El lema de la reforma universitaria o cómo 3=4

Texto: Jordi Paniagua

Lema. Los grados universitarios de tres años son equivalentes a los de cuatro años.
Demostración. Sean a y b dos cursos universitarios de grado equivalentes, por lo que:

a=b           (1)

Multiplicado ambos cursos por a obtenemos:

a^{2}=ab           (2)

Restando b^{2} a cada miembro de la ecuación:

a^{2}-b^{2}=ab-b^{2}            (3)

Y factorizando la expresión resulta ser:

(a+b)(a-b)=b(a-b)           (4)

despejando el término común (a-b) obtenemos:

a+b=b            (5)

y como en (1) a=b,

2b=b\rightarrow 2=1           (6)

Por lo que al añadir dos cursos iniciales:

3=4

Q.E.D.

Sirva esta valiente y divertida demostración del lema universitario para ilustrar que con los métodos adecuados se pueden implantar sin problemas grados de tres años equivalentes a los de cuatro.

Animo al lector a descubrir el “fallo” en la demostración!

Un año crucial

Enero se ha despedido eliminando cualquier duda acerca del singular relieve que está destinado a alcanzar 2015. No sólo en España; también a escala europea el primer mes del año ha concluido con novedades que anuncian cambios de largo recorrido, quizá de época, con Draghi y Tsipras, cada uno por su lado, como abanderados. Aquí, en todo caso, ese adiós ha estado acompañado de señales anticipadoras de un ejercicio que está llamado a ser gozne entre tiempos muy distintos, una encrucijada, por eso mismo, en la historia de nuestro presente. Tres me parecen especialmente destacables. Primera, la convocatoria de los comicios autonómicos en Andalucía, que viene a redondear el intenso, el apretado (disparatado) calendario electoral que nos espera a lo largo del año; segunda, la publicación de diversos indicadores económicos expresivos de una recuperación que toma fuerza; tercera, la multitudinaria manifestación que ha llenado el centro de Madrid justo el último día de Enero, demostrando una más que notable capacidad movilizadora por parte de sus convocantes. Ninguna de ellas nos debe dejar indiferentes.

La cargada agenda de llamamientos a las urnas, uno por trimestre (elecciones andaluzas en marzo, locales y también autonómicas en mayo, catalanas en septiembre, y generales probablemente en noviembre o diciembre, todas las cuales se interpretarán en clave nacional), marcará el tono en el espacio público. El tono bronco y artificioso, tan ruidoso como hueco, que suele presidir casi siempre las campañas electorales, esa servidumbre de la democracia en tanto invitan a la simplificación de planteamientos y programas, a ofrecer duros a cuatro pesetas (o a menos) y a utilizar tan solo el blanco y negro para dibujar la realidad: el peor ambiente para gobernar y también para hacer oposición atendiendo a los intereses generales y no a los meramente partidistas.

Ninguna buena ayuda, sin duda, para el afianzamiento del proceso de recuperación que, semana a semana, parece cada vez más perceptible. Del mercado de trabajo al de la vivienda, del sector exterior al del comercio minorista, los signos positivos que van conociéndose hacen de 2015 un año decisivo para abrir en su curso una nueva fase de crecimiento económico, dejando atrás definitivamente la alargada sombra de una honda y severa crisis.

Por su parte, la vigorosa irrupción en el escenario político de nuevos interlocutores organizados (Podemos, pero no sólo él) implicará muy posiblemente el fin de la prolongada etapa de predominio indiscutido del bipartidismo, con la correspondiente alternancia en el gobierno de la nación. Desde las elecciones generales celebradas a finales de 1982, ese ha sido el modelo, la pauta siempre seguida, que ha aportado un muy alto grado de estabilidad a nuestra democracia (y la estabilidad, no se olvide, es nutriente principal de la confianza, componente clave, a su vez, del quehacer empresarial y de toda la actividad económica). Un tercio de siglo puede estar así llegando a su término.

No va a ser 2015, pues, un año cualquiera. Hoy presenta muchos ingredientes para constituir, más bien y en diversos terrenos, final de una etapa y comienzo de otra. Un año crucial, en definitiva.

Los diamantes y la duración del matrimonio

“Un diamante es para siempre”, frase acuñada por la empresa De Beers a finales de la década de 1930, está considerada como uno de los eslóganes publicitarios más exitosos de la historia. Al regalar un anillo de compromiso con un diamante queremos expresar nuestro deseo de que el matrimonio sea tan duradero como el diamante. Y parece que esta asociación ha calado, ya que durante el siglo XX hubo un notable crecimiento en la venta de anillos de compromiso que incorporaban un diamante.

