Los efectos de una baja integración financiera sobre la transmisión de la política monetaria en la zona del euro

Entrada conjunta con Vicente Esteve

Una de las consecuencias más importantes de la crisis actual es la pérdida de la capacidad de la política monetaria para transmitir sus efectos a partir de los canales tradicionales de tipos de interés y del crédito bancario (véase siguiente gráfico, hacer clic sobre el mismo para verlo más grande). El Banco Central Europeo, en el informe Financial Integration in Europe de abril de 2012, aporta evidencia acerca de cómo la integración financiera en Europa ha sufrido una notable desaceleración, especialmente a partir del verano de 2011 con el inicio de la crisis de la deuda soberana,  y de qué modo la transmisión monetaria, vía mercados financieros (canal de los tipos de interés) o vía bancos (canal del crédito bancario), se ha visto muy perjudicada.

La transmisión a través del canal de tipos de interés se vio interrumpida desde el inicio de la crisis financiera, a partir del verano de 2007, cuando el mercado interbancario del euro se hizo eco de los niveles de riesgo y de incertidumbre asociados al sistema bancario internacional. Con el agravamiento de la crisis y la adopción por parte del BCE, desde 2008, de un sistema de inyección de liquidez a tipo fijo, con adjudicación plena, la traslación del tipo de interés oficial a los tipos de interés de corto y de largo plazo se ha visto  muy afectada. Pero, sin duda, con la intensificación desde la irrupción de la crisis de deuda soberana, en el verano de 2011, se acabó de inhibir el proceso de traslación de tipos de interés. Al mismo tiempo, la crisis de la deuda debilitó de manera severa el canal del crédito bancario, agravando con ello la fragmentación financiera en Europa, y lo más importante, alterando sustancialmente, y de manera diversa, las condiciones de financiación de los bancos en cada país. Este hecho es especialmente importante si tenemos en cuenta que los mercados de financiación bancaria juegan un papel fundamental en el proceso de transmisión monetaria, dada la fuerte relación entre financiación bancaria y sector privado no financiero.

La evidencia disponible apunta a un deterioro significativo de los canales de transmisión de política monetaria en la zona del euro observándose severas distorsiones de transmisión monetaria en determinados países de la Eurozona, especialmente en aquellos con un sistema bancario muy afectado por la crisis, o en los que han requerido el rescate por parte de la Unión Europea/Fondo Monetario Internacional (EU/IMF por sus siglas en inglés). Esta situación, acrecienta el problema de las asimetrías en la transmisión monetaria y pone de relieve el alto grado de heterogeneidad en las condiciones de financiación de los bancos, de las empresas y de las familias en los distintos países de la Eurozona tras la irrupción de la crisis de la deuda soberana. Sin embargo, también hay evidencia de que las medidas no convencionales de política monetaria adoptadas por el BCE han contribuido a mitigar, en parte, algunos de estos efectos negativos. De manera concreta, cabe destacar la importancia de la reactivación del programa de compra de bonos garantizados, con el Segundo Programa de Adquisición a partir de noviembre de 2011, y las inyecciones masivas de liquidez realizadas a finales de diciembre de 2011 y a finales de febrero de 2012. En su estudio, el BCE se centra en dos aspectos: el impacto de la crisis sobre la financiación de los bancos y del sector privado no financiero de la Eurozona.

En lo que concierne a la financiación de los bancos en la Eurozona, la crisis financiera ha afectado a los principales segmentos de financiación bancaria (depósitos, mercado monetario y mercados de deuda) en muchos países y ha originado un importante incremento en la diferenciación de los precios de los productos financieros, condicionada por el país de origen del banco.

En la obtención de fondos vía depósitos se observa no solo un deterioro del volumen captado por las instituciones financieras monetarias (MFI, por sus siglas en inglés) sino también un comportamiento dispar de las rentabilidades exigidas por los clientes. La dispersión observada en los tipos de interés es muy significativa, pues refleja una actitud doble: por un lado la de los depositantes que exigen primas de riesgo superiores a los bancos más afectados por la crisis y, por otra, la de éstos últimos que ofrecen sustanciales tipos de interés para atraer a nuevos depositantes (véase los dos siguientes gráficos). Esto pone de manifiesto una fuerte diferenciación en el coste de financiación básica de los bancos de la zona euro que a su vez tiene su reflejo en el coste al que se traslada a los clientes en los créditos, afectando con ello al mecanismo de transmisión monetaria.

 

El comportamiento de la financiación obtenida a través del mercado monetario está siendo muy singular y está provocando no sólo una segmentación del mercado sino también una notable heterogeneidad de la transmisión por países.

De un lado, se observa un incremento muy importante de los volúmenes de depósitos bancarios en el BCE (exceso de liquidez) sustanciándose una evidente segmentación de los mercados, con bancos que prefieren aparcar sus excesos de liquidez en el propio banco central en vez de intercambiarlos a tipos más favorables en el interbancario. Esta situación se ha agudizado desde las intervenciones masivas de liquidez a 3 años, iniciadas a finales de 2011: el día 5 de marzo la facilidad de depósito registraba un valor record de 827.534 millones de euros.

