¿Se ha formado una burbuja en los mercados de deuda pública?

Robert J. Shiller, catedrático de Economía de Yale University y premio Nobel de Economía de 2013, acaba de publicar la tercera edición de su libro “Exuberancia Irracional“, material obligatorio de lectura para los estudiantes de Macroeconomía y de Finanzas.

En la primera edición de este libro libro, publicado en el año 2000, ya advirtió proféticamente en el capítulo 1 (“The stock market in historical perspective”) que los precios de las acciones estaban excesivamente caros y que se estaba gestando una burbuja en el mercado de valores de EE.UU. que tarde o temprano estallaría. La cima de la burbuja se alcanzó el 10 de marzo de 2000, cuando el mercado de empresas tecnológicas que formaban parte del índice Nasdaq composite llegó al punto máximo de 5048,62 puntos. Entre el 10 de marzo de 2000 y el 30 de septiembre de 2002, el índice Nasdaq composite de Nueva York perdió el 76,8% de su valor, al pasar de 5048,62 a 1172,06 puntos. La burbuja especulativa se pinchó y provoco la crisis de las “puntocom”, una fuerte caída del valor bursátil de las empresas y las posteriores quiebras, fusiones y adquisiciones.

En la segunda edición, publicada en 2005, Shiller incluyó un nuevo capítulo 2 dedicado a la valoración de los activos inmobiliarios (“The real estate market in historical perspective”) en el que advirtió que se había formado una burbuja inmobiliaria en EE.UU.,  que tarde o temprano estallaría.  La buena marcha de la economía y los bajos tipos de interés hicieron crecer la concesión de hipotecas de alto riesgo, y la comercialización de productos financieros asociados (titulización hipotecaria). Pero poco después de publicar el libro, se asistió en 2006 – tras una período de política monetaria muy restrictiva de la Reserva Federal (subidas bruscas y elevadas de los tipos de interés nominales) – a un aumento de los impagos de las hipotecas, a una caída brusca de los precios de las viviendas en EE.UU. y, en última instancia, al colapso del mercado de la vivienda y al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Finalmente, en la tercera edición del libro, Shiller incluye un nuevo capítulo 3 sobre una perspectiva histórica del mercado de bonos (“The bond market in historical perspective”), en el que reflexiona sobre un nuevo problema financiero en el horizonte. En concreto, se muestra preocupado porque los precios de los bonos están en un nivel “irracionalmente” alto (o que los tipos de interés están en un nivel “irracionalmente” bajo) y que, en última instancia, se podría estar formando una burbuja en los mercados de deuda pública de EE.UU.. ¿Una tercera profecía que se cumplirá pronto?

En este vídeo reciente, Robert J. Shiller contesta en una entrevista a cuestiones relacionadas con el significado del término “exuberancia irracional”, los factores que influyen en la formación de burbujas financieras y la situación actual del mercado de bonos (fundamentalmente de deuda pública):

  • Entrevista a Robert Shiller.
  • La transcripción escrita en inglés de la entrevista puede leerse en el siguiente enlace.
  • En el siguiente enlace se puede leer más información sobre el significado del término “exuberancia irracional“, explicado por el propio Robert J. Shiller.

ENDEUDADOS

El mundo está hoy más endeudado que en 2008, al inicio de la crisis, y seguirá estándolo durante muchos años. Conviene, por tanto, que nos acostumbremos a convivir con elevadas deudas. Desde luego los supervisores financieros, con el fin de anticipar posibles episodios de inestabilidad, pero también las próximas generaciones, obligadas a soportar el servicio de las deudas contraídas en estos últimos años.

Recordemos que el desencadenante de la crisis fue una rápida erosión de la solvencia de los deudores hipotecarios estadounidenses. El subsiguiente colapso de los mercados financieros mayoristas – allí donde los grandes operadores bancarios se prestan unos a otros – fue el principal alimentador del contagio a Europa. De sus ramificaciones, la paralización de la inversión crediticia en el sector privado de las economías y su perversa conexión con los mercados de deuda pública, también en la eurozona disponemos de evidencia suficiente.

En aquellas economías más directamente afectadas por la crisis y por su inadecuada gestión, la caída de la recaudación tributaria y los apoyos a entidades bancarias contribuyeron al aumento de la deuda pública. El caso de España vuelve a ser representativo: al final de 2007 la deuda publica era de las más bajas de Europa pero la privada estaba en máximos históricos. Hoy ambas están entre las mayores de la OCDE. No es algo exclusivo de nuestro país.

En las economías avanzadas solo algunos sectores privados han conseguido reducir su endeudamiento, aunque a un ritmo inferior al esperado. La deuda pública en relación al PIB, sin embargo, ha aumentado en un 75% desde el inicio de la crisis. Ello ayuda a explicar que durante 2014 y lo que llevamos de 2015 los flujos internacionales de capital sigan dirigiéndose mayoritariamente hacia las economías más desarrolladas, en detrimento de los canalizados a las emergentes.

Esos aumentos en los pasivos están alimentando la ampliación del volumen transaccional de los mercados financieros, la ya considerable “financiarización” de la economía global.Así se pone de manifiesto en la última edición del informe “Mapping theWorld’s Financial Markets “, realizado por Sanjeev Sanyal del Deutsche Bank. Estima que el stock de activos financieros, medido por la capitalización de los mercados de acciones y el saldo de la deuda pública y privada pendiente, ascendía a 294 billones de dólares a final del año pasado. De ellos, 69 billones corresponderían a los mercados de acciones, mientras el resto serían instrumentos representativos de deuda privada y pública. Gran contraste con las cifras de 2008: el valor total era de 222 billones de dólares, con todas las categorías de instrumentos financieros por debajo de sus valores actuales. De ellos, la deuda es el componente que más ha crecido.

El análisis de esa misma tendencia ha sido abordado en otros trabajos recientes del Banco de Pagos Internacionales, BIS (“Debt”) y del Mckinsey Global Institute, MGI (“Debt and (notmuch) Deleveraging”), algunos de cuyos gráficos más representativos están reflejados en el blog “Finanzas a las nueve”  (http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/). En el trabajodel MGI se destaca que desde 2007 hasta el segundo trimestre de 2014 la deuda global ha crecido a un ritmo anual del 5,3%, 57 billones de dólares en total, equivalentes a 17 puntos porcentuales del PIB, de los que más de 25 billones de dólares de ese aumento corresponderían a deuda pública.En bastantes economías, el aumento del endeudamientopúblico coexiste con el de familias y empresas. No es el caso de la española donde el desapalancamiento las familias y empresas ha sido simultáneo al más intenso aumento de la deuda pública.

Recordemos que fue el elevado endeudamiento privado el principal factor de exposición al contagio de la economía española. En común con otros países – EEUU, Reino Unido, Irlanda- el nuestro mantenía un elevado grado de concentración en financiación hipotecaria. En España, a pesar de la severidad de la crisis, de su impacto sobre la renta de familias y empresas, el desapalancamiento ha sido evidente, aunque más en las empresas que en las familias.

Del crecimiento total en la deuda acumulada en el mundo en estos siete últimos años aproximadamente la mitad correspondería a economías no avanzadas, reflejando en cierta medida saludables desarrollos como la mayor profundidad financiera, de la mano del ascenso en el endeudamiento del sector privado, en un contexto de aumento en las cotizaciones de los activos financieros. En el G20, con datos del BIS, la deuda en términos de PIB es hoy 20 puntos porcentuales superior a la existente en 2007. Con todo, el nivel de la relación entre deuda y PIB en las economías menos desarrolladas se mantiene por debajo de la mitad del correspondiente a las avanzadas.

El caso de China es uno de los más destacados: su deuda total, más del 280% del PIB, es hoy superior a la proporción equivalente en EEUU, alimentada por el endeudamiento privado para adquisición de activos inmobiliarios – de los que una parte importante han sido suministrados por entidades amparadas en la banca en la sombra-, y otra no mucho menor por gobiernos locales altamente endeudados.

Sobre estos hechos llama la atención el BIS, pero destaca especialmente el aumento de la financiación privada trasfronteriza de los mercados de deuda, considerándolo un paso más en la gestión de la liquidez a nivel global, en la dinámica de globalización financiera, en definitiva. Su director general, Jaime Caruana, confiesa no entender completamente el alcance de esa tendencia, planteándose con razón hasta qué punto es menos inquietante que un boom crediticio sea dirigido por los mercados de capitales en lugar de por los bancos. Se trata, en definitiva, de saber si es más o menos probable que termine en una crisis como las conocidas y, por tanto, si son adecuadas las decisiones reguladoras que se han adoptado hasta ahora. El hecho cierto es  que ya no son los bancos el exclusivo objeto de atención de los supervisores financieros, en la medida en que vehículos adicionales a los préstamos bancarios canalizarán mayor  financiación en todo el mundo.

Tres conclusiones pueden deducirse de los datos anteriores. Tendremos que aprender a soportar mayores volúmenes de deuda. Su peso sobre el tamaño de las economías seguirá siendo importante, especialmente en la eurozona, si esta no aumenta mucho más su ritmo de crecimiento económico. En segundo lugar, la deuda no siempre será asignada de forma óptima, financiando inversiones que se traduzcan en mayor crecimiento. En este punto es oportuna la verificación sobre la que llama la atención el BIS acerca de cómo muchas empresas están utilizando la deuda para financiar mayores pagos de dividendos o reducciones de capital, en lugar de aumentar sus decisiones de inversión, de aumento de su eficiencia y capacidad de crecimiento, en definitiva. Por último, pero no menos relevante, la supervisión y anticipación de su potencial desestabilizador sobre las economías será algo más complejo que hasta ahora.

De lo anterior no cabe concluir en la estigmatización del endeudamiento, sino sugerir su vinculación al cumplimiento de aquella regla de oro que desaconseja endeudarse para cualquier destino que no sea la inversión. Y exigir siempre que la rentabilidad esperada de la misma exceda al coste de capital. Me permitiría añadir, a tenor de la reciente experiencia española, sin poner todas las deudas en la misma cesta: con un grado de diversificación inversora suficiente.

El País (22/02/2015)

Hombres sin corbatas

Un hombre sin corbatas

“Llevaré corbata cuando salga de la crisis” fue la respuesta de primer ministro griego a su homólogo italiano cuando le regaló a principios de febrero una corbata (italiana, por supuesto). Con este gesto, el premier griego presenta la imagen de un político sin ataduras (por el juego de palabras en inglés).

Tsipras llega tarde, ya que a principios de los años 90 el visionario y diseñador de moda italiano Giannu Versace escribió un curioso libro “Men without ties“.  El diseñador italiano anunciaba la muerte de la corbata y explicaba el motivo por el cual había decidió eliminar sus colecciones la corbata como complemento de moda masculino. Versache argumentaba que la corbata “ya no es un símbolo de distinción, pues se la ponen hasta los bandidos”.(Tsipras diría que la corbata no es un símbolo de dignidad, pues se la ponen hasta los miembros de la troika).

Por fin nos habíamos liberado (los hombres) de las ataduras y podríamos enfrentarnos a las jornada laboral y entrevistas de trabajo sin ligaduras. La ciencia ha acabado dándole la razón a Versace, ya que la corbata aumenta la presión intraocular, según un estudio publicado por Teng et al (2013) en British journal of ophthalmology.

Sin embargo, a pesar de Tsipras, Versace y Teng et al 2013, las estadísticas sobre las ventas de corbatas indican que este complemento sobrevive, con unas ventas de más de 800 millones de dólares en USA un año después de la crisis del 2007.

¿Cómo puede explicarse que un complemento sin ninguna función específica, contra el que se han unido políticos, médicos y diseñadores se siga vendiendo y utilizando? Una respuesta plausible la encontramos en el lipstick effect, acuñado por el CEO de Estée Lauder, de Leonard Lauder  y estudiado  por Hill et al. (2012), en Journal of personality and social psychology.

Según el lipstick effect, el patrón de consumo de productos de lujo cambia durante las recesiones. Hill et al. (2012) argumentan que durante las recesiones desciende la demanda de casi todos los bienes de lujo, excepto la de aquellos que incrementan el atractivo personal y las probabilidades de encontrar pareja – como el pintalabios.

La corbata es el pintalabios masculino y corporativo por excelencia. Lanza una señal de responsabilidad (y atadura), por lo que aumenta la probabilidad de encontrar trabajo. Ante la duda, la mayoría de nosotros nos la anudaríamos antes de enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Es más fácil quitarse la corbata si no resulta apropiada (por ejemplo una entrevista para ser ministro griego) que ponérsela de manera apresurada.

Según el lipstick effect, nos cortaremos la corbata cuando acabe la crisis. Para entonces, puede que los hombres sin corbatas ya no las necesiten para encontrar trabajo. Precisamente por esto, posiblemente veremos a Tsipras con un nudo Windsor cuando busque trabajo (o una refinanciación de la deuda griega en la city).

Indicador de coyuntura: Febrero 2015

El Ind-ALdE se ha actualizado para el mes de enero con los datos publicados hasta diciembre de producción industrial y ventas y hasta enero de renta y afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en enero es de 3,11, superando con holgura el valor 2,35 del mes anterior y alcanzando el nivel más alto desde que empezó a tomar valores positivos en mayo de 2014.

