El año de los tres test

El título que encabeza estas líneas no quiere recordar alguna vieja película de Saura (“Stress es tres, tres”, aburridísima, por cierto), ni tampoco los juegos aliterativos que tan brillantemente dominaba Cabrera Infante (“Tres tristes tigres”); tan solo pretende señalar que durante el curso de 2015 se evaluará en tres campos distintos la aptitud de España para mirar de frente al futuro inmediato.

Primero, test para la democracia. A tenor de los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y de los sondeos de opinión, 2015 está destinado a alumbrar un nuevo escenario político, con pérdida de peso de los dos grandes partidos y la comparecencia relevante de nuevas formaciones políticas de rango nacional: 4 en vez de 2; cuando menos, bipartidismo corregido, dejando atrás casi un tercio de siglo de mayorías absolutas, para abrir un nuevo pasaje en la historia presente de nuestra democracia, donde la estabilidad tendrá que basarse no en la hegemonía de un partido sino en acuerdos mantenidos entre diversos grupos parlamentarios o, eventualmente, en la destreza de quienes gobiernen con el respaldo sólo de una minoría mayoritaria en los respectivos parlamentos. Ambas situaciones, debe añadirse, ni son singulares en Europa —en toda la UE proliferan nuevos partidos, “insurgentes” los ha calificado el “Times” londinense— ni son tampoco desconocidas entre nosotros, tanto en la práctica de bastantes gobiernos autonómicos como en el ciclo político de la Transición. No nos adentramos, pues, en un territorio ignoto, absolutamente desconocido, hay que subrayarlo. Como conviene alertar contra la idea de que sólo las mayorías absolutas procuran estabilidad y son eficaces para combatir la incertidumbre: mucho mejor es el buen funcionamiento de las instituciones y una cultura de concertación, de pacto sobre intereses generales o públicos. La cultura del acuerdo como bien democrático, del compromiso como deber ciudadano, de la negociación como fuente de proyectos colectivos compartidos. Un buen examen de aptitudes y actitudes democráticas.

Segundo test, el de la recuperación económica, el de su solidez. Los indicadores se muestran unánimes en sentido positivo: tanto los que captan el “clima” (“confianza de los consumidores”, “sentimiento económico”) como los que registran la evolución de la actividad productiva (general o sectorial), tanto los relativos a la inversión como los que miden las ventas del comercio y el consumo de bienes representativos, tanto los financieros (crediticios y bursátiles) como los del mercado del trabajo. Después de siete años de caída o de bajo crecimiento, 2015 puede acabar arrojando una tasa (en torno al 3 por ciento) fronteriza con una fase propiamente expansiva, que facilitaría recuperar pronto el terreno perdido en términos de PIB (-7,5 por ciento) durante la crisis. Aún prolongándose las secuelas de esta —paro, desigualdad, deuda, déficit—, 2015 supondría así la recuperada capacidad de la economía española para conocer otro ciclo de crecimiento.

Queda el tercero, el tercer test de este año no poco crucial para España. Es el menos novedoso, aun cuando tenga notas diferenciales con sus precedentes: el del nacionalismo soberanista. Del 9 de noviembre de 2014 al 27 de septiembre de 2015. Otra vuelta de tuerca, otra prueba de resistencia de materiales. Tendremos ocasión de hablar de ello.

Un voto de confianza

Frente a tantos alarmistas —de ocasión o habituales— que hoy alzan la voz ante el repleto calendario electoral que nos espera y el anunciado declive del bipartidismo que ha prevalecido en los tres largos últimos decenios, anticipando procelosos escenarios de elevada incertidumbre e ingobernabilidad, no será ocioso señalar algunas de las no pocas notas esperanzadoras que ofrece esta hora de España. Y no solo en el plano de la economía.

