De aquí a Lima

He tenido la suerte de estar en primera fila: la invitación a participar en el Seminario Internacional “América Latina: oportunidades y desafíos”, convocado por la Fundación Internacional para la Libertad y celebrado en los últimos días del pasado mes de marzo en la prestigiosa Universidad de Lima, me ha permitido vivir en la capital peruana dos semanas con marcado interés en el ámbito económico y en el cultural.

Los primeros ponentes en el Seminario fueron los expresidentes Piñera y Calderón, y ambos subrayaron el buen rodaje inicial de la Alianza del Pacífico, creada justo hace tres años (en abril de 2011). Constituida por México, Colombia, Perú y Chile como gran plataforma estratégica de libre comercio, puede acabar siendo bastante más que eso y cambiar el mapa de Latinoamérica. Reúne a las cuatro economías de tamaño medio o grande más exitosas en este momento de la región, las de mayor crecimiento y menor inflación, las más competitivas y extrovertidas: sumando un tercio de la población total, absorben casi la mitad de la inversión extranjera y un 53 por ciento del comercio internacional de América Latina. Toda una potencia a escala global: en conjunto, esos cuatro países equivalen hoy a la octava economía del mundo por PIB y a la séptima por exportaciones. Los firmes pasos dados en estos tres primeros años son, desde luego, más que prometedores: ya se han eliminado los aranceles para la inmensa mayoría (90 por ciento) de los productos y los visados para empresarios e inversores, se han sentado las bases para la integración de las Bolsas de valores e incluso se empiezan a proyectar sedes diplomáticas comunes. Sin duda, el rostro más esperanzador del Iberoamérica: apuesta por la democracia y el mercado, estabilidad institucional, programas sociales ambiciosos, apertura exterior (en contraste, por cierto, con tantos frustrantes proyectos de ensimismamiento, como MERCOSUR y ALBA).

El Perú actual es un buen escaparate de todo ello. Tres lustros de progreso económico y de reducción de la pobreza, de estabilidad democrática y continuidad en prudentes políticas económicas han dotado de dinamismo y creatividad a sectores muy amplios de la sociedad, al tiempo que se impulsa la modernización de infraestructuras, con la presencia previsible, en este caso, de las grandes firmas españolas internacionalizadas: la citada reunión académica ha coincidido con la adjudicación a ACS y FCC del “megacontrato” (4.000 millones de euros) para la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima (apenas unos días antes, por cierto, de la inauguración del primer metro de Centroamérica, en Panamá, obra también liderada por FCC).

Otra coincidencia, además, ha servido para darle especial pulso al ambiente cultural limeño durante la semana final de marzo: la primera Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, concebida como incitación a la escritura y la lectura, convirtiendo Lima en la capital de las letras iberoamericanas: 324 novelas presentadas, casi un centenar de conocidos escritores de una veintena de países, más de diez mesas redondas y actos culturales en colaboración con universidades, museos y teatros nacionales. Un estimulante festín literario… en español.

Haremos bien si seguimos con atención esa pujante realidad.

E la nave va…

Como viene repitiéndose, es muy singular la combinación de señalados aniversarios que reúne este nuevo año: centenario del inicio de la “Gran Guerra” (1914-18), un nombre que se perdería ante la magnitud de la que arrancaría un cuarto de siglo después, la Segunda Guerra Mundial (1939-45), transcurriendo luego media centuria hasta la caída del muro de Berlín, el tercero de los acontecimientos capitales que alcanzan en 2014 un cumpleaños redondo: 100, 75 y 25 años, respectivamente. Una coincidencia que hace justicia a la historia, pues la segunda devastadora conflagración comienza a incubarse al término mismo —un cierre en falso: imposiciones al vencido que se convierten en semillas de un resentimiento agresivo— de la que le antecedió, como fue el desarrollo de esta en el frente oriental —con los resultados adversos cosechados por el ejército ruso— lo que precipitaría la cadena de sucesos que desembocan en la creación de la URSS, abriéndose con ello una era de dominación soviética sobre buena parte de Europa, un alargado tiempo cuyo final lo simbolizará el derribo de la indigna barrera berlinesa. Hay más de causalidad que de azar en la historia trágica que estas efemérides nos recuerdan.

