El año de los tres test

El título que encabeza estas líneas no quiere recordar alguna vieja película de Saura (“Stress es tres, tres”, aburridísima, por cierto), ni tampoco los juegos aliterativos que tan brillantemente dominaba Cabrera Infante (“Tres tristes tigres”); tan solo pretende señalar que durante el curso de 2015 se evaluará en tres campos distintos la aptitud de España para mirar de frente al futuro inmediato.

Primero, test para la democracia. A tenor de los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y de los sondeos de opinión, 2015 está destinado a alumbrar un nuevo escenario político, con pérdida de peso de los dos grandes partidos y la comparecencia relevante de nuevas formaciones políticas de rango nacional: 4 en vez de 2; cuando menos, bipartidismo corregido, dejando atrás casi un tercio de siglo de mayorías absolutas, para abrir un nuevo pasaje en la historia presente de nuestra democracia, donde la estabilidad tendrá que basarse no en la hegemonía de un partido sino en acuerdos mantenidos entre diversos grupos parlamentarios o, eventualmente, en la destreza de quienes gobiernen con el respaldo sólo de una minoría mayoritaria en los respectivos parlamentos. Ambas situaciones, debe añadirse, ni son singulares en Europa —en toda la UE proliferan nuevos partidos, “insurgentes” los ha calificado el “Times” londinense— ni son tampoco desconocidas entre nosotros, tanto en la práctica de bastantes gobiernos autonómicos como en el ciclo político de la Transición. No nos adentramos, pues, en un territorio ignoto, absolutamente desconocido, hay que subrayarlo. Como conviene alertar contra la idea de que sólo las mayorías absolutas procuran estabilidad y son eficaces para combatir la incertidumbre: mucho mejor es el buen funcionamiento de las instituciones y una cultura de concertación, de pacto sobre intereses generales o públicos. La cultura del acuerdo como bien democrático, del compromiso como deber ciudadano, de la negociación como fuente de proyectos colectivos compartidos. Un buen examen de aptitudes y actitudes democráticas.

Segundo test, el de la recuperación económica, el de su solidez. Los indicadores se muestran unánimes en sentido positivo: tanto los que captan el “clima” (“confianza de los consumidores”, “sentimiento económico”) como los que registran la evolución de la actividad productiva (general o sectorial), tanto los relativos a la inversión como los que miden las ventas del comercio y el consumo de bienes representativos, tanto los financieros (crediticios y bursátiles) como los del mercado del trabajo. Después de siete años de caída o de bajo crecimiento, 2015 puede acabar arrojando una tasa (en torno al 3 por ciento) fronteriza con una fase propiamente expansiva, que facilitaría recuperar pronto el terreno perdido en términos de PIB (-7,5 por ciento) durante la crisis. Aún prolongándose las secuelas de esta —paro, desigualdad, deuda, déficit—, 2015 supondría así la recuperada capacidad de la economía española para conocer otro ciclo de crecimiento.

Queda el tercero, el tercer test de este año no poco crucial para España. Es el menos novedoso, aun cuando tenga notas diferenciales con sus precedentes: el del nacionalismo soberanista. Del 9 de noviembre de 2014 al 27 de septiembre de 2015. Otra vuelta de tuerca, otra prueba de resistencia de materiales. Tendremos ocasión de hablar de ello.

Un voto de confianza

Frente a tantos alarmistas —de ocasión o habituales— que hoy alzan la voz ante el repleto calendario electoral que nos espera y el anunciado declive del bipartidismo que ha prevalecido en los tres largos últimos decenios, anticipando procelosos escenarios de elevada incertidumbre e ingobernabilidad, no será ocioso señalar algunas de las no pocas notas esperanzadoras que ofrece esta hora de España. Y no solo en el plano de la economía.

Positivo es, desde luego, el creciente dinamismo de la sociedad civil, materializado en multiplicación de iniciativas de muy diverso género: creación de asociaciones no corporativas con propósito de atender intereses generales, grupos con vocación de enriquecer el debate público, nuevos medios de comunicación (periódicos y blogs generales o especializados, aprovechando las facilidades de Internet y las redes sociales), think tanks ajenos al poder político, y un largo etcétera. Activismo pujante que dice mucho y bien de una sociedad civil que no deja en manos solo de los políticos el cuidado de lo público. Con ese rostro especialmente atractivo que es el auge entre nosotros del voluntariado, en la estela de los países más desarrollados y sociedades más abiertas. Hay en todo ello, me parece, elementos muy significativos de cohesión social, con efectos estabilizadores de fondo en cualquier contingencia de cambio.

