El coste de la crisis bancaria (II)

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) formalizó ayer (28/2/2013) la adquisición de los activos inmobiliarios traspasados por las entidades encuadradas en el llamado grupo 2 (Liberbank, BMN, Ceiss y Caja3) completando así el proceso iniciado a finales de diciembre de 2012, momento en el cual se hizo con los aportados por Bankia, CatalunyaBank, NCG Banco y Banco de Valencia. Parece pues un buen momento para  hacer un balance provisional sobre la crisis bancaria actual, empezando por cuantificar los recursos comprometidos en su resolución: 185.000 millones de euros a día de hoy, que contrastan con los 22.118 millones de euros de 2011 que, según el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, fue preciso movilizar para hacer frente a todos los episodios de crisis bancarias acaecidos en España entre 1978 y 2004.

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Como puede verse en el cuadro 1, la naturaleza los recursos invertidos, y por tanto el riesgo asumido, es muy dispar. Una parte importante de los apoyos prestados (117.497 millones de euros para ser exactos) son avales otorgados por el Tesoro español a las entidades de crédito y, más recientemente, a la SAREB para facilitar la captación de fondos en un caso y financiar la adquisición de activos inmobiliarios en el otro. Las emisiones realizadas por bancos y cajas no solo no han causado hasta la fecha ningún quebranto a la hacienda pública española, sino que han generado ingresos en forma de comisiones. Esperemos, cosa harto más discutible, que ocurra lo mismo con las emisiones de deuda senior realizadas por la SAREB.

La inyección de capital (60.000 millones de euros) ha sido otra de las vías de apoyo al sistema bancario implementadas en España. Aportados en su mayor parte por el FROB y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), la recuperación integra de tales recursos está descartada. De hecho, el FROB da ya por perdidos la práctica totalidad de los 14.500 millones de euros “invertidos” en las entidades integradas en los grupos I y II.

Para facilitar su venta, algunas de las entidades en crisis se han beneficiado adicionalmente de un esquema de protección de activos (EPA). Como su nombre indica, tales esquemas cubren un porcentaje (80 por ciento, por ejemplo, en los casos de Unnim Banc y CAM) de las pérdidas que puede generar una cartera de activos predeterminada durante un cierto periodo de tiempo (diez años en los ejemplos citados). Tardaremos pues en conocer las pérdidas finales que acabará generando la crisis bancaria actual.

El desconocimiento de su cuantía exacta no impide señalar que las pérdidas serán elevadas y muy superiores a las ocasionadas por las crisis que tuvieron lugar en la parte final del siglo XX (8.921 millones de euros de 2011 según, de nuevo, el FGDEC). Dado el origen de los fondos, es también evidente que la mayor parte de las mismas recaerán sobre los contribuyentes.

El coste de la crisis bancaria

La memoria del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios correspondiente al ejercicio de 2011 (pinchar aquí) aporta una novedad ciertamente importante respecto a las anteriores, esto es: proporciona el volumen de recursos (y el coste) que han generado las operaciones de saneamiento llevadas a cabo por el citado Fondo desde su creación no sólo en euros corrientes, como venía siendo habitual, sino también en euros constantes de 2011, facilitando así su comparación con otros episodios de crisis Acorde con la nueva forma de valoración, entre 1978 y 2004 las operaciones de saneamiento bancario exigieron movilizar 22.118,4 millones de euros, un tercio aproximadamente de los cuales (8.900 millones) no se recuperaron.

Los datos recogidos en el cuadro adjunto permiten por su parte contextualizar la crisis actual. Aceptando que las pérdidas asociadas a los esquemas de protección de activos (EPA) que han recibido Unnim y la CAM no superen las estimadas por los auditores se habrían comprometido ya 29.500 millones de euros. Teniendo en cuenta que no han celebrado todavía las subastas de Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia, y los recursos adicionales que exigirá el saneamiento de Caja España es evidente que el volumen de fondos que será preciso inyectar para hacer frente a la crisis actual superará con creces el invertido en todo el período anterior. Lo mismo ocurrirá con las pérdidas, cercanas ya a los 12.000 millones de euros contabilizando únicamente las generadas por Caja Castilla-La Mancha, Cajasur, Unnim y CAM.