La rememoración a que invitan debe servir, en todo caso, para mejor valorar nuestro presente. Europa quedó asolada dos veces consecutivas, en apenas veinticinco años, por una destrucción física y moral de proporciones inéditas, con muchas decenas de millones de víctimas dentro y fuera de los campos de batalla, y con una larga secuela de limpiezas étnicas, guerras civiles y experiencias dictatoriales. El contraste con lo que luego vendrá no puede ser mayor. Aun con forcejeos, a trancas y barrancas, si se quiere, la construcción de una Europa unida no deja de ser, en el contexto descrito, un auténtico milagro, la “utopía razonable” que gradualmente ha erigido el edificio que hoy acoge a veintiocho países de uno y otro lado. Los sistemas nacionales del bienestar, unidos a las instancias de gobernanza comunitaria, han dotado al viejo continente de una estabilidad social y política nunca antes conocida. La metamorfosis ha sido radical Han cambiado sustancialmente las  relaciones de poder entre los Estados, hoy socios solidarios de un mismo club y, a la vez, ha cambiado nuestra percepción de la seguridad exterior.

Fruto de una “larga paciencia” (Delors), la Unión Europea parece estar hecha, además, a prueba de desánimos (la “euroesclerosis” de hace treinta años, el “euroescepticismo” de ayer, el “eurodesencanto” de hoy) y su avance, aunque tantas veces parsimonioso, no cede. Botones de muestra los tenemos muy a mano, tanto en términos de nuevas incorporaciones (Croacia a la UE y Letonia a la eurozona), como en lo referido al cumplimiento de acuerdos firmados (eliminación de las restricciones para los trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria) o en el señalamiento de objetivos ambiciosos en el ámbito financiero (las propuestas del Consejo Europeo del pasado diciembre para culminar la arquitectura de la unión bancaria). Y todo ello con el horizonte de las elecciones al Parlamento Europeo que han de celebrarse el próximo mes de mayo, cien años después de que comenzaran a tronar, inclementes, “los cañones de agosto” en 1914. No está mal: el título felliniano que encabeza esta página está justificado.

No salir en falso

Cuando se ha sido víctima de sucesivas decepciones —los “brotes verdes” anunciados por unos y otros—, cuesta recuperar la confianza. Por eso, y porque de antiguo solemos hacer más caso a los de fuera, hay que dar la bienvenida a las multiplicadas señales que desde ahí están llegando. Las emiten los mercados de deuda —con un bono a 10 años que en menos de quince meses ha bajado del 7,5 al 4 por ciento— y la inversión extranjera directa —con una suma hasta agosto que en la última década solo se superó en 2008—; las hace suyas la prensa más conspicua —para “The Economist” la de España “es ahora una historia de esperanza”, bien merecedora, según “The New York Times”, de “tener de nuevo un lugar bajo el sol”; las suscriben altos responsables europeos —el “optimismo” expresado por el presidente del Eurogrupo en su reciente visita— y agencias de calificación, revisando Fitch positivamente nuestra nota después de cinco años de hacerlo en sentido contrario. Incluso el “viva España”, tan raro y hasta sospechoso entre nosotros, lo proclama sin tapujos el último informe de Morgan Stanley.

La exclamación a tenor de bastantes indicadores no deja de estar justificada. Los referentes al sector exterior son espectaculares: crecimiento sostenido de las exportaciones, diversificación de mercados y de oferta, consiguiéndose en un tiempo récord y sin ayuda de resortes cambiarios pasar de unas necesidades de financiación exterior que rondaban el 10 por ciento del PIB a registrar un superávit cercano al 2 por ciento. Un logro sin apenas parangón dentro o más allá de nuestras fronteras, que invita a pensar que no sólo se está creando “buen caldo de cultivo” —en términos de la consultora PwC— para el inicio de la recuperación, sino también que esta puede ser rápida, sobre todo si llegan estímulos provenientes de la eurozona, o sea, de Alemania.

