Los beneficiarios del Programa de Cupones para Alimentos en EE.UU. siguen aumentando desde el inicio de la crisis financiera internacional

En los EE.UU. existe un programa gestionado por el Departamento de Agricultura Federal y los Estados conocido por las siglas SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program o Programa de Asistencia de Nutrición Complementaria), nueva denominación desde octubre de 2008 del antiguo Programa de Cupones para Alimentos (Food Stamp Program). El Programa SNAP comenzó en los EE.UU. en la década de los 30, como ayuda para que la población más pobre pudiera comprar alimentos y con el objetivo de “crear una sociedad más productiva”. En 1971 se convirtió en un programa federal aunque en la actualidad cada Estado tiene reglas específicas.

En el contexto actual de altos niveles de desempleo (y de caída de ingresos familiares) a los que se enfrenta la economía de EE.UU., el Programa SNAP constituye la primera línea de defensa contra el hambre. Permite que las familias de bajos recursos adquieran alimentos con tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, Electronic Benefits Card). Para poder recibir la tarjeta que da derecho a comprar alimentos en establecimientos previamente especificados por el Programa SNAP, el ciudadano tiene que reunir ciertos requisitos. Con más detalle, dependiendo de su estatus migratorio y del tiempo que ha permanecido en territorio estadounidense, un individuo (y sus hijos) puede ser elegible para obtener los cupones que le permiten recibir alimentos gratis en los supermercados. Puede lograrlos incluso si posee algún otro beneficio como seguro social o pensión y si tiene empleo, un automóvil o si es dueño de la casa donde vive. 

Los requerimientos para la beneficiario del SNAP son diferentes en algunos Estados pero generalmente tienen en cuenta el número de personas en el hogar, los ingresos, las deudas, el total de la renta y otros gastos. La cantidad máxima asignada mensualmente a una persona individual es en la actualidad de 200 dólares y va subiendo su cuantía en función de las personas asignadas a su cargo.

Los datos históricos de todos los Estados se pueden ver con detalle en la web del Departamento Federal de Agricultura y los últimos datos disponibles fueron publicados recientemente por el Wall Street Journal.

La crisis económica ha disparado el número de beneficiarios y el coste global del Programa, alcanzado cifras récord desde que se convirtió en un programa federal en 1971. A finales de junio de 2013, uno de cada seis estadounidenses (un 15% del total de la población) hacían uso del Programa de Cupones de Alimentos, es decir,  47,6 millones de personas (un 47% del total eran niños y un 26% más adicional eran adultos que vivían con niños) o 23 millones de hogares, y ello representaba un 80 % más de beneficiarios que en 2006. Además, el coste del Programa había alcanzado a finales de 2012 un total de 78.435 millones de dólares, con un aumento del 138% desde 2006. Por último, el beneficio medio mensual por persona y por hogar alcanza en la actualidad la cifra de 133 y 275 dólares, respectivamente.

 Encabezan la lista negra, con un número superior de beneficiarios igual o superior al 20% de su población,  los Estados de Mississipi (22%), Oregon (21%), Tennessee (21%), Kentucky (20%) y New Mexico (20%).  Finalmente, destacar también que incluso los Estados relativamente más ricos han visto crecer espectacularmente el número de ciudadanos dependientes del Programa SNAP durante los últimos años: Florida (18% del total de su población),  New York (16%), Texas (15%), Massachusetts (13%), Maryland (13%), California (11%) y New Jersey (10%), entre otros. La capital de EE.UU., Washington DC, encabeza el ranking, con el 23% de la población que depende de cupones de alimentos para “sobrevivir”.

Otro dato interesante es el porcentaje de la población por razas que utiliza los cupones de alimentos. Por ejemplo, en Washington DC, de los hogares norteamericanos de raza negra o afro-americanos, el 90,6% utiliza los cupones de alimentos. Entre los hispanos o latinos, el porcentaje se sitúa en el 5,8%, entre los blancos el 5,2%, y entre los asiáticos tan sólo el 0,7%.

El aumento de las prestaciones y el impulso de carácter temporal al Programa SNAP que supuso la “Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos de 2009″ (en inglés: ‘‘American Recovery and Reinvestment Act of 2009”, abreviada ARRA, Pub.L. 111-5, popularmente conocida como the Stimulus o The Recovery Act) ha llegado a su fin el 1 de noviembre de 2013, por lo que se prevé un recorte en las prestaciones para todos los hogares que se benefician del Programa.

Puede parecer increíble desde Europa, pero los cupones de alimentos se han convertido en la red de seguridad social por excelencia de los EE.UU. En España el papel de los cupones de alimentos lo ejerce la familia.

Supervisión macroprudencial y medición del riesgo sistémico en Europa y España

La crisis económica y financiera ha colocado en el ojo del huracán las importantes deficiencias de los modelos clásicos de supervisión financiera para prevenir, gestionar y resolver la situación actual. Los tradicionales modelos nacionales de regulación y supervisión han quedado obsoletos ante la complejidad e interconexión actual de los mercados financieros que precisan una supervisión de conjunto del sistema, así como una regulación del llamado “riesgo sistémico”. En Europa, las recomendaciones emanadas del “Grupo Larosière”, del Ecofin y del Consejo Europeo desembocaron en la creación de una nueva arquitectura europea en materia de regulación y supervisión financiera. Así, en mayo de 2009, la Comisión Europea  hizo público un sistema de supervisión mas armonizado y mejor coordinado cuyo objetivo se centra en la previsión eficaz de nuevas turbulencias, mediante la creación de:

  • Un nuevo órgano para la supervisión macroprudencial del sistema financiero europeo: la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS/ESRB por sus siglas en inglés)
  • Tres nuevas autoridades para la supervisión microprudencial de las tres grandes áreas financieras: crédito, valores y seguros-pensiones.

cuadro definitivo

La Junta Europea de Riesgo Sistémico comenzó a funcionar oficialmente en enero de 2011 con el objetivo último de tratar de anticipar y/o amortiguar los riesgos de carácter sistémico que puedan llegar a amenazar la estabilidad financiera en la UE. Los organismos internacionales y los investigadores del tema están de acuerdo en que para que se produzca una situación de alto riesgo sistémico deben concurrir dos circunstancias: una inestabilidad financiera que se extienda por todo el sistema financiero y una potencialidad elevada de generar graves consecuencias sobre la economía real.

Es por ello, que una de las grandes demandas de la JERS haya sido la definición de nuevos y complejos indicadores que permitan medir la dimensión del riesgo sistémico con el fin de anticipar, y quizás impedir, que se vuelvan a reproducir crisis semejantes. En respuesta a esta demanda nace el CISS (Composite Indicator of Systemic Stress) un indicador de riesgo sistémico elaborado por el Banco Central Europeo, siguiendo la metodología de Holló y otros (2012), y que constituye una herramienta muy importante de trabajo para la JERS para identificar, evaluar y realizar un seguimiento del nivel de estrés sistémico existente en Europa.

