Responsabilidad versus alarma

Dado que los resultados del 24 M no constituyen sino la crónica de un cambio anunciado, ahora el alarmismo está de más. Las alarmas, de ser necesarias, deberían haber saltado antes, incluso mucho antes, pues el cambio profundo que las urnas han expresado se ha cocido a fuego lento; al persistente calor suministrado por la erosión de las clases medias y la creciente desigualdad durante largos años de crisis, por la carencia de iniciativas de los partidos hegemónicos para impulsar una regeneración creíble de la democracia y por la ausencia —o el desprecio— de cualquier asomo de pedagogía social a la hora de hacer entender a la ciudadanía los costes de sanear una situación económica comatosa. Ha habido mucho tiempo, en efecto, para alertar del impacto que todo ello acabaría teniendo en el escenario político habitual en las últimas tres décadas. Lo que conviene en este momento es llamar la atención sobre las oportunidades que abre.

Tres, al menos, son discernibles. Primera: los resultados electorales abren el juego político competitivo, con un doble beneficio: por una parte, incorpora a la política institucional movimientos o plataformas sociales que se movían únicamente en el terreno de la protesta; por otra, promueve movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en los viejos partidos (“o cambiamos o nos cambian”, esa es para ellos ahora la cuestión hamletiana). Segunda: la cultura de pactos y de cooperación política pasa a ser asignatura obligatoria, que no meramente optativa, con todas las ventajas —si prevalece la altura de miras— que ello supone, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. La cultura del compromiso, de la negociación para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, los veteranos y los recién llegados, entonces el nuevo mapa, aunque más compartimentado —o fragmentado—, habría que contemplarlo no como amenaza sino como oportunidad de construir una democracia más vigorosa. No se olvide que ineficacia o corrupción es lo que más mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¿Alguien lo duda a estas alturas? Precisamente ello conduce a la tercera oportunidad que crea el nuevo contexto: la necesidad de acuerdos de gobernabilidad entre diversos partidos facilitará mayor transparencia, mayor disciplina y exigencia frente a la corrupción, mejor control de la gestión, una prioridad indiscutible en las circunstancias actuales.

No son, pues, vaticinios agoreros lo que se necesita en esta hora. Sí, en cambio —y así se ha pronunciado el Círculo Cívico de Opinión—, apelar a la responsabilidad de quienes gobiernen para hacer realidad lo que desea la sociedad española: superar la crisis en todas sus dimensiones, dando por hecho que los servicios públicos van a continuar funcionando como corresponde a un país desarrollado y que no asistiremos a una parálisis provocada por conflictos institucionales; que se va a combatir enérgicamente la corrupción y la apropiación de las instituciones por los partidos; que se buscará solución a los conflictos territoriales, y que no se abandonará la dirección adecuada para la recuperación económica, porque el empleo de calidad lo crean las políticas apropiadas, no el voluntarismo.

Responsabilidad versus alarma

Dado que los resultados del 24 M no constituyen sino la crónica de un cambio anunciado, ahora el alarmismo está de más. Las alarmas, de ser necesarias, deberían haber saltado antes, incluso mucho antes, pues el cambio profundo que las urnas han expresado se ha cocido a fuego lento; al persistente calor suministrado por la erosión de las clases medias y la creciente desigualdad durante largos años de crisis, por la carencia de iniciativas de los partidos hegemónicos para impulsar una regeneración creíble de la democracia y por la ausencia —o el desprecio— de cualquier asomo de pedagogía social a la hora de hacer entender a la ciudadanía los costes de sanear una situación económica comatosa. Ha habido mucho tiempo, en efecto, para alertar del impacto que todo ello acabaría teniendo en el escenario político habitual en las últimas tres décadas. Lo que conviene en este momento es llamar la atención sobre las oportunidades que abre.