De otro lado, este exceso de liquidez provoca que el EONIA se aleje del tipo de interés de las operaciones principales de financiación (OPF) y se aproxime al tipo de la facilidad permanente (véase siguiente gráfico): cuanto mayor sea el exceso de liquidez mas proximidad hay entre el EONIA y la facilidad de depósito. Por tanto, aquellos bancos que tienen acceso al interbancario tendrán un coste marginal de financiación determinado por el EONIA, mientras que los bancos que se financian exclusivamente a través del BCE y no tienen posibilidad de acceso al interbancario tendrán un coste marginal de financiación superior, determinado por el tipo de interés de las OPF. Esto implica una transmisión monetaria muy diferente en los países que tienen un sector bancario en mala situación.

La obtención de fondos por parte de las IFM mediante la apelación a los mercados de deuda a largo plazo es, sin duda, un elemento esencial para la financiación del sector financiero toda vez que el grado de integración de estos mercados es un factor determinante del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Si los mercados están bien integrados, la transmisión es suave y equilibrada entre sectores y países. Además, las condiciones de financiación de los bancos en los mercados de deuda a largo plazo son uno de los determinantes de los precios de los prestamos realizados por los bancos a sus clientes a largo plazo.

Tras la irrupción de la crisis, las emisiones de bonos bancarios (con y sin garantías) y de activos titulizados cayeron de manera abrupta, si bien la introducción de medidas no convencionales, concretamente de los dos programas de compras de bonos garantizados de mayo de 2009 y de octubre de 2011, ha contribuido a su reactivación (véase siguiente gráfico) y a la reducción de sus precios.

Sin embargo, el coste de financiación en los mercados de largo plazo es claramente dependiente del país de origen (véase siguiente gráfico) y se pone de manifiesto que el acceso a la financiación es mucho más difícil en aquellos países fuertemente afectados por crisis de deuda soberana (Irlanda, Grecia, España, Italia y Portugal).

Este hecho es evidencia de una baja integración de este mercado y también de que los inversores retiran sus fondos de aquellos países con más riesgo, afectando con ello a la integración de los mercados europeos. ¿Por qué esta pérdida de integración afecta a la transmisión monetaria? Si las primas de riesgo aumentan en los países con graves problemas de financiación en los mercados de largo plazo, no sólo aumentará el coste que se traslada a los préstamos a clientes, sino también aumentarán las divergencias entre el coste de los préstamos en la Eurozona, quedando patente no solo la pérdida de integración de los mercados sino también su fragmentación y la asimetría de los efectos de política monetaria.

En lo que concierne a las condiciones de financiación del sector privado no financiero (familias y empresas)  de la Eurozona, la evidencia apunta un notable aumento de la disparidad en las condiciones de acceso del sector privado a la financiación bancaria entre los diferentes países, fundamentalmente a partir de la crisis de la deuda soberana. Esta situación es consecuencia de los problemas que ha tenido el sector bancario para financiarse y que, consecuentemente, han repercutido, vía canales de transmisión monetaria, disminuyendo la financiación de familias y empresas y encareciendo su coste de financiación.

En el siguiente gráfico se puede observar el diferente recorrido por el que discurren en la Eurozona los préstamos de instituciones financieras monetarias (MFI, por sus siglas en inglés) concedidos a empresas no financieras (NFCs, por sus siglas en inglés), desde el inicio de la crisis de deuda. Destacan el mal comportamiento de España y de los países rescatados (EU/IMF programme countries), este hecho pone de manifiesto que en aquellos países con mayor crisis es donde se observa un debilitamiento mayor del canal del crédito y por tanto una mayor pérdida de transmisión de la política monetaria.

 En este contexto, la adopción de las últimas medidas no convencionales de política monetaria, basadas en inyecciones masivas de liquidez realizadas entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, han contribuido, de manera parcial, a aliviar las presiones de financiación sobre el sector bancario y, por tanto, sobre la financiación a las familias.

En EEUU, Hancock y Passmore (2011) obtienen que el anuncio del programa de adquisición de activos garantizados por hipotecas contribuyó a disminuir el precio de las hipotecas en 85 puntos básicos entre el 25 de noviembre y el 31 de diciembre de 2008. En un trabajo más reciente Rosa (2012) obtiene evidencia favorable del impacto de los diversos programas de compras de activos desarrollados por la Reserva Federal en EEUU sobre la rebaja de los tipos de interés a largo plazo. Este resultado es común a la evidencia que el autor obtiene para la política de compras de activos desarrollada por el Banco de Inglaterra.

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Hancock D. and W. Passmore (2011): Did the Federal Reserve’s MBS Purchase Program Lower Mortgage Rates?, Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board, 2011-01

Rosa, C. (2012):  How “Unconventional” Are Large-Scale Asset Purchases. The Impact of Monetary Policy on Asset Prices.  Federal Reserve Bank of New York, Staff Reports, nº560, May.

El proceso de desapalancamiento de la economía española: un significativo avance pero insuficiente, 2007-2011

La crisis financiera internacional y la posterior crisis económica tuvieron su origen en un exceso de deuda del sector privado, tanto en EE.UU. como en otros países de la zona del euro. Y la economía española es una de las que están en peor posición relativa dentro de la zona del euro respecto al endeudamiento.