En el gráfico siguiente se muestra el perfil del CISS desde el 8 de enero de 1999 al 4 octubre de 2013

grafico1_CISS

En el gráfico se puede observar como el indicador captura las tensiones derivadas de la crisis subprime, iniciada en el verano de 2007 y con un valor máximo en diciembre de 2008 (0,8396); y de la crisis de deuda, iniciada en mayo de 2010 con la crisis de la deuda griega y con un valor máximo en noviembre de 2011 (0,6558). Actualmente el nivel de riesgo sistémico, sorprendentemente, se encontraría en su nivel mínimo histórico (0,0210).

Recientemente, el Banco de España (2013), siguiendo la metodología anterior, ha elaborado para España un indicador de riesgo sistémico (IRS) con el objetivo de cuantificar la situación presente y valorar cualquier manifestación de stress en el sistema financiero que pudiera ser perjudicial para la economía real. El IRS es un indicador agregado, de frecuencia semanal, que sintetiza en un único valor la información procedente de los principales mercados financieros (el mercado de deuda, el mercado de dinero, el mercado de valores y el mercado de financiación bancaria) y permite un seguimiento continuado de la situación de riesgo sistémico en España. Sin embargo, el IRS ni es un indicador adelantado ni explica las razones que determinan los cambios en los niveles de tensión.

La obtención del IRS se realiza en dos niveles:

- Primer nivel: se obtienen 4 indicadores que miden el nivel de estrés de los mercados financieros a partir de una media simple de tres indicadores simples específicos de cada mercado. Esto hace un total de 12 indicadores individuales de estrés con valor entre 0 y 1.

cuadro 2_IRS

- Segundo nivel: se agregan los cuatro índices en el IRS a partir de sus correlaciones cruzadas variantes en el tiempo y se asigna a cada mercado la misma ponderación

Si observamos la evolución del IRS en el gráfico siguiente, comprobamos que el indicador captura perfectamente los momentos de máximo estrés sistémico en España desde el inicio de la crisis, y sorprende observar que:

  • el máximo nivel histórico en nuestro país no se alcanza como indica el CISS (en el  gráfico anterior) para Europa con la quiebra de Lehman Brothers, sino en junio de 2012 con el rescate a la banca española y la firma posterior del Memorandum de Entendimiento (MoU).
  • actualmente, si bien el nivel de riesgo se ha reducido considerablemente, todavía está por encima de los niveles previos al inicio de la crisis a diferencia de Europa, cuyo nivel actual, está en el mínimo histórico como indica el CISS.

grafico2_IRS

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 Banco de España (2012): Informe de Estabilidad Financiera, mayo, capítulo 1.

Holló D., M. Kremer y M. Lo Duca, (2012): CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System, European Central Bank, Working Paper Series, 1426, marzo.

ALFABETIZACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA

No hubiera hecho falta  verificar  los devastadores efectos de la crisis financiera que emergió hace seis años para convenir en la necesidad de  fortalecer  la educación financiera de los ciudadanos. Desde muchos años antes venia ampliándose la asimetría entre una creciente complejidad financiera  y la insuficiencia de  capacidad para entenderla. No solo para el común de los usuarios de servicios financieros.  Incluso profesionales de entidades financieras cercanas al desencadenamiento de la crisis en EEUU y  en los países entre los que se propagó han admitido un desconocimiento mayor o menor  del funcionamiento y consecuencias de no pocos instrumentos financieros, algunos de ellos comercializados entre un gran número de  pequeños consumidores. Estos  han sido los más perjudicados por la crisis, no solo por los efectos de esta sobre el empleo, por las consecuencias de ajustes presupuestarios, sino por el impacto directo de las pérdidas de riqueza financiera sufridas.

La evidencia también ha puesto de manifiesto que incluso algunos supervisores financieros no disponían de la capacidad para evaluar los verdaderos riesgos potenciales que asumían sus supervisados con el uso intensivo de determinados instrumentos o técnicas en principio concebidas para la  gestión de riesgos.  O, peor aún, que su función no alcanzaba a determinadas actividades de algunos operadores financieros que se  mantenían fuera del foco de los propios supervisores.  Esa zona de “banca en la sombra”, cuyas actividades fueron en cierta medida propiciadoras de la inestabilidad, constituye ahora uno de los centros de atención de la nueva regulación financiera, fundamentalmente bancaria, que trata de extraer lecciones de la crisis. En la agenda de la reciente reunión del G20 este ha sido uno de los asuntos más relevantes.

Esa autonomía de determinados operadores financieros, el crecimiento del volumen transaccional de los mercados financieros, en todos sus segmentos, pero en especial los de instrumentos derivados, han justificado las cautelas acerca de la  “financiarizacion” de la economía: el creciente divorcio entre la economía real y las cada día más dominantes operaciones de los mercados financieros.  Y tras esa caracterización, en ocasiones se ampara un completa estigmatización de las finanzas, incluso propuestas de abolición de determinados instrumentos financieros y de penalización de la  dinámica de innovación financiera, cuyas consecuencias no serían favorables para el desarrollo económico.

En el mismo fundamento en el que se ampara la necesidad de regulación estricta de las actividades financieras, la inadmisible autoregulación como alternativa- , cabe hacerlo con la conveniencia de no impedir la existencia de instrumentos  que contribuyan a  hacer los mercados financieros  más completos, a procesar mejor la información, a extender las posibilidades de cobertura y gestión de todo tipo  de riesgos.  Para que la eficiencia de esas funciones se manifiesten  es necesario que se den dos circunstancias, además de la inequívoca regulación: una eficaz supervisión y una educación financiera amplia, desde luego de todo tipo de agentes, empezando por los supervisores, pero también  los consumidores individuales.

La alfabetización financiera debe  procurar la disposición por los ciudadanos de información y habilidades suficientes como ahorradores e inversores para entender  y aprovechar las posibilidades que ofrecen los diversos instrumentos e instituciones financieras, mercados incluidos. Desde lo más elemental como los depósitos bancarios, las hipotecas o los fondos de pensiones,  hasta los instrumentos aparentemente más sofisticados o complejos.  Conocimiento para usar inteligentemente y controlar en lo posible su futuro financiero, pero también para aumentar la capacidad defensiva ante engaños y episodios adicionales de inestabilidad financiera, que como bien documentó el ahora con frecuencia invocado  Hyman Minsky, son intrínsecos al sistema económico.  Capacidad también para valorar  la calidad de las políticas, de las nuevas regulaciones que con toda seguridad llegarán al conjunto de la industria de servicios financieros.   Para garantizar, en definitiva, una verdadera inclusión financiera y el aprovechamiento de sus posibilidades por el  mayor número de individuos. Renuevan su vigencia a este respecto algunas de las propuestas por la “democratización de las finanzas” avanzadas hace un par de años por el profesor Robert Shiller,  que fueron objeto de comentario en el blog “Finanzas a las nueve” de este diario (http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/2012/06/democratizar-las-finanzas.html).

La existencia de un número suficiente de agentes individuales informados, con buena educación económica y financiera, depara también ventajas   macroeconómicas. Como han revelado algunos trabajos empíricos, esa educación puede jugar un importante papel en la formación de expectativas inflacionistas, por ejemplo. La evidencia aportada señala que los individuos más alfabetizados financieramente son capaces de elegir  información más relevante y hacer un mejor uso de la misma, lo que debería facilitar la estabilidad económica y financiera.

