PRECARIEDAD FINANCIERA

La eurozona sigue siendo un campo de minas. A pesar de las mejoras en los últimos meses la vulnerabilidad persiste: “la estabilidad financiera no está asegurada”, según el informe del FMI (Financial System Stability Assesment), difundido  antes del desenlace de la crisis de Chipre y del dictamen del Tribunal Constitucional de Portugal.  Aquel bucle diabólico,  que subrayábamos en estas mismas páginas hace meses (http://economia.elpais.com/economia/2012/07/06/actualidad/1341578701_955030.html) , como compendio de las amenazas sobre las economías periféricas y, en última instancia, de la viabilidad de la propia unión monetaria, sigue activo. Es verdad que dos de sus tres principales tractores – la crisis de la deuda pública y la crisis bancaria- han atenuado su intensidad, pero siguen latentes. Y, en todo caso, su estrecha vinculación con la tercera crisis, la recesión con que hemos  iniciado el año en el conjunto de la eurozona. Cuanto mas se tarde en abandonar ese territorio de crecimiento negativo más difícil será la normalización de la actividad bancaria y la de los mercados de deuda pública. El circulo vicioso puede en cualquier momento acelerar sus perversa realimentación.

En esa situación de calma chicha que preside la escena financiera, son las cotizaciones  de la deuda pública las que por el momento presentan menos amenazas. Pero en modo alguno  puede considerarse como normalizada la situación en esos mercados, ni mucho menos considerarlos expresivos de la ausencia de segmentación financiera. Desde mediados del pasado julio, y más concretamente desde  el aviso del BCE del 6 de septiembre, mostrando su disposición a enmendarles la plana a los mercados de bonos que cotizaban la fragmentación de la eurozona, los títulos de España e Italia se encuentran en niveles más soportables, apoyados recientemente en la actitud mucho más laxa del Banco de Japón. De todas formas, las diferencias con los correspondientes a Alemania siguen denunciando una situación anómala, impropia de una unión monetaria. Pagar casi un 5% por endeudarse a diez años, frente al 1,2% que lo hace el tesoro alemán, no es para estar contentos. El saneamiento de las finanzas públicas exige que la factura por intereses de la deuda pública se reduzca de forma significativa por debajo de esos 38.600 millones de euros que están consignados en los Presupuestos Generales del Estado para este año.

El segundo exponente de precariedad financiera, ajeno al anterior, lo encontramos en las dificultades de algunos sistemas bancarios para normalizar la inversión crediticia. España vuelve a ser un caso representativo. Claro que se ha avanzado tras la recapitalización de las entidades que lo precisaban con parte de la línea de crédito que concedieron las instituciones europeas. Pero ese fortalecimiento de los recursos propios de los bancos no ha eliminado las amenazas a medio plazo. En concreto, las derivadas de una economía que no crece y crecerá poco en los próximos años; de un desempleo que tardará en bajar del nivel actual, y de un volumen de deuda de las empresas y de las familias que sigue siendo incompatible con la completa solvencia. La morosidad, y en general los activos dañados, seguirán creciendo, al menos en lo que queda de año, desde los niveles históricamente elevados en que se encuentra hoy. Tal como apuntaba Daniel Manzano en estas mismas páginas (http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/2013/04/morosidad-y-refinanciaciones.html), las operaciones de refinanciación y reestructuración  de préstamos pueden ser algo más que indicios de morosidad adicional a la contabilizada de forma convencional. La verdad es que no resulta muy  fácil hacer banca al por menor en estas condiciones. Y la concentración que ha tenido lugar en algunos sistemas bancarios no es por sí sola una garantía de reducción de la vulnerabilidad, como subraya el FMI. Ni de la definitiva ruptura del vínculo perverso entre riesgos bancarios y riesgos soberanos.

La fragmentación financiera también se manifiesta en los desiguales costes financieros  que soportan las empresas de la eurozona. Los bancos siguen divididos entre los que prestan en condiciones normales y aquellos de la periferia que siguen racionando el crédito y aplicando condiciones mucho más onerosas.  En España e Italia, las empresas pequeñas y medianas siguen pagando mucho más por la financiación bancaria, la única prácticamente disponible, que las de Alemania o Francia: entre 3 y 4 puntos porcentuales adicionales  para operaciones de crédito homogéneas, según diversas estimaciones. Y eso no favorece la inversión y el empleo precisamente. En mayor medida si tenemos en cuenta que en estos dos países del sur las pequeñas y medianas empresas disponen de un mayor peso específico en la actividad económica que en los del centro y norte de Europa. Tampoco debería ser un elemento tranquilizador para el BCE, que de forma explícita ha manifestado su propósito de luchar por la correcta transmisión de su política monetaria y la reducción de la segmentación financiera. En realidad,  las decisiones relajadoras del BCE, menos contundentes que las de otros bancos centrales, no se han trasladado en la misma cuantía a las distintas economías de la eurozona.

