Indicador de coyuntura: Enero 2015

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de diciembre con los datos publicados hasta noviembre de ventas y producción industrial, y hasta diciembre de renta y de afiliados. El indicador sigue indicando que el ritmo de la actividad económica ha perdido vigor desde la segunda mitad de 2015. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en diciembre es de 3,8, solo un poco por encima del nivel de noviembre.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE presentan valores por encima de los registrados en el mes anterior. La producción industrial y las ventas crecen en noviembre 5,7% y 4,6%, frente a los valores que presentaron en octubre de -0,2% y 2,7%. Por su parte, la renta y los afiliados pasan de crecer 4,3% y 2,8% en noviembre a crecer 4,4% y 3,1% en diciembre.

Pacto y reforma

Dónde está el peligro también está la salvación. Sin ignorar los riesgos, hay que aprovechar las oportunidades. Se trata de España, y del complejo escenario que estrena 2016.

Tres problemas comparecen simultáneamente. El primero es Cataluña. Primero y principal: no es de naturaleza jurídica, ni tampoco ya de contenido económico; es de orden político, y del nivel más alto por razones obvias: el desafío independentista marca el paso. El segundo es la economía: conseguir dar continuidad a la recuperación que en el curso del año pasado ha cobrado fuerza, pero que encara obligadamente un triple reto: uno, la enorme tasa de paro, cuyos componentes crónicos serán difícilmente combatibles sin avanzar en la modernización del mercado laboral; otro, las finanzas públicas, con un déficit que se resiste a bajar y con un endeudamiento que alcanza el cien por cien del PIB; finalmente, el sector exterior, para mantener su buen desempeño de los ejercicios más recientes en el marco de un crecimiento que ahora se anuncia “decepcionante” para la economía mundial. El tercer problema tiene carácter envolvente pues atiende a la regeneración institucional y al rearme moral tan insistentemente demandados por la ciudadanía; exigencia de regeneración y rearme que explica cumplidamente los resultados del 20D.

Todo ello conforma una situación hasta un punto inédita —es el término hoy más repetido— en la democracia española, sin duda amenazante aunque también promisoria: una oportunidad de relegitimación de un sistema que tantos logros ha cosechado para la España de nuestro tiempo en términos de prosperidad económica, apertura internacional y cohesión social. La pelota está en el tejado de los partidos políticos; y la sociedad civil debe pedírselo imperiosamente.

Así lo hace, por ejemplo, el reciente pronunciamiento del Círculo Cívico de Opinión a favor de abordar en la legislatura que comienza una profunda reforma política en tres etapas sucesivas. Como punto de arranque, un gran pacto político entre los principales partidos que ratifique la unidad de España y la obligación de respetar la Constitución y las leyes, también para cualquier modificación de las mismas. Acto seguido, la formación de un gobierno estable que encare los numerosos problemas de ineficiencia institucional en las administraciones públicas, en el funcionamiento de los partidos políticos, en la ley electoral, en la gigantesca y anquilosada clase política, en el desaforado aforamiento, en el burocrático funcionamiento del Congreso y del Senado, en la fiscalidad y en el sistema de financiación autonómica. El corolario —o tercer paso— la reforma de la Constitución de 1978. Renovación del texto constitucional que ha de tener como parte esencial una nueva articulación territorial del Estado como alternativa al actual dilema catalán entre la independencia y el statu quo, y que deberá ser refrendada en referéndum en toda España, lo que quiere decir también en Cataluña, integrando de nuevo así a la ciudadanía catalana en un proyecto común.

La ocasión es propicia, no debe desperdiciarse. Que no nos sea aplicable la sentencia de Yeats, tan oportunamente recordada estos días: “los mejores carecen de toda convicción y los peores están llenos de apasionada intensidad”.

Indicador de coyuntura: Diciembre 2015

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de noviembre con los datos publicados hasta octubre de ventas y producción industrial, y hasta noviembre de renta y de afiliados. Como mensaje para terminar el año 2015, el indicador indica que la recuperación de la actividad que se inició en 2013 se confirma en 2014 y se afianza en 2015. No obstante, parece que el ritmo de la actividad económica ha perdido vigor desde la segunda mitad de 2015. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en noviembre es de 3,5, un poco por debajo de los valores que presentaba a principio de año cercanos a 5.

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Atendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE presentan valores por debajo de los registrados en el mes anterior. La producción industrial y las ventas crece en octubre -0,3% y 2,8%, frente a los valores que presentaron en septiembre de 3,7% y 3,4%. Por su parte, la renta y los afiliados pasan de crecer 5,8% y 3,8% en octubre a crecer 4,2% y 2,8% en noviembre.

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Como es costumbre en la última entrada del año me gusta hacer un pequeño balance de la evolución económica anual. El 2015 comenzó con valores del indicador cercanos al 5% aunque desde el pasado verano la evolución del indicador muestra síntomas de agotamiento. Esta evolución coincide con la que han marcado otros indicadores de actividad económica como el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio.

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La pérdida de vigor en el movimiento de los indicadores coincide con la evolución del PIB de la economía española. El primer trimestre del año empezaba creciendo un 0,9%, el segundo trimestre aceleró su ritmo de crecimiento al 1% y acabó el tercer trimestre subiendo un 0,8%.

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¿Qué podemos esperar en el cuarto trimestre? De consolidarse las tendencias registradas en los indicadores disponibles a la fecha de cierre del último observatorio económico del Servicio de Estudios del BBVA publicado a comienzos de diciembre y siguiendo el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA, se estima que el avance trimestral del PIB podría alcanzar un 0,8%, situándose en valores cercanos a los del trimestre precedente. Por tanto, se confirmaría que el crecimiento de la economía española seguiría siendo sólido.

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Más que el 20%

No ha sido una legislatura perdida, pero la gravedad del pronunciamiento secesionista catalán deja fuera de encuadre casi todo lo demás.

Lo conseguido ha sido, desde luego, muy apreciable. La recuperación económica cobra consistencia trimestre a trimestre —y van nueve con el tercero de 2015—, alejando cada vez más un lustro, entre 2008 y 2013, que conoció dos severos episodios recesivos. Cuando apenas han pasado tres años de una situación calamitosa, la última previsión del FMI coloca a España como la cuarta economía más pujante de la eurozona (solo por detrás de Irlanda, Luxemburgo y Eslovaquia), con un ritmo de crecimiento que doblará el del promedio de la eurozona y la creación de 600.000 puestos de trabajo a lo largo del año. Un éxito, nadie debería escatimarlo.

En el propio ámbito estrictamente político, las novedades se suceden deprisa, sin duda como respuesta a una sociedad civil que está demostrando dinamismo y capacidad de iniciativa. La aparición de nuevas formaciones políticas, ahora en liza electoral, y los movimientos adaptativos de los partidos más asentados están promoviendo un proceso no menor de renovación generacional y de comunicación con la sociedad. Queda mucha tela por cortar si se quiere sanear de verdad el sistema político y ganar calidad institucional, pero el final de la legislatura termina también en este terreno con expectativas muy distintas —para mejor— a las de su arranque.

La deriva del “problema catalán”, sin embargo, lo tiñe todo. Y no injustificadamente. Un tema fundamental, cualquiera que sea la perspectiva desde la que se contemple. La que proporciona la economía es concluyente: desgajar a Cataluña del resto de España tendría unos enormes costes, tanto de un lado como de otro. Todos saldríamos perdiendo, y quizá lo que menos importe es quién más, porque en cualquier caso sería mucho. Cataluña perdería el principal mercado para lo que sus fábricas producen: todavía en los últimos veinte años el 40 por ciento de las ventas de productos catalanes ha tenido como destino el resto del mercado nacional. Asimismo, la Cataluña separada se toparía con un problema de ahorro insuficiente, pues necesita que el sistema bancario desplace hacia allí ahorro del resto de España para financiar sus inversiones. Y una Cataluña independiente, excluida de la UE y de la Unión monetaria, tendría que arrostrar muy serias dificultades, tanto si optara por seguir utilizando el euro —sus bancos carecerían de acceso a la liquidez del BCE—, como si la opción fuera crear una moneda propia, que nacería necesariamente devaluada y en medio de la desconfianza de los mercados. Un desastre. Como lo sería para España: Cataluña aporta cerca del 20 por ciento al PIB español, pero es mucho más: ha sido motor principal en todo el proceso de modernización social y económica, y sigue siendo una pieza central de nuestro tejido productivo y de la cultura empresarial española. Y en Cataluña tiene España su frontera más importante con Europa: para el paso de personas y mercancías, pero también en términos de ósmosis cultural y científica. El desgajamiento, en suma, supondría empobrecimiento, y muy agudo, para ambas partes. Por eso, nos guste o no, es nuestro problema nº 1.

Motivos para la autoestima

Si los sondeos aciertan, como es del todo probable, las elecciones del 20D abrirán un nuevo ciclo político. Al bipartidismo hegemónico prevaleciente durante casi cuatro décadas va a sucederle un esquema distinto: PP y PSOE se repartirán aproximadamente el 50 por ciento de los votos, pero otras dos formaciones con proyección nacional (Ciudadanos y Podemos) pueden sumar una parte sustancial de la otra mitad de las preferencias de los electores. Un cambio de escenario inédito en nuestra democracia. Hay razones para saludarlo esperanzadoramente.

La primera responde a lo que ya es un hecho constatable: la entrada en liza de los nuevos contendientes está despertando un creciente interés por el espacio público: ¿desde cuándo no se veía a centenares de jóvenes haciendo cola durante horas enteras, como en la Universidad Carlos III de Madrid hace pocos días, para presenciar un debate entre líderes políticos? Se traducirá previsiblemente en una concurrencia mayor ante las urnas. Excelente noticia: la salud de la democracia guarda estrecha relación con el índice de participación electoral. La “indignación” y “desafección” de muchos no ha devenido, por tanto, en abstención o indiferencia, más bien en lo contrario. Magnífico dato, merece la pena repetirlo.

La segunda razón se fija en el nuevo dinamismo que ha adquirido la escena política española, al hacer sitio para nuevos actores y provocar multiplicados movimientos adaptativos entre los que tan cómodamente en ella estaban instalados. Todo menos una situación anodina, estancada, chata. Bienvenida sea. Sobre todo por lo que supone de relegitimación de la democracia representativa, de sus principios y de sus formas (la democracia es principios pero también formas: respetando estas se preservan aquellos). Ya no se llama a “rodear” el Congreso para expresar rechazo hacia lo que representa y a cómo funciona; ahora el empeño, y con crecientes dosis de pragmatismo y moderación, es entrar en él por la puerta principal, la del voto ciudadano. ¿Dónde hay que firmar? Piénsese, además, en la ausencia en nuestras plazas y calles de grupos radicales o de organizaciones declaradamente antieuropeistas o xenófobas o extremistas de uno u otro signo: una auténtica excepción en el actual contexto europeo.

Todavía esta breve página deja sitio para apuntar una tercera razón. El escenario que anticipan todas las previsiones sobre lo que saldrá de las urnas el 20D obligará a dar un nuevo impulso y vigor a la cultura de la negociación, de acuerdos, del pacto como el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como la española de hoy. La cultura política que no entiende la transacción como traición ni pactar como claudicar, sino como búsqueda de puntos de encuentro que, más allá de objetivos particulares, atiendan intereses generales. Proceder así devolverá confianza en la política, un bien ciertamente escaso en estos últimos años, y facilitará mantener la estabilidad institucional, el gran activo del periodo que ahora parece llegar a su término. Un final que entraña no tanto amenaza cuanto promesa: la oportunidad de construir una democracia de más calidad. La economía no tardaría en agradecerlo.

Si hoy es viernes, esto aún es España

Publicado en El Mundo el viernes 9 de Octubre (Día de la Comunidad Valenciana). Texto: Jordi Paniagua

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/09/56177a74ca4741653a8b46a3.html

El enredo catalán recuerda a la disparatada comedia Si hoy es martes, esto es Bélgica (1969) en la que un grupo de turistas americanos se proponen visitar la mayor parte de los países europeos en tan sólo 18 días. Sin ocasión de disfrutar del viaje, logran cumplir su reto acumulando fotos frenéticamente, pero sin saber dónde han estado exactamente. En Cataluña, una serie de turistas de la política se ha propuesto un reto similar: acumular el mayor número de votos sin tener la más mínima idea de cómo quedaremos todos al final del viaje.

Si además de viernes, hoy es 9 d’Octubre, en Valencia todavía compartimos país con nuestros vecinos del norte. Parafraseando al gran Vinicius de Moraes: Porque hoy es viernes, hay la perspectiva del sábado. Es imposible huir de esa dura realidad. ¿Qué sucedería si mañana sábado el Sénia dibujara una frontera entre nosaltres el valencians i vosaltres els catalans? Se lo avanzo (por si tienen un cierto hartazgo y prefieren dedicar los minutos de la lectura posterior a preparar la Mocaorà): la independencia tendría un alto coste para Cataluña, pero también para el resto de España y muy especialmente para Valencia.

El encaje de Cataluña nos afecta especialmente en Valencia. Cataluña, además del vecino del norte, es el principal socio comercial de Valencia y la única vía terrestre hacia Europa. La independencia política de momento no tiene el poder para decidir sobre la geografía. A diferencia de otras CCAA, que ya se han preocupado de potenciar el corredor central para hacer llegar sus productos a Europa de manera alternativa, las exportaciones valencianas (60% por medios terrestres) pasan necesariamente por Cataluña.

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Valencianos y catalanes somos más que vecinos. Puede que no compartamos ni identidad ni acento, pero compartimos un mismo espacio común. Ese espacio común que es un estado democrático es mucho más que el conjunto de sus partes o la suma de balanzas fiscales. Podemos expresar nuestras opiniones libremente en varias lenguas y equivocarnos o acertar al elegir a nuestros gobernantes. Tenemos incluso los mecanismos legales para mejorar lo que nuestros padres pensaron hace treinta años que era lo mejor para nuestro futuro presente.

En el interior de los estados suceden cosas sorprendentes que afectan a su economía. El diseño territorial, la regulación, las preferencias de los consumidores o la redistribución fiscal afectan muy especialmente al patrón y a la composición del comercio. Para muchos economistas, una de las facetas más fascinantes de los estados es que se comercie mucho más dentro de sus fronteras que con el exterior.

En 1995 el profesor McCallum descubrió asombrado que a pesar de las abrumadoras similitudes entre el sur de Canadá y el norte de EEUU, las regiones canadienses comerciaban 20 veces más entre ellas que con sus vecinas estadounidenses. Desde entonces, el «efecto frontera» ha sido ampliamente documentado en multitud de investigaciones a lo largo de distintas fronteras. Durante estos veinte años hemos ido observando y entendiendo mejor sus mecanismos. Por ejemplo, los franceses comercian ocho veces más entre franceses que con los alemanes, aunque éstos últimos sólo lo hacen tres veces más. En promedio, la Europa de los doce comercia cuatro veces más dentro de sus fronteras.

Es justo reconocer (precisamente hoy en la fiesta de todos los valencianos), que fueron tres profesores de la Universitat de Valencia los primeros en cuantificar el efecto frontera para España. Pero no piensen que Spain is different, de hecho somos bastante normales, ya que el caso español arroja unos resultados similares a los del resto del mundo. Los valores fluctúan entre 8,5 para Madrid y alrededor de 60 veces para las Islas Baleares. En Valencia estamos cerca del promedio nacional y exportamos 21 veces más al resto de España que al extranjero. Cataluña no es una anomalía. El comercio de Cataluña con el resto de España es 22 veces mayor que con el extranjero (esto significa que las empresas catalanas exportan un 2200% más a otras autonomías que al resto del mundo).

Imaginemos que una Cataluña «libre» fuera un país normal dentro de la UE. En este caso sería razonable suponer que sus patrones comerciales fueran los que observamos habitualmente en economía comercial. Por consiguiente, no es descabellado pensar que observáramos en un hipotético estado Catalán el mismo efecto frontera que en el resto todos los países normales (puede que en Suiza no tanto). Sería sorprendente aspirar a ser un país normal en todos los aspectos menos precisamente en este. Como sucedió entre Eslovaquia y la República Checa tras su ruptura en 1993. Tan sólo en cinco años el comercio entre checos y eslovacos descendió un 20%. Aceptemos a Cataluña como estado de compañía y estudiemos cómo afectaría el cambio del patrón comercial a la economía.

Supongamos que Cataluña se independiza elegante y amistosamente, conservando unas instituciones plenamente democráticas. Sin ningún boicot, dentro de la UE, manteniendo relaciones cordiales con sus ex vecinos y sin realizar ninguna transferencia fiscal. Dibujemos tan sólo una frontera en el Sénia e imaginemos que tenemos las mismas fricciones comerciales con Cataluña que con Portugal. Bajo este escenario, los profesores de la Universidad de Edimburgo, Comeford, Myers y Mora (Revista de Economía Aplicada, 2014), estiman, mediante un equilibrio general para esta nueva economía, un descenso de las rentas catalana y española del 6,1% y 3,9% respectivamente. La desconexión catalana es también una desconexión española y nos afecta a todos.

Son las cifras conservadoras del empobrecimiento mutuo, ya que el análisis presupone que se eliminan totalmente las transferencias fiscales y supone que Cataluña se abre más al mundo (y menos a España). Pero es improbable que un nuevo estado catalán esté exento de un cierto grado de distribución fiscal. Al integrarse en Europa como un país con un PIB por encima de la media, Cataluña sería un contribuyente neto, como Alemania u Holanda. En vez de contribuir a la solidaridad territorial con Andalucía y Extremadura directamente, lo haría a través de la caja en Bruselas junto con las aportaciones para el resto de regiones más desfavorecidas de Europa. Con el nivel actual de transferencia fiscales, el descenso del PIB Catalán sería más del doble, un 12,8%.

Sin embargo, el flujo fiscal tiene una segunda derivada: ayuda a compensar los flujos y tensiones migratorias entre países y regiones. Es cierto que nadie paga con una sonrisa los impuestos, sobre todo cuando no se disfruta proporcionalmente de la inversión y servicios públicos. Pero la evidencia empírica nos indica que cuando se corta el tren del dinero, se fleta el tren de la migración. Migración, comercio y desigualdad van de la mano. Puede que el sistema actual de solidaridad interterritorial no sea ni óptimo ni justo y se podría mejorar sin duda. Es cierto que la subvención limita el desarrollo del sur. Pero las experiencias pasadas (en los tiempos donde no existían transferencias de renta) nos invitan a pensar que en un sistema sin apenas transferencias disminuye el bienestar social neto.

Por tanto, la redistribución fiscal no es una aportación enteramente altruista. Salimos ganando todos. La solidaridad entre territorios viene normalmente acompañada de una relación comercial. El mecanismo es parecido a la máxima franciscana: «dando es como se recibe». Parte del aumento de la renta de las regiones receptoras se destina a importar productos y servicios de las regiones que más recursos aportan a las arcas del estado. En teoría, la balanza comercial compensa la fiscal y todos salen favorecidos. El problema es que en el caso catalán esto no sucede.

Cataluña comercia principalmente con las otras CCAA que presentan un déficit fiscal como Valencia, Aragón, Madrid, País Vasco y Baleares. Exceptuando Andalucía, que es el principal destino de las exportaciones catalanas, las CCAA con una balanza fiscal positiva son las que menos comercian con Cataluña. Es decir, que Cataluña da pero no recibe tanto. Este es uno de los puntos centrales que esconde el argumentario independentista, dando no se recibe, o al menos no se recibe tanto.

En cambio, en Valencia la situación es diferente. Las balanzas fiscal y comercial se ajustan mejor en Valencia que en Cataluña. La mayor parte de nuestras exportaciones regionales van dirigidas hacia Cataluña, más del doble que a cualquier otra CCAA. Pero a diferencia de Cataluña, el comercio valenciano es más intenso con CCAA netamente receptoras (Andalucía, Murcia, Castilla la Mancha) y nuestro déficit fiscal se compensa en parte con un superávit comercial.

Un parón brusco en la solidaridad interterritorial provocaría bien una carga sobre las CCAA donantes o una disminución de las cantidades recibidas por las receptoras. En cualquiera de los dos casos, la economía valenciana se vería perjudicada. Bien porque aportaríamos más a la hucha común o porque nuestros principales socios comerciales tendrían menos dinero disponible para comerciar con nosotros. Por lo tanto, la caída del PIB Valenciano estaría más cerca del 12% catalán que del 6% español.

Más allá de las balanzas comerciales y fiscales, existe un tercer factor que habitualmente pasa desaparecido. El efecto frontera no afecta únicamente al volumen del comercio, también incide sobre su composición. No todas las empresas son iguales, las menos productivas abastecen al mercado doméstico y a partir de cierto umbral de productividad, las empresas se lanzan a la exportación. El umbral de productividad entre Valencia y Cataluña aumentaría, ya que sería más difícil exportar productos «made in Catalonia» o «made in Valencia (Spain)». La evidencia empírica nos hace pensar que las barreras administrativas inciden negativamente sobre el umbral de productividad necesario para comerciar. Esto significa que empresas que antes comerciaban libremente descubren que ya no les sale a cuenta hacerlo. Una hipotética secesión relegaría a las empresas menos competitivas al mercado doméstico.

Las empresas con una productividad media o alta también se verían afectadas. La reciente crisis es un desgraciado laboratorio para estudiar este tipo de efectos. Investigaciones recientes demuestran que algunas de estas empresas ajustarían la calidad de sus productos a la baja para hacer frente a shocks exógenos en la demanda de productos o en la disponibilidad de crédito. Una rebaja de la calidad permite vender más barato a menos coste y superar el corte. Sin embargo, la mayoría de empresas no pueden variar demasiado la calidad de sus productos. Estas empresas se ven abocadas a vender los mismos productos a precio menor para mantenerse a flote. A corto plazo, la única opción realista para muchas empresas con una productividad media-baja (como la mayoría de las empresas de nuestro entorno) es bajar los salarios. Parte de estas empresas lograrían seguir exportando, pero no por su mejor calidad o valoración, sino vía deflación salarial. A corto plazo las empresas catalanas y valencianas se embarcarían en un viaje a la deflación y la mediocridad.

Sin embargo, con el paso de los años la situación se estabilizaría para volver a niveles parecidos a los de hoy en día. Pero ese largo plazo estaría precedido de un corto plazo con salarios más bajos y una caída estimada del PIB diez veces superior a la de la crisis del 2007. Ha pasado casi una década desde el inicio de la crisis y aun no hemos logrado niveles de empleo parecidos a los de entonces. Pero parece poco probable que la amalgama política salida de las urnas del 27-S acepte alegremente asumir más recortes para llegar a un destino incierto de aquí 10, 20 ó 30 años. Más bien al contrario.

¿Cómo se puede construir un país normal sin asumir los costes normales de ser un país? Incrementar la soberanía nacional en una economía global conlleva un coste. Si no se está dispuesto a asumir el coste económico se pagará un peaje democrático. Una frontera soberana entre países democráticos empobrece a ambos, por ejemplo disminuyendo el comercio. En cambio, países opacos, por ejemplo los paraísos fiscales, gozan de las ventajas del comercio y de la soberanía simultáneamente.

Jordi Paniagua es profesor de la Universidad Católica de Valencia e investigador asociado del Instituto de Economía Internacional.

El día de después

Ocurre casi siempre en las consultas electorales: lo más importante comienza al terminar el cómputo de los votos. Pero esta vez la jornada posterior al 20-D está llamada a tener especial trascendencia. Un tiempo nuevo en la política española está a la espera. Concurren nuevos partidos y declina la hegemonía dual que durante decenios enteros ha facilitado la alternancia en el gobierno de PSOE y PP: un escenario distinto para una sociedad que, a su vez, está conociendo un acelerado proceso de cambio. Además, en diciembre el día de después sumará a los propios los efectos aplazados del 27-S.

Es el dinamismo del cambio social lo que está haciendo imparable el cambio en el plano político. La crisis económica e institucional no se ha topado con una sociedad pasiva, inane, sin capacidad de respuesta; más bien, ha actuado de revulsivo, estimulando readaptaciones y modificando comportamientos. Al destapar la corrupción, al poner de manifiesto el defectuoso funcionamiento de instituciones, al dejar al descubierto debilidades del modelo productivo, la crisis ha tensado la capacidad de respuesta de una buena parte del cuerpo social. Un intenso proceso adaptativo y de renovación es el resultado. Se ha aguzado el espíritu crítico ante la ineficiencia y ante las carencias. Hemos incorporado una nueva conciencia moral pública más estricta, menos permisiva, más exigente de ejemplaridad. Es muy notorio el dinamismo de la sociedad civil, dando vida a multiplicados foros, círculos y plataformas de creación de opinión. Hay un rechazo generalizado —sobresaliente en el contexto europeo— de actitudes xenófobas y violentas. Ha sido y sigue siendo admirable el modo con que se ha acogido e integrado a una cuantiosa población inmigrante. Los cambios en las pautas familiares son muy profundos, sin que la institución de la familia haya dejado de desempeñar funciones solidarias y de cohesión social fundamentales. Ante las dificultades, en suma, admirable capacidad de respuesta por parte de una sociedad que demanda a los políticos que hagan lo propio: que también ellos sean capaces de estar a la altura de las circunstancias; quiere decirse, de los retos que hoy afrontamos como país.

Y el principal no es otro que el de recomponer un acuerdo constitucional que sirva de marco a un nuevo período de fructífera laboriosidad y convivencia a escala nacional. La confrontación electoral que dominará el ambiente durante todo el otoño, con el torrente inevitable de palabras gruesas, no ayudará. Por eso, esta vez el día de después va a ser tan importante. Rehacer un modelo de Estado consensuado, apostar por el diálogo, por el acuerdo como bien democrático. No se partirá de cero; ahora lo acumulado es muy valioso. En la Transición fue mejor no mirar hacia atrás, porque veníamos de un pasado conflictivo y todavía con heridas sin cerrar; la base ahora es muy diferente: en libertades y garantía de derechos fundamentales, en niveles de renta, en tejido y músculo empresarial, en apertura exterior e internacionalización, en el sistema de protección social, en creatividad tecnológica y cultural. Es el saldo que arrojan siete largos lustros de democracia constitucional en España. El nuevo tiempo político que está abriéndose paso no arrancará, desde luego, desheredado. Esa será su suerte y su responsabilidad.

27-S

Esto es lo que hay: cuando la crisis de los refugiados está dinamitando las fronteras interiores —y exteriores— de Europa, sin puertas los campos y los mares, aquí el tema es la “crisis soberanista”, poner lindes para delimitar una parte del territorio —con las aguas marítimas que correspondan, se entiende. Cuando la conciencia de los ciudadanos europeos se estremece ante ese drama colectivo, poniendo a prueba la voluntad de construir efectivamente un continente económica y políticamente unido, nuestra preocupación es si ganará o no la opción independentista en las elecciones autonómicas en Cataluña, cómo reconocer en el texto Constitucional situaciones matizadamente distintas (del “narcisismo de las pequeñas diferencias” hablan hoy los historiadores de largos procesos de modernización en el mundo contemporáneo), debatiendo de paso si “nación” o solo “nacionalidad”, etc., etc., etc. (tres etcéteras que no son desde luego los del celebrado personaje de Pemán, autor éste, por cierto, que se queda ahora sin busto de bronce en su ciudad natal).

Pero aceptemos el tiempo tal como el nos quiere, según la sabia receta shakesperiana. Por causas complejas —no todo es aventurerismo de unos y pasividad de otros— la situación ha devenido extraordinaria, con una Declaración Unilateral de Independencia como posibilidad real a la vista. Ya no se puede voltear la cabeza; hay que mirar de frente.

Aunque todo esté dicho y redicho, aprovecharemos este espacio para subrayar dos cosas, por elementales que sean. Primera: la movilización de toda la sociedad civil, dentro y fuera de Cataluña, será determinante; hasta ahora, solo la ciudadanía catalana que ha hecho suya la aspiración de independencia se deja oír y ver, y tan clamorosamente como en estos días; no puede demorarse más la comparecencia en el escenario público de quienes, en universidades y empresas, círculos y asociaciones, están convencidos de que Cataluña es parte irrenunciable de España, y que España dejará de serlo sin Cataluña. Y comparecer sin pusilanimidad, sin equívocos: la situación requiere claridad, convicción, coraje.

Segunda: más que en descalificar la separación, esforcémonos en subrayar ventajas de lo contrario, comenzando por demostrar el valor económico de la unidad. Desde la perspectiva de la historia de los siglos XIX y XX —por hablar de lo que mejor conoce uno— la cuestión no admite dudas: Cataluña ha sido un factor decisivo de modernización de España, adelantada en muchas transformaciones, y tanto en lo demográfico como en lo empresarial, tanto en lo cultural y social como en lo económico. Así fue en el tránsito al régimen liberal, así fue también en la España de la Restauración alfonsina y así lo ha sido en la España democrática. Repitiéndose además en cada una de esas situaciones un hecho tan relevante como previsible: las tensiones centrífugas en Cataluña se avivan en las coyunturas de crisis económica e institucional en el conjunto de España; para contrarrestarlas, nada mejor que la recuperación del pulso económico y la regeneración de las instituciones españolas, públicas y privadas.

Es justo la tarea que tenemos por delante. Y que nadie se equivoque: la identidad —con permiso de Freud— solo es fecunda cuando no se piensa en ella.

Otro referéndum

Es el que se celebrará el 27 de septiembre en Cataluña, si se mantiene el propósito de la presidencia de la Generalitat de convocar elecciones autonómicas con carácter plebiscitario, con la reafirmada determinación de proceder en su caso a una declaración unilateral de independencia. Y aunque el tema no se instale definitivamente en el centro del escenario público español hasta las vísperas de la próxima Diada —“Vía libre a la República catalana” es el lema elegido esa vez, hay que agradecer la franqueza—, su importancia bien merecería prestarle ya atención preferente.

La deriva durante el último lustro de una parte muy apreciable del nacionalismo catalán hacia una posición nítidamente independentista se resiste a explicaciones simplonas. Tiene que ver, sin duda, con la defectuosa gestación, en todos los tramos del proceso, del Estatuto de Autonomía de 2006. Asímismo, con el apoyo activo, y no poco paradójico, que la opción soberanista ha recibido por parte de la clase intelectual más cualificada, cosmopolita e influyente —la intelligentsia— de catalanes nacidos en los dos decenios posteriores a la Guerra Civil. Y también, claro está, con la crisis económica e institucional padecida: la independencia como tabla de salvación particular ante el riesgo de naufragio del país entero. Como fuere, no es un fenómeno susceptible de diagnóstico sencillo.

De ahí las obligadas reservas a la hora de vaticinar el futuro inmediato en este frente. Si una de las causas del auge independentista ha sido la crisis, en todas sus dimensiones, lo esperable será un reflujo del tal marea al superarse aquella: así lo evidenciaría ahora, en el marco de la bien apreciable recuperación económica, el declive del independentismo en los más recientes sondeos de opinión. Por su parte, las cuotas de votantes que también ahí sean capaces de captar Ciudadanos y Podemos restarán asimismo peso a las formaciones independentistas. Y es igualmente cierto que con el paso de las semanas se van haciendo más patentes las actividades y los pronunciamientos de aquella parte de la sociedad civil catalana contraria a la separación. La pelota está en el aire, y probablemente al partido le quede mucho… al menos por un cierto tiempo (que eso es, con unos u otros matices, lo que nos lega la historia, ya sea la experiencia de la Mancomunidad en la Restauración, o la del Estatuto de Autonomía en la II República o la del propio régimen autonómico en nuestros días).

El tema es muy serio, y todavía más si se pone en relación con la poco relevante presencia en el País Vasco y en Navarra de los partidos de rango nacional a escala de toda España. El “desanclaje” de cualquiera de esas piezas territoriales en la arquitectura constitucional española tendría efectos mayúsculos; el de las tres, sencillamente incalculables. De ahí que la del 27 de septiembre sea una prueba de enorme trascendencia, tanto para la integridad territorial de España como para la articulación constitucional de nuestra democracia.

Coda. Todo menos mirar para otro lado, o solo de soslayo. Ese otro referéndum, con la amenaza que conlleva de empujar hacia una fractura política y social dentro de la propia Cataluña y con su inevitable proyección fuera de nuestras fronteras, constituye hoy nuestro problema capital.

Responsabilidad versus alarma

Dado que los resultados del 24 M no constituyen sino la crónica de un cambio anunciado, ahora el alarmismo está de más. Las alarmas, de ser necesarias, deberían haber saltado antes, incluso mucho antes, pues el cambio profundo que las urnas han expresado se ha cocido a fuego lento; al persistente calor suministrado por la erosión de las clases medias y la creciente desigualdad durante largos años de crisis, por la carencia de iniciativas de los partidos hegemónicos para impulsar una regeneración creíble de la democracia y por la ausencia —o el desprecio— de cualquier asomo de pedagogía social a la hora de hacer entender a la ciudadanía los costes de sanear una situación económica comatosa. Ha habido mucho tiempo, en efecto, para alertar del impacto que todo ello acabaría teniendo en el escenario político habitual en las últimas tres décadas. Lo que conviene en este momento es llamar la atención sobre las oportunidades que abre.

Tres, al menos, son discernibles. Primera: los resultados electorales abren el juego político competitivo, con un doble beneficio: por una parte, incorpora a la política institucional movimientos o plataformas sociales que se movían únicamente en el terreno de la protesta; por otra, promueve movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en los viejos partidos (“o cambiamos o nos cambian”, esa es para ellos ahora la cuestión hamletiana). Segunda: la cultura de pactos y de cooperación política pasa a ser asignatura obligatoria, que no meramente optativa, con todas las ventajas —si prevalece la altura de miras— que ello supone, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. La cultura del compromiso, de la negociación para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, los veteranos y los recién llegados, entonces el nuevo mapa, aunque más compartimentado —o fragmentado—, habría que contemplarlo no como amenaza sino como oportunidad de construir una democracia más vigorosa. No se olvide que ineficacia o corrupción es lo que más mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¿Alguien lo duda a estas alturas? Precisamente ello conduce a la tercera oportunidad que crea el nuevo contexto: la necesidad de acuerdos de gobernabilidad entre diversos partidos facilitará mayor transparencia, mayor disciplina y exigencia frente a la corrupción, mejor control de la gestión, una prioridad indiscutible en las circunstancias actuales.

No son, pues, vaticinios agoreros lo que se necesita en esta hora. Sí, en cambio —y así se ha pronunciado el Círculo Cívico de Opinión—, apelar a la responsabilidad de quienes gobiernen para hacer realidad lo que desea la sociedad española: superar la crisis en todas sus dimensiones, dando por hecho que los servicios públicos van a continuar funcionando como corresponde a un país desarrollado y que no asistiremos a una parálisis provocada por conflictos institucionales; que se va a combatir enérgicamente la corrupción y la apropiación de las instituciones por los partidos; que se buscará solución a los conflictos territoriales, y que no se abandonará la dirección adecuada para la recuperación económica, porque el empleo de calidad lo crean las políticas apropiadas, no el voluntarismo.

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