Ahora bien, rapidez no es igual que firmeza, ni siquiera contando con esos apoyos foráneos. Una recuperación firme y, por tanto, duradera requiere aliento reformador de gran calado, pues ha de atender al plano institucional en un doble sentido. De un lado, porque ha de abordar la reforma de la Administración, principal asignatura “troncal” pendiente, hasta hoy suspendida con nocivos efectos sobre toda la actividad productiva y mercantil (botón de muestra más reciente: solo hay 47 países en todo el planeta donde abrir un negocio sea más difícil, ocupando España en el “Doing Business 2014” del Banco Mundial el puesto 142º tras exigir 10 trámites y requerir un proceso de al menos 23 días). De otro lado, porque la crisis económica aquí está entreverada de crisis institucional, que es crisis de modelo de Estado (un todo fragmentado en 17 unidades mal articuladas, con un peso agobiante de los partidos políticos en toda la vida pública, segregando una democracia de muy baja calidad) y que es crisis de liderazgo político. La recesión ha hecho perder credibilidad a las instituciones y a los políticos, pero a su vez la crisis institucional, gestada desde bastante antes del final del ciclo económico expansivo, ha activado y ahondado las dificultades económicas. En consecuencia (así lo advierte el Círculo Cívico de Opinión al proponer un compromiso de regeneración democrática), no se debería confiar, como quizá esté haciendo el gobierno, en que recuperada la economía todo lo demás se solucionará. Sería una salida en falso.

Julio Alcaide, nuestro estadístico de guardia

Con discreción, como lo hizo todo en su larga vida —esa clase de discreción que es atributo ético y estético—, Julio Alcaide Inchausti cumplidamente nonagenario, nos ha dejado. Es injusto tener que dar noticia en medio millar de palabras de una larga vida vivida con plenitud tanto en el plano familiar como en el medio profesional.

Aunque gaditano de nacimiento (1921), fue en Hinojosa del Duque, al norte de la provincia de Córdoba, en el hermoso y fértil valle de los Pedroches, donde Julio Alcaide creció. Aunque para la España rural de la época aquel lugar era relativamente próspero, la evocación que mucho tiempo después hizo Alcaide es muy expresiva tanto del grado de atraso entonces generalizado (“Hinojosa en mi infancia era un pueblo típico de la España pobre de aquellos años; carecía de alcantarillado, por ejemplo, aunque tenía edificios que hablaban de un pasado menos oscuro”), como del vertiginoso salto adelante dado por la economía y la sociedad españolas desde el ecuador del siglo pasado.

El progreso amasado por el trabajo de varias generaciones, comenzando por la de Julio Alcaide: la que en nuestra historia intelectual se conoce como la del 50, agrupando a los nacidos a lo largo del decenio de 1920 y aún en los primeros años treinta. Una generación repleta de nombres bien conocidos en el campo de la creación literaria y artística, pero también en diversos campos de la producción científica, la economía entre ellos. A ella pertenecen, por ejemplo, Fabián Estapé (1923) y Enrique Fuentes Quintana (1924), con quienes Julio Alcaide va a coincidir en múltiples ocasiones, colaborando muy estrechamente en el caso del segundo.

Se graduó como intendente mercantil en la Escuela Superior de Comercio de Madrid, un centro que, como los de su clase repartidos por las capitales españolas, fue un vivero de muy competentes profesionales. La primera fase de su actividad laboral transcurrió en el Servicio Sindical de Estadística, contribuyendo desde ahí a elaborar dos soportes fundamentales para el mejor conocimiento analítico de los componentes de la estructura productiva de la economía española: la primera Contabilidad Nacional de España y las primeras Tablas input-output, ambas de 1954. Luego, desde los años sesenta, se incorporó, como subdirector, al Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, donde pone a punto otra contribución decisiva para el estudio de la realidad económica y social de la España de nuestro tiempo: las series de la renta nacional y de su distribución provincial, series sobre las que todos los economistas españoles que lo han sido en el último medio siglo hemos vuelto una y mil veces. Un trabajo benemérito como pocos.

La última vuelta de su camino como el gran estadístico que fue le condujo a la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas), convirtiéndose durante aún lustros enteros en el colaborador menos ruidoso pero más eficaz de Enrique Fuentes, alimentando desde su modestísimo despacho (y sirviéndose solo de una calculadora antediluviana, de esas de manija) la incesante demanda de datos que exigía publicar puntualmente Papeles de Economía Española, Cuadernos de Información Económica y el correspondiente dossier estadístico de cientos de convocatorias públicas.

En ese austero despacho yo le visité bastantes veces para pedirle ayuda y colaboración para algunas de mis obras. Siempre me la dio generosamente, como si fuera lo más natural del mundo. Y siempre con cordialidad y cercanía que inspiraban, además de respeto, profundo afecto. Descanse en paz.

