Indicador de coyuntura: Octubre 2014

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de septiembre con los datos publicados hasta agosto de producción industrial y ventas y hasta septiembre de renta y afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en septiembre es de 1,81, frente a un 1,48 del mes de agosto. Este valor está en línea con el movimiento horizontal que observamos en el indicador desde que se inició el verano.

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En tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto muestran síntomas de deterioro, con excepción de las ventas. La producción industrial cayó en agosto un 1,8% frente a la subida de 1,1% en julio. La renta y los afiliados subieron en septiembre 2,7% y 2,0% frente a las subidas de 3,2% y 2,1% en agosto. Por contra, las ventas subieron en agosto 3,2%, bastante más que en julio cuando subieron 1,1%.

indicadoresComo conclusión, la tendencia de las variables observadas indica que la recuperación de la economía española continua, aunque parece que el ritmo de recuperación se ha estancado por lo que el indicador experimenta un movimiento lateral desde el verano.

África: ¿Buenas o malas noticias?

Durante las últimas semanas, las noticias que llegan desde África, ligadas al ébola, están contribuyendo a reforzar los lugares comunes que tenemos sobre este continente: pobreza, violencia, falta de infraestructuras o la incapacidad de los Estados para responder ante una crisis humanitaria.

Sin embargo, a esta imagen pesimista deberíamos contraponer otra mucho más optimista, ya que desde el comienzo de este siglo África Subsahariana ha experimentado un ritmo de crecimiento que algunos autores han calificado de milagroso. De acuerdo a los datos del Banco Mundial, en el periodo 2001-2013, África Subsahariana creció a un ritmo medio del 5,5%, por encima de los países de la Unión Europea y de América del Norte, pero también del Norte de África, el Medio Oriente, y Latinoamérica. De hecho, entre los diez países que más crecieron en ese periodo encontramos cinco países de África Subsahariana: Angola, Chad, Etiopía, Guinea Ecuatorial, y Nigeria. Además, este crecimiento económico ha venido acompañado por una reducción de la pobreza, que ha pasado del 58% en el año 2000 (porcentaje de la población que vive con menos de 1,25 dólares al día) al 48% en 2010, y por una reducción en la mortalidad infantil. Incluso en el plano empresarial, firmas africanas han logrado reconocimiento internacional en actividades, como la exportación de flores, con un alto grado de complejidad logística.

¿Está África Subsahariana entrando, por fin,  en una senda de crecimiento estable? ¿o es este crecimiento pasajero y África volverá a ser el continente sin esperanza? Los que apunta a la naturaleza pasajera de este proceso, señalan que el crecimiento de África Subsahariana se explica por el fuerte aumento del precio de las materias primas que exporta esta región. Y algo de cierto hay en este argumento. Casi el 60% del valor de las exportaciones africanas en el periodo 2001-2013 es petróleo, metales preciosos y minerales; y el precio de estas materias primas ha crecido de manera muy importante durante este periodo. La historia económica nos enseña que el precio de las materias primas sufre vaivenes muy importantes; por tanto, si se produce un cambio de tendencia en la evolución de los precios, el crecimiento se podría detener.

Otra variable que ha apoyado el crecimiento, pero que tiene, en parte, un componente temporal, es la inversión china en las infraestructuras de transporte en África Subsahariana. Estas inversiones han permitido que zonas remotas de África hayan mejorado su acceso a los mercados nacionales e internacionales, aumentando notablemente las oportunidades de negocio de muchos productores. La expansión de las telecomunicaciones y, especialmente, de los teléfonos móviles, también han jugado un papel importante en la integración de los mercados.

A favor de la visión de que el crecimiento africano no es pasajero están aquellos que señalan la mejora de la calidad de las instituciones en África. Por calidad de las instituciones nos referimos a la reducción de los episodios de violencia, la estabilidad política, una mejora en el cumplimiento de los contratos y una reducción de la corrupción. Ciertamente, los datos indican que durante este siglo se ha producido una reducción de los conflictos armados en África Subsahariana y que la democracia ha ganado terreno. Además, según los datos del Doing Business del Banco Mundial, algunos países del África Subsahariana, aunque todavía se encuentren muy lejos de los países más avanzados, han logrado mejorar en aspectos tales como el cumplimiento de los contratos.

Sin embargo, el proceso que nos otorga más confianza en la continuidad del crecimiento es algo que ya destacaban los primeros teóricos del desarrollo económico hace más de 50 años: el cambio estructural. La simple comparación de los países más ricos con los países más pobres nos pone de manifiesto que el peso de la agricultura en el conjunto de la economía es muy pequeño en los primeros y muy grande en los segundos. En cambio, el peso de la industria y de los servicios es más grande en los países más ricos que en los países más pobres. La productividad de la industria y de los servicios es superior a la productividad en la agricultura (aunque también existen actividades de alta productividad en la agricultura, tal como señalábamos al inicio del post). Por tanto, si se produce una migración de trabajadores de la agricultura a la industria y los servicios, aumenta la productividad por trabajador. Y según han mostrado los profesores Margaret McMillan y Kenneth Harttgen en un reciente estudio, el 50% del crecimiento en la productividad del trabajo en África Subsahariana se ha debido a este cambio estructural.

¿Qué factores explican este proceso de cambio estructural? En primer lugar, McMillan y Harttgen muestran que los países africanos que partían con un mayor porcentaje de trabajadores en el sector agrícola han logrado mayores reducciones en el peso de la agricultura. Esto parece lógico, ya que las posibilidades de reducción siempre serán mayores para aquellos países que parten de un mayor porcentaje. En segundo lugar, se han producido mayores reducciones en el peso de la agricultura en aquellos países en el que el aumento del precio de las materias primas ha estado acompañado de una mejora en la calidad de las instituciones. La explicación sería que un aumento del precio de las materias primas permite unos mayores ingresos a los Estados. Si estos mayores ingresos se invierten en acciones que fomente el crecimiento a largo plazo, como mejorar el acceso y la calidad de la educación, aumentará la probabilidad de que se puedan desarrollar oportunidades de negocio en la industria y los servicios. De hecho, McMillan y Harttgen muestran que la mejora en la educación de las mujeres en las zonas rurales está correlacionada positivamente con la reducción del peso de la agricultura. Es interesante observar que una variable de carácter coyuntural, como los mayores ingresos por la exportación de materias primas, si se conjuga con un elemento estructural, la calidad de las instituciones, también puede contribuir al crecimiento a largo plazo.