Tres, al menos, son discernibles. Primera: los resultados electorales abren el juego político competitivo, con un doble beneficio: por una parte, incorpora a la política institucional movimientos o plataformas sociales que se movían únicamente en el terreno de la protesta; por otra, promueve movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en los viejos partidos (“o cambiamos o nos cambian”, esa es para ellos ahora la cuestión hamletiana). Segunda: la cultura de pactos y de cooperación política pasa a ser asignatura obligatoria, que no meramente optativa, con todas las ventajas —si prevalece la altura de miras— que ello supone, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. La cultura del compromiso, de la negociación para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, los veteranos y los recién llegados, entonces el nuevo mapa, aunque más compartimentado —o fragmentado—, habría que contemplarlo no como amenaza sino como oportunidad de construir una democracia más vigorosa. No se olvide que ineficacia o corrupción es lo que más mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¿Alguien lo duda a estas alturas? Precisamente ello conduce a la tercera oportunidad que crea el nuevo contexto: la necesidad de acuerdos de gobernabilidad entre diversos partidos facilitará mayor transparencia, mayor disciplina y exigencia frente a la corrupción, mejor control de la gestión, una prioridad indiscutible en las circunstancias actuales.

No son, pues, vaticinios agoreros lo que se necesita en esta hora. Sí, en cambio —y así se ha pronunciado el Círculo Cívico de Opinión—, apelar a la responsabilidad de quienes gobiernen para hacer realidad lo que desea la sociedad española: superar la crisis en todas sus dimensiones, dando por hecho que los servicios públicos van a continuar funcionando como corresponde a un país desarrollado y que no asistiremos a una parálisis provocada por conflictos institucionales; que se va a combatir enérgicamente la corrupción y la apropiación de las instituciones por los partidos; que se buscará solución a los conflictos territoriales, y que no se abandonará la dirección adecuada para la recuperación económica, porque el empleo de calidad lo crean las políticas apropiadas, no el voluntarismo.

¡Qué roben otros!

En cuanto la interpretación de los resultados electorales del paso domingo caben dos interpretaciones no necesariamente excluyentes. La primera sería el grito profundamente Ortegiano “¡Qué roben otros!” Es decir una sustitución de un partido y unos dirigentes marcados por la corrupción por otros partidos con personas en principio honestas (o que no han estado en posición de poder corromperse). La segunda interpretación sería un cambio en las preferencias de la población sobre la política económica y en particular el gasto público a nivel local y autonómico.

Sin desmerecer el factor Ortegiano, la segunda explicación tiene unas implicaciones más profundas en las políticas que implementen nuestros dirigentes a partir de ahora. La más evidente es que la austeridad simplemente no funciona. No es que los modelos macro de reacción fiscal se equivoquen (que también podría ser) ni por el acierto de las políticas Keynesianas de expansión del gasto público.

La austeridad no funciona porque la propensión marginal al suicidio político tiende a cero. Puede que las medidas de adelgazamiento de a deuda, reducción del gasto público, racionalización del sector público, devaluación interna y reducción de salarios para aumentar la competitividad, apertura comercial etc. sean justo lo que necesite nuestra economía en estos momentos. Pero atendiendo a los resultados electorales, ningún político tiene incentivos para continuar con este tipo de políticas, ya que los votantes han premiado a los partidos con políticas opuestas a las ortodoxas. Es decir, era previsible que los votantes se hartaran de esperar pacientemente recorte tras recorte a que se ajuste la economía en periodo indeterminado.

Tal como lo explicaba Keynes en The Economic Consequences of Mr. Churchill (1925):

The working classes cannot be expected to understand (..) Those who are attacked first are faced with a depression of their standard of life, because the cost of living will not fall until all the others have been successfully attacked too; and, therefore, they are justified in defending themselves. Nor can the classes which are first subjected to a reduction of money wages be guaranteed that this will be compensated later by a corresponding fall in the cost of living, and will not accrue to the benefit of some other class. Therefore they are bound to resist so long as they can; and it must be war, until those who are economically weakest are beaten to the ground”.