Tensión competitiva

El ecuador de 2013 quizá marque un punto de inflexión. Algo en la percepción general de las posibilidades de nuestra economía está cambiando, como ha cambiado en el curso de pocas semanas el tono de los mensajes gubernamentales, emitiendo en positivo donde antes predominaba lo lúgubre. Por eso resulta especialmente oportuna la reciente publicación de una obra que aporta sólidos argumentos para creer en la capacidad empresarial española: “Fortalezas competitivas y sectores clave en la exportación española”, editada con esmero por el Instituto de Estudios Económicos y realizada por un equipo de reputados profesores bajo la dirección de Rafael Myro. Una excelente investigación que, escapando de la perspectiva meramente agregada, analiza nuestro patrón exportador con la intención de explicar la vigorosa dinámica exportadora de España desde el arranque mismo del siglo, un desempeño que ha devenido formidable en el curso de los años y meses más cercanos, cuando la contribución positiva del sector exterior está amortiguando sustantivamente la severidad de la crisis.

Varios son los ángulos de estudio que los autores escogen, con resultados en cada caso estimulantes. Por lo pronto, si se atiende a los productos, en contra de la imagen tópica de un sector exterior anclado en el turismo y en unos pocos bienes escasamente elaborados, la competitividad de las exportaciones españolas se sustenta en un amplio elenco de sectores, destacando como “estrellas”, tanto algunos que han tenido una alargada presencia en mercados foráneos (automóviles, alimentos, bebidas y tabaco, metálicas básicas, caucho y plásticos, textil y confección), como los que muestran un rápido progreso (medicamentos, maquinaria agrícola e industrial y un abierto abanico de productos químicos), lo cual revela, en su conjunto, que exportamos bienes con un grado de sofisticación tecnológica medio-alto, a lo que hay que añadir la creciente proporción, en la partida de servicios, de los servicios no turísticos, particularmente de servicios avanzados, esto es, de servicios a las empresas. La capacidad competitiva de las exportaciones españolas se refleja también en los mercados que logran penetrar: aquí, la elevada concentración en la Unión Europea va dejando paso a una diversificación geográfica al incorporarse países de Asia, África y América Latina. En fin, si se atiende a las empresas exportadoras, el tamaño resulta decisivo. Como es pauta generalizada, un selecto grupo de grandes empresas sostiene el incesante ascenso de la exportación española. El 5 por ciento de las empresas más grandes por exportación realiza el 75 por ciento de las ventas exteriores. El tamaño sí importa. Las grandes empresas poseen elevadas productividades y han sufrido un menor avance de sus costes laborales unitarios.

Lo cual remite a la cuestión primera y central: ante la imposibilidad de recurrir a una devaluación, solo cabe afianzar la competitividad en precio de los productos españoles conteniendo los costes laborales y aumentando la productividad (“devaluación interna”), así como ampliar la proyección internacional de nuestros mercados de servicios, a través de una ambiciosa estrategia de innovación. La obra comentada así lo registra rigurosa y pormenorizadamente. Una muy valiosa contribución “en positivo”.

Buscando la salida

“Solo el bien es silencioso”, sentenció sabiamente en alguna ocasión Goethe, y conviene recordarlo especialmente cuando el ruido amenaza con ensordecernos. El ruido de los  datos que antes de ser analizados se utilizan como dardos punzantes, el ruido de las protestas ritualizadas y el de quienes a su alrededor solo quieren contemplar un paisaje devastado.

Ha sido el trabajo silencioso de miles de empresas españolas lo que ha contribuido a conseguir un logro que tiene muy pocos precedentes: el saneamiento exterior de una economía que se deslizaba sin frenos hacia cifras más que alarmantes de déficit por cuenta corriente. Diez puntos porcentuales se han recuperado un tiempo que se puede contar por meses, para terminar el ejercicio de 2012 acomodando el gasto a la renta producida, después de tres lustros en que ha necesitado cuantiosa financiación exterior. Probablemente, nunca tanto en tan poco tiempo, resultado de la suma del esfuerzo exportador y de la contracción de la demanda de importaciones. Una corrección excepcional del déficit exterior que se ha hecho sin disponer de instrumentos monetarios y cambiarios. No se puede regatear el mérito, como subraya el Consejo Empresarial para la Competitividad en su informe del pasado mes de marzo, “España, un país de oportunidades”, soporte de la campaña que, contrarrestando la nula capacidad comunicativa del gobierno, han emprendido los presidentes de algunas de nuestras mayores empresas por las principales capitales financieras para airear las posibilidades de la economía española.

