reciente periodo de expansión económica registrado en la economía española (1995-2007).

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2010-2013 el ahorro público primario ha registrado una ligera mejora (1,1 puntos porcentuales en % del PIB), mientras que el ahorro público total incluso ha empeorado (0,3 puntos porcentuales del PIB) por el fuerte aumentos de los pagos de los intereses de la deuda pública acumulada. Ambas variables se sitúan todavía en 2013 en niveles negativos no deseables que incumplen la “regla de oro” de la política fiscal (emitir deuda pública solamente para financiar la inversión pública).

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta entonces del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord: un -9,4% de déficit público primario y un -11,1% de déficit público total en estos 50 últimos años de historia de la hacienda pública española. El proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se frenó significativamente en 2012, aunque se ha vuelto ha encauzar en el año 2013. De hecho, el déficit público total se ha reducido en 3,5 puntos porcentuales del PIB en 2013 hasta alcanzar el 7,1%, mientras que el déficit público primario se ha reducido en 3,9 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse en el 3,7% del PIB.

No obstante, el déficit público total actual (-7,1% del PIB) se mantiene en una cifra aún muy alejada del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro. El problema fiscal refleja tanto la insuficiente caída del gasto público, como la insuficiente recaudación impositiva.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2013 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar la cifra récord del 93,9% del PIB, sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para el periodo 2014-2017 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE. Las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad provienen de la publicación Actualización del Programa de Estabilidad, 2014-2017 remitida a la Comisión Europea el pasado mes de abril, mientras que las previsiones de la Comisión Europea aparecen en el informe European Economic Forecast, Spring 2014, publicado el pasado mes de mayo.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total (gráfico 5) del Ministerio de Economía y Competitividad indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2014-2017 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2016 y 2017 el 2,8% y el 1,1%del PIB, respectivamente, situándose ya por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht del -3%. Las previsiones de la Comisión Europea son mucho más pesimistas y los técnicos del organismo estiman que en 2015 volverá a empeorar el déficit público total hasta situarse en el 6,1% del PIB.

¿A qué se deben estas significativas diferencias en las previsiones del déficit público total nivel stock de deuda pública (en % del PIB) del Ministerio y la Comisión Europea?

Las diferencias se sustentan en las importantes divergencias que existen entre las respectivas previsiones de la tasas de crecimiento real de la economía, de las tasas de interés real de la deuda pública y del nivel de déficit público primario (variable dependiente a su vez de la dinámica de ingresos públicos y de gastos públicos excluidos los pagos por intereses de la deuda pública), variables responsables de la dinámica temporal de la deuda pública (junto al nivel actual del stock de deuda pública).

Por otra parte, las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (gráfico 6) son claramente pesimistas. Los técnicos del organismo estiman que el stock de deuda pública se situará a finales de 2014 en el 100,2% del PIB, mientras que a finales de 2015 ya alcanzará el 103,8% (cifras muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Masstricht del 60% del PIB). Por otra parte, el stock de deuda pública alcanzó a finales de julio de 2014 los 1.005.714 millones, lo que representa ya el 98,2% del PIB, según las cifras difundidas el 17 de septiembre por el Banco de España.

Si el crecimiento económico de la economía española no se acelera significativamente (a tasas de crecimiento real del PIB cercanas al 3%),  la situación de las finanzas públicas podría desembocar en un futuro no muy lejano en un “default” (impago) de la deuda pública. Y no sería la primera vez. En el siguiente cuadro se recogen las 14 veces que España ha iniciado un procedimiento puro de impago de su deuda pública desde 1557.  Además somos lo que más veces nos hemos declarado en alguna variante de “default” entre 1340 y 2011. [1]

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[1] Fuente: Reinhart, C.M. y  & Kenneth S. Rogoff, K.S. (2014): “This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises”, Annals of Economics and Finance, Society for AEF, vol. 15(2), pp. 1065-1188; Domínguez Martínez, J.M. y López del Paso, R. (2011): “Situaciones de impago de deuda soberana”, eXtoikos, No. 4, pp. 147-152.

La insostenibilidad de las finanzas públicas españolas: un problema histórico que parecía olvidado

El Gobierno se muestra satisfecho con el ajuste fiscal, cuando ya ha acumulado a finales de 2013 un montante de 992.298 millones de euros de deuda pública (93% del PIB) y mantiene un elevado déficit público total (con ayudas a la banca) a finales de 2013 de 72.632 millones de euros  (-7,1% del PIB). Las finanzas públicas caminan en una senda temporal insostenible, pero este problema no es nuevo.

La economía española presenta diferentes episodios recurrentes en los que no ha sido posible mantener el equilibrio presupuestario y el nivel del stock de deuda pública sin diversas medidas extraordinarias: quiebras, impagos del servicio de la deuda, quitas, canjes y reestructuración de la deuda pública soberana, y utilización del impuesto inflacionario. La lista de estos episodios es interminable:

Felipe II: 1557, 1560, 1575, 1597 Felipe III: 1607 Felipe IV: 1627, 1647, 1652, 1662 Carlos II: 1666 Carlos IV: 1798 Cortes de Cádiz: 1812-1813 Fernando VI: 1814, 1817, 1823, 1825, 1828 Isabel II: 1835, 1841, 1844, 1851, 1867 Sexenio Democrático y I República: 1871 Alfonso XII: 1876, 1881 Alfonso XIII: 1900, 1915-1919, 1927-1928 II República: 1935, 1939

En el primer gráfico adjunto (hacer click sobre el mismo para verlo más grande) se muestra la evolución temporal del stock de deuda pública sobre el PIB (en %) desde 1850 a 2013. La situación actual de la dinámica de la deuda pública se camina sin control hacia los peores episodios de nuestra historia económica reciente: la I Guerra de Cuba de 1868-1878 en el reinado de Alfonso II y la II Guerra de Cuba-Crisis de 1898 en el regencia-reinado de su hijo Alfonso XIII.

