RIESGOS GEOPOLITICOS

Si ya eran relevantes los factores de riesgo estrictamente económicos que advertían de la vulnerabilidad de las economías más dañadas por la crisis, ahora se acusa el impacto de otros de naturaleza bien distinta. Es la geopolítica,   situaciones de inestabilidad en las relaciones internacionales cuyos primeros efectos se perciben en la volatilidad de las variables financieras, pero acabarán contaminando a la economía real.

Son factores más difíciles de captar y evaluar, por los sistemas de control y gestión de riesgos al uso. Pertenecen a ese amplio residuo de elementos reveladores de la complejidad del entorno global, desde la posibilidad de ciberataques hasta la emergencia de conflictos bélicos.   Las tensiones en Ucrania y las asociadas prohibiciones de algunas importaciones de Rusia, el conflicto entre Israel y Palestina, la escalada en Iraq y Libia o la extensión de la epidemia del ébola, son exponentes de esa renovada vigencia de la geopolítica. Dificultades adicionales de previsión, que condicionan decisiones de inversión empresarial, de expansión de sus mercados. Contrapartidas de la dinámica de globalización, de la creciente interdependencia.

De ello han dado cuenta en las últimas semanas las depreciaciones de activos financieros y la búsqueda de refugios por los inversores con mayor aversión al riesgo. Aun cuando tomemos distancia del lenguaje en ocasiones espasmódico de los mercados financieros, es cierto que algunos de los conflictos abiertos o intensificados recientemente   afectarán al crecimiento económico. Desde luego en la eurozona, cuya recuperación ya era la más vulnerable ante factores previsibles, de naturaleza económica, como la retirada de los excepcionales estímulos monetarios por EE.UU. y Reino Unido.

Ahora, la escalada de las tensiones con Rusia como consecuencia de las disputas territoriales en Ucrania es el ámbito más influyente en las economías europeas, como reconoció el presidente del BCE la semana pasada. Las sanciones comerciales adoptadas en ambas partes, no pueden ser menos oportunas. Tienen lugar cuando apenas habíamos dado por supuesta la recuperación   de la eurozona, al mismo tiempo que conocemos del estancamiento del crecimiento del área en el segundo trimestre, determinado por la contracción de Alemania e Italia y el crecimiento nulo de Francia.

Las autoridades rusas reaccionaron a las sanciones de EEUU y la UE con prohibiciones a la importación de una amplia gama de bienes de consumo, fundamentalmente agrícolas y alimenticios, provenientes de la UE, EEUU, Canadá, Australia y Noruega, durante un año.

En 2013 las exportaciones de la UE a Rusia totalizaron 120.000 millones de euros. El 10% son productos agrícolas, hasta ahora los más directamente afectados por las sanciones. Estos representan en torno al 10% del comercio agrícola europeo, mayoritariamente mantenido en el seno de los 28 estados de la UE. Pero a la hora de evaluar el impacto efectivo de las sanciones hay que tener en cuenta que desde hace dos años las exportaciones a Rusia de alimentos habían descendido como consecuencia del aumento de las exigencias sanitarias y otras restricciones impuestas por las autoridades rusas. También como paliativos de los perjuicios se debe considerar que la mayoría de las importaciones rusas de la UE son bienes susceptibles de colocar en otros mercados, ya que no son específicamente producidos para aquel mercado.

El impacto sería bien distinto si prosperara la extensión de las sanciones a otras importaciones de bienes y servicios. O a capítulos como la prohibición de sobrevolar espacios como el de Siberia, que afectarían a rutas europeas y americanas de las líneas aéreas que vuelan a Asia.

El ámbito más sensible es el energético. Europa es el principal cliente de gas ruso, con el que se cubre un tercio de las necesidades europeas. De esas importaciones de gas, la mitad transitan a través de Ucrania. Para algunos países como Finlandia, los bálticos o la Republica Checa, las importaciones de gas ruso significan una cuarta parte de la energía total que consumen. El riesgo por el momento se presenta acotado por la vigencia de los contratos suscritos por Gazprom, el gran suministrador de gas a Europa y, en última instancia, por la posibilidad de comprar en otros mercados si las elevaciones de precios o las restricciones cuantitativas son importantes.

Aun cuando la cuantía total de los perjuicios ocasionados por las sanciones no sea por el momento excesiva, su distribución entre los países de la UE es muy desigual. En el caso de España, el valor total de las exportaciones en 2013 de productos ahora vetados no superaría los 400 millones de euros. En una posición muy distinta se encuentra Finlandia, con un 14% de su comercio exterior total con Rusia, frente al 3,4% del conjunto de la UE.

Por eso la UE está ultimando la disposición de un fondo especial destinado a la compensación de esos daños, especialmente en el comercio agrícola y de alimentos, probablemente dentro de la propia Política Agrícola Común (PAC), que ya dispone de mecanismos para la cobertura de contingencias.

Las consecuencias sobre la economía rusa no serían menos importantes. Las sanciones llegan en un momento de debilidad del crecimiento, aletargado desde el pasado año. Las compras de alimentos a la UE representan algo más del 40% de las importaciones rusas de esos bienes. Aun cuando las restricciones comerciales sobre los bienes de consumo no fueran a más, su impacto sobre la inflación, ahora en el 6,5%, será significativo y el de esta sobre la estabilidad del tipo de cambio del rublo. Son consecuencias que no compensarán a medio plazo ese ejercicio de nacionalismo económico estimulado por las autoridades, teniendo en cuenta que un 30% de la población rusa está directa o indirectamente ocupada en la producción de los bienes ahora vetados.

Pero si esas restricciones parciales derivan en una suerte de guerra comercial, los daños excederían al sector de bienes de consumo. Se pondría en juego la inversión de empresas extranjeras vinculadas a la exploración energética o el grado de apertura internacional de su sistema financiero. Las tentaciones autárquicas, la inestabilidad de la moneda, acaban constituyendo una invitación a la deslocalización de riqueza financiera hacia países considerados más seguros por los propios residentes

Entre los riesgos potenciales, entrar en una espiral proteccionista, cuando el comercio mundial crece menos de la mitad que en los años previos a la crisis, es uno de ellos. Peor sería que las tensiones políticas derivaran en una nueva edición de Guerra Fría, generadora de incertidumbres poco conciliables con la intensificación del crecimiento económico en Europa.