¿Qué alternativas hay para compatibilizar las preferencias de los votantes a corto plazo con un modelo de crecimiento a largo plazo? La primera es la Marxista: “Estos son mis modelos, si no le gustan, tengo otros”. La segunda es la Ortegiana: “¡Qué recorten otros!” La tercera es confiar que entre los miles de papers que producen las mentes económicas más brillantes haya al menos uno que encuentre la solución.

No solo viento de cola

Es un dato que despeja dudas: el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año, nueve décimas respecto al trimestre anterior (que coloca la tasa interanual en un 2,6 por ciento), indica un vigor más que notable en la fase de recuperación de la economía española. Nada que ver con el desmayado repunte que se conoció en 2010 (entonces el aumento del PIB, en tasa interanual, no sobrepasó el 0,5 por ciento), breve interludio entre las dos recesiones padecidas entre 2008 y 2013. Ahora los sucesivos registros trimestrales ofrecen consistencia (son ya siete positivos en medida intertrimestral) y están acompañados de múltiples indicadores en la misma dirección.

Al Gobierno le ha faltado tiempo para airearlo, pues supone un verdadero “vuelco” de la situación comatosa que se encontró al comenzar su andadura. Y ha aprovechado para presentar el Programa de Estabilidad, 2015-18, antes de remitirlo a la Comisión Europea, en el que se dibuja un nuevo ciclo propiamente expansivo, con crecimientos altos y mantenidos del PIB y del empleo, reducción sustancial del déficit público y buenos registros en el sector exterior. Su cumplimiento permitiría recuperar en 2016 el PIB perdido en los años de recesión más aguda (hasta 7,5 puntos porcentuales) y rebajar en el cuatrienio casi diez puntos la tasa de desempleo (dejándola en 15,6 por ciento en 2018): buen balance, aunque no para tirar cohetes: nos habrá costado cinco años más que Alemania o a Francia esa recuperación del valor de nuestra producción de bienes y servicios, y al terminar la década el desempleo estaría todavía lejos de bajar de los dos dígitos.

Hay motivos, en todo caso, para la autoestima (algo muy distinto de la autocomplacencia, siempre mala compañera, por decirlo al modo ramoniano) y también para el elogio. Es verdad que varios factores ajenos han concurrido para empujar con fuerza en los últimos meses: facilidades de financiación del BCE, abaratamiento del petróleo, depreciación del euro; pero todos ellos también han estado soplando las velas de los demás, y prácticamente nadie en la Eurozona los ha aprovechado tanto como la economía española. Algo habrá que poner también en el haber de la agenda reformista desplegada durante la legislatura que ya emboca su final. Y también, y no desde luego en último lugar, convendrá subrayar el meritorio comportamiento de las empresas españolas, que han sabido capear el temporal demostrando una sobresaliente capacidad de gestión: tómese como referencia que, en las más adversas circunstancias, han ampliado su radio de acción en los mercados internacionales (más del 50 por ciento de las exportaciones españolas ya se colocan fuera de la Eurozona), aumentando año a año el censo de las empresas exportadoras (ya en torno a 150.000). Un desempeño ciertamente elogiable, dado el papel decisivo que en una economía avanzada y en una sociedad abierta le corresponde al empresario, uno de los pilares fundamentales del tejido social. Y se necesitará la movilización de toda la sociedad civil para dejar definitivamente atrás una crisis que tan profundas heridas ha causado. No bastará con el viento de cola.