Allá por el año 1954, el Premio Nobel de Economía Arthur W. Lewis ya defendió que el desarrollo económico estaba unido al crecimiento de los sectores modernos y el declive de los sectores tradicionales. Parece que África Subsahariana ha logrado, por fin, tomar esta senda. Por el bienestar de millones de personas es preciso que siga recorriendo este camino.

Una agenda para Europa

Son los objetivos, es el programa lo que importa, más que los nombres de quienes integrarán la próxima Comisión Europea, el nuevo Ejecutivo comunitario cuya toma de posesión está prevista para dentro de pocas semanas (1 de noviembre), después de un largo proceso de gestación, que alcanza su clímax en el examen de los candidatos por la Eurocámara. Lo principal ahora, dicho de otro modo, es acertar con la agenda de las instituciones europeas en la legislatura que se inicia.

Una legislatura crucial, probablemente, por la suma de factores y acontecimientos que en pocos meses han coincidido: dentro, los resultados de las elecciones del pasado 25 de mayo, expresando el alto grado de descontento y contestación ciudadana respecto a una situación sin nervio político y mediocres resultados económicos; fuera, en la frontera oriental, el conflicto de Ucrania y, al sur, en territorios de Siria e Irak, el desafío del Estado Islámico. La suma de todo ello le está dando a 2014, sin duda, un relieve especial: un año de aniversarios redondos en la Europa del siglo XX (comienzo de las dos Guerras Mundiales y caída del Muro de Berlín: 100, 75 y 25 años, respectivamente), parece así aportar suficientes hechos de envergadura para tener su propia entidad histórica, planteando en todo caso prioridades inexcusables. Tres son muy obvias: economía, defensa y energía.

La primera para contrarrestar la desafección de una generación en riesgo de malograrse y las pulsiones populistas (y nacionalistas) avivadas por las secuelas de la crisis. Evitar, desde luego, un tercer episodio recesivo, pero sobre todo encontrar una senda de crecimiento que reduzca el desempleo y asegure los niveles del sistema de protección social que es santo y seña del modelo europeo de bienestar. La segunda —defensa— para contrarrestar la vulnerabilidad de las fronteras europeas ante la recuperada agresividad de la potencia rusa y el terrorismo islámico, esa otra forma no convencional de guerra en nuestros días. La UE gasta poco comparativamente en defensa y lo gasta mal, sosteniendo ejércitos nacionales de corte westfaliano que han perdido sentido al consolidarse la unión continental. La tercera —energía— para contrarrestar una gran dependencia con más amenazas en el nuevo escenario geoestratégico. Una política energética común que suponga unificar normas reguladoras, planificación de inversiones en infraestructuras para multiplicar las conexiones internas, adquisiciones centralizadas a terceros, un adecuado mix energético. Una PEC que pueda llegar a codearse con la PAC.

Tres entradas principales para una agenda que ha de dedicar también lugar destacado a la política migratoria común (3.000 vidas se ha cobrado en lo que va de año la travesía del Mediterráneo entre quienes, procedentes de aquella ribera, ven en esta el cielo de sus esperanzas) y una política exterior mejor definida y más activa, para combatir el peligro de una creciente irrelevancia global (bienvenida sea, en este punto, la remisión a las Cortes por nuestro Consejo de Ministros de la primera “Estrategia de Acción Exterior” de la democracia española, con serias y ambiciosas propuestas en lo que respecta, precisamente, a la Unión Europea). Es la suerte toda del proyecto europeo lo que está en juego.

Evolución histórica de las variables macroeconómicas fiscales de la economía española, 1964-2013, y proyecciones 2014-2017

En esta entrada del Blog se presenta la senda temporal de las principales variables macroeconómicas fiscales de las AA.PP. españolas (medidas en % del PIB) actualizadas para el periodo 1964-2013. En concreto, se ha añadido la cifra provisional del año 2013 y se han corregido también todas las cifras anteriores con datos actualizados de las nuevas series elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos provienen de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y de la Contabilidad Nacional de España elaborada por el INE. También se presentan previsiones de déficit público total (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública acumulada), del déficit público primario (sin incluir los pagos de intereses de la deuda pública acumulada) y del stock de deuda pública bruto (según la metodología del Déficit Público Excesivo), previsiones presentadas en el pasado mes de abril por el Ministerio Economía y Competitividad y en el pasado mes de mayo por la Comisión Europea para el periodo 2014-2017.

Me gustaría destacar los tres últimos periodos de la historia presupuestaria de la economía española: a) el ajuste fiscal del periodo 1996-2007; b) el deterioro brusco y profundo de las finanzas públicas en los años 2008 y 2009, después del inicio de la crisis económica derivada de la crisis financiera internacional; y c) el nuevo periodo de ajuste fiscal que comenzó en el año 2010 que avanza a un ritmo excesivamente lento para garantizar la sostenibilidad de las finanzas pública a largo plazo.

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) aparece la evolución de los ingresos totales, los gastos totales y los gastos netos de intereses de la deuda pública o gastos públicos primarios. En primer lugar, destacar el hundimiento de los ingresos en 2008 y 2009, y el espectacular crecimiento de las dos variables representativas de los gastos públicos en los años posteriores a 2008. En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos realizados, los gastos totales y los gastos sin intereses de la deuda pública se situaron a finales de 2013 en el 45,3% y el 41,9% del PIB, respectivamente, lejos todavía de las cifras registradas antes del inicio de la crisis de 2008. Por último, los ingresos públicos no logran apenas recuperarse (suben tan sólo 0,6 puntos porcentuales en 2013) y se sitúan a niveles del año 1996 (38,6% del PIB), lejos todavía del máximo de recaudación alcanzado en 2007 (41,5% del PIB), último año del reciente periodo de expansión económica registrado en la economía española (1995-2007).

En el segundo gráfico se presenta la evolución del ahorro bruto total y del ahorro bruto excluido los pagos de intereses de la deuda pública del total de las AA.PP. La primera variable se obtiene del saldo conjunto de las cuentas corrientes (ingresos y gastos corrientes) de las AA.PP. (cuentas de producción, distribución y utilización de la renta). El ahorro bruto total y primario, que había crecido ininterrumpidamente en una década (desde 1997 a 2007), retrocedió bruscamente en el año 2008 y alcanzó en 2009 niveles negativos no conocidos en esta serie histórica. En el periodo 2010-2013 el ahorro público primario ha registrado una ligera mejora (1,1 puntos porcentuales en % del PIB), mientras que el ahorro público total incluso ha empeorado (0,3 puntos porcentuales del PIB) por el fuerte aumentos de los pagos de los intereses de la deuda pública acumulada. Ambas variables se sitúan todavía en 2013 en niveles negativos no deseables que incumplen la “regla de oro” de la política fiscal (emitir deuda pública solamente para financiar la inversión pública).

En el gráfico 3 se presenta la evolución temporal del superávit o déficit de las AA.PP. total y primario (excluidos los pagos de intereses de la deuda). Con más precisión, se trata de la capacidad (+) o necesidad de financiación (-) total y neta de intereses, obtenida como suma del ahorro bruto y del saldo de la cuenta de capital de las AA.PP. En este caso, se incluye además de los ingresos y gastos públicos corrientes, los ingresos y los gastos de capital de las AA.PP., incluida la inversión pública, entre otras partidas.

Como se puede observar en el gráfico, un periodo significativo de ajuste fiscal comenzó después de 1995 (año en el que se alcanzó un déficit público récord hasta entonces del -6,6%), para posteriormente reducirse en años sucesivos el déficit hasta el año 2004, y generándose superávit públicos crecientes en el periodo 2005-2007. Nuevamente, el año 2008 marca un cambio de tendencia brusco, al aparecer cifras de déficit público total del -4,5%, cifras no registradas desde el año 1996. En el año 2009 se alcanzó una nueva cifra récord: un -9,4% de déficit público primario y un -11,1% de déficit público total en estos 50 últimos años de historia de la hacienda pública española. El proceso de consolidación fiscal que había tenido relativo éxito en el periodo 2010-2011, se frenó significativamente en 2012, aunque se ha vuelto ha encauzar en el año 2013. De hecho, el déficit público total se ha reducido en 3,5 puntos porcentuales del PIB en 2013 hasta alcanzar el 7,1%, mientras que el déficit público primario se ha reducido en 3,9 puntos porcentuales del PIB, hasta situarse en el 3,7% del PIB.

No obstante, el déficit público total actual (-7,1% del PIB) se mantiene en una cifra aún muy alejada del límite del -3,0% vigente para los países de la zona del euro. El problema fiscal refleja tanto la insuficiente caída del gasto público, como la insuficiente recaudación impositiva.

En el gráfico 4 se muestra la senda temporal de dos variables representativas del stock de deuda pública de las AA.PP. La primera es el stock de deuda pública total medido por el conjunto de los pasivos financieros totales de las AA.PP. En el segundo caso, la segunda variable representativa del stock de deuda pública (menor en niveles por las partidas que incluye) es construido según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona del euro (esta es la cifra oficial que pública el Banco de España y el Banco Central Europeo sobre el total de la deuda pública española). En ambos casos, la reducción es espectacular desde el año 1996 hasta el año 2007, y nuevamente se produce un deterioro muy significativo y persistente desde el inicio de la crisis financiera internacional en el año 2008. Con más detalle, en el año 2013 el stock de deuda pública según la metodología del PDE ha vuelto a crecer hasta alcanzar la cifra récord del 93,9% del PIB, sobrepasando ampliamente el límite impuesto por el Tratado de Maastricht (60% del PIB).

En los gráficos 5 y 6 se han añadido a los gráficos 3 y 4, algunas previsiones disponibles para el periodo 2014-2017 de las cifras del déficit público total y del stock de deuda pública según la metodología PDE. Las previsiones del Ministerio de Economía y Competitividad provienen de la publicación Actualización del Programa de Estabilidad, 2014-2017 remitida a la Comisión Europea el pasado mes de abril, mientras que las previsiones de la Comisión Europea aparecen en el informe European Economic Forecast, Spring 2014, publicado el pasado mes de mayo.

Por una parte, las previsiones disponibles para el déficit público total (gráfico 5) del Ministerio de Economía y Competitividad indican que la continuidad del proceso de ajuste fiscal en 2014-2017 posibilitarán que el déficit del conjunto de las AA.PP. alcance a finales de 2016 y 2017 el 2,8% y el 1,1%del PIB, respectivamente, situándose ya por debajo del límite impuesto por el Tratado de Maastricht del -3%. Las previsiones de la Comisión Europea son mucho más pesimistas y los técnicos del organismo estiman que en 2015 volverá a empeorar el déficit público total hasta situarse en el 6,1% del PIB.

¿A qué se deben estas significativas diferencias en las previsiones del déficit público total nivel stock de deuda pública (en % del PIB) del Ministerio y la Comisión Europea?

Las diferencias se sustentan en las importantes divergencias que existen entre las respectivas previsiones de la tasas de crecimiento real de la economía, de las tasas de interés real de la deuda pública y del nivel de déficit público primario (variable dependiente a su vez de la dinámica de ingresos públicos y de gastos públicos excluidos los pagos por intereses de la deuda pública), variables responsables de la dinámica temporal de la deuda pública (junto al nivel actual del stock de deuda pública).

Por otra parte, las previsiones de la Comisión Europea sobre la evolución del stock de deuda pública según la metodología del PDE (gráfico 6) son claramente pesimistas. Los técnicos del organismo estiman que el stock de deuda pública se situará a finales de 2014 en el 100,2% del PIB, mientras que a finales de 2015 ya alcanzará el 103,8% (cifras muy alejadas del límite impuesto en el Tratado de Masstricht del 60% del PIB). Por otra parte, el stock de deuda pública alcanzó a finales de julio de 2014 los 1.005.714 millones, lo que representa ya el 98,2% del PIB, según las cifras difundidas el 17 de septiembre por el Banco de España.

Si el crecimiento económico de la economía española no se acelera significativamente (a tasas de crecimiento real del PIB cercanas al 3%),  la situación de las finanzas públicas podría desembocar en un futuro no muy lejano en un “default” (impago) de la deuda pública. Y no sería la primera vez. En el siguiente cuadro se recogen las 14 veces que España ha iniciado un procedimiento puro de impago de su deuda pública desde 1557.  Además somos lo que más veces nos hemos declarado en alguna variante de “default” entre 1340 y 2011. [1]

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[1] Fuente: Reinhart, C.M. y  & Kenneth S. Rogoff, K.S. (2014): “This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises”, Annals of Economics and Finance, Society for AEF, vol. 15(2), pp. 1065-1188; Domínguez Martínez, J.M. y López del Paso, R. (2011): “Situaciones de impago de deuda soberana”, eXtoikos, No. 4, pp. 147-152.

¿Es efectiva la publicidad en Internet?

Hace algunos días estuve mirando en Internet el precio de unos billetes de avión a una ciudad europea. Desde aquel momento, vaya a donde vaya en Internet me encuentro con un anuncio de una super-oferta de alguna compañía: “Vuele por 7€” “Últimas plazas”. Da lo mismo si he ido a mirar las últimas noticias del periódico o si he consultado cómo se traduce una palabra al inglés; ahí aparece el anuncio, incansable. No sé a vosotros, pero a mi esta publicidad intrusiva me pone un poco de los nervios. Motivado por esta experiencia, este post lo voy a dedicar a hablar sobre la publicidad en Internet y a mostrar alguna evidencia de si es rentable para las empresas que nos persigan con anuncios en la red.

Si lo pensamos un poco, Internet es una herramienta estupenda para hacer publicidad de un producto o servicio. Cuando una empresa pone un anuncio en la televisión o en el periódico (de papel) sabe que mucha gente que va a ver el anuncio no está interesada en el producto, y tampoco sabe en qué medida el anuncio va a ayudar a que las personas interesadas compren finalmente el producto. Con Internet, las empresas pueden encontrar el consumidor que les interesa. Por ejemplo, si yo escribo “móviles” en Google, es bastante razonable pensar que estoy interesado en comprar un móvil. Además, si hago click en el primer resultado de la búsqueda, que en este caso es un link promocionado (pagado por una empresa para que aparezca en primer lugar), y finalmente compro el móvil en esa página web, la empresa podrá comprobar la efectividad de la publicidad.

Utilizando las herramientas que ofrece Internet, tres economistas que trabajan en el laboratorio de investigación de eBay, de los cuales dos son también profesores en la Universidad de Chicago y en Berkeley han realizado varios experimentos para analizar si la publicidad en Internet conduce a mayores ventas. Estos experimentos, recogidos en un artículo, se publicarán próximamente en Econometrica, una de las cinco revistas más prestigiosas de economía. El primer experimento analiza los anuncios promocionados (pagados) ligados a la marca. Por ejemplo, si yo tecleo “Ford” en Google el primer resultado es un link promocionado que me lleva a la página web de Ford en España, y el siguiente resultado es un link natural (no pagado) a la página corporativa de Ford. Si hago click en el primero, Ford tendrá que pagar a Google; pero si hago click en el segundo, no. El grupo de investigadores diseñó el siguiente experimento: en marzo de 2012 quitaron el link promocionado ligado a la búsqueda del término “eBay” en Yahoo y en MSN. Después compararon si las entradas a la página web de eBay se habían reducido desde estas plataformas en el periodo en el que se dejó de poner la publicidad. El resultado fue que las entradas a la página de eBay solamente se redujeron en un 0,5%. Al no estar el link promocionado, las personas simplemente habían utilizado el link natural que aparece tras la búsqueda.

El segundo experimento estaba relacionado con la publicidad ligada a las búsquedas genéricas, como el ejemplo del móvil que he explicado más arriba. Lo que hicieron es retirar esta publicidad en algunas poblaciones de Estados Unidos pero no en otras. El resultado fue que en las poblaciones en las que se habían mantenido los links promocionados las ventas solamente habían sido superiores en un 0,66%. Según los cálculos realizados por los autores, este aumento de las ventas no justificaba el gasto en publicidad. También encontraron que la publicidad aumentaba las compras de clientes que apenas habían utilizado anteriormente eBay. Para los que usaban esta plataforma asiduamente la ausencia de links promocionados no había tenido ningún efecto.

Como hemos explicado, los dos estudios se han basado en experimentos. Utilizar esta técnica de investigación no es una casualidad; responde a un problema que sufrimos los que nos dedicamos a los contrastes empíricos: la endogeneidad. Voy a tomar un ejemplo de un post anterior para explicar este problema. Imaginemos que quiero saber si un mayor número de policías de tráfico reduce el número de accidentes. Si el número de policías de tráfico se asignase de forma aleatoria entre los diferentes municipios podría analizar si realmente un mayor número de policías de tráfico está correlacionado con un menor número de accidentes. Sin embargo, si los municipios determinan el número de policías de tráfico en función de los accidentes que hay en el municipio (más accidentes, más policías) entonces no puedo extraer ninguna conclusión del análisis de los datos. En la publicidad por Internet ocurre una cosa similar: las personas que están más interesadas en un producto son las personas que más veces entran en la página web donde se puede comprar ese producto, y las que finalmente realicen un mayor volumen de compras. Si estas personas utilizan los links promocionados para entrar en la página web de la empresa encontraremos una correlación positiva entre links promocionados y ventas. Sin embargo, como muestran en su estudio los investigadores de eBay, estas personas también hubieran ido a la página web de la empresa si no existiese un link promocionado.

Cuando escribía este post he puesto varias veces el término eBay en Google para ver si aparecía algún link promocionado. No he encontrado ninguno. Parece que eBay hace caso a sus economistas.

LA IMPOTENCIA DEL BCE

La ausencia de reacción a las excepcionales medidas adoptadas por el BCE para reducir las amenazas de estancamiento económico y deflación, conforma uno de los escenarios más adversos en la eurozona. La demanda de los bancos en la primera convocatoria de las inyecciones de liquidez  (TLTROs),  con el fin de que crezca el crédito al sector privado, ha sido decepcionante. Si las escasas peticiones del  pasado día 18 tuvieran continuidad en la  ronda de diciembre, el BCE no tendría más remedio que emplearse a fondo en la compra de titulizaciones  y, en última instancia, de otro tipo de renta fija privada e incluso de deuda pública. Con todo, convendría no esperar a ese momento y adoptar  cuanto antes decisiones de estímulo fiscal de la demanda.

Las TLTRO (“ Targeted Longer-Term Refinancing Operations”) anunciadas el pasado junio, al mismo tiempo que  una reducción adicional de los tipos de interés de referencia, son operaciones especiales de suministro de liquidez a los bancos  a un tipo de interés fijo del 0,15%  con vencimiento a final de 2018. El total disponible para la subasta realizada y la de diciembre es  de 400.000 millones de euros.

A diferencia de la modalidad anterior, las LTRO, el nuevo suministro de liquidez a los bancos está condicionado a que estos aumenten (o no reduzcan al mismo ritmo) su financiación al sector real de la economía. Si no lo hacen han de devolver el dinero antes de 2016. Se trata de condiciones excepcionalmente favorables que, en una situación normal, deberían provocar una demanda igualmente excepcional por los bancos. El problema es que la situación actual de la eurozona está lejos de la normalización. O lo que puede ser peor: se ha podido instalar como normal una situación en la que ni la liquidez casi gratuita resulta atractiva.

En esta primera asignación de la nueva modalidad de financiación los bancos solo han pedido 82.600 millones de euros, muy por debajo de los 174.000 millones previstos. Son resultados que no amparan una recuperación del crédito para las PYMEs, ni los efectos de contención de la deflación que el BCE se había propuesto.

El destino de buena parte de la liquidez captada, en lugar de canalizarla a través de crédito a familias y empresas, puede destinarse a reembolsar captaciones previas a tipos más elevados, añadiéndose a esas devoluciones anticipadas que tienen lugar desde febrero del año pasado, y que han reducido de forma considerable el balance del BCE, es decir la liquidez disponible en la eurozona. Han sido 86.000 millones de euros los fondos devueltos al BCE en este tercer trimestre, por encima de la liquidez inyectada el día 18. Es bastante probable que los bancos que más han pedido en esta primera asignación  de TLRO sean los que en mayor medida han devuelto de las anteriores. Se estima que entre italianos y españoles habrán absorbido el 46% de los 82.600 millones de euros adjudicados. De tales resultados cabe deducir que, al menos hasta verificar lo que ocurre con las peticiones de diciembre, no habrá  aumentos significativos  del crédito al sector real de la economía. Nos vamos al año que viene: largo me lo fiais, dirán con razón muchas pequeñas y medianas empresas.

Y es que los bancos siguen manteniendo una notable aversión al riesgo. En primer lugar, por cautelas sobre  su propia situación, en particular por los resultados de las pruebas   que está haciendo el BCE de la calidad de los activos y de la solvencia; la preservación de ambas  incentiva el adelgazamiento de los balances, en especial de aquellos bancos que todavía mantienen elevados niveles de morosidad en sus activos. No menos importante, por la inquietud que transmite una evolución económica  poco favorable. Además de las pobres perspectivas de crecimiento,  la confianza empresarial sigue debilitada por un entorno geopolítico que tampoco  ha mejorado precisamente.

Los problemas de liquidez no son iguales para todas las empresas. A las grandes les sobra. Aquellas con acceso a los mercados de bonos se benefician de los bajos tipos de interés, pero no aumentan su inversión ni el empleo: reducen el endeudamiento, recompran sus propias acciones  o garantizan la distribución de dividendos a sus accionistas. Algunas reservan esa liquidez excedentaria para eventuales  oportunidades de adquisición de otras empresas.  Las PYMEs, por su parte, especialmente en la periferia de la eurozona,  siguen teniendo dificultades de acceso al crédito bancario y soportan costes superiores a las del resto de las economías. La relevancia de esta escasez y fragmentación financieras  es tanto mayor cuanto más importantes son este tipo de empresas en el crecimiento económico y en el empleo  de sus  economías. El  mayor riesgo  de las mismas  acaba exigiendo a los bancos mayor capital.

De asumirse como “normal” esta situación, la “japonización” de la eurozona sería un hecho. El diagnóstico del presidente del BCE ha subrayado la insuficiencia de la demanda agregada, al tiempo que las  previsiones de inflación siguen muy por debajo de su propio objetivo.  El tipo de cambio del euro, a pesar de su depreciación reciente, sigue siendo un obstáculo para las exportaciones fuera del área.

Lo peor es que no existen nuevos elementos de juicio que permitan anticipar una recuperación del estancamiento, o directamente de la recesión, en que se encuentran las  grandes economías del área, ni la reversión inminente de esa tasa de inflación cercana a cero. Cuanto más dilatado sea el periodo de bajos precios más cercana la deflación: mayores las probabilidades de realimentación del círculo vicioso de aplazamiento de decisiones de gasto, presión a la baja de los precios. Y mayores las dificultades de los más endeudados.

Las alternativas que le quedan al BCE, suponiendo que las próximas rondas de TLTRO sigan el camino de la primera, es la aplicación del programa de compra de renta fija privada y, en última instancia, la compra de deuda pública en los mercados secundarios. No es prudente esperar.   Es posible que las decisiones del BCE hayan llegado tarde y la transmisión de su política monetaria encuentre obstáculos superiores a los estimados. Por eso es  necesario que esas otras decisiones sugeridas por el propio Draghi tendentes a estimular la demanda se concreten cuanto antes. Así lo ha advertido la OCDE, el FMI y, recientemente,  los ministros del  G20. Decisiones en esa dirección podrían ser la anticipación de inversiones comunitarias como las previstas en los fondos de cohesión 2014-2010,  la flexibilización de la política fiscal, o el aumento de la inversión pública en países como Alemania, sin problemas en las finanzas públicas.

La tercera de las actuaciones sugeridas por el presidente del BCE, la realización de reformas estructurales, siendo necesarias, sería más conveniente que se concretaran en momentos de mayor crecimiento, para evitar sus ya verificados efectos depresivos. Confiar en mejorar la oferta de las economías en un entorno recesivo y con políticas fiscales contractivas lo único que genera es debilidad en la demanda agregada. Todo ello, aun cuando la política monetaria garantice liquidez abundante y barata.

La eurozona puede constituirse en el caso de referencia de ese horizonte de “estancamiento secular” sobre el que Alvin Hansen advertía en 1938 y  Larry Summers acaba de renovar para algunas economías avanzadas.  Para evitarlo, han de ser los gobiernos los que ahora acompañen al  banco central.

Diario El País (28/09/2014)

Efecto de los tipos de interés negativos sobre la liquidez del sistema crediticio de la eurozona

En los últimos años, el Banco Central Europeo (BCE) ha ido introduciendo, sucesivamente, medidas cuyo fin último ha sido reducir la liquidez cautiva de las entidades de crédito en las cuentas del Eurosistema bien en forma de facilidades de depósito a 1 día, bien de excedentes sobre el nivel de reservas mínimas obligatorias. El objetivo de estas acciones ha sido, y es, empujar al sistema crediticio a prestar al sector privado penalizando con tipos de interés nulos, o cada vez más negativos, el recurso a estos instrumentos.

¿Cuáles son las razones que empujan a las entidades de crédito a no prestar? Básicamente tres: la aversión al riesgo, la falta de solvencia y la escasez de fondos. Obviamente, los más de un billón de euros inyectados masivamente eliminaban el tercero de los problemas, pero no los otros dos. Por otro lado, es cierto que la crisis ha disminuido la demanda de crédito y que, dada la importante fragmentación financiera, la situación nacional condiciona la mayor o menor oferta crediticia.

En este sentido, la primera decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno, el 5 de julio de 2012, al fijarse el tipo de interés de la facilidad de depósito en el 0%. De este modo se dejaba sin remuneración a este instrumento equiparándolo al exceso de reservas o depósitos mantenidos por encima del saldo obligatorio que, por definición, nunca la han tenido. Esta medida trata de cortar el recurso a la facilidad de depósito tras las dos inyecciones masivas de liquidez (realizadas mediante operaciones de financiación a plazo más largo, OFPML) de diciembre de 2011 y febrero de 2012 y la rebaja del 50% de la exigencia de reservas mínimas, situándose en el 1%. Como se puede observar en el gráfico, la suma de las facilidades y el exceso de reservas alcanzaron la cifra de 798.439 mm de euros, a comienzos de julio (si bien el máximo se alcanzó el 5 de marzo de 2012 con 813.211 mm de euros). Es decir, que aproximadamente el 80% de la liquidez inyectada masivamente por el BCE se volvía a depositar en él.

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La entrada en vigor de esta medida provocó un trasvase parcial de fondos de la facilidad de depósito a 1 día a la cuenta de reservas de las entidades de crédito en el Eurosistema. A corto plazo, la medida no tuvo un impacto muy significativo: la suma total de liquidez a tipo 0% en el BCE, a final de diciembre de 2012, era solo un 20% inferior a la de julio. A medio plazo, el mantenimiento de reservas excedentarias sobre el nivel de reservas mínimas se ha convertido en un recurso permanente y el acceso a la facilidad de depósito, si bien se ha reducido notablemente, no ha desaparecido. En diciembre de 2013, el total de recursos sin remunerar en el BCE ascendía a 274.924 mm de euros, un 35% del saldo máximo de julio de 2012.

La segunda decisión se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno, de 5 de junio de 2014. En esta ocasión, además de situar el tipo de interés oficial del Eurosistema en el 0,15%, se redujeron el tipo aplicable a la facilidad de depósito hasta el -0,10%, el de las reservas excedentarias sobre el nivel mínimo obligatorio y el de otros depósitos mantenidos con el Eurosistema. Por primera vez se apelaba a tipos negativos para tratar de acabar con la “aversión al riesgo” de las entidades de crédito; por primera vez, las entidades de crédito tienen que pagar por sus depósitos en el BCE. Esa misma semana el dinero ocioso en el Eurosistema ascendía todavía a 163.341 mm de euros, de los cuales 125.447 correspondían a reservas excedentarias. De nuevo el objetivo va encaminado a: que se movilicen los recursos, que se minimice la facilidad de depósito, que el nivel de reservas no presente excesos y sea simplemente el mínimo legal, que los bancos presten y que, en última instancia, se reactive la economía de la Eurozona consiguiendo que la tasa de crecimiento de la inflación se coloque en la senda de su objetivo de medio plazo.

La tercera, y última decisión, se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno de 4 de septiembre de 2014. En esta ocasión el tipo oficial se volvió a recortar nuevamente hasta el 0,05% y, manteniendo una banda simétrica del +/- 0,25%, la facilidad de crédito se ha fijado en 0,30% y la de depósito en -0,20%. Estas medidas tienen como objetivo reforzar el mecanismo de transmisión monetaria y permitir una mayor provisión de liquidez a las economías de la Eurozona, en las que se observa un incremento muy significativo de las diferencias entre los países más fuertes. Este tipo más negativo aumenta el “coste de oportunidad” de mantener un exceso de liquidez, pero también va a permitir un anclaje del EONIA cerca de cero, un impulso a la actividad económica y de la demanda interna, y un aumento de la inflación.

Ciertamente estos objetivos no pueden ser compatibles con unos saldos ociosos en el BCE de 122.053 (a 24 de septiembre de 2014). Por otro lado, también se ha de tener en cuenta que a partir de enero de 2013 comenzó la devolución anticipada de la liquidez masiva inyectada a 3 años. En el gráfico se observa el curso descendente de los volúmenes de OFPML que sitúan el nivel actual al del momento previo a las inyecciones masivas, en torno a los 360.000 mm euros, con lo que los saldos sin remunerar representan en estos momentos el 33% de estas OFPML.

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¿Cuáles son las razones que siguen empujando a las entidades de crédito a no prestar? De las tres mencionadas ya solo nos queda la “aversión al riesgo” pues, por una parte, hay exceso de liquidez en el sistema (que se penaliza) y, por otra parte, los problemas de solvencia de las entidades quedaran disipados cuando el BCE asuma el 4 de noviembre la supervisión bancaria de los grandes bancos de la eurozona y se publiquen, previamente, las últimas pruebas de resistencia realizadas a las entidades de crédito.

La reducción de esa “aversión al riesgo” dependerá de la implementación de las nuevas medidas de política monetaria no convencional anunciadas, pero también del papel de los Estados miembros ante la petición de Draghi de nuevas reformas estructurales.

Indicador de coyuntura: Septiembre 2014

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de agosto con los datos publicados hasta julio de producción industrial y ventas y hasta agosto de renta y afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en agosto es de 1,49, frente a un 1,70 del mes de julio. Este valor está en línea con el movimiento horizontal que observamos en el indicador desde que se inició el verano.

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En tasas de crecimiento interanuales, los indicadores individuales que forman parte del indicador compuesto muestran síntomas contradictorios. Aunque todos ellos presentan valores superiores a los que tenían en el mismo mes del año anterior, el ritmo de crecimiento de la producción industrial y las ventas es sensiblemente menor, mientras que el de la renta y el de los afiliados es un poco mayor. En concreto, la producción industrial y las ventas crecen en julio 0,9% y 1,0%, frente al crecimiento de 2,7% y 1,7% observados en junio. En cuanto a la renta y afiliados, el crecimiento en agosto es 3,2% y 2,1% frente a 2,7% y 1,9% en julio.

indicadoresComo conclusión, la tendencia de las variables observadas indica que la recuperación de la economía española continua, aunque parece que el ritmo de recuperación se ha estancado por lo que el indicador experimenta un movimiento lateral desde el verano. El frenazo en el ritmo de crecimiento coincide con la evolución que presentan otros indicadores de actividad económica como el que elabora FEDEA y el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio (la última actualización disponible es de junio).

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¿Qué podemos esperar del PIB en el tercer trimestre? El informe económico del último observatorio económico del Servicio de Estudios del BBVA, publicado a comienzos de septiembre, indica que la recuperación de la economía española continua durante el tercer trimestre de 2014. Sin embargo, con cerca del 50% de la información para el 3T14, el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA, estima una tasa de variación del PIB en el entorno del 0,4% o 0,5%. De confirmarse, implicaría una moderación del ritmo de expansión de la economía española, que había crecido un 0,6 en el segundo trimestre.

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El ébola y la sanidad pública a la deriva, por José María Abellán Perpiñán y Pilar García Gómez

Nuestros compañeros José María Abellán Perpiñán y Pilar García Gómez, vicepresidente y presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES), nos facilitan esta entrada en la que se cuestiona la respuesta del Gobierno frente al traslado a España del misionero Miguel Pajares.

El modo improvisado en que se ha gestionado la repatriación y posteriores cuidados del misionero español infectado con el virus de ébola no deja de ser un síntoma de desgobierno sanitario. Las prácticas de buen gobierno deben trascender el mero cumplimiento de las leyes y la ausencia de corrupción, exigiendo adicionalmente que el proceso de toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta. Si bien el desempeño global del sistema sanitario en nuestro país, en términos asistenciales, es bueno, fallamos en los procesos, huérfanos de fundamentación rigurosa, lo cual desdibuja las prioridades que deben abordarse y por ende la forma en que deben distribuirse los recursos disponibles.

La decisión tomada en relación a la financiación con dinero público del traslado y hospitalización de Miguel Pajares suscita el debate de si la regla del rescate o la tendencia a ayudar a personas identificables en situaciones de peligro inmediato, sin reparar en el coste de la medida, es un criterio válido para distribuir los recursos sanitarios. Lo cierto es que, aun siendo una reacción humana comprensible, es un principio difícil de compatibilizar con los argumentos de eficiencia (coste de oportunidad de los recursos invertidos) y equidad (imparcialidad entre beneficiarios, presentes y futuros) que deberían presidir las decisiones distributivas.

Así se expresa de hecho en el documento que recoge los juicios de valor social que inspiran las recomendaciones del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) británico, la agencia pública más influyente a nivel mundial en materia de evaluación de intervenciones sanitarias, donde literalmente se arguye que “cuando hay recursos limitados que destinar a la asistencia sanitaria, la aplicación de la regla del rescate puede significar que otras personas no tengan acceso a los cuidados o tratamientos que necesitan”. Esta consideración mueve al NICE a rechazar la regla del rescate como un criterio apropiado para resolver la tensión entre las necesidades de un paciente individual y las de los usuarios presentes y futuros del Sistema Nacional de Salud. Lo justo cuando se trata de financiar intervenciones es considerar sus costes y beneficios para pacientes “anónimos”, no para “víctimas identificables”. Cosa muy distinta es que todo profesional sanitario, en el ejercicio de su actividad, trate de proporcionar la mejor asistencia posible a sus pacientes. Aquí sí que éstos no son (ni tienen que serlo nunca) anónimos o estadísticos, sino bien reconocibles.

Pero las decisiones de financiación, en cambio, deben ser imparciales y en el caso que nos ocupa probablemente habría sido más coste-efectiva (mejores resultados en salud poblacional por euro gastado) la intervención sobre el terreno y no la repatriación. La repatriación tampoco es un ejercicio de cooperación sanitaria, es otra cosa; un acto de humanitarismo si se quiere.

La contribución de España a la cooperación sanitaria internacional se habría producido de haberse trasladado un hospital de campaña a Liberia para cuidar in situ a Pajares y a otros afectados por el virus. Una medida no solo compasiva, sino también eficiente (y más segura).

Disyuntivas de este tenor son las que se abordan, con seriedad y transparencia, en los países con una cultura evaluadora asentada. Sociedades que afrontan con madurez y honestidad la ineludible realidad de que hay que establecer prioridades en materia sanitaria, lo que requiere convivir con la incómoda verdad de que hay que racionar los recursos disponibles, invirtiéndolos en aquellos programas y tecnologías sanitarias más beneficiosas y menos costosas. Por desgracia, este ejercicio de buen gobierno está pendiente de cuajar en España.

Artículo publicado en EL PAÍS el 14/08/2014

Universidades: ¿cambio de curso?, por Juan Antonio Vázquez

Nuestro compañero Juan Antonio Vázquez nos envía esta entrada sobre universidades, muy oportuna en estas fechas de inicio del nuevo año académico.

