¿Está bien diseñada la reforma constitucional? (II): Finanzas sostenibles, estabilizadoras y equitativas, por José García Solanes.

El debate sobre la introducción de cláusulas de equilibrio presupuestario en las constituciones de los países europeos sigue de plena actualidad. Hoy mismo, Paul De Grauwe ha publicado un excelente artículo titulado Fundamentalistas del déficit · ELPAÍS en el que se muestra crítico con esta práctica, coincidiendo en buena medida en los mismos argumentos expresados en nuestro blog en la entrada de Manuel Hernández.

Hoy enriquecemos el debate en el Blog de la ALdEa Global con la aportación de José García Solanes, Catedrático de la Universidad de Murcia, con un artículo publicado el pasado día 6 en Cinco Dias y que ha tenido a bien cedernos como entrada. 

 

Finanzas sostenibles, estabilizadoras y equitativas

Felizmente, el pasado martes el Pleno del Congreso aprobó considerar la reforma de la Carta Magna sobre déficit público en los términos acordados por PSOE y PP. Los efectos más fácilmente comprensibles del acuerdo se deducen del equilibrio presupuestario de medio plazo. El déficit global de 0,4% sobre el PIB tendencial o estructural -que se concretará en una ley orgánica posteriorrepresenta un saldo prácticamente cero a lo largo del ciclo económico y por consiguiente, una garantía de la sostenibilidad de las finanzas públicas bajo cualquier Gobierno. Un analgésico para los animal spirits de los mercados, y una condición para recuperar la senda del crecimiento. A pesar de ello, la norma ha suscitado muchos juicios negativos, que pueden disiparse cuando se entienden bien dos cosas: que el límite impuesto no recae sobre el gasto público -como frecuentemente se dice y escribe-, sino sobre la diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones públicas; y que el saldo presupuestario no se calcula en valor corriente de cada año, sino en términos estructurales.

El hecho de que las cuentas se hagan en términos del PIB estructural o potencial, o sea, descontando las fluctuaciones cíclicas, es esencial para que las finanzas públicas produzcan efectos estabilizadores. La razón es que con unos impuestos y unos gastos que satisfacen el equilibrio estructural, el Gobierno ahorra en momentos de vacas gordas -recauda más y gasta menos que lo que marca la tendencia- e incurre en déficit en años de vacas flacas, es decir, cuando la producción nacional se encuentra por debajo de su valor potencial. De ese modo, contribuye a achicar las fluctuaciones cíclicas y, por consiguiente, a reducir los costes sociales de estas. No en balde, en los modelos macroeconómicos las desviaciones de la renta nacional con respecto a su valor de medio plazo constituyen un elemento muy importante de las pérdidas sociales. Cierto, la diversidad de resultados a la que se presta la estimación del PIB estructural da lugar a una franja variable de saldos corrientes (los que se obtienen con el PIB de cada año). Pero, aun dando como buenas todas las metodologías más conocidas, los saldos corrientes resultantes estarían comprendidos en una horquilla de +/-3% o 4% del PIB. Son unos márgenes suficientes para que entren en juego los estabilizadores automáticos y otras medidas fiscales que requiera el estado de la coyuntura.

Obsérvese que, dado que la normativa prevé la aprobación de déficits adicionales en casos de recesión económica y/o de catástrofes que no controla el Gobierno, una coyuntura muy desfavorable como la actual podría fácilmente abocar a unos déficits reglamentarios de 7% u 8%, o más. Lo cual representa una flexibilidad fiscal considerable para los países que como España no disponen de una política monetaria autónoma para influir sobre la actividad económica. Pero conviene hacer una observación importante: la norma acordada solamente acota el techo de déficit que surge en momentos de crecimiento débil. Debería completarse con una disposición que obligue a los Gobiernos, en los años de expansión, a obtener superávits suficientes para hacer frente a las coyunturas desfavorables y a las catástrofes imprevistas.

Las reglas aprobadas de ninguna manera coartan la posibilidad de diseñar y aplicar las políticas sociales que los Gobiernos consideren oportunas. Un déficit concreto es alcanzable con montantes muy diversos de gastos e ingresos, según la orientación ideológica de los Gobiernos. Además, para unos montantes dados de esas variables, los Gobiernos pueden actuar sobre la estructura, composición y asignación de las mismas para mejorar la eficiencia, la equidad y el Estado del bienestar. Ciudadanos ricos de Alemania, Francia y EE UU acaban de proponer un camino de entre los muchos posibles: subir los impuestos de las grandes fortunas para que el peso de la crisis se reparta de manera más justa.

Finalmente, la puesta en práctica de los mecanismos fiscales aprobados requiere dos detalles técnicos. Primero, que el Gobierno disponga de una estimación del PIB estructural lo más fiable posible. Una posibilidad sería que Eurostat realizase estos cálculos para todos los países de la zona euro y los pusiera a disposición de los respectivos Gobiernos nacionales antes de la elaboración de sus presupuestos. Segundo, debería designarse una comisión mixta de expertos para que evaluara periódicamente el grado en que los Gobiernos satisfacen las reglas establecidas, y las sanciones aplicables cuando las metas no se cumplen.

3 comentarios (+¿añadir los tuyos?)

  1. ilpflcrdkti
    oct 06, 2011 @ 13:27:59

    pRXlLD ddsmlfeiyqfk

    Responder

  2. fxtcpenvezn
    oct 05, 2011 @ 09:18:04

    HdtFs8 jzshbfknsdgk

    Responder

  3. Daniel
    sep 24, 2011 @ 03:33:07

    bueno si estas reforma ayuda al equilibrio presupuestario en las constituciones de los países europeos y al incremento del PIB esta bien, solo hay que reformar algunas condiciones que no golpeen al sector obrero, hablando de finanzas comparto con ustedes la noticia sobre Ana Patricia Botin http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2005/10/18/605432/ana-patricia-botin-mejor-empresaria-ano.html

    Responder

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