Nadie sensato discute ya que el elevado endeudamiento constituye el principal obstáculo para la recuperación de la economía española. Y esto es así, tanto por el nivel elevado de endeudamiento privado, de las familias y de las empresas (no financieras y financieras), como de las AA.PP.

El problema subyacente es que la mayor parte de los pasivos financieros de hogares y empresas no financieras tienen su contrapartida en los balances (como activos financieros, claramente deteriorados por la crisis inmobiliaria) de una parte del sector instituciones financieras: las entidades de depósito (bancos, cajas y cooperativas de crédito). Algo parecido ocurre con los nuevos pasivos emitidos por las AA.PP. para financiar sus elevados déficit presupuestarios -en este caso el Estado- que han sido adquiridos en su mayor parte por las entidades de depósito españolas haciendo uso de las facilidades de financiación del Banco Central Europeo (nuevamente aparecen como activos financieros en sus balances).

En está entrada del Blog mostramos algunos rasgos característicos del proceso de endeudamiento y posterior desapalancamiento de la economía española. Los datos proceden de las Cuentas Financieras de la Economía Española elaboradas por el Banco de España y cubren hasta el tercer trimestre de 2011. [1]

En el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se muestra el saldo de la cuenta de las operaciones financieras (u operaciones financieras netas) en % del PIB [(adquisiciones netas de activos financieros - pasivos netos contraídos)/PIB]: a) del resto del mundo con la economía española que aproximaría el saldo de la cuenta financiera de la economía española con el exterior; b) y desagregado para los sectores institucionales españoles: AA.PP., hogares y empresas (financieras y no financieras). En este último caso, se trataría del “saldo financiero” de cada sector institucional con el conjunto de sectores institucionales (resto de sectores residentes y el resto del mundo). [2]

Como muestran las cifras del gráfico el proceso de desapalancamiento de la economía española ha sido significativo pero insuficiente. Por un lado, desde el tercer trimestre de 2007 al tercer trimestre de 2011, el saldo financiero del sector privado ha mejorado en 17,65 puntos porcentuales sobre el PIB, pasando de un saldo financiero negativo a uno positivo. Por sectores institucionales esta mejora del saldo financiero aparece desglosada en el gráfico de la siguiente manera: una mejora de 5,41 puntos porcentuales sobre el PIB para los hogares, y una mejora de 12,24 puntos porcentuales sobre el PIB para las empresas (no financieras y financieras).

El problema es que el conjunto de las AA.PP. han pasado en este periodo de un saldo de su cuenta financiera positivo a otro muy negativo (por el aumento de los desequilibrios presupuestarios) lo que en % del PIB se ha traducido en un empeoramiento del saldo financiero acumulado entre el tercer trimestre de 2007 y el tercer trimestre de 2011 de 11,62 puntos porcentuales. Y ello ha provocado un mayor endeudamiento del sector público.

No obstante, si agregamos el desapalancamiento del sector privado con el mayor endeudamiento de las AA.PP., la economía española ha registrado en su conjunto una mejora del saldo de la cuenta de operaciones financieras con el resto del mundo de 6,03 puntos porcentuales sobre el PIB.

No cabe duda que el proceso de consolidación fiscal (alcanzar un déficit público del 3% a finales de 2013) debe continuar -aunque quizá se debería alargar de 2013 a 2015- pero también resulta imprescindible que continúe el proceso de reducción de la deuda neta de las familias y de las empresas, especialmente las no financieras, que mantienen todavía ratios de endeudamiento más elevados que sus homólogas de la zona del euro.

Yo creo que falta calidad en la comunicación del Gobierno de España con la opinión pública. El mensaje debe claro, directo y “pedágogico”, y debe transmitir el doble objetivo del proceso de ajuste o consolidación fiscal.

En este sentido, el proceso de consolidación fiscal no sólo tiene como objetivo el reducir el desequilibrio presupuestario de las AA.PP. (y evitar el aumento del endeudamiento), sino que debe servir también para aumentar la eficiencia de los programas de gasto público del conjunto de las AA.PP. (sanidad, educación no universitaria y universitaria, prestaciones por desempleo, inversión pública, evitar duplicidades entre distintas administraciones, entre otros). Esta mejora de la eficiencia de los programas de gasto público se tenía que haber abordado tarde o temprano, con o sin crisis económica y financiera.

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[1] Cifras obtenidas del Boletín Estadístico del Banco de España, Cuadro 2.7 y de las Cuentas Financieras de la Economía Española, Cuadro 2.2.

[2] En todos los casos, las cifras son flujos anuales no stock acumulado.

[3] Y sin olvidarnos de la mejora de la equidad del sistema tributario, con un exceso de gastos fiscales, tal y como tratamos en una entrada de mi  Blog personal.