El senador estadounidense Lindsey Graham afirmaba hace unas semanas en la CNN que Putin “estaba jugando al póker con una pareja de doses y ganando”. Sugería que una “organización políticamente disfuncional como es Europa” necesitaba del liderazgo americano para mantenerla firme ante los faroles de Putin, “que no tiene una economía mayor que la italiana”. La ilustración de la capacidad de Rusia para complicarnos la vida no requiere de credenciales estadísticas más o menos afinadas de su economía. En lo que puede convenirse con el senador republicano es en la necesidad de que también en el frente de la geopolítica la UE afine no solo su organización, sino la capacidad para tomar decisiones más diligentes de las adoptadas hasta ahora en la gestión de la crisis económica. Estimular la demanda interna del área con inversiones comunitarias es la más sensata y factible.

Diario El País (17/08/2014)

Los efectos económicos negativos para Rusia del conflicto geopolítico con Ucrania

El conflicto territorial con Ucrania está empezando a afectar muy negativamente a la economía de Rusia. En una primera fase, el crecimiento real se redujo del 3,4% en 2012 al 1,3% en 2013, primer año de tensiones geopolíticas, aunque esta desaceleración ya comenzó en el año 2011.

Pero las previsiones económicas futuras para los próximos años son todavía más negativas. En esta línea, en el último informe World Economic Outlook de julio de 2014, el FMI revisó a la baja las previsiones de crecimiento previsto para Rusia del informe World Economic Outlook de abril de 2014: el crecimiento real del PIB previsto para 2014 ha pasado del 1,3% al 0,2%, y para 2015, del 2,3% al 1%. Esto es la consecuencia de un deterioro de los indicadores de confianza empresarial, agravado por las tensiones geopolíticas del conflicto territorial con Ucrania. Los efectos principales han sido la huida de capitales y el aplazamiento de las decisiones de inversión.

En el reciente informe del FMI sobre la economía de Federación Rusa, IMF Country Report No. 14/175, se analizan los principales efectos económicos del conflicto geopolítico con Ucrania (ver detalles en el gráfico adjunto, de abajo a arriba y de izquierda a derecha):

1) La caída de la rentabilidad del mercado de valores y del mercado de bonos.

2) La huida de capitales (salidas netas de capitales) desde comienzos de 2013.

3) La caída de las emisiones de bonos de deuda púbica y de bonos corporativos.

4) El aumento del peso de los depósitos bancarios en moneda extranjera respecto al total de depósitos bancarios.

5) La importante subida de los tipos de intervención en la última reunión del 25 de julio del Banco Central de Rusia (REPO auctions), hasta alcanzar el 8%.

6) El aumento de las operaciones de intervención en moneda extranjera del Banco Central de Rusia para tratar de frenar la fuerte depreciación nominal del rublo ruso frente al dólar de EE.UU.

Es necesario destacar que el conflicto geopolítico con Ucrania no ha hecho más que agravar los problemas de la economía de Rusia, cuya desaceleración económica ya había comenzado en el año 2011. El problema de fondo es el agotamiento del modelo de crecimiento económico basado en la explotación de los recursos energéticos y de otras materias primas.

Por un lado, la economía rusa no aumentará su crecimiento económico potencial a medio plazo si no logra mantener un flujo externo de inversión extranjera (fundamentalmente en tecnología) que propicie una estructura productiva más diversificada. Por otro lado, la economía rusa necesita introducir un amplio abanico de reformas estructurales para impulsar el crecimiento económico potencial y una mayor eficiencia económica: corregir los desajustes de las cualificaciones del mercado laboral, reducir las cargas fiscales de las PYMES, reducir de las barreras administrativas de las empresas, introducir un plan para la lucha contra la corrupción administrativa, y aplicar sin demora el ambicioso plan de privatizaciones ya aprobado.

Finalmente, las autoridades monetarias deben continuar con el esfuerzo iniciado de fortalecimiento de la supervisión bancaria, mientras que las autoridades fiscales deben seguir con el proceso de consolidación fiscal para compensar la posible bajada de ingresos provenientes del sector del gas y el petróleo.

EUROZONA: DAÑOS A LARGO PLAZO

De  los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo se deduce un aumento de la desafección de los ciudadanos respecto del proyecto común. Entre sus posibles explicaciones, la gestión de la crisis económica y financiera ha debido desempeñar un papel destacado, desde luego en los países considerados periféricos. Del  último  Eurobarómetro se deduce que la erosión de la confianza en las instituciones europeas se intensifica a partir de octubre de 2008. Desde entonces hasta el final de 2013 la desconfianza hacia la Comisión Europea se ha duplicado y  también lo ha hecho, aunque en menor medida, hacia el Parlamento Europeo. La adopción, a partir de la primavera de 2010, de severos programas de ajuste presupuestario supervisados por “la troika” añade a la desconfianza, la percepción de  falta de transparencia y legitimidad democrática.

Está en lo cierto Philippe Legrain, asesor del Presidente de la Comisión Europea entre febrero de 2011 y febrero de 2014, cuando al término de una valoración demoledora de la ejecutoria de  las instituciones comunitarias, subraya que una crisis que podría haber servido para el reforzamiento de la integración, lo ha hecho para acentuar la fractura de Europa. En su reciente libro, “European Spring”, atribuye esa fractura no solo a las narrativas en conflicto acerca del diagnóstico de la crisis, sino también “a la batalla acerca de cómo deberían compartirse las pérdidas generadas por la crisis entre  accionistas de los bancos, bonistas y contribuyentes; y entre países acreedores y deudores”. También significó un “juego de la gallina” o del “montón de nieve” entre el BCE y 17 autoridades fiscales sobre en quien recaía la responsabilidad de resolución de la crisis. Y el resultado del choque está a la vista: tras una severa recesión, una recuperación tibia y precaria.