Reconocer lo logrado no supone, en todo caso, desconocer y los problemas que subsisten. Desde el lado del gasto, las cosas son meridianas. El ajuste ha recaído muy duramente sobre el sector privado de la economía, soportándolo mucho más levemente el público; además, el limitado ajuste en éste ha escogido el camino más llano: aumentos impositivos, reducciones del salario de funcionarios y recortes lineales en ciertas partidas presupuestarias, medidas todas ellas que no pueden garantizar una contención del gasto sostenida en el tiempo. Esto requiere abordar con rigor la reforma de la estructura de las Administraciones públicas y la revisión de aspectos sustanciales (comenzando por el sistema de pensiones) del Estado del bienestar. Reformar es más difícil que recortar y además exige más coraje político. Téngase en cuenta que el sector privado ha aportado ahorro neto a la economía desde 2009, mientras el público ha seguido necesitando financiación. También en el mercado de trabajo hay huellas evidentes de que el esfuerzo relativo ha estado muy mal repartido: el sector privado ha perdido casi cuatro millones de puestos de trabajo desde comienzos de 2008; en cambio, las Administraciones públicas tenían a finales de 2012 varios cientos de miles de empleos más que en la fecha mencionada.

Para decirlo muy resumidamente: la economía española está en la senda que conduce a la salida de la crisis. Pero encontrarla exige ahora una rectificación en la política de ajuste, situando en el centro la reforma profunda de la organización interna de las Administraciones, y poniendo manos a la obra sin demora y perseverantemente, con el respaldo de la ejemplaridad y la palanca de la pedagogía social, cuyas ausencias son hoy un poderoso factor de desmoralización ciudadana (sobre el tema, véase Círculo Cívico de Opinión, Posiciones, 13 de mayo de 2013: http://www.circulocivicodeopinion.es).

A vueltas con la crisis europea

Nada nuevo hay bajo el sol, sí, pero con matices. La contemplación, con algo de perspectiva, de lo que acontece en la Unión Europea avala expresarse así.

La crisis de Chipre no ha hecho sino evidenciar con especial nitidez problemas ya conocidos, que arrancan del diseño defectuoso del euro —una creación política antes que económica, que no podrá tener una vida saludable sin unión bancaria y avances sustanciales en la unión fiscal—, y sigue por un incesante debilitamiento institucional desde hace al menos una década, ganando lo intergubernamental en desmedro de lo comunitario. No solo se trata de una pésima gestión puntual; es todo un entramado institucional lo que está cuestionándose. De ahí las multiplicadas muestras de “eurodesencanto” y en toda suerte de versiones, desde los contumaces euroescépticos ingleses hasta el movimiento de Beppe Grillo, desde los airados manifestantes griegos hasta el partido anti-euro alemán, Alternative für Deutschland, de creciente expectativa electoral. Doble riesgo para Europa: perder el euro y perder a los ciudadanos. Una situación ciertamente compleja, por decirlo con un eufemismo.

No es la primera vez, sin embargo, que la construcción de una Europa unida se ha enfrentado a amenazas graves de parálisis o de retroceso. Los años sesenta, que en la distancia tendemos a idealizar, estuvieron todos mediatizados por el veto francés a la integración del Reino Unido; luego, a caballo de los decenios de 1970 y 1980, cuando el crecimiento no despegaba, se destruía empleo y los productos europeos perdían cuota en el mercado mundial, fue la “euroesclerosis” el tema dominante; más tarde, ya en la etapa Delors, la Comisión tendría que recurrir al Informe Cecchini (El coste de la no-Europa) para ganar voluntades a favor del establecimiento del mercado único; en fin, ahí está, bien reciente todavía, el bloqueo institucional de la Unión provocado por el rechazo francés y holandés al proyecto de Constitución. La historia de la UE no describe, desde luego, una línea recta sin altibajos ni vacilaciones, pero es una historia que ha ido sumando avances aunque haya sido a trancas y barrancas. Debe tenerse muy en cuenta para valorar lo que hoy ocurre.

Dos elementos nuevos aportan, en todo caso, una nota propia a la tesitura presente. Uno es el componente generacional de la crisis: nunca como ahora el paro y los contratos precarios de trabajo habían afectado a tan alto porcentaje de jóvenes europeos, jóvenes que además, por biografía vital, no tienen por qué compartir los anhelos —la mística, si se quiere— de las fases fundacionales de la unión continental, siendo consecuentemente entre ellos donde más rápidamente se extienden actitudes y sentimientos de desapego, de desconfianza. El segundo elemento novedoso no es otro que el euro, la zona euro, material altamente inflamable, como estamos viendo, con capacidad mucho mayor que cualquier otro componente de la UE para dinamitar una gran parte de lo mucho construido en los últimos sesenta años.

