Otro referéndum

Es el que se celebrará el 27 de septiembre en Cataluña, si se mantiene el propósito de la presidencia de la Generalitat de convocar elecciones autonómicas con carácter plebiscitario, con la reafirmada determinación de proceder en su caso a una declaración unilateral de independencia. Y aunque el tema no se instale definitivamente en el centro del escenario público español hasta las vísperas de la próxima Diada —“Vía libre a la República catalana” es el lema elegido esa vez, hay que agradecer la franqueza—, su importancia bien merecería prestarle ya atención preferente.

La deriva durante el último lustro de una parte muy apreciable del nacionalismo catalán hacia una posición nítidamente independentista se resiste a explicaciones simplonas. Tiene que ver, sin duda, con la defectuosa gestación, en todos los tramos del proceso, del Estatuto de Autonomía de 2006. Asímismo, con el apoyo activo, y no poco paradójico, que la opción soberanista ha recibido por parte de la clase intelectual más cualificada, cosmopolita e influyente —la intelligentsia— de catalanes nacidos en los dos decenios posteriores a la Guerra Civil. Y también, claro está, con la crisis económica e institucional padecida: la independencia como tabla de salvación particular ante el riesgo de naufragio del país entero. Como fuere, no es un fenómeno susceptible de diagnóstico sencillo.

De ahí las obligadas reservas a la hora de vaticinar el futuro inmediato en este frente. Si una de las causas del auge independentista ha sido la crisis, en todas sus dimensiones, lo esperable será un reflujo del tal marea al superarse aquella: así lo evidenciaría ahora, en el marco de la bien apreciable recuperación económica, el declive del independentismo en los más recientes sondeos de opinión. Por su parte, las cuotas de votantes que también ahí sean capaces de captar Ciudadanos y Podemos restarán asimismo peso a las formaciones independentistas. Y es igualmente cierto que con el paso de las semanas se van haciendo más patentes las actividades y los pronunciamientos de aquella parte de la sociedad civil catalana contraria a la separación. La pelota está en el aire, y probablemente al partido le quede mucho… al menos por un cierto tiempo (que eso es, con unos u otros matices, lo que nos lega la historia, ya sea la experiencia de la Mancomunidad en la Restauración, o la del Estatuto de Autonomía en la II República o la del propio régimen autonómico en nuestros días).

El tema es muy serio, y todavía más si se pone en relación con la poco relevante presencia en el País Vasco y en Navarra de los partidos de rango nacional a escala de toda España. El “desanclaje” de cualquiera de esas piezas territoriales en la arquitectura constitucional española tendría efectos mayúsculos; el de las tres, sencillamente incalculables. De ahí que la del 27 de septiembre sea una prueba de enorme trascendencia, tanto para la integridad territorial de España como para la articulación constitucional de nuestra democracia.

Coda. Todo menos mirar para otro lado, o solo de soslayo. Ese otro referéndum, con la amenaza que conlleva de empujar hacia una fractura política y social dentro de la propia Cataluña y con su inevitable proyección fuera de nuestras fronteras, constituye hoy nuestro problema capital.

Responsabilidad versus alarma

Dado que los resultados del 24 M no constituyen sino la crónica de un cambio anunciado, ahora el alarmismo está de más. Las alarmas, de ser necesarias, deberían haber saltado antes, incluso mucho antes, pues el cambio profundo que las urnas han expresado se ha cocido a fuego lento; al persistente calor suministrado por la erosión de las clases medias y la creciente desigualdad durante largos años de crisis, por la carencia de iniciativas de los partidos hegemónicos para impulsar una regeneración creíble de la democracia y por la ausencia —o el desprecio— de cualquier asomo de pedagogía social a la hora de hacer entender a la ciudadanía los costes de sanear una situación económica comatosa. Ha habido mucho tiempo, en efecto, para alertar del impacto que todo ello acabaría teniendo en el escenario político habitual en las últimas tres décadas. Lo que conviene en este momento es llamar la atención sobre las oportunidades que abre.