La eurozona, según previsiones oficiales, crecerá este año poco  más del 1%, con una reducción  lenta en los elevados niveles de desempleo y endeudamiento de  las economías periféricas, las  más dañadas por el indiscriminado ajuste presupuestario y donde la confianza de  los agentes económicos está más erosionada. Es también en estas economías donde las posibilidades de crecimiento a largo plazo han quedado más erosionadas durante la Gran Recesión. Así lo pone de manifiesto una investigación reciente del profesor de Johns-Hopkins Laurence M. Ball(“Long-term damage from the Great Recession in OECD countries”, NBER, WP 20185, mayo 2014)  que analiza  el impacto de la crisis  sobre el crecimiento potencial-el nivel normal de producción de una economía dados sus recursos y tecnología-de 23 economías avanzadas.

Hasta hace poco se suponía que de forma general durante las fases de recuperación  que suceden a cualquier recesión el nivel de producción se acerca al potencial, pero ese ritmo de aproximación depende de los daños causados por la recesión. Investigaciones recientes enmiendan esa inercia asumida en la literatura tradicional al verificar que las propias recesiones erosionan ese crecimiento potencial. La razón es que las recesiones reducen la acumulación de capital,  las capacidades de los desempleados y limitan el progreso tecnológico. En consecuencia, los países con las recesiones más pronunciadas serán los que sufran el mayor daño en su capacidad de producción  a largo plazo.

Y la que hemos dejado atrás ha sido particularmente severa. El propio FMI asegura que ese potencial en algunas economías avanzadas no se recuperará antes de cinco años. L.M. Ball concluye que los daños son mayores en las economías que respondieron a la crisis con políticas  fiscales restrictivas. La eurozona es el caso más destacado. En el otro extremo se encuentran economías donde los estímulos fiscales y su dinamismo exportador neutralizaron el daño sobre su potencial de crecimiento.

La española está entre las que ha erosionado en mayor medida su crecimiento potencial. Mientras que Alemania o Australia están en el grupo de las menos dañadas. Una conclusión similar es la que se deduce del último informe trimestral sobre la eurozona de la Comisión Europea (Volumen 13, nº2, 2014). Las divergencias en el crecimiento potencial tendrían en Alemania uno de los extremos, mientras en el otro estaría España y Grecia.  “Ambos han registrado output gaps negativos desde 2010 mucho mayores que el resto de los VMS”,  (estados miembros vulnerables, por sus iniciales en inglés). El diagnóstico de la Comisión no es muy esperanzador: “el debilitamiento del crecimiento potencial en los VMS se atenuará muy levemente. El riesgo es que algunas de las fuentes de la divergencia generada por la crisis podrían arraigarse si, por ejemplo, los recientes  incrementos en el desempleo de algunos estados miembros se convierten en estructurales”.

En realidad, la crisis ha laminado la convergencia real conseguida por las economías menos prosperas de la eurozona desde el nacimiento del euro.  Portugal y Grecia están hoy por debajo del 70% del PIB por habitante de la UE15 que tenían en 1999; España ligeramente por encima del 80% de entonces, pero acentuando la divergencia desde 2008, según destaca Simon Tilford, subdirector del Centre for European Reform, en un trabajo reciente (“The eurozone is no place for poor countries”)

La recomendación que se deduce del trabajo de Ball es clara: decisiones expansivas no solo podrían frenar esos daños sino aumentar el crecimiento potencial. El aumento de la inversión pública  incrementaría el stock de capital y crearía nuevas oportunidades de ocupación y  de capacitación para los desempleados. Son sugerencias que desde hace tiempo vienen anticipando otros académicos y analistas temerosos de que algunas economías, tardando demasiado en recuperar ese crecimiento potencial, entren en una larga fase de bajo crecimiento – de “estancamiento secular”- incapaz de restaurar niveles de empleo suficientes. Entre los que han advertido más intensamente de ese  escenario  está  el exsecretario del Tesoro estadunidense y profesor de Harvard, L.Summers, defensor de programas de inversión pública para su país.

En la eurozona la conveniencia de decisiones expansivas del crecimiento no es menor: para reducir la vulnerabilidad de una recuperación cogida con alfileres, pero también para facilitar la reconciliación de los ciudadanos con las instituciones europeas. Las últimas decisiones  del BCE han sido las únicas  reveladoras de que esas instituciones no están muertas. En realidad, en manos de esa institución están  no solo las posibilidades de recuperación económica, sino la única vía de fortalecimiento de la dinámica de integración que hasta ahora se ha deducido de la crisis: la creación de la unión bancaria. Pero esas tardías decisiones de reducción de los tipos de interés, aumento de la liquidez y eventual compra de activos en los mercados secundarios, chocan con la insuficiente confianza  de familias y empresas, con su prioridad por reducir su endeudamiento, sacrificando el aumento del gasto en consumo e inversión. Es necesario hacer más.

Las  líneas fundamentales enunciadas por el primer ministro italiano, próximo presidente de turno de la UE, apuntan en la dirección correcta: flexibilización temporal del necesario saneamiento de las finanzas públicas, exclusión de la inversión pública en el computo del déficit fiscal  y adopción de programas de inversión paneuropeos, de la mano de instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o de la propia Comisión, susceptibles de aprovechar las favorables condiciones de los mercados financieros. El apoyo del vicecanciller germano a esa priorización del crecimiento en la agenda política europeapodría concedervirtualidad a esa orientación. Evidencias que lo aconsejan no faltan.

(Publicado en El País, Negocios, 6 de julio de 2014)

Rendimientos nominales de la deuda pública en la zona del euro: ¿burbuja o estructura temporal de los tipos de interés?

Estamos asistiendo recientemente a una aumento importante de la demanda de bonos de deuda pública de los países periféricos de la zona del euro (España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda), lo que ha propiciado una reducción significativa de los tipos de interés nominales y de la prima de riesgo con el bono alemán y, en última instancia, del coste de financiación de los déficit públicos.