Indicador de coyuntura: Abril 2015

El Ind-ALdE se ha actualizado para el mes de marzo con los datos publicados hasta febrero de ventas y producción industrial, y hasta marzo de renta y de afiliados. El indicador mensual parece mostrar síntomas más claros de que la economía española se está recuperando. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en noviembre es de 4,5 mejorando el dato que presentó en el mes de octubre de 4,0.

factorAtendiendo a las tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE, salvo la renta, muestran mejoras respecto a los meses anteriores. La producción industrial y las ventas suben 1,1% y 6,0% en febrero respecto a una caída de 2,5% y una subida de 5,6% en enero, respectivamente. Los afiliados crecen un 3,4% en marzo frente a la subida de 3,3% en febrero. Por contra, las ventas subieron un 5,1% en marzo, un poco menos que el 5,4% de febrero.

indicadores

El año de los tres test

El título que encabeza estas líneas no quiere recordar alguna vieja película de Saura (“Stress es tres, tres”, aburridísima, por cierto), ni tampoco los juegos aliterativos que tan brillantemente dominaba Cabrera Infante (“Tres tristes tigres”); tan solo pretende señalar que durante el curso de 2015 se evaluará en tres campos distintos la aptitud de España para mirar de frente al futuro inmediato.

Primero, test para la democracia. A tenor de los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y de los sondeos de opinión, 2015 está destinado a alumbrar un nuevo escenario político, con pérdida de peso de los dos grandes partidos y la comparecencia relevante de nuevas formaciones políticas de rango nacional: 4 en vez de 2; cuando menos, bipartidismo corregido, dejando atrás casi un tercio de siglo de mayorías absolutas, para abrir un nuevo pasaje en la historia presente de nuestra democracia, donde la estabilidad tendrá que basarse no en la hegemonía de un partido sino en acuerdos mantenidos entre diversos grupos parlamentarios o, eventualmente, en la destreza de quienes gobiernen con el respaldo sólo de una minoría mayoritaria en los respectivos parlamentos. Ambas situaciones, debe añadirse, ni son singulares en Europa —en toda la UE proliferan nuevos partidos, “insurgentes” los ha calificado el “Times” londinense— ni son tampoco desconocidas entre nosotros, tanto en la práctica de bastantes gobiernos autonómicos como en el ciclo político de la Transición. No nos adentramos, pues, en un territorio ignoto, absolutamente desconocido, hay que subrayarlo. Como conviene alertar contra la idea de que sólo las mayorías absolutas procuran estabilidad y son eficaces para combatir la incertidumbre: mucho mejor es el buen funcionamiento de las instituciones y una cultura de concertación, de pacto sobre intereses generales o públicos. La cultura del acuerdo como bien democrático, del compromiso como deber ciudadano, de la negociación como fuente de proyectos colectivos compartidos. Un buen examen de aptitudes y actitudes democráticas.

Segundo test, el de la recuperación económica, el de su solidez. Los indicadores se muestran unánimes en sentido positivo: tanto los que captan el “clima” (“confianza de los consumidores”, “sentimiento económico”) como los que registran la evolución de la actividad productiva (general o sectorial), tanto los relativos a la inversión como los que miden las ventas del comercio y el consumo de bienes representativos, tanto los financieros (crediticios y bursátiles) como los del mercado del trabajo. Después de siete años de caída o de bajo crecimiento, 2015 puede acabar arrojando una tasa (en torno al 3 por ciento) fronteriza con una fase propiamente expansiva, que facilitaría recuperar pronto el terreno perdido en términos de PIB (-7,5 por ciento) durante la crisis. Aún prolongándose las secuelas de esta —paro, desigualdad, deuda, déficit—, 2015 supondría así la recuperada capacidad de la economía española para conocer otro ciclo de crecimiento.

Queda el tercero, el tercer test de este año no poco crucial para España. Es el menos novedoso, aun cuando tenga notas diferenciales con sus precedentes: el del nacionalismo soberanista. Del 9 de noviembre de 2014 al 27 de septiembre de 2015. Otra vuelta de tuerca, otra prueba de resistencia de materiales. Tendremos ocasión de hablar de ello.