El tercer elemento de precariedad financiera  lo encontramos en la inquietud que ha dejado el desenlace de la crisis de Chipre. Lejos de fortalecer la confianza en la capacidad de gestión de las instituciones europeas y, en definitiva, en los sistemas bancarios, el recelo ha aumentado. No solo porque llegaran a cuestionar el compromiso del seguro de depósitos hasta esos 100.000 euros acordados por el Eurogrupo en octubre de 2008, sino por los subsiguientes controles a los movimientos de capital. Ha sido la primera vez en la historia de la unión monetaria que se limita la libre movilidad de la riqueza financiera de los ciudadanos y empresas creando un elemento adicional de segmentación financiera. Y por distinta que sean las situaciones en otros países, y desiguales las dimensiones relativas de sus sistemas bancarios, es inevitable asumir el precedente y evocar de nuevo el refranero, poniendo a remojo las barbas de algunos vecinos. La solvencia bancaria y la de los correspondientes gobiernos han vuelto a ser objeto de atención de analistas e inversores. Y las eventuales exigencias adicionales de capital a los bancos, al igual que otros factores generadores de incertidumbre reguladora, en circunstancias como las actuales no favorecen la definitiva normalización de la actividad crediticia.

Reducir esas manifestaciones de precariedad financiera debería obligar a las autoridades europeas a revisar algunas políticas económicas adoptadas y  fortalecer otras apenas enunciadas con el fin de garantizar una mayor estabilidad financiera y la consiguiente confianza en los  operadores financieros. Entre las primeras, la aplicación de austeridad a ultranza en la conducción de las finanzas públicas, en especial las de las economías inmersas en una continuada y pronunciada recesión. En ausencia de inflación, la política monetaria también ha de flexibilizarse adicionalmente. Entre las segundas, la necesidad de acelerar  la transición a la unión bancaria, en los términos avanzados en el Consejo Europeo del pasado diciembre: una supervisión común, un mecanismo de resolución de crisis y, desde luego, un sistema fiable de seguro de depósitos. Y, en última instancia, la unión fiscal, garantía de reforzamiento de la anterior. Son condiciones necesarias no solo para reducir la precariedad y fragmentación financiera todavía vigentes, sino para asegurar la viabilidad de la propia unión monetaria, la unicidad del mercado de servicios financieros en la región y, no menos importante, la correcta transmisión de la política monetaria.

(Publicado en El País, 14 de abril de 2013)

ECONOMIA POLITICA DE LAS ELECCIONES EN ITALIA

 

Con más de veinte partidos representados en el parlamento, el futuro de Italia se presenta tenebroso por ingobernable. Las consecuencias se han empezado ya a sentir en todas las bolsas. El Ibex reaccionó inicialmente con una caída del 4%; la prima de riesgo ha vuelto a subir. Es muy probable que el riesgo soberano se eleve con carácter permanente por el contagio de la situación italiana.

El fenómeno más llamativo, es el partido de las cinco estrellas de Beppe Grillo, que ha conseguido la segunda posición, recogiendo más del 25% de los votos. Se denomina partido antisistema ¿Quién vota a este partido, porqué lo han votado?

Los excesos cometidos por la política fiscal italiana durante muchos años, están dejando una profunda huella en toda una generación, perteneciente a la clase media y con una edad comprendida entre los 40 y los 55 años. El tipo marginal del IRPF para un italiano con una renta de 30.000 € al año, es del 38%, mientras que cuando se incorporaron al mercado de trabajo hace 20 años, era del 25%. Como el resto de italianos, han visto durante todos esos años subidas continuadas del IVA que han encarecido todos los productos y una pérdida generalizada en la calidad de los servicios públicos.

El resultado es que esa generación ha visto reducida sustancialmente su nivel de vida. Ha aportado mucho, recibe poco del Estado y recibirá menos aún en el futuro. Como el nivel de bienestar no depende sólo del nivel de renta absoluto, sino también de nuestro nivel comparado con el de otras personas y grupos sociales, la pérdida de bienestar es aún mayor para este grupo, que observa cómo la generación inmediatamente mayor disfruta todavía de un elevado nivel de vida.

Adicionalmente, el grupo que comentamos verá reducida sus pensiones como consecuencia de las reformas llevadas a cabo y que entrarán en vigor justo cuando se jubilen, al pasarse de un sistema de prestación definida (el actual) a otro de contribución definida. En conjunto, esta generación va a pagar a lo largo de su vida un 50% más de impuestos que la generación anterior que ya está jubilada o está a punto de hacerlo, y además recibirán una pensión aproximadamente la mitad que la actual, de acuerdo con un reciente trabajo del Banco de Italia.

El anterior gobierno de Monti –habiendo realizado algunos avances importantes- empeoró la situación de los que ahora han votado a Grillo, elevando el IBI y congelando sueldos públicos.

Los excesos y el descontrol se pagan. Hasta finales de la década de los noventa, para  el cálculo de la pensión se tomaba como referencia el sueldo de los 3 últimos años trabajados, generando un mercado negro en el que los empleados pagaban a los empleadores para que éstos aparentaran que pagaban salarios más elevados, que se convertían en pensiones más altas una vez que los empleados se jubilaban.

Para sostener la situación, Italia presenta este año un elevadísimo 5% de superávit primario en las cuentas públicas. El coste soportado es el de unos servicios públicos que se están derrumbando y unos salarios de los funcionarios congelados. Así llevan 20 años.

Los ciudadanos no cambian de partidos o de ideología por vaivenes inexplicables. Hay una economía política de sus comportamientos completamente racional. Esa racionalidad no conoce fronteras y se traslada inexorablemente de unos países a otros.

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