No falta justificación, por tanto, para que diversas instituciones multilaterales, desde el Banco Mundial a la OCDE, incluido el BCE,  y desde luego no pocos  gobiernos,  hayan concedido prioridad a ese propósito de extensión de la alfabetización financiera.  No se trata solo de proteger los derechos de los consumidores, de atender correcta y diligentemente sus reclamaciones, sino también de procurar la recuperación de la confianza hoy ciertamente erosionada en las instituciones de los principales sistemas financieros. Y para ello, el conocimiento es esencial.

En el caso español, más  allá del escarmiento que sigue infringiendo esta crisis, la pertinencia de asumir como objetivo relevante la extensión de la alfabetización financiera tiene en la propuesta de reforma del sistema de pensiones un argumento adicional, dada la evolución demográfica en nuestro país y las amenazas que en concreto se ciernen sobre la situación financiera de las personas mayores. La evidencia, allí donde se han realizado trabajos empíricos, señala una insuficiente educación financiera en las personas que han de preparar su jubilación. Esto es más relevante al contar con el obligado desplazamiento desde los planes públicos a los privados que la propia severidad de la crisis  y las decisiones de los gobiernos han determinado.  Se impondrán patrones nuevos de ahorro que obligarán a  conocer mejor las diversas opciones. Y esa autonomía en la toma de decisiones de ahorro e inversión es tanto más relevante si  se asume que la confianza en los intermediarios financieros, también en nuestro país,  no está precisamente hoy más fortalecida  que antes de la crisis.

Concretar políticas ambiciosas en este ámbito es urgente. En el  G20 se ha destacado la importancia de la educación y alfabetización financiera asumiendo los principios  orientadores de  las estrategias nacionales  que hace poco más de un año difundió la propia OCDE y su Red Internacional para la Educación Financiera, en los que  se hacía hincapié en la prioridad de esas acciones y en su coordinación entre las distintas naciones. No tengo claro hasta qué punto la actualización reciente del programa español de educación financiera que se definió para  2008-2012  es suficientemente ambicioso, especialmente cuando se contrasta con los estragos ocasionados por la ignorancia financiera en nuestro país en los últimos años. Daños importantes sobre  la riqueza financiera de numerosos consumidores, pero daños también sobre la confianza en no pocas  instituciones.

Tomar en consideración ambas fuentes de costes debería ser importante para las autoridades españolas. En mayor medida dada la concentración tan significativa que está teniendo lugar en la oferta de servicios financieros en nuestro país, que además de  fortalecer el poder de mercado de los oferentes podría llegar a  debilitar la necesaria inclusión financiera de los consumidores menos alfabetizados.

PRECARIEDAD FINANCIERA

La eurozona sigue siendo un campo de minas. A pesar de las mejoras en los últimos meses la vulnerabilidad persiste: “la estabilidad financiera no está asegurada”, según el informe del FMI (Financial System Stability Assesment), difundido  antes del desenlace de la crisis de Chipre y del dictamen del Tribunal Constitucional de Portugal.  Aquel bucle diabólico,  que subrayábamos en estas mismas páginas hace meses (http://economia.elpais.com/economia/2012/07/06/actualidad/1341578701_955030.html) , como compendio de las amenazas sobre las economías periféricas y, en última instancia, de la viabilidad de la propia unión monetaria, sigue activo. Es verdad que dos de sus tres principales tractores – la crisis de la deuda pública y la crisis bancaria- han atenuado su intensidad, pero siguen latentes. Y, en todo caso, su estrecha vinculación con la tercera crisis, la recesión con que hemos  iniciado el año en el conjunto de la eurozona. Cuanto mas se tarde en abandonar ese territorio de crecimiento negativo más difícil será la normalización de la actividad bancaria y la de los mercados de deuda pública. El circulo vicioso puede en cualquier momento acelerar sus perversa realimentación.

En esa situación de calma chicha que preside la escena financiera, son las cotizaciones  de la deuda pública las que por el momento presentan menos amenazas. Pero en modo alguno  puede considerarse como normalizada la situación en esos mercados, ni mucho menos considerarlos expresivos de la ausencia de segmentación financiera. Desde mediados del pasado julio, y más concretamente desde  el aviso del BCE del 6 de septiembre, mostrando su disposición a enmendarles la plana a los mercados de bonos que cotizaban la fragmentación de la eurozona, los títulos de España e Italia se encuentran en niveles más soportables, apoyados recientemente en la actitud mucho más laxa del Banco de Japón. De todas formas, las diferencias con los correspondientes a Alemania siguen denunciando una situación anómala, impropia de una unión monetaria. Pagar casi un 5% por endeudarse a diez años, frente al 1,2% que lo hace el tesoro alemán, no es para estar contentos. El saneamiento de las finanzas públicas exige que la factura por intereses de la deuda pública se reduzca de forma significativa por debajo de esos 38.600 millones de euros que están consignados en los Presupuestos Generales del Estado para este año.

El segundo exponente de precariedad financiera, ajeno al anterior, lo encontramos en las dificultades de algunos sistemas bancarios para normalizar la inversión crediticia. España vuelve a ser un caso representativo. Claro que se ha avanzado tras la recapitalización de las entidades que lo precisaban con parte de la línea de crédito que concedieron las instituciones europeas. Pero ese fortalecimiento de los recursos propios de los bancos no ha eliminado las amenazas a medio plazo. En concreto, las derivadas de una economía que no crece y crecerá poco en los próximos años; de un desempleo que tardará en bajar del nivel actual, y de un volumen de deuda de las empresas y de las familias que sigue siendo incompatible con la completa solvencia. La morosidad, y en general los activos dañados, seguirán creciendo, al menos en lo que queda de año, desde los niveles históricamente elevados en que se encuentra hoy. Tal como apuntaba Daniel Manzano en estas mismas páginas (http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/2013/04/morosidad-y-refinanciaciones.html), las operaciones de refinanciación y reestructuración  de préstamos pueden ser algo más que indicios de morosidad adicional a la contabilizada de forma convencional. La verdad es que no resulta muy  fácil hacer banca al por menor en estas condiciones. Y la concentración que ha tenido lugar en algunos sistemas bancarios no es por sí sola una garantía de reducción de la vulnerabilidad, como subraya el FMI. Ni de la definitiva ruptura del vínculo perverso entre riesgos bancarios y riesgos soberanos.

La fragmentación financiera también se manifiesta en los desiguales costes financieros  que soportan las empresas de la eurozona. Los bancos siguen divididos entre los que prestan en condiciones normales y aquellos de la periferia que siguen racionando el crédito y aplicando condiciones mucho más onerosas.  En España e Italia, las empresas pequeñas y medianas siguen pagando mucho más por la financiación bancaria, la única prácticamente disponible, que las de Alemania o Francia: entre 3 y 4 puntos porcentuales adicionales  para operaciones de crédito homogéneas, según diversas estimaciones. Y eso no favorece la inversión y el empleo precisamente. En mayor medida si tenemos en cuenta que en estos dos países del sur las pequeñas y medianas empresas disponen de un mayor peso específico en la actividad económica que en los del centro y norte de Europa. Tampoco debería ser un elemento tranquilizador para el BCE, que de forma explícita ha manifestado su propósito de luchar por la correcta transmisión de su política monetaria y la reducción de la segmentación financiera. En realidad,  las decisiones relajadoras del BCE, menos contundentes que las de otros bancos centrales, no se han trasladado en la misma cuantía a las distintas economías de la eurozona.