 

 

No menos importante por comparación histórica es la situación actual del nivel del déficit público total en relación al PIB: nunca se había viso tal cifra desde 1850, tal y como muestra el segundo gráfico.

 

Y estas cifras recientes de déficit público total no incluyen (si el stock de deuda pública) las innumerables emisiones de deuda necesarias para las necesidades de financiación de diversos “Fondos Especiales” a los que ha tenido que hacer frente el Tesoro español. Es el llamado “efecto ajuste déficit-deuda” (emisiones de deuda que no computan como déficit pero si como deuda; origen = necesidad de financiar la adquisición neta de activos financieros). La lista es la siguiente:

- FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera), préstamos al rescate de Irlanda, Grecia y Portugal.

- Participación en el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera), sustituye al FEEF para futuros rescates.

- Fondo de Apoyo a la República Helénica (bilateral).

- FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

- FAAF (Fondo de Adquisición de Activos Financieros).

- Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP).

- FADE (Fondo de Adquisición del Déficit Eléctrico).

- ¿Rescate a las autopistas de peaje quebradas en 2014 (2400-5000 millones de euros?

Recordemos que las adquisiciones netas de activos financieros para financiar los Fondos mencionados ha provocado entre 2008 y 2013 un aumento de la deuda pública (no relacionada con las necesidades de financiación del déficit público) de 46.883 millones de euros (4,5% del PIB).

Por último, en las estadísticas de deuda pública quedan fuera la “deuda contingente” de las AA.PP., que constituyen la concesión de avales y otras garantías sobre las deudas contraídas por otros sectores institucionales. Estos avales y garantías no se registran como pasivos en las cuentas de las AA.PP., dado que la deuda garantizada es registrada entre los pasivos del agente que recibe la garantía.

No obstante, estas garantías suponen unos pasivos contingentes para las finanzas públicas, de modo que, si la garantía fuese ejecutada total o parcialmente, las AA.PP. asumirían la totalidad de la deuda, se registraría como contrapartida una transferencia de capital pagada al deudor original y, por lo tanto, se incrementaría el déficit y la deuda de las AA.PP.

A finales de 2013 el volumen de pasivos contingentes se situaba en algo más de 16 puntos del PIB (165.000 millones de euros), como resultado de los distintos avales concedidos al sistema bancario (avales a emisiones de deuda bancaria a medio plazo, 2008-2009), al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y, más recientemente, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en el marco del proceso de reestructuración bancaria.

It’s tax expenditure, stupid! (¡Es el gasto fiscal, estúpido!)

El Comité de Expertos (o los llamados “sabios fiscales”) designado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, para la reforma del sistema tributario español ya ha ultimado su documento de propuestas. Y como era de esperar el documento ya circula por doquier antes de que se lo presenten oficialmente al ministro. Esta Comisión, presidida por Manuel Lagares (catedrático jubilado de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales de la Universidad de Alcalá), recomienda una profunda reforma fiscal, que pasa por reducir la tributación directa, aumentando las bases y rebajando tipos, y compensar las rebajas con aumentos en la tributación indirecta.

Sin entrar ahora si resulta conveniente sustituir imposición directa por indirecta, en esta entrada del Blog me voy a centrar en destacar lo que no propone a fondo el borrador de documento (presuntamente filtrado por algún miembro de la Comisión y que se debería presentar formalmente a finales de febrero): la eliminación de la mayor parte de los gastos fiscales.

Recordemos que los llamados gastos fiscales o tributarios (tax expenditures en inglés) son el conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias (IVA, IRPF e impuesto de sociedades, fundamentalmente) que representan un importante coste en términos de recaudación impositiva y que en la mayoría de los casos tienen  efectos perversos negativos sobre la equidad y la eficiencia impositiva. De hecho, la eliminación de una parte sustancial de los gastos fiscales tendría cuatro efectos positivos: (1) No aumentarían los tipos impositivos marginales; (2) No reducirían los incentivos al ahorro o a la inversión productiva del sector privado; (3) Aumentaría la eficiencia económica al eliminarse numerosos incentivos fiscales que distorsionan las decisiones de ahorro y de inversión del sector privado; y (4) Se reduciría sin duda la excesiva complejidad de la estructura tributaria y aportaría, en última instancia, mayor transparencia impositiva.

En el cuadro adjunto que se presenta en tres partes (hacer clic sobre los mismos para verlos más grandes) se representa la pérdida de recaudación impositiva de los gastos fiscales en % del PIB de España. Las cifras son las oficiales que aparecen en la “Memoria de Beneficios Fiscales” de los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Como puede observar el lector, la lista es interminable y de los más variopinta.

La pérdida de recaudación impositiva de los gastos fiscales alcanza tan sólo en 2014 los 38.360 millones de euros, lo que representa un 3,83% del PIB de España, desglosado en 15.513 millones de euros del IRPF, 1410 millones de euros del Impuesto de la Renta de no residentes, 3309 millones de euros del impuesto sobre sociedades, 16.628 millones de euros del IVA, 584 millones de euros del impuesto sobre las primas de seguros y 826 millones de euros de los impuestos especiales.

De todo ese conjunto de gastos fiscales que deja de recaudar el Estado, la única propuesta de eliminación que se ha filtrado a la prensa es la eliminación de la deducción de la cuota del IRPR por inversión en vivienda habitual, que representa solamente 1785 millones de euros (un 4,5% del total de gastos fiscales), y cuya propuesta de retroactividad podría ser de dudosa legalidad.

Para destacar la importancia relativa de esta pérdida de recaudación de los gastos fiscales (38.360 millones de euros), pensemos que esta cifra representa el 64% del ajuste que han realizado las AA.PP. españolas en el déficit público en el periodo 2009-2012 (60.000 millones de euros), y más del doble del ajuste fiscal previsto para el periodo 2012-2015 (15.000 millones de euros).