Un voto de confianza

Frente a tantos alarmistas —de ocasión o habituales— que hoy alzan la voz ante el repleto calendario electoral que nos espera y el anunciado declive del bipartidismo que ha prevalecido en los tres largos últimos decenios, anticipando procelosos escenarios de elevada incertidumbre e ingobernabilidad, no será ocioso señalar algunas de las no pocas notas esperanzadoras que ofrece esta hora de España. Y no solo en el plano de la economía.

Positivo es, desde luego, el creciente dinamismo de la sociedad civil, materializado en multiplicación de iniciativas de muy diverso género: creación de asociaciones no corporativas con propósito de atender intereses generales, grupos con vocación de enriquecer el debate público, nuevos medios de comunicación (periódicos y blogs generales o especializados, aprovechando las facilidades de Internet y las redes sociales), think tanks ajenos al poder político, y un largo etcétera. Activismo pujante que dice mucho y bien de una sociedad civil que no deja en manos solo de los políticos el cuidado de lo público. Con ese rostro especialmente atractivo que es el auge entre nosotros del voluntariado, en la estela de los países más desarrollados y sociedades más abiertas. Hay en todo ello, me parece, elementos muy significativos de cohesión social, con efectos estabilizadores de fondo en cualquier contingencia de cambio.

A su vez, la emergencia de nuevas formaciones políticas en liza electoral puede tener también una lectura alentadora. Servirán de cauce de al menos una parte de potenciales votantes que de otra forma estarían tentados de mantenerse en la abstención, están obligando a desperezarse a los partidos que han ostentado la mayoría en uno u otro momento, y la probable dispersión de votos —del bipartidismo al cuadripartidismo— exigirá mayores capacidades que las ahora demostradas para negociar acuerdos de gobierno y firmar pactos a varias bandas, sin que ello deba redundar necesariamente en inestabilidad. Las pulsiones más desestabilizadoras provienen siempre del mal funcionamiento —por impericia o por corrupción— del propio sistema. Nótese, además, que la incorporación de esas nuevas formaciones políticas al engranaje de la democracia representativa, rubrica de facto la vigencia de ésta y la posibilidad de hacerla más participativa y más deliberativa. Probablemente, el pluralismo real de la sociedad española actual es difícil que quepa ya en los moldes invariados de tan solo dos partidos, por flexibles que estos sean con sus respectivas facciones internas.

No faltan, por tanto, razones para la esperanza, aunque no sea aconsejable bajar la guardia. Es lo mismo que puede decirse de la economía, hoy bajo el signo de una recuperación no solo consolidada (ya seis trimestres consecutivos con crecimiento del PIB), sino también vigorosa (ritmos de avance cercanos al 3 por ciento), pero que necesitará mantener un buen pulso reformista para dar paso a una fase propiamente expansiva.

Alejémonos, pues, de los agoreros. La sociedad, la economía y la escena política están hoy emitiendo en España señales evidentes de vitalidad. En un año en que seremos convocados repetidamente a las urnas, nos merecemos, en conjunto, un voto de confianza.

Aunque lo parezca, (3+2) y (4+1) no es lo mismo, por Mariam Camarero

Nuestra compañera Mariam Camarero, de la Universidad Jaume I, nos ha facilitado esta interesante entrada sobre la reforma universitaria, publicada previamente en el diario digital Valencia Plaza (15/2/2015).

Hay muchos mitos sobre la educación en España, la mayoría de ellos falsos. Y no son falsos porque exista intención de engañar, sino porque la memoria colectiva es bastante frágil. He querido comprobar que la afirmación con la que quería empezar estas líneas era correcta y he visto, con asombro, que en los últimos 150 años no hemos tenido más allá de 4 ó 5 leyes universitarias de calado. Entiendo, entre líneas, que se suele comenzar la reforma educativa por la enseñanza primaria y continuar con la secundaria, de manera que cuando el legislador se acerca a la universidad aparece siempre una inoportuna revolución, una guerra o una dictadura que dejan en suspenso los afanes reformistas por una temporada. De ahí que sea falso, por ejemplo, que haya habido muchas leyes educativas y que cada nuevo gobierno haga la suya. No es ese el caso, al menos en la universidad.