El tercer elemento de precariedad financiera  lo encontramos en la inquietud que ha dejado el desenlace de la crisis de Chipre. Lejos de fortalecer la confianza en la capacidad de gestión de las instituciones europeas y, en definitiva, en los sistemas bancarios, el recelo ha aumentado. No solo porque llegaran a cuestionar el compromiso del seguro de depósitos hasta esos 100.000 euros acordados por el Eurogrupo en octubre de 2008, sino por los subsiguientes controles a los movimientos de capital. Ha sido la primera vez en la historia de la unión monetaria que se limita la libre movilidad de la riqueza financiera de los ciudadanos y empresas creando un elemento adicional de segmentación financiera. Y por distinta que sean las situaciones en otros países, y desiguales las dimensiones relativas de sus sistemas bancarios, es inevitable asumir el precedente y evocar de nuevo el refranero, poniendo a remojo las barbas de algunos vecinos. La solvencia bancaria y la de los correspondientes gobiernos han vuelto a ser objeto de atención de analistas e inversores. Y las eventuales exigencias adicionales de capital a los bancos, al igual que otros factores generadores de incertidumbre reguladora, en circunstancias como las actuales no favorecen la definitiva normalización de la actividad crediticia.

Reducir esas manifestaciones de precariedad financiera debería obligar a las autoridades europeas a revisar algunas políticas económicas adoptadas y  fortalecer otras apenas enunciadas con el fin de garantizar una mayor estabilidad financiera y la consiguiente confianza en los  operadores financieros. Entre las primeras, la aplicación de austeridad a ultranza en la conducción de las finanzas públicas, en especial las de las economías inmersas en una continuada y pronunciada recesión. En ausencia de inflación, la política monetaria también ha de flexibilizarse adicionalmente. Entre las segundas, la necesidad de acelerar  la transición a la unión bancaria, en los términos avanzados en el Consejo Europeo del pasado diciembre: una supervisión común, un mecanismo de resolución de crisis y, desde luego, un sistema fiable de seguro de depósitos. Y, en última instancia, la unión fiscal, garantía de reforzamiento de la anterior. Son condiciones necesarias no solo para reducir la precariedad y fragmentación financiera todavía vigentes, sino para asegurar la viabilidad de la propia unión monetaria, la unicidad del mercado de servicios financieros en la región y, no menos importante, la correcta transmisión de la política monetaria.

(Publicado en El País, 14 de abril de 2013)

CLIMA FINANCIERO Y ECONOMIA REAL

Ya parecía olvidado el clima de estabilidad que ha retornado a la escena financiera internacional al inicio de este año.  La aversión al riesgo se ha reducido de forma considerable, aunque no es fácil saber si definitivamente. Y es que  los determinantes de esa mejora han sido variaciones en ese entorno esencialmente financiero: las decisiones más propiciadoras del crecimiento de los principales  bancos centrales del mundo o el alejamiento de las amenazas globales con que se despedía el año, pero no tanto variaciones favorables en los indicadores reales de las principales economías, especialmente de las europeas. En realidad, las esperanzas de que ese mejor clima financiero sea una suerte de anticipo de la recuperación del crecimiento en las economías hoy en recesión, no disponen por el momento de excesivos apoyos objetivos.

Cambios en la escena financiera. El anuncio del presidente del Banco Central Europeo (BCE), el pasado 6 de septiembre, constituye la principal referencia a partir de la cual la estabilidad retorna a la escena financiera. La disposición a conceder ese respaldo a la deuda pública de las economías amenazadas, Italia y España fundamentalmente,  mediante el programa de compra de esos bonos a los gobiernos  que lo solicitaran, relaja de forma significativa la inquietante atmosfera dominante hasta entonces. La significación de esa actitud del BCE no radicaba solo en  el cambio que suponía  hacia una menor rigidez en su aproximación a la crisis financiera en la eurozona, sino por el más fundamental respaldo  al alejamiento del peor de los escenarios en esas dos grandes economías. Y con él a  la propia viabilidad de la eurozona, hasta entonces seriamente comprometida, no solo por la especulación dominante en los mercados de bonos sino por la inacción o mala gestión de la crisis por las instituciones europeas. Pero no olvidemos que la concreción final de esa suerte de red de seguridad sobre los intereses de la deuda pública depende de que los gobiernos la soliciten formalmente.

El alejamiento de la amenaza sobre la economía global derivada del “abismo fiscal” en EEUU ha sido otro de los factores suavizadores de las tensiones financieras. Igualmente destacable es la disposición  de los principales bancos centrales, liderados por la Reserva Federal estadounidense, a evitar males peores adoptando decisiones poco habituales. Por otro lado, la relajación de las exigencias de liquidez a los bancos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha contribuido también a  esa mayor propensión hacia la inversión en activos de riesgo, reconduciendo  las cotizaciones de los considerados como  refugio hacia niveles más razonables.

Esa reducción de la aversión al riesgo se ha reflejado en los precios de  todos los activos financieros, de forma mas explicita en los españoles e italianos. El descenso de las  primas de riesgo de los bonos públicos de esos dos países, ha sido especialmente pronunciado en las dos primeras semanas del año, pero también ha sido explicita la mejora en la práctica totalidad los mercados bursátiles.

La volatilidad, por su parte, se ha mantenido en  mínimos de los últimos cinco años.

Ello se ha traducido en demandas importantes en las subastas de bonos soberanos de Italia y España, en la muy significativa presencia de inversores extranjeros,  pero quizás lo más favorable  ha sido la apertura de las ventanas de emisión de valores privados, hasta el punto de que algunas de las empresas españolas con mayor proyección  internacional han conseguido mejores condiciones de precios que los propios bonos del tesoro. La devolución al BCE de una parte significativa, superior a la esperada,  de los préstamos concedidos a entidades bancarias de la eurozona (las conocidas como LTRO), constituye un exponente de esas menores tensiones de liquidez que han estado presentes en el pasado reciente. Ojalá sean definitivas y puedan reflejarse rápidamente en el necesario aumento de la inversión crediticia.

La economía real estancada. Ese comportamiento de los mercados financieros ha llevado a no pocos analistas  a calificar  este como el año de “la gran rotación” hacia los activos de más riesgo, abandonando  los refugios en que estaban atrincherados desde que se intensificó la crisis de la eurozona. Algunos han extendido esa “rotación” al cuadro de recesión que hoy domina en la eurozona.

Pero las señales en el sector real de las economías más dañadas por esta crisis no han sido igualmente expresivas ni mucho menos de mejoras significativas. Especialmente entre las economías que comparten moneda en Europa. Es más, una de las consecuencias de ese mejor clima financiero ha sido la apreciación del tipo de cambio del euro que no facilitará precisamente la competitividad de las exportaciones en aquellas economías  que mas la necesitan para asentar la recuperación. España sin ir más lejos.

