El tiempo sí importa

La democracia es principios pero también formas; estas sirven para respetar aquellos, facilitando que prevalezcan. Las formas, a su vez, son comportamientos pero también formalidades —“trámites”, como gustara decir Tierno Galván—, que implican protocolos pautados, cuya inobservancia contribuiría a desnaturalizar el sistema. La democracia requiere sus tiempos.

Especialmente en situaciones complejas como la que han deparado los resultados del 20D. Porque, en contra de lecturas sesgadas o simplonas, las urnas no se han pronunciado inequívocamente ni a favor del cambio ni a favor de la continuidad; se ha fragmentado la representación parlamentaria, pero sin una decantación inapelable hacia uno de los lados. Por eso el escenario resultante es todo menos simple, y moverse en él exige tiento y tiempo, pues obliga a consultas, negociaciones y acuerdos no fáciles. Lo óptimo sería encontrar un buen equilibrio entre esos dos polos, entre el amplio respaldo que han obtenido las opciones partidarias de poner coto a las malformaciones del bipartidismo alternante y el apoyo no pequeño que siguen teniendo las posiciones establecidas. Descartar de partida —vetos mediante— a unos u otros interlocutores no es el mejor camino para encontrar la combinación adecuada. Esto es, la que más se ajuste a las preferencias expresadas con el voto: cambio pero no radical, continuidad pero no prolongación de un estado de cosas insatisfactorio para la mayoría. Estabilidad para reformar, una buena síntesis.

El paso de los días, por otra parte, aunque lento dadas las tareas que esperan, no está resultando indiferente al desenlace. Dos casos, al menos, lo corroboran. Primero: los que precisamente por su desprecio de las formas parece que quisieran autoexcluirse. Segundo: los que son víctima de su propia indolencia frente a la principal amenaza de nuestra democracia: la corrupción, esa voraz planta que trepa por el árbol de la política, y que no podrá extirparse mientras convivir con ella no implique pérdida de poder o de oportunidades de conseguirlo.

Hay que aprovechar, en todo caso, cada hora. No están las circunstancias para pausas ni cómodos recesos: ni en el entorno más próximo, ni en nuestra propia casa. El proyecto europeo vuelve a situarse en una encrucijada: a las muchas tensiones políticas y sociales que ha provocado la crisis económica se suman hoy el impacto del terrorismo, la crisis de los refugiados y conflictos geoestratégicos de largo alcance. Terreno fértil para la proliferación de propuestas y movimientos populistas con voluntad de parar o desandar parte de lo ya recorrido: “la Europa del no”, como se ha escrito con brillantez (J. Gual): la que no acepta cuotas de refugiados, la que se opone a culminar la unión bancaria, la que no quiere compartir el control del cambio climático, la que recorta derechos políticos… En todos esos flancos los próximos meses serán decisivos, una instancia adicional de urgencia para despejar los componentes de incertidumbre que dependen de nosotros mismos. Desde la perspectiva económica, dicha clarificación no admite demoras: el calendario para la refinanciación de los altos niveles de endeudamiento es inapelable y la confianza de los agentes económicos tiene ahora los dos ojos puestos en el clima político.

Tiempo, sí, pero solo el estrictamente necesario. Incluso en carnaval.

Pacto y reforma

Dónde está el peligro también está la salvación. Sin ignorar los riesgos, hay que aprovechar las oportunidades. Se trata de España, y del complejo escenario que estrena 2016.