Positivo es, desde luego, el creciente dinamismo de la sociedad civil, materializado en multiplicación de iniciativas de muy diverso género: creación de asociaciones no corporativas con propósito de atender intereses generales, grupos con vocación de enriquecer el debate público, nuevos medios de comunicación (periódicos y blogs generales o especializados, aprovechando las facilidades de Internet y las redes sociales), think tanks ajenos al poder político, y un largo etcétera. Activismo pujante que dice mucho y bien de una sociedad civil que no deja en manos solo de los políticos el cuidado de lo público. Con ese rostro especialmente atractivo que es el auge entre nosotros del voluntariado, en la estela de los países más desarrollados y sociedades más abiertas. Hay en todo ello, me parece, elementos muy significativos de cohesión social, con efectos estabilizadores de fondo en cualquier contingencia de cambio.

A su vez, la emergencia de nuevas formaciones políticas en liza electoral puede tener también una lectura alentadora. Servirán de cauce de al menos una parte de potenciales votantes que de otra forma estarían tentados de mantenerse en la abstención, están obligando a desperezarse a los partidos que han ostentado la mayoría en uno u otro momento, y la probable dispersión de votos —del bipartidismo al cuadripartidismo— exigirá mayores capacidades que las ahora demostradas para negociar acuerdos de gobierno y firmar pactos a varias bandas, sin que ello deba redundar necesariamente en inestabilidad. Las pulsiones más desestabilizadoras provienen siempre del mal funcionamiento —por impericia o por corrupción— del propio sistema. Nótese, además, que la incorporación de esas nuevas formaciones políticas al engranaje de la democracia representativa, rubrica de facto la vigencia de ésta y la posibilidad de hacerla más participativa y más deliberativa. Probablemente, el pluralismo real de la sociedad española actual es difícil que quepa ya en los moldes invariados de tan solo dos partidos, por flexibles que estos sean con sus respectivas facciones internas.

No faltan, por tanto, razones para la esperanza, aunque no sea aconsejable bajar la guardia. Es lo mismo que puede decirse de la economía, hoy bajo el signo de una recuperación no solo consolidada (ya seis trimestres consecutivos con crecimiento del PIB), sino también vigorosa (ritmos de avance cercanos al 3 por ciento), pero que necesitará mantener un buen pulso reformista para dar paso a una fase propiamente expansiva.

Alejémonos, pues, de los agoreros. La sociedad, la economía y la escena política están hoy emitiendo en España señales evidentes de vitalidad. En un año en que seremos convocados repetidamente a las urnas, nos merecemos, en conjunto, un voto de confianza.

Un año crucial

Enero se ha despedido eliminando cualquier duda acerca del singular relieve que está destinado a alcanzar 2015. No sólo en España; también a escala europea el primer mes del año ha concluido con novedades que anuncian cambios de largo recorrido, quizá de época, con Draghi y Tsipras, cada uno por su lado, como abanderados. Aquí, en todo caso, ese adiós ha estado acompañado de señales anticipadoras de un ejercicio que está llamado a ser gozne entre tiempos muy distintos, una encrucijada, por eso mismo, en la historia de nuestro presente. Tres me parecen especialmente destacables. Primera, la convocatoria de los comicios autonómicos en Andalucía, que viene a redondear el intenso, el apretado (disparatado) calendario electoral que nos espera a lo largo del año; segunda, la publicación de diversos indicadores económicos expresivos de una recuperación que toma fuerza; tercera, la multitudinaria manifestación que ha llenado el centro de Madrid justo el último día de Enero, demostrando una más que notable capacidad movilizadora por parte de sus convocantes. Ninguna de ellas nos debe dejar indiferentes.

La cargada agenda de llamamientos a las urnas, uno por trimestre (elecciones andaluzas en marzo, locales y también autonómicas en mayo, catalanas en septiembre, y generales probablemente en noviembre o diciembre, todas las cuales se interpretarán en clave nacional), marcará el tono en el espacio público. El tono bronco y artificioso, tan ruidoso como hueco, que suele presidir casi siempre las campañas electorales, esa servidumbre de la democracia en tanto invitan a la simplificación de planteamientos y programas, a ofrecer duros a cuatro pesetas (o a menos) y a utilizar tan solo el blanco y negro para dibujar la realidad: el peor ambiente para gobernar y también para hacer oposición atendiendo a los intereses generales y no a los meramente partidistas.

Ninguna buena ayuda, sin duda, para el afianzamiento del proceso de recuperación que, semana a semana, parece cada vez más perceptible. Del mercado de trabajo al de la vivienda, del sector exterior al del comercio minorista, los signos positivos que van conociéndose hacen de 2015 un año decisivo para abrir en su curso una nueva fase de crecimiento económico, dejando atrás definitivamente la alargada sombra de una honda y severa crisis.

Por su parte, la vigorosa irrupción en el escenario político de nuevos interlocutores organizados (Podemos, pero no sólo él) implicará muy posiblemente el fin de la prolongada etapa de predominio indiscutido del bipartidismo, con la correspondiente alternancia en el gobierno de la nación. Desde las elecciones generales celebradas a finales de 1982, ese ha sido el modelo, la pauta siempre seguida, que ha aportado un muy alto grado de estabilidad a nuestra democracia (y la estabilidad, no se olvide, es nutriente principal de la confianza, componente clave, a su vez, del quehacer empresarial y de toda la actividad económica). Un tercio de siglo puede estar así llegando a su término.

No va a ser 2015, pues, un año cualquiera. Hoy presenta muchos ingredientes para constituir, más bien y en diversos terrenos, final de una etapa y comienzo de otra. Un año crucial, en definitiva.

Ante un calendario adverso

En la primera página de un viejo manual de Derecho Civil, que hace ya más de cincuenta años era una leyenda en la Facultad de Derecho de la Universidad madrileña, y no tanto por su calidad, que la tenía, como por la obligación de memorizarlo casi íntegramente para superar el correspondiente examen —el “Compendio”, de Federico de Castro, uno de los grandes maestros de los juristas españoles contemporáneos—, se leía que aquel era un tiempo “más que de crisis, de psicosis de crisis”. No sé si ese escueto diagnóstico, bien representativo de la extraordinaria concisión del texto citado, era acertado para su época, pero quizá sí sea válido para este arranque del 2015 en España, cuando una buena parte de la opinión pública expresa una sensación de desaliento que no se corresponde con los registros de muchos indicadores y “signos externos”, y no sólo en el ámbito de la economía. Tan urgente como desechar un frívolo triunfalismo, será entonces combatir cualquier estado colectivo de frustración, cuyos efectos nunca serán buenos.

El país funciona mejor no solo de lo que bastantes dicen, sino también de lo que muchos creen. El ajuste macroeconómico logrado, en términos de equilibrio externo, merece un sobresaliente: pasar en muy pocos años de necesitar que el resto del mundo nos financiara un 10 por ciento del PIB a autofinanciarnos, sin poder devaluar, ha sido un éxito, aunque haya acarreado —“devaluación interior”— altos costes sociales. Algo parecido puede decirse del sistema bancario, que, después de afrontar una severa reconversión —con la ayuda de los recursos aportados por los contribuyentes y las entidades sanas—, hoy ofrece comparativamente un buen estado de revista, como han revelado las más recientes pruebas del Banco Central Europeo. Más importante aún: tras varias andanadas de duros recortes presupuestarios, el sistema de protección social, con servicios y prestaciones de muy amplio espectro, se mantiene en pie y sólido. Y engranajes institucionales que son clave en una democracia, como la justicia, están actuando con probada independencia en medio de situaciones ciertamente comprometidas; así lo demuestran, un día sí y otro también, el curso de determinados procesos que involucran, según los casos, a altas magistraturas del Estado, a partidos políticos, a organizaciones sindicales y a prominentes gestores empresariales. El funcionamiento del país, por decirlo de nuevo de modo coloquial, no merece una visión derrotista. La propia emergencia a la luz pública de la corrupción, tan caudalosa, sin duda indica la “putrefacción” de ciertas élites, pero también es señal de capacidad de reacción social e institucional.

Deberíamos encarar el nuevo año, por tanto, con entereza. No va a ser fácil, pues el nutrido calendario electoral de los próximos doce meses, con plurales convocatorias —locales, autonómicas, generales— propiciará todo menos análisis realistas en quienes quieran ganar adhesiones entre los votantes y determinación política en quienes tienen la responsabilidad de hacer frente a las secuelas de los desequilibrios padecidos y a prolongadas deficiencias estructurales. Pedagogía social y acción gubernamental decidida es lo que hemos de pedir. No estamos ante un fracaso colectivo, pero los problemas planteados —ahora más de orden político que económico— no admiten tiempos muertos o administrados en función de intereses electorales. El crecimiento ha vuelto a la economía española, pero su continuidad y vigor exigen honestidad en las propuestas y pulso político firme, lo mismo que demanda la calidad de nuestra democracia.

La mejor “Marca España”

Con tanto ruido ambiente en nuestro escenario nacional, se corre el riesgo de no prestar atención a hechos tan alentadores como ajenos al alboroto; ya lo dijo Goethe: “solo el bien es silencioso”.

Por eso conviene dar aquí la bienvenida a una obra (“España en la inversión directa internacional”) que ofrece un análisis excelente de la inversión extranjera directa (IED) española, acaso el flanco más positivo y prometedor del desempeño de nuestra economía en el curso de los dos últimos decenios. Dirigida por un prestigioso economista académico, Rafael Myro, y editada con esmero por el Instituto de Estudios Económicos, reúne las firmas de una decena de reconocidos expertos que abordan, siguiendo un esquema eficazmente vertebrado, la inserción de España, como receptora y como emisora, en un proceso global de flujos internacionales de capital extraordinariamente dinámico desde finales de los años noventa. Proceso en el que España avanza a pasos agigantados, pasando de receptor neto a importante inversor en el exterior, de modo que el volumen de stock de capital de nuestras empresas multinacionales ya iguala al que poseen las extranjeras en el territorio nacional.

Una buena parte de las aportaciones más llamativas del libro se centra precisamente en el estudio del espectacular crecimiento de la inversión de las empresas españolas en el exterior. Son ya 2.500 con 4.500 filiales en el exterior. Las grandes, por supuesto, absorben un gran porcentaje del total, pero ese universo está cada vez más nutrido de empresas medianas con una admirable vitalidad. Son empresas de banca, telecomunicaciones, energía y comercio, pero también de manufacturas, ocupando ahí posición prominente metalurgia, minerales no metálicos, química, alimentación y vehículos y piezas. La Unión Europea (41 por ciento del total) y Latinoamérica (30 por ciento) son las localizaciones preferentes, en un caso por cercanía geográfica e institucional y en otro por esa valiosísima proximidad que procuran lengua y cultura comunes. Es un esfuerzo inversor que resulta rentable para quienes lo hacen y que tiene efectos muy positivos para el conjunto de la economía española. La rentabilidad obtenida por las empresas españolas en el exterior (promedio del 12 por ciento sobre los fondos propios) supera holgadamente a la lograda en el mercado nacional, lo que debe interpretarse como un respaldo a su estrategia de internacionalización, buscando afirmar las economías de escala y rentabilizar activos intangibles, de la mano casi siempre del incremento de las exportaciones. Al tiempo, la repercusión de esas inversiones foráneas de empresas españolas ha sido muy favorable —tómese buena nota— en términos de creación de empleo aquí, de igual modo que sobre la cualificación laboral, la intensidad tecnológica y las exportaciones. Incidencia positiva, en suma, de la IED sobre la economía española, que debe actuar como estímulo para reforzar la política de promoción de nuestra inversión en el exterior, complementando las acciones de las agencias especializadas —ICEX a la cabeza— con algunas otras que exhiben las oficinas innovadoras de los principales países desarrollados. Nos va a todos —esto es, a los intereses generales del país— mucho en ello. Nuestras empresas en el exterior son —nadie lo dude— la mejor “Marca España”.

Es la política

La apuesta era afrontar sin dilación la crisis económica para que los primeros logros de la ansiada recuperación aseguraran un horizonte libre de incertidumbre política a medio plazo. Planteamiento tan plausible como simplista, al que la realidad, siempre compleja, está poniendo bocabajo, pues es una crisis de índole política lo que no sólo amenaza con desestabilizar el marco institucional sino también con poner palos en las ruedas de la recuperación económica. No es la economía; la política es el problema.

Y de los varios rostros que este presenta, el principal no es, con ser grave, el del nuevo independentismo catalán, sino el de la crisis de liderazgo y de credibilidad que afecta a muchos de los actores de la escena pública y de modo fundamental a los políticos. La interminable sucesión de casos de corrupción es demoledora, actuando de disolvente del vínculo representativo en que se basa la democracia, deslegitimando en la práctica a quienes, a través de las urnas, se les ha encomendado el ejercicio de unos u otros cargos y responsabilidades en la gestión de los intereses públicos. Un verdadero torpedo contra la cohesión social que distingue a las democracias de calidad y a las economías más abiertas y prósperas. La brecha de desafección —o hartazgo o, todavía peor, desmoralización— entre políticos y ciudadanos es enorme, tan grande como justificada. Dicho de otro modo: el reguero de casos de corrupción política —o en los aledaños del plano político— produce efectos perversos sobre la legitimidad de los representantes y, por ende, de las instituciones; su percepción generalizada es devastadora para la democracia, provocando un claro proceso de falta de credibilidad y de desapego que se proyecta hacia todo el sistema.

Téngase en cuenta, además, que la corrupción se retroalimenta al menos de dos formas. En primer lugar, el corruptor necesita de alguien corruptible, que se transforma a su vez en posible futuro corruptor; en segundo lugar, el corrupto se protege de la vigilancia de superiores e inferiores incorporándolos al botín, lo que ellos harán de nuevo más adelante. Lo que equivale a decir que la corrupción propiamente política brota con especial fuerza allí donde existe una cultura cívica tolerante con otras conductas corruptas menos visibles o llamativas. Por eso combatirla concierne a toda la ciudadanía.

De ahí que sean especialmente saludables las iniciativas que desde la sociedad civil se brindan con ese objeto, como la que acaba de hacer pública el Círculo Cívico de Opinión (www.circulocivicodeopinion.es) volviendo sobre anteriores pronunciamientos de meses atrás: la propuesta de un gran pacto por la regeneración y revitalización de la democracia, con todas las medidas necesarias para rehacer la legitimidad perdida por parte de la política y sus titulares. Un pacto que exija una nueva regulación del sistema representativo —partidos políticos, sistema electoral, régimen de incompatibilidades, aforamientos—, de las fuentes encargadas de preservar la transparencia y la ética pública, y, en general, de cuanto contribuya a suturar el distanciamiento producido entre ciudadanía y clase política.

Es, más que en ningún momento anterior de nuestra democracia, el tiempo de la política.

Una agenda para Europa

Son los objetivos, es el programa lo que importa, más que los nombres de quienes integrarán la próxima Comisión Europea, el nuevo Ejecutivo comunitario cuya toma de posesión está prevista para dentro de pocas semanas (1 de noviembre), después de un largo proceso de gestación, que alcanza su clímax en el examen de los candidatos por la Eurocámara. Lo principal ahora, dicho de otro modo, es acertar con la agenda de las instituciones europeas en la legislatura que se inicia.

Una legislatura crucial, probablemente, por la suma de factores y acontecimientos que en pocos meses han coincidido: dentro, los resultados de las elecciones del pasado 25 de mayo, expresando el alto grado de descontento y contestación ciudadana respecto a una situación sin nervio político y mediocres resultados económicos; fuera, en la frontera oriental, el conflicto de Ucrania y, al sur, en territorios de Siria e Irak, el desafío del Estado Islámico. La suma de todo ello le está dando a 2014, sin duda, un relieve especial: un año de aniversarios redondos en la Europa del siglo XX (comienzo de las dos Guerras Mundiales y caída del Muro de Berlín: 100, 75 y 25 años, respectivamente), parece así aportar suficientes hechos de envergadura para tener su propia entidad histórica, planteando en todo caso prioridades inexcusables. Tres son muy obvias: economía, defensa y energía.

La primera para contrarrestar la desafección de una generación en riesgo de malograrse y las pulsiones populistas (y nacionalistas) avivadas por las secuelas de la crisis. Evitar, desde luego, un tercer episodio recesivo, pero sobre todo encontrar una senda de crecimiento que reduzca el desempleo y asegure los niveles del sistema de protección social que es santo y seña del modelo europeo de bienestar. La segunda —defensa— para contrarrestar la vulnerabilidad de las fronteras europeas ante la recuperada agresividad de la potencia rusa y el terrorismo islámico, esa otra forma no convencional de guerra en nuestros días. La UE gasta poco comparativamente en defensa y lo gasta mal, sosteniendo ejércitos nacionales de corte westfaliano que han perdido sentido al consolidarse la unión continental. La tercera —energía— para contrarrestar una gran dependencia con más amenazas en el nuevo escenario geoestratégico. Una política energética común que suponga unificar normas reguladoras, planificación de inversiones en infraestructuras para multiplicar las conexiones internas, adquisiciones centralizadas a terceros, un adecuado mix energético. Una PEC que pueda llegar a codearse con la PAC.

Tres entradas principales para una agenda que ha de dedicar también lugar destacado a la política migratoria común (3.000 vidas se ha cobrado en lo que va de año la travesía del Mediterráneo entre quienes, procedentes de aquella ribera, ven en esta el cielo de sus esperanzas) y una política exterior mejor definida y más activa, para combatir el peligro de una creciente irrelevancia global (bienvenida sea, en este punto, la remisión a las Cortes por nuestro Consejo de Ministros de la primera “Estrategia de Acción Exterior” de la democracia española, con serias y ambiciosas propuestas en lo que respecta, precisamente, a la Unión Europea). Es la suerte toda del proyecto europeo lo que está en juego.

Un nuevo curso

El comienzo de septiembre ha despejado cualquier duda; ni siquiera el más audaz Draghi ha conseguido titulares de primera plana más de una jornada; es el ajetreo en el patio de vecindad lo que llena las portadas. La política, quiere decirse la política doméstica, va a constituir el eje fundamental del curso que acaba de empezar. El calendario previsto induce a pensarlo así, con sucesivas entregas del desafío independentista, elecciones primarias en el principal partido de la oposición para las convocatorias electorales municipales y autonómicas, puesta de largo de nuevas formaciones políticas de ámbito nacional (bien de nueva creación, bien por recomposición de algunas de las ya existentes) y eventual llamada a las urnas en Cataluña (¿y en alguna otra Comunidad Autónoma?) antes de desembocar en la que obligadamente ha de tener lugar a finales de mayo de 2015. Nueve meses intensos, con el telón de fondo de la “regeneración democrática” en sus diversas variantes: desde el combate de la corrupción y las medidas (“a boleo”) para dotar de calidad institucional a nuestra democracia, hasta la reforma constitucional de uno u otro alcance, todo con objeto de recuperar la confianza perdida en el sistema por parte de amplios sectores de la ciudadanía, tentados ahora por los formuladores de esa simplificación bipolar de la realidad que sitúa en uno de los extremos, sin mezcla de bien alguno, a “la casta”.

Dicho de otro modo: el contenido sustancial del curso que acaba de abrirse no lo va a aportar la economía, ni esta va a imprimir el tono de aquel. La propia firmeza de la recuperación económica que revelan los datos más recientes le va a restar protagonismo —tanto en el debate público, como en los medios de comunicación y en las percepciones de los ciudadanos— a la situación económica. Cuanto más se reconduzcan los indicadores coyunturales, menos relevancia tendrán en el debate y el sentir de la calle, como si el cambio en el clima económico estuviera ya descontado. De los tres planos afectados por la crisis —el económico, el social y el institucional—, el primero ha sido el preeminente durante largos años, compartiendo ese rango a partir de un momento con la crisis social, pero hoy manda el tercero. Con el riesgo de que las tensiones políticas condicionen —y severamente— el desempeño de la economía.

Es la hora, en suma, de la política. Por ello no será quizá ocioso recordar los componentes que, fruto de la mejor creatividad en ese ámbito, están en la base de los mayores logros de la España democrática. Uno, la estabilidad: estabilidad macroeconómica pero, sobre todo, estabilidad institucional; la estabilidad es uno de esos bienes que sólo se valoran cuando se pierden. Otro, la apuesta por la negociación, tanto en el orden estrictamente político como en el social; el acuerdo como “bien democrático” para atender intereses generales además o por encima de los particulares, algo que es aconsejable recordar en un momento de mínima credibilidad de partidos, de sindicatos y de patronales. Y un tercero, el mirar con ambición como país hacia fuera y no hacia adentro, aspirando a ganar el porvenir y no a ajustar cuentas con el pasado. Eso es lo que ha nutrido los mejores momentos de la historia reciente española. Retengámoslo en el arranque de un curso con decidida vocación política.

Obligada evocación

Durante este mes de julio y en el agosto que le sucederá, la actualidad transcurrirá hace cien años. No es un juego de palabras; es un imperativo intelectual y ético. Lo que se fraguó entonces ha provocado las mayores hecatombes y tragedias que conoce la historia europea y, por extensión, la de todo el mundo en buena medida. Obligada ha sido por eso la sobria pero emotiva conmemoración de los líderes de la UE en el simbólico escenario de Ypres, la ciudad belga testigo de cruentas batallas y de la utilización por primera vez de armas químicas.

Fue todo un mundo el que se precipitó al abismo a partir del magnicidio de Sarajevo. Aquella Europa de “la edad de oro de la seguridad” y de la estabilidad, de fe en los avances científicos y tecnológicos ininterrumpidos, de mejoras sustanciales en las condiciones de vida, donde se llegó a creer que “el progreso técnico debía ir seguido necesariamente de un progreso moral igual de veloz” (S. Zweig), dio paso abruptamente al espanto que fue la I Guerra Mundial y, como frutos tempranos o tardíos de esta, a la revolución soviética, a décadas de radical inestabilidad social, a “la era de las tiranías” en el propio suelo europeo (E. Halévy), a la segunda gran conflagración mundial y a un largo rosario de secuelas que llegan hasta los conflictos y guerras que hoy sufren los países de Oriente Medio, cuyas fronteras fueron dibujadas caprichosamente al rebufo de “los cañones de agosto” (B. Tuchman). No se trata de una ficción, sino de la realidad.

Y no fue la lucha de clases preconizada desde la mitad del ochocientos lo que prendió la mecha, sino el nacionalismo. El reforzado nacionalismo con ansias hegemónicas de las grandes potencias y el nacionalismo irredento de las naciones sin Estado. Uno y otro confluyeron provocando el incendio. Un arrogante espíritu belicista nutría la cultura política común de los principales países que se enfrentarán en el campo de batalla, y entre los nacionalismos sofocados el fervor místico (o fanático, como se prefiera) encontraba su medio natural. La combinación fue catastrófica.

Consecuentemente, la I Guerra Mundial supuso el comienzo del final del liderazgo europeo. Después de cuatro siglos de hegemonía, desde la era de los descubrimientos hasta la segunda revolución industrial, la posición de Europa no pudo dejar de retroceder. Perdida la fe en su propia civilización, el viejo continente cedió el cetro del poder y la influencia. El verano de 1914 traza la principal línea divisoria. Será Estados Unidos, reafirmada su potencia militar e industrial con ocasión de la guerra, quien tomará el relevo: en la Conferencia de Paz de París (1919), el Presidente Wilson es ya el protagonista indiscutido.

Obligada evocación, pues, que tiene que servir para valorar bien lo que tenemos: esta Europa que avanza laboriosamente en su proceso de unión económica y política. A muchos les parece algo muy prosaico, y no pocos lo contemplan con deje despectivo. Pero con la perspectiva que brinda la efemérides el juicio ha de ser inequívoco. Europa ha conseguido levantarse apostando por la reconciliación, la paz y la cooperación: desenlace, tan inesperado como venturoso, para un siglo durante tanto tiempo aciago. Al fin, una “utopía razonable” y, con esfuerzo, realizable.

Estabilidad y cambio

El relevo en la Jefatura del Estado, con todo su hondo significado de estabilidad institucional, no conviene desvincularlo de la demanda de cambios profundos en nuestra vida pública que han puesto de manifiesto los resultados de las elecciones europeas. Más aún, la pautada sucesión en la titularidad de la Corona, al eliminar incertidumbre en la cúspide de nuestro sistema constitucional, debería aprovecharse para acometer reformas de alcance. La coincidencia en el tiempo de ambos hechos quizá no sea casual, pero en todo caso brinda ocasión propicia para que uno —la apertura del nuevo reinado— actúe como reclamo o revulsivo del otro. Ambos se necesitan recíprocamente.

La estabilidad institucional es una apuesta que ha sabido ganar la democracia española en el curso de los últimos decenios. Estabilidad institucional —expresada fehacientemente en las sucesivas alternancias en el poder al dictado de las urnas y en los gobiernos duraderos dentro de cada legislatura— que se ha doblado de estabilidad macroeconómica en una gran parte del recorrido, calando en la opinión mayoritaria un principio básico: que las ganancias de prosperidad requieren un suelo estable; que la carencia de este se resuelve, antes o después, en una contribución negativa a la actividad económica; que la estabilidad aporta confianza, y la confianza es el mejor lubricante de iniciativas inversoras y de proyectos empresariales, y la savia que nutre eso que ha dado en llamarse capital social. La España democrática así lo ha demostrado: el asentamiento institucional ha permitido y tensado capacidades creativas en diversos ámbitos y, desde luego, en el económico.

Pero hoy la propia estabilidad del marco institucional exige cambios. Reformar para fortalecer las instituciones, para dotarlas de la calidad que no tienen. Reformas como garantía de la continuidad del propio sistema democrático y, a su vez, la estabilidad de este como deber de reformas fuertes que corten las alas a proclamas y pulsiones populistas, su principal amenaza. Al populismo de una u otra laya sólo se le combatirá eficazmente desde un renovado y creíble aliento reformador. Por eso estabilidad ahora ha de escribirse con “r” de reforma, de regeneración, comenzando por las formas de hacer política y por el funcionamiento de unos partidos políticos con evidentes síntomas de anquilosamiento.

Por lo demás, en la España de nuestro tiempo democracia y Monarquía han ido de la mano, ganándose esta la legitimación “de ejercicio” al hacer posible y velar por aquella. También aquí la Monarquía ha sido un marco solvente para la democracia, como lo es en Gran Bretaña, Suecia, Holanda o Bélgica. De donde se deduce que reabrir la cuestión Monarquía-República, con ocasión de la proclamación de Felipe VI, “parezca, ante todo, un error. Peor aún: un error innecesario” (Fusi). En vez de ello, retomemos a la altura del presente las dos claves que aportaron mayor fecundidad a aquel otro comienzo de hace casi cuarenta años: mirar hacia adelante en vez de hacia un atrás ya estéril, y mirar hacia afuera, ensanchando la proyección internacional de todas nuestras realizaciones, en vez de ensimismarnos y hollar en nuestros rasgos identitarios. Si lo consiguiéramos, estos días pasarían a ser ciertamente otra fecha “histórica” en nuestro devenir colectivo.

Anteriores Entradas antiguas

Visita nuestra web para información sobre actividades

http://www.alde.es
Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 274 seguidores