De aquí a Lima

He tenido la suerte de estar en primera fila: la invitación a participar en el Seminario Internacional “América Latina: oportunidades y desafíos”, convocado por la Fundación Internacional para la Libertad y celebrado en los últimos días del pasado mes de marzo en la prestigiosa Universidad de Lima, me ha permitido vivir en la capital peruana dos semanas con marcado interés en el ámbito económico y en el cultural.

Los primeros ponentes en el Seminario fueron los expresidentes Piñera y Calderón, y ambos subrayaron el buen rodaje inicial de la Alianza del Pacífico, creada justo hace tres años (en abril de 2011). Constituida por México, Colombia, Perú y Chile como gran plataforma estratégica de libre comercio, puede acabar siendo bastante más que eso y cambiar el mapa de Latinoamérica. Reúne a las cuatro economías de tamaño medio o grande más exitosas en este momento de la región, las de mayor crecimiento y menor inflación, las más competitivas y extrovertidas: sumando un tercio de la población total, absorben casi la mitad de la inversión extranjera y un 53 por ciento del comercio internacional de América Latina. Toda una potencia a escala global: en conjunto, esos cuatro países equivalen hoy a la octava economía del mundo por PIB y a la séptima por exportaciones. Los firmes pasos dados en estos tres primeros años son, desde luego, más que prometedores: ya se han eliminado los aranceles para la inmensa mayoría (90 por ciento) de los productos y los visados para empresarios e inversores, se han sentado las bases para la integración de las Bolsas de valores e incluso se empiezan a proyectar sedes diplomáticas comunes. Sin duda, el rostro más esperanzador del Iberoamérica: apuesta por la democracia y el mercado, estabilidad institucional, programas sociales ambiciosos, apertura exterior (en contraste, por cierto, con tantos frustrantes proyectos de ensimismamiento, como MERCOSUR y ALBA).

El Perú actual es un buen escaparate de todo ello. Tres lustros de progreso económico y de reducción de la pobreza, de estabilidad democrática y continuidad en prudentes políticas económicas han dotado de dinamismo y creatividad a sectores muy amplios de la sociedad, al tiempo que se impulsa la modernización de infraestructuras, con la presencia previsible, en este caso, de las grandes firmas españolas internacionalizadas: la citada reunión académica ha coincidido con la adjudicación a ACS y FCC del “megacontrato” (4.000 millones de euros) para la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima (apenas unos días antes, por cierto, de la inauguración del primer metro de Centroamérica, en Panamá, obra también liderada por FCC).

Otra coincidencia, además, ha servido para darle especial pulso al ambiente cultural limeño durante la semana final de marzo: la primera Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, concebida como incitación a la escritura y la lectura, convirtiendo Lima en la capital de las letras iberoamericanas: 324 novelas presentadas, casi un centenar de conocidos escritores de una veintena de países, más de diez mesas redondas y actos culturales en colaboración con universidades, museos y teatros nacionales. Un estimulante festín literario… en español.

Haremos bien si seguimos con atención esa pujante realidad.

Las cinco mayores crisis financieras internacionales, la Gran Depresión de 1929 y la Gran Recesión de 2007: ¿en cuánto tiempo se recuperó el empleo?

Una de las cuestiones más debatidas en la actualidad en nuestro país es la relativa a cuánto tiempo se tardará en recuperar el empleo previo al inicio de la recesión económica de 2008. Para tratar de dar una respuesta adecuada a esta cuestión quizá resulte de utilidad el contrastar experiencias similares históricas, de las cuales ya tenemos la respuesta.

En esta entrada del Blog mostramos en cuánto tiempo se recuperó el empleo previo al inicio de la crisis en las cinco mayores crisis financieras históricas (España, 1977; Noruega, 1987; Finlandia, 1991; Suecia, 1991; Japón, 1992) [1], y las dos mayores recesiones económicas que han golpeado históricamente a la economía de EE.UU. (la Gran Depresión de 1929 y la Gran Recesión de 1987). Estos comportamientos históricos sirven de base para evaluar la experiencia actual de la crisis económica de la economía española iniciada a finales de 2007.

En el gráfico adjunto – publicado recientemente por Oregon Office of Economic Analysis -  (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande), se representa la pérdida de empleos (en %) en cualquier mes posterior a la recesión respecto al nivel máximo de empleo alcanzado antes del inicio de la recesión económica en los 7 episodios históricos mencionados.

 

 

En los 5 grandes episodios de crisis financieras internacionales, el mercado de trabajo recuperó el nivel de ocupación previo a la crisis económica de una manera muy heterogénea:

- España, 1977: 13 años

- Noruega, 1987, 8 años y 6 meses

- Finlandia, 1991, 17 años y 4 meses

- Suecia, 1991, 18 años y 8 meses

- Japón, 1992, todavía no lo ha recuperado después de 22 años

Por el contrario, en el contexto de los otros grandes episodios de crisis financieras, el actual ciclo económico recesivo de los EE.UU. no parece tan grave en términos relativos. De hecho, el mercado de trabajo de EE.UU. obtiene por el momento “mejores resultados” que las cinco crisis financieras anteriores identificadas por Reinhart y Rogoff (2009, 2011) y que la Gran Depresión (recuperación del empleo en 11 años). En concreto, si se mantuviera la tendencia observada en el gráfico en los próximos meses, la economía de EE.UU. habrá vuelto ya al empleo previo al inicio de la “Gran Recesión” iniciada en el año 2007 en 6 años y 6 meses.

Parte de esta recuperación rápida del empleo en EE.UU. se puede atribuir, sin duda, a la política fiscal moderadamente expansiva del Gobierno Federal (con muchos menos recortes que en la zona del euro) y a la política monetaria no convencional muy expansiva de la Reserva Federal (mucho más expansiva que en la zona euro).

En el siguiente gráfico hemos reproducido el primer gráfico para el período de crisis económica de la economía española iniciada en 2007.

El pico máximo de empleo se alcanzo en el tercer trimestre de 2007, con un número de ocupados según la EPA de 20.510.600 personas. En la actualidad, el número de ocupados según la EPA se sitúa a finales del cuarto trimestre de 2013 en 16.758.200 personas, lo que representa una caída del 18,3% desde el máximo de ocupación alcanzado antes de la crisis de 2007. El perfil del gráfico supone que llevamos ya 6 años y 3 meses de pérdidas de empleo desde el pico del tercer trimestre de 2007.

Me temo que llevamos camino de repetir nuestra experiencia de 1977, y siendo ya muy pesimista el de Japón.