El ejercicio de comparación siempre es conveniente. Permite relativizar, no para quitar hierro a lo que sucede, pero sí para combatir, cuando menos, el tremendismo, que nunca ayuda.

Corrupción política

En el marco de la profunda desazón social provocada por la crisis económica, que está impactando duramente sobre las condiciones de vida de grandes sectores de la sociedad española, el reguero de casos de corrupción política está produciendo efectos perversos sobre la legitimidad de los políticos y, por ende, de las instituciones públicas. Se extiende cada vez más la sensación de que los políticos (la llamada “clase política”) solo atienden a sus propios intereses, a cualquier precio y en connivencia con otras “élites extractivas” para proteger los respectivos privilegios. Esa percepción casi universal sobre la corrupción de la vida social y política, en el marco de la crisis económica y de la enorme bolsa de desempleo, está siendo devastadora para la democracia, provocando un claro proceso de desafección que se proyecta hacia todo el sistema político.

Es cierto que el fenómeno no es nuevo, pues viene haciéndose presente con reiterada frecuencia desde hace años, y que esta patología no es tampoco exclusiva de España. Pero nada de ello sirve de paliativo: las prácticas corruptas no dejan de aflorar, sin que hasta ahora se hayan adoptado medidas eficaces para su erradicación, y los datos comparados indican que aquí estamos lejos de los niveles de los países a los que nos gustaría parecernos y, todavía más importante, que la tendencia de los últimos años es muy negativa.

La corrupción ha sido objeto de numerosas investigaciones en ciencia social, que —dicho esquemáticamente— concluyen algo muy sencillo: la probabilidad de comportamientos corruptos tenderá a crecer cuanto mayor sea la intervención pública de la economía (y menor la autonomía del mercado frente a la política); cuanto más numerosos sean los centros donde se toman decisiones con alcance económico y se gestiona el gasto público; cuanto mayor sea el  margen de discrecionalidad de esas decisiones; cuanto menor sea su transparencia; cuanto menor sea el control a que deban someterse; cuanto mayor sea el control político de los medios de comunicación; cuanto menor sea la sanción en caso de descubrimiento y, finalmente, cuanto menor sea la probabilidad de que esa sanción sea efectiva y/o haya un indulto final.

Y bien, en ese listado España puntúa alto en casi todo: el sector público tiende a invadir todos los ámbitos, conduciendo a una agobiante dependencia de licencias, autorizaciones, subvenciones y concesiones; la dispersión del gasto público en nuevas administraciones territoriales de distinto rango ha venido acompañada de un aumento de la discrecionalidad en sus decisiones; innumerables entidades, fundaciones o empresas se han creado expresamente para eludir la legislación de contratos públicos, desplazándose de paso a los funcionarios de carrera por personas de confianza de los partidos políticos; falta transparencia en las cuentas de los partidos políticos; se multiplican las corruptelas en las actuaciones de los reguladores y en la utilización de la cláusula de “oferta económicamente más ventajosa”; los medios de comunicación padecen serios apuros económicos, y un sistema político que favorece la impunidad, con sucesivos gobiernos que se muestran proclives a concederse indultos mutuos en un juego escandaloso de “toma y daca”.

Téngase en cuenta, además, que la corrupción se extiende como un virus y se retroalimenta positivamente al menos de dos modos. En primer lugar, el corruptor necesita de alguien corruptible, que se transforma a su vez en posible futuro corruptor. En segundo lugar, el corrupto se protege de la vigilancia de superiores o inferiores incorporándolos al botín, lo que ellos harán de nuevo en el futuro.

Por ello la corrupción debe ser atacada en todas sus formas y de todos los modos posibles: tolerancia cero, asentada sobre una nueva conciencia de ética pública. Pues, no nos engañemos, la corrupción propiamente política brota con especial fuerza allí donde existe una cultura cívica deficiente y tolerante con otras conductas corruptas menos visibles o llamativas. Por eso el combate contra la corrupción es una tarea de todos, y a toda la ciudadanía le concierne. A quienes tienen la responsabilidad del liderazgo en uno u otro nivel, hay que exigirles ejemplaridad pública; pero todos y cada uno hemos de adoptar una posición activa de rechazo de cualquier práctica corrupta: no hay fuerza más efectiva de control social que la reprobación informal colectiva. Ante la corrupción, el silencio es complicidad.