Tres problemas comparecen simultáneamente. El primero es Cataluña. Primero y principal: no es de naturaleza jurídica, ni tampoco ya de contenido económico; es de orden político, y del nivel más alto por razones obvias: el desafío independentista marca el paso. El segundo es la economía: conseguir dar continuidad a la recuperación que en el curso del año pasado ha cobrado fuerza, pero que encara obligadamente un triple reto: uno, la enorme tasa de paro, cuyos componentes crónicos serán difícilmente combatibles sin avanzar en la modernización del mercado laboral; otro, las finanzas públicas, con un déficit que se resiste a bajar y con un endeudamiento que alcanza el cien por cien del PIB; finalmente, el sector exterior, para mantener su buen desempeño de los ejercicios más recientes en el marco de un crecimiento que ahora se anuncia “decepcionante” para la economía mundial. El tercer problema tiene carácter envolvente pues atiende a la regeneración institucional y al rearme moral tan insistentemente demandados por la ciudadanía; exigencia de regeneración y rearme que explica cumplidamente los resultados del 20D.

Todo ello conforma una situación hasta un punto inédita —es el término hoy más repetido— en la democracia española, sin duda amenazante aunque también promisoria: una oportunidad de relegitimación de un sistema que tantos logros ha cosechado para la España de nuestro tiempo en términos de prosperidad económica, apertura internacional y cohesión social. La pelota está en el tejado de los partidos políticos; y la sociedad civil debe pedírselo imperiosamente.

Así lo hace, por ejemplo, el reciente pronunciamiento del Círculo Cívico de Opinión a favor de abordar en la legislatura que comienza una profunda reforma política en tres etapas sucesivas. Como punto de arranque, un gran pacto político entre los principales partidos que ratifique la unidad de España y la obligación de respetar la Constitución y las leyes, también para cualquier modificación de las mismas. Acto seguido, la formación de un gobierno estable que encare los numerosos problemas de ineficiencia institucional en las administraciones públicas, en el funcionamiento de los partidos políticos, en la ley electoral, en la gigantesca y anquilosada clase política, en el desaforado aforamiento, en el burocrático funcionamiento del Congreso y del Senado, en la fiscalidad y en el sistema de financiación autonómica. El corolario —o tercer paso— la reforma de la Constitución de 1978. Renovación del texto constitucional que ha de tener como parte esencial una nueva articulación territorial del Estado como alternativa al actual dilema catalán entre la independencia y el statu quo, y que deberá ser refrendada en referéndum en toda España, lo que quiere decir también en Cataluña, integrando de nuevo así a la ciudadanía catalana en un proyecto común.

La ocasión es propicia, no debe desperdiciarse. Que no nos sea aplicable la sentencia de Yeats, tan oportunamente recordada estos días: “los mejores carecen de toda convicción y los peores están llenos de apasionada intensidad”.

Más que el 20%

No ha sido una legislatura perdida, pero la gravedad del pronunciamiento secesionista catalán deja fuera de encuadre casi todo lo demás.

Lo conseguido ha sido, desde luego, muy apreciable. La recuperación económica cobra consistencia trimestre a trimestre —y van nueve con el tercero de 2015—, alejando cada vez más un lustro, entre 2008 y 2013, que conoció dos severos episodios recesivos. Cuando apenas han pasado tres años de una situación calamitosa, la última previsión del FMI coloca a España como la cuarta economía más pujante de la eurozona (solo por detrás de Irlanda, Luxemburgo y Eslovaquia), con un ritmo de crecimiento que doblará el del promedio de la eurozona y la creación de 600.000 puestos de trabajo a lo largo del año. Un éxito, nadie debería escatimarlo.

En el propio ámbito estrictamente político, las novedades se suceden deprisa, sin duda como respuesta a una sociedad civil que está demostrando dinamismo y capacidad de iniciativa. La aparición de nuevas formaciones políticas, ahora en liza electoral, y los movimientos adaptativos de los partidos más asentados están promoviendo un proceso no menor de renovación generacional y de comunicación con la sociedad. Queda mucha tela por cortar si se quiere sanear de verdad el sistema político y ganar calidad institucional, pero el final de la legislatura termina también en este terreno con expectativas muy distintas —para mejor— a las de su arranque.