Para que esa mejor atmosfera se asuma como la definitiva “normalización financiera” es necesario que el  crecimiento económico acompañe: que la generación de rentas permita sustentar el crecimiento de los beneficios empresariales y, desde luego, la recaudación impositiva de los gobiernos. Las previsiones de crecimiento de la economía mundial para el conjunto del año no amparan precisamente la euforia financiera. La mas reciente, del FMI, señala que la economía mundial crecerá un 3,5% en 2013, apenas tres decimas más que en 2012. La esperanza, nuevamente, está depositada en las emergentes: solo China será responsable del 40% de ese crecimiento. Los estímulos decididos por el nuevo gobierno japonés también forman parte de esa renovada, aunque tímida expansión global. Poco que esperar de la eurozona, dependiente de la convicción de las autoridades alemanas en esa intensa dosificación de una austeridad presupuestaria manifiestamente contractiva, expuesta a las tensiones políticas en varios países y, siempre, a una capacidad de reacción cuando menos lenta, y en ocasiones torpe o errada. El FMI no solo retrasa la recuperación en la eurozona, desde la recesión actual, sino que la califica de frágil: sigue haciéndola dependiente de que no se renueven las amenazas de inestabilidad bancaria y en los mercados de deuda.

De las principales economías europeas, la española será la que sufra la recesión más pronunciada, con una contracción de su PIB no inferior a ese 1,5%  del  año pasado. Antes de que inicie su recuperación seguirá destruyéndose empleo, con el correspondiente impacto depresivo en la demanda interna, en la solvencia de  familias y empresas  y en las propias finanzas públicas. No hace falta insistir que, en ausencia de una mayor demanda  proveniente de nuestros principales socios comerciales, el dinamismo observado hasta ahora en las exportaciones tampoco contribuirá excesivamente a amortiguar esa atonía de la demanda nacional.

Es en España precisamente donde la mejor atmosfera financiera vigente en estas primeras semanas no puede darse por garantizada para el conjunto del año,  y  tampoco es la condición fundamental para impulsar el crecimiento  económico. La flexibilización temporal del objetivo de déficit público es una condición, pero no la única. En ausencia de estímulos a la demanda, necesariamente externos, y de una mayor suavización de los costes financieros de las empresas y de las administraciones públicas, la recuperación será  tardía y poco intensa, insuficiente para crear empleo, con un  PIB  distante del crecimiento potencial, en definitiva. Y para la satisfacción de cada una de esas condiciones Europa sigue teniendo la última palabra, aunque en alguna de ellas, como el dichoso “rescate”, la primera corresponda a las autoridades españolas.

(Publicado en Negocios, El País)

LA MÁS INTENSA TRANSFORMACIÓN

La autorización por la Comisión Europea, el pasado día 20, de los planes de reestructuración de las cuatro entidades que forman parte del Grupo 2 cierra uno de los capítulos más importantes en la gestión de la crisis bancaria española. Sucede a la reestructuración  aprobada en  noviembre para las entidades del Grupo 1. Se culmina así la recapitalización necesaria, cumpliendo todas ellas con  los requisitos de 9 % de capital de máxima calidad.  Aun cuando las ayudas públicas han quedado significativamente por debajo de las necesidades de capital estimadas por la revisión de Oliver Wymann , los costes generados por esta crisis seguirán siendo significativos  mientras el crédito no vuelva a fluir. Se han alejado lo peores desenlaces asociados a la infracapitalización de los bancos, pero en modo alguno  han normalizado la captación de liquidez o han dejado de sufrir la erosión en la calidad de sus activos. Ello no ocurrirá hasta tanto se observe la recuperación del crecimiento económico  y, en todo caso, su reflejo en el empleo.  Lo que sí podemos dar ya por descontado es una  significativa concentración en el censo de operadores bancarios que no va a favorecer precisamente la necesaria competencia en el sector y, por tanto, la capacidad de negociación de las pequeñas y medianas empresas. Las notas que siguen resumen estas y otras  transformaciones señaladas en la introducción de  la 6ª edición de la “Guía del Sistema Financiero Español” (*), presentada la pasada semana.

La gestión de la crisis bancaria ha sido sin duda el principal determinante de los  profundos  cambios  que ha experimentado el Sistema Financiero Español (SFE) en estos últimos años.   El rápido contagio a la eurozona de la crisis desencadenada en el sistema financiero estadounidense sorprendió al sector  bancario español con una muy  elevada  inversión en los activos inmobiliarios cuya depreciación precipitó la crisis en un segmento del mercado hipotecario americano.  Las entidades bancarias españolas también fueron de las primeras en sufrir el impacto de las crecientes disfunciones de los mercados mayoristas de financiación, donde desde hacía años habían captado buena parte de sus necesidades de liquidez con el fin de dar cobertura al intenso proceso inversor de nuestro país durante más de una década.  El endeudamiento privado de la economía española en 2007, mayoritariamente bancarizado, era de los más  elevados de la OCDE. Y buena parte del destino de esos pasivos de empresas y familias fueron  activos inmobiliarios.

La recesión y la  emergencia de la crisis de la deuda soberana en la eurozona acentuaron la  vulnerabilidad del sistema bancario, sus problemas de liquidez y la reducción gradual de su solvencia. Ello se tradujo en una marcada contracción de la inversión crediticia, con los correspondientes daños sobre las familias y las empresas de menor tamaño. Las diversas modificaciones regulatorias y  reformas de los dos últimos gobiernos han tratado de fortalecer la base de capital de las entidades bancarias españolas, pero también de modificar la conformación del conjunto del sector. Una de las alteraciones más relevantes ha afectado a  la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros, inicialmente con la pretensión, de difícil satisfacción, de posibilitar la captación de recursos propios básicos externos, lo que, en último término, ha conllevado su presencia en unos mercados de acciones ciertamente poco receptivos.

La persistencia de las tensiones en el mercado de deuda pública  y  la recesión, lejos de facilitar  el saneamiento interno, hicieron necesaria la solicitud de apoyo financiero europeo.  El cumplimiento de la condicionalidad asociada al mismo aceleró  la transformación del sector bancario en la dirección apuntada al inicio de la crisis, reduciéndose  adicionalmente  el número de entidades  en todos los subsectores. En  diciembre de 2009  existían  192 entidades de depósito: 65 bancos, 46 cajas de ahorro y 81 cooperativas de crédito. Si se incluyen 88 sucursales extranjeras, la población alcanzaba a  280 entidades. Todo ello sin contar con 70 establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. El proceso de consolidación en estos años  ha reducido en 84 el número de las entidades de depósito nacionales, 44% menos, en  diciembre de 2012.  De las 108 entidades que restan, 54 son bancos, 11 son “bancos de cajas”, 2 son cajas de ahorros y las 41 restantes cooperativas de crédito.

No ha de extrañar, por tanto,  la generación de  inquietud por parte de los demandantes de servicios financieros, dada la concentración resultante, más apreciable cuando el indicador de referencia es la distribución del volumen de activos. Sus efectos sobre la vinculación regional de la actividad bancaria, e incluso sobre la propia  inclusión financiera, tampoco son tranquilizadores.