Volviendo al tema del artículo, la tesis que pretendo defender es que los estudios universitarios en España se ajustan, por tradición, al modelo (3+2) y que la irrupción de (4+1) fue realmente una anomalía interna y externa, al alejarnos no sólo del esquema más usual de los estudios universitarios en España, sino también de la mayoría de nuestros socios en el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cuál es la citada tradición de la universidad en España?

Desde la Ley Moyano de 1857 (que acabó estando en vigor casi un siglo), las enseñanzas facultativas se cursaban en la universidad y constaban de tres períodos que habilitaban para los tres grados correspondientes: Bachiller (equivalente al Bachelor inglés o al grado actual), Licenciado (el que puede ejercer) y Doctor. También había enseñanzas superiores impartidas en Escuelas Superiores para títulos de Ingeniería, Bellas Artes (Arquitectura, Pintura y escultura, Música,…), Diplomática y Notariado. Y enseñanzas profesionales que se impartían en centros específicos (Maestro, Veterinario, Profesor mercantil, Náutica y Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimensores). El Ministerio detallaba los planes de estudios y las asignaturas. Al principio el primer ciclo podía llegar a ser de 5 años, pero los estudiantes empezaban la universidad a los 16.

A pesar de los impulsos reformistas de finales del siglo XIX y otros intentos alrededor de la década de los veinte del siglo pasado (donde sí que se modernizó la investigación, con la Junta para Ampliación de Estudios), hay que esperar al final de la Guerra Civil para encontrar una nueva ley sobre educación universitaria, que no supuso una reforma sino continuismo. La Ley que regula la Ordenación de la Universidad de 1943 añade como Facultad la de Ciencias Políticas y Económicas y los principales cambios se refieren al acceso a la universidad, al realizarse un examen de ingreso además del Examen de Estado que daba el título de Bachiller. Se podía establecer “numerus clausus” atendiendo a las necesidades y como orientación a los alumnos. Las Escuelas Superiores los limitaron tanto que luego fue necesario aumentar el número mínimo de alumnos al año. Normativas posteriores modificaron la enseñanza media e introdujeron cursos de preparación a la universidad (PREU).

La Ley General de Educación de 1970 de Villar Palasí fue la que nos tocó vivir a los de mi generación: además de crear la EGB, el BUP y el curso de orientación universitario (COU), la Educación Superior seguía teniendo tres niveles: en primer lugar, la Diplomatura o Primer Ciclo (de tres años y cursada en Escuelas Universitarias), dando lugar al título de Diplomado; en segundo, la Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura, de cinco años de duración (que se cursaba en Facultades o Escuelas Superiores con 5 años de duración y dos ciclos de 3 y dos años, respectivamente); por último, en tercer lugar, el Doctorado, el máximo nivel, que consistía en dos años de enseñanza y la presentación de una tesis. En esta ley, las enseñanzas profesionales como el Magisterio o las Bellas Artes adquieren nivel universitario (de uno o dos ciclos). Los planes de estudio surgidos de esta ley eran comunes en toda España y estuvieron en vigor durante más de 20 años, hasta principios de los años 90.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 no modificó esta estructura. Así, en su artículo 30 decía que “Los estudios universitarios se estructurarán, como máximo, en tres ciclos. La superación del primero de ellos dará derecho a la obtención, en su caso, del título de Diplomado, de Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico; la del segundo, a la del título de Licenciado, de Arquitecto o de Ingeniero, y la del tercero, a la del título de Doctor”. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 mantiene nuevamente esta estructura, aunque recoge la posibilidad de que se cambie la denominación de los títulos (artículo 88) para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. La actual versión en vigor, la LOU modificada o LOMLOU de 2007 también lo incluye (http://www.uco.es/ugt/archivo/2007/070503_LOMLOU_refundido.pdf).