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[1] Las cinco mayores crisis financieras internacionales son identificadas en los trabajos de los economistas de Harvard University, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff:

Reinhart, C. y Rogoff, K.S. (2009): This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princenton University Press.

Reinhart, C. y Rogoff, K.S. (2011): “From Financial Crash to Debt Crisis”, American Economic Review, Vol. 101, No. 5, pp. 1676-1706.

Reglas monetarias y reglas fiscales en una unión monetaria, por Carmen Díaz Roldán

La profesora de la Universidad de Castilla La Mancha Carmen Díaz Roldán nos envían esta interesante entrada sobre la interacción de las reglas monetarias y fiscales.

En las economías avanzadas para garantizar la eficacia y credibilidad de la política monetaria, se propugna que la autoridad monetaria sea independiente del gobierno, y ajuste su actuación a una regla sistemática plenamente conocida por los agentes económicos privados, evitando la discrecionalidad. Con ello se pretende que la ejecución de la política monetaria no dependa de los intereses electorales del gobierno y, adicionalmente, el hacer pública la regla seguida por la autoridad monetaria podría evitar cualquier tipo de incertidumbre al sector privado, a la hora de tomar sus decisiones de consumo e inversión. En los últimos años este debate ha cobrado renovada actualidad gracias al trabajo titulado “Discreción frente a reglas de política en la práctica” de John Taylor (1993). En él se muestra cómo una regla simple de política monetaria podría describir la política seguida por la Reserva Federal estadounidense y que, a través de modificaciones del tipo de interés, es posible influir sobre los dos objetivos esenciales asignados a la política monetaria: la estabilización del nivel de actividad y la estabilidad de precios.

En esta línea, la mayoría de las contribuciones empíricas han tratado de comprobar hasta qué punto las reglas monetarias del tipo descrito por Taylor podrían explicar la actuación de los bancos centrales (véase, por ejemplo, Díaz y Montero (2004) para el caso español). De forma equivalente, ¿deberían las autoridades fiscales seguir algún tipo de regla fiscal? Tal como señaló Taylor (1993), las reglas de política fiscal también son un importante elemento en el análisis de la política macroeconómica. Y más aún, los estabilizadores automáticos o las estrategias para mantener el presupuesto equilibrado podrían interpretarse como reglas fiscales que pueden ser estudiadas bajo un enfoque similar al de las reglas monetarias.

Una estrategia de política fiscal basada en reglas podría ayudar a corregir los cambios en las variables macroeconómicas, debidos a perturbaciones no esperadas; podría proporcionar una guía a los gobiernos para conseguir sus objetivos de política; y, además las reglas fiscales serían capaces de proporcionar al sector privado un entorno económico de estabilidad y confianza. Dichos beneficios podrían incluso ser mayores en una unión monetaria; donde, tras perder las autoridades nacionales el tipo de cambio y la política monetaria como instrumentos de estabilización macroeconómica, las fuerzas del mercado a veces pueden resultar insuficientes para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aunque, por otra parte, una regla que limite el déficit y la deuda, pueden limitar el alcance estabilizador de la política fiscal incurriendo en costes en términos de crecimiento y empleo. Debido a esto, en una unión monetaria, al tener que hace uso exclusivo de la política fiscal como política de demanda, no resulta fácil mantener la disciplina fiscal. Y por esa razón, cuando los estados miembros tienen políticas fiscales descentralizadas, se hace necesario algún mecanismo de corrección de un posible déficit excesivo.

En Díaz Roldán (2013) se muestra una caracterización de las situaciones en las que podría resultar conveniente o no adoptar una regla fiscal explícita en una unión monetaria, cuando los países miembros sólo cuentan con el déficit público como instrumento de política fiscal con fines estabilizadores. Y se obtiene como conclusión que entre estados miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM) europea, a la hora adoptar o no una regla fiscal, se deben tener en cuenta, no solo los niveles de deuda de partida sino también los rasgos específicos de sus economías. A esto se añade que el contexto actual de crisis financiera y económica, dificulta la financiación del déficit público. Por ello, la necesidad de reducir los niveles de deuda y déficit, sin perjudicar el crecimiento, ha vuelto a propiciar el debate sobre la utilidad y efectividad de las reglas de política fiscal, y su complementariedad con las medidas discrecionales.

En el ámbito de la UEM, el Tratado de Maastricht ya señalaba que los estados miembros de la UEM deberían evitar los déficit públicos excesivos; y los valores de referencia de los ratios déficit público-PIB y deuda pública-PIB, han funcionado en la práctica como reglas explícitas de política fiscal. Pero en los últimos años, la crisis económica (y la crisis de deuda soberana que afecta a la eurozona) ha puesto de manifiesto que el PEC no funcionó de forma adecuada y que no fue capaz de impedir los severos desajustes fiscales de la UEM. De ahí que se haya promovido su reforma, endureciendo las exigencias de disciplina fiscal para garantizar el saneamiento de las finanzas públicas. Las reglas fiscales numéricas fomentan la disciplina fiscal (Banco Central Europeo, 2013) y es por ello que, tras la firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, los estados miembros de la Unión Europea (UE) están introduciendo reglas explícitas en su legislación nacional.

En España, dicho compromiso se elevó a rango constitucional mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. El desarrollo legal de dicha reforma tiene su continuidad en la reciente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012. En dicha ley se incorpora una regla de gasto, para evitar que este crezca por encima de la tasa de crecimiento de la producción, y se establecen además límites al endeudamiento de los niveles de gobierno inferiores al central. En definitiva se trata de, a través del establecimiento de un marco legal, conseguir una disciplina financiera que ayude a la reducción del déficit público, es decir unas finanzas saneadas que favorezcan la estabilización contribuyendo a un crecimiento sostenido.

Como ya había señalado Hernández de Cos (2011), en las dos últimas décadas los países desarrollados han establecido límites explícitos al déficit o la deuda pública para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y concretamente, en España, el límite explícito a la deuda pública constituye la variable clave para medir dicha sostenibilidad (Hernández de Cos y Pérez, 2013). Aplicándolo al caso de España, Hernández de Cos (2011), realiza un ejercicio contrafactual de la regla de gasto introducida tras la reforma constitucional de 2011, al periodo 1998-2010. Y comprueba como el cumplimiento estricto de la regla habría llevado a una situación más saneada de las finanzas públicas durante la década previa a la crisis económica. Pero en cualquier caso, también se constata que la requerida disciplina fiscal supone un notable esfuerzo de consolidación fiscal en términos cuantitativos, y prolongado en el tiempo. Y la pregunta es: ¿seremos capaces de realizar ese esfuerzo sin perjudicar el crecimiento?