También como consecuencia de la aplicación de las exigencias del memorando asociado al rescate sectorial  se creó la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).  Todavía es pronto para apreciar la satisfacción de los propósitos encomendados a esta sociedad: contribuir a la rápida movilización de los activos inmobiliarios de sector, a su correcta valoración y, en todo caso, a la mayor transparencia en la localización de los mismos.  Por el momento, el denominado “banco malo” ha completado su capital social inicial, con mayoría de accionistas privados (55%): dos bancos extranjeros, ocho bancos nacionales,  y cuatro aseguradoras.

Esa radical reestructuración del sector bancario constituye hasta ahora  la principal novedad  en la evolución  del sistema financiero español desde el inicio de la crisis. Pero también han tenido lugar otros cambios nada desdeñables, entre los que cabe destacar la  transformación  en la instrumentación de la política monetaria del BCE, con impacto tan directo en el modelo de financiación de las entidades y en los mercados, o la asunción de ese horizonte todavía impreciso de transición a una unión bancaria en la eurozona: a la disposición de un supervisor bancario único, como primer y más fundamental pilar de esa dinámica de integración sectorial.

No son menores tampoco las transformaciones que se están operando en los mercados  de renta fija (en la formación de precios del segmento de deuda soberana y por ende en otros segmentos), en los de renta variable (con la aparición de mercados no oficiales basados en nuevas plataformas de contratación) o en los mercados de derivados (que, si las iniciativas reguladoras y supervisoras prosperan, caminan hacia una mayor concentración en entidades de contrapartida central).  Tampoco puede pasarse por alto la reconfiguración de la industria de gestión de activos tan golpeada por la crisis, en particular la vinculada a la inversión colectiva y a los fondos de pensiones,  o el sector seguros, igualmente abocado a variaciones reguladoras como  el nuevo marco de solvencia que la crisis ha desplazado en el tiempo.

Más allá de las transformaciones ya observables es altamente probable que el conjunto del sistema financiero español acelere su convergencia hacia aquellos menos bancarizados, más basados en los mercados. No tanto  porque el valor de los activos bancarios siga disminuyendo, sino porque, al igual que en otros sistemas de la eurozona, se  potenciarán instituciones   que reduzcan la excesiva dependencia que mantiene la financiación privada de los bancos. Y  que, en todo caso, faciliten la recuperación de diversas formas de financiación de la natalidad empresarial y, en definitiva, de la inversión.

(*) Afi,  (D. Manzano y F.J. Valero, directores)  “Guía del Sistema Financiero Español”, Patrocinada por FUNCAS

Paul De Grauwe: Doctor Honoris Causa por la Universitat de València (I)

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Como sabeis muchos de vosotros, he estado fuera de juego durante los últimos tiempos, pero prometo intentar volver a ser más activo en bAG. El pasado viernes 30 de noviembre, Paul De Grauwe fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Tanto los padrinos (Vicent Soler y yo mismo) como una parte de los acompañantes  (Mariam Camarero y Rafa Myro ) son miembros de  ALdE. El acto coincidió con el último día del IX Inteco Worshop on Economic Integration organizado por el Grupo de Investigación en Integración Económica (INTECO). Por tanto, Paul estuvo acompañado de un buen número de colegas, tanto de la UV como de otras universidades. Tuve el honor de realizar la “laudatio” . Dado que un buen número de compañeros me la ha solicitado. Os la incluyo como texto de esta entrada para todos aquellos interesados en conocer mejor las aportaciones de Paul De Grauwe. Más

Nuevas previsiones pesimistas, por Rogelio Velasco

Rogelio Velasco, profesor en la IE Business School, nos manda esta entrada acerca de las nuevas previsiones de crecimiento del FMI, el reciente paquete de medidas del Gobierno y la posición diferencial del BCE.

El Global Financial Stability Report publicado por el FMI esta semana, arroja aparentemente buenas y malas noticias respeto de nuestro país. Por un lado, mejora la previsión de crecimiento para este año del -1,9 al -1,5 por ciento. Por otro, empeora el del próximo, que vuelve  presentar una tasa negativa del 0,6 por ciento.

Digo aparentemente, porque por la fecha de publicación, este organismo no ha tenido tiempo de incorporar las nuevas medidas de ajuste tomadas por el gobierno de Rajoy la semana pasada, que van a reducir aún más el crecimiento para lo que queda de año y para buena parte del próximo.

Está aún por ver si, como el Fondo afirma, las medidas van a permitir una mayor consolidación fiscal, porque algunas de las decisiones adoptadas –aumento del IVA combinado con reducción de los salarios púbicos- van a hundir más el consumo, reduciendo la recaudación e impidiendo, por tanto, un cierre significativo en la brecha entre ingresos y gastos públicos.

Guardián de la ortodoxia monetaria y fiscal, la situación tan grave que viven algunos de los países de la eurozona ha hecho modificar el punto de vista del Fondo para combatir la crisis. También el hecho de que su economista-jefe, Olivier Blanchard, ha desarrollado toda su carrera académica investigando sobre nuevos modelos keynesianos, monetarios y fiscales, que están orientando sus recomendaciones.

Resulta bastante insólito, en particular, que recomiende la compra de deuda pública a gran escala en el mercado secundario de España e Italia, con el objetivo de reducir el tipo de interés a largo plazo que se encuentra para ambos países en un insostenible nivel próximo al 7 por ciento. Pero el Fondo es consciente que si se corta la financiación a esos dos países, la situación de inestabilidad repercutiría no sólo en la UE sino en todo el mundo.

Por esta razón apremia al BCE a retomar la política de compras que llevó a cabo hasta hace ahora cuatro meses. El Fondo ha aplaudido las compras llevadas a cabo por el Banco de Inglaterra y por la Reserva Federal para evitar el colapso del crédito en ambos mercados.

Es de todo punto significativo el que el Banco de Inglaterra acumule en su activo deuda pública superior al 25 por ciento del PIB británico. La Reserva Federal por su parte acumula casi un 20 por ciento. El volumen de deuda acumulada en el balance del BCE apenas alcanza el 3 por ciento del PIB de la eurozona. Esta es la herencia de las directrices diseñadas por el antiguo banco central alemán.

A pesar de que las advertencias y presiones provienen de instituciones tan poco sospechosas como el Fondo y la Reserva Federal, no parece que las autoridades europeas se den por aludidas. Se sigue con los mismos objetivos, con los mismos instrumentos y con la  misma gobernanza, desesperantemente lenta, que hemos tenido hasta ahora.

Mientras tanto, el mercado nos sigue valorando con la misma lógica y toma las decisiones a un ritmo mucho más rápido que las decisiones que adoptan los políticos europeos. Puede ocurrir cualquier cosa mucho antes del periodo al que llegan las previsiones del FMI.

ESPAÑA INTERVENIDA

Desde el 9 de mayo de 2010 lo esencial de la política económica española no se formula en nuestro país. Las decisiones anunciadas ayer por el presidente del gobierno  completan una larga sucesión de iniciativas no coincidentes básicamente  con los planteamientos con los que los dos últimos gobiernos concurrieron a las elecciones. Se trata, esencialmente, de imposiciones externas: contrapartidas a los apoyos financieros, ya comprometidos o potenciales, de la Unión Europea. Son exigencias no muy distintas  a las contenidas en los programas de rescate hasta ahora conocidos. Al igual que las aplicadas en aquellas economías periféricas no son precisamente favorecedoras de la recuperación a corto plazo del crecimiento económico y del empleo. En ausencia de recuperación significativa en la demanda interna o de nuestros principales socios comerciales, tampoco depararán mejoras inmediatas en el saneamiento de las finanzas públicas.