Algún lector fiel de este blog se habrá dado cuenta ya a estas alturas que a los economistas nos encanta utilizar las herramientas del análisis económico para explicar casi todos, si no todos, los comportamientos humanos. Y los anillos de compromiso no son una excepción. Desde el punto de visto económico, un anillo de compromiso con un coste elevado es una señal que envía un agente económico a otro de que está invirtiendo muchos recursos en una relación, ya que espera obtener frutos de la misma durante mucho tiempo. Ya sé que no suena muy romántico, pero ya sabéis que a la economía se le califica como la ciencia lúgubre. Este tipo de señales son importantes en aquellas situaciones en las que un agente no tiene información completa sobre otro agente económico y necesita alguna “señal” para orientar su decisión. Las señales también son importantes en otros ámbitos económicos. Por ejemplo, el obtener un título universitario tiene un importante componente de señal para los empleadores. El título ofrece información de que la persona que se va a contratar ha adquirido los conocimientos necesarios para el puesto de trabajo, pero también señala que la persona es lo suficientemente inteligente para superar un reto de largo plazo, plagado de numerosas y difíciles pruebas.

En un estudio reciente, los profesores Frances y Mialon de la Universidad de Emory, han analizado si las parejas que realizaron un mayor gasto en el anillo de compromiso, y en la boda, tienen una menor probabilidad de divorciarse que las parejas que gastaron menos en el anillo de compromiso y en la boda. Los datos para el estudio se recogieron entre los meses de julio y agosto de 2014, y corresponden a una muestra de 3.151 personas residentes en los Estados Unidos. Sorprendentemente los autores concluyen que las parejas que realizaron un mayor gasto en el anillo de compromiso y en la boda tienen una mayor probabilidad de divorciarse que las parejas que gastaron menos. Es importante señalar que esta conclusión se obtiene una vez que se han controlado por otros factores, como si la pareja tiene hijos, la edad, la situación laboral y los ingresos familiares, que también influyen sobre la probabilidad de que una pareja se divorcie.

Los autores solamente indagan sobre un posible mecanismo que podría explicar esta relación negativa entre los gastos de la boda y la duración del matrimonio: el agobio financiero que supone para la pareja la compra del anillo de compromiso y los gastos ligados a la boda, como el banquete o la luna de miel. Si estos gastos suponen un agobio financiero para las parejas, este agobio financiero puede generar un malestar en la pareja que lleve finalmente al divorcio.

Por tanto, aunque gastarse mucho en la boda puede parecer una señal de la apuesta a largo plazo por una relación, si esos gastos no se pueden financiar, se produce un agobio financiero que puede llevar al traste la apuesta a largo plazo. Por tanto, asegúrese de que su señal sea financieramente viable. Ya ven, pura economía.

Indicador de coyuntura: Enero 2015

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de diciembre con los datos publicados hasta noviembre de ventas y producción industrial, y hasta diciembre de renta y de afiliados. El indicador mensual parece continúa con los síntomas de mejora. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en diciembre es de 2,7 mejorando el dato que presentó en el mes de noviembre de 2,4.

factor

Analicemos ahora la evolución de las tasas de crecimiento interanuales de los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE. El peor comportamiento en el último dato publicado lo muestra la producción industrial, que cae un 0,1% en noviembre frente a la subida del 0,5% en octubre. El mejor comportamiento lo muestran las ventas, que crecen un 3,3% en noviembre mejorando la subida del 2,1% en octubre. La renta y los afiliados pasan de subir 3,5% y 2,5% en noviembre a subir 4,1% y 2,4% en diciembre.

indicadores

El comportamiento del indicador está en línea con el avance de la contabilidad trimestral que acaba de publicar el INE. Según la nota de prensa publicada esta mañana, la recuperación de la actividad económica ganó tracción en la recta final de 2014. La economía española avanzó el 0,7% trimestral en el cuarto trimestre, y cerró el año con un crecimiento anual del PIB en torno al 1,4%.

PIB

Este dato coincide con el avance del último observatorio económico del Servicio de Estudios del BBVA publicado a comienzos de diciembre. Como avanzábamos en la última entrada del indicador de coyuntura de ALdE, el servicio de estudios del BBVA siguiendo el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA, estimaba un crecimiento trimestral del PIB para el cuarto trimestre de entre el 0,6% y el 0,7% y que suponía una aceleración del ritmo de la recuperación.

 

 

La dinámica temporal de la deuda pública griega: escenarios alternativos para el acuerdo entre la Troika y el Gobierno griego

grecia
La evolución temporal del stock de deuda pública en % del PIB de Grecia se puede descomponer en 3 componentes:

dinamica de la deuda

donde bt representa el stock de deuda (% del PIB), dt el déficit público primario (en % del PIB, sin incluir intereses de la deuda), it los tipos de interés nominales de la deuda pública, gt la tasa de crecimiento nominal de la economía (crecimiento real + tasa de inflación) y addt el componente “ajuste déficit-deuda”.