La deriva del “problema catalán”, sin embargo, lo tiñe todo. Y no injustificadamente. Un tema fundamental, cualquiera que sea la perspectiva desde la que se contemple. La que proporciona la economía es concluyente: desgajar a Cataluña del resto de España tendría unos enormes costes, tanto de un lado como de otro. Todos saldríamos perdiendo, y quizá lo que menos importe es quién más, porque en cualquier caso sería mucho. Cataluña perdería el principal mercado para lo que sus fábricas producen: todavía en los últimos veinte años el 40 por ciento de las ventas de productos catalanes ha tenido como destino el resto del mercado nacional. Asimismo, la Cataluña separada se toparía con un problema de ahorro insuficiente, pues necesita que el sistema bancario desplace hacia allí ahorro del resto de España para financiar sus inversiones. Y una Cataluña independiente, excluida de la UE y de la Unión monetaria, tendría que arrostrar muy serias dificultades, tanto si optara por seguir utilizando el euro —sus bancos carecerían de acceso a la liquidez del BCE—, como si la opción fuera crear una moneda propia, que nacería necesariamente devaluada y en medio de la desconfianza de los mercados. Un desastre. Como lo sería para España: Cataluña aporta cerca del 20 por ciento al PIB español, pero es mucho más: ha sido motor principal en todo el proceso de modernización social y económica, y sigue siendo una pieza central de nuestro tejido productivo y de la cultura empresarial española. Y en Cataluña tiene España su frontera más importante con Europa: para el paso de personas y mercancías, pero también en términos de ósmosis cultural y científica. El desgajamiento, en suma, supondría empobrecimiento, y muy agudo, para ambas partes. Por eso, nos guste o no, es nuestro problema nº 1.

Motivos para la autoestima

Si los sondeos aciertan, como es del todo probable, las elecciones del 20D abrirán un nuevo ciclo político. Al bipartidismo hegemónico prevaleciente durante casi cuatro décadas va a sucederle un esquema distinto: PP y PSOE se repartirán aproximadamente el 50 por ciento de los votos, pero otras dos formaciones con proyección nacional (Ciudadanos y Podemos) pueden sumar una parte sustancial de la otra mitad de las preferencias de los electores. Un cambio de escenario inédito en nuestra democracia. Hay razones para saludarlo esperanzadoramente.

La primera responde a lo que ya es un hecho constatable: la entrada en liza de los nuevos contendientes está despertando un creciente interés por el espacio público: ¿desde cuándo no se veía a centenares de jóvenes haciendo cola durante horas enteras, como en la Universidad Carlos III de Madrid hace pocos días, para presenciar un debate entre líderes políticos? Se traducirá previsiblemente en una concurrencia mayor ante las urnas. Excelente noticia: la salud de la democracia guarda estrecha relación con el índice de participación electoral. La “indignación” y “desafección” de muchos no ha devenido, por tanto, en abstención o indiferencia, más bien en lo contrario. Magnífico dato, merece la pena repetirlo.

La segunda razón se fija en el nuevo dinamismo que ha adquirido la escena política española, al hacer sitio para nuevos actores y provocar multiplicados movimientos adaptativos entre los que tan cómodamente en ella estaban instalados. Todo menos una situación anodina, estancada, chata. Bienvenida sea. Sobre todo por lo que supone de relegitimación de la democracia representativa, de sus principios y de sus formas (la democracia es principios pero también formas: respetando estas se preservan aquellos). Ya no se llama a “rodear” el Congreso para expresar rechazo hacia lo que representa y a cómo funciona; ahora el empeño, y con crecientes dosis de pragmatismo y moderación, es entrar en él por la puerta principal, la del voto ciudadano. ¿Dónde hay que firmar? Piénsese, además, en la ausencia en nuestras plazas y calles de grupos radicales o de organizaciones declaradamente antieuropeistas o xenófobas o extremistas de uno u otro signo: una auténtica excepción en el actual contexto europeo.