La principal diferencia con los paquetes aplicados en Grecia, Irlanda y Portugal, además de la denominación formal y del estigma de la intervención, radica en que estos países ya no sufren los rigores propios de la apelación a la financiación en los mercados financieros, mediante subastas de bonos cada día más caras. Nuestro Tesoro no conoce con la certeza de aquellos las condiciones en las que se financiará a partir de ahora; la experiencia también nos obliga no dar por definitiva la moderada reacción favorable de los mercados a los anuncios del gobierno. Otra diferencia con los programas exigidos a esos tres países es la asociada a la más estricta condicionalidad específica impuesta sobre el sector bancario español, consecuente con la petición de la línea de crédito destinada a la recapitalización de los bancos.

La intervención sectorial deja lugar a pocas dudas. La detenida revisión del “Memorandum of Understanding,” ( MoU) asociado al apoyo bancario, además de muy serias restricciones sobre la capacidad de actuación de las autoridades  españolas, exige una redefinición funcional de competencias y autoridad en el seno de nuestras instituciones, del Gobierno y del Banco de España. Para que no quepan dudas de las muy significativas restricciones en los procesos de toma de decisiones, se establece esa revisión trimestral que ejercerán la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Esa troika deberá ser consultada siempre que se plantee cualquier tipo de decisiones sobre las empresas financieras supervisadas.

Ese estricto control sobre el sistema bancario es comprensible y hasta puede merecer la pena. Quien pone a disposición una suma de hasta 100.000 millones de euros, en condiciones de tipo de interés y vencimiento atractivas, se encuentra legitimado para intervenir en toda regla en el funcionamiento del sistema bancario. Al menos en esos grupos de entidades que necesitarán fondos públicos. Muy probablemente, si la aplicación del calendario detallado en ese documento se cumple sin interferencias de ningún tipo, el conjunto del sistema bancario español quedará mejor capitalizado que el promedio europeo. Contemos, en todo caso con que los bancos, especialmente los que reciban apoyos, tardarán tiempo en normalizar su oferta de crédito.

Con independencia de otros detalles de ese MoU, tampoco deja lugar a dudas de la vinculación entre la condicionalidad bancaria y la de  carácter macroeconómico. Solo desde la ingenuidad podría asumirse que la puesta a disposición de esa línea de crédito pasaría por alto el estrecho marcaje de los objetivos de saneamiento de las finanzas públicas y la intensificación de las reformas estructurales que Bruselas considera necesarias. Algunas de estas últimas con un grado de detalle, como el que se despliega en el punto 31 de ese documento, que más parece el propio de un plan de rescate general que sectorial. A estas alturas poco debería importarnos la calificación de la intervención europea sobre nuestra economía si esta se tradujera en una rápida recuperación de su crecimiento  y del empleo. Pero me temo que no será así.

A las decisiones conformadoras del cambio de rumbo en la política económica iniciado en mayo de 2010, además del rápido acuerdo para enmendar la Constitución, se añaden otras que no formaban parte de la voluntad inicial de los gobernantes españoles. Tampoco está claro que sean soluciones adecuadas  a la naturaleza de los desequilibrios de nuestra economía, fundamentalmente localizados en el exceso de endeudamiento del sector privado. Deuda a todas luces excesiva de empresas y familias, en su amplísima mayoría con bancos españoles que, a su vez, mantienen elevados pasivos  frente a otras empresas financieras del resto del mundo. Prioritaria ha de ser, por tanto, la reducción de ese excesivo apalancamiento privado, con el fin de que deje de alimentar el endeudamiento público. Ahora lo viene haciendo directamente, mediante la aportación de fondos públicos a los bancos, o de forma más gradual, a través de contracciones en la recaudación tributaria consecuentes con la menor generación de rentas: con la continuidad de la recesión y del aumento del desempleo.

Es por ello que el apoyo directo con fondos europeos a la recapitalización de la mayoría de los bancos españoles constituye una buena solución. Mucho más si efectivamente el crédito dispuesto acaba en los balances bancarios, en lugar de engrosar la deuda pública. Y, además, las condiciones en términos de tipos de interés y vencimiento son tan favorables como las que se presumen. Normalizar el funcionamiento de la intermediación bancaria, la asignación de  crédito a proyectos viables de inversión, es tan necesario como aislar el potencial contaminador del  sector bancario sobre el resto de la economía, en especial sobre las finanzas públicas. Y ahora estamos mucho más cerca de conseguirlo.

Menos evidente es que las decisiones de ajuste que se acaben de adoptar  faciliten la otra normalización, la de la actividad real, la inversión empresarial y la reducción del elevado desempleo. Claro que han de ser bienvenidas aquellas reformas en la dirección de mayor racionalización y mejor funcionamiento de los mecanismos de asignación. Pero lo esencial de esos 65.000 millones de euros contribuirá a deprimir aun más la actividad a corto plazo.

La evidencia, dentro y fuera de España, es suficiente: la austeridad presupuestaria indiscriminada y muy concentrada en el tiempo, simultánea con una recesión en el conjunto de la eurozona, no favorece la recuperación inmediata de la economía. Con independencia de cada una de las actuaciones anunciadas ayer, la amplia mayoría de ellas inhibirá las decisiones de gasto de las familias y empresas. Nada claro está que esas nuevas dosis de austeridad generen los efectos favorables esperados sobre los mercados financieros. La evidencia nos dice que la austeridad presupuestaria no es expansiva cuando las demás políticas no palian sus efectos inmediatos depresivos. También sabemos la importancia esencial que en el escrutinio de los mercados  de acciones y  de bonos  juegan las expectativas de  crecimiento económico.

Con mayor o menor diligencia, las autoridades españolas han adoptado decisiones que  no estaban en sus agendas. Se supone que lo han hecho asumiendo que constituyen una condición necesaria para recibir ayudas sectoriales o genéricas. La primera entrega de las bancarias serán esos 30.000 millones de euros. Pero es posible que España, al igual que Italia, pueda volver a necesitar apoyos como los que el BCE suministró el pasado agosto a través de la compra de bonos públicos de esos tesoros en el mercado secundario.  El repertorio de propósitos anunciados ayer por el presidente del Gobierno debería constituir  por si mismo una suerte de garantía para que el tesoro español no tuviera que soportar costes de financiación excesivos, como los incurridos en las ultimas subastas o los que señalan los mercados secundarios.  De lo contrario, estaríamos en el peor de los escenarios posibles: con políticas propias de un país intervenido, pero sin la ventaja de los  relativamente bajos costes de financiación de estos últimos.  Razonable sería, en consecuencia, que la capacidad de interlocución de nuestro gobierno en Bruselas, Fráncfort y Berlín mejorara en una proporción no muy inferior a la que se endurecerán las condiciones de vida de la mayoría de los españoles.

(Publicado en El Pais, 12 de julio)

Los excesos de la red de autopistas madrileña, por Federico Pablo Martí

Federico Pablo Martí, profesor Titular de la Universidad de Alcalá, nos envía esta esclarecedora y oportuna entrada sobre la red de autopistas madrileña.