En el cuadro y gráfico siguientes se muestra la evolución reciente de los rendimientos nominales de los bonos de deuda pública a 10 años de algunos países de la zona del euro, y del diferencial (prima de riesgo) de estos rendimientos con el bono de deuda pública de Alemania equivalente, respectivamente.

Por ejemplo, para el caso de España la rentabilidad nominal del bono de deuda pública a 10 años ha caído del 4,14% al 2,83% desde enero de 2014, mientras que el diferencial con el bono alemán ha pasado de 220 a 137 puntos básicos.

En relación a este fenómeno, algunos analistas económicos y financieros están advirtiendo del riesgo de la formación de una burbuja en los precios de los bonos de la deuda pública a largo plazo de la zona del euro, especialmente de los países de la periferia. Esta burbuja se estaría generando tanto por el exceso de liquidez como por los bajos tipos de interés de los activos con vencimientos a corto plazo, y estarían llevando a los inversores a posicionarse en títulos de mayor rentabilidad. En última instancia, el pinchazo de la burbuja se daría en el momento de que los tenedores de bonos de deuda pública se desprendieran de los mismos de una manera masiva y rápida.

Pero en nuestra opinión es posible explicar los movimientos recientes a la baja de los tipos de interés nominales de los bonos de deuda pública a 10 años en la zona del euro a través de un modelo empírico de estructura temporal de tipos de interés, y sin necesidad de apelar a una “burbuja” en el mercado de deuda pública.

Según este modelo, los rendimientos nominales de los bonos de deuda pública a 10 años se pueden dividir en tres componentes: (a) las expectativas del mercado sobre la tasa de inflación; (b) las expectativas del mercado sobre los tipos de interés reales a corto plazo; y (c) y un componente residual que aproxima la “prima por plazo” de los bonos a 10 años, y que no es recogido por los movimientos de la tasa de inflación esperada o de los tipos de interés reales a corto plazo. En síntesis, la “prima por plazo” es el rendimiento adicional que los inversores esperan obtener por la tenencia de los títulos de deuda pública a largo plazo en lugar de invertir en una secuencia de títulos de deuda pública a corto plazo en el mismo periodo de 10 años. La “prima por plazo” compensaría a los tenedores de bonos de largo plazo por el “riesgo del tipo de interés”, es decir, del riesgo de las posibles ganancias y pérdidas de capital que los cambios de tipos de interés generan en el precio y, por tanto, en el valor de los bonos de más largo plazo. [1] [2]

Los tres componentes de la rentabilidad nominal de los bonos de deuda pública a 10 años de los países periféricos de la zona euro han disminuido drásticamente desde mediados de 2012, lo que se ha reflejado en la caída drástica de los rendimientos de los bonos de deuda pública a 10 años de la zona del euro, especialmente de los países periféricos.

En primer lugar, la contribución de las expectativas inflacionarias ha ido cayendo significativamente a medida que la zona del euro registraba tasas de inflación cercanas a cero, alejadas del objetivo o meta de tasa de inflación a largo plazo del 2% fijada y anunciada explícitamente por el BCE.

En segundo lugar, las expectativas sobre los tipos de interés reales a corto plazo se han reducido sensiblemente desde el inicio del mandato de Mario Draghi al frente del BCE. Los tipos de interés reales se han ido reduciendo, ya que estarían reflejando la debilidad en el crecimiento económico a corto plazo de la economía de la zona del euro (y posiblemente también unas expectativas de débil crecimiento económico a largo plazo).

Por último, la “prima por plazo” también ha disminuido considerablemente desde 2012 y se sitúa en valores negativos. Por un lado, dos cambios en el “riesgo de tipos de interés” podrían haber contribuido a una caída de la “prima por plazo” en los últimos años. En primer lugar, la volatilidad de los rendimientos de los bonos ha disminuido en parte porque los tipos de interés a corto plazo de la zona del euro se han anclado en un nivel cercano a cero y se espera que permanezca allí durante algún tiempo. En segundo lugar, la correlación de los precios de los bonos de deuda pública y los precios de las acciones en la zona del euro se ha situado en valores negativos, lo que provoca que los bonos de deuda pública sean más atractivos como refugio seguro que otros activos alternativos. Por otro lado, la declaración de julio del 2012 de Mario Draghi: “haré todo lo que sea necesario para preservar el euro y, créanme, será suficiente”, habría podido presionar también a la baja a la “prima por plazo” de los bonos de deuda pública a 10 años y, en última instancia, a sus rendimientos nominales.

Finalmente, las medidas adoptadas en la última reunión del BCE del pasado 15 de junio, y la nueva promesa de Draghi de la intensificación de los trabajos preparatorios relativos a la compra directa de títulos respaldados por activos (ABS, Asset-backed securities) para “mejorar el mecanismo de transmisión de la política monetaria”, han continuado presionando a la baja a los tres componentes del rendimiento nominal de los bonos de deuda pública a 10 años.

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[1] Para la aplicación de un modelo empírico de estructura temporal de los tipos de interés, véase por ejemplo, el trabajo de  D’Amico, S., Kim, D.H. y Wei, M. (2010): “Tips from TIPS: The Informational Content of Treasury Inflation Protected Security Prices“, Finance and Economics Discussion Series 2010-19. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.

[2] Para la definición de la prima por plazos de un título de deuda pública, véase por ejemplo, el trabajo de Rico, P. (1999): “Primas por plazo en el mercado español de deuda pública“, Revista de Economía Aplicada, Vol. VII, No. 19, 61-83.

 

 

Obligada evocación

Durante este mes de julio y en el agosto que le sucederá, la actualidad transcurrirá hace cien años. No es un juego de palabras; es un imperativo intelectual y ético. Lo que se fraguó entonces ha provocado las mayores hecatombes y tragedias que conoce la historia europea y, por extensión, la de todo el mundo en buena medida. Obligada ha sido por eso la sobria pero emotiva conmemoración de los líderes de la UE en el simbólico escenario de Ypres, la ciudad belga testigo de cruentas batallas y de la utilización por primera vez de armas químicas.