Todavía esta breve página deja sitio para apuntar una tercera razón. El escenario que anticipan todas las previsiones sobre lo que saldrá de las urnas el 20D obligará a dar un nuevo impulso y vigor a la cultura de la negociación, de acuerdos, del pacto como el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como la española de hoy. La cultura política que no entiende la transacción como traición ni pactar como claudicar, sino como búsqueda de puntos de encuentro que, más allá de objetivos particulares, atiendan intereses generales. Proceder así devolverá confianza en la política, un bien ciertamente escaso en estos últimos años, y facilitará mantener la estabilidad institucional, el gran activo del periodo que ahora parece llegar a su término. Un final que entraña no tanto amenaza cuanto promesa: la oportunidad de construir una democracia de más calidad. La economía no tardaría en agradecerlo.

El día de después

Ocurre casi siempre en las consultas electorales: lo más importante comienza al terminar el cómputo de los votos. Pero esta vez la jornada posterior al 20-D está llamada a tener especial trascendencia. Un tiempo nuevo en la política española está a la espera. Concurren nuevos partidos y declina la hegemonía dual que durante decenios enteros ha facilitado la alternancia en el gobierno de PSOE y PP: un escenario distinto para una sociedad que, a su vez, está conociendo un acelerado proceso de cambio. Además, en diciembre el día de después sumará a los propios los efectos aplazados del 27-S.

Es el dinamismo del cambio social lo que está haciendo imparable el cambio en el plano político. La crisis económica e institucional no se ha topado con una sociedad pasiva, inane, sin capacidad de respuesta; más bien, ha actuado de revulsivo, estimulando readaptaciones y modificando comportamientos. Al destapar la corrupción, al poner de manifiesto el defectuoso funcionamiento de instituciones, al dejar al descubierto debilidades del modelo productivo, la crisis ha tensado la capacidad de respuesta de una buena parte del cuerpo social. Un intenso proceso adaptativo y de renovación es el resultado. Se ha aguzado el espíritu crítico ante la ineficiencia y ante las carencias. Hemos incorporado una nueva conciencia moral pública más estricta, menos permisiva, más exigente de ejemplaridad. Es muy notorio el dinamismo de la sociedad civil, dando vida a multiplicados foros, círculos y plataformas de creación de opinión. Hay un rechazo generalizado —sobresaliente en el contexto europeo— de actitudes xenófobas y violentas. Ha sido y sigue siendo admirable el modo con que se ha acogido e integrado a una cuantiosa población inmigrante. Los cambios en las pautas familiares son muy profundos, sin que la institución de la familia haya dejado de desempeñar funciones solidarias y de cohesión social fundamentales. Ante las dificultades, en suma, admirable capacidad de respuesta por parte de una sociedad que demanda a los políticos que hagan lo propio: que también ellos sean capaces de estar a la altura de las circunstancias; quiere decirse, de los retos que hoy afrontamos como país.

Y el principal no es otro que el de recomponer un acuerdo constitucional que sirva de marco a un nuevo período de fructífera laboriosidad y convivencia a escala nacional. La confrontación electoral que dominará el ambiente durante todo el otoño, con el torrente inevitable de palabras gruesas, no ayudará. Por eso, esta vez el día de después va a ser tan importante. Rehacer un modelo de Estado consensuado, apostar por el diálogo, por el acuerdo como bien democrático. No se partirá de cero; ahora lo acumulado es muy valioso. En la Transición fue mejor no mirar hacia atrás, porque veníamos de un pasado conflictivo y todavía con heridas sin cerrar; la base ahora es muy diferente: en libertades y garantía de derechos fundamentales, en niveles de renta, en tejido y músculo empresarial, en apertura exterior e internacionalización, en el sistema de protección social, en creatividad tecnológica y cultural. Es el saldo que arrojan siete largos lustros de democracia constitucional en España. El nuevo tiempo político que está abriéndose paso no arrancará, desde luego, desheredado. Esa será su suerte y su responsabilidad.