La expresión anterior implica que si se quiere estabilizar el stock de deuda pública en relación al PIB se deben dar tres condiciones no excluyentes: (1) la tasa de crecimiento nominal de la economía (¡cuidado con la deflación que hace aumentar la deuda!) tiene que superior al tipo de interés nominal de la deuda pública (el llamado efecto “bola de nieve” de los intereses de la deuda); (2) se tiene que generar superávit primarios (componente del “ajuste fiscal”); (3) se debe eliminar o reducir el componente “ajuste déficit-deuda” (addt = 0). [1]

Veamos algunas simulaciones para el caso de la dinámica temporal de la deuda pública de Grecia utilizando la expresión anterior que pueden servir de base para las posibles negociaciones entre la Troika (la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo) y el nuevo Gobierno griego. [2]

Caso 1: reestructuración de la deuda pública (reducción de los tipos de interés nominales de los bonos en 3,7 puntos porcentuales) sin quita (no se reduce el stock de deuda pública inicial).

En el primer gráfico se presenta la evolución temporal futura del stock de deuda pública griego tomando los datos actuales: a) un stock de deuda pública sobre el PIB del 174% a finales de 2014; b) una tasa de crecimiento real de la economía para 2015 del +2,9%; c) una tasa de inflación prevista para 2015 del +0,3%; y d) un superávit público primario previsto para finales de 2015 del 3,0%. Además, los tipos de interés nominales de la deuda pública a 1o años situados en la actualidad en el 8,7% (rendimiento del mercado secundario del 26 de enero de 2015) se reducen a una media del 5% mediante el canje de deuda pública con los acreedores. [3]

deuda griega 1

El resultado es que sólo se consigue estabilizar el nivel del stock de deuda pública en % del PIB en su nivel de 2014, un 174%. El stock de deuda pública aún crecería a una tasa anual del 0,2%.

Caso 2: reestructuración de la deuda pública (reducción de los tipos de interés nominales de los bonos en 3,7 puntos porcentuales) y quita del 30% (se reduce el stock de deuda pública inicial del 174% al 122% del PIB).

Se mantienen los datos del caso 1 relativos a la tasa de crecimiento real, de la tasa de inflación y el Gobierno griego se compromete a mantener el superávit público primario del 3%.

deuda griega 2

El Gobierno griego y la Troika podrían llegar a un acuerdo al combinar el mantenimiento de la austeridad (el superávit público primario se mantiene en el 3%) y un acuerdo de reestructuración de la deuda pública (con canje de bonos) con una quita parcial de deuda. Además se pararía el crecimiento del stock de deuda pública, al generarse una reducción del 0,7% anual, insuficiente para conseguir el objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del 60% en un horizonte de 20 años.

Caso 3: reestructuración de la deuda pública (reducción de los tipos de interés nominales de los bonos en 4,7 puntos porcentuales) y quita del 45% (se reduce el stock de deuda pública inicial del 174% al 96% del PIB) y se genera una tasa de inflación del 2%.

Se mantienen los datos del Caso 1 relativos a la tasa de crecimiento real y el compromiso de mantener el superávit primario en el 3%. La tasa de inflación sube del 0,3% actual al 2%, objetivo del Banco Central Europeo.

deuda griega 3

Este es un escenario mejor que el planteado en el Caso 2 para el Gobierno griego. La Troika podrían llegar a un acuerdo al combinar el mantenimiento de la austeridad (el superávit público primario se mantiene en el 3%) y un acuerdo más ambicioso de reestructuración de la deuda pública (con canje de bonos) con una mayor quita parcial de deuda. El stock de deuda pública se reduciría a un ritmo del 3,7% anual y se alcanzaría el objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del 60% en un horizonte razonable de 10 años. Los salarios y las rentas podrían aumentar moderadamente mediante acuerdos entre los agentes sociales y el Gobierno para impulsar la tasa de inflación hasta el 2%.

——–
[1] En el componente del “ajuste déficit-deuda” (add = 0) se incluye todas aquellas emisiones emisiones de deuda pública que no computan como déficit público (no tienen su origen la diferencia entre ingresos públicos y gastos públicos) pero si como deuda pública. Su origen está en la necesidad de financiar la adquisición de activos financieros por parte del Estado no directamente relacionados con el presupuesto público. Por ejemplo, en España dentro del componente “ajuste déficit” se emitió deuda pública para financiar el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), el FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico) y el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP), entre otros.
[2] Utilizamos la calculadora de Bloomberg.
[3] Se supone que el componente “ajuste déficit-deuda” es nulo.

El terremoto que ahogó al Castor

castor

Ilustración: Carlos Sánchez Aranda

Texto: Jordi Paniagua

Valencia, 24.10.2015. En la escuela de ingenieros me enseñaron que casi todos los proyectos son técnicamente viables. Existen pocas barreras tecnológicas insuperables: el ingenio humano es prácticamente ilimitado.  Hemos construido aviones, rascacielos y teléfonos móviles. Hemos conseguido aterrizado un cometa que surcaba el espacio a 64,000km/h con la tecnología de un ATARI. Hasta hemos extraído crudo de entre las piedras.

En la facultad de economía aprendí que lo que no se enseña en los grados de ingeniería es que son los economistas los responsables de acotar el ingenio. La principal barrera de cualquier proyecto es viabilidad financiera. La calculadora del contable es mucho más poderosa que la escuadra y el cartabón del ingeniero. Veamos por ejemplo el frustrado Proyecto Castor, un ingenioso depósito de gas natural en las profundidades del mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón.