 

La recapitalización de la banca española: La historia interminable

El 15 de octubre de 2011 se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 16/2011 por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Dicho decreto, según el Ministerio de Economía y Hacienda, culmina el proceso de recapitalización y reestructuración del sistema financiero español iniciado hace ahora dos años (“opera como elemento de cierre y garantía de coherencia  interna del conjunto de las reformas” dice textualmente la introducción del Real Decreto). Transcurridos ni tan siquiera quince días las autoridades europeas decidían en la enésima cumbre sobre el futuro de la eurozona exigir a la banca europea, y en especial a la española, esfuerzos adicionales en materia de solvencia.

Lo primero que se pide a los bancos es que eleven su posición de capital de máxima calidad todo lo que sea necesario para alcanzar una ratio equivalente al 9% de los activos ponderados por riesgo. Hasta aquí “no problem”. Se puede estar o no de acuerdo con la medida, y con su oportunidad,  pero es evidente que la misma forma parte del arsenal de herramientas de que disponen los reguladores para mantener (o intentar mantener) la confianza de la población en las entidades bancarias.

Muchas más dudas plantea la segunda de las medidas adoptadas en la citada cumbre, esto es: exigir a las entidades bancarias que valoren la totalidad de su cartera de deuda pública a precios de mercado. Siempre se podrá, sin embargo, argumentar que la forma en la que deben valorarse los distintos activos bancarios no es más que el resultado de una convención que, como tal, podemos cambiar cuando lo consideremos necesario.

Los problemas y la sensación de incredulidad se acentúan tras leer con calma el documento Capital buffers for adressing market concerns over sovereign exposures  (pincha aquí) elaborado por la Autoridad Bancaria Europea para la citada cumbre, y que “aclara”  entre otras, las siguientes cuestiones:

 –  La obligación de constituir colchones adicionales de capital de máxima calidad es temporal y excepcional (¿se eliminará más adelante?)

 –  Afecta solo a los bancos considerados sistémicos  (el resto…. ¿no necesita más capital?)

 –  No se modifican las normas de contabilidad bancaria en vigor. Esto es: pese a que se obliga a los bancos a constituir un colchón de capital para cubrir su depreciación, la deuda pública sigue siendo formalmente un activo libre de riesgo (sic).

No tienen tampoco desperdicio las questions & answers sobre los efectos de las medidas tomadas que ha preparado y colgado la EBA en su página web (pincha aquí). A título de ejemplo, recomiendo encarecidamente a los lectores de este blog que busquen y lean la respuesta a las dos siguientes: ¿Se está obligando a los bancos a frenar la concesión de créditos? y ¿Acentuarán las medidas adoptadas el proceso de desapalancamiento?

Tumores, funerales y borracheras

Los economistas utilizamos con mucha frecuencia en nuestras intervenciones públicas el lenguaje y vocabulario de nuestros colegas los médicos. Seguimos también en gran medida su estructura expositiva, explicando, tras el preceptivo diagnóstico (resfriado, neumonía, anemia, cáncer), las causas (virus, contagio, intoxicación), los síntomas (fiebre, hipertensión, congestión) y el tratamiento (intervenir, extirpar, implantar un by-pass, poner a dieta, purgar) a seguir para superar la enfermedad.

La llegada de la crisis financiera nos ha permitido sofisticar las referencias al tema médico (El marcador en sangre de nuestro tumor sigue siendo, como desde el principio de la crisis, el crédito a los promotores inmobiliarios, Luis Garicano, La Vanguardia, 2 de octubre 2011). Hemos ido además un poco más allá y hablamos ya sin tapujos de la muerte (No se pude medir la salud de los sanos por la de los muertos, que están fatal, pero por eso están muertos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Rueda de prensa 30 septiembre 2011) y de los rituales que la acompañan (La quiebra de Grecia produciría un cierto alivio, similar al que se produce en las familias con el óbito de uno de sus miembros tras una larga y pesada enfermedad, La Vanguardia, 18 de septiembre 2011).