En la Universidad suenan tambores de cambio. De un cambio que va mucho más allá de las medidas de reforma que el ministro Wert propone en este comienzo de curso: ligero maquillaje de la acreditación del profesorado; suave lifting en la creación de Universidades y Centros (olvidando cuestiones fundamentales); y cambio (opcional) de 4+1 a 3+2 en la estructura de las enseñanzas (bienvenida la propuesta para las universidades con capacidad de aplicarla, pero ya se pueden preparar muchas otras para el lío que se avecina).

No parece, sin embargo, que con eso baste para “cambiar el curso” que están siguiendo las universidades ni para afrontar la envergadura de sus verdaderos retos. La transformación es consustancial a la Universidad, pero ahora se apuntan tendencias que podrían modificar sensiblemente el mundo universitario tal como lo conocemos y entre las que destacan algunas de tanto alcance como las siguientes.

1) La renovación de la demanda de enseñanzas, cualificaciones y modelos educativos. Los modelos que han venido funcionando hasta ahora están puestos en cuestión y se abren paso nuevos modos de organizar y ofrecer las enseñanzas, que han de adaptarse a una renovada y cambiante demanda de cualificaciones y a un reforzamiento de los lenguajes universitarios relacionados con la empleabilidad y el desarrollo económico.

Las formas en que los estudiantes participarán de la educación también experimentarán transformaciones muy significativas, con cambios en la presencialidad y dedicación a tiempo completo y en la propia duración de los estudios, con estudiantes que tomarán cursos de distintas instituciones, con diversas modalidades y estrategias.

Por lo demás, se diluirá la importancia de los títulos formales y con reconocimiento que ahora otorgan las universidades, con la emergencia de patrones de titulaciones alternativos y paralelos a los actuales, que tendrán más relevancia para más estudiantes en más partes del mundo. Los títulos académicos pueden perder, por ello, importancia frente a programas y credenciales que tendrán para los empleadores un valor similar al de las certificaciones universitarias.

2) El aumento de la educación transnacional y la oferta educativa. Esos cambios en la demanda irán acompañados por cambios en la oferta, en los que se aprecian tendencias significativas. Por un lado, una creciente diferenciación entre universidades y en especial un aumento de la brecha entre las universidades de élite y el resto.

Por otro lado, una recomposición de la oferta a favor de nuevas áreas universitarias emergentes, en particular asiáticas, y de nuevas instituciones y agentes proveedores de educación, que romperán definitivamente el monopolio universitario de la enseñanza superior y pueden llegar incluso a amenazar su hegemonía.

Además, se asistirá a una expansión de la educación transnacional, canalizada a través de diversas vías, como las ramas de campus internacionales (concebidas como “hubs” o bases educativas), nuevos mercados y enseñanzas a distancia, y cambios en las vías tradicionales de movilidad, combinando los intercambios de estudiantes con la exportación de enseñanzas.

3) El desarrollo de nuevas dinámicas de competencia y cooperación universitaria. La dinámica del escenario universitario global es la de una mayor presión de la competencia, guiada por un mercado principal basado en la reputación universitaria, asentada en una mayor diferenciación de las universidades y soportada por instrumentos como los ranking, convertidos en elementos de institucionalización de esa competición y árbitros de la excelencia universal.

Esa competencia se plasmará en todos los terrenos: en la captación en número y calidad de estudiantes, en la intensificación de la carrera por la atracción de talento, en el impacto de la investigación y en el prestigio de la institución.

Pocas universidades pueden afrontar por sí solas los desafíos de esa competición y ello lleva a la necesidad de una mayor cooperación entre instituciones y a nuevas estrategias que apuntan al desarrollo de alianzas estratégicas y de redes de colaboración para compartir capacidades complementarias y ofrecer programas conjuntos e integrados.

4) La irrupción del componente educativo “on line”. Las nuevas tecnologías están revolucionando el orden que conocemos en el mundo educativo. Los recursos docentes están en abierto en la red, la gente desea estudiar a la carta, dónde, cuándo y como quiere. Las experiencias de aprendizaje ya están tanto dentro como fuera de las aulas.

El desarrollo de las enseñanzas “on line” y, en particular fenómenos como el de los MOOCs, suponen un hecho casi disruptivo de amplio alcance y consecuencias. Las certificaciones (pagadas) de cursos “on line” (gratuitos) pueden inundarnos de titulados por las universidades de mayor prestigio y plantean la cuestión de cómo afectará a la organización de los actuales títulos académicos.

Todo ello tiene efectos, cuyo alcance completo no percibimos plenamente todavía, que nos llevan a revisar nuestros roles como educadores, a desarrollar modelos híbridos y colaborativos, pasar de los libros a las “app” y las tabletas y comporta cambios radicales para la docencia, la investigación, la organización y los recursos, exigiendo profundos esfuerzos de adaptación y transformación a la universidad tradicional

5) La aparición de nuevos esquemas de financiación y organización. Tendencias como las que se acaban de señalar, facilitan el desarrollo de modelos de bajo coste y comportan transformaciones de alcance en la configuración de las estructuras universitarias.

Se abren paso, además, nuevos esquemas organizativos en que los objetivos de eficiencia se imponen; en que priman las técnicas de carácter más gerencial y las estructuras más descentralizadas, flexibles, ágiles y adelgazadas; y en que se abre paso la necesidad de revisar la actual configuración de los sistemas de gobierno universitarios.

Asimismo se aprecian tendencias hacia una mayor participación de la financiación privada o de la soportada por los propios usuarios que, al tiempo que amenaza el carácter de la educación superior como bien público, obliga a las universidades a diversificar sus fuentes de financiación y obtener mayores rendimientos y recursos de su funcionamiento, actividades y servicios.

Este conjunto de profundas transformaciones comporta indudables riesgos para las instituciones que no consigan adaptarse a los cambios, pero ofrece igualmente valiosas oportunidades para las que sean capaces de desarrollar las estrategias adecuadas de adaptación a esas nuevas tendencias. Y ése es el gran desafío para la universidad española. Algo que va mucho más allá, desde luego, de la anunciada mini-reforma del ministro Wert y hacia lo que debería orientarse toda reforma que aspire a algo más que a resultar un puro maquillaje y a promover, desde este inicio del curso, un verdadero “cambio de curso” en la trayectoria de las universidades.

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