Fue todo un mundo el que se precipitó al abismo a partir del magnicidio de Sarajevo. Aquella Europa de “la edad de oro de la seguridad” y de la estabilidad, de fe en los avances científicos y tecnológicos ininterrumpidos, de mejoras sustanciales en las condiciones de vida, donde se llegó a creer que “el progreso técnico debía ir seguido necesariamente de un progreso moral igual de veloz” (S. Zweig), dio paso abruptamente al espanto que fue la I Guerra Mundial y, como frutos tempranos o tardíos de esta, a la revolución soviética, a décadas de radical inestabilidad social, a “la era de las tiranías” en el propio suelo europeo (E. Halévy), a la segunda gran conflagración mundial y a un largo rosario de secuelas que llegan hasta los conflictos y guerras que hoy sufren los países de Oriente Medio, cuyas fronteras fueron dibujadas caprichosamente al rebufo de “los cañones de agosto” (B. Tuchman). No se trata de una ficción, sino de la realidad.

Y no fue la lucha de clases preconizada desde la mitad del ochocientos lo que prendió la mecha, sino el nacionalismo. El reforzado nacionalismo con ansias hegemónicas de las grandes potencias y el nacionalismo irredento de las naciones sin Estado. Uno y otro confluyeron provocando el incendio. Un arrogante espíritu belicista nutría la cultura política común de los principales países que se enfrentarán en el campo de batalla, y entre los nacionalismos sofocados el fervor místico (o fanático, como se prefiera) encontraba su medio natural. La combinación fue catastrófica.

Consecuentemente, la I Guerra Mundial supuso el comienzo del final del liderazgo europeo. Después de cuatro siglos de hegemonía, desde la era de los descubrimientos hasta la segunda revolución industrial, la posición de Europa no pudo dejar de retroceder. Perdida la fe en su propia civilización, el viejo continente cedió el cetro del poder y la influencia. El verano de 1914 traza la principal línea divisoria. Será Estados Unidos, reafirmada su potencia militar e industrial con ocasión de la guerra, quien tomará el relevo: en la Conferencia de Paz de París (1919), el Presidente Wilson es ya el protagonista indiscutido.

Obligada evocación, pues, que tiene que servir para valorar bien lo que tenemos: esta Europa que avanza laboriosamente en su proceso de unión económica y política. A muchos les parece algo muy prosaico, y no pocos lo contemplan con deje despectivo. Pero con la perspectiva que brinda la efemérides el juicio ha de ser inequívoco. Europa ha conseguido levantarse apostando por la reconciliación, la paz y la cooperación: desenlace, tan inesperado como venturoso, para un siglo durante tanto tiempo aciago. Al fin, una “utopía razonable” y, con esfuerzo, realizable.

¿A qué edad alcanza un investigador su producción científica de máxima calidad?

El National Bureau Economic Research de EE.UU. ha publicado recientemente un Documento de Trabajo en el que se aborda la cuestión del nexo entre la edad del investigador y su producción científica de máxima calidad o impacto. [1]

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se muestra que los ganadores de los premios Nobel y los grandes inventores del siglo XX tuvieron sus mejores aportaciones a la ciencia más frecuentemente alrededor de los 40 años. Además, este desplazamiento hacia los 40 años se ha ido acentuado a medida que avanzaba el siglo XX, tal y como se muestra el segundo gráfico.

 

Esta evidencia tiene importantes implicaciones para la política científica del Gobierno de España: el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación debería concentrar más recursos en tres líneas: i) el subprograma de  ayudas para contratos predoctorales para formación de doctores; ii) en el programa de ayudas para la Formación del Profesorado Universitario;  iii) y en la adjudicación de proyectos de I+D+i liderados por jóvenes doctores con una producción científica previa de calidad.

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[1]  Jones, B., Reedy, E.J. y Weinberg, B.A. (2014): “Age and Scientific Genius”, NBER Working Paper No. 19866, Cambridge, Massachusetts.

Diferencias salariales entre sector público y privado según tipo de contrato: evidencia para España

(Esta entrada es una versión en español de la entrada de publicación inminente en el blog de ADAPT–Association for International and Comparative Studies in the field of Labour Law and Industrial Relations, en relación con un artículo conjunto con Raul Ramos y Esteban Sanromá).

La existencia de diferencias salariales entre los trabajadores del sector público y los del privado y el análisis de su origen ha recibido una notable atención desde hace décadas (véanse, por ejemplo, Lucifora y Meurs, 2006, Cai y Liu, 2011 o Chaterjji et al., 2011). Los motivos por los que los trabajadores del sector público pueden ser potencialmente remunerados de forma diferente a los del sector privado son diversos. Entre ellos se han destacado factores como el poder monopolístico del sector público en la provisión de servicios públicos, el cual puede derivar en rentas para los empleados públicos; la presencia de diferencias salariales compensatorias de elementos no pecuniarios o el mayor poder de negociación de los empleados públicos derivado, entre otras circunstancias, de su mayor tasa de afiliación sindical (Bender, 1998). Entre las regularidades constatadas por los abundantes estudios que han abordado esta cuestión desde una perspectiva empírica para numerosos países se puede destacar la existencia, con contadas excepciones, de una prima salarial favorable al sector público cuando se comparan trabajadores con características productivas similares; que dicha prima suele ser mayor para las mujeres y los individuos con baja cualificación y que los niveles de desigualdad salarial suelen ser comparativamente menores en el sector público (Gregory y Borland, 1999).

En un artículo de próxima publicación en Hacienda Pública Española (Ramos, R.; Sanromá, E.; Simón, H. (2014): “Public-private sector wage differentials by type of contract: Evidence from Spain”, 208) examinamos las diferencias salariales entre los asalariados del sector público y del sector privado para España, donde los análisis recientes sobre esta cuestión son escasos (García-Pérez y Jimeno, 2007 y Hospido y Moral, 2013). Además de analizar dichas diferencias por separado para hombres y mujeres y a la largo de toda la distribución salarial, se examinan de forma separada para los trabajadores permanentes y los temporales, una circunstancia que resulta claramente necesaria para el mercado de trabajo español y que, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, es novedosa en relación con estudios previos. De hecho, el caso español constituye un marco especialmente apropiado para realizar este tipo de análisis por diferentes motivos. En primer lugar, porque las diferencias salariales entre el sector público y el privado son en España comparativamente elevadas desde una perspectiva internacional, situándose por encima del promedio de la Unión Europea (De Castro et al., 2013). En segundo, porque en España, al igual que en otros países europeos, se viene abordando en los últimos años un proceso de consolidación fiscal en el que el ajuste de los salarios de los empleados públicos constituye un eje principal de actuación. Finalmente, cabe destacar también que nuestro país presenta una tasa de temporalidad muy elevada tanto en el sector privado como en el sector público (así, según datos de Eurostat, en el período examinado en la investigación, 2010, España presentaba la mayor tasa de temporalidad europea en el sector público, 24,5% y la segunda mayor del sector privado, 25,1%, situándose muy por encima del promedio de la Unión Europea, -13,9% en ambos casos-). Esta circunstancia se debe, en el primer caso, a una brecha de costes de rescisión muy alta entre contratos indefinidos y los temporales y a un tejido empresarial orientado hacia producciones de bajo contenido tecnológico (Dolado et al. 2002 y Toharia et al. 2005) y, en el segundo, a elementos como las restricciones presupuestarias o las insuficiencias estructurales en la financiación de las administraciones locales.

La investigación se basa en el análisis de la ola de 2010 de la Encuesta de Estructura Salarial, ya que se trata de la ola con una mayor cobertura del sector público. Un rasgo adicional destacable de esta fuente de información es que incluye microdatos emparejados empresa-trabajador, un tipo de datos que ha tenido un impacto significativo en el análisis general de la determinación de los salarios (Hamermesh, 2008 y Abowd y Kramarz, 1999), pero cuya utilización en el análisis de las diferencias salariales entre el sector público y privado ha sido muy poco frecuente hasta el momento (entre los trabajos recientes, tan solo Chatterji, Mumford y Smith, 2011 y De Castro et al., 2013 utilizan microdatos emparejados). Así, entre otras circunstancias, los mismos permiten examinar apropiadamente la contribución a dichas diferencias de las características de los establecimientos, atributos que habitualmente no son tenidos en cuenta suficientemente en este tipo de análisis.

Desde una perspectiva metodológica, en nuestro análisis aplicamos tres técnicas distintas de descomposición del diferencial salarial entre el sector público y privado en España. La primera, la metodología de Oaxaca Blinder (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973), permite obtener una descomposición detallada del diferencial salarial promedio entre ambos sectores. La segunda, basada en la metodología propuesta por Ñopo (2008), es utilizada como una prueba de robustez de la anterior, en la medida en que la descomposición tiene en cuenta el efecto de trabajar con individuos que comparten estrictamente las mismas características observadas. Por último, la tercera metodología, desarrollada por Fortin, Lemieux y Firpo (2011), ofrece una descomposición detallada de los diferenciales salariales a lo largo de toda la distribución salarial.

Los resultados obtenidos revelan que en España existe un significativo diferencial salarial en favor de los trabajadores del sector público, así como que el mismo se explica en buena medida por las diferencias en dotaciones de características observadas en relación con el sector privado, en especial en el caso de los hombres. Asimismo, se constata que las características de los establecimientos presentan una contribución significativa al diferencial observado, mayor que las características individuales o de los puestos de trabajo. Otros hallazgos reseñables son la existencia de una prima salarial positiva asociada a trabajar en el sector público, no explicada, pues, por las dotaciones de características, para los individuos menos cualificados y una prima negativa para los individuos más cualificados, así como que los menores niveles de desigualdad salarial que se dan en el sector público no se deben a las diferencias en características entre sus trabajadores y los del sector privado. Finalmente, la evidencia obtenida confirma que existen diferencias significativas asociadas al tipo de contrato en relación tanto con la magnitud de las diferencias salariales entre el sector público y privado como con su origen. Entre ellas puede destacarse la presencia de diferencias significativas en la magnitud de la prima salarial asociada a trabajar en el sector público, ya que la misma es comparativamente menor para los varones temporales y para las mujeres permanentes.

Para concluir, cabe destacar que en los años posteriores al período examinado por la investigación, 2010, se han producido en la economía española cambios significativos que pueden afectar a los salarios tanto del sector público como del privado. En el primer caso, los salarios públicos se han visto afectados por severos ajustes en el marco del proceso de consolidación fiscal. Los mismos, además, podrían haberse visto también afectados por el hecho de que la fuerte destrucción de empleo, limitada al sector privado al inicio de la crisis económica, se ha extendido con posterioridad también al sector público. En el segundo caso, los intensos cambios regulatorios en la negociación colectiva que se acometieron en el marco de la reforma laboral de 2012 plausiblemente han modificado de forma significativa los procesos de determinación salarial, especialmente en el sector privado, pero también en el público. Por todo ello, resultará de indudable interés examinar en el futuro la evolución en nuestro país de las diferencias salariales entre el sector público y el privado en la etapa posterior a la examinada en este artículo.

 

Referencias
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Blinder, A. S. (1973): “Wage discrimination: reduced forms and structural estimates”, Journal of Human Resources, Vol. 8, 436-55.
Cai, L. y Liu, A. (2011), “Public–Private Sector Wage Gap in Australia: Variation along the Distribution”, British Journal of Industrial Relations, 49 (2), June, págs. 362–390
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Fortin, N.; Lemieux, T.; Firpo, S.; (2011): “Decomposition Methods in Economics”, Handbook of Labor Economics, Volume 4, Chapter 1, págs. 1-102. Elsevier.
García-Pérez, J.I. y Jimeno, J.F., (2007), “Public Sector Wage Gaps in Spanish Regions”, Manchester School, 75 (4), págs. 501–531.
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Ñopo, H. (2008): “Matching as a Tool to Decompose Wage Gaps”, The Review of Economics and Statistics, 90 (2), págs. 290-299.
Oaxaca, R. (1973): “Male-female wage differentials in urban labour markets”, International Economic Review, Vol. 14, pp. 693-709.
Ramos, R., Sanromá, E. y Simón, H. (2014): “Public-Private Sector Wage Differentials by Type of Contract: Evidence from Spain”. IZA Discussion Paper No. 8158.
Toharia, L. (dir.) (2005), El problema de la temporalidad en España: Un diagnóstico, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.

Estabilidad y cambio

El relevo en la Jefatura del Estado, con todo su hondo significado de estabilidad institucional, no conviene desvincularlo de la demanda de cambios profundos en nuestra vida pública que han puesto de manifiesto los resultados de las elecciones europeas. Más aún, la pautada sucesión en la titularidad de la Corona, al eliminar incertidumbre en la cúspide de nuestro sistema constitucional, debería aprovecharse para acometer reformas de alcance. La coincidencia en el tiempo de ambos hechos quizá no sea casual, pero en todo caso brinda ocasión propicia para que uno —la apertura del nuevo reinado— actúe como reclamo o revulsivo del otro. Ambos se necesitan recíprocamente.

La estabilidad institucional es una apuesta que ha sabido ganar la democracia española en el curso de los últimos decenios. Estabilidad institucional —expresada fehacientemente en las sucesivas alternancias en el poder al dictado de las urnas y en los gobiernos duraderos dentro de cada legislatura— que se ha doblado de estabilidad macroeconómica en una gran parte del recorrido, calando en la opinión mayoritaria un principio básico: que las ganancias de prosperidad requieren un suelo estable; que la carencia de este se resuelve, antes o después, en una contribución negativa a la actividad económica; que la estabilidad aporta confianza, y la confianza es el mejor lubricante de iniciativas inversoras y de proyectos empresariales, y la savia que nutre eso que ha dado en llamarse capital social. La España democrática así lo ha demostrado: el asentamiento institucional ha permitido y tensado capacidades creativas en diversos ámbitos y, desde luego, en el económico.

Pero hoy la propia estabilidad del marco institucional exige cambios. Reformar para fortalecer las instituciones, para dotarlas de la calidad que no tienen. Reformas como garantía de la continuidad del propio sistema democrático y, a su vez, la estabilidad de este como deber de reformas fuertes que corten las alas a proclamas y pulsiones populistas, su principal amenaza. Al populismo de una u otra laya sólo se le combatirá eficazmente desde un renovado y creíble aliento reformador. Por eso estabilidad ahora ha de escribirse con “r” de reforma, de regeneración, comenzando por las formas de hacer política y por el funcionamiento de unos partidos políticos con evidentes síntomas de anquilosamiento.

Por lo demás, en la España de nuestro tiempo democracia y Monarquía han ido de la mano, ganándose esta la legitimación “de ejercicio” al hacer posible y velar por aquella. También aquí la Monarquía ha sido un marco solvente para la democracia, como lo es en Gran Bretaña, Suecia, Holanda o Bélgica. De donde se deduce que reabrir la cuestión Monarquía-República, con ocasión de la proclamación de Felipe VI, “parezca, ante todo, un error. Peor aún: un error innecesario” (Fusi). En vez de ello, retomemos a la altura del presente las dos claves que aportaron mayor fecundidad a aquel otro comienzo de hace casi cuarenta años: mirar hacia adelante en vez de hacia un atrás ya estéril, y mirar hacia afuera, ensanchando la proyección internacional de todas nuestras realizaciones, en vez de ensimismarnos y hollar en nuestros rasgos identitarios. Si lo consiguiéramos, estos días pasarían a ser ciertamente otra fecha “histórica” en nuestro devenir colectivo.

Bolonia y el teorema central del límite

Ilustración: Carlos Sánchez Aranda / Texto: Jordi Paniagua

bolonia

Bolonia

Atendiendo a dos simples predicciones del teorema central del límite, se podría haber intuido en buena medida  la maraña boloñesa en la que se encuentra la universidad española (excepto medicina y arquitectura, que con las cosas serias no se juega). Seguramente las cabezas pensantes que diseñaron el método pedagógico del plan Bolonia sabrán explicar a la perfección el teorema del límite central. Incluso con dibujos, rincones y divertidas dinámicas de grupo. Pero da la sensación que no han acabado de entender las implicaciones reales que tiene sobre los estudiantes, profesores, la calidad y el futuro de nuestras universidades.

No es la primera vez que un descuido por la teoría del muestro tiene consecuencias en la vida real. Cuentan los historiadores de la estadística que cuando Sir Isaac Newton estaba al frente de la casa de la moneda del imperio británico, ya conocía las implicaciones del teorema central del límite (Stigler, 1977). Desde el siglo XIII, se toma una muestra de monedas de la corona británica para asegurar su calidad, tanto en peso y en forma. Los encargados de acuñar la moneda real se hacían directamente responsables con su vida del valor en oro de las monedas con la efigie real. El problema era que hasta el siglo XVIII se suponía que la desviación distribución muestral resultante era proporcional al de la población. Newton, como cualquier estudiante de Grado, sabía también que la dispersión de la muestra es inversamente proporcional a la raíz del número de monedas muestreadas. La amistad y respeto que sentía Sir Newton por de Moivre- el padre del teorema central del límite- queda de manifiesto en las palabras del físico británico: “Vayan con Abrahám de Moivre a consultar ésto. Él sabe mucho más que yo de estas cosas”. En cambio, todo hace suponer que Newton conocía perfectamente las implicaciones de las conjeturas de su compañero en la Royal Society y pudo amasar una considerable fortuna con la diferencia.

Parece razonable pensar que la exigencia de evaluación continua que exige el plan Bolonia influya en el tiempo que los profesores pueden dedicar a la investigación. Es un reto poder combinar las dos facetas que se exigen de un profesor universitario y se resiente bien la calidad de la enseñanza o de la investigación. Adicionalmente, el diseño del sistema de evaluación perjudica a los alumnos, especialmente a los que quieran tener un mejor expediente. Es una de las consecuencias inevitables del teorema del límite central, cuantas más muestras de evaluación obtengamos, más estrecha será la distribución resultante. Si algunos de lectores examinan las notas de sus grados a la boloñesa y las comparan con las de la licenciatura seguramente observarán como ha descendido el número de matrículas de honor (pero también de suspensos).