A su vez, la emergencia de nuevas formaciones políticas en liza electoral puede tener también una lectura alentadora. Servirán de cauce de al menos una parte de potenciales votantes que de otra forma estarían tentados de mantenerse en la abstención, están obligando a desperezarse a los partidos que han ostentado la mayoría en uno u otro momento, y la probable dispersión de votos —del bipartidismo al cuadripartidismo— exigirá mayores capacidades que las ahora demostradas para negociar acuerdos de gobierno y firmar pactos a varias bandas, sin que ello deba redundar necesariamente en inestabilidad. Las pulsiones más desestabilizadoras provienen siempre del mal funcionamiento —por impericia o por corrupción— del propio sistema. Nótese, además, que la incorporación de esas nuevas formaciones políticas al engranaje de la democracia representativa, rubrica de facto la vigencia de ésta y la posibilidad de hacerla más participativa y más deliberativa. Probablemente, el pluralismo real de la sociedad española actual es difícil que quepa ya en los moldes invariados de tan solo dos partidos, por flexibles que estos sean con sus respectivas facciones internas.

No faltan, por tanto, razones para la esperanza, aunque no sea aconsejable bajar la guardia. Es lo mismo que puede decirse de la economía, hoy bajo el signo de una recuperación no solo consolidada (ya seis trimestres consecutivos con crecimiento del PIB), sino también vigorosa (ritmos de avance cercanos al 3 por ciento), pero que necesitará mantener un buen pulso reformista para dar paso a una fase propiamente expansiva.

Alejémonos, pues, de los agoreros. La sociedad, la economía y la escena política están hoy emitiendo en España señales evidentes de vitalidad. En un año en que seremos convocados repetidamente a las urnas, nos merecemos, en conjunto, un voto de confianza.

Aunque lo parezca, (3+2) y (4+1) no es lo mismo, por Mariam Camarero

Nuestra compañera Mariam Camarero, de la Universidad Jaume I, nos ha facilitado esta interesante entrada sobre la reforma universitaria, publicada previamente en el diario digital Valencia Plaza (15/2/2015).

Hay muchos mitos sobre la educación en España, la mayoría de ellos falsos. Y no son falsos porque exista intención de engañar, sino porque la memoria colectiva es bastante frágil. He querido comprobar que la afirmación con la que quería empezar estas líneas era correcta y he visto, con asombro, que en los últimos 150 años no hemos tenido más allá de 4 ó 5 leyes universitarias de calado. Entiendo, entre líneas, que se suele comenzar la reforma educativa por la enseñanza primaria y continuar con la secundaria, de manera que cuando el legislador se acerca a la universidad aparece siempre una inoportuna revolución, una guerra o una dictadura que dejan en suspenso los afanes reformistas por una temporada. De ahí que sea falso, por ejemplo, que haya habido muchas leyes educativas y que cada nuevo gobierno haga la suya. No es ese el caso, al menos en la universidad.

Volviendo al tema del artículo, la tesis que pretendo defender es que los estudios universitarios en España se ajustan, por tradición, al modelo (3+2) y que la irrupción de (4+1) fue realmente una anomalía interna y externa, al alejarnos no sólo del esquema más usual de los estudios universitarios en España, sino también de la mayoría de nuestros socios en el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cuál es la citada tradición de la universidad en España?

Desde la Ley Moyano de 1857 (que acabó estando en vigor casi un siglo), las enseñanzas facultativas se cursaban en la universidad y constaban de tres períodos que habilitaban para los tres grados correspondientes: Bachiller (equivalente al Bachelor inglés o al grado actual), Licenciado (el que puede ejercer) y Doctor. También había enseñanzas superiores impartidas en Escuelas Superiores para títulos de Ingeniería, Bellas Artes (Arquitectura, Pintura y escultura, Música,…), Diplomática y Notariado. Y enseñanzas profesionales que se impartían en centros específicos (Maestro, Veterinario, Profesor mercantil, Náutica y Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimensores). El Ministerio detallaba los planes de estudios y las asignaturas. Al principio el primer ciclo podía llegar a ser de 5 años, pero los estudiantes empezaban la universidad a los 16.