Lo primero que cabe decir es que la LOMLOU no determina la duración de los títulos, sino que se desarrolló mediante decreto. La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se realizó (principalmente) durante la primera legislatura del Presidente Zapatero. La Ministra María Jesús San Segundo quería continuar con planes de estudio basados en “Libros Blancos”, es decir, con una buena parte de contenido común en toda España y grados de 3 años y másters de 2 años, es decir, defendía el 3+2. Sin embargo San Segundo fue sustituida tan sólo dos años después por Mercedes Cabrera. A partir de ese momento se produjo un cambio radical, pues la LOMLOU aprobada en 2007 introduciría una reducción de las competencias del Ministerio (sin eliminarlas) para el establecimiento de títulos y las directrices de los planes de estudios. Además, los nuevos grados tendrían una duración de 4 años y los másters de 1 a 2 años.

Con el cambio al 4 +1 no sólo se produce una ruptura respecto a la organización de los estudios universitarios existentes hasta entonces en España sino, lo que es infinitamente peor, se rompe la distinción entre los estudios universitarios de un ciclo, que formaban a diplomados, arquitectos e ingenieros técnicos y que en tres años habilitaban para desempeñar profesiones (maestros, enfermeros, aparejadores, por ejemplo) y las licenciaturas, arquitectura e ingenierías superiores, de dos ciclos y que tenían diferentes funciones y atribuciones profesionales. Los cuatro años suponen aumentar la duración de algunas titulaciones sin que existiera justificación técnica o académica, mientras que reducir en un curso, por ejemplo, las ingenierías (superiores) ha creado problemas al compararlas con los anteriores estudios de 5 años, optándose por soluciones ad hoc para mantener las competencias profesionales necesarias para ejercer. Aún más, este sistema es ineficiente, al tardar un año más en formar a una buena parte de nuestros profesionales superiores, que podrían haber completado un grado en 3 años y, en caso de desear especializarse, siempre podrían haber optado (en ese momento o más tarde) por completarlo con un máster de uno o dos años, dependiendo del caso.

Otro efecto derivado de estas decisiones y que no se valoró, al menos en toda su gravedad, es que se equiparó el grado español de 4 años al Bachelor. Es decir, al Bachiller en Ciencias o en Filosofía de la Ley Moyano. Eso significa que los 4 años actuales equivalen a un solo ciclo universitario (aunque lo dividamos en 2+2, eso no lo cambia): esto es, si bien antes un licenciado español equivalía a un Bachelor más un máster, al pasar al 4+1, al realizar la homologación en el EEES se ha equiparado en España la licenciatura con el grado y, por tanto, se ha “degradado” a los licenciados que estudiaron 5 años a Bachelor. Con el 3+2 no se habrían visto afectados negativamente los antiguos licenciados de los planes del 70, de la LRU y de la LOU, es decir, la mayoría de los actuales titulados universitarios. Esta cuestión no es baladí y ha generado problemas, entre otros, en cuerpos de élite de la Administración del Estado, por ejemplo, el de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, para alcanzar puestos en organismos internacionales, donde se les exige o se valora como mérito preferente, una formación con nivel de máster.

Por último, no olvidemos que, en la actualidad, los grados de 4 años no se corresponden con un catálogo limitado de titulaciones, sino que existen más de 1.200 títulos de grado distintos (tantos como universidades y titulaciones en cada una de ellas) y en muchas ocasiones poco coincidentes entre sí, de manera que la movilidad de estudiantes en España es menor que en el siglo XIX.

Me alegro de que, tras más de 3 años, el Ministerio haya decidido (tímidamente) corregir un error en el que estábamos empeñados en persistir. Aunque sea por los motivos incorrectos.