Tres, al menos, son discernibles. Primera: los resultados electorales abren el juego político competitivo, con un doble beneficio: por una parte, incorpora a la política institucional movimientos o plataformas sociales que se movían únicamente en el terreno de la protesta; por otra, promueve movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en los viejos partidos (“o cambiamos o nos cambian”, esa es para ellos ahora la cuestión hamletiana). Segunda: la cultura de pactos y de cooperación política pasa a ser asignatura obligatoria, que no meramente optativa, con todas las ventajas —si prevalece la altura de miras— que ello supone, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. La cultura del compromiso, de la negociación para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, los veteranos y los recién llegados, entonces el nuevo mapa, aunque más compartimentado —o fragmentado—, habría que contemplarlo no como amenaza sino como oportunidad de construir una democracia más vigorosa. No se olvide que ineficacia o corrupción es lo que más mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¿Alguien lo duda a estas alturas? Precisamente ello conduce a la tercera oportunidad que crea el nuevo contexto: la necesidad de acuerdos de gobernabilidad entre diversos partidos facilitará mayor transparencia, mayor disciplina y exigencia frente a la corrupción, mejor control de la gestión, una prioridad indiscutible en las circunstancias actuales.

No son, pues, vaticinios agoreros lo que se necesita en esta hora. Sí, en cambio —y así se ha pronunciado el Círculo Cívico de Opinión—, apelar a la responsabilidad de quienes gobiernen para hacer realidad lo que desea la sociedad española: superar la crisis en todas sus dimensiones, dando por hecho que los servicios públicos van a continuar funcionando como corresponde a un país desarrollado y que no asistiremos a una parálisis provocada por conflictos institucionales; que se va a combatir enérgicamente la corrupción y la apropiación de las instituciones por los partidos; que se buscará solución a los conflictos territoriales, y que no se abandonará la dirección adecuada para la recuperación económica, porque el empleo de calidad lo crean las políticas apropiadas, no el voluntarismo.

Responsabilidad versus alarma

Dado que los resultados del 24 M no constituyen sino la crónica de un cambio anunciado, ahora el alarmismo está de más. Las alarmas, de ser necesarias, deberían haber saltado antes, incluso mucho antes, pues el cambio profundo que las urnas han expresado se ha cocido a fuego lento; al persistente calor suministrado por la erosión de las clases medias y la creciente desigualdad durante largos años de crisis, por la carencia de iniciativas de los partidos hegemónicos para impulsar una regeneración creíble de la democracia y por la ausencia —o el desprecio— de cualquier asomo de pedagogía social a la hora de hacer entender a la ciudadanía los costes de sanear una situación económica comatosa. Ha habido mucho tiempo, en efecto, para alertar del impacto que todo ello acabaría teniendo en el escenario político habitual en las últimas tres décadas. Lo que conviene en este momento es llamar la atención sobre las oportunidades que abre.

Tres, al menos, son discernibles. Primera: los resultados electorales abren el juego político competitivo, con un doble beneficio: por una parte, incorpora a la política institucional movimientos o plataformas sociales que se movían únicamente en el terreno de la protesta; por otra, promueve movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en los viejos partidos (“o cambiamos o nos cambian”, esa es para ellos ahora la cuestión hamletiana). Segunda: la cultura de pactos y de cooperación política pasa a ser asignatura obligatoria, que no meramente optativa, con todas las ventajas —si prevalece la altura de miras— que ello supone, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. La cultura del compromiso, de la negociación para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, los veteranos y los recién llegados, entonces el nuevo mapa, aunque más compartimentado —o fragmentado—, habría que contemplarlo no como amenaza sino como oportunidad de construir una democracia más vigorosa. No se olvide que ineficacia o corrupción es lo que más mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¿Alguien lo duda a estas alturas? Precisamente ello conduce a la tercera oportunidad que crea el nuevo contexto: la necesidad de acuerdos de gobernabilidad entre diversos partidos facilitará mayor transparencia, mayor disciplina y exigencia frente a la corrupción, mejor control de la gestión, una prioridad indiscutible en las circunstancias actuales.

No son, pues, vaticinios agoreros lo que se necesita en esta hora. Sí, en cambio —y así se ha pronunciado el Círculo Cívico de Opinión—, apelar a la responsabilidad de quienes gobiernen para hacer realidad lo que desea la sociedad española: superar la crisis en todas sus dimensiones, dando por hecho que los servicios públicos van a continuar funcionando como corresponde a un país desarrollado y que no asistiremos a una parálisis provocada por conflictos institucionales; que se va a combatir enérgicamente la corrupción y la apropiación de las instituciones por los partidos; que se buscará solución a los conflictos territoriales, y que no se abandonará la dirección adecuada para la recuperación económica, porque el empleo de calidad lo crean las políticas apropiadas, no el voluntarismo.