La tramitación parlamentaria de la reforma laboral

A finales de la semana pasada se produjo el paso inicial en el Congreso de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral aprobada inicialmente en febrero bajo el formato de real decreto-ley (puede consultarse aquí el BOE correspondiente). La incorporación en dicha tramitación de un variado conjunto de enmiendas transaccionales (la relación completa puede consultarse aquí) ha introducido ciertos cambios en la propuesta original, aunque en ningún caso ha modificado las líneas maestras de dicha reforma.

A la vista de las modificaciones introducidas a su paso por el Congreso, cabe concluir que las mismas suponen, de hecho, una vuelta de tuerca adicional en el planteamiento original de la reforma laboral. En este sentido destacan, a mi parecer, dos puntos. El primero es el acortamiento de un año (de dos a uno) del período de prórroga de los convenios tras el que los mismos decaen después de su finalización en caso de no ser renovados (aplicándose en ese momento el convenio de ámbito superior, si lo hubiere, o, en caso contrario, el Estatuto de los Trabajadores). Se trata de una decisión que acelerará en la práctica la eliminación de la ultraactividad de los convenios, un elemento necesario para aumentar la capacidad de respuesta de los salarios ante cambios cíclicos (pero que también puede tener impactos significativos en términos de desigualdad, debido a la erosión que implica en la capacidad de negociación de los trabajadores: véase al respecto esta entrada previa en el blog). El segundo es el aumento de la capacidad por parte de las empresas para modificar de forma unilateral las condiciones laborales de los trabajadores, al permitirles disponer libremente de hasta un 10% de la jornada anual (frente al 5% original), bastando ahora con informar al trabajador con cinco días de antelación.

Existen, en cualquier caso, otras modificaciones destacables. Una de ellas es la decisión de mantener en vigor el nuevo contrato para pymes y autónomos (el cual, cabe recordar, tiene un período de prueba de un año sin derecho a indemnización por despido) exclusivamente mientras que la tasa de paro supere el 15%. Esto convierte a este tipo de contrato en una especie de “contrato de crisis”, si bien, dadas las perpectivas actuales de la economía española en términos de crecimiento y creación de empleo, podría pervivir en la práctica de forma prolongada. Otra es la precisión del período al que se refiere la caída interanual de facturación que justifica el despido objetivo (tres trimestres consecutivos) o la inaplicacion del convenio colectivo en materia de salarios y jornada (dos trimestres consecutivos), habiéndose estableciendo que la comparación debe realizarse frente a los mismos trimestres del año anterior, así como que los ingresos a valorar son los ingresos de carácter ordinario. Asimismo, destaca también la extensión a las empresas con beneficios con más de 100 trabajadores (500 originalmente) de la obligación de pagar parte del coste del seguro de desempleo que se abona a los mayores de 50 años prejubilados mediante despidos colectivos. Finalmente, cabe señalar que, en relación con el absentismo, se amplía el cómputo de faltas para el despido, las cuales deberán superar ahora el 5 % de las jornadas hábiles durante el año (frente a las ocho iniciales), quedando excluidas, además, las bajas por tratamiento de enfermedades graves.

En mi opinión, a pesar de estos cambios, en esta etapa de la tramitación parlamentaria se ha perdido la oportunidad de introducir modificaciones que hubieran permitido corregir ciertas carencias de la reforma laboral, entre las que destaca la necesidad de un mayor estímulo a la contratación indefinida, el rediseño de las políticas activas de empleo o un cierto aumento de la protección de los trabajadores frente a potenciales prácticas abusivas por parte de las empresas (sobre estas cuestiones, véase esta detallada entrada en el blog de Rafael Myro). Quizás a su paso por el Senado o la posterior tramitación final en el Congreso se dé la oportunidad de introducir algunas medidas en este sentido.

Renovar la apuesta

“Expertos, por favor”, se demandaba hace unos días con toda pertinencia en las páginas de un rotativo, al dar cuenta, nombre tras nombre, de quienes componen el consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, coincidiendo con su nacionalización. Es una relación capaz de hacer tambalearse los palos del sombrajo, por decirlo castizamente en estos días isidriles: políticos amortizados (ex diputados nacionales y autonómicos, ex concejales y ex alcaldes), sindicalistas a media jornada, profesores de materias varias…, sin apenas presencia de profesionales del sector financiero con suficiente formación para aquilatar riesgos y fiscalizar cuentas. Y el caso de Bankia no es singular: la correlación entre gestión deficiente y escasa profesionalización de las cúpulas directivas en las entidades financieras con mayores problemas se viene repitiendo implacablemente (como también, conviene decirlo, en sentido inverso, esto es, a mejor capacitación de presidentes, consejeros y directores, mejores resultados: les invito a comprobarlo, haciendo un simple cotejo caja a caja y banco a banco, ahora que proliferan los estudios comparativos de la situación de cada uno). Así que “expertos, por favor”, y empresarios que lo sean de verdad.

Subrayo esto último porque la cuestión remite al tema crucial del papel del empresario y de la función empresarial. Siempre fundamental, cobra hoy especial relevancia, dado que uno de los “daños colaterales” de la crisis, en general, y de lo que aquí está aireándose, en particular, es ese retorno de la demagogia que convierte de nuevo al empresario en el malo de la trama, inoculando recelo hacia él, incluso franca hostilidad si cuadra. Un flaco servicio, desde luego, para superar las dificultades que nos agobian.