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Referencias

Banco Central Europeo (2013): “The importance and effectiveness of national fiscal frameworks in the EU”, Monthly Bulletin, febrero, 73-88.

Díaz-Roldán, C. y Montero-Soler, A. (2004): “Las reglas de política monetaria en la actuación del Banco de España: 1978-1998”, Revista de Economía Aplicada 12, nº 34, 39-52.

Díaz Roldán, C. (2013): “Déficit, deuda y reglas fiscales en una unión monetaria”, Cuadernos de Información Económica 233, 11-23.

Hernández de Cos, P. (2011): “La reforma del marco fiscal en España: los límites constitucionales y la nueva regla de crecimiento del gasto público”, Boletín Económico, septiembre 2011, Banco de España.

Hernández de Cos, P. y Pérez, Javier J. (2013): “La nueva ley de estabilidad presupuestaria”, Boletín Económico, abril 2013, Banco de España.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE 30 de abril).

Taylor, J.B. (1993): “Discretion versus policy rules in practice”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.

 

 

 

Algunas noticias positivas… en “el peor de los tiempos”

Nos hacemos eco de este interesante artículo que ha aparecido recientemente publicado por Mariam Camarero en Valencia Plaza.

Por primera vez desde que se creó, el indicador de coyuntura Ind-ALdE, elaborado por Máximo Camacho, de la Universidad de Murcia, ha tomado valores positivos. Se trata éste de un indicador que mide de forma global la marcha de la economía utilizando para ello un grupo de datos relacionados con el crecimiento y el empleo. En concreto, se basa en cuatro indicadores publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad: Índice de Producción Industrial, Indicador de Renta Salarial Real, Total de Trabajadores en Alta Laboral Afiliados a la Seguridad Social y Ventas Interiores de Grandes Empresas (todos ellos corregidos de calendario y deflactados).

Se publica con frecuencia mensual desde 2008 en el Blog de la ALdEa Global, promovido por la Asociación Libre de Economía (ALdE). Se pueden consultar los detalles técnicos pinchando aquí.

No se trata de una observación aislada. Como el propio autor afirma, el perfil de este indicador coincide con el elaborado por FEDEA o con el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que publica el Ministerio de Economía y Competitividad. Dichos perfiles se corresponderían con una salida en “W” de la crisis, una de las posibles descritas hace unas semanas en este espacio. Es aún prematuro concluir cuál vaya a ser la tendencia en los próximos meses. Sin embargo, el hecho de que las señales positivas procedan de indicadores sintéticos, que recogen información de un grupo de variables, permite mantener una cierta dosis de optimismo.

Las previsiones sobre las principales variables que marcan la evolución global de la economía (recogidas algunas de ellas en la Tabla 1) son también positivas: crecimiento del PIB, de la demanda interna, del empleo o de la renta disponible. Sin embargo, no es hasta 2015, según la mayoría de las previsiones, cuando los datos parecen consolidarse. Los buenos datos aún van a tardar un tiempo en ser evidentes y, en la actualidad, son las expectativas o la confianza las que están verdaderamente mejorando: en el caso de la Comisión Europea, el Indicador de Confianza Económica ha mejorado, especialmente en los países de la zona euro, siendo en Holanda y España donde más crece. El sector servicios y los consumidores son los que se muestran más optimistas.

Si todos estos signos positivos se consolidan, llegado el momento será necesario hacer inventario de la crisis. Todos conocemos la gravedad y el peso que el sobreendeudamiento público y privado tienen sobre la economía. Sin embargo, sólo de vez en cuando se analizan otros indicadores y, precisamente en los últimos días, han salido diversos informes y datos sobre pobreza y desigualdad que merece la pena repasar.

Darvas y Wolff (2014), de Bruegel, acaban de preparar un informe sobre los efectos que tienen los problemas sociales sobre el crecimiento. Fue presentado el pasado 1 de abril en la reunión informal del Ecofin (es decir, del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea) celebrada en Atenas. En él destacan que durante el período 2008-13 el desempleo ha crecido en seis millones en la UE y, con ello, ha aumentado también la pobreza.

Se trata de un problema europeo, aunque dado que los países partían de situaciones distintas, los efectos de la crisis también han sido heterogéneos. También constatan que el ajuste fiscal realizado en los países del euro ha repercutido de forma más dura sobre las familias y los jóvenes, mientras que los pensionistas han mantenido su nivel de protección.

Uno de los principales problemas reside en la debilidad de la demanda, especialmente del consumo. En realidad se trataría de un círculo vicioso: las familias aumentaron de forma importante su endeudamiento antes de la crisis y durante la crisis han debido restringir el consumo con el objetivo de ir devolviendo sus deudas (de ahí la pendiente negativa de esta relación, en el Gráfico 2, con la única excepción de Alemania).

CP1

El menor consumo de las familias (unido a la contracción fiscal del sector público) ha generado pérdidas de empleo. Este problema se agravó por la abundancia del crédito y se concentró en algunos países como España, Irlanda y Portugal. Pero el círculo no acaba aquí: sin consumo ni crecimiento baja la recaudación fiscal, sube la deuda y se pone en peligro la sostenibilidad de ésta y el crecimiento futuro.

Por lo que se refiere a España, el informe de la Fundación Foessa sobre “Precariedad y Cohesión Social” dibuja una situación difícil. En él se apunta al aumento de la vulnerabilidad de los más desfavorecidos, así como una recomposición de la población española por grandes grupos de renta, con el declive del porcentaje de hogares en el grupo intermedio (la clase media habría bajado del 60 al 52% de la población).

Como indicador de pobreza, sirva el número de hogares sin ningún perceptor de renta, que ha pasado de 300.000 en 2007 a casi 700.000 en 2013. La tasa de pobreza sería la tercera mayor de la UE, sólo superada por Rumanía y Grecia. Otra medida mencionada en este informe es la ratio de la renta del 20% más rico frente al 20% con menores ingresos: en 2007 era de cinco veces y media, mientras que en 2012 era ya 7.2.