No solo viento de cola

Es un dato que despeja dudas: el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año, nueve décimas respecto al trimestre anterior (que coloca la tasa interanual en un 2,6 por ciento), indica un vigor más que notable en la fase de recuperación de la economía española. Nada que ver con el desmayado repunte que se conoció en 2010 (entonces el aumento del PIB, en tasa interanual, no sobrepasó el 0,5 por ciento), breve interludio entre las dos recesiones padecidas entre 2008 y 2013. Ahora los sucesivos registros trimestrales ofrecen consistencia (son ya siete positivos en medida intertrimestral) y están acompañados de múltiples indicadores en la misma dirección.

Al Gobierno le ha faltado tiempo para airearlo, pues supone un verdadero “vuelco” de la situación comatosa que se encontró al comenzar su andadura. Y ha aprovechado para presentar el Programa de Estabilidad, 2015-18, antes de remitirlo a la Comisión Europea, en el que se dibuja un nuevo ciclo propiamente expansivo, con crecimientos altos y mantenidos del PIB y del empleo, reducción sustancial del déficit público y buenos registros en el sector exterior. Su cumplimiento permitiría recuperar en 2016 el PIB perdido en los años de recesión más aguda (hasta 7,5 puntos porcentuales) y rebajar en el cuatrienio casi diez puntos la tasa de desempleo (dejándola en 15,6 por ciento en 2018): buen balance, aunque no para tirar cohetes: nos habrá costado cinco años más que Alemania o a Francia esa recuperación del valor de nuestra producción de bienes y servicios, y al terminar la década el desempleo estaría todavía lejos de bajar de los dos dígitos.

Hay motivos, en todo caso, para la autoestima (algo muy distinto de la autocomplacencia, siempre mala compañera, por decirlo al modo ramoniano) y también para el elogio. Es verdad que varios factores ajenos han concurrido para empujar con fuerza en los últimos meses: facilidades de financiación del BCE, abaratamiento del petróleo, depreciación del euro; pero todos ellos también han estado soplando las velas de los demás, y prácticamente nadie en la Eurozona los ha aprovechado tanto como la economía española. Algo habrá que poner también en el haber de la agenda reformista desplegada durante la legislatura que ya emboca su final. Y también, y no desde luego en último lugar, convendrá subrayar el meritorio comportamiento de las empresas españolas, que han sabido capear el temporal demostrando una sobresaliente capacidad de gestión: tómese como referencia que, en las más adversas circunstancias, han ampliado su radio de acción en los mercados internacionales (más del 50 por ciento de las exportaciones españolas ya se colocan fuera de la Eurozona), aumentando año a año el censo de las empresas exportadoras (ya en torno a 150.000). Un desempeño ciertamente elogiable, dado el papel decisivo que en una economía avanzada y en una sociedad abierta le corresponde al empresario, uno de los pilares fundamentales del tejido social. Y se necesitará la movilización de toda la sociedad civil para dejar definitivamente atrás una crisis que tan profundas heridas ha causado. No bastará con el viento de cola.

El año de los tres test

El título que encabeza estas líneas no quiere recordar alguna vieja película de Saura (“Stress es tres, tres”, aburridísima, por cierto), ni tampoco los juegos aliterativos que tan brillantemente dominaba Cabrera Infante (“Tres tristes tigres”); tan solo pretende señalar que durante el curso de 2015 se evaluará en tres campos distintos la aptitud de España para mirar de frente al futuro inmediato.

Primero, test para la democracia. A tenor de los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y de los sondeos de opinión, 2015 está destinado a alumbrar un nuevo escenario político, con pérdida de peso de los dos grandes partidos y la comparecencia relevante de nuevas formaciones políticas de rango nacional: 4 en vez de 2; cuando menos, bipartidismo corregido, dejando atrás casi un tercio de siglo de mayorías absolutas, para abrir un nuevo pasaje en la historia presente de nuestra democracia, donde la estabilidad tendrá que basarse no en la hegemonía de un partido sino en acuerdos mantenidos entre diversos grupos parlamentarios o, eventualmente, en la destreza de quienes gobiernen con el respaldo sólo de una minoría mayoritaria en los respectivos parlamentos. Ambas situaciones, debe añadirse, ni son singulares en Europa —en toda la UE proliferan nuevos partidos, “insurgentes” los ha calificado el “Times” londinense— ni son tampoco desconocidas entre nosotros, tanto en la práctica de bastantes gobiernos autonómicos como en el ciclo político de la Transición. No nos adentramos, pues, en un territorio ignoto, absolutamente desconocido, hay que subrayarlo. Como conviene alertar contra la idea de que sólo las mayorías absolutas procuran estabilidad y son eficaces para combatir la incertidumbre: mucho mejor es el buen funcionamiento de las instituciones y una cultura de concertación, de pacto sobre intereses generales o públicos. La cultura del acuerdo como bien democrático, del compromiso como deber ciudadano, de la negociación como fuente de proyectos colectivos compartidos. Un buen examen de aptitudes y actitudes democráticas.