El teorema del límite tiene dos implicaciones importantes. Primero nos permite inferir propiedades de una población con una muestra más pequeña, al asegurar la media de una muestra representativa será igual a la de la población. Además, la distribución muestral seguirá una distribución en forma de campana o normal. Hasta aquí todo bien. Pero la implicación más relevante y más olvidada –excepto para Newton- es que la desviación típica de la muestra se reduce con respecto a la de la población. De forma intuitiva, pensemos en las notas de los estudiantes. El rango de notas de todos los alumnos variará entre 0 y 10. En cambio, es improbable en una muestra de, digamos 30 alumnos, caigan justamente dos con los valores extremos.

De igual manera, si recogemos varias muestras lo que los pedagogos llaman “evidencias de aprendizaje continuo” observaremos que la dispersión de las notas finales se reduce con respecto al tradicional examen final de la licenciatura. Es tan inverosímil que un alumno brillante obtenga un 10 en todas la pruebas como que otro menos aventajada suspenda todas y cada una de ellas. Este hecho puede parecer inocuo, pero-como para Newton- está teniendo consecuencias relevantes en el calidad de nuestra enseñanza e investigación científica universitaria, como parecen sugerir los resultados de varios estudios (por ejemplo García-Gallego et al. 2012  Jensen 1988; Friedrich y Michalak, 1983)

Se me ocurren al menos tres repercusiones. Primero, la evaluación continua del plan Bolonia, no consigue elevar las notas medias de los estudiantes. Un melón es un melón aunque lo cortemos en doce trozos, tan solo puede que despreciamos los dos extremos. Por tanto, segundo, es un sistema que premia a la hormiguita aunque sea mediocre y oprime a la cigarra aunque sea brillante. Por lo que al final de la jugada tenemos los mismos resultados-de promedio-pero menos estudiantes con expedientes brillantes que puedan competir con sus colegas, ya no europeos, sino americanos, coreanos, chinos… Tercero, obliga al profesor a preparar toda una serie de pruebas, tests, controles, ejercicios que minoran el tiempo que podemos dedicar a la investigación. (Aunque esto es otro tema que trataremos más adelante, ya que nos pagan fundamentalmente por enseñar pero nos miden por publicar). Imaginemos, por ejemplo, el caso de un alumno que no ha entregado ningún trabajo pero resuelve perfectamente el examen. Puede que no haya demostrado un trabajo constante durante el curso, pero ha demostrado dominar los conceptos de la asignatura. ¿Debemos suspenderlo? Con Bolonia en la mano, seguramente sí…

En cuanto a las soluciones, podríamos pensar en una doble vía de evaluación, dejando al alumno escoger al principio de curso si opta por la evaluación continua o por el tradicional examen final. Adicionalmente se podría ponderar de manera diferencial la dedicación del profesorado en función de los alumnos con o sin evaluación continua. Por ejemplo, aumentando los créditos de las asignaturas que requieren un seguimiento especial. De esta manera se conseguiría balancear de forma más eficiente las actividades docentes e investigadoras. Y de paso, según el teorema central del límite, acabaríamos firmando actas con algunas más matrículas de honor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iban de blanco

Hace unos días que dieron comienzo los Mundiales de fútbol. Es un acontecimiento que, con razón, eclipsa cualquier otro evento político, económico, social o cultural. A mí me gustan; parece que gana el mejor. Es también conocido – ha sido noticia destacada – que España, la actual campeona, sucumbió ante el Holandés por cinco a uno,lo que sorprendió a propios y extraños.

Hace un tiempo, un querido compañero del Departamento e ilustre de ALDE, un tal Andrés J Picazo, me explicó algo muy curioso. Se había publicado un artículo con base en la liga inglesa en el que se afirmaba que el rojo era el color de la victoria, daba ánimos e infundía respeto. Cuando se hacía la réplica para el caso de la liga española, artículo del referido Picazo junto con otros queridos compañeros, el color del triunfo era el blanco. Todo ello llevaba a concluir que lo del color de la camiseta era una solemne tontería.

Sí y no. El aspecto psicológico es importante. De hecho, a la selección española se le llama “La Roja”. Cuando salieron al campo vestidos de esa guisa, con equipamiento blanco, pensé: “ya está… nos apalizan”. Incluso cuando en los comienzos todo iba bien, seguía pensando lo mismo. A mí me pasó, y a ellos… Se miraban unos a otros  y no se reconocían como los campeones. No me extraña, no era ese su aspecto. Pero lo que es más importante: el rival tampoco los reconoció como a los campeones. No daban miedo. No eran “La Roja”, eran “La Blanca”. Y “La Blanca” no es nadie.

Quizás todo esto sea también una tontería, pero los que llevamos vistos unos cuantos cientos o miles de partidos sabemos reconocer cuando el cúmulo de desatinos individuales y colectivos está muy lejos de ser normal, más aún en unos profesionales tan experimentados. El factor psicológico es una variable que ha de ser tenida en cuenta.

Que no se me entienda mal, los “Fundamentales” son lo más relevante. Es muy evidente. Si a la Junta Directiva de ALDE se nos viste con el equipamiento de la selección española, no recibimos cinco sino quinientos. Pero no es menos cierto que las expectativas juegan un gran papel en el corto plazo, en todo. Si no, miremos la Bolsa. Las acciones de ciertas entidades bancarias valen hoy un 60%, un 70% o un 100% más que hace tan solo unos meses. Las cosas están mejorando… pero no tanto. O bien antes no estaban tan mal.

Volviendo a lo que nos ocupa. Lo de defender “los colores” no es baladí, sean estos cuales sean. ¿Alguien se imagina a un Brasil campeón vistiendo de blanco en lugar de amarillo? Yo no.

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