Asimismo, cinco millones de personas se encontrarían en situación de exclusión social severa (un 82.6% más que en 2007). De la misma manera que en el resto de Europa, la crisis ha afectado mucho más a los jóvenes. Por lo que se refiere a los datos de Cáritas, el número de personas atendidas en los servicios de “acogida y asistencia” ha crecido un 251.4% entre 2007 y 2014. De estas personas, el 68% tiene, como prioridad, la alimentaria. En 2012, un tercio de los que recurrieron a este servicio lo hicieron por vez primera, triplicándose el gasto en este servicio durante los años de la crisis (hasta llegar, en 2012, a un total de 44 millones de euros, el 40% en alimentación).

El hecho de que los problemas sociales asociados a la crisis sean compartidos, con diferencias cualitativas y cuantitativas, por todos los países europeos, resulta parcialmente tranquilizador. No se trata de usar el viejo adagio “mal de muchos…”. Gracias a la inserción de la Estrategia 2020 en el mecanismo de coordinación macroeconómica de la UE, en el Semestre Europeo se siguen de cerca indicadores relacionados con la reducción de la pobreza y del desempleo.

Esta cuestión no es baladí y afecta de forma singular a aquellas regiones de Europa más castigadas por la crisis. Por ello, debería tener reflejo en las políticas europeas y, por tanto, debiera ser objeto de debate en la campaña de las próximas elecciones europeas. Los objetivos macroeconómicos en términos fiscales están íntimamente ligados (vía estabilizadores automáticos) a los niveles de desempleo y es ésta la variable que genera mayores desigualdades entre las regiones y los ciudadanos europeos.

Volviendo al principio, en la recuperación, demasiado débil y lenta, está la clave de la salida de este círculo vicioso. Pero no cabe esperar sentados a que la economía europea crezca con fuerza: es necesario actuar. En este camino no estamos solos: existe acuerdo en que el desempleo juvenil necesita medidas urgentes y se ha creado por parte de la Comisión Europea un fondo de garantía para la juventud de 6.000 millones de euros; la Comisión también ha hecho una declaración sobre la “dimensión social de la unión económica y monetaria”. Que el Ecofin muestre su preocupación por la limitación al crecimiento derivada de los problemas sociales da muestra de que se han puesto manos a la obra.

¿Existe un peligro de deflación en la economía española?

El último dato de la variación interanual del IPC general correspondiente al mes de marzo de 2014 del -0,2% publicado por el INE ha hecho saltar las alarmas en los medios de comunicación, en el sentido de que la economía española podría estar dirigiéndose a un período de deflación.

Recordemos, que lo que en principio podría parecer una buena noticia para las familias (que bajen los precios de los bienes y servicios) puede convertirse en todo lo contrario. Y ello por varias razones.

En primer lugar, cuando bajan los precios de los bienes y servicios de manera generalizada, las empresas ven reducidos también sus márgenes de los precios de venta de sus productos, lo que supone a medio plazo una caída de sus beneficios y un deterioro de su cuenta de resultados. Además, ello puede provocar que tengan problemas para devolver sus préstamos (y para obtener nuevos), y si los costes laborales unitarios se mantienen estables, ello puede terminar a su vez en estructuraciones y reducciones de las plantillas. Finalmente, el aumento del desempleo genera más caída del consumo y, por tanto, nuevas reducciones de precios.

En segundo lugar, la deflación provoca un efecto negativo psicológico en los consumidores. En concreto, si los consumidores perciben que los precios han bajado pero pueden hacerlo aún más, pueden tomar la decisión de retrasar sus decisiones de compra para adquirir los bienes y servicios más baratos en un futuro. En este caso, la demanda de bienes y servicios disminuye en mayor medida, lo que provoca un exceso de la oferta y una nueva disminución de los precios. Y esta espiral se puede retroalimentar indefinidamente si no se pone remedio.

Por último, si estos efectos de la deflación se dan en una economía muy endeudada (como es el caso de la española), el problema se traslada también al sector bancario. En concreto, si las familias y las empresas no financieras tienen más problemas para devolver los préstamos bancarios, la morosidad bancaria aumenta, lo que provoca problemas de solvencia para las entidades, una caída significativa de concesión de nuevos créditos y, en última instancia, genera más problemas para los hogares y las empresas no financieras.

También la deflación afecta negativamente a la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que el stock de deuda pública crece si cae la tasa de crecimiento nominal del PIB por el efecto de la deflación y si los tipos de interés nominales de la deuda pública son mayores que la tasa de crecimiento nominal del PIB (como es el caso de la economía española). Este es el efecto “bola de nieve” de los pagos de intereses de la deuda pública.

Algunos colegas de la profesión académica y del mundo financiero, y la mayoría de los comentaristas económicos, están alertando en los últimos tiempos de un posible peligro de deflación en la economía española. Pero pueden estar equivocados, al menos por tres razones.  Por un lado, porque no interpretan los datos estadísticos disponibles de una manera rigurosa y adecuada desde una óptica temporal. Por otro lado, porque no escogen adecuadamente los indicadores de precios para poder afirmar que estamos entrando en un período de deflación. Por último, porque circunscriben la deflación como un fenómeno de corto plazo, obviando las consecuencias a largo plazo de la conjunción actual de las acciones de la política monetaria, fiscal y de la evolución del tipo de cambio nominal.

Primer error: El horizonte temporal no es el adecuado

Algunos de los que señalan el peligro de deflación de la economía española basan su afirmación en la reducción observada en el IPC en un mes o varios meses consecutivos. Pero como enseñamos a nuestros alumnos de Economía, el fenómeno de la inflación o deflación no se define utilizando un nivel de precios en un horizonte temporal de corto plazo, en este caso un mes, sino más bien hace referencia a la tasa de variación “sostenida” (en el medio y largo plazo) de los precios, no del nivel de precios.

En los dos gráficos adjuntos se muestra la evolución temporal del IPC general de la economía española (tasa interanual del IPC mensual) en los períodos enero 1962-marzo 2014 y enero 1999-marzo 2014, respectivamente (hacer clic sobre los mismos para verlos más grandes).

Como se puede observar en el segundo gráfico desde el inicio del euro en enero de 1999 sólo se ha dado en tres ocasiones tasas interanuales negativas del IPC mensual: de marzo a octubre de 2009, en octubre de 2013 y el último dato disponible de marzo de 2014.