En las últimos días han aparecido en los periódicos informaciones sobre la delicada situación que atraviesan algunas de las concesionarias de las autopistas construidas en Madrid durante la última década. Al parecer, tienen una deuda de 3.800 millones de euros, y los resultados de explotación no alcanzan ni siquiera para cubrir los intereses de ella, por lo que si no se actúa rápidamente están abocadas a la quiebra. Esta sería un hecho muy negativo para un sector muy competitivo internacionalmente, pues afectaría gravemente a su imagen cuando acude a las licitaciones de concesiones en todo el mundo. La situación es complicada para el  Estado, pues podría verse obligado a pagar esta deuda si las concesionarias quebraran, como responsable subsidiario, lo que complicaría todavía más la difícil situación actual de las cuentas públicas. De manera que se hace urgente algún plan de restructuración de la deuda y de incremento de los ingresos a través de peajes.

Pero lo que subyace en el fondo de esta situación es un desafortunado plan de sobredotar a Madrid de carreteras de alta capacidad, que aún sin el actual escenario de crisis económica, habría acabado generando importantes problemas. No se trataba ya sólo de cubrir las necesidades que impone la condición de capitalidad europea, sino de incrementar los equipamientos más allá de lo que exigía el crecimiento económico madrileño, pues ya en el reciente período expansivo, Madrid sólo ha destacado con respecto al crecimiento nacional porque posee un mayor peso de las actividades de servicios, más dinámicas.

En efecto, en el año 2000, durante el segundo gobierno de Aznar, se puso en marcha un ambicioso plan de infraestructuras de carretera que tenía como eje fundamental mejorar la movilidad de la capital, mediante la construcción de una nueva circunvalación y de cuatro nuevos accesos mediante autopistas de peaje, que se ubicarían paralelamente a las autovías radiales ya existentes. Se suponía que sería financiado íntegramente por la iniciativa privada. En el caso de Madrid, las empresas concesionarias se encargarían de obtener la financiación necesaria para la realización de las obras, así como para la conservación y mantenimiento de las vías, a cambio únicamente de los ingresos por peajes obtenidos por las cuatro autopistas radiales. En el gráfico adjunto puede apreciarse el rápido desarrollo de las infraestructuras viarias de Madrid con respecto a Barcelona (haciencdo clic en él se ve ampliado).

Este esquema, que pretendía aumentar la dotación de infraestructuras sin que ello supusiese un coste para los contribuyentes, se ha revelado como un fiasco por tres motivos fundamentales.

En primer lugar, la escasa demanda. Los tráficos reales apenas alcanzan el 40 por ciento de los inicialmente previstos, debido a diversos motivos, que van desde los problemas de diseño hasta la situación especial creada por la crisis. Los ingresos por peajes son menos de la mitad de los previstos. Las conexiones y la disposición geográfica de las radiales no las hace atractivas a los usuarios. Sólo la AP3 entra directamente en la capital, y los accesos son en muchos casos difíciles, eliminando buena parte de los potenciales ahorros de tiempo que podrían derivarse de su utilización. La intensificación de la competencia de las autopistas gratuitas, y de la red de trenes de cercanías, como  consecuencia de la crisis, así como la falta de hábito de los madrileños al pago de peajes, ha frenado también el uso de estas infraestructuras. Finalmente, los nuevos macro desarrollos urbanísticos, como los de Seseña en Toledo o Yebes en Guadalajara, no han funcionado como se esperaba, debido al parón del sector inmobiliario.

En segundo lugar, los costes de las expropiaciones fueron diez veces mayores de lo previsto (152 millones de euros). Los tribunales de justicia declararon en sentencia firme que los procedimientos de expropiación eran nulos, por no respetarse los procedimientos de información pública. Para compensar a los expropiados por ello, teniendo en cuenta que no se les podía devolver los terrenos, al haberse realizado ya las obras, los tribunales elevaron muy sensiblemente las indemnizaciones, recogiendo en ellas el cambio en el valor de los terrenos derivados de la construcción de las autopistas.

Por último, la inversión en construcción prevista inicialmente aumentó en un 30 por ciento –cerca de 500 millones de euros- debido a las modificaciones de obra. Las profundas alteraciones al alza de los proyectos constituyen una singularidad de nuestra contratación pública, que ha recibido reiteradamente la atención de las autoridades europeas, por servir como un mecanismo de protección de nuestras empresas frente a sus competidoras europeas. Las licitaciones a beneficio cero, o incluso a pérdidas, no son prácticas extrañas en nuestra economía, pues frecuentemente los constructores esperan obtener los ingresos posteriormente a través de las modificaciones de obra, ya que en ellas el procedimiento de adjudicación permite incluir costes más fácilmente.

Los problemas de planificación han agravado la situación. Y no sólo para Madrid. La circunvalación de Alicante se enfrenta a la reciente construcción de una autovía que duplica las infraestructuras y ha hecho caer el tráfico un 70%. En el caso de Madrid, la falta de continuidad de la carretera Madrid-Toledo en el tramo Toledo-Cordoba, por problemas de impacto medioambiental, la ha convertido en una vía de escaso uso, al no ser una alternativa a la A4 que une el centro con Andalucía.

El resultado de todo ello, como ya se ha señalado al comienzo de este post, es que las empresas concesionarias corren un serio riesgo de quebrar. Para evitar esto, el gobierno estableció a finales de 2010 diversas medidas. Por una parte se otorgaron a las empresas concesionarias préstamos participativos por la cuantía del coste de las expropiaciones, una vez descontado el 175 por ciento del valor inicialmente ofertado, que debe ser asumido por éstas. Estos préstamos deberán ser devueltos durante el plazo de concesión del Plan, y para ello las concesionarias podrán incrementar, previa autorización de la Administración, los plazos o los peajes vigentes.

Por otra se cles compensó por los escasos ingresos, con el muy optimista argumento de que el bajo nivel de tráfico es de carácter transitorio, y en pocos años se alcanzarán los niveles previstos o incluso se superarán. Con este fin, se estableció un plan en 2010, con una duración prevista de tres años, por el que el Estado cubriría la diferencia hasta alcanzar el 80 por ciento de los ingresos esperados, pero siempre bajo la restricción de que las cantidades aportadas nunca podrían superar a los ingresos obtenidos por los peajes. Como contrapartida, en el caso –altamente improbable- de que los ingresos por peajes superasen las estimaciones iniciales, el Estado y las concesionarias se repartirían este exceso a partes iguales. Ante el mantenimiento de las dificultades, el gobierno ha anunciado que ese plan se ampliará hasta 2021.

Medidas paleativas, que reclaman un plan de actuaciones más profundo y contundente, a través de la restructuración de la deuda y el aumento de peajes. Quizá también del cambio de concesiones, buscando la compensación entre rentables y deficitarias, al mismo mismo tiempo que se alarga el plazo de concesión de las rentables, como incentivo para ello.

Pese a estos problemas, la Ministra de Fomento anunció recientemente que se estaba trabajando en la concesión de cuatro nuevas autopistas, para cuando las circunstancias mejores. No parece lo más oportuno.

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