 Yo me atrevería a aconsejar al profesor Montoro que alargara el mandato de la Comisión para que la misma profundizará en la racionalización de los gastos fiscales del sistema tributario español. Su principal tarea sería la de poner a cero el contador de todos los gastos fiscales, es decir, del conjunto de deducciones, exenciones, desgravaciones, reducciones e incentivos de las distintas figuras tributarias y proponer su racionalización, incluyendo las estatales como las autonómicas (en este caso del IRPF en su tramo autonómico). Me gustaría que en el informe final que entreguen al Ministro aparezca un estudio para cada uno de los gastos fiscales que evalúe sus efectos en términos de equidad y de eficiencia. En caso contrario, la Comisión habrá servido sólo para justificar el intercambio de imposición directa por indirecta, tal y como proponía en su programa electoral el actual Gobierno.

La racionalización del complejo entramado de los gastos fiscales del sistema tributario español generaría, al menos, cinco efectos positivos: (1) el aumento de la equidad impositiva; (2) el aumento de la eficiencia económica; (3) la reducción de la creciente desigualdad de las rentas; (4) la simplificación de la estructura impositiva y el fomento de la transparencia; y (5) la generación de ingresos adicionales necesarios para apoyar el ajuste fiscal para el periodo 2014-2020, sin necesidad de subida de impuestos o de reducciones adicionales en algunos programas de gasto, especialmente en la inversión en infraestructuras.

Para justificar mi propuesta recordemos que el Presidente El presidente Obama creó en febrero de 2010 una Comisión mixta de senadores y congresistas - The National Comission on Fiscal Responsability and Reform- cuya misión principal era proponer una reforma fiscal (tanto de los gastos como de los impuestos) en profundidad, con el objetivo último de reducir a medio y largo plazo el abultado déficit presupuestario y el stock de deuda de los EE.UU. La Comisión presentó su informe final en diciembre de 2010 con un conjunto de recomendaciones para equilibrar el presupuesto federal (excluyendo el pago de intereses del stock de deuda pública) para el año 2015. Dentro de una extensa lista de cambios en los gastos e ingresos públicos, destaca justamente la propuesta de eliminación sustancial (y simplificación) de los gastos fiscales, ingresos adicionales que se dedicarían a reducir el déficit público.

En el siguiente gráfico podemos observar como los gastos fiscales reducen la equidad del sistema tributario de EE.UU., ya que el valor de las deducciones, exenciones y exclusiones impositivas aumenta a medida que lo hace el ingreso del hogar. De hecho, en el gráfico se puede ver como los gastos fiscales benefician fundamentalmente a los hogares del quintil más alto y al 1% de los hogares con más ingresos. Y esto no resulta sorprendente, ya que las familias norteamericanas de mayores ingresos son las que, en general, se compran una casa, envían a sus hijos a la universidad, ahorran para la jubilación con planes de pensiones y contribuyen generosamente a causas benéficas. Y la eficiencia queda también en entredicho ya que el Gobierno estaría dedicando una cantidad significativa de recursos tributarios (que podría dedicar a otros programas de gastos) para subsidiar decisiones del sector privado que se habrían producido de todos modos, mientras que en la práctica se excluyen a las familias de menores ingresos que serían mucho más sensibles a estos incentivos fiscales.

Finalmente, también me gustaría ver este gráfico para la economía española en el Documento Final de la Comisión de Expertos.

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2012, y proyecciones 2013-2018

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2012. En concreto, se ha añadido la cifra provisional del año 2012 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan previsiones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada), del déficit público primario (sin incluir los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo), previsiones presentadas en el pasado mes de abril por el Ministerio Economía y Competitividad y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el periodo 2013-2018.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 que avanza muy lentamente y que incluso ha dado un paso atrás en 2012.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública o gastos públicos primarios. En primer lugar, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009 y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos. En segundo lugar, se puede observar que en 2012 se ha frenado el ligero retroceso de los años 2010 y 2011 de las dos variables representativas del gasto público, con los gastos totales alcanzado cotas históricas (un 47,7% del PIB) y con el gasto público primario volviendo a crecer ligeramente (hasta el 44,7% del PIB). Por último, los ingresos públicos no logran apenas recuperarse y se sitúan todavía a niveles del año 1990 (37,1% del PIB).

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2010-2012 el ahorro público primario ha registrado una ligera mejora mientras que el ahorro público total apenas ha mejorado. Ambas variables se sitúan todavía en 2012 en niveles negativos no deseables.

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta la fecha del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord: un -9,4% de déficit público primario y un -11,2% de déficit público total en estos 48 últimos años de historia de la hacienda pública española. Finalmente, el proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se ha frenado significativamente en 2012, al registrarse una nueva subida del déficit público primario hasta alcanzar el -7,7% del PIB, mientras que el déficit público total ha vuelto a crecer hasta alcanzar el -10,6% del PIB, cifra aún muy alejada del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2012 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar la cifra récord del 84,2% del PIB, sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5, 6 y 7 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para el periodo 2013-2018 de las cifras del déficit público total, del déficit público primario y del stock de deuda pública según la metodología PDE. Las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad provienen de la publicación Actualización del Programa de Estabilidad, 2013-2016 remitida a la Comisión Europea el pasado mes de abril, mientras que las previsiones del FMI aparecen en la base de datos World Economic Outlook Database, April 2013, publicada también el pasado mes de abril.

En primer lugar, las previsiones disponibles para el déficit público total (gráfico 5) del Ministerio de Economía y Competitividad indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2013-2018 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2016 el 2,7% del PIB por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht del -3%), situándose con un ligero superávit del 0,6% en 2018. Las previsiones del FMI son mucho más pesimista y los técnicos del organismo estiman que ni siquiera en 2018 se podrá alcanzar este objetivo, ya que el déficit público total se situará en el -5,6% del PIB.