 

 

 

Segundo errorEl indicador de precios utilizado no es el adecuado

En primer lugar, los que alertan que la economía española va a entrar en una etapa de deflación (o ya ha entrado) utilizan los datos del IPC “general”. En concreto, señalan que la tasa negativa interanual del IPC general del -0,1% en octubre de 2012 y -0,2% del mes de marzo de 2014 respectivamente, es un prueba que la deflación es una “amenaza” para la economía española. Sin embargo, el dato agregado es engañoso. De hecho, esta evolución se debe a una caída -quizás transitoria- de las tasas interauales de algunos de los componentes del IPC general, como el índice que recoge los precios de la energía y el índice de los bienes industriales no energéticos. De hecho, si profundizamos en la evolución de algunos de los componentes principales de la inflación, podemos destacar que los IPC de la Alimentación, el IPC de las Manufacturas y el IPC de la Hostelería y Turismo (ver siguientes gráficos) continúan registrando tasas interanuales positivas.

 

 

 

 

En segundo lugar, existen indicadores estadísticos más adecuados para ver las tendencias a largo plazo que el IPC general y sus componentes. De hecho, muchos estudios disponibles indican que un indicador menos volátil y, por tanto, más preciso para tal fin, es el deflactor del PIB. De hecho, la tasa interanual del deflactor del PIB se mueve en tasas positivas en los cuatro trimestres de 2013 (véase siguiente gráfico). Por lo tanto, habrá que esperar al dato del deflactor del PIB del primer trimestre del 2014 para ver si mantiene o no la tasa interanual positiva.

 

Tercer error: La inflación y la deflación no es un fenómeno de corto plazo

Si algo hemos aprendido los economistas es que la inflación o la deflación es siempre y en cualquier lugar un fenómeno monetario en el largo plazo.

¿Cómo se puede prevenir la deflación en la zona euro y en la economía española en particular?

Con un aumento extraordinario y de carácter permanente de la base monetaria de la zona euro (la liquidez), tal y como está aplicando el Banco de Japón con su nueva estrategia de política monetaria de “facilidad monetaria cualitativa y cuantitativa” iniciada en abril de 2013, y que tuvimos ocasión de abordar en otra entrada del Blog.

Por un lado, la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) debe de ser mucho más expansiva, como ya tuvimos de ocasión de explicar en otra entrada del Blog. El BCE debe expandir en mayor medida su balance interviniendo en el mercado monetario de la zona euro con compras masivas de títulos deuda pública y de activos respaldados por hipotecas del sistema bancario.

Por otro lado, el BCE debe influir activamente en la depreciación del tipo de cambio nominal del euro, interviniendo en los mercados de cambio mediante compras masivas de títulos deuda pública de los EE.UU.

Pero el Presidente del BCE, Mario Draghi, y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno no están preocupados por la posible deflación ni tampoco por el débil crecimiento de la zona euro, y en la reunión de hoy han decidido no tomar ninguna medida extraordinaria. Yo me pongo del lado de la Directora del FMI, Christine Lagarde, que era partidaria de introducir ya medidas expansivas monetarias no convencionales.

En el siguiente vídeo pueden ver la posterior rueda de prensa de Mario Draghi donde justifica lo injustificable:

 

La insostenibilidad de las finanzas públicas españolas: un problema histórico que parecía olvidado

El Gobierno se muestra satisfecho con el ajuste fiscal, cuando ya ha acumulado a finales de 2013 un montante de 992.298 millones de euros de deuda pública (93% del PIB) y mantiene un elevado déficit público total (con ayudas a la banca) a finales de 2013 de 72.632 millones de euros  (-7,1% del PIB). Las finanzas públicas caminan en una senda temporal insostenible, pero este problema no es nuevo.

La economía española presenta diferentes episodios recurrentes en los que no ha sido posible mantener el equilibrio presupuestario y el nivel del stock de deuda pública sin diversas medidas extraordinarias: quiebras, impagos del servicio de la deuda, quitas, canjes y reestructuración de la deuda pública soberana, y utilización del impuesto inflacionario. La lista de estos episodios es interminable:

Felipe II: 1557, 1560, 1575, 1597 Felipe III: 1607 Felipe IV: 1627, 1647, 1652, 1662 Carlos II: 1666 Carlos IV: 1798 Cortes de Cádiz: 1812-1813 Fernando VI: 1814, 1817, 1823, 1825, 1828 Isabel II: 1835, 1841, 1844, 1851, 1867 Sexenio Democrático y I República: 1871 Alfonso XII: 1876, 1881 Alfonso XIII: 1900, 1915-1919, 1927-1928 II República: 1935, 1939

En el primer gráfico adjunto (hacer click sobre el mismo para verlo más grande) se muestra la evolución temporal del stock de deuda pública sobre el PIB (en %) desde 1850 a 2013. La situación actual de la dinámica de la deuda pública se camina sin control hacia los peores episodios de nuestra historia económica reciente: la I Guerra de Cuba de 1868-1878 en el reinado de Alfonso II y la II Guerra de Cuba-Crisis de 1898 en el regencia-reinado de su hijo Alfonso XIII.

 

 

No menos importante por comparación histórica es la situación actual del nivel del déficit público total en relación al PIB: nunca se había viso tal cifra desde 1850, tal y como muestra el segundo gráfico.

 

Y estas cifras recientes de déficit público total no incluyen (si el stock de deuda pública) las innumerables emisiones de deuda necesarias para las necesidades de financiación de diversos “Fondos Especiales” a los que ha tenido que hacer frente el Tesoro español. Es el llamado “efecto ajuste déficit-deuda” (emisiones de deuda que no computan como déficit pero si como deuda; origen = necesidad de financiar la adquisición neta de activos financieros). La lista es la siguiente:

- FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera), préstamos al rescate de Irlanda, Grecia y Portugal.

- Participación en el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera), sustituye al FEEF para futuros rescates.

- Fondo de Apoyo a la República Helénica (bilateral).

- FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

- FAAF (Fondo de Adquisición de Activos Financieros).

- Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP).

- FADE (Fondo de Adquisición del Déficit Eléctrico).

- ¿Rescate a las autopistas de peaje quebradas en 2014 (2400-5000 millones de euros?

Recordemos que las adquisiciones netas de activos financieros para financiar los Fondos mencionados ha provocado entre 2008 y 2013 un aumento de la deuda pública (no relacionada con las necesidades de financiación del déficit público) de 46.883 millones de euros (4,5% del PIB).

Por último, en las estadísticas de deuda pública quedan fuera la “deuda contingente” de las AA.PP., que constituyen la concesión de avales y otras garantías sobre las deudas contraídas por otros sectores institucionales. Estos avales y garantías no se registran como pasivos en las cuentas de las AA.PP., dado que la deuda garantizada es registrada entre los pasivos del agente que recibe la garantía.