27-S

Esto es lo que hay: cuando la crisis de los refugiados está dinamitando las fronteras interiores —y exteriores— de Europa, sin puertas los campos y los mares, aquí el tema es la “crisis soberanista”, poner lindes para delimitar una parte del territorio —con las aguas marítimas que correspondan, se entiende. Cuando la conciencia de los ciudadanos europeos se estremece ante ese drama colectivo, poniendo a prueba la voluntad de construir efectivamente un continente económica y políticamente unido, nuestra preocupación es si ganará o no la opción independentista en las elecciones autonómicas en Cataluña, cómo reconocer en el texto Constitucional situaciones matizadamente distintas (del “narcisismo de las pequeñas diferencias” hablan hoy los historiadores de largos procesos de modernización en el mundo contemporáneo), debatiendo de paso si “nación” o solo “nacionalidad”, etc., etc., etc. (tres etcéteras que no son desde luego los del celebrado personaje de Pemán, autor éste, por cierto, que se queda ahora sin busto de bronce en su ciudad natal).

Pero aceptemos el tiempo tal como el nos quiere, según la sabia receta shakesperiana. Por causas complejas —no todo es aventurerismo de unos y pasividad de otros— la situación ha devenido extraordinaria, con una Declaración Unilateral de Independencia como posibilidad real a la vista. Ya no se puede voltear la cabeza; hay que mirar de frente.

Aunque todo esté dicho y redicho, aprovecharemos este espacio para subrayar dos cosas, por elementales que sean. Primera: la movilización de toda la sociedad civil, dentro y fuera de Cataluña, será determinante; hasta ahora, solo la ciudadanía catalana que ha hecho suya la aspiración de independencia se deja oír y ver, y tan clamorosamente como en estos días; no puede demorarse más la comparecencia en el escenario público de quienes, en universidades y empresas, círculos y asociaciones, están convencidos de que Cataluña es parte irrenunciable de España, y que España dejará de serlo sin Cataluña. Y comparecer sin pusilanimidad, sin equívocos: la situación requiere claridad, convicción, coraje.

Segunda: más que en descalificar la separación, esforcémonos en subrayar ventajas de lo contrario, comenzando por demostrar el valor económico de la unidad. Desde la perspectiva de la historia de los siglos XIX y XX —por hablar de lo que mejor conoce uno— la cuestión no admite dudas: Cataluña ha sido un factor decisivo de modernización de España, adelantada en muchas transformaciones, y tanto en lo demográfico como en lo empresarial, tanto en lo cultural y social como en lo económico. Así fue en el tránsito al régimen liberal, así fue también en la España de la Restauración alfonsina y así lo ha sido en la España democrática. Repitiéndose además en cada una de esas situaciones un hecho tan relevante como previsible: las tensiones centrífugas en Cataluña se avivan en las coyunturas de crisis económica e institucional en el conjunto de España; para contrarrestarlas, nada mejor que la recuperación del pulso económico y la regeneración de las instituciones españolas, públicas y privadas.

Es justo la tarea que tenemos por delante. Y que nadie se equivoque: la identidad —con permiso de Freud— solo es fecunda cuando no se piensa en ella.

Otro referéndum

Es el que se celebrará el 27 de septiembre en Cataluña, si se mantiene el propósito de la presidencia de la Generalitat de convocar elecciones autonómicas con carácter plebiscitario, con la reafirmada determinación de proceder en su caso a una declaración unilateral de independencia. Y aunque el tema no se instale definitivamente en el centro del escenario público español hasta las vísperas de la próxima Diada —“Vía libre a la República catalana” es el lema elegido esa vez, hay que agradecer la franqueza—, su importancia bien merecería prestarle ya atención preferente.

La deriva durante el último lustro de una parte muy apreciable del nacionalismo catalán hacia una posición nítidamente independentista se resiste a explicaciones simplonas. Tiene que ver, sin duda, con la defectuosa gestación, en todos los tramos del proceso, del Estatuto de Autonomía de 2006. Asímismo, con el apoyo activo, y no poco paradójico, que la opción soberanista ha recibido por parte de la clase intelectual más cualificada, cosmopolita e influyente —la intelligentsia— de catalanes nacidos en los dos decenios posteriores a la Guerra Civil. Y también, claro está, con la crisis económica e institucional padecida: la independencia como tabla de salvación particular ante el riesgo de naufragio del país entero. Como fuere, no es un fenómeno susceptible de diagnóstico sencillo.

De ahí las obligadas reservas a la hora de vaticinar el futuro inmediato en este frente. Si una de las causas del auge independentista ha sido la crisis, en todas sus dimensiones, lo esperable será un reflujo del tal marea al superarse aquella: así lo evidenciaría ahora, en el marco de la bien apreciable recuperación económica, el declive del independentismo en los más recientes sondeos de opinión. Por su parte, las cuotas de votantes que también ahí sean capaces de captar Ciudadanos y Podemos restarán asimismo peso a las formaciones independentistas. Y es igualmente cierto que con el paso de las semanas se van haciendo más patentes las actividades y los pronunciamientos de aquella parte de la sociedad civil catalana contraria a la separación. La pelota está en el aire, y probablemente al partido le quede mucho… al menos por un cierto tiempo (que eso es, con unos u otros matices, lo que nos lega la historia, ya sea la experiencia de la Mancomunidad en la Restauración, o la del Estatuto de Autonomía en la II República o la del propio régimen autonómico en nuestros días).

El tema es muy serio, y todavía más si se pone en relación con la poco relevante presencia en el País Vasco y en Navarra de los partidos de rango nacional a escala de toda España. El “desanclaje” de cualquiera de esas piezas territoriales en la arquitectura constitucional española tendría efectos mayúsculos; el de las tres, sencillamente incalculables. De ahí que la del 27 de septiembre sea una prueba de enorme trascendencia, tanto para la integridad territorial de España como para la articulación constitucional de nuestra democracia.

Coda. Todo menos mirar para otro lado, o solo de soslayo. Ese otro referéndum, con la amenaza que conlleva de empujar hacia una fractura política y social dentro de la propia Cataluña y con su inevitable proyección fuera de nuestras fronteras, constituye hoy nuestro problema capital.

Responsabilidad versus alarma

Dado que los resultados del 24 M no constituyen sino la crónica de un cambio anunciado, ahora el alarmismo está de más. Las alarmas, de ser necesarias, deberían haber saltado antes, incluso mucho antes, pues el cambio profundo que las urnas han expresado se ha cocido a fuego lento; al persistente calor suministrado por la erosión de las clases medias y la creciente desigualdad durante largos años de crisis, por la carencia de iniciativas de los partidos hegemónicos para impulsar una regeneración creíble de la democracia y por la ausencia —o el desprecio— de cualquier asomo de pedagogía social a la hora de hacer entender a la ciudadanía los costes de sanear una situación económica comatosa. Ha habido mucho tiempo, en efecto, para alertar del impacto que todo ello acabaría teniendo en el escenario político habitual en las últimas tres décadas. Lo que conviene en este momento es llamar la atención sobre las oportunidades que abre.