Una mirada retrospectiva no resulta ociosa. Durante demasiado tiempo, la economía española tuvo en el déficit de cultura empresarial y de un adecuado clima social para el emprendimiento quizá su factor restrictivo más condicionante. Un déficit que se traducía en escasez de proyectos y de “aptitud empresarial”, un déficit que era retraimiento en unos y desconfianza en los más, y rechazo no poco generalizado entre la opinión pública —tanto a la izquierda como a la derecha— de la figura del empresario. Las cosas han ido cambiando al abrirse la economía y ampliarse un tejido productivo más poroso a la actividad empresarial propiamente dicha y con una escena pública más receptiva a la valoración y estima de lo que significa hacer empresa. De tal modo que la apuesta a favor de ésta ha acabado siendo una de las claves determinantes de lo mejor que nos ha pasado años atrás, y no sólo en términos de crecimiento. Apuesta a favor de la empresa y de los empresarios; a favor de la renovación de técnicas de gestión; a favor de la profesionalización de las funciones directivas, y de la cualificación de quienes las ejercen.

Y bien, es esa adquirida centralidad del hacer empresa lo que a toda costa debe preservarse, demandando mejores empresarios, y también más empresarios con sentido de su responsabilidad hacia la sociedad: constituyen un componente insustituible para encontrar un horizonte de nuevo esperanzador. Falta nos hace.

Indicador de coyuntura: Mayo 2012

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de abril con los datos publicados hasta marzo de producción industrial y ventas, y hasta abril de afiliados y renta. El indicador mensual sigue marcando una tendencia negativa. Una vez incorporados los nuevos datos y las revisiones a los datos ya publicados, el valor del indicador en abril es de -11,89 por lo que muestra una desaceleración de la economía española si lo comparamos con el dato que habría presentado para el mes de marzo de -10,23.

En términos interanuales todos los indicadores individuales han experimentado mayores caídas a las que sufrieron el mes anterior. La renta y los afiliados a la seguridad social pasan de caer un 2,53% y 2,54 en marzo a 4,04% y 3.63% en abril. Por su parte, las ventas pasan de caer un 6.33% en febrero a caer un 7.83% en marzo. Mención especial merece la producción industrial, que pasa de caer un 3,23% en febrero a caer un 10,39% en marzo.

La reciente evolución negativa del indicador de actividad económica está en consonancia con la evolución que han marcado otros indicadores de actividad económica como el que elabora FEDEA y el Indicador Sintético de Actividad (ISA) que elabora el Ministerio

¿Qué podemos esperar en el segundo trimestre de 2012? De consolidarse las tendencias registradas en los indicadores disponibles a la fecha de cierre del último informe de situación de España del Servicio de Estudios del BBVA publicado en a comienzos de marzo y siguiendo el modelo de previsión de corto plazo conocido como MICA-BBVA, existe un elevado riesgo de que la economía española continúe en recesión. La tasa de crecimiento prevista para el segundo trimestre de 2012 es de nuevo negativa en torno al 0.2%. Esta previsión que coincide con el avance que realizó esta misma semana el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien adelantantó una caída en el segundo trimestre alrededor de un 0,3%, destacando las grandes dificultades a las que se enfrenta el país en estos momentos.

Espero tener mejores noticias el mes próximo.

Ranking 2011 de Facultades de Economía según la producción científica elaborado por Tilburg University

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert, afirmó el pasado 13 de abril en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no había ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo. Pero estaba equivocado, al menos en el área de Economía hay tres.

Una de las divisiones de la empresa Thomson Reuters, Thomson Scientific ISI, se ocupa de elaborar bases de datos de la producción científica a nivel mundial. La más conocida es el Journal of Citation Reports Web, base de datos que ofrece un medio sistemático y objetivo para evaluar de manera crítica las revistas científicas más importantes del mundo. En concreto, JCR Web permite medir la influencia y el impacto de las investigaciones realizadas (a nivel de revistas y por áreas de investigación) y muestra las relaciones entre las revistas que citan y las que son citadas.

El CentER for Research in Economics and Business de Tilburg University (Holanda) ha publicado su tradicional Ranking mundial de Facultades de Economía correspondiente a 2011. El ranking se elabora con los puntos acumulados por cada Facultad en relación al número de artículos publicados en las 68 principales revistas científicas del área de Economía indexadas en la base JCR Web.

En el primer cuadro (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) aparece el ranking de las 50 primeras Facultades de Economía a nivel mundial. El orden viene determinado por la puntuación acumulada por las publicaciones de sus profesores en las revistas científicas escogidas para el período 2004-2011.

El ranking lo encabeza la Universidad de Harvard, EE.UU., con 1231 puntos, mientras que la primera universidad europea es la London School of Economics, Reino Unido, que se sitúa con 606 puntos en el puesto número 9. La sorpresa es que si aparece una Facultad de Economía española en el Top 50 mundial: se trata de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que ocupa el puesto 46 con una puntuación acumulada de 231 puntos, y en tendencia ascendente.