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En tasas de crecimiento interanuales, la producción industrial muestra el avance más pronunciado, un 2,1% en diciembre frente al -0,4% en noviembre. Las ventas crecen en diciembre a un ritmo inferior al de noviembre (0,9% frente 3,2%). La renta y los afiliados aumentan significativamente su ritmo de crecimiento al 5,1% y 3,1% en enero desde el 4,1% y 2,4% en diciembre, respectivamente.

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Como conclusión, parece que el ritmo de recuperación de la economía se está acelerando en 2015.

La influencia del pasajero de al lado en los aviones

Que los demás influyen en nuestras decisiones de compra no es ninguna novedad. Por ejemplo, todos habremos visto una película por la recomendación de un amigo o habremos comido unas croquetas en un bar perdido de un pueblo remoto porque nuestro primo nos dijo que eran las mejores del mundo.

Pero como ocurre muchas veces en economía, y en otras ciencias sociales, la dificultad no reside tanto en estar de acuerdo en que los demás tienen influencia sobre nuestras decisiones de compra, sino en cuantificar dicho efecto. ¿En qué porcentaje mis decisiones de compra se deben a lo que hayan hecho los demás? Un estudio reciente, realizado por Pedro M. Gardete, profesor de Marketing de la Universidad de Stanford, utiliza un caso muy curioso para responder esta pregunta: las compras que se realizan en los aviones.

La situación es la siguiente: imaginemos que estás volando y un pasajero que va sentado en tu misma fila, al que no conoces de nada, compra algo para comer. ¿En qué medida esta acción hará que nosotros también compremos algo? Para responder esta pregunta el estudio utiliza una metodología ingeniosa. Una vez que se produce una compra, el autor compara la probabilidad de compra de la persona que está sentada al lado de la persona que ha realizado la compra, con la probabilidad de compra de la persona que está sentada justo delante de la persona que ha realizado la compra. La diferencia entre los dos pasajeros es que el primero, el que está sentado al lado, sí ha observado la compra, mientras que el segundo, el que está sentado adelante, no. Por tanto, la diferencia en la probabilidad de compra del pasajero que está sentado al lado y del pasajero que está sentado adelante puede identificar correctamente la influencia de los demás sobre nuestra compra.

El autor recogió datos del comportamiento de compra de 257.047 pasajeros en 1.966 vuelos que se realizaron en Estados Unidos entre los meses de enero y febrero de 2012. En estos vuelos los pasajeros realizaban su compra a través de una pantalla que tenían en sus asientos y la pagaban con su tarjeta de crédito. El autor tenía información sobre el lugar en el que iba sentado cada pasajero, si había realizado una compra o no, y a qué hora había realizado la compra. Con estos datos el autor podía identificar quién había sido el primero en comprar en una fila, y observar el comportamiento posterior del pasajero que estaba a su lado y del pasajero que viajaba delante de él. Además, el autor tenía información sobre las reservas de vuelo, con lo que podía excluir del estudio a las personas que viajaban juntas. ¿Cuál es el resultado del estudio? La conclusión es que los demás, aunque sean completamente desconocidos, influyen notablemente en nuestras decisiones de compra. En concreto, la probabilidad de que un pasajero realice una compra aumenta en un 30% si el pasajero de al lado ha comprado algo.

Yo ya he sacado mi lección de este estudio. En el próximo vuelo le voy a pedir a la compañía aérea que haga un sorteo con mucha fanfarria para regalar una comida a bordo, pero con el compromiso de que me toque a mí. Cuando me pregunten por qué les hablaré de este post.

“In-Work Benefits”: ¿Funcionarían en España?

La incorporación de nuevas propuestas de subsidios salariales en los primeros bosquejos de programas electorales abre un debate interesante sobre la mejor forma de dar cumplimiento al doble objetivo de potenciar la equidad y la eficiencia del sistema de prestaciones e impuestos. Ciudadanos acaba de proponer un Complemento Salarial Anual Garantizado para trabajadores con salarios bajos y empleos precarios.

En los últimos años, varios países de la OCDE han puesto en marcha políticas que tratar de combinar un aumento de los ingresos y una mayor participación laboral de los trabajadores con rentas más bajas. En términos generales, los in-work benefits (IWB) son prestaciones sociales que se conceden a individuos que trabajan y que reciben ingresos salariales que pueden considerarse bajos o insuficientes. El objetivo de estos instrumentos es intentar evitar la dependencia de los programas públicos, generar incentivos para la incorporación al mercado laboral y reducir el desempleo entre los trabajadores menos cualificados. Aunque de manera general los individuos con salarios bajos son el colectivo principal en el que se piensa al diseñar los IWB, las mujeres cobran especial importancia por ser su participación laboral más elástica, especialmente cuando tienen hijos dependientes. Algunos autores, de hecho, cuando han estudiado el diseño óptimo de estas políticas, resaltan la importancia de considerar la edad de los niños.

Los IWB se presentan en muchos casos como una deducción en la cuota del impuesto sobre la renta por su mayor facilidad para la gestión. Otras veces lo hacen como complementos de los salarios mensuales. Otra posibilidad es una combinación de las dos anteriores. Aunque existen varios trabajos al respecto, no está claro cuál debe ser su diseño óptimo. En una de las aportaciones más populares hasta el momento, Sáez (“Optimal income transfer programs: intensive versus extensive labour supply responses”. The Quarterly Journal of Economics 117, 1039-73, 2002) sugiere que, en los casos en que es deseable que los movimientos se produzcan en el margen intensivo, incrementando las horas de trabajo de aquellos individuos que ya están en el mercado laboral, el mejor esquema es el equivalente a un impuesto negativo sobre la renta con un mínimo garantizado y un tipo elevado. Por el contrario, cuando el interés se centra en el margen extensivo, para incorporar al mercado a trabajadores que están fuera, la opción óptima es un programa del tipo del Earned Income Tax Credit (EITC) estadounidense, cuyo diseño general puede verse en el siguiente gráfico:

GRAFICO 1: Diseño óptimo de un in-work benefit

Grafico EITC

La cuantía percibida como IWB depende del ingreso salarial bruto del individuo u hogar. En una primera fase (phase in en el gráfico) la unidad beneficiaria recibe un porcentaje de la deducción máxima, que en terminología inglesa se conoce con el nombre de phase-in rate, y que en el gráfico viene representado por a. En la fase plateau el beneficiario recibe la prestación completa, y en la fase phase out se le aplica un porcentaje de descuento, conocido como phase-out rate, y que en el gráfico se representa por b. La generosidad del IWB y el porcentaje de “phasing-out” (es decir, la velocidad a la que la prestación deja de percibirse a medida que aumentan los ingresos) deben establecerse en función del objetivo que tenga el gobierno. Si el objetivo principal es aumentar la oferta laboral, una prestación moderada con tasas de descuento relativamente bajas puede ser lo más apropiado. Sin embargo, esto implica que la prestación también la recibirán niveles relativamente altos de ingresos.

Estos esquemas no han estado exentos de críticas. Podrían crear desincentivos en el segmento con salarios justo por encima del umbral que da derecho al cobro del complemento y podrían ser aprovechados por los empleadores para rebajar los costes salariales. Podrían ser poco eficaces, además, si su diseño no está suficientemente focalizado hacia determinadas categorías de la población, más sensibles a los cambios en los salarios y con mayores problemas para alcanzar niveles suficientes de renta.

Son varios los trabajos empíricos que han evaluado las respuestas de los individuos ante cambios en el sistema de prestaciones e impuestos y parece existir cierto consenso en que el Earned Income Tax Credit (EITC) genera incentivos para la incorporación al mercado laboral mientras que los efectos obtenidos en el margen intensivo no resultan tan evidentes. Otros trabajos para el Reino Unido también predicen elasticidades bajas para aquellos que ya están trabajando. Este tipo de evaluaciones, sin embargo, suelen ser parciales al obviar cómo se complementan los IWB con otras políticas, como las de inserción sociolaboral, los salarios mínimos, las prestaciones familiares y muchas otras. Además de afectar a la eficiencia y la equidad, los IWB también pueden tener otros efectos no intencionados. Se han encontrado efectos sobre la composición familiar y la natalidad, sobre la salud física y mental de las madres perceptoras, o, incluso, sobre la autoestima, infelicidad o las relaciones familiares de los hijos adolescentes de las familias perceptoras, aunque en general la evidencia no es concluyente.

¿Cuáles podrían ser los efectos de un IWB para España? Aunque en el Reino Unido y en EE.UU., sobre todo, parecen haber funcionado bien, la experiencia no tiene por qué ser fácilmente trasladable a otros países, con características distintas de su mercado de trabajo y con una distinta presencia y composición de los trabajadores con baja renta.En nuestro país no se han desarrollado IWB equivalentes a los de los países comentados. Como en la mayoría de países mediterráneos, las principales políticas de empleo no se han destinado a individuos que ya tienen una ocupación. Por otro lado, para el apoyo a las familias con hijos el mecanismo tradicional han sido las reducciones de la base imponible del IRPF.

Quizás lo más parecido a una política con estas características es la deducción por maternidad de 100 euros que lleva vigente desde el año 2003, aunque sin un propósito redistributivo. Las mujeres con hijos pequeños tienen derecho a recibir 1.200 euros anuales si hacen la declaración de IRPF o 100 euros al mes, si se solicita como una prestación libre de impuestos. En ambos casos es obligatorio estar trabajando y cotizando a la Seguridad Social y la cuantía percibida en caso de cotizar menos de 100 euros mensuales o 1.200 anuales se restringe a lo cotizado. Los análisis que se han hecho de la deducción por maternidad no son abundantes pero, en general, parecen mostrar un limitado efecto redistributivo y su cuantía no parece incentivar una mayor participación laboral. Sí parece, sin embargo, que ayuda a limitar el impacto negativo de la estructura del IRPF, que a través de la declaración conjunta concede un tratamiento favorable a las familias donde uno de los cónyuges no trabaja.

Una alternativa sugerente podría ser reemplazar esta deducción por un IWB y dedicar los recursos actuales al nuevo esquema. Mila Paniagua, del Instituto de Estudios Fiscales, y yo mismo hemos evaluado el posible impacto de esta propuesta a través de un modelo de microsimulación que incorpora cambios en la oferta de trabajo. En nuestros supuestos, por cada hijo menor de tres años se percibiría una cantidad que variaría en función del salario de la mujer. Si su salario fuera inferior a 300 euros, recibiría un porcentaje de esa cantidad. Si su salario estuviera comprendido entre los 300 y los 700 euros, la cantidad percibida sería constante e igual a 320 euros. Entre 700 y 1.000 euros se aplicaría una tasa de descuento y, finalmente, a partir de 1.000 euros dejaría de percibirse la prestación. Los resultados muestran que esta reforma, que no tendría costes presupuestarios, podría mejorar las transiciones desde la inactividad a la participación laboral, reduciendo la pobreza moderada y, sobre todo, la más severa.

Parece, en cualquier caso, que la posible eficacia de un instrumento de esta naturaleza para reducir la desigualdad y la pobreza dependerá, en buena medida, de un diseño adecuado para afectar a los colectivos con menor cualificación y salarios y de cómo se complemente con otras reformas del sistema de prestaciones e impuestos, siendo necesarias medidas adicionales para dar respuesta al problema de los hogares sin ingresos y al de unas prestaciones familiares muy por debajo de la media europea.

Aunque lo parezca, (3+2) y (4+1) no es lo mismo, por Mariam Camarero

Nuestra compañera Mariam Camarero, de la Universidad Jaume I, nos ha facilitado esta interesante entrada sobre la reforma universitaria, publicada previamente en el diario digital Valencia Plaza (15/2/2015).

Hay muchos mitos sobre la educación en España, la mayoría de ellos falsos. Y no son falsos porque exista intención de engañar, sino porque la memoria colectiva es bastante frágil. He querido comprobar que la afirmación con la que quería empezar estas líneas era correcta y he visto, con asombro, que en los últimos 150 años no hemos tenido más allá de 4 ó 5 leyes universitarias de calado. Entiendo, entre líneas, que se suele comenzar la reforma educativa por la enseñanza primaria y continuar con la secundaria, de manera que cuando el legislador se acerca a la universidad aparece siempre una inoportuna revolución, una guerra o una dictadura que dejan en suspenso los afanes reformistas por una temporada. De ahí que sea falso, por ejemplo, que haya habido muchas leyes educativas y que cada nuevo gobierno haga la suya. No es ese el caso, al menos en la universidad.

Volviendo al tema del artículo, la tesis que pretendo defender es que los estudios universitarios en España se ajustan, por tradición, al modelo (3+2) y que la irrupción de (4+1) fue realmente una anomalía interna y externa, al alejarnos no sólo del esquema más usual de los estudios universitarios en España, sino también de la mayoría de nuestros socios en el Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Cuál es la citada tradición de la universidad en España?

Desde la Ley Moyano de 1857 (que acabó estando en vigor casi un siglo), las enseñanzas facultativas se cursaban en la universidad y constaban de tres períodos que habilitaban para los tres grados correspondientes: Bachiller (equivalente al Bachelor inglés o al grado actual), Licenciado (el que puede ejercer) y Doctor. También había enseñanzas superiores impartidas en Escuelas Superiores para títulos de Ingeniería, Bellas Artes (Arquitectura, Pintura y escultura, Música,…), Diplomática y Notariado. Y enseñanzas profesionales que se impartían en centros específicos (Maestro, Veterinario, Profesor mercantil, Náutica y Maestros de Obras, Aparejadores y Agrimensores). El Ministerio detallaba los planes de estudios y las asignaturas. Al principio el primer ciclo podía llegar a ser de 5 años, pero los estudiantes empezaban la universidad a los 16.

A pesar de los impulsos reformistas de finales del siglo XIX y otros intentos alrededor de la década de los veinte del siglo pasado (donde sí que se modernizó la investigación, con la Junta para Ampliación de Estudios), hay que esperar al final de la Guerra Civil para encontrar una nueva ley sobre educación universitaria, que no supuso una reforma sino continuismo. La Ley que regula la Ordenación de la Universidad de 1943 añade como Facultad la de Ciencias Políticas y Económicas y los principales cambios se refieren al acceso a la universidad, al realizarse un examen de ingreso además del Examen de Estado que daba el título de Bachiller. Se podía establecer “numerus clausus” atendiendo a las necesidades y como orientación a los alumnos. Las Escuelas Superiores los limitaron tanto que luego fue necesario aumentar el número mínimo de alumnos al año. Normativas posteriores modificaron la enseñanza media e introdujeron cursos de preparación a la universidad (PREU).

La Ley General de Educación de 1970 de Villar Palasí fue la que nos tocó vivir a los de mi generación: además de crear la EGB, el BUP y el curso de orientación universitario (COU), la Educación Superior seguía teniendo tres niveles: en primer lugar, la Diplomatura o Primer Ciclo (de tres años y cursada en Escuelas Universitarias), dando lugar al título de Diplomado; en segundo, la Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura, de cinco años de duración (que se cursaba en Facultades o Escuelas Superiores con 5 años de duración y dos ciclos de 3 y dos años, respectivamente); por último, en tercer lugar, el Doctorado, el máximo nivel, que consistía en dos años de enseñanza y la presentación de una tesis. En esta ley, las enseñanzas profesionales como el Magisterio o las Bellas Artes adquieren nivel universitario (de uno o dos ciclos). Los planes de estudio surgidos de esta ley eran comunes en toda España y estuvieron en vigor durante más de 20 años, hasta principios de los años 90.

La Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 no modificó esta estructura. Así, en su artículo 30 decía que “Los estudios universitarios se estructurarán, como máximo, en tres ciclos. La superación del primero de ellos dará derecho a la obtención, en su caso, del título de Diplomado, de Arquitecto Técnico o de Ingeniero Técnico; la del segundo, a la del título de Licenciado, de Arquitecto o de Ingeniero, y la del tercero, a la del título de Doctor”. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 mantiene nuevamente esta estructura, aunque recoge la posibilidad de que se cambie la denominación de los títulos (artículo 88) para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior. La actual versión en vigor, la LOU modificada o LOMLOU de 2007 también lo incluye (http://www.uco.es/ugt/archivo/2007/070503_LOMLOU_refundido.pdf).

Lo primero que cabe decir es que la LOMLOU no determina la duración de los títulos, sino que se desarrolló mediante decreto. La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se realizó (principalmente) durante la primera legislatura del Presidente Zapatero. La Ministra María Jesús San Segundo quería continuar con planes de estudio basados en “Libros Blancos”, es decir, con una buena parte de contenido común en toda España y grados de 3 años y másters de 2 años, es decir, defendía el 3+2. Sin embargo San Segundo fue sustituida tan sólo dos años después por Mercedes Cabrera. A partir de ese momento se produjo un cambio radical, pues la LOMLOU aprobada en 2007 introduciría una reducción de las competencias del Ministerio (sin eliminarlas) para el establecimiento de títulos y las directrices de los planes de estudios. Además, los nuevos grados tendrían una duración de 4 años y los másters de 1 a 2 años.

Con el cambio al 4 +1 no sólo se produce una ruptura respecto a la organización de los estudios universitarios existentes hasta entonces en España sino, lo que es infinitamente peor, se rompe la distinción entre los estudios universitarios de un ciclo, que formaban a diplomados, arquitectos e ingenieros técnicos y que en tres años habilitaban para desempeñar profesiones (maestros, enfermeros, aparejadores, por ejemplo) y las licenciaturas, arquitectura e ingenierías superiores, de dos ciclos y que tenían diferentes funciones y atribuciones profesionales. Los cuatro años suponen aumentar la duración de algunas titulaciones sin que existiera justificación técnica o académica, mientras que reducir en un curso, por ejemplo, las ingenierías (superiores) ha creado problemas al compararlas con los anteriores estudios de 5 años, optándose por soluciones ad hoc para mantener las competencias profesionales necesarias para ejercer. Aún más, este sistema es ineficiente, al tardar un año más en formar a una buena parte de nuestros profesionales superiores, que podrían haber completado un grado en 3 años y, en caso de desear especializarse, siempre podrían haber optado (en ese momento o más tarde) por completarlo con un máster de uno o dos años, dependiendo del caso.

Otro efecto derivado de estas decisiones y que no se valoró, al menos en toda su gravedad, es que se equiparó el grado español de 4 años al Bachelor. Es decir, al Bachiller en Ciencias o en Filosofía de la Ley Moyano. Eso significa que los 4 años actuales equivalen a un solo ciclo universitario (aunque lo dividamos en 2+2, eso no lo cambia): esto es, si bien antes un licenciado español equivalía a un Bachelor más un máster, al pasar al 4+1, al realizar la homologación en el EEES se ha equiparado en España la licenciatura con el grado y, por tanto, se ha “degradado” a los licenciados que estudiaron 5 años a Bachelor. Con el 3+2 no se habrían visto afectados negativamente los antiguos licenciados de los planes del 70, de la LRU y de la LOU, es decir, la mayoría de los actuales titulados universitarios. Esta cuestión no es baladí y ha generado problemas, entre otros, en cuerpos de élite de la Administración del Estado, por ejemplo, el de Economistas y Técnicos Comerciales del Estado, para alcanzar puestos en organismos internacionales, donde se les exige o se valora como mérito preferente, una formación con nivel de máster.

Por último, no olvidemos que, en la actualidad, los grados de 4 años no se corresponden con un catálogo limitado de titulaciones, sino que existen más de 1.200 títulos de grado distintos (tantos como universidades y titulaciones en cada una de ellas) y en muchas ocasiones poco coincidentes entre sí, de manera que la movilidad de estudiantes en España es menor que en el siglo XIX.

Me alegro de que, tras más de 3 años, el Ministerio haya decidido (tímidamente) corregir un error en el que estábamos empeñados en persistir. Aunque sea por los motivos incorrectos.

El nuevo programa de flexibilización cuantitativa del BCE podría no tener efectos sobre la economía real

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En colaboración con Vicente Esteve de la Universidad de Valencia

 El BCE anunció en la reunión del Consejo de Gobierno del 22 de enero de 2015 la ampliación de su programa de compra de activos del sector privado, para incluir ahora bonos soberanos, en concreto, deuda emitida por administraciones centrales de la zona del euro, agencias e instituciones europeas.

Este programa ampliado engloba también al programa de compras de bonos de titulización de activos (ABSPP, en sus siglas en inglés) y al programa de adquisiciones de bonos garantizados (CBPP3, en sus siglas en inglés) iniciados en los últimos meses del año 2014. Las compras mensuales representan un total de 60.000 millones de euros. Se prevé que estas compras continúen al menos hasta septiembre de 2016 y, en todo caso, hasta que se consolide un ajuste sostenido de la senda de la tasa de inflación que sea compatible con su objetivo de mantener las tasas de inflación en niveles inferiores, aunque cercanos, al 2% a medio plazo.

El objetivo del programa ampliado de compras de activos privados y públicos es ofrecer un estímulo monetario a la economía de la zona del euro en un contexto en el que los tipos de interés oficiales del BCE están cercanos al 0%. Además con el programa ampliado se pretende relajar sustancialmente las condiciones monetarias y financieras, abaratando el acceso de las empresas no financieras y los hogares al crédito bancario y, en última instancia, impulsar la inversión productiva y el consumo de los hogares.

¿Pero este nuevo programa de flexibilización cuantitativa del BCE tendrá efectos sobre el crecimiento económico?

Algunos condicionantes impuestos en el programa ampliado de compras del BCE nos generan serias dudas sobre la efectividad del mismo para impulsar el crecimiento en la zona del euro:

1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa es muy limitado en su cuantía

En el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se puede comprobar como el objetivo es inyectar 1,14 billones de euros adicionales hasta septiembre de 2016, lo que llevaría el balance actual del BCE (2,158 billones de euros, el 16 de enero de 2015) hasta 3,3 billones, ligeramente por encima del montante que mantenía en marzo de 2012 (3,023 billones de euros). En definitiva se trata de un programa de flexibilización cuantitativa o compras de deuda a gran escala (QE, en sus siglas en inglés) poco ambicioso, ya que supera ligeramente los niveles del balance del BCE de 2012, que fueron disminuyendo en 2013 y 2014 a causa de la devolución por parte de los bancos de los préstamos proporcionados por las operaciones de financiación a plazo más largo (VLTRO, por sus siglas en inglés). [1]

ECB balance 1

  1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa es mucho más complejo, condicionado y limitado que los que aplicó la Reserva Federal de EE.UU.

En primer lugar, en lo que concierne a la distribución de las posibles pérdidas del programa, el Consejo de Gobierno decidió que tan sólo el 20% de las compras de activos serán cubiertas de forma solidaria. El otro 80% será cubierta por los bancos centrales nacionales. La falta de cohesión entre los países es manifiesta ya que parte de los riesgos no se mutualizan.

En segundo lugar, el programa ampliado se centra en la deuda soberana de los países de la zona del euro y de agencias establecidas en la zona del euro o instituciones internacionales o supranacionales (lo que incluiría al Mecanismo Europeo de Estabilidad, ESM, en sus siglas en inglés). Ello dejaría fuera a la deuda corporativa, a diferencia de los programas QE de la Reserva Federal de EE.UU.

En tercer lugar, las compras de activos se distribuyen entre los países de la zona del euro en función de la participación de cada país en el capital del BCE. La falta de solidaridad entre los países brilla por su ausencia.

Finalmente, las compras de activos del BCE se autolimitan a diferencia de los programas QE de la Reserva Federal de EE.UU. Por un lado, no podrán superar el 33% de la deuda en circulación del emisor y, por otro lado, no podrán superar el 25% de importe total de una emisión.

3. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa puede proporcionar liquidez a la banca pero no quiere decir que impulse el crédito a empresas no financieras y hogares

Por un lado, el BCE defiende que este programa puede tener efectos en la economía real porque los bancos de la zona del euro pueden sacar la cartera de deuda pública de sus balances y utilizar la liquidez obtenida para conceder créditos a las empresas no financieras y hogares. Pero también podría destinarse la liquidez a devolver la deuda de los propios bancos o para volver a utilizar la facilitad de depósito del BCE, incluso a tipos de interés nominales negativos. Si los bancos no acaban transformando la nueva liquidez proporcionada por el programa ampliado de compras de activos es porque la presión para elevar la solvencia bancaria se mantiene con las normas de Basilea III y las normas más estrictas aprobadas por el G-20 para los grandes bancos de la zona del euro (problema de oferta de crédito).

  1. El nuevo programa de flexibilización cuantitativa puede proporcionar liquidez a la banca pero topa con el excesivo endeudamiento de las empresas no financieras y hogares 

El endeudamiento de las empresas no financieras y de los hogares de la zona del euro es todavía excesiva. El problema es que nadie quiere pedir prestado aunque haya tipos de interés nominales bajos. Lo que desean las empresas no financieras y los hogares es continuar con el desapalancamiento, es decir, devolver la deuda acumulada en el boom económico (problema de demanda de crédito).

En este sentido, la demanda de crédito no se recuperará mientras la demanda agregada, fundamentalmente el consumo de los hogares y la inversión privada no se recupere. Además, el propio BCE reconoce que sin una expansión fiscal centrada en un aumento de la inversión pública – lo que supone una relajación de parte de los ajustes fiscales impuestos en los últimos años- y sin reformas estructurales en las economías de la zona del euro, su programa ampliado de compras de activos podría fracasar en el objetivo de reactivar la economía de la zona del euro.

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[1] Las VLTRO fueron dos operaciones que aportaron inyecciones masivas de liquidez a la banca a tipo de interés fijo. La primera operación fue asignada el 21 de diciembre de 2011 y la segunda el 30 de febrero de 2012, con un importe de 591.531 y 489.191 miles de millones de euros, respectivamente. La utilización de estas operaciones con vencimiento a tres años, fue el instrumento que más impacto tuvo sobre la expansión de liquidez, provocando un alivio de las tensiones en el sector bancario. Sin embargo, esta medida no empujó a que las entidades financieras aumentaran el crédito al sector privado. Dicha liquidez fue destinada principalmente a las compras de deuda soberana, provocando con ello un alivio de la prima de riesgo. Sin embargo, otra parte, fue utilizada para depositarla en las cuentas que los bancos tienen en el BCE (facilidades de depósito), de manera que el dinero volvió, en parte, a manos del BCE. En definitiva, estas masivas inyecciones de liquidez supusieron un alivio de las tensiones en el sector crediticio, pero no resolvieron los grandes problemas de solvencia padecidos por las entidades de crédito, ni los desequilibrios que provocaban la inestabilidad de la Eurozona, ni la sequía de liquidez que sufría el sector privado.

 

¿Puede la Teoría de Juegos ayudar a entender las negociaciones entre Grecia y el resto de países de la zona del euro?

La teoría de juegos es una disciplina que estudia situaciones en las que es relevante la interdependencia estratégica, es decir, que el resultado para cada jugador depende de sus propias decisiones y de las decisiones de los demás. Ha sido aplicada, principalmente, en economía, pero ha tenido también un desarrollo amplio en gestión, sociología, psicología, filosofía, e incluso en biología evolutiva. En el caso de la Economía, la teoría de juegos inició su análisis formal en 1944 con el trabajo de John Von Neumann y Oskar Morgenstern, The Theory of Games and Economic Behaviour. Posteriormente, merecen ser citados por sus aportaciones centrales tres premios Nobel de Economía: John Nash, John Harsanyi y Reinhard Selten.

Dado que el nuevo gobierno griego ha basado su política electoral en el fin de la austeridad, y dado que el pago de la deuda supone una parte muy importante del PIB griego, las negociaciones para refinanciar la deuda pública de Grecia con la troika y con el resto de los países de la zona del euro, constituyen una baza ineludible para la credibilidad del nuevo Gobierno. Esta situación se puede analizar mediante la Teoría de Juegos.

Para sentar las bases analíticas habría que precisar algunos aspectos. En primer lugar, los jugadores son muy diferentes, mientras que Grecia supone el 1,9% del PIB de la zona del euro, el otro jugador representa, obviamente, el 98,1% restante, sin embargo los intereses de ese 98,1% no son homogéneos, no es lo mismo la posición de Alemania, incluso geoestratégica, que la de Bélgica. Este aspecto matiza algo la desigualdad entre los jugadores. En este sentido, son relevantes las visitas del primer ministro griego a los países que considera menos integrados en la política de austeridad como Italia y Francia, obviamente, tratando de debilitar al gigante. El segundo aspecto a considerar es que en esas negociaciones no solo se juega el juego zona del euro-Grecia, sino que el resultado al que se llegue, condiciona el resto de los juegos futuros zona del euro-resto de los países, además de enviar una señal a las poblaciones de estos países. Dependiendo del resultado final, la señal podría ser muy preocupante para países como España con partidos de extrema izquierda emergentes. Un tercer aspecto es el manejo del farol, con el que Grecia ha iniciado la partida, amenazando con salir del bloque Unión Europea-occidente y entrar en el bloque ruso-oriental. En mi opinión, esta amenaza no es creíble ya que al que la formula no le interesa cumplirla, pero una cosa es el interés del pueblo griego y otra la de sus gobernantes actuales, esperemos que no haya divergencia.

Por lo tanto, el problema tiene que ver con un complicado conjunto de negociaciones entre unas partes muy diferentes en cuanto a su capacidad negociadora y con intereses muy dispares. El problema mayor es que el resultado al que se llegue va a afectar, a largo plazo, a toda la política europea, incluso a la estabilidad de la Unión Europea y, en particular de la Unión Monetaria. Esperemos que, aunque sea por una vez, los políticos negociadores piensen en el largo plazo. Podemos especular a qué juego podrían jugar el gobierno griego y la troika a través de algunos ejemplos.

1) El juego de la gallina. Un camión de gran tonelaje y un turismo se dirigen hacia un puente de único sentido desde puntos opuestos. Si ninguno se desvía, chocarán. Puesto que los costes de la colisión son mucho mayores para el turismo, éste cederá el paso. 

Aplicación a Grecia y a la troika. Grecia y la troika suponen que la otra parte tiene mucho que perder si no cede. Los griegos podrían verse expulsados de la zona euro y no podrían financiar gran parte de sus servicios públicos y de sus pensiones. La troika perderían los cuantiosos préstamos concedidos a Grecia en los sucesivos rescates. A ambas partes les resulta fácil imaginar que la otra parte reaccionará primero y cederá a las demandas de la primera. Pero esto no ocurre.

Sin embargo, como recomendaba el general y filósofo chino Sun Tzu, 650 años antes de Cristo, hay que dejar una salida honorable al otro jugador, para que el resultado sea estable.

2) El dilema del prisionero. La policía detiene a dos hombres y los interroga por separado. No hay suficientes pruebas para condenar a ninguno, así que ofrecen un trato a cada uno. Si cooperan y testifican contra el otro, obtendrán la libertad y el otro irá a la cárcel. El único equilibrio posible de este juego es aquél en el que se delatan mutuamente y terminan condenados. Sin embargo, la noticia optimista en este caso, es que si el juego se juega muchas veces y no se conoce cuando va a terminar este juego, es posible una trayectoria de equilibrios en los que se colabora.

Aplicación a Grecia y a la troika. Si Grecia continua con el ajuste presupuestario y las reformas económicas impuestas con los rescates, los desequilibrios de la economía griega se corregirían gradualmente y se recuperaría una senda de crecimiento duradera y sostenible. Sin embargo, dado que el nuevo gobierno ha anunciado repetidamente su intención de no colaborar, Grecia y la zona del euro podrían acabar con una larga y todavía más profunda recesión en Grecia y la pérdida de la deuda en la zona del euro. Si plantean el juego como una larga partida con muchas jugadas, donde la zona del euro cede en algún aspecto y Grecia renuncia a su programa demagógico, se podría aliviar algo la situación del pueblo griego y no comprometer el futuro de la propia Unión Monetaria.

3) El dilema de la cena. Diez personas salen a cenar y dividen la cuenta a partes iguales. Cada uno decide pedir el plato más caro, aunque sólo sea marginalmente mejor que el más barato porque, cuando el coste adicional se divida entre diez, el importe final será insignificante. Sin embargo, si los diez llegan a la misma conclusión, acabarán pidiendo los diez platos más caros de la carta.

Aplicación a Grecia y al resto de países de la zona del euro. Hay que conseguir que el Banco Central Europeo imprima más dinero y lo emplee para comprar los bonos griegos. De esta manera, los griegos podrían aumentar el gasto público por la vía más barata. Además, el coste se distribuye entre los otros 17 miembros de la zona del euro. Evidentemente, esto que parece tener sentido individualmente, no soporta un análisis colectivo ya que, si todos hacen lo mismo, que lo harán, la dinámica de la deuda pública de los 18 países de la zona del euro se haría insostenible y el Banco Central Europeo no podría mantener el programa de compras. Es como si el menú que adquieren entre todos los comensales no pudiera ser pagado por ellos y tuvieran que pedir prestado para mantener sus alegrías, pero ¿quién se arriesga a prestar si no tiene la seguridad de que, partir de entonces, el consumo de platos tendrá en cuenta lo que uno tiene (produce) y está seguro de que va a recuperar el préstamo más los intereses?

Este último es el juego más peligroso desde el punto de vista de la estabilidad de la zona del euro y en el que los griegos podrían encontrar apoyos. Este juego pone, además, de manifiesto el gran déficit de la Unión Monetaria, que es la inexistencia de un presupuesto europeo con un control a nivel europeo de la deuda. Si la zona del euro lo acepta en la manera en que se está planteando, la inestabilidad a largo plazo estará garantizada.

 

Sobre la Unión Monetaria Bolivariana por Rafael Bonete y Miguel Carrera

Nuestros compañeros Rafael Bonete y Miguel Carrera, de la Universidad de Salamanca, nos han facilitan esta oportuna entrada publicada en el diario El País (9/2/2015)

Se ha publicado que los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua pagaron 425.000 euros por trabajos de asesoría sobre la unidad monetaria en América Latina. La cuestión  sobre si es posible una Unión Monetaria Latinoamericana o Bolivariana tiene fácil respuesta, a nuestro juicio, y no hace falta, en modo alguno, ni un equipo de expertos internacional  ni mucha investigación. Vamos a ilustrar la respuesta refiriéndonos al caso de los cuatro países que contrataron la investigación pero es muy sencillo extrapolarlo al resto de América Latina.

La teoría que permite contestar esa pregunta es bastante sólida al menos desde la elaboración de las Áreas Monetarias Óptimas por parte de Mundell, cuyo artículo seminal se publicó  en 1961 en la prestigiosa American Economic Review. En su aportación, que en parte motivó que le concedieran el Premio Nobel en 1999,  destacaba la importancia de que las crisis asimétricas que pudieran padecer alguno de los países que pretendían formar parte de una unión monetaria fueran poco relevantes o al menos poco probables, la conveniencia de disfrutar de unos mercados laborales y de bienes y servicios flexibles y también de disponer de un sistema automático de transferencias fiscales entre los potenciales países miembros.  Posteriormente las aportaciones de McKinnon, Kenen y De Grauwe, entre otros, han insistido en la importancia de la existencia de preferencias homogéneas entre los países que pretenden formar una unión monetaria, así como la necesaria elevada apertura comercial, la diversificación en la producción y el comercio, la conveniencia de compartir una similar aversión a la inflación y  necesidad de coordinar las políticas económicas.

La primera pregunta sería si un hipotético  Banco Central Bolivariano sería capaz de gestionar una moneda más fuerte, más segura que las monedas de cada uno de los países. En Europa el euro heredó la credibilidad antiinflacionista del Bundesbank  y la correspondiente estabilidad y fortaleza del marco alemán y ello le permitió a la moneda única europea ser considerada desde sus inicios  como una moneda que cumple adecuadamente su función de depósito de valor, uno puede confiar en el euro como moneda para ahorrar en ella.  Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar entre los cuatro países cuál podría ser el referente. La inflación más baja la tiene Ecuador, pero no tiene una moneda propia, sino que es una economía dolarizada, Bolivia y Nicaragua han hecho esfuerzos en los últimos años para contener la inflación mientras que Venezuela tiene la inflación descontrolada. Por tanto, la primera parte, los posibles beneficios, ya nos lleva a cuestionar la viabilidad de una Unión Monetaria Bolivariana (o Latinoamericana). No está claro que un Banco Central Bolivariano vaya a ser capaz de ofrecer una moneda mejor que la que tienen los países y esta cuestión  es clave porque Ecuador solo podría abandonar el dólar si cambia esa moneda por otra moneda al menos tan fuerte.

La existencia de beneficios tangibles es clave porque una unión monetaria también tiene costes importantes, costes que estamos sufriendo con mucha claridad en España y es que un país que forma parte de una unión monetaria pierde su capacidad para fijar el tipo de interés, para decidir la cantidad de dinero que circula y para fijar el tipo de cambio. Los tres son elementos básicos de política económica que, por ejemplo, son necesarios para estimular una economía en recesión (en ese caso, bajando el tipo de interés, incrementando la cantidad de dinero en circulación y buscando una depreciación de la moneda). Un país que forma parte de una unión monetaria no tiene esos instrumentos y  depende, por tanto, de las decisiones  del banco central de la misma que, además, si quiere ser respetado y creíble es conveniente que  sea independiente.

Esto puede no ser un problema si los países que forman una unión monetaria tienen economías muy próximas en términos de estructura productiva, un intenso comercio entre ellos y comparten un mismo ciclo económico. En este caso, si hay una recesión ésta sucederá en todos los países que forman la unión y el banco central desarrollará una política favorable para todos los países. El problema surge si existen asimetrías entre los países, si los países tienen estructuras productivas diferentes, si el comercio entre ellos no es tan intenso y si los ciclos económicos son distintos. En el caso de los países latinoamericanos considerados es fácil observar que su proximidad es política, pero no económica. No son economías próximas, ni físicamente, ni en sus estructuras productivas, ni en su comercio, ni comparten un ciclo económico, ni las políticas económicas son similares. El contenido de las exportaciones revela bien las diferencias. El 90 por 100 de lo que exporta Venezuela es petróleo, en cambio en Ecuador esta materia prima solo supone el 55 por 100, destacando otro 27 por 100 que aportan los alimentos, Bolivia exporta hidrocarburos también, pero lo que produce, sobre todo, es gas que supone un 44 por 100 de la exportación, con otro 20 por ciento de metales. Por su parte Nicaragua exporta alimentos (60 por 100) y productos de su industria maquiladora. El comercio entre estos países es muy limitado. Ecuador envió en 2012 solo el 4,2 por 100 a los países de esta hipotética unión aduanera, Bolivia algo más del 4, Venezuela algo menos del 4 y Nicaragua un 12 por 100. Por otro lado, el análisis de los crecimientos de estas economías revela que, incluso en el periodo expansivo que comienza a partir de 2003 tras la subida de los precios de las materias primas, estos países siguen ciclos no homogéneos.

La conclusión es que estos países presentan notables asimetrías que hacen imposible el establecimiento de una moneda común. No están claros los beneficios que se derivarían de esta opción, no es evidente que el banco central de esta hipotética área monetaria pudiera ofrecer y garantizar una moneda fuerte que sirva adecuadamente como depósito de valor y como instrumento para el ahorro. Por el contrario, sí son muy evidentes los costes, ya que con las asimetrías existentes el citado hipotético banco central no podría ofrecer una política monetaria que fuera adecuada para las distintas necesidades de estos 4 países.

Si fuéramos ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua sentiríamos que ha salido muy cara esta investigación. El importe recibido por la investigación mencionada parece reflejar un uso inadecuado e ineficiente de los recursos públicos (también escasos) de dichos países. La transparencia y la ejemplaridad deben practicarse también por los que critican a los actuales y anteriores gestores públicos y quieren la confianza de los ciudadanos para gestionar la economía.

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