Tres, al menos, son discernibles. Primera: los resultados electorales abren el juego político competitivo, con un doble beneficio: por una parte, incorpora a la política institucional movimientos o plataformas sociales que se movían únicamente en el terreno de la protesta; por otra, promueve movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en los viejos partidos (“o cambiamos o nos cambian”, esa es para ellos ahora la cuestión hamletiana). Segunda: la cultura de pactos y de cooperación política pasa a ser asignatura obligatoria, que no meramente optativa, con todas las ventajas —si prevalece la altura de miras— que ello supone, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. La cultura del compromiso, de la negociación para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, los veteranos y los recién llegados, entonces el nuevo mapa, aunque más compartimentado —o fragmentado—, habría que contemplarlo no como amenaza sino como oportunidad de construir una democracia más vigorosa. No se olvide que ineficacia o corrupción es lo que más mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¿Alguien lo duda a estas alturas? Precisamente ello conduce a la tercera oportunidad que crea el nuevo contexto: la necesidad de acuerdos de gobernabilidad entre diversos partidos facilitará mayor transparencia, mayor disciplina y exigencia frente a la corrupción, mejor control de la gestión, una prioridad indiscutible en las circunstancias actuales.

No son, pues, vaticinios agoreros lo que se necesita en esta hora. Sí, en cambio —y así se ha pronunciado el Círculo Cívico de Opinión—, apelar a la responsabilidad de quienes gobiernen para hacer realidad lo que desea la sociedad española: superar la crisis en todas sus dimensiones, dando por hecho que los servicios públicos van a continuar funcionando como corresponde a un país desarrollado y que no asistiremos a una parálisis provocada por conflictos institucionales; que se va a combatir enérgicamente la corrupción y la apropiación de las instituciones por los partidos; que se buscará solución a los conflictos territoriales, y que no se abandonará la dirección adecuada para la recuperación económica, porque el empleo de calidad lo crean las políticas apropiadas, no el voluntarismo.

Responsabilidad versus alarma

Dado que los resultados del 24 M no constituyen sino la crónica de un cambio anunciado, ahora el alarmismo está de más. Las alarmas, de ser necesarias, deberían haber saltado antes, incluso mucho antes, pues el cambio profundo que las urnas han expresado se ha cocido a fuego lento; al persistente calor suministrado por la erosión de las clases medias y la creciente desigualdad durante largos años de crisis, por la carencia de iniciativas de los partidos hegemónicos para impulsar una regeneración creíble de la democracia y por la ausencia —o el desprecio— de cualquier asomo de pedagogía social a la hora de hacer entender a la ciudadanía los costes de sanear una situación económica comatosa. Ha habido mucho tiempo, en efecto, para alertar del impacto que todo ello acabaría teniendo en el escenario político habitual en las últimas tres décadas. Lo que conviene en este momento es llamar la atención sobre las oportunidades que abre.

Tres, al menos, son discernibles. Primera: los resultados electorales abren el juego político competitivo, con un doble beneficio: por una parte, incorpora a la política institucional movimientos o plataformas sociales que se movían únicamente en el terreno de la protesta; por otra, promueve movimientos adaptativos a las nuevas circunstancias en los viejos partidos (“o cambiamos o nos cambian”, esa es para ellos ahora la cuestión hamletiana). Segunda: la cultura de pactos y de cooperación política pasa a ser asignatura obligatoria, que no meramente optativa, con todas las ventajas —si prevalece la altura de miras— que ello supone, pues el pacto es el medio mejor para la solución de la mayoría de los problemas políticos y sociales en democracia, y más en sociedades plurales y complejas como es la española hoy. La cultura del compromiso, de la negociación para buscar puntos de encuentro al servicio de intereses generales. Si tal actitud y tal aptitud las tuvieran unos y otros actores políticos, los veteranos y los recién llegados, entonces el nuevo mapa, aunque más compartimentado —o fragmentado—, habría que contemplarlo no como amenaza sino como oportunidad de construir una democracia más vigorosa. No se olvide que ineficacia o corrupción es lo que más mina la credibilidad del sistema y lo deslegitima. ¿Alguien lo duda a estas alturas? Precisamente ello conduce a la tercera oportunidad que crea el nuevo contexto: la necesidad de acuerdos de gobernabilidad entre diversos partidos facilitará mayor transparencia, mayor disciplina y exigencia frente a la corrupción, mejor control de la gestión, una prioridad indiscutible en las circunstancias actuales.