A pesar de los impulsos reformistas de finales del siglo XIX y otros intentos alrededor de la década de los veinte del siglo pasado (donde sí que se modernizó la investigación, con la Junta para Ampliación de Estudios), hay que esperar al final de la Guerra Civil para encontrar una nueva ley sobre educación universitaria, que no supuso una reforma sino continuismo. La Ley que regula la Ordenación de la Universidad de 1943 añade como Facultad la de Ciencias Políticas y Económicas y los principales cambios se refieren al acceso a la universidad, al realizarse un examen de ingreso además del Examen de Estado que daba el título de Bachiller. Se podía establecer “numerus clausus” atendiendo a las necesidades y como orientación a los alumnos. Las Escuelas Superiores los limitaron tanto que luego fue necesario aumentar el número mínimo de alumnos al año. Normativas posteriores modificaron la enseñanza media e introdujeron cursos de preparación a la universidad (PREU).

La Ley General de Educación de 1970 de Villar Palasí fue la que nos tocó vivir a los de mi generación: además de crear la EGB, el BUP y el curso de orientación universitario (COU), la Educación Superior seguía teniendo tres niveles: en primer lugar, la Diplomatura o Primer Ciclo (de tres años y cursada en Escuelas Universitarias), dando lugar al título de Diplomado; en segundo, la Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura, de cinco años de duración (que se cursaba en Facultades o Escuelas Superiores con 5 años de duración y dos ciclos de 3 y dos años, respectivamente); por último, en tercer lugar, el Doctorado, el máximo nivel, que consistía en dos años de enseñanza y la presentación de una tesis. En esta ley, las enseñanzas profesionales como el Magisterio o las Bellas Artes adquieren nivel universitario (de uno o dos ciclos). Los planes de estudio surgidos de esta ley eran comunes en toda España y estuvieron en vigor durante más de 20 años, hasta principios de los años 90.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 no modificó esta estructura. Así, en su artículo 30 decía que “Los estudios universitarios se estructurarán, como máximo, en tres ciclos. La superación del primero de ellos dará derecho a la obtención, en su caso, del título de Diplomado, de Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico; la del segundo, a la del título de Licenciado, de Arquitecto o de Ingeniero, y la del tercero, a la del título de Doctor”. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 mantiene nuevamente esta estructura, aunque recoge la posibilidad de que se cambie la denominación de los títulos (artículo 88) para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. La actual versión en vigor, la LOU modificada o LOMLOU de 2007 también lo incluye (http://www.uco.es/ugt/archivo/2007/070503_LOMLOU_refundido.pdf).

Lo primero que cabe decir es que la LOMLOU no determina la duración de los títulos, sino que se desarrolló mediante decreto. La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se realizó (principalmente) durante la primera legislatura del Presidente Zapatero. La Ministra María Jesús San Segundo quería continuar con planes de estudio basados en “Libros Blancos”, es decir, con una buena parte de contenido común en toda España y grados de 3 años y másters de 2 años, es decir, defendía el 3+2. Sin embargo San Segundo fue sustituida tan sólo dos años después por Mercedes Cabrera. A partir de ese momento se produjo un cambio radical, pues la LOMLOU aprobada en 2007 introduciría una reducción de las competencias del Ministerio (sin eliminarlas) para el establecimiento de títulos y las directrices de los planes de estudios. Además, los nuevos grados tendrían una duración de 4 años y los másters de 1 a 2 años.

Con el cambio al 4 +1 no sólo se produce una ruptura respecto a la organización de los estudios universitarios existentes hasta entonces en España sino, lo que es infinitamente peor, se rompe la distinción entre los estudios universitarios de un ciclo, que formaban a diplomados, arquitectos e ingenieros técnicos y que en tres años habilitaban para desempeñar profesiones (maestros, enfermeros, aparejadores, por ejemplo) y las licenciaturas, arquitectura e ingenierías superiores, de dos ciclos y que tenían diferentes funciones y atribuciones profesionales. Los cuatro años suponen aumentar la duración de algunas titulaciones sin que existiera justificación técnica o académica, mientras que reducir en un curso, por ejemplo, las ingenierías (superiores) ha creado problemas al compararlas con los anteriores estudios de 5 años, optándose por soluciones ad hoc para mantener las competencias profesionales necesarias para ejercer. Aún más, este sistema es ineficiente, al tardar un año más en formar a una buena parte de nuestros profesionales superiores, que podrían haber completado un grado en 3 años y, en caso de desear especializarse, siempre podrían haber optado (en ese momento o más tarde) por completarlo con un máster de uno o dos años, dependiendo del caso.