Es difícil, sin embargo, superar a los maestros. Baste recordar el mea culpa que entonaba Lord Robbins al final de su vida en relación a sus creencias de juventud sobre las medidas a tomar para salir de la Gran Depresión. En sus famosas palabras, de nuevo de rabiosa actualidad: “La idea de que lo esencial era eliminar las inversiones equivocadas y fomentar la disposición a ahorrar era tan poco adecuada como negar mantas y estimulantes a un borracho que hubiera caído en un estanque helado, bajo el razonamiento de que su problema inicial era un acaloramiento excesivo” (Autobiography of an Economist, Macmillan Press, 1971).

La reestructuración del sector financiero:FROB vs. FGDEB

El gobierno español ha anunciado su intención de hacer recaer sobre los tres  fondos de garantía de los depósitos existentes en la actualidad las pérdidas potenciales en las que pueda incurrir otro fondo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por su intervención en el proceso de recapitalización del sector financiero español. A la espera de conocer los detalles de la anunciada reforma vale la pena recordar los datos básicos y el funcionamiento de uno de los citados fondos, el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios (FGDEB) que ha jugado un papel clave en la resolución de los distintos episodios de crisis bancaria que ha sufrido la economía española en los últimos treinta años.

Acorde con el elevado número de entidades involucradas (más de una cincuentena)  el volumen de recursos movilizado por el FGDEB para hacer frente a las crisis bancarias ha sido ciertamente elevado (8.436,8 millones de euros a 31 de diciembre de 2010), y han sido asimismo muy cuantiosas las pérdidas (2.985,5 millones de euros, un 35,5 % de los recursos invertidos) que ha tenido que asumir el citado FGDEB.

Como era previsible esperar, dados los elevados costes en términos de pérdida de confianza en el sistema que podía generar su aplicación generalizada, la opción meramente aseguradora (pago de los depósitos asegurados y liquidación de la entidad en crisis) ha sido utilizada en contadas ocasiones y siempre y cuando la entidad afectada tuviera una reducida dimensión. En la mayoría de los casos el FGDEB optó alternativamente por intentar salvar la entidad en dificultades, articulando para ello lo que acabo conociéndose como “operación acordeón”. Raimundo Poveda recordaba en un reciente y magnífico ensayo (La regulación y supervisión bancarias en los últimos cuarenta años incluido en Un siglo de historia del sistema financiero español, Alianza Editorial, 2011) la secuencia tipo de tales operaciones. A saber:

  • Una conminación del supervisor a tomar medidas para restablecer la situación patrimonial en el plazo de un mes, cosa que la entidad era incapaz de hacer.
  • La venta “voluntaria” del capital del banco al fondo por un precio simbólico (una peseta) o por un valor no simbólico pero muy rebajado, en los casos en que se estimó que existía un accionariado “inocente” merecedor de alguna protección.
  • Un programa de ayudas a la entidad, ya con una nueva administración, para sanear su situación financiera.
  • Una emisión de capital suscrita por el Fondo.
  • En el plazo de un año, venta de la entidad ya saneada, por concurso restringido, a un banco idóneo.

En la crisis actual el regulador ha decidido (o se ha visto obligado a aceptar) ampliar el margen de maniobra de las entidades en crisis. Prueba de ello es que el FROB ha aceptado revender, en el plazo de un año ampliable a dos, a las propias entidades en crisis o a terceros propuestos por ellas los títulos representativos de la propiedad en poder del Fondo. Si bien es cierto que las condiciones de dicha reventa “deberán asegurar un uso eficiente de los recursos públicos y llevarse a cabo en condiciones de mercado” (Real Decreto 2/2011 de 18 de febrero, artículo 9, epígrafe 8), es también evidente que no es lo mismo que una subasta competitiva. En algunos casos, las autoridades han mantenido también a los gestores anteriores, rompiendo así uno de los principios que habían guiado su actuación en el pasado.

La prueba del algodón de tales modificaciones no será otra que el volumen de pérdidas. De momento sólo sabemos dos cosas: que el FROB ha invertido ya 17.600 millones de euros en las entidades en dificultades, y que de mantenerse el porcentaje “histórico”  de quebrantos estaríamos hablando de unas pérdidas cercanas a los 6.000 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica al patrimonio actual de los tres fondos de garantía que el gobierno ha anunciado su intención de fusionar.

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