En segundo lugar, en relación al déficit público primario (gráfico 6), nuevamente las previsión del Ministerio son optimistas, ya que estiman que en 2016 se alcanzará un superávit primario del 0,9%. En este caso, nuevamente el FMI es mucho más pesimista, puesto que prevé que a finales de 2018 todavía se registrará en la economía española un déficit primario de 1,4 puntos porcentuales en relación al PIB.

Por otra parte, las previsiones sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (gráfico 7) son claramente divergentes. Mientras que el Ministerio prevé que la ratio del stock de deuda pública en % del PIB comienza a reducirse a partir de 2017 hasta situarse a finales de 2018 en el 92,2% del PIB, el FMI estima que la ratio seguirá ininterrumpidamente creciendo hasta situarse a finales de 2018 en el 110,6% del PIB. En ambos casos, las previsiones del stock de deuda pública se encuentran muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Masstricht (60% del PIB).

¿A qué se deben estas significativas diferencias en las previsiones del nivel stock de deuda pública (en % del PIB) del Ministerio y del FMI?

Las diferencias se sustentan en las importantes divergencias que existen entre las respectivas previsiones de la tasas de crecimiento real de la economía, de las tasas de interés real de la deuda pública y del nivel de déficit público primario (variable dependiente a su vez de la dinámica de ingresos públicos y de gastos públicos excluidos los pagos por intereses de la deuda pública), variables responsables de la dinámica temporal de la deuda pública (junto al nivel actual del stock de deuda pública).

Por último, las últimas cifras publicadas esta semana por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sitúan el déficit público total a finales de julio de 2013 en el 5,27% del PIB, acercándose en los primeros siete meses, tanto al objetivo previsto para 2013 en la Actualización del Plan de Estabilidad 2013-2016 (tope del 6,3% del PIB) como a la previsión ya comentada del FMI para este año (6,6% del PIB). Los datos del endeudamiento público aún son mas negativos. El stock de deuda pública alcanzó hasta julio de 2013 el 92,6% del PIB, superando ya el 91,6% pactado con la zona euro para todo el año 2013.

La senda temporal del stock de la deuda pública es insostenible y el default (impago de la deuda) no es descartable. Nuestros acreedores alemanes y franceses lo saben, pero aguantan en el bunker esperando el hundimiento. El servicio de datos y análisis de la agencia de rating Standard & Poor’s, S&P Capital IQ, lo atestigua en su último informe trimestral . En dicho estudio, España aparece como el décimo tercer país del mundo con mayor probabilidad de impago de aquí a cinco años. En concreto, la posibilidad de incurrir en default se sitúa en el 22,56% (páginas 21 y 22 del citado informe), sólo por detrás de Argentina, Chipre, Venezuela, Grecia, Egipto, Pakistán, Ucrania, Portugal, Líbano, Irak, Túnez y Serbia (buenos compañeros de viaje).

Una política de ajuste fiscal puede aumentar el déficit público si los tipos de interés nominales a corto plazo están cercanos a cero

Las políticas de excesiva “austeridad” fiscal han empezado a pasar factura al crecimiento económico en España y en el resto de países de la zona euro.

En relación con este problema, en un trabajo reciente del Servicio de Estudios de la Reserva Federal de New York se desarrolla un modelo teórico neokeynesiano que es calibrado con métodos bayesianos. Los principales resultados empíricos de este trabajo indican que una política de ajuste fiscal puede aumentar el déficit público en ciertos casos si los tipos de interés nominales a corto plazo están cercanos a cero – la economía se encuentra en una trampa de la liquidez – y bajo el supuesto de que la tasa de inflación en el largo plazo es cero.

Estos resultados son válidos tanto en el caso de que el déficit público se intente reducir vía la reducción del gasto público o vía el aumento de  los impuestos. [1]  De este modo, una política de consolidación fiscal podría ser “contractiva” y provocar un aumento del déficit público en el largo plazo, desapareciendo los efectos no keynesianos (expansivos) propuestos en parte de la literatura teórica y empírica. [2]

En una economía con los tipos de interés nominales a corto plazo cercanos a cero y la tasa de inflación a largo plazo cero, los efectos sobre el déficit público en una economía dependerán de como la política de ajuste fiscal afecta a corto plazo a la demanda agregada, vía las expectativas de los agentes sobre los cambios futuros en los impuestos sobre el consumo y el factor trabajo, el nivel del gasto público y la productividad de la economía.

En última instancia, los resultados empíricos del estudio arrojan series dudas sobre la eficacia de las políticas de austeridad implantadas por los gobiernos de la zona euro para reducir el déficit presupuestario  e impulsar el crecimiento económico en el largo plazo. Este podría ser el caso de la economía española.

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[1] Denes, M., Eggertsson, G.B. y Gilbukh, S. (2013): “Deficits, Public Debt Dynamics, and Tax and Spending Multipliers“, Economic Journal, Vol. 123, Issue 566, F133-F163.

[2] La literatura que muestra la posibilidad de que aparezcan efectos no keynesianos en un proceso de consolidación fiscal bajo ciertas condiciones es amplia. Véase, por ejemplo, los siguientes trabajos:

Alesina, A. y Ardagna, S. (1998): “Tales of fiscal adjustments“, Economic Policy, 13, 487-545.

Alesina, A. y Ardagna, S. (2010): “Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spending“, Tax Policy and the Economy, 24, 35-68.

Alesina, A. y Ardagna, S. (2012): “The Design of Fiscal Adjustments“, Department of Economics, Harvard University, mimeo.

Alesina, A., Favero, C. y Giavazzi, F. (2012): “The output effect of fiscal consolidations“, NBER Working Paper No. 18336.