Si ampliamos el ranking tenemos también bien situadas varias Facultades de Economía españolas:

  • En el Top 100 mundial aparecen la Universidad Carlos III de Madrid en el puesto 51 (con 213 puntos) y la Universidad Autónoma de Barcelona en el puesto 93 (con 143 puntos).
  • En el Top 200 mundial aparecen la Universidad de Alicante en el puesto 156 (con 82 puntos) y la Universidad de Barcelona en el puesto 181 (con 70 puntos).
  • Y en el Top 300 mundial aparecen tres Facultades de Economía: la Universidad de Valencia en el puesto 242 (con 51 puntos), la Universidad del País Vasco en el puesto 283 (con 40 puntos) y la Universidad de Vigo en el puesto 295 (con 38 puntos).

En el segundo gráfico aparece el ranking de  las 50 primeras Facultades de Economía de Europa. Aquí es donde debería el Ministro Wert y las Universidades españolas centrar sus esfuerzos para escalar más en el ranking europeo.

El ranking europeo lo encabeza la London School of Economics, Reino Unido, mientras que la primera universidad española es lógicamente la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que se sitúa en el puesto número 13.  Y en el Top 50 europeo también se colocan en puestos destacados la Universidad Carlos III (puesto 15) y la Universidad Autónoma de Barcelona (puesto 33).

Si ampliáramos el rango al Top 100 de Europa entrarían en el mismo la Universidad de Alicante (puesto 53), la Universidad de Barcelona (puesto 70) y la Universidad de Valencia (puesto 96).

En el último gráfico presentamos el ranking de la Facultades de Economía españolas. Las Universidades que no aparecen en el ranking es porque sus profesores no han publicado ni un sólo artículo en las 68 revistas internacionales de prestigio seleccionadas en el periodo 2004-2011.

En el Top 10 español hay dos grupos bien diferenciados: las Facultades de Economía que juegan la “UEFA Champions League” en Europa (Universidad Pompeu Fabra, Universidad Carlos III y Universidad Autonóma de Barcelona) y las que juegan la “UEFA Europa League” (Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia). La distancia entre los dos grupos de excelencia está aumentando con el tiempo, pero también es verdad que la distancia entre el segundo grupo y el resto de Facultades de Economía españolas aún se ha ampliado más.

El Ministro Wert incluyó en el Real Decreto-ley 14 /2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo una medida que va en la buena línea de premiar la excelencia de los profesores que dedican parte de su tarea universitaria a la investigación, y que la misma es reflejada en la publicación en revistas revistas científicas del área de Economía indexadas en la base JCR Web y que es, en última instancia, ya recompensada económicamente con la obtención del complemento de productividad de la actividad investigadora (sexenio) otorgado por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

Esta medida “discriminatoria” premia a los profesores con éxito probado en su producción científica y se concreta ahora en la reducción horaria de la actividad docente respecto a los que no han dedicado parte de su tarea universitaria a la actividad investigadora. En concreto, en el Real Decreto-ley se establecen tres grupos:

  • La dedicación docente se establece como máxima en 16 créditos [1] para los Catedráticos de Universidad con cuatro o más sexenios de investigación (estando el último en vigor) y al resto de profesores universitarios funcionarios con tres o más sexenios de investigación (estando el último en vigor).
  • La dedicación docente aumentará como máximo a 32 créditos para cualquier profesor universitario funcionario que no haya sometido a evaluación el primer período de seis años de actividad investigadora, que haya obtenido una evaluación negativa de dicho período, o que hayan transcurrido más de seis años de la última evaluación positiva.
  • Finalmente, en el resto de casos la actividad docente queda fijada como hasta ahora, un máximo de 24 créditos.

Esta debe ser la primera medida pero no la última de una amplia lista. Las próximas podrían ser las siguientes:  i) aumentar en gran medida la retribución asignada a los complementos de productividad de la actividad investigadora o sexenios (y con mayor cuantía para cada tramo acumulado); ii) establecer el distrito único universitario nacional, para que los mejores alumnos vayan a las mejores universidades (con becas de movilidad generosas). Ello implicaría una competencia entre universidades para captar a los mejores alumnos; iii) establecer que solamente las universidades con carácter más investigador impartan estudios de postgrado (Máster y Doctorado). Para tal fin, bastaría con exigir determinado número de sexenios de investigación al conjunto (y también individualmente) de los profesores que vayan a impartir su docencia en postgrado; iv) reducir el número de años de los Grados (de los cuatro actuales a tres como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea) para liberar recursos con el objetivo último de establecer titulaciones de postgrado de mayor calidad.

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[1] Una asignatura en un Grado tiene normalmente 6 créditos.