El lema de la reforma universitaria o cómo 3=4

Texto: Jordi Paniagua

Lema. Los grados universitarios de tres años son equivalentes a los de cuatro años.
Demostración. Sean a y b dos cursos universitarios de grado equivalentes, por lo que:

a=b           (1)

Multiplicado ambos cursos por a obtenemos:

a^{2}=ab           (2)

Restando b^{2} a cada miembro de la ecuación:

a^{2}-b^{2}=ab-b^{2}            (3)

Y factorizando la expresión resulta ser:

(a+b)(a-b)=b(a-b)           (4)

despejando el término común (a-b) obtenemos:

a+b=b            (5)

y como en (1) a=b,

2b=b\rightarrow 2=1           (6)

Por lo que al añadir dos cursos iniciales:

3=4

Q.E.D.

Sirva esta valiente y divertida demostración del lema universitario para ilustrar que con los métodos adecuados se pueden implantar sin problemas grados de tres años equivalentes a los de cuatro.

Animo al lector a descubrir el “fallo” en la demostración!

Un año crucial

Enero se ha despedido eliminando cualquier duda acerca del singular relieve que está destinado a alcanzar 2015. No sólo en España; también a escala europea el primer mes del año ha concluido con novedades que anuncian cambios de largo recorrido, quizá de época, con Draghi y Tsipras, cada uno por su lado, como abanderados. Aquí, en todo caso, ese adiós ha estado acompañado de señales anticipadoras de un ejercicio que está llamado a ser gozne entre tiempos muy distintos, una encrucijada, por eso mismo, en la historia de nuestro presente. Tres me parecen especialmente destacables. Primera, la convocatoria de los comicios autonómicos en Andalucía, que viene a redondear el intenso, el apretado (disparatado) calendario electoral que nos espera a lo largo del año; segunda, la publicación de diversos indicadores económicos expresivos de una recuperación que toma fuerza; tercera, la multitudinaria manifestación que ha llenado el centro de Madrid justo el último día de Enero, demostrando una más que notable capacidad movilizadora por parte de sus convocantes. Ninguna de ellas nos debe dejar indiferentes.

La cargada agenda de llamamientos a las urnas, uno por trimestre (elecciones andaluzas en marzo, locales y también autonómicas en mayo, catalanas en septiembre, y generales probablemente en noviembre o diciembre, todas las cuales se interpretarán en clave nacional), marcará el tono en el espacio público. El tono bronco y artificioso, tan ruidoso como hueco, que suele presidir casi siempre las campañas electorales, esa servidumbre de la democracia en tanto invitan a la simplificación de planteamientos y programas, a ofrecer duros a cuatro pesetas (o a menos) y a utilizar tan solo el blanco y negro para dibujar la realidad: el peor ambiente para gobernar y también para hacer oposición atendiendo a los intereses generales y no a los meramente partidistas.

Ninguna buena ayuda, sin duda, para el afianzamiento del proceso de recuperación que, semana a semana, parece cada vez más perceptible. Del mercado de trabajo al de la vivienda, del sector exterior al del comercio minorista, los signos positivos que van conociéndose hacen de 2015 un año decisivo para abrir en su curso una nueva fase de crecimiento económico, dejando atrás definitivamente la alargada sombra de una honda y severa crisis.

Por su parte, la vigorosa irrupción en el escenario político de nuevos interlocutores organizados (Podemos, pero no sólo él) implicará muy posiblemente el fin de la prolongada etapa de predominio indiscutido del bipartidismo, con la correspondiente alternancia en el gobierno de la nación. Desde las elecciones generales celebradas a finales de 1982, ese ha sido el modelo, la pauta siempre seguida, que ha aportado un muy alto grado de estabilidad a nuestra democracia (y la estabilidad, no se olvide, es nutriente principal de la confianza, componente clave, a su vez, del quehacer empresarial y de toda la actividad económica). Un tercio de siglo puede estar así llegando a su término.

No va a ser 2015, pues, un año cualquiera. Hoy presenta muchos ingredientes para constituir, más bien y en diversos terrenos, final de una etapa y comienzo de otra. Un año crucial, en definitiva.

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