Alesina A. y Perotti, R. (1995) “Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries”, Economic Policy, No. 21, 207-247.

Giavazzi, F. y Pagano, M. (1990): “Can Severe Fiscal Contractions Be Expansionary? Tales of Two Small European Countries“, NBER Macroeconomics Annual 1990, 5, 75-122.

Perotti, R. (2013): “The Austerity Myth: Gain without Pain?“, en A. Alesina y F. Giavazzi (eds.), Fiscal Policy After the Great Recession, University of Chicago Press and NBER.

Deterioro alarmante de las ratios de sostenibilidad y del equilibrio presupuestario de la Seguridad Social en España

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social confirman que en el año 2012 (a falta de algunos ajustes finales) ha continuado con fuerza el deterioro del equilibrio del presupuesto del Sistema de Seguridad Social en España, etapas de desequilibrios que comenzó en 2008. En esta entrada del Blog presentamos la evolución reciente de los dos indicadores que se utilizan habitualmente para evaluar la sostenibilidad futura del pago de pensiones contributivas (la ratio cotizantes/pensionistas y la ratio cotizantes/número de pensiones), así como del saldo presupuestario de la Seguridad Social.

 En primer lugar, como se puede ver en el Gráfico 1 (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande), el número de afiliados ocupados en el promedio de 2012 en 16.332.488 personas, lo que supone un descenso del -4,55%  respecto a los afiliados ocupados en el promedio de 2011 (17.111.792 personas), y un descenso del -14,91% respecto al máximo histórico alcanzado en 2007 (19.195.755 personas), justo antes del estallido de la crisis financiera internacional. En segundo lugar, este descenso de cotizantes ocurría al mismo tiempo que el número de pensionistas con pensiones contributivas (8.143.922 personas a finales de 2012) aumentaba un 0,95% respecto a 2011 (8.066.507 personas) y un 7,27% respecto a 2007 (7.591.502 personas).

La conjunción del descenso de cotizantes y del aumento continuo de pensionistas ha provocado que la ratio cotizantes/pensionistas haya caído a finales de 2012 hasta 2,00 (las cotizaciones de dos ocupados sirven para el pago de un pensionista), lejos ya del máximo alcanzado del 2,52 en 2007 (véase Gráfico 2, línea azul). Es necesario destacar que esta cifra roza el mínimo histórico del 1,93 de 1997. Además, esta ratio empeora hasta el 1,81, si utilizamos el cociente entre cotizantes y el número de pensiones contributivas en vigor, tal y como se puede observar también en el Gráfico 2 (línea roja).

Por otra parte, tal y como muestra el Gráfico 3, el conjunto de la Administración de la Seguridad Social registró en términos de Contabilidad Nacional un déficit de 11.818 millones de euros (cifras provisionales de noviembre, diferencia entre ingresos y gastos corrientes), lo que equivale al -1,11% del PIB español. [1] [2] Este déficit registrado por el Sistema de Seguridad Social supone el tercer saldo negativo consecutivo del sistema de pensiones desde el año 2010.

Ante tal situación, la OCDE alerta en su último informe sobre la economía española de noviembre de 2012 - OECD Economic Surveys: Spain 2012 - que la reforma de las pensiones impulsada por el último Gobierno socialista se queda corta y pide la aprobación urgente de nuevas medidas: i) extender el cómputo de la pensión a toda la vida laboral; ii) prolongar aún más el plazo necesario para lograr la pensión máxima; iii) endurecer el acceso a las nuevas pensiones de viudedad; iv) acabar con las ayudas a la jubilación parcial.

La OCDE también pide adelantar lo antes posible una de las reformas ya previstas en la nueva ley de pensiones que está en vigor en la actualidad. [3] Se trata de introducir una  fórmula de indexación de las pensiones que vincule los parámetros del sistema a los cambios en la esperanza de vida, algo que estaba previsto que entrara en vigor en 2027.

En síntesis, los desequilibrios financieros de la Seguridad Social española pasan a corto plazo por una nueva reforma urgente del sistema de pensiones vigente y el adelanto de medidas ya previstas para el futuro o por la creación masiva de empleo que eleve el número de cotizantes, circustancia poco probable dada las previsiones de crecimiento económico para el próximo trienio.

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[1] Esta cifra recoge el déficit de operaciones corrientes del organismo (que excluye los movimientos financieros), que no tiene por qué coincidir con el déficit presupuestario final. Por lo tanto, no incluye los intereses generados por las inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social durante 2012, lo que indica que la cifra final de déficit se reducirá una vez se contabilicen.

[2] El déficit total incluyendo los intereses generados por las inversiones del Fondo de Reserva no se ha cubierto con la emisión de deuda pública. En su lugar, se han utilizado los ahorros de años precedentes, en parte de los fondos acumulados en el Fondo de Reserva y en parte de los fondos acumulados en el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en el que se guardaba el dinero sobrante de la gestión de las mutuas de accidentes laborales. La utilización de estos fondos acumulados sin tener que emitir deuda no supone un menor déficit. La utilización de recursos acumulados de ejercicios anteriores, atendiendo a la normativa contable de la Unión Europea, no rebaja el déficit (desfase entre ingresos y gastos) del ejercicio corriente. Pero sí evita tener que salir al mercado a captar capital emitiendo deuda pública. Pero esta “hucha de las pensiones” se puede agotar pronto.

[3] La Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada por el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT en 2011.