No son, pues, vaticinios agoreros lo que se necesita en esta hora. Sí, en cambio —y así se ha pronunciado el Círculo Cívico de Opinión—, apelar a la responsabilidad de quienes gobiernen para hacer realidad lo que desea la sociedad española: superar la crisis en todas sus dimensiones, dando por hecho que los servicios públicos van a continuar funcionando como corresponde a un país desarrollado y que no asistiremos a una parálisis provocada por conflictos institucionales; que se va a combatir enérgicamente la corrupción y la apropiación de las instituciones por los partidos; que se buscará solución a los conflictos territoriales, y que no se abandonará la dirección adecuada para la recuperación económica, porque el empleo de calidad lo crean las políticas apropiadas, no el voluntarismo.

No solo viento de cola

Es un dato que despeja dudas: el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año, nueve décimas respecto al trimestre anterior (que coloca la tasa interanual en un 2,6 por ciento), indica un vigor más que notable en la fase de recuperación de la economía española. Nada que ver con el desmayado repunte que se conoció en 2010 (entonces el aumento del PIB, en tasa interanual, no sobrepasó el 0,5 por ciento), breve interludio entre las dos recesiones padecidas entre 2008 y 2013. Ahora los sucesivos registros trimestrales ofrecen consistencia (son ya siete positivos en medida intertrimestral) y están acompañados de múltiples indicadores en la misma dirección.

Al Gobierno le ha faltado tiempo para airearlo, pues supone un verdadero “vuelco” de la situación comatosa que se encontró al comenzar su andadura. Y ha aprovechado para presentar el Programa de Estabilidad, 2015-18, antes de remitirlo a la Comisión Europea, en el que se dibuja un nuevo ciclo propiamente expansivo, con crecimientos altos y mantenidos del PIB y del empleo, reducción sustancial del déficit público y buenos registros en el sector exterior. Su cumplimiento permitiría recuperar en 2016 el PIB perdido en los años de recesión más aguda (hasta 7,5 puntos porcentuales) y rebajar en el cuatrienio casi diez puntos la tasa de desempleo (dejándola en 15,6 por ciento en 2018): buen balance, aunque no para tirar cohetes: nos habrá costado cinco años más que Alemania o a Francia esa recuperación del valor de nuestra producción de bienes y servicios, y al terminar la década el desempleo estaría todavía lejos de bajar de los dos dígitos.

Hay motivos, en todo caso, para la autoestima (algo muy distinto de la autocomplacencia, siempre mala compañera, por decirlo al modo ramoniano) y también para el elogio. Es verdad que varios factores ajenos han concurrido para empujar con fuerza en los últimos meses: facilidades de financiación del BCE, abaratamiento del petróleo, depreciación del euro; pero todos ellos también han estado soplando las velas de los demás, y prácticamente nadie en la Eurozona los ha aprovechado tanto como la economía española. Algo habrá que poner también en el haber de la agenda reformista desplegada durante la legislatura que ya emboca su final. Y también, y no desde luego en último lugar, convendrá subrayar el meritorio comportamiento de las empresas españolas, que han sabido capear el temporal demostrando una sobresaliente capacidad de gestión: tómese como referencia que, en las más adversas circunstancias, han ampliado su radio de acción en los mercados internacionales (más del 50 por ciento de las exportaciones españolas ya se colocan fuera de la Eurozona), aumentando año a año el censo de las empresas exportadoras (ya en torno a 150.000). Un desempeño ciertamente elogiable, dado el papel decisivo que en una economía avanzada y en una sociedad abierta le corresponde al empresario, uno de los pilares fundamentales del tejido social. Y se necesitará la movilización de toda la sociedad civil para dejar definitivamente atrás una crisis que tan profundas heridas ha causado. No bastará con el viento de cola.

Anteriores Entradas antiguas

Visita nuestra web para información sobre actividades

http://www.alde.es
Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 288 seguidores