En todo caso, dado el estado de alarma social en que se encuentra la sociedad española y dada la transcendencia que está alcanzando la corrupción política, el Círculo Cívico de Opinión considera imprescindible impulsar un gran Programa de Regeneración Democrática, incluyendo, si ha lugar, reformas constitucionales. Para elaborarlo, los principales partidos deberían constituir una Comisión integrada por hombres y mujeres con conocimiento y experiencia en la vida política y social, pero sin ejercer actualmente responsabilidades políticas, y cuya composición refleje la pluralidad de la sociedad española, una comisión más apartidista que bipartidista. Comisión que, a su vez, debería pedir la colaboración de cuantas instituciones o grupos deseen ofrecer ideas o sugerencias.

Con este propósito, el Círculo Cívico de Opinión (www.circulocivicodeopinion.es) a partir del argumentado Informe de uno de sus socios fundadores, Santiago Muñoz Machado, propone, en concreto, otorgar prioridad a cuatro aspectos fundamentales. Primero: al sistema de partidos, para garantizar su democracia interna y la transparencia de sus actuaciones, con auditorías anuales de cuentas y suspensión de los cargos imputados por administración desleal en procesos judiciales, sustituyendo el sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita negar el voto a candidatos que no merezcan la confianza de los ciudadanos ante su falta de ejemplaridad. Segundo: las administraciones públicas, eliminando la duplicación de estructuras y funciones públicas que suponen un innecesario gasto público, con la supresión cuanto antes de organismos y empresas públicas que han conducido a un Estado sobredimensionado, inmoderadamente intervencionista y ventajista, que propicia la colusión de intereses. Tercero: los procedimientos de gestión, con objeto de reducir drásticamente la discrecionalidad de los órganos que otorgan licencias o autorizaciones administrativas, o que adjudican contratos o concesiones  administrativas, exigiéndoles en todo caso motivación, y elevando a instancias superiores la capacidad de decisión sobre ciertas materias, como las relativas al suelo. Y cuarto: la represión, para acabar con lo que los ciudadanos perciben como una clara impunidad de la corrupción política, cuya expresión más obscena es la no adopción de decisiones inmediatas en el seno de los partidos políticos respecto a quienes son imputados en procedimientos judiciales, llegando a incluirlos unos y otros en listas electorales (¡100 fueron presentados a las elecciones municipales y autonómicas en 2011!).

José Luis García Delgado es Presidente del Círculo Cívico de Opinión

Volver a empezar

Hay que pisar fuerte el acelerador de las reformas: seis millones de parados nos contemplan en un escenario público repleto de esa planta invasiva y letal que es la corrupción. El tiempo vale ahora más que nunca. Deben aprovecharse los signos positivos registrados en las últimas semanas, tanto a escala europea, en particular en los países periféricos (mejores condiciones en la colocación de bonos, incremento de los flujos de capital, aumento de los depósitos bancarios…), como en la economía española, especialmente el sostenido esfuerzo de internacionalización por parte de las empresas y el alivio que en su carga financiera han encontrado las mayores de ellas, dos hechos que se suman a los excelentes datos que suministra la balanza comercial.

Conviene, dicho de otro modo, reducir cuanto antes la poblada sala de espera de los proyectos de reforma que constituyen precondiciones para impulsar el crecimiento o que pueden, cuando menos, coadyuvar a la recuperación de ciertos ritmos de actividad. En algunos casos, además, su aplicación no tendrá más costes que los políticos de remover situaciones de poder o influencia establecidas. Tres, al menos, reúnen esas características: reforma de la Administración, liberalización de los servicios profesionales y unidad de mercado. Los tres pueden considerarse con razón fundamentales en el sentido apuntado, los tres fueron anunciados como prioritarios bastantes meses atrás y los tres presentan beneficios potenciales muy altos sin que su implementación obligue a desembolsos mínimamente apreciables. Es el momento de sacarlos adelante.

Por fortuna, enero se ha despedido con la aprobación por el Consejo de Ministros del tercero de los citados, el proyecto de ley de unidad de mercado, cuyo objetivo —según la referencia oficial—es eliminar las trabas que supone la existencia de 17 normativas autonómicas distintas con “mas de 100.000” normas legales concernientes al comercio promulgadas desde 1978. La nueva ley podrá elevar en 1,52 puntos el PIB en diez años, un 0,15 por ciento lineal al año, 1.500 millones de euros, según estudios del Ministerio de Economía y Competitividad.