No obstante, estas garantías suponen unos pasivos contingentes para las finanzas públicas, de modo que, si la garantía fuese ejecutada total o parcialmente, las AA.PP. asumirían la totalidad de la deuda, se registraría como contrapartida una transferencia de capital pagada al deudor original y, por lo tanto, se incrementaría el déficit y la deuda de las AA.PP.

A finales de 2013 el volumen de pasivos contingentes se situaba en algo más de 16 puntos del PIB (165.000 millones de euros), como resultado de los distintos avales concedidos al sistema bancario (avales a emisiones de deuda bancaria a medio plazo, 2008-2009), al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y, más recientemente, a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en el marco del proceso de reestructuración bancaria.

Indicador de coyuntura: Marzo 2014

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de febrero con los datos publicados hasta enero de ventas y producción industrial y hasta febrero de renta y de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en febrero es de 0,4 mejorando el dato que presentó en el mes de enero de 0,1. El valor alcanzado es superior al que presentaba en el inicio de la crisis y por primera vez muestra valores positivos.

factor

En tasas de crecimiento interanuales, casi todos los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE, muestran mejoras respecto a los meses anteriores. La excepción es la producción industrial, que muestra una ligera caída de 0,1%, frente a la subida del 3,9% en diciembre. Las ventas crecen un 0,4% en enero frente a la caída del 0,4% de diciembre. La renta y los afiliados pasan de subir 0,2% y 0,1% en enero a subir 1,1% y o,7% en febrero.

indicadoresEsta evolución coincide con la que han marcado otros indicadores de actividad económica como el que elabora FEDEA y el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio.

fedea

isa

¿Qué podemos esperar del PIB en el primer trimestre? La tendencia de las variables observadas a la fecha de cierre del informe económico del último observatorio económico del Servicio de Estudios del BBVA, publicado a comienzos de marzo, confirma que el ritmo de recuperación de la economía española continúa ganando tracción durante el primer trimestre de 2014. Con el 48,5% de la información disponible, el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA estima una tasa de variación del PIB en el entorno del 0,4% respecto al último trimestre de 2013.

mica

 

 

“Another BRIC in the Wall”: caída de la rentabilidad de las bolsas de los grandes países emergentes, 2010-2014

En economía internacional, se emplea el acrónimo BRIC para referirse conjuntamente a los cuatro grandes países emergentes: Brasil, Rusia, India y China. [1] Sus mercados de valores estuvieron de moda desde el inicio del siglo XXI hasta el comienzo de la crisis financiera internacional de 2007. Pero como toda moda pasajera, pronto se ha desvanecido y la rentabilidad de las mercados de valores de los BRIC ha caído en gran medida desde 2010. La última bolsa en caer en números rojos – y disfrutar de sus 15 minutos de gloria parafraseando a Andy Warhol -  ha sido la bolsa de Rusia. O como dice el título de la canción del disco “The Wall” de Pink Floyd: “Another BRIC in the Wall”.

En el primer gráfico se muestra la rentabilidad acumulada (en %) de las bolsas de valores de los BRIC para el periodo 2010-2014 (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande).  La rentabilidad acumulada desde finales de 2009 ha caído significativamente para la bolsa de China (-38,8%), Brasil (-34,4%) y Rusia (-9,7%). Solamente se salva de la quema, por el momento, la bolsa de la India que registra una rendimiento acumulado positivo del +24,9%. Además, la caída de la rentabilidad se ha acentuado desde comienzos de 2014, con una caída del 18% para la Bolsa de Rusia, de un 13% para la bolsa de Brasil y de un 5% para la bolsa de China. En el lado contrario se sitúa la bolsa de la India que registra un ligero avance en su rentabilidad del 3%. [2]

En el segundo gráfico se compara para el periodo 2010-2014 la rentabilidad acumulada de una cesta ponderada (al 25%) de los índices de las cuatro bolsas de los BRIC con la rentabilidad acumulada en el mismo periodo por el índice S&P 500 de la bolsa de Nueva York.

El gráfico muestra un hecho relevante. Si un inversor hubiera invertido a principios de 2010 un montante de 10.000 dólares estadounidenses en la cesta representativa de las bolsas de los BRIC, el pasado viernes 14 de marzo su inversión tendría un valor de 8.550 dólares (sin tener en cuenta variaciones de los tipos de cambio y dividendos recibidos), con una pérdida acumulada en los cuatro años del 14,5%. Si por el contrario el inversor hubiera colocado su dinero en las acciones que componen el S&P 500, su valor acumulado se situaría ahora en 16.800 dólares (sin corregir por dividendos recibidos), con una ganancia acumulada del 68%.

[1] El acrónimo BRICS incluye también en el grupo de grandes países emergentes a Sudáfrica (S).

[2] El FMI prevé una significativa desaceleración del crecimiento económico en términos reales para la economía india para el periodo 2013/19: una media del 5% frente a una media del 8% registrada en el periodo 2005-2012. Ello podría colocar “Another BRIC in the Wall”.

LA QUEJA DEL MINISTRO

El abandono de la recesión no asegura un ritmo de crecimiento suficiente. La reciente actualización por la Comisión Europea de las previsiones para la eurozona subraya  la debilidad y vulnerabilidad de la  recuperación.  El  cuadro de perspectivas sigue contrastando con el que ofrece la economía estadounidense, donde nació esta larga crisis. Frente al 1,2% de crecimiento esperado en la eurozona para este año, el de EEUU estará en el entorno del 3%,  con una tasa de paro que será la mitad del promedio de la eurozona. En esta, las mejoras en el empleo serán moderadas y la inflación se mantendrá en niveles históricamente bajos. Como nos advierte la Comisión, “esas previsiones se basan en el supuesto de que tendrán lugar mejoras en la confianza y en las condiciones financieras”, lo que en modo alguno esta garantizado.

No es la primera ocasión en la que se destaca en estas páginas el diferente comportamiento de la eurozona frente a las principales economías,  y me temo que no será la última.  Ahora ha sido el propio ministro de economía español, Luis de Guindos, el que ha subrayado ese adverso contraste  del comportamiento económico de la eurozona frente al de  EEUU y Reino Unido, cuestionando las políticas económicas aplicadas, con ocasión de la presentación en Bruselas de un informe de la OCDE sobre la eurozona, en presencia del  presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

Se trata de la manifestación más explícita de una autoridad española sobre la inadecuación de las políticas económicas dictadas por quienes  constituyen el núcleo del área monetaria. Y quien lo hace forma parte forma parte de uno de los gobiernos que en mayor medida ha tratado de cumplir a pie juntillas un recetario que no ha dado los resultados pretendidos. A decir verdad, desde aquel agitado diez de mayo de 2010, la autonomía de las autoridades españolas para gestionar la crisis ha sido muy limitada. El memorando asociado al rescate del sistema bancario formalizó esa estrecha tutela frente a la que el ministro parece revelarse. Nunca es tarde. Razones no le faltan para reclamar estímulos a la demanda que favorezcan ese  contraste con otras economías, y reduzcan  los perfiles de esa suerte de “japonización” que caracteriza a la eurozona.