Tras una década de prospecciones y preparativos la primera inyección de gas colchón se inicia en julio del 2013. Paralelamente, las costas de Vinaròs empiezan a sufrir temblores de baja intensidad. Ante la comprensible preocupación de los residentes de la Costa del Azahar, la administración decidió desmantelar en un tiempo récord el Castor aduciendo unas dificultades técnicas insuperables para frenar los microseismos. No se le dio ninguna oportunidad ni a Pigou ni a Coase…

¿Podrían los ingenieros y geólogos haber encontrado una solución a los seísmos? Estoy convencido de ello. Otra cuestión es el coste y la rentabilidad de la explotación del depósito en la actual coyuntura. La empresa promotora no tiene demasiados incentivos para buscar soluciones técnicas para solucionarlos. En el contexto económico y energético actual la indemnización millonaria del Estado es bastante más rentable que la explotación de Castor. Veamos porque.

Un depósito de gas funciona como como cualquier otro almacén. Asegura el abastecimiento de gas frente a variaciones de precios o de suministro. Se trataba de un proyecto estratégico para asegurar la producción industrial de la costa Mediterránea, en especial de las fábricas azulejeras de Castellón. El proceso de horneado del azulejo es muy intensivo en energía y estas fábricas son los clientes naturales de Castor. El proyecto es claramente viable en un contexto de precios de la energía en alza y una producción industrial vigorosa. Básicamente, se compra barato gas barato y tras un tiempo se vende con beneficio.

Sin embargo, el contexto enérgico e industrial de hoy es muy distinto del de principios de siglo. Las gráficas que acompañan a este texto ayudan a comprender la situación.

La primera gráfica muestra la producción industrial de la Comunidad Valenciana y su consumo de gas natural. El entorno económico ha cambiado sustancialmente entre el planteamiento del proyecto Castor (2004) y su ejecución (2013). La coyuntura a principios de siglo era especialmente propicia para el Castor. La pujante producción industrial en la Comunidad Valenciana impulsaba el consumo de energía a principios de siglo. Este periodo coincide con un con los precios del gas al alza. Sin embargo, hoy en día nos sobran dedos de la mano para contar las fábricas que produzcan azulejos en Castellón. La mayoría siguen activas, pero han desviado parte de su producción a otras latitudes. IPI El segundo gráfico muestra la evolución de los precios del gas natural. El precio del BTU (British Thermal Unit) está un 50% más barato que en 2004. El contexto energético nos invita a pensar que puede bajar aún más en los próximos años. Por tanto, no resulta rentable comprar gas hoy para venderlo más barato mañana (si es que alguien lo compra). precios gas Los temblores han dejado satisfechos tanto a los detractores del proyecto como a la propia empresa. Al Castor no lo mató un movimiento de tierras, más bien se ahogó en un tsunami económico. Estén atentos, ya que es probable que se produzcan réplicas cada vez que abran la factura del gas.

Vídeo de las intervenciones en las XXIX Jornadas de Alicante sobre Economía Española

El 6 y 7 de noviembre de 2014 se celebraron en Alicante las XXIX Jornadas de Alicante sobre Economía Española organizadas por la Asociación Libre de Economía Española (ALdE) y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante.

En esta entrada del Blog se puede ver el vídeo completo de las intervenciones.

Vídeo del 6 de noviembre

Vídeo del 7 de noviembre

Las cicatrices del hambre

El 13 de julio de este año 2015 se cumplirá el treinta aniversario del famoso concierto Live Aid que se celebró conjuntamente en el estadio Wembley de Londres y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia. Todavía recuerdo a Phil Collins, que después de cantar en Wembley salió corriendo para embarcarse en el Concorde, volar a Filadelfia, y cantar también en el concierto que se estaba celebrando en Estados Unidos.

El concierto Live Aid fue una iniciativa de los músicos Bol Geldof y Midge Ure, a raíz de un reportaje emitido por la BBC en octubre de 1984 sobre una terrible hambruna que se estaba produciendo en Eritrea y Etiopía. Aunque no hay una cifra exacta, los analistas estiman que en esta hambruna murieron alrededor de un millón de personas, cifra que la sitúa entre las peores que ha sufrido la humanidad en su historia reciente. Bob Geldof movilizó a los músicos para recaudar fondos para ayudar a paliar de alguna manera esa situación. La primera iniciativa fue grabar una canción conjunta para recaudar fondos (“Do They Know It’s Christmas?“), y la segunda organizar el concierto Live Aid. De hecho, en el trigésimo aniversario se ha grabado una nueva versión de esta canción para recaudar fondos para atajar la epidemia del ébola.