Otro efecto derivado de estas decisiones y que no se valoró, al menos en toda su gravedad, es que se equiparó el grado español de 4 años al Bachelor. Es decir, al Bachiller en Ciencias o en Filosofía de la Ley Moyano. Eso significa que los 4 años actuales equivalen a un solo ciclo universitario (aunque lo dividamos en 2+2, eso no lo cambia): esto es, si bien antes un licenciado español equivalía a un Bachelor más un máster, al pasar al 4+1, al realizar la homologación en el EEES se ha equiparado en España la licenciatura con el grado y, por tanto, se ha “degradado” a los licenciados que estudiaron 5 años a Bachelor. Con el 3+2 no se habrían visto afectados negativamente los antiguos licenciados de los planes del 70, de la LRU y de la LOU, es decir, la mayoría de los actuales titulados universitarios. Esta cuestión no es baladí y ha generado problemas, entre otros, en cuerpos de élite de la Administración del Estado, por ejemplo, el de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, para alcanzar puestos en organismos internacionales, donde se les exige o se valora como mérito preferente, una formación con nivel de máster.

Por último, no olvidemos que, en la actualidad, los grados de 4 años no se corresponden con un catálogo limitado de titulaciones, sino que existen más de 1.200 títulos de grado distintos (tantos como universidades y titulaciones en cada una de ellas) y en muchas ocasiones poco coincidentes entre sí, de manera que la movilidad de estudiantes en España es menor que en el siglo XIX.

Me alegro de que, tras más de 3 años, el Ministerio haya decidido (tímidamente) corregir un error en el que estábamos empeñados en persistir. Aunque sea por los motivos incorrectos.

El lema de la reforma universitaria o cómo 3=4

Texto: Jordi Paniagua

Lema. Los grados universitarios de tres años son equivalentes a los de cuatro años.
Demostración. Sean a y b dos cursos universitarios de grado equivalentes, por lo que:

a=b           (1)

Multiplicado ambos cursos por a obtenemos:

a^{2}=ab           (2)

Restando b^{2} a cada miembro de la ecuación:

a^{2}-b^{2}=ab-b^{2}            (3)

Y factorizando la expresión resulta ser:

(a+b)(a-b)=b(a-b)           (4)

despejando el término común (a-b) obtenemos:

a+b=b            (5)

y como en (1) a=b,

2b=b\rightarrow 2=1           (6)

Por lo que al añadir dos cursos iniciales:

3=4

Q.E.D.

Sirva esta valiente y divertida demostración del lema universitario para ilustrar que con los métodos adecuados se pueden implantar sin problemas grados de tres años equivalentes a los de cuatro.

Animo al lector a descubrir el “fallo” en la demostración!

Un año crucial

Enero se ha despedido eliminando cualquier duda acerca del singular relieve que está destinado a alcanzar 2015. No sólo en España; también a escala europea el primer mes del año ha concluido con novedades que anuncian cambios de largo recorrido, quizá de época, con Draghi y Tsipras, cada uno por su lado, como abanderados. Aquí, en todo caso, ese adiós ha estado acompañado de señales anticipadoras de un ejercicio que está llamado a ser gozne entre tiempos muy distintos, una encrucijada, por eso mismo, en la historia de nuestro presente. Tres me parecen especialmente destacables. Primera, la convocatoria de los comicios autonómicos en Andalucía, que viene a redondear el intenso, el apretado (disparatado) calendario electoral que nos espera a lo largo del año; segunda, la publicación de diversos indicadores económicos expresivos de una recuperación que toma fuerza; tercera, la multitudinaria manifestación que ha llenado el centro de Madrid justo el último día de Enero, demostrando una más que notable capacidad movilizadora por parte de sus convocantes. Ninguna de ellas nos debe dejar indiferentes.

La cargada agenda de llamamientos a las urnas, uno por trimestre (elecciones andaluzas en marzo, locales y también autonómicas en mayo, catalanas en septiembre, y generales probablemente en noviembre o diciembre, todas las cuales se interpretarán en clave nacional), marcará el tono en el espacio público. El tono bronco y artificioso, tan ruidoso como hueco, que suele presidir casi siempre las campañas electorales, esa servidumbre de la democracia en tanto invitan a la simplificación de planteamientos y programas, a ofrecer duros a cuatro pesetas (o a menos) y a utilizar tan solo el blanco y negro para dibujar la realidad: el peor ambiente para gobernar y también para hacer oposición atendiendo a los intereses generales y no a los meramente partidistas.