La evidencia nos dice que la  recuperación del crecimiento económico en  EEUU y Reino Unido es   más intensa  porque han aplicado políticas monetarias y fiscales más adecuadas a la excepcional severidad de la crisis: mas inequívocamente orientadas a garantizar como objetivo prioritario la recuperación del crecimiento y del empleo. En la eurozona han sido aplicadas políticas presupuestarias  restrictivas, indiscriminadas y excesivamente concentradas en el tiempo, sin  que la política monetaria dispusiera de la eficacia equivalente a la de esas otras economías. Ello ha acentuado su carácter procíclico, ha erosionado el crecimiento potencial, ha sumido a la eurozona en una peligrosa amenaza deflacionista y, desde luego, no ha frenado el aumento de  la deuda pública.  La reducción de esta era el objetivo que supuestamente reclamaban   los mercados de bonos y por ello legitimaba  la aplicación de esa estrategia de “la austeridad expansiva” que acabaría siendo cuestionada por académicos y el propio FMI, una vez difundidos el valor de los multiplicadores fiscales, muy superior a los esperados.

Ahora la evidencia es contundente: la ampliación del déficit público en la mayoría de las economías de la eurozona  no es precisamente una prueba de insuficiente austeridad, sino la consecuencia de su aplicación en ausencia de crecimiento económico suficiente. Y la suavización de las tensiones en los mercados de deuda pública es el resultado de la disposición mostrada por el BCE en agoto de 2012 a hacer todo lo que estuviera en su mano por evitar que esos mercados siguieran cotizando el riesgo de extinción o fragmentación de la propia moneda única.

Ya no se anticipan desenlaces tan radicales como lo vigentes hasta el verano de 2012, pero todas las previsiones nos advierten de un crecimiento anémico durante demasiados años no exento de riesgos deflacionistas, nada favorecedores de la reducción de los dos principales desequilibrios de economías como la española: el desempleo y la deuda privada. Sobre la asimilación de esta última pesa cada día más un proceso de desinflación al que el BCE debería prestar mucha más atención que la que confiesa. Como debería hacerlo a la persistente caída del crédito al sector privado y a los exponentes de fragmentación financiera.

Esas disfuncionalidades en la transmisión de la política monetaria y en el funcionamiento de los sistemas bancarios  limitan la eficacia de los esfuerzos que especialmente las medianas y pequeñas empresas hacen por fortalecer su competitividad internacional. Se añaden a la no menor dificultad constituida por un tipo de cambio del euro muy apreciado que no favorece las exportaciones fuera de   la eurozona. Desde luego a unas economías emergentes que no tendrán en este su mejor año.

Estaba en lo cierto el ministro español al afirmar   que   “tras el duro ajuste en la periferia hay que preguntarse cómo volverá a crecer la eurozona: para ello no bastan las reformas, hay que hacer política fiscal y política monetaria”. Es decir, políticas distintas a las hasta ahora dominantes. No es una conclusión muy diferente  a la de muchos otros analistas e instituciones, incluido el Parlamento Europeo que en un reciente documento evaluando las actuaciones de la “troika” reconocía que “en las economías rescatadas el desempleo ha crecido mucho más de lo esperado. Aunque los objetivos fiscales han sido ampliamente respetados, los ratios deuda pública/PIB  han aumentado por encima de las expectativas debido a la contracción del PIB.”

Al mismo tiempo, en ese informe presentado por el ministro español la OCDE admite que “el aumento de la fatiga social debida a la austeridad fiscal y, en menor medida, a las reformas estructurales, constituye un riesgo importante sobre crecimiento futuro”. También extiende su alerta tardía a la ampliación de las desigualdades sociales  consecuente con esas políticas.

Todo ello conforma un panorama en el año en curso que  no garantiza precisamente ritmos de expansión compatibles con la recuperación del PIB perdido durante la crisis y la recomposición de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Cada día que pase sin adoptar decisiones impulsoras de la demanda en el conjunto de la eurozona, del crecimiento económico a corto plazo, la erosión del potencial de crecimiento ya reconocido por los propios servicios de la Comisión Europea no solo estará determinada  por un contingente de desempleo cada día mas enquistado estructuralmente, sino por la ausencia de aumentos mínimamente suficientes en la inversión empresarial.

La queja del ministro no por tardía está menos  justificada.  Como lo está la sugerencia que hace la OCDE en el informe de referencia al prescribir  que el saneamiento de las finanzas públicas debe  ser compatible con la “preservación de la necesaria inversión pública en educación, infraestructuras, innovación y otros programas esenciales en el fomento del crecimiento”. No menos oportuna es la recomendación de reducción de esa ampliación de la desigualdad que puede llegar a pasar factura a la  estabilidad del crecimiento económico y la no menos necesaria identificación con el fortalecimiento de la dinámica integración europea, de la que la próxima transición a la unión bancaria constituye el episodio mas cercano.

(Publicado en El País, Negocios)

Ranking 2012 de Facultades de Economía según la producción científica elaborado por Tilburg University

En numerosas tertulias televisivas se sigue menospreciando a la universidad (pública) española, al repetir la conocida frase pronunciada el 13 de abril de 2012 – en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros – por parte el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert: “Desgraciadamente, no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo”. Pero José Ignacio estaba equivocado – al igual que ahora lo están los tertulianos -, ya que al menos en el área de Economía hay tres universidades (y son universidades públicas).

Una de las divisiones de la empresa Thomson Reuters, Thomson Scientific ISI, se ocupa de elaborar bases de datos de la producción científica a nivel mundial. La más conocida es el Journal of Citation Reports Web, base de datos que ofrece un medio sistemático y objetivo para evaluar de manera crítica las revistas científicas más importantes del mundo. En concreto, JCR Web permite medir la influencia y el impacto de las investigaciones realizadas (a nivel de revistas y por áreas de investigación) y muestra las relaciones entre las revistas que citan y las que son citadas.