Un estudio realizado por los profesores Dercon y Porter, publicado recientemente en la prestigiosa Journal of Political Economy, muestra que, además de tener un enorme coste en vidas, la hambruna dejó profundas cicatrices entre los que sobrevivieron, y especialmente entre la población de mayor riesgo: los niños menores de 3 años. Para ello, los autores compararon diversos indicadores correspondientes a niños que sufrieron la hambruna con menos de tres años con los de sus hermanos de mayor edad, o los de sus hermanos que nacieron después de la hambruna. Al comparar hermanos con hermanos, los investigadores han sido capaces de eliminar la influencia de factores como las características de la familia, o del lugar de residencia de la misma sobre los efectos de la hambruna, y así identificar de forma más precisa el impacto diferencial que la hambruna pudo tener sobre distintos grupos de edad. Las mediciones se realizaron en 2004, es decir, 20 años después de la hambruna. Los resultados del estudio muestran que los niños que sufrieron la hambruna en una franja de edad entre 1 y 3 años, tienen una estatura 5 centímetros inferior a la de sus hermanos mayores, y a la de sus hermanos que nacieron después de la hambruna. Además, una vez que alcanzan la edad adulta, los niños que sufrieron la hambruna en la franja de edad entre 1 y 3 años tienen unos ingresos anuales inferiores en un 5% al de sus hermanos.

Este estudio muestra que las hambrunas, además de tener un coste enorme en vidas, tiene también consecuencias a largo plazo sobre las personas que la sufren en una edad temprana. Por ello, es muy importante que ante situaciones de riesgo se intervenga de forma rápida y que las primeras atenciones se centren en aquellas franjas de edad con mayores repercusiones a largo plazo.

Ante un calendario adverso

En la primera página de un viejo manual de Derecho Civil, que hace ya más de cincuenta años era una leyenda en la Facultad de Derecho de la Universidad madrileña, y no tanto por su calidad, que la tenía, como por la obligación de memorizarlo casi íntegramente para superar el correspondiente examen —el “Compendio”, de Federico de Castro, uno de los grandes maestros de los juristas españoles contemporáneos—, se leía que aquel era un tiempo “más que de crisis, de psicosis de crisis”. No sé si ese escueto diagnóstico, bien representativo de la extraordinaria concisión del texto citado, era acertado para su época, pero quizá sí sea válido para este arranque del 2015 en España, cuando una buena parte de la opinión pública expresa una sensación de desaliento que no se corresponde con los registros de muchos indicadores y “signos externos”, y no sólo en el ámbito de la economía. Tan urgente como desechar un frívolo triunfalismo, será entonces combatir cualquier estado colectivo de frustración, cuyos efectos nunca serán buenos.

El país funciona mejor no solo de lo que bastantes dicen, sino también de lo que muchos creen. El ajuste macroeconómico logrado, en términos de equilibrio externo, merece un sobresaliente: pasar en muy pocos años de necesitar que el resto del mundo nos financiara un 10 por ciento del PIB a autofinanciarnos, sin poder devaluar, ha sido un éxito, aunque haya acarreado —“devaluación interior”— altos costes sociales. Algo parecido puede decirse del sistema bancario, que, después de afrontar una severa reconversión —con la ayuda de los recursos aportados por los contribuyentes y las entidades sanas—, hoy ofrece comparativamente un buen estado de revista, como han revelado las más recientes pruebas del Banco Central Europeo. Más importante aún: tras varias andanadas de duros recortes presupuestarios, el sistema de protección social, con servicios y prestaciones de muy amplio espectro, se mantiene en pie y sólido. Y engranajes institucionales que son clave en una democracia, como la justicia, están actuando con probada independencia en medio de situaciones ciertamente comprometidas; así lo demuestran, un día sí y otro también, el curso de determinados procesos que involucran, según los casos, a altas magistraturas del Estado, a partidos políticos, a organizaciones sindicales y a prominentes gestores empresariales. El funcionamiento del país, por decirlo de nuevo de modo coloquial, no merece una visión derrotista. La propia emergencia a la luz pública de la corrupción, tan caudalosa, sin duda indica la “putrefacción” de ciertas élites, pero también es señal de capacidad de reacción social e institucional.

Deberíamos encarar el nuevo año, por tanto, con entereza. No va a ser fácil, pues el nutrido calendario electoral de los próximos doce meses, con plurales convocatorias —locales, autonómicas, generales— propiciará todo menos análisis realistas en quienes quieran ganar adhesiones entre los votantes y determinación política en quienes tienen la responsabilidad de hacer frente a las secuelas de los desequilibrios padecidos y a prolongadas deficiencias estructurales. Pedagogía social y acción gubernamental decidida es lo que hemos de pedir. No estamos ante un fracaso colectivo, pero los problemas planteados —ahora más de orden político que económico— no admiten tiempos muertos o administrados en función de intereses electorales. El crecimiento ha vuelto a la economía española, pero su continuidad y vigor exigen honestidad en las propuestas y pulso político firme, lo mismo que demanda la calidad de nuestra democracia.

El programa económico de Podemos, inicio de su decadencia, por Francisco J. Ferraro

He pedido a nuestro compañero Francisco Ferraro, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Sevilla, que nos permita recoger en una entrada el texto que publicó hace algunas semanas en el Diario de Sevilla, que ofrece un pormenorizado análisis del programa económico de la nueva formación política Podemos.