Se trata de poner coto, en definitiva, a la incesante atomización de nuestro mercado interior y a esa vertiginosa fragmentación normativa propiciada por la “dinámica centrífuga” del Estado de las Autonomías, cuyo principio rector, a su vez, ha sido el “afán diferenciador”. Un frenesí regulatorio que va del derecho urbanístico a los servicios de salud, de la gestión aeroportuaria a la del medio ambiente, y que, a pie de tienda, ofrece una pléyade de reglamentaciones distintas en lo tocante a horarios comerciales, etiqueta del producto o especificaciones que debe incorporar para que su venta sea autorizada. Un auténtico disparate, diciéndolo en román palatino, que no puede sino retraer el emprendimiento. De ahí que las Cámaras de Comercio hayan saludado la iniciativa gubernamental como un “paso decisivo” para la libre circulación de bienes y servicios, con potencialidad para reducir “el coste regulatorio”, liberar inversión y facilitar la creación de empresas y la generación de empleo”. Es, en definitiva —permítaseme señalarlo—, como volver a empezar, ya que la creación del mercado nacional, con un grado creciente de articulación y porosidad internas, fue la gran tarea emprendida y ejecutada durante el siglo XIX. Vivir para ver.

Precondición necesaria

Nadie lo puede dudar: 2013 se presenta como uno de los años más cruciales de nuestra historia reciente. Crucial por lo difícil y también por lo decisivo.

Lo segundo porque el Gobierno tendrá que hacer acopio de determinación política para impulsar medidas de saneamiento y reforma. En unos casos, prolongando la senda ya iniciada: orden y control en las cuentas públicas, reestructuración del sector financiero (donde queda por hacer buena parte de lo socialmente más costoso aún, con la nueva ley de cajas de ahorros y fundaciones en la lista de espera) y adaptaciones sucesivas en el sistema de pensiones. En otros casos, para acometer reformas que no deben demorarse más: articulación del mercado interior, liberalización de servicios profesionales y, sobre todo, reforma de las administraciones públicas, básica para que comience a cerrarse la enorme brecha de desafección política que está horadando el entero tejido institucional de la democracia. Un año decisivo.

Y difícil. No sólo porque los resultados positivos de lo realizado tardarán en llegar, poniendo a prueba todavía más la capacidad de encaje de quienes ya han sido muy castigados por la crisis, sino también porque será mayor la resistencia de sindicatos, corporaciones profesionales y grupos de interés ante la continuidad de la política de reformas. Se dan cita, pues, todos los ingredientes para componer un año áspero en un país con síntomas ya de abatimiento.

Es perentorio, por eso, no despreciar signo alguno que aporte aliento. Desde afuera, aunque la incertidumbre sea una vez más la nota dominante, en particular en el seno de la Unión Europea, con el doble condicionamiento de las elecciones en Italia (febrero) y Alemania (septiembre), en este comienzo de año llegan mejores señales que hace doce meses. Unas desde Estados Unidos, con un sector inmobiliario que ha comenzado a repuntar y un sector manufacturero que ha recuperado competitividad, tirando de la inversión y el empleo; otras desde China, posiblemente ante un nuevo ciclo expansivo, eliminadas parte de las incógnitas que genera su sistema político; y también desde los mercados emergentes, en condiciones de apoyar una onda expansiva de la economía internacional. Pero tampoco cabe desconocer las de adentro. Notorias y tangibles son las que provienen de la reforzada capacidad exportadora de nuestra economía, que han situado a España, junto a Corea, a la cabeza de los países de la OCDE por tasa de incremento de las exportaciones. Ahora, sin embargo, conviene reparar en una menos llamativa, de naturaleza incorpórea aunque esencial: el marcado cambio de tono del presidente Rajoy al hacer balance de su primer año de Gobierno, expresando sobriamente realismo en la descripción de las dificultades. Ni “brotes verdes” ni zarandajas; conciencia de la dureza del tiempo con el que ha tocado lidiar. Un cambio de tono elogiable, situado en las antípodas del electoralismo omnipresente. 2013 va a ser especialmente duro: reconocerlo sin ambages es una precondición para alimentar la esperanza.

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