Segundo test, el de la recuperación económica, el de su solidez. Los indicadores se muestran unánimes en sentido positivo: tanto los que captan el “clima” (“confianza de los consumidores”, “sentimiento económico”) como los que registran la evolución de la actividad productiva (general o sectorial), tanto los relativos a la inversión como los que miden las ventas del comercio y el consumo de bienes representativos, tanto los financieros (crediticios y bursátiles) como los del mercado del trabajo. Después de siete años de caída o de bajo crecimiento, 2015 puede acabar arrojando una tasa (en torno al 3 por ciento) fronteriza con una fase propiamente expansiva, que facilitaría recuperar pronto el terreno perdido en términos de PIB (-7,5 por ciento) durante la crisis. Aún prolongándose las secuelas de esta —paro, desigualdad, deuda, déficit—, 2015 supondría así la recuperada capacidad de la economía española para conocer otro ciclo de crecimiento.

Queda el tercero, el tercer test de este año no poco crucial para España. Es el menos novedoso, aun cuando tenga notas diferenciales con sus precedentes: el del nacionalismo soberanista. Del 9 de noviembre de 2014 al 27 de septiembre de 2015. Otra vuelta de tuerca, otra prueba de resistencia de materiales. Tendremos ocasión de hablar de ello.

Un voto de confianza

Frente a tantos alarmistas —de ocasión o habituales— que hoy alzan la voz ante el repleto calendario electoral que nos espera y el anunciado declive del bipartidismo que ha prevalecido en los tres largos últimos decenios, anticipando procelosos escenarios de elevada incertidumbre e ingobernabilidad, no será ocioso señalar algunas de las no pocas notas esperanzadoras que ofrece esta hora de España. Y no solo en el plano de la economía.

Positivo es, desde luego, el creciente dinamismo de la sociedad civil, materializado en multiplicación de iniciativas de muy diverso género: creación de asociaciones no corporativas con propósito de atender intereses generales, grupos con vocación de enriquecer el debate público, nuevos medios de comunicación (periódicos y blogs generales o especializados, aprovechando las facilidades de Internet y las redes sociales), think tanks ajenos al poder político, y un largo etcétera. Activismo pujante que dice mucho y bien de una sociedad civil que no deja en manos solo de los políticos el cuidado de lo público. Con ese rostro especialmente atractivo que es el auge entre nosotros del voluntariado, en la estela de los países más desarrollados y sociedades más abiertas. Hay en todo ello, me parece, elementos muy significativos de cohesión social, con efectos estabilizadores de fondo en cualquier contingencia de cambio.

A su vez, la emergencia de nuevas formaciones políticas en liza electoral puede tener también una lectura alentadora. Servirán de cauce de al menos una parte de potenciales votantes que de otra forma estarían tentados de mantenerse en la abstención, están obligando a desperezarse a los partidos que han ostentado la mayoría en uno u otro momento, y la probable dispersión de votos —del bipartidismo al cuadripartidismo— exigirá mayores capacidades que las ahora demostradas para negociar acuerdos de gobierno y firmar pactos a varias bandas, sin que ello deba redundar necesariamente en inestabilidad. Las pulsiones más desestabilizadoras provienen siempre del mal funcionamiento —por impericia o por corrupción— del propio sistema. Nótese, además, que la incorporación de esas nuevas formaciones políticas al engranaje de la democracia representativa, rubrica de facto la vigencia de ésta y la posibilidad de hacerla más participativa y más deliberativa. Probablemente, el pluralismo real de la sociedad española actual es difícil que quepa ya en los moldes invariados de tan solo dos partidos, por flexibles que estos sean con sus respectivas facciones internas.