En la propuesta de programa económico para Podemos presentada por los profesores Navarro y Torres (“Un proyecto económico para la gente”) coexisten consideraciones y propuestas compartibles con otras nada recomendables o económicamente inviables. Sobre las más significativas de estas últimas se ocupa este artículo.

El diagnóstico

Los autores del documento parten señalando que “las propuestas deben basarse en un diagnóstico realista, (…) que evite el fraude intelectual que tan a menudo han cometido los dirigentes del PSOE y del PP”. En su diagnóstico hacen referencia a la situación del mundo, de la UE y de España. Consideran que “la situación del mundo bajo el predominio del capitalismo es hoy día decepcionante y cruel”, lo que sin duda se corresponde con vivencias de muchas personas y colectivos que sufren guerras, persecuciones, hambre y otras desgracias, pero no parece un diagnóstico muy ponderado cuando los indicadores de los organismos internacionales ponen de manifiesto la notable mejoría que conoce la humanidad en tasas de pobreza, esperanza de vida, alfabetización, personas desnutridas, conflictos armados, etc.

En cuanto al diagnóstico económico de España, es compartido por casi todos los economistas que la situación se caracteriza por problemas de entidad, entre los que destacan el paro y el elevado endeudamiento, y que el origen de la presente situación hay que encontrarlo en la crisis financiera internacional y en el estallido de la burbuja inmobiliaria, como se señala en el documento, pero no se puede compartir que otra causa haya sido “el descenso del poder adquisitivo de la población” tal como enuncian en primer lugar, pues la fase de expansión de la economía que precedió a la crisis se caracterizó por un notable aumento de la renta y los salarios.

Las propuestas por el lado de la demanda

El núcleo del proyecto programático para salir de la crisis es “generar demanda efectiva e ingresos para poder crear empleo suficiente y decente”, para lo que “es preciso crear más empleo e ingresos aumentando la actividad y el gasto de las familias, de las empresas, del sector público o del exterior en nuestra economía”, y para ello se proponen, entre otras medidas, “aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin promover consumismo” (no se precisa la autoridad que discriminaría entre consumo y consumismo); “aumentar el porcentaje de los salarios en la renta nacional” (no se sabe si se prohibiría que nuevos autónomos o pymes puedan obtener beneficios si superan el porcentaje de salarios); “incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales” (lo que no animaría a los empresarios a crear empleo); aumento del salario mínimo (desincentivaría la contratación de los jóvenes sin formación); retraso en la edad de jubilación a los 65 años (lo que haría más inviable el sistema de pensiones); 35 horas de trabajo semanales y reparto del trabajo.

Como se deduce de las anteriores consideraciones, el soporte propositivo del documento es como si la economía española sólo tuviese un problema de demanda, por lo que con mayor gasto se recuperaría la economía y se crearía empleo. Es decir, como si en el flujo circular de la renta, que iguala en una economía cerrada tres agregados económicos (la producción, la renta y el gasto), pudiese aumentarse uno de los agregados independientemente de los otros dos, y como si la economía de un país fuese efectivamente cerrada.

Ninguno de estos supuestos se cumple. Por una parte porque si no se ha generado suficiente renta habrá que financiar el aumento del gasto, es decir, aumentar el endeudamiento, provocando un problema de financiación de difícil solución para un país tan endeudado como España, y en un marco de previsible desconfianza de los mercados financieros. Y, por otra parte, porque la economía española también tiene limitaciones de oferta, por lo que, en el supuesto de que se acumule renta para elevar el nivel de demanda, no existiría suficiente oferta competitiva adicional en todas las actividades que aumentan la demanda ni se podría improvisar en un corto periodo de tiempo, por lo que el aumento artificial de la demanda podría derivarse al exterior (importaciones), como de hecho se ha producido en cuanto ha repuntado ligeramente el consumo este año. Tanto es así que desde el inicio de la crisis todos coincidimos en la necesidad de un “nuevo modelo productivo”, que genere más valor añadido y provea de empleo a los excedentes de los sectores de la construcción e inmobiliario, sin que hasta ahora se hayan logrado avances significativos.

La desconsideración de las restricciones de la oferta es general en el programa, pues un aumento de los asalariados hay que combinarla con un aumento de la dotación de otros factores productivos, y esto no se produce porque lo diga un programa o un decreto, sino porque se abran nuevas empresas, nuevas líneas de producción, nuevos mercados. También parecen desconocer que si se aumentan los salarios algunas empresas podrían soportarlo, pero otras  dejarían de ser competitivas y tendrían que cerrar. Igualmente se olvidan de la oferta al parecer desconocer que una disminución de la jornada laboral restringiría la productividad, pues si bien podría ser factible en algunas unidades de producción, en otras difícilmente se trocea el trabajo para sustituir 5 horas semanales de 7 trabajadores a la semana por un trabajador adicional. La actividad económica exige flexibilidad, y en un mundo globalizado no parece que los casos de 35 horas semanales abunden como una fórmula de éxito, ni que los países que tienen mayor crecimiento lo consigan con la reducción de las horas de trabajo. En definitiva, es poco comprensible que en un programa económico para un país avanzado con dificultades económicas en un siglo XXI globalizado esté tan ayuno de la perspectiva de la competitividad, a excepción de lo que recoge en el apartado 5.2.5 (“aumentar la competitividad sin empobrecernos”), en donde denuncian que “el error de las políticas actuales es creer que la demanda externa puede convertirse en el motor más potente y más favorecedor de la economía española”.