Ninguna buena ayuda, sin duda, para el afianzamiento del proceso de recuperación que, semana a semana, parece cada vez más perceptible. Del mercado de trabajo al de la vivienda, del sector exterior al del comercio minorista, los signos positivos que van conociéndose hacen de 2015 un año decisivo para abrir en su curso una nueva fase de crecimiento económico, dejando atrás definitivamente la alargada sombra de una honda y severa crisis.

Por su parte, la vigorosa irrupción en el escenario político de nuevos interlocutores organizados (Podemos, pero no sólo él) implicará muy posiblemente el fin de la prolongada etapa de predominio indiscutido del bipartidismo, con la correspondiente alternancia en el gobierno de la nación. Desde las elecciones generales celebradas a finales de 1982, ese ha sido el modelo, la pauta siempre seguida, que ha aportado un muy alto grado de estabilidad a nuestra democracia (y la estabilidad, no se olvide, es nutriente principal de la confianza, componente clave, a su vez, del quehacer empresarial y de toda la actividad económica). Un tercio de siglo puede estar así llegando a su término.

No va a ser 2015, pues, un año cualquiera. Hoy presenta muchos ingredientes para constituir, más bien y en diversos terrenos, final de una etapa y comienzo de otra. Un año crucial, en definitiva.

Ante un calendario adverso

En la primera página de un viejo manual de Derecho Civil, que hace ya más de cincuenta años era una leyenda en la Facultad de Derecho de la Universidad madrileña, y no tanto por su calidad, que la tenía, como por la obligación de memorizarlo casi íntegramente para superar el correspondiente examen —el “Compendio”, de Federico de Castro, uno de los grandes maestros de los juristas españoles contemporáneos—, se leía que aquel era un tiempo “más que de crisis, de psicosis de crisis”. No sé si ese escueto diagnóstico, bien representativo de la extraordinaria concisión del texto citado, era acertado para su época, pero quizá sí sea válido para este arranque del 2015 en España, cuando una buena parte de la opinión pública expresa una sensación de desaliento que no se corresponde con los registros de muchos indicadores y “signos externos”, y no sólo en el ámbito de la economía. Tan urgente como desechar un frívolo triunfalismo, será entonces combatir cualquier estado colectivo de frustración, cuyos efectos nunca serán buenos.

El país funciona mejor no solo de lo que bastantes dicen, sino también de lo que muchos creen. El ajuste macroeconómico logrado, en términos de equilibrio externo, merece un sobresaliente: pasar en muy pocos años de necesitar que el resto del mundo nos financiara un 10 por ciento del PIB a autofinanciarnos, sin poder devaluar, ha sido un éxito, aunque haya acarreado —“devaluación interior”— altos costes sociales. Algo parecido puede decirse del sistema bancario, que, después de afrontar una severa reconversión —con la ayuda de los recursos aportados por los contribuyentes y las entidades sanas—, hoy ofrece comparativamente un buen estado de revista, como han revelado las más recientes pruebas del Banco Central Europeo. Más importante aún: tras varias andanadas de duros recortes presupuestarios, el sistema de protección social, con servicios y prestaciones de muy amplio espectro, se mantiene en pie y sólido. Y engranajes institucionales que son clave en una democracia, como la justicia, están actuando con probada independencia en medio de situaciones ciertamente comprometidas; así lo demuestran, un día sí y otro también, el curso de determinados procesos que involucran, según los casos, a altas magistraturas del Estado, a partidos políticos, a organizaciones sindicales y a prominentes gestores empresariales. El funcionamiento del país, por decirlo de nuevo de modo coloquial, no merece una visión derrotista. La propia emergencia a la luz pública de la corrupción, tan caudalosa, sin duda indica la “putrefacción” de ciertas élites, pero también es señal de capacidad de reacción social e institucional.

Deberíamos encarar el nuevo año, por tanto, con entereza. No va a ser fácil, pues el nutrido calendario electoral de los próximos doce meses, con plurales convocatorias —locales, autonómicas, generales— propiciará todo menos análisis realistas en quienes quieran ganar adhesiones entre los votantes y determinación política en quienes tienen la responsabilidad de hacer frente a las secuelas de los desequilibrios padecidos y a prolongadas deficiencias estructurales. Pedagogía social y acción gubernamental decidida es lo que hemos de pedir. No estamos ante un fracaso colectivo, pero los problemas planteados —ahora más de orden político que económico— no admiten tiempos muertos o administrados en función de intereses electorales. El crecimiento ha vuelto a la economía española, pero su continuidad y vigor exigen honestidad en las propuestas y pulso político firme, lo mismo que demanda la calidad de nuestra democracia.

La ANECA acaba con el monopolio “JCR”

Con una ligera demora con respecto a años anteriores, el BOE ha publicado hoy los criterios por los que se regirá la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para evaluar la calidad investigadora en el 2014. La principal novedad con respecto al año pasado en el campo de las Ciencias Económicas y Empresariales es la equiparación de los índices Journal Citation Reports (JCR) de Thompson Reuters con SCOPUS de Elsevier.

Mientras en el BOE del 2013, la mención al índice SCOPUS estaba en el apartado 3b)

“Podrán considerarse también los artículos publicados en revistas que ocupen posiciones relevantes en los listados de SCOPUS”

En el BOE del 2014, SCOPUS sube de nivel hasta el 3a):

“Los trabajos publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose como tales( …) Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition (…) así como en SCOPUS.”

Con la anunciada fusión entre la ANECA y la CNEAI, se ha reparado la “el acusado JCR-centrismo” que impuso el BOE del 2005 (Ruiz-Pérez, Delgado y Jiménez-Contreras 2010, p. 907). Es decir, la ANECA ha terminado con el monopolio del JCR. Bienvenidos al duopolio.

Es cierto que los cambios de criterio que dificultan la planificación de la investigación a largo plazo (piensen que el criterio que se establece hoy establece unos criterios retroactivos para un periodo de seis años). Sin embargo, es previsible que la supresión del monopolio de la indexación científica  tenga efectos positivos (asumiendo que la calidad científica de ambos índices es similar). Se me ocurren las siguientes razones:

  1. Se amplía el número de revistas consideradas de alta calidad.  La cobertura de ambos índices es distinta (SCOPUS indexa 15,000 journals y JCR 9,000.
    1. Una mayor cobertura puede contribuir a reducir el lag editorial y la tasa de rechazo (Conley 2012).
    2. Se fomenta la creatividad al abrirse el abanico a revistas más especializadas o independientes.
  2. La forma de calcular el impacto científico también difiere. SCOPUS suele referenciar un número de citas mayor que JCR (Pislyakov, 2009). Ello implica que un mismo artículo suele tener unos indicios de calidad mayores en SCOPUS que en JCR.
  3. La plataforma de SCOPUS SCImago Journal & Country Rank es totalmente abierta y gratuita, a diferencia de la JCR.
  4. Los criterios de indexado de SCOPUS parecen más transparentes que JCR. Las revistas JCR bailan fuera y dentro del índice sin unos criterios claros de inclusión o exclusión (o al menos yo no he podido encontrarlos en su web).

Puede que algún día Google Scholar acabe barriendo a estos dos índices. Pero de momento el paso del monopolio al duopolio aumentará el bienestar de una parte de la sociedad (como mínimo de los que tratamos de investigar).

ECONOMIA DE PODEMOS

Junto al líder de Podemos, Pablo Iglesias, los dos economistas que asesoran a la formación política, presentaron ayer en Madrid su programa económico. Vicenç Navarro es un conocido profesor de políticas públicas en la Universidad Pompeu Fabra, después de haber enseñado durante muchos años en la prestigiosa Johns Hopkins University, de EEUU. Juan Torres, con quien me une una buena amistad desde hace años, cuando trabajábamos en la universidad de Malaga, lo es ahora en la universidad de Sevilla. Ambos son profesores instruidos, con una notable formación y me merecen respeto intelectual. Pero esto no es óbice para estar en desacuerdo con los puntos fundamentales de su diagnóstico y con las medidas que proponen para salir de la crisis.

La afirmación de que la desigualdad es la causa fundamental de la actual situación, no es cierta. Los economistas estamos de acuerdo en señalar al enorme endeudamiento, a los excesos por el lado de la demanda, como la causa fundamental en el origen de la crisis, aun cuando pueda haber matices para algunos países. La desigualdad ha sido una causa aparecida posteriormente y que ayuda a explicar las dificultades para salir de la actual situación, aunque no es la única.

Si estamos de acuerdo en que es uno de los principales problemas que padecemos, junto al desempleo y la deuda. Pero lo que no compartimos es la panoplia de medidas que proponen para combatirlos. La reducción de salarios no ha causado la crisis. De hecho, durante los primeros años, estos siguieron aumentando por encima de la inflación y del crecimiento de la productividad. Fue el colapso en el crédito y la posterior contracción de la actividad los que dispararon el desempleo.

En consecuencia, la reducción de salarios no provocó la contracción de la demanda agregada y la renta. La reducción salarial posterior no ha hecho sino recuperar parte de la competitividad perdida durante los años del boom y los primeros de la crisis. Es cierto que ahora tanto la UE como la OCDE están aconsejando una subida salarial. Podemos estar de acuerdo, pero habrá que ver el efecto final sobre la actividad.

No olvidemos que la economía española es muy abierta y pequeña. No nos encontramos en el  mundo keynesiano de hace siete décadas, en el que las economías estaban muy cerradas y el tipo de cambio de las monedas era fijo. Hoy estamos en economías muy abiertas. Aunque no hay riesgo de tipo de cambio porque compartimos el euro, si padecemos riesgo de crédito, de manera que somos muy dependientes de la financiación internacional, tanto del BCE como del resto de la banca y ahorradores internacionales. Cualquier medida que se proponga para impulsar la demanda de consumo de las familias y el gasto público, tienen que tener en cuenta esa restricción exterior. Tenemos que seguir exportando a un ritmo elevado. En otro caso, un rápido deterioro del sector exterior y un rescate sobre la deuda española estarían asegurados.

Otras de las medidas que proponen para salir de la crisis, no pueden llevarse a cabo porque no dependen solo de la voluntad política -como ellos afirman- sino de circunstancias económicas mas generales. Como ejemplo, abogan por un plan de infraestructura sociales -guarderías, residencias para ancianos, etc- que generarían en España más de 3,5 millones de empleo si igualasen el nivel de Suecia. Igualmente, si la participación de la mujer en el mercado laboral igualase al de Suecia, se generaría mucho empleo. Pero estas dos medias, como muchas otras, no se pueden adoptar por decreto, como si solo dependiera de la voluntad política de los gobernantes. Construir y mantener esa infraestructura social requiere de enormes recursos -que ni la propia Suecia puede mantener debido a su altísimo coste, en una sociedad envejecida. La participación tan elevada de la mujer en el mercado de trabajo, depende de su formación, de la escasez relativa de activos del otro genero, de un crecimiento continuo y de otras variables, en un proceso que ha tardado décadas en producir esos resultados.

En fin, proponer una elevación de las pensiones y una reducción de la edad de jubilación, aun con flexibilidad -cuando el actual sistema no se sostiene-, o una renta mínima garantizada para aquellos desempleados de larga duración que no encuentren trabajo, requiere de unos recursos de los que este país carece. No es el mejor ejemplo el del País Vasco, que disfruta de unos privilegios inaceptables y no trasladables a otras geografías. Tendrían también que explicar con detalle que significaría introducir el derecho a acceder al crédito y la recuperación de la banca pública, tanto en términos de recursos como de objetivos. La práctica desaparición de las 46 cajas de ahorro que había en España, ¿no es suficiente lección para no intentar nada parecido otra vez?

No obstante, con una reforma fiscal que elevara la recaudación, seria posible atender algunas de las propuestas presentadas. Se puede recaudar algo mas por el patrimonio, por sociedades y grandes rentas, aunque algunas medidas tendrían que ser coordinadas con otros países. Es posible reducir el fraude fiscal. Pero no olvidemos que no depende solo de los acciones del gobierno. El fraude es reducido cuando hay poca economía sumergida -en España es del 20% del PIB- y cuando existe un consenso social y cultural para combatirlo, que en España es débil.

Solo con buenos deseos y confiando en grandes decisiones tomadas por los gobiernos, no se resuelven los problemas. La gente y las instituciones de todo tipo, tienen que funcionar adecuadamente. Juan Torres afirmó -con razón- que una política económica no se puede importar.  Tampoco podemos pretender importar el modelo institucional y cultural de Suecia, que a los suecos les ha costado dos siglos construir.

(diariodesevilla.es 29/11/2014)

Es la política

La apuesta era afrontar sin dilación la crisis económica para que los primeros logros de la ansiada recuperación aseguraran un horizonte libre de incertidumbre política a medio plazo. Planteamiento tan plausible como simplista, al que la realidad, siempre compleja, está poniendo bocabajo, pues es una crisis de índole política lo que no sólo amenaza con desestabilizar el marco institucional sino también con poner palos en las ruedas de la recuperación económica. No es la economía; la política es el problema.

Y de los varios rostros que este presenta, el principal no es, con ser grave, el del nuevo independentismo catalán, sino el de la crisis de liderazgo y de credibilidad que afecta a muchos de los actores de la escena pública y de modo fundamental a los políticos. La interminable sucesión de casos de corrupción es demoledora, actuando de disolvente del vínculo representativo en que se basa la democracia, deslegitimando en la práctica a quienes, a través de las urnas, se les ha encomendado el ejercicio de unos u otros cargos y responsabilidades en la gestión de los intereses públicos. Un verdadero torpedo contra la cohesión social que distingue a las democracias de calidad y a las economías más abiertas y prósperas. La brecha de desafección —o hartazgo o, todavía peor, desmoralización— entre políticos y ciudadanos es enorme, tan grande como justificada. Dicho de otro modo: el reguero de casos de corrupción política —o en los aledaños del plano político— produce efectos perversos sobre la legitimidad de los representantes y, por ende, de las instituciones; su percepción generalizada es devastadora para la democracia, provocando un claro proceso de falta de credibilidad y de desapego que se proyecta hacia todo el sistema.

Téngase en cuenta, además, que la corrupción se retroalimenta al menos de dos formas. En primer lugar, el corruptor necesita de alguien corruptible, que se transforma a su vez en posible futuro corruptor; en segundo lugar, el corrupto se protege de la vigilancia de superiores e inferiores incorporándolos al botín, lo que ellos harán de nuevo más adelante. Lo que equivale a decir que la corrupción propiamente política brota con especial fuerza allí donde existe una cultura cívica tolerante con otras conductas corruptas menos visibles o llamativas. Por eso combatirla concierne a toda la ciudadanía.

De ahí que sean especialmente saludables las iniciativas que desde la sociedad civil se brindan con ese objeto, como la que acaba de hacer pública el Círculo Cívico de Opinión (www.circulocivicodeopinion.es) volviendo sobre anteriores pronunciamientos de meses atrás: la propuesta de un gran pacto por la regeneración y revitalización de la democracia, con todas las medidas necesarias para rehacer la legitimidad perdida por parte de la política y sus titulares. Un pacto que exija una nueva regulación del sistema representativo —partidos políticos, sistema electoral, régimen de incompatibilidades, aforamientos—, de las fuentes encargadas de preservar la transparencia y la ética pública, y, en general, de cuanto contribuya a suturar el distanciamiento producido entre ciudadanía y clase política.

Es, más que en ningún momento anterior de nuestra democracia, el tiempo de la política.

Indicador de coyuntura: Septiembre 2014

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de agosto con los datos publicados hasta julio de producción industrial y ventas y hasta agosto de renta y afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en agosto es de 1,49, frente a un 1,70 del mes de julio. Este valor está en línea con el movimiento horizontal que observamos en el indicador desde que se inició el verano.

factor

En tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto muestran síntomas contradictorios. Aunque todos ellos presentan valores superiores a los que tenían en el mismo mes del año anterior, el ritmo de crecimiento de la producción industrial y las ventas es sensiblemente menor, mientras que el de la renta y el de los afiliados es un poco mayor. En concreto, la producción industrial y las ventas crecen en julio 0,9% y 1,0%, frente al crecimiento de 2,7% y 1,7% observados en junio. En cuanto a la renta y afiliados, el crecimiento en agosto es 3,2% y 2,1% frente a 2,7% y 1,9% en julio.

indicadoresComo conclusión, la tendencia de las variables observadas indica que la recuperación de la economía española continua, aunque parece que el ritmo de recuperación se ha estancado por lo que el indicador experimenta un movimiento lateral desde el verano. El frenazo en el ritmo de crecimiento coincide con la evolución que presentan otros indicadores de actividad económica como el que elabora FEDEA y el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio (la última actualización disponible es de junio).

fedeaisa

¿Qué podemos esperar del PIB en el tercer trimestre? El informe económico del último observatorio económico del Servicio de Estudios del BBVA, publicado a comienzos de septiembre, indica que la recuperación de la economía española continua durante el tercer trimestre de 2014. Sin embargo, con cerca del 50% de la información para el 3T14, el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA, estima una tasa de variación del PIB en el entorno del 0,4% o 0,5%. De confirmarse, implicaría una moderación del ritmo de expansión de la economía española, que había crecido un 0,6 en el segundo trimestre.

mica

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