No faltan, por tanto, razones para la esperanza, aunque no sea aconsejable bajar la guardia. Es lo mismo que puede decirse de la economía, hoy bajo el signo de una recuperación no solo consolidada (ya seis trimestres consecutivos con crecimiento del PIB), sino también vigorosa (ritmos de avance cercanos al 3 por ciento), pero que necesitará mantener un buen pulso reformista para dar paso a una fase propiamente expansiva.

Alejémonos, pues, de los agoreros. La sociedad, la economía y la escena política están hoy emitiendo en España señales evidentes de vitalidad. En un año en que seremos convocados repetidamente a las urnas, nos merecemos, en conjunto, un voto de confianza.

Un año crucial

Enero se ha despedido eliminando cualquier duda acerca del singular relieve que está destinado a alcanzar 2015. No sólo en España; también a escala europea el primer mes del año ha concluido con novedades que anuncian cambios de largo recorrido, quizá de época, con Draghi y Tsipras, cada uno por su lado, como abanderados. Aquí, en todo caso, ese adiós ha estado acompañado de señales anticipadoras de un ejercicio que está llamado a ser gozne entre tiempos muy distintos, una encrucijada, por eso mismo, en la historia de nuestro presente. Tres me parecen especialmente destacables. Primera, la convocatoria de los comicios autonómicos en Andalucía, que viene a redondear el intenso, el apretado (disparatado) calendario electoral que nos espera a lo largo del año; segunda, la publicación de diversos indicadores económicos expresivos de una recuperación que toma fuerza; tercera, la multitudinaria manifestación que ha llenado el centro de Madrid justo el último día de Enero, demostrando una más que notable capacidad movilizadora por parte de sus convocantes. Ninguna de ellas nos debe dejar indiferentes.

La cargada agenda de llamamientos a las urnas, uno por trimestre (elecciones andaluzas en marzo, locales y también autonómicas en mayo, catalanas en septiembre, y generales probablemente en noviembre o diciembre, todas las cuales se interpretarán en clave nacional), marcará el tono en el espacio público. El tono bronco y artificioso, tan ruidoso como hueco, que suele presidir casi siempre las campañas electorales, esa servidumbre de la democracia en tanto invitan a la simplificación de planteamientos y programas, a ofrecer duros a cuatro pesetas (o a menos) y a utilizar tan solo el blanco y negro para dibujar la realidad: el peor ambiente para gobernar y también para hacer oposición atendiendo a los intereses generales y no a los meramente partidistas.

Ninguna buena ayuda, sin duda, para el afianzamiento del proceso de recuperación que, semana a semana, parece cada vez más perceptible. Del mercado de trabajo al de la vivienda, del sector exterior al del comercio minorista, los signos positivos que van conociéndose hacen de 2015 un año decisivo para abrir en su curso una nueva fase de crecimiento económico, dejando atrás definitivamente la alargada sombra de una honda y severa crisis.

Por su parte, la vigorosa irrupción en el escenario político de nuevos interlocutores organizados (Podemos, pero no sólo él) implicará muy posiblemente el fin de la prolongada etapa de predominio indiscutido del bipartidismo, con la correspondiente alternancia en el gobierno de la nación. Desde las elecciones generales celebradas a finales de 1982, ese ha sido el modelo, la pauta siempre seguida, que ha aportado un muy alto grado de estabilidad a nuestra democracia (y la estabilidad, no se olvide, es nutriente principal de la confianza, componente clave, a su vez, del quehacer empresarial y de toda la actividad económica). Un tercio de siglo puede estar así llegando a su término.

No va a ser 2015, pues, un año cualquiera. Hoy presenta muchos ingredientes para constituir, más bien y en diversos terrenos, final de una etapa y comienzo de otra. Un año crucial, en definitiva.

Ante un calendario adverso

En la primera página de un viejo manual de Derecho Civil, que hace ya más de cincuenta años era una leyenda en la Facultad de Derecho de la Universidad madrileña, y no tanto por su calidad, que la tenía, como por la obligación de memorizarlo casi íntegramente para superar el correspondiente examen —el “Compendio”, de Federico de Castro, uno de los grandes maestros de los juristas españoles contemporáneos—, se leía que aquel era un tiempo “más que de crisis, de psicosis de crisis”. No sé si ese escueto diagnóstico, bien representativo de la extraordinaria concisión del texto citado, era acertado para su época, pero quizá sí sea válido para este arranque del 2015 en España, cuando una buena parte de la opinión pública expresa una sensación de desaliento que no se corresponde con los registros de muchos indicadores y “signos externos”, y no sólo en el ámbito de la economía. Tan urgente como desechar un frívolo triunfalismo, será entonces combatir cualquier estado colectivo de frustración, cuyos efectos nunca serán buenos.