Una aritmética fiscal desagradable, por Rogelio Velasco, IE Business School

Con la mayoría de los países de Europa y Norteamérica en recesión o con moderado crecimiento, se ha desatado una polémica acerca de los límites de las políticas fiscales contractivas para reducir el déficit público y lograr estabilizar la relación entre deuda pública y PIB.
Los organismos internacionales con sede en EEUU y Europa, la Comisión Europea e instituciones de investigación, sostienen, desde el inicio de la crisis, que la consolidación fiscal es imprescindible para conseguir los objetivos de reducción del déficit y estabilización de la deuda.
Ahora bien, la consecución de esos objetivos va depender no sólo del nivel de incremento de los impuestos y de reducción del gasto público, sino también del valor del multiplicador fiscal. Cuanto menor sea el valor del multiplicador, tanto menor será el coste de la consolidación fiscal.
Un valor menor que uno implicará que por cada unidad que se reduzca el déficit público, la reducción del PIB será menor que la unidad. En consecuencia, se reducirá la ratio déficit público con relación al PIB.
La persistencia de la crisis y los resultados mixtos obtenidos en la consolidación fiscal, han hecho preguntarse a los expertos y a los propios organismos internacionales sobre la eficacia de las políticas fiscales contractivas para cumplir los objetivos de déficit. Especialmente, varios países europeos están implementando duras medidas de ajuste fiscal consiguiendo unos resultados muy pobres en términos de reducción del déficit. En particular, el FMI desveló en el World Economic Outlook de octubre pasado, que el valor del multiplicador fiscal durante la crisis se había elevado a un valor entre 0,9 y 1,7, dependiendo de los países considerados.
Esos valores tan elevados contrastan con los que se suponía debería tener, en torno a 0,5. Ese valor de 0,5 es el resultado de la media del multiplicador durante los últimos 30 años y los distintos gobiernos occidentales lo han asumido implícitamente para llevar a cabo sus programas de consolidación fiscal.
Sin embargo, diversos trabajos han demostrado que el valor del multiplicador no es constante en el tiempo y es afectado por diversos factores. Primero, con los tipos próximos a cero, la política monetaria no puede compensar los efectos negativos de la consolidación fiscal, aumentando el valor del multiplicador. Segundo, el mal funcionamiento del sistema financiero, provoca que tanto el consumo como la inversión dependan más de la renta y los beneficios presentes de familias y empresas que de los futuros, aumentando también su valor. Y tercero, será también mayor cuanto mayor sea la capacidad de producción ociosa en la economía, como sucede en la actualidad.
No haber tenido en cuenta los factores señalados total o parcialmente, ha dado lugar a errores de previsión sobre el efecto de las políticas fiscales. En particular, se han subestimado los efectos de la reducción del gasto público sobre la actividad económica. En segundo lugar, y lo que es muy importante, se ha subestimado aún más la reducción del consumo y la inversión privadas, asociadas a la contracción fiscal y, en último término, el incremento del desempleo derivado de esta situación.
Las reacciones de académicos y de la prensa financiera ante la constatación del elevado valor del multiplicador, ha derivado en una puesta en tela de juicio de las actuales políticas fiscales, a saber: si el multiplicador es tan elevado, las políticas fiscales contractivas empeoran, en lugar de mejorar, la situación fiscal de los gobiernos, generando, además, una contracción de la actividad aún mayor. En consecuencia, habría que revisar las actuales políticas fiscales contractivas.
Esta reacción ha dado lugar, a su vez, a una respuesta por parte del economista-jefe del FMI, Olivier Blanchard, que hace sólo unos días publicó una revisión de los cálculos sobre el valor del multiplicador. Sus conclusiones apuntan a que su valor fue elevado en los primeros años de la crisis y que en los últimos dos años se ha reducido. Esta reducción se ha debido, en parte, a la influencia de los propios factores que explican su reducción –por ejemplo, una cierta relación de las restricciones financieras de las familias y empresas- y, en parte, a que los propios gobiernos han ido aprendiendo de los efectos de la política fiscal durante la crisis.
Las conclusiones, advierte Blanchard, hay que tomarlas con cautela porque el valor del multiplicador varía entre países y en el transcurso tiempo.
En todo caso, las voces críticas contra las actuales políticas fiscales restrictivas que han reclamado una revisión y relajación de las mismas, deberían tener en cuenta otras consideraciones. Los efectos que sobre la actividad deparan, en el corto plazo, las políticas fiscales no son las únicas que hay que tener en cuenta para valorarlas. En particular, no debe extraerse la conclusión de que las políticas de consolidación fiscal sean indeseables. La mayoría de los países de la OCDE presentan unas cargas de deuda pública con relación al PIB muy elevadas; de hecho, las más elevadas en tiempos de paz durante el último siglo.
Además, los cambios demográficos asociados al envejecimiento de la población, están ya presentando unos retos formidables para los sistemas de seguridad social que no pueden ignorarse.
En conjunto, los últimos avances realizados deberían permitir una mejor calibración de los efectos de las políticas de los gobiernos, en particular, dentro de la zona euro. Esa mejor calibración debería producir efectos menos dañinos para la actividad a corto plazo, pero sin abandonar la necesidad de llevar a cabo ajustes estructurales que tienen un reflejo en las cuentas públicas.

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2011

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2011. En concreto, se ha añadido la cifra provisional del año 2011 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tomando como base el año 2008 (la base anterior era el año 2000). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan previsiones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública presentados recientemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el periodo 2012-2015.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 y que avanza lentamente.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo se puede ver ampliado) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública. Por un lado, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009 y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos. Por otro, se puede observar para los años 2010 y 2011 como el proceso de consolidación fiscal ha provocado una caída significativa (aunque claramente insuficiente) de las dos variables representativas del gasto público, mientras que los ingresos públicos no logran recuperarse y se sitúan, nada menos, que a niveles del año 1988.

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En 2010 y  2011 los dos saldos han registrado una ligera mejora, aunque ambas variables permanecen en niveles negativos no deseables.