Las actuaciones por el lado de la oferta

No obstante, en el programa se incluye el apartado 5.2.3 (“aumento de la inversión empresarial sostenible”), en el que se critica la política de grandes inversiones en infraestructuras de los últimos años, y se propone como alternativa invertir en “infraestructura social”, reforzando los servicios públicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Tienen razón al criticar los excesos en infraestructuras de transporte subutilizadas, pero, en cualquier caso seguirá siendo necesario invertir en su mantenimiento y en otras infraestructuras por las que apuesta la Comisión Europea.

También en este apartado critican la colonización de la economía española por el capital extranjero, y proponen una nueva política fiscal que penalice la no reinversión de los beneficios, lo que no constituye precisamente un estímulo a la inversión, máxime si se suma a las propuestas ya comentadas de elevación de salarios, reducción de jornadas o el aumento de la cuota empresarial de la Seguridad Social. Sí es fácil estar de acuerdo con otras propuestas (no muy originales y sin concreción), como “realizar reformas administrativas que eliminen al máximo de lo posible los costes innecesarios que produce el mal funcionamiento de la administración” o “reducir los costes que imponen a las empresas productivas las que operan en servicios básicos de nula o muy baja competencia”, lo que imagino que se resolvería con un funcionamiento más independiente y ejecutivo de los órganos reguladores de los mercados.

Los autores no parecen tener suficiente consciencia de la limitada influencia de los gobiernos en la actividad económica de cualquier país desarrollado. Primero porque actúan en una economía abierta y globalizada, lo que determina una interacción de flujos económicos (mercancías, servicios, trabajo, rentas, capitales, tecnología,…) a los que es imposible sustraerse por el interés de los ciudadanos. Esa dependencia internacional se acentúa cuando, como es el caso de España, se participa en múltiples acuerdos internacionales y, especialmente, en la Unión Europea y el área euro, de las que emana la mayor parte de nuestra legislación económica, y que no puede modificarse a nuestro antojo porque solo representamos el 9,2% en términos demográficos y el 7,7% en PIB de la UE. Además, aunque estuviésemos aislados, en este país existen 47,7 millones de personas y 3,1 millones de empresas cada una de las cuales son libres para adoptar las decisiones económicas que estimen conveniente. En consecuencia, no se les puede obligar a consumir, ahorrar, producir o invertir lo que los gobernantes quieran. Los gobernantes podrán producir normas que generen incentivos favorables a determinados comportamientos, pero las normas también pueden generar incentivos negativos a muchos ciudadanos y empresas.

El derecho más exótico

El proyecto de programa se completa con algunos derechos adicionales, tales como a la vivienda, renta de inserción, permisos por nacimiento y/o adopción a cada progenitor pagados al 100%, universalización del derecho a la educación infantil desde los cero años, cobertura universal a las personas dependientes, disminución de la carga hipotecaria de las familias, Etc. Entre ellos, el más exótico es el derecho al crédito, pues los autores proponen el  “reconocimiento en nuestra Constitución de un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial”, para lo que proponen la “creación de banca pública y bancos ciudadanos de interés público” y “asegurar que la financiación llegue a las pequeñas y medianas empresas y a las familias que lo necesitan con tanta urgencia”. Dado que no se especifican los criterios para las concesiones de crédito es imaginable que los créditos se concederían no en función de la solvencia, sino de las necesidades de los demandantes interpretadas por los responsables políticos de turno, lo que equivale a que el derecho al crédito se convierta en derecho a tener dinero. Nunca la tradición de los partidos políticos españoles de pujar en sus programas con más y más derechos había llegado tan lejos. Además, se sigue apostando por la banca pública después de la experiencia de las cajas de ahorro.

¿Quién paga todo esto?

La gran restricción de todas las políticas de demanda y de servicios sociales es de carácter financiero. ¿Cómo financiar el extraordinario aumento del gasto público (92.000 millones de euros para las políticas sociales estimaba Pablo Iglesias, a lo que se sumaría la demanda de crédito público y otras inversiones)? En el apartado 5.2.4 del documento (“Mejorar la gestión pública y aumentar los ingresos del Estado”) deberíamos encontrar la respuesta. Sin embargo, en el apartado se establecen algunas medidas poco novedosas (“Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal”), de escasa trascendencia presupuestaria (“Plan inmediato de ahorro público que detecte y permita evitar todo tipo de gasto innecesario”), enunciados de buena voluntad (“Reforma de la función pública que la haga ágil, compleja, versátil y flexible”), o expresiones sin concreción (“gran pacto entre las diferentes nacionalidades y comunidades que reconozca su singularidad y diversidad como elemento constitutivo de un nuevo equilibrio basado en la cooperación y en la corresponsabilidad ciudadana”).