El país funciona mejor no solo de lo que bastantes dicen, sino también de lo que muchos creen. El ajuste macroeconómico logrado, en términos de equilibrio externo, merece un sobresaliente: pasar en muy pocos años de necesitar que el resto del mundo nos financiara un 10 por ciento del PIB a autofinanciarnos, sin poder devaluar, ha sido un éxito, aunque haya acarreado —“devaluación interior”— altos costes sociales. Algo parecido puede decirse del sistema bancario, que, después de afrontar una severa reconversión —con la ayuda de los recursos aportados por los contribuyentes y las entidades sanas—, hoy ofrece comparativamente un buen estado de revista, como han revelado las más recientes pruebas del Banco Central Europeo. Más importante aún: tras varias andanadas de duros recortes presupuestarios, el sistema de protección social, con servicios y prestaciones de muy amplio espectro, se mantiene en pie y sólido. Y engranajes institucionales que son clave en una democracia, como la justicia, están actuando con probada independencia en medio de situaciones ciertamente comprometidas; así lo demuestran, un día sí y otro también, el curso de determinados procesos que involucran, según los casos, a altas magistraturas del Estado, a partidos políticos, a organizaciones sindicales y a prominentes gestores empresariales. El funcionamiento del país, por decirlo de nuevo de modo coloquial, no merece una visión derrotista. La propia emergencia a la luz pública de la corrupción, tan caudalosa, sin duda indica la “putrefacción” de ciertas élites, pero también es señal de capacidad de reacción social e institucional.

Deberíamos encarar el nuevo año, por tanto, con entereza. No va a ser fácil, pues el nutrido calendario electoral de los próximos doce meses, con plurales convocatorias —locales, autonómicas, generales— propiciará todo menos análisis realistas en quienes quieran ganar adhesiones entre los votantes y determinación política en quienes tienen la responsabilidad de hacer frente a las secuelas de los desequilibrios padecidos y a prolongadas deficiencias estructurales. Pedagogía social y acción gubernamental decidida es lo que hemos de pedir. No estamos ante un fracaso colectivo, pero los problemas planteados —ahora más de orden político que económico— no admiten tiempos muertos o administrados en función de intereses electorales. El crecimiento ha vuelto a la economía española, pero su continuidad y vigor exigen honestidad en las propuestas y pulso político firme, lo mismo que demanda la calidad de nuestra democracia.

La mejor “Marca España”

Con tanto ruido ambiente en nuestro escenario nacional, se corre el riesgo de no prestar atención a hechos tan alentadores como ajenos al alboroto; ya lo dijo Goethe: “solo el bien es silencioso”.

Por eso conviene dar aquí la bienvenida a una obra (“España en la inversión directa internacional”) que ofrece un análisis excelente de la inversión extranjera directa (IED) española, acaso el flanco más positivo y prometedor del desempeño de nuestra economía en el curso de los dos últimos decenios. Dirigida por un prestigioso economista académico, Rafael Myro, y editada con esmero por el Instituto de Estudios Económicos, reúne las firmas de una decena de reconocidos expertos que abordan, siguiendo un esquema eficazmente vertebrado, la inserción de España, como receptora y como emisora, en un proceso global de flujos internacionales de capital extraordinariamente dinámico desde finales de los años noventa. Proceso en el que España avanza a pasos agigantados, pasando de receptor neto a importante inversor en el exterior, de modo que el volumen de stock de capital de nuestras empresas multinacionales ya iguala al que poseen las extranjeras en el territorio nacional.