La nueva reforma financiera

La reciente nacionalización de BFA, el banco matriz de Bankia, sin duda un importante paso hacia la solución de los graves problemas de un grupo de tan elevada dimensión, ha abierto el camino a un nuevo plan de reforma financiera, por el cual el Gobierno obliga a los bancos y cajas a aumentar las provisiones que cubren el riesgo de sus activos inmobiliarios (construcción y promoción) considerados sanos o en situación normal (es decir, los no clasificados en las categorías de adjudicado, dudoso, o subestándar), que en el marco recesivo actual han perdido y perderán parte de su valor. La cantidad total estimada a provisionar se sitúa en el entorno de 28.000 millones de euros, pero variará finalmente en función de los resultados que ofrezca la valoración de las carteras de crédito de las entidades financieras que el Gobierno ha acordado encargar a dos consultores independientes (que no se enfrentan a una tarea fácil, dada la parálisis del mercado inmobiliario). Esta cantidad, se añade a la aún pendiente de desembolsar por las entidades para acomodarse a las exigencias del reciente RDL de 2 de febrero, que se cifra en 24.000 millones.

Como estas cifras provocarán pérdidas en algunas entidades, se prevé la intervención del FROB para cubrirlas, con aportaciones de capital, y sobre todo, con préstamos (cocos). El Gobierno espera que la necesidad total de fondos públicos no supere los 15.000 millones de euros, pero esto no parece nada fácil. En efecto, en un informe elaborado hace dos semanas por Analistas Financieros Internacionales (AFI), se avanza una previsión de resultados para las entidades financieras en este año de 27.000 millones de euros, antes de atender a las provisiones requeridas,  de lo que se desprende que las aportaciones del FROB deberán ser sensiblemente superiores a las anunciadas.

Además, las cifras mencionadas no contemplan el posible deterioro en el valor de otros activos no inmobiliarios (cuyo su riesgo será también evaluado por los analistas independientes) a lo largo de este año y del próximo. En este sentido, en el mencionado informe de AFI, se estima una necesidad adicional de provisiones de otros 30.000 millones para cubrir créditos a empresas y familias. También los activos inmobiliarios adjudicados, que serán trasladados obligatoriamente a nuevas sociedades inmobiliarias de liquidación (denominadas Sociedades de Gestión de Activos), pueden sufrir mermas sobre “el valor razonable” de transmisión, que afectarán a las cuentas de resultados de los bancos, a los que estas sociedades podrán seguir vinculadas durante tres años.

Por todo ello, no está claro que la nueva reforma vaya a despejar todas las dudas de los mercados y de las autoridades comunitarias con respecto a la solvencia de las entidades financieras españolas, ni que el recurso al FROB no vaya a ser finalmente mucho mayor. En todo caso, es una ventaja que se haya abierto la puerta a una ampliación de las intervenciones de este organismo,  que debería haber desempeñado un mayor papel en la reforma financiera desarrollada hasta ahora. Tampoco está claro que se garantice la recuperación de las aportaciones públicas a las entidades con problemas, que pueden tener dificultades para devolver los préstamos y ver reducirse el valor de sus acciones. Este hecho hace temer con razón la posibilidad de un impacto negativo de la nueva reforma sobre el deficit público, que inevitablemente se compararía con la política seguida de recorte en gastos sociales, de educación y de sanidad. Pero de producirse ese impacto negativo, se diferirá en el tiempo. Por último, el uso preferente de préstamos supone que los equipos de gestión de las entidades que requerirán ayuda son los adecuados, pero no hay que descartar el que no sea así en algunos casos, y por tanto, que los préstamos no hayan de ser convertidos en acciones más adelante y remodelados los equipos gestores.

Desigualdad y austeridad: ¿Más leña al fuego?

El desarrollo de la crisis ha tenido consecuencias ciertamente drásticas sobre el reparto de la renta entre los ciudadanos españoles. Mientras que los indicadores más básicos de desigualdad apenas han cambiado para el promedio de la Unión Europea desde 2007, España, que ya partía de niveles considerablemente más altos, ha sufrido uno de los mayores aumentos de las diferencias económicas entre los hogares. La pobreza monetaria, que había permanecido prácticamente estancada en nuestro país durante los quince años anteriores a la crisis, ha pasado a afectar a más de uno de cada cinco hogares. La magnitud de este cambio es la mayor desde que disponemos de datos anuales sobre los ingresos y las condiciones de vida de la población española. Los indicadores sobre la proporción de hogares que no reciben remuneraciones del mercado de trabajo, prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social, que regularmente ofrece la Encuesta de Población Activa, alcanzaron su máximo histórico hace más de un año y no han dejado de crecer desde entonces.

Las razones de este empeoramiento del panorama distributivo son varias y obedecen a factores que van más allá del cambio de ciclo económico. En primer lugar, persiste un problema económico básico ligado a una estructura productiva poco competitiva. En las últimas décadas, la creación de empleo ha estado muy ligada a sectores muy cíclicos y la evidencia nos muestra que necesitamos tasas relativamente altas de crecimiento del PIB para crear nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, tenemos un grave problema estructural de desigualdad y vulnerabilidad. Ya antes de la crisis existía un porcentaje de población muy amplio con rentas sólo ligeramente superiores al umbral de pobreza y muy dependientes del efecto de arrastre que había tenido la expansión de determinadas actividades económicas. En tercer lugar, no hemos sido capaces de consolidar una red de protección suficientemente sólida, enfrentándonos a la crisis con un sistema de garantía de ingresos muy fragmentado, con importantes lagunas en su cobertura y con grandes desigualdades territoriales en la respuesta ofrecida a las situaciones de insuficiencia de los ingresos.