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta la fecha del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó la cifra récord en estos 47 últimos años de historia de la hacienda pública española: un -9,4% de déficit público primario y un -11,2% de déficit público total. Finalmente, el proceso de consolidación fiscal iniciado en el año 2010 ha conseguido reducir el déficit público primario en 2011 hasta el -6,1% del PIB, mientras que el déficit público total se ha reducido hasta alcanzar el -8,5% del PIB, cifra aún muy alejada del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, el stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2011 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar la cifra récord del 68,5% del PIB, sobrepasando el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para 2012-2015 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE, respectivamente. Las previsiones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas provienen del Plan Presupuestario 2013-2014 remitido a la Comisión Europea el pasado 3 de agosto, mientras que las previsiones del FMI aparecen en el reciente estudio elaborado para España, Spain: IMF Country Report No. 12/202, publicado el pasado 25 de julio.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públican indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2012-2014 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2014 el 2,8% del PIB, por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht (-3%). Las previsiones del FMI son menos optimistas y los técnicos del organismo estiman que ni siquiera en 2015 se podrá alcanzar este objetivo, ya que el déficit público total se situará en el -3,3% del PIB.

Por otra parte, ambas entidades preven que el stock de deuda pública según la metodología del PDE siga creciendo, hasta alcanzar un 86,8% del PIB a finales de 2013 (Ministerio) y situarse en un 97,3% del PIB a finales de 2015 (FMI).

SIN CRECIMIENTO NO HAY VIDA

España puede ser el ejemplo más representativo, y quizás acabe siendo uno de los más dramáticos, de los efectos generados por las  erróneas e indiscriminadas políticas impuestas por las autoridades comunitarias en la gestión de la crisis económica y financiera que sufre la eurozona. Entre otras consecuencias no menos inquietantes, el ajuste presupuestario que acaba de acordarse para aplicar en el actual ejercicio fiscal contribuirá de forma significativa a deprimir aun más el crecimiento de la economía española. Y por ello, tampoco posibilitará el alcance del objetivo de déficit público asumido. Al término de este año, la frustración de los agentes económicos puede ser una de las consecuencias más explicitas, y no precisamente la menos dañina a medio plazo. En ausencia de cambios en la orientación dominante de las políticas en la eurozona, nuestra economía será una de las que siga sufriendo en mayor medida ese escrutinio de unos mercados financieros en el que de forma cada día más evidente esta primando la erosión de la confianza, no solo en la capacidad para alcanzar esos objetivos de déficit público sino, los   mas  relevantes en el caso español, de saneamiento financiero del  sector privado.

A diferencia de otras economías, el problema fundamental de la española se localiza en las abultadas deudas de las empresas, familias y, en definitiva, en el sector bancario, que mayoritariamente las alberga en sus activos. En los casi cinco años transcurridos desde el inicio de la crisis financiera en EEUU y su rápida extensión a Europa, las empresas y familias españolas apenas han reducido la magnitud de esos pasivos. De las dos vías fundamentales de aligeramiento de la deuda, las ventas de activos han sido relativamente reducidas, y la atención directa al servicio de la deuda está limitada por unas rentas decrecientes, constreñidas  por el  desplome de la demanda interna y el más reciente de las posibilidades de ventas al exterior. Ese insuficiente saneamiento  financiero del sector privado se refleja ya en los balances bancarios.

En la economía española, no en menor medida que en el promedio de las de la eurozona, la banca tiene un protagonismo dominante en la canalización de los activos y pasivos financieros del resto de los agentes económicos. Desde luego de las familias y empresas, pero también de las administraciones públicas, como se observa en la proporción creciente que la deuda pública ha pasado a representar en los activos bancarios. Las posibilidades de neutralizar el deterioro en la calidad de esos activos dependen de la solvencia de sus prestatarios. Y la de todos ellos se ve cada día más dañada por la ausencia de crecimiento económico y una tasa de paro cada día mas inquietante, no solo por su magnitud, sino por el creciente componente estructural de la misma. Y, sin crecimiento económico, no se pagan las deudas. Se pueden entregar activos a cambio, como los inmobiliarios de que se están nutriendo los balances bancarios, pero el valor de estos,  con una economía en pronunciada recesión, no evolucionará  de forma favorable. Tampoco la solvencia y la liquidez de las empresas bancarias, hoy constituidas en el principal de nuestros problemas.

En el particular castigo que a lo largo de las últimas dos semanas han sufrido las cotizaciones de los bonos públicos y de las acciones españolas, la inquietud por la solvencia del conjunto del sistema bancario español ha jugado un papel determinante. Constituye la más elocuente ilustración, aunque en modo alguno la única, de esa  metamorfosis  de la deuda privada en pública que pueden anticipar los inversores en bonos. A la alimentación de ese “bucle diabólico” entre la salud bancaria y la de las finanzas públicas se añade   el deterioro de los ingresos públicos derivados del desplome de  todas las formas de demanda, propio de una economía en recesión. Una recesión a la que contribuye de forma significativa la  concentración en muy poco tiempo  de  extraordinarios recortes del gasto público.

El fin de ese círculo perverso no se consigue por el aumento de la confianza de los inversores, como presumían ingenuamente los defensores de  la “austeridad expansiva”. La evidencia ya es suficiente, dentro y fuera de España: la  austeridad mal entendida y   mal dosificada  no aumenta la inversión. Observamos  justo lo contrario: un  creciente escepticismo por sus efectos depresores sobre la actividad y la huida de flujos de capital a destinos inversores donde se garantice un mayor equilibrio entre estimulo económico y saneamiento financiero. Es decir, donde la aplicación de las políticas económicas distinga prudentemente entre lo urgente y lo importante. Y lo urgente es eludir una prolongada recesión.

Ese ha sido el objetivo prioritario en la gestión de la economía estadounidense, a pesar de unas   finanzas públicas no más saneadas que las europeas. Por eso,  a pesar de la desaceleración global, aquella economía crecerá este año moderadamente, aunque no menos del 2%, y su tasa de paro ha descendido hasta poco más del 8%. En la eurozona, por el contrario, la recesión es un hecho, la tasa de paro y la mortalidad empresarial no han dejado de ascender. Este contraste empírico, en mucha mayor medida que   el empeño en aplicar esa pedagogía de “la letra con sangre entra”,  debería contribuir a cambiar  “la austeridad recesiva” por una combinación de estímulos al crecimiento y saneamiento financiero publico plurianual que, además de convencer a los mercados financieros, dañara menos las posibilidades de crecimiento potencial y bienestar en  la región. También contribuiría desde luego a garantizar  la   viabilidad de las instituciones comunitarias, empezando por la propia moneda única, hoy amenazada.

(Publicado en Negocios, El País, 15 de abril de 2012)

¿Vale todo?

Entrada realizada conjuntamente con Jorge Martínez.

El cumplimiento del objetivo de estabilidad obliga al sector público a reducir su déficit del 8,5% al 5,3%, lo que supone, aproximadamente, un ajuste de 35.000 millones de euros. La consecución de este ajuste ha sido el leitmotiv de las medidas de austeridad y de incremento de ingresos previstas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que serán enviados al Congreso de los Diputados esta semana.

Sin duda alguna, la medida que más polémica está suscitando en los medios de comunicación, y entre buena parte de la población, es la anunciada amnistía fiscal. A grandes rasgos, la medida consiste en aplicar un gravamen del 8% para las empresas que repatríen dividendos de filiales en paraísos fiscales y aplicar un tipo del 10% para los contribuyentes que afloren dinero evadido, exonerándoles, a cambio, de cualquier penalización o sanción, y otorgando como plazo límite el 31 de diciembre de 2012. Además, se promete, un endurecimiento de las sanciones a partir de 2013.

Esta medida, por tanto, animaría los contribuyentes a aflorar parte de su dinero, beneficiándose tanto de unos tipos muy inferiores a los que les habría correspondido, como de eludir el pago de multas y recargos. A su vez, la amnistía fiscal es una medida barata para la Administración ya que ahorra los costes de la persecución activa contra el fraude, como costes de inspección, costes administrativos y costes judiciales.

Las amnistías fiscales no son nuevas en los procesos de regularizaciones tributarias ni en España ni en los países de nuestro entorno económico. Entre otras, en 1984, 1991 y 2010 se produjeron amnistías fiscales en España. Además, países como Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, o EEUU llevaron a cabo amnistías fiscales durante la década de los ochenta con relativo éxito para sus respectivas Administraciones.

El beneficio más evidente para las arcas públicas de una amnistía fiscal es el impacto inmediato que parece tener en la recaudación del presente ejercicio. Según algunos datos publicados en los medios, el Ejecutivo pretende recaudar unos 3.250 millones que difícilmente serían recaudados de otra manera. Pero además, las amnistías fiscales permiten aflorar rentas no declaradas que elevarían los tramos de renta de los contribuyentes de los que la Agencia Tributaria podrá conseguir mayores ingresos futuros. Además, la Agencia podría recaudar por otras vías, tales como los impuestos indirectos derivados del consumo asociado a las rentas recuperadas de otros países.

Al margen del hecho de que las amnistías fiscales pueden ser consideradas injustas y que podrían rozar la ilegalidad, llevan incorporados incentivos negativos que pueden limitar la recaudación tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, las amnistías fiscales pueden erosionar la conciencia fiscal de algunos contribuyentes que consideren esta medida como injusta tras varios años subidas de impuestos directos e indirectos, dando lugar a cambios perniciosos en su comportamiento. A largo plazo, las amnistías pueden provocar problemas de riesgo moral, ya que pueden generar expectativas de condonaciones futuras incentivando el comportamiento evasivo y con ello, reducciones de la recaudación. Además, el efecto negativo a corto y largo plazo que podría producir la amnistía fiscal puede verse magnificado si se interpreta como una muestra de debilidad por parte de la Administración, al reconocer, implícitamente, su incapacidad para detectar las rentas evadidas, animando así a futuros evasores a proseguir con su conducta fraudulenta.

Debido a estos efectos negativos relacionados con las amnistías fiscales, la evidencia científica ha puesto su éxito tributario en entredicho. En el caso español, los profesores Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco publicaron un trabajo en FEDEA en 2001 en el que analizan la incidencia de la amnistía fiscal de 1991 en el cumplimiento en el IRPF. Su conclusión es que “la amnistía no tuvo ningún efecto sobre la recaudación tributaria, ni a corto ni a largo plazo”. En el caso de la economía norteamericana, Hari Sharan Luitel y Russell Sobel, analizando en 2007 los efectos de las amnistías fiscales realizadas por diferentes estados norteamericanos a lo largo de más de dos décadas, llegaron a la conclusión de que cuando un estado lanza una amnistía fiscal por primera vez, ésta tiene un efecto positivo sobre la recaudación en el corto plazo, pero da lugar a una reducción en el medio y largo plazo, ya que una parte de los contribuyentes preferiría evadir impuestos y esperar a la próxima regularización en condiciones más ventajosas. Además, para el caso de realizar varias amnistías a lo largo del periodo de estudio, estos autores encontraron evidencia de que los efectos en el corto plazo son cada vez menores, mientras que los del largo tienden a incrementarse.

La única explicación válida para del comportamiento del gobierno es la necesidad imperiosa de incrementar la recaudación este año, en la confianza de que durante el periodo expansivo que terminó en 2007 se evadieron cantidades ingentes de dinero, que ahora estaría dispuesto a aflorar en tan ventajosas condiciones. Sin embargo, se ha de ser consciente que aun consiguiendo el objetivo de recaudación en el corto plazo, esta visión miope puede tener consecuencias negativas en el largo plazo.

El fin no siempre justifica los medios.

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