Mayor precisión contienen las propuestas de reforma del sistema fiscal en las que se plantea un aumento de la recaudación basada en el aumento del impuesto de sociedades, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, mejora del IRPF para que paguen más los más ricos y una tasa a las operaciones financieras, lo que sumado a lo recaudado combatiendo el fraude fiscal aportaría unos ingresos adicionales de unos 77.000 millones de euros según Navarro y Torres, lo que no deja de ser una estimación muy optimista.

En el caso de que sean factibles estas reformas los ingresos que se recaudarían no bastarían para cubrir el extraordinario aumento del gasto y, además, los grandes cambios que proponen no se podrían aplicar de un día para otro, por lo que hasta que estuviesen operativos no quedaría más remedio que apelar a unos mercados financieros que, según los autores no estarían encantados con la llegada de Podemos al Gobierno, por lo que “muy previsiblemente encarecería la financiación, incrementando la factura por gastos financieros”.

La reestructuración de la deuda

El recelo de los mercados financieros a Podemos debe provenir de su primera propuesta económica en el programa para las elecciones europeas (“pagaremos solo la deuda justa”), y que ahora adquiere una formulación más ponderada (“reestructuración lo más ordenada posible”). Por reestructuración de la deuda se entiende la reducción de los tipos de interés, la ampliación de los plazos para pagarla, una quita en el monto total, o una combinación de estas alternativas. Su posibilidad tiene múltiples antecedentes, aunque no para países de la entidad económica de España, contaría con el rechazo de Alemania y la mayoría de los países europeos, exigiría la intervención de nuestro país por organismos internacionales, expulsaría a España de los mercados financieros, obligaría a pagar las obligaciones presupuestarias a tipos de interés mucho más elevados y tendría graves y perdurables efectos en nuestra reputación. Por otra parte, el volumen de nuestra deuda pública, aun siendo alta no es de las mayores del mundo, ni siquiera de Europa. Tal vez por estas consideraciones los autores del documento instan a una “estrategia cooperativa” con los países de la periferia europea, pero es poco imaginable que éstos quieran abordar un conflicto de esta envergadura que tendría graves costes de inestabilidad a corto plazo. Por otra parte, el volumen total de endeudamiento va disminuyendo, como también los intereses, y la integración del sistema monetario europeo debe permitir en plazos no muy lejanos la mutualización de la deuda a través de los eurobonos. Por todo ello, la reestructuración es una alternativa inoportuna e improbable.

El modelo sueco como referente

Según los líderes de Podemos el programa se inspira en el modelo socialdemócrata sueco, pero parecen desconocer que: a) el actual nivel de desarrollo económico, social e institucional de Suecia es consecuencia de décadas de desarrollo diferenciado, en los que no sólo se ha afianzado el Estado de Bienestar, sino también un sólido sistema económico basado en una intensa inversión en I+D, en empresas multinacionales innovadoras, en una cultura cívica y del trabajo que tiene sus bases en una moral más puritana, en un sistema educativo excelente y en una democracia envidiable con instituciones transparentes desde el siglo XVIII; y b) que en Suecia y otros países escandinavos la socialdemocracia ha sabido adaptarse más rápida y eficazmente a las características de un mundo globalizado que exige ser más productivo y flexible.

Por ello, el programa económico de Podemos suena a las propuestas e ideas de la socialdemocracia emergente en la Europa de la década de los sesenta. Algunos han encontrado un paralelismo entre el programa de Podemos y el del PSOE para las elecciones de 1982, programa que Felipe González tuvo que guardar en un cajón cuando accedió al gobierno. También otros gobiernos se han desdicho de su programa electoral en España. El último fue el de Rajoy tras las elecciones de 2011, pero esa inmoralidad no es aceptable en un país que está harto de degradación democrática, y no hay nada más degradante en el juego político que la mentira institucionalizada.

El comienzo de la decadencia

Podemos irrumpió en la escena política española con un extraordinario resultado en las elecciones europeas. Con el malestar ciudadanos por las implicaciones de la crisis económica, y con los caldos de cultivo del movimiento 15-M, antidesahucios y otros, supieron explotar la rabia social por los casos de corrupción y la degradación institucional, lo que sus líderes supieron combinar con habilidad dialéctica y radicalidad de planteamientos. El creciente apoyo popular según las encuestas les llevó a plantearse la posibilidad de convertirse en un partido de gobierno, por lo que decidieron cambiar el programa que presentaron a las elecciones europeas, para lo que encargaron su elaboración a dos profesores universitarios con un curriculum respetable.

El resultado ya se conoce: han cambiado su programa político de forma sustancial en unos meses, lo que no ofrece seguridad sobre sus planteamientos futuros, pero lo más significativo es que al hacerlo público han perdido la candidez y han expuesto a la luz su inviabilidad e inconsistencia.

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