El CentER for Research in Economics and Business de Tilburg University (Holanda) ha publicado su tradicional Ranking mundial de Facultades de Economía correspondiente a 2012. El ranking se elabora con los puntos acumulados por cada Facultad en relación al número de artículos publicados en las 70 principales revistas científicas del área de Economía indexadas en la base JCR Web.

En el primer cuadro (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) aparece el ranking de las 100 primeras Facultades de Economía a nivel mundial. El orden viene determinado por la puntuación acumulada por las publicaciones de sus profesores en las revistas científicas escogidas para el período 2005-2012. [1]

El ranking lo encabeza la Universidad de Harvard, EE.UU., con 1264 puntos, mientras que la primera universidad europea es la London School of Economics, Reino Unido, que se sitúa con 613 puntos en el puesto número 10. La sorpresa es que si aparecen tres Facultades de Economía española en el Top 100 mundial: se trata de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que ocupa el puesto 50 con una puntuación acumulada de 231 puntos (y además cierra el Top 50 mundial), la Universidad Carlos III de Madrid en el puesto 56 (con 220 puntos) y la Universidad Autónoma de Barcelona en el puesto 97 con 153 puntos.

 Si ampliamos el ranking tenemos también bien situadas varias Facultades de Economía españolas:

  • En el Top 200 mundial aparecen la Universidad de Alicante en el puesto 168 (con 84 puntos) y la Universidad de Barcelona en el puesto 175 (con 80 puntos).
  • Y en el Top 300 mundial aparece la Universidad de Valencia en el puesto 237 (con 59 puntos).

En el segundo gráfico aparece el ranking de las 50 primeras Facultades de Economía de Europa. Aquí es donde debería el Ministro Wert y las Universidades españolas centrar sus esfuerzos para escalar más en el ranking europeo.

El ranking europeo lo encabeza la London School of Economics, Reino Unido, mientras que la primera universidad española es lógicamente la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que se sitúa en el puesto número 16.  Y en el Top 50 europeo también se colocan en puestos destacados la Universidad Carlos III (puesto 17) y la Universidad Autónoma de Barcelona (puesto 36). [2]

Si ampliáramos el rango al Top 100 de Europa entrarían en el mismo la Universidad de Alicante (puesto 60), la Universidad de Barcelona (puesto 64) y la Universidad de Valencia (puesto 91).

En el último gráfico presentamos el ranking de la Facultades de Economía españolas. Las Universidades que no aparecen en el ranking es porque sus profesores no han publicado ni un sólo artículo en las 70 revistas internacionales de prestigio seleccionadas en el periodo 2005-2012.

En el Top 10 español (si excluimos el CEMFI dependiente del Banco de España) hay dos grupos bien diferenciados: las Facultades de Economía que jugarían la “UEFA Champions League” en Europa (Universidad Pompeu Fabra, Universidad Carlos III y Universidad Autonóma de Barcelona) y las que jugarían la “UEFA Europa League” (Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia). La distancia entre los dos grupos de excelencia está aumentando con el tiempo, pero también es verdad que la distancia entre el segundo grupo y el resto de Facultades de Economía españolas aún se ha ampliado más.

El Ministro Wert incluyó en el Real Decreto-ley 14 /2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo una medida que va en la buena línea de premiar la excelencia de los profesores que dedican parte de su tarea universitaria a la investigación, y que la misma es reflejada en la publicación en revistas revistas científicas del área de Economía indexadas en la base JCR Web y que es, en última instancia, ya recompensada económicamente con la obtención del complemento de productividad de la actividad investigadora (sexenio) otorgado por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Esta medida “discriminatoria” positiva premia a los profesores con éxito probado en su producción científica y se concreta ahora en la reducción horaria de la actividad docente respecto a los que no han dedicado parte de su tarea universitaria a la actividad investigadora. En concreto, en el Real Decreto-ley se establecen tres grupos:

  • La dedicación docente se establece como máxima en 16 créditos [3] para los Catedráticos de Universidad con cuatro o más sexenios de investigación (estando el último en vigor) y al resto de profesores universitarios funcionarios con tres o más sexenios de investigación (estando el último en vigor).
  • La dedicación docente aumentará como máximo a 32 créditos para cualquier profesor universitario funcionario que no haya sometido a evaluación el primer período de seis años de actividad investigadora, que haya obtenido una evaluación negativa de dicho período, o que hayan transcurrido más de seis años de la última evaluación positiva.
  • Finalmente, en el resto de casos la actividad docente queda fijada como hasta ahora, un máximo de 24 créditos.

Esta debe ser la primera medida incentivadora, pero no la última de una amplia lista. Las próximas podrían ser las siguientes:  i) aumentar en gran medida la retribución asignada a los complementos de productividad de la actividad investigadora o sexenios (y con mayor cuantía para cada tramo acumulado); ii) establecer el distrito único universitario nacional, para que los mejores alumnos vayan a las mejores universidades (con becas de movilidad generosas). Ello implicaría una competencia entre universidades para captar a los mejores alumnos; iii) establecer que solamente las universidades con carácter más investigador impartan estudios de postgrado (Máster y Doctorado). Para tal fin, bastaría con exigir determinado número de sexenios de investigación al conjunto (y también individualmente) de los profesores que vayan a impartir su docencia en postgrado; iv) reducir el número de años de los Grados (de los cuatro actuales a tres como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea) para liberar recursos con el objetivo último de establecer titulaciones de postgrado de mayor calidad. [4]

Afortunadamente, no todas las Facultades de Economía (y los profesores universitarios de la disciplina de Economía y de la disciplina de Empresa) son iguales y, por lo tanto, no deberían ser tratados casi por igual. Las diferencias salariales derivadas del plus de productividad investigadora que otorga la CNEAI (básicamente publicaciones en artículos de la base de datos utilizada para elaborar el ranking) son ridículas. El “café para todos” tan típicamente español debería ser “cortado”. Pero eso es otra historia.

Parafraseando a Bill Clinton: “it’s about the incentives, stupid” (¡se trata de los incentivos, estúpido!).

——

[1] En el mundo hay 11992 universidades.

[2] En Europa hay más de 5854 universidades.

[3] Una asignatura en un Grado tiene normalmente 6 créditos.

[4] Sólo España, Chipre, Turquía y Eslovenia están aplicando unos Grados de cuatro años y un Máster de uno (lo que se le conoce como 4+1), el resto de las universidades europeas han adaptado sus títulos a tres años de Grado y dos de Máster (3+2), dándole un mayor protagonismo a la especialización de lo que se le otorga en España.

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