Una buena parte de las aportaciones más llamativas del libro se centra precisamente en el estudio del espectacular crecimiento de la inversión de las empresas españolas en el exterior. Son ya 2.500 con 4.500 filiales en el exterior. Las grandes, por supuesto, absorben un gran porcentaje del total, pero ese universo está cada vez más nutrido de empresas medianas con una admirable vitalidad. Son empresas de banca, telecomunicaciones, energía y comercio, pero también de manufacturas, ocupando ahí posición prominente metalurgia, minerales no metálicos, química, alimentación y vehículos y piezas. La Unión Europea (41 por ciento del total) y Latinoamérica (30 por ciento) son las localizaciones preferentes, en un caso por cercanía geográfica e institucional y en otro por esa valiosísima proximidad que procuran lengua y cultura comunes. Es un esfuerzo inversor que resulta rentable para quienes lo hacen y que tiene efectos muy positivos para el conjunto de la economía española. La rentabilidad obtenida por las empresas españolas en el exterior (promedio del 12 por ciento sobre los fondos propios) supera holgadamente a la lograda en el mercado nacional, lo que debe interpretarse como un respaldo a su estrategia de internacionalización, buscando afirmar las economías de escala y rentabilizar activos intangibles, de la mano casi siempre del incremento de las exportaciones. Al tiempo, la repercusión de esas inversiones foráneas de empresas españolas ha sido muy favorable —tómese buena nota— en términos de creación de empleo aquí, de igual modo que sobre la cualificación laboral, la intensidad tecnológica y las exportaciones. Incidencia positiva, en suma, de la IED sobre la economía española, que debe actuar como estímulo para reforzar la política de promoción de nuestra inversión en el exterior, complementando las acciones de las agencias especializadas —ICEX a la cabeza— con algunas otras que exhiben las oficinas innovadoras de los principales países desarrollados. Nos va a todos —esto es, a los intereses generales del país— mucho en ello. Nuestras empresas en el exterior son —nadie lo dude— la mejor “Marca España”.

Es la política

La apuesta era afrontar sin dilación la crisis económica para que los primeros logros de la ansiada recuperación aseguraran un horizonte libre de incertidumbre política a medio plazo. Planteamiento tan plausible como simplista, al que la realidad, siempre compleja, está poniendo bocabajo, pues es una crisis de índole política lo que no sólo amenaza con desestabilizar el marco institucional sino también con poner palos en las ruedas de la recuperación económica. No es la economía; la política es el problema.

Y de los varios rostros que este presenta, el principal no es, con ser grave, el del nuevo independentismo catalán, sino el de la crisis de liderazgo y de credibilidad que afecta a muchos de los actores de la escena pública y de modo fundamental a los políticos. La interminable sucesión de casos de corrupción es demoledora, actuando de disolvente del vínculo representativo en que se basa la democracia, deslegitimando en la práctica a quienes, a través de las urnas, se les ha encomendado el ejercicio de unos u otros cargos y responsabilidades en la gestión de los intereses públicos. Un verdadero torpedo contra la cohesión social que distingue a las democracias de calidad y a las economías más abiertas y prósperas. La brecha de desafección —o hartazgo o, todavía peor, desmoralización— entre políticos y ciudadanos es enorme, tan grande como justificada. Dicho de otro modo: el reguero de casos de corrupción política —o en los aledaños del plano político— produce efectos perversos sobre la legitimidad de los representantes y, por ende, de las instituciones; su percepción generalizada es devastadora para la democracia, provocando un claro proceso de falta de credibilidad y de desapego que se proyecta hacia todo el sistema.

Téngase en cuenta, además, que la corrupción se retroalimenta al menos de dos formas. En primer lugar, el corruptor necesita de alguien corruptible, que se transforma a su vez en posible futuro corruptor; en segundo lugar, el corrupto se protege de la vigilancia de superiores e inferiores incorporándolos al botín, lo que ellos harán de nuevo más adelante. Lo que equivale a decir que la corrupción propiamente política brota con especial fuerza allí donde existe una cultura cívica tolerante con otras conductas corruptas menos visibles o llamativas. Por eso combatirla concierne a toda la ciudadanía.

De ahí que sean especialmente saludables las iniciativas que desde la sociedad civil se brindan con ese objeto, como la que acaba de hacer pública el Círculo Cívico de Opinión (www.circulocivicodeopinion.es) volviendo sobre anteriores pronunciamientos de meses atrás: la propuesta de un gran pacto por la regeneración y revitalización de la democracia, con todas las medidas necesarias para rehacer la legitimidad perdida por parte de la política y sus titulares. Un pacto que exija una nueva regulación del sistema representativo —partidos políticos, sistema electoral, régimen de incompatibilidades, aforamientos—, de las fuentes encargadas de preservar la transparencia y la ética pública, y, en general, de cuanto contribuya a suturar el distanciamiento producido entre ciudadanía y clase política.

Es, más que en ningún momento anterior de nuestra democracia, el tiempo de la política.

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