La crisis está diezmando el censo pequeñas y medianas empresas (PMEs). Más del 99% de las empresas europeas son PMEs. Estas contribuyen con más del 50% del valor añadido total creado por el sector empresarial y proporcionan dos de cada tres empleos privados. A diferencia de EEUU, donde aproximadamente la mitad de los empleos se localizan en PMEs, en la Europa continental ese porcentaje es significativamente más elevado: en Italia alcanza al 80% y en España al 70%.
En nuestra economía son estas empresas las que están sufriendo dos principales formas de asfixia: la depresión de la demanda y, no menos importante, la derivada de la ausencia de financiación. Por estas dos causas no solo quedan dañadas las cuentas de resultados, sino que acaban despareciendo demasiadas empresas, incluso las que disponen de niveles de calidad de la gestión homologables a las competidoras europeas. Lo que es peor, esas mismas causas se añaden a algunas que tradicionalmente se han destacado como entorpecedoras de la natalidad empresarial en nuestro país.
La cantidad de empresas que se crean en términos netos, y su calidad, son algunas de las condiciones para la prosperidad de una economía. En España se ha avanzado en los últimos años en asignar buenos talentos a la función empresarial, aun cuando persisten dificultades que se reflejan año tras año en esa clasificación, “Doing business”, que realiza el Banco Mundial para la práctica totalidad de los países. El correspondiente a 2013 sigue situándonos en una mala posición. Ya sea por el número de trámites o por el consumo de tiempo requerido, alumbrar nuevas empresas no es un empeño fácil. Persisten todavía más factores disuasorios que incentivadores de la asunción de proyectos que signifiquen asunción de riesgos. Y la severidad con que la crisis se manifiesta en España no ha favorecido precisamente esos incentivos. La regeneración empresarial, fundamento de la modernización de la economía, no está garantizada.
Con independencia de factores estructurales que debilitan la capacidad de supervivencia de las empresas – calidad y grado de profesionalización de la función de dirección, internacionalización de sus actividades y, en última instancia, la propia dimensión de las unidades -, las dificultades ahora más relevantes son de naturaleza financiera. No es algo nuevo: desde el inicio de la crisis la captación de recursos ajenos ha sido cada día mas difícil, no solo en España, pero en los últimos años se ha acentuado y con él la diferenciación adversa de las empresas españolas. Las empresas pequeñas sufren más con los habituales retrasos de las Administraciones Públicas, son menos capaces de captar financiación bajo todas sus modalidades y la que llega lo hace en condiciones cada día más onerosas. No era una conclusión difícil de deducir a poco que escucháramos a empresarios españoles, con bastante independencia del sector. Ahora han sido las instituciones europeas, y de forma destacada el Banco Central Europeo (BCE) la que ha confirmado los problemas que existen en la trasmisión de su política monetaria. De poco sirve que se amplíen las facilidades de liquidez y las reducciones de tipos de interés a los bancos si estos no hacen llegar aquella a los destinatarios que más la necesitan: los que han de transformarla en proyectos de inversión y en empleo. Esa sequía crediticia es hoy no solo el más poderoso freno al necesario fortalecimiento de todas las formas de capital, incluido desde luego el humano, sino la principal amenaza a la supervivencia.
Esas dificultades son particularmente más difíciles de sortear en economías como la española en la que, como en estas mismas páginas hemos comentado en numerosas ocasiones, la configuración de su sistema financiero está basada de forma dominante en el papel de los bancos. Es la intermediación bancaria la que canaliza buena parte de los activos y pasivos financieros de todos los agentes económicos, desde luego de las familias y empresas. De estas últimas, las PMEs de forma particular, dadas las dificultades que su propia dimensión significa para el acceso a otras formas de financiación como las basadas en los mercados de financiación directa. La apelación a las emisiones de bonos o cualquier tipo de títulos son poco más que testimoniales y tampoco el desarrollo de las modalidades de capital riesgo favorece la reducción de la dependencia casi total de la financiación bancaria de las empresas de pequeña dimensión. Su racionamiento, o su excesivo encarecimiento, agravan los problemas de la economía española frente a los de cualquier otra economía con sistemas financieros con una mayor diversidad de instituciones y operadores.
Los datos del BCE dejan lugar a pocas dudas. La diferencia entre el tipo que pagan los bancos por tomar liquidez en esa institución y al tipo medio al que prestan a las empresas se mantienen en rangos ciertamente elevados en el conjunto del área, pero son excesivos en las economías del sur: más de tres veces la correspondiente a las economías consideradas centrales. Es verdad que en esa diferencia influye el coste medio de captación de pasivo ordinario, la remuneración de los depósitos a los clientes, que en España, por ejemplo, ha sido y sigue siendo significativamente más elevada que en el resto. Pero también la más desigual propensión a prestar de los bancos españoles y, desde luego, la más débil capacidad de negociación de las pequeñas empresas españolas.
En ausencia de decisiones externas excepcionales, el restablecimiento de los flujos de financiación crediticia no es una tarea fácil. Sobre el sistema bancario español pesan los problemas genéricos de la eurozona y las amenazas derivadas de la propia recesión de la economía española. El propio cuadro macroeconómico que acaba de hacer público el gobierno no constituye precisamente un incentivo al restablecimiento de la oferta de crédito. Sin necesidad de entrar en consideraciones específicas de cada una de las entidades, hacer banca al por menor con unas constantes clínicas como las que hoy exhibe la economía española - niveles de endeudamiento de familias y empresas históricamente elevados, contracción del crecimiento económico no inferior al 1,5%, tasa de paro superior al 27% y un descenso de la renta disponible notable- no es el más atractivo de los negocios.
En realidad, ese cuadro macroeconómico no permite descartar la necesidad de recapitalizaciones adicionales de algunas entidades bancarias, que necesariamente habrán de hacerse con fondos públicos. Las autoridades españolas tienen disponible todavía el 60% de la línea de crédito asociada al rescate sectorial acordado el pasado julio. Como tampoco pueden descartarse movimientos adicionales de concentración entre entidades bancarias que no favorecerán precisamente la ya muy debilitada capacidad de negociación de las empresas de menor dimensión.
Con independencia de las decisiones que eventualmente adopte el BCE, la definitiva normalización de la financiación empresarial, y con ella, la existencia de tasas netas de natalidad empresarial adecuadas no tendrá lugar hasta que no se restablezcan ritmos de crecimiento económico suficientes en la eurozona. Y esto, sin excluir actuaciones específicas sobre los sistemas bancarios, nos remite necesariamente a políticas de demanda que también habrán de venir de fuera: flexibilización significativa de la consolidación fiscal hoy dominante, concreción de decisiones de inversión paneuropea por el Banco Europeo de Inversiones, y adopción de orientaciones menos procíclicas en aquellas economías con mayor margen de maniobra y menor escrutinio de los mercados financieros.
(Publicado en El País, 19 de mayo)