Especialmente preocupante es el problema de la desigualdad estructural en el seno de la sociedad española. El nivel de concentración de las rentas de capital es de los mayores de la Unión Europea y nuestras desigualdades salariales son ciertamente elevadas en el contexto comparado, con una alta incidencia del trabajo de bajos salarios. Ya antes de la crisis se había alcanzado el máximo histórico en las tasas de pobreza de los ocupados. Nuestra movilidad de ingresos es, además, reducida, marcada por abundantes transiciones entre los hogares en la parte baja de la distribución de la renta y mucho más limitadas en la parte alta. Aparte de estos rasgos estructurales, la desigualdad en la renta disponible de los hogares se ha ido alejando de la media de los países más ricos por la debilidad de las políticas redistributivas. Junto a la persistencia de una brecha histórica en términos de gasto social no sólo respecto a la Unión Europea sino a lo que debería corresponder a nuestro nivel de renta, las reformas tributarias desarrolladas desde mediados de los años noventa hasta la crisis apostaron por la reducción de los tipos impositivos, lo que supuso una menor capacidad de redistribución.

El resultado de estos procesos fue que la desigualdad y la pobreza dejaron de disminuir en España desde principios de los años noventa, rompiéndose una tendencia histórica tanto de reducción continuada de ambos fenómenos como de acercamiento a los niveles medios de la Unión Europea. En lo cualitativo, la consecuencia fue el mantenimiento prolongado de situaciones de vulnerabilidad relativamente ocultas bajo la ola expansiva, mientras se iba reduciendo la capacidad de los principales instrumentos para transformar esas situaciones. La crisis, por tanto, no ha supuesto una ruptura con los procesos previos. Al agotarse el período de bonanza económica, los altos niveles de vulnerabilidad se han transformado, en un porcentaje importante, en situaciones de pobreza y exclusión social. No hay un antes y un después en las razones de fondo, aunque sí lo hay, por supuesto, en la magnitud de las cifras y en la incidencia de los problemas sociales.

Sí es un elemento de novedad, sin embargo, respecto a anteriores etapas del proceso distributivo el posible efecto que podrían tener las políticas de austeridad presupuestaria en este contexto de notable crecimiento de la desigualdad. El habitual alegato de que los ciudadanos compartan los costes de la crisis no se corresponde con la falta de neutralidad de estas políticas en términos distributivos. Ya sea a través del efecto directo que pueden tener los recortes de prestaciones y servicios o por la caída de la producción y el empleo derivada del recorte del gasto público, las llamadas medidas de austeridad podrían exacerbar la tendencia al aumento de las diferencias sociales. Corremos el riesgo de que en un breve plazo se evaporen algunos de los logros que exigieron grandes pactos sociales y un dilatado período para su consolidación.

Afirmar que puede existir una relación entre las medidas de austeridad y el posible aumento de la desigualdad no es un posicionamiento ideológico. Baste recordar cómo la severidad del ajuste fiscal en otros países en períodos anteriores, especialmente en el ámbito anglosajón, alteró sustancialmente el panorama distributivo. En el caso español, hay tres constataciones que alertan sobre la gravedad de las posibles tendencias. La primera es que en esta crisis el mayor ajuste se ha producido en las rentas de los hogares con menores recursos. La experiencia española reciente es casi un ejemplo de manual de lo que es una evolución regresiva de la renta. Mientras que entre 2006 y 2010 los ingresos del cinco por ciento de la población con rentas más bajas cayeron cerca de un 9% anual en términos reales, el crecimiento correspondiente al cinco por ciento más rico fue el mayor de toda la población. Además de desmentir el estereotipo de que los costes de la crisis se han generalizado a todas las capas sociales, el hundimiento de las rentas más bajas ha hecho que la pobreza severa crezca velozmente, quebrándose la tendencia de las cuatro últimas décadas.

En segundo lugar, la experiencia de lo que sucedió en anteriores fases recesivas en España, como la de los primeros años noventa, nos alerta de la posibilidad de que incrementos transitorios de la pobreza y la desigualdad se conviertan en crónicos en el largo plazo. A pesar de la prolongada recuperación económica de los años posteriores no volvieron a alcanzarse los niveles anteriores a ese episodio recesivo. En tercer lugar, frente al aserto habitual de que el bienestar social se recuperará si lo hacen la actividad económica y el empleo, los datos son contundentes: las estimaciones de la relación entre el ciclo económico y la pobreza muestran una acusada asimetría en la respuesta de ésta a las recesiones y a las expansiones, siendo mucho más sensible a las primeras. Volver, por tanto, a altas tasas de crecimiento del PIB no garantiza que los problemas de insuficiencia de ingresos de un segmento importante de la sociedad española vayan a reducirse drásticamente.

Evitar el aumento de la desigualdad y las posibles tensiones sociales asociadas a los procesos de fragmentación social exigiría no sólo dar respuesta a las necesidades impuestas por la crisis sino también a los problemas estructurales de nuestro modelo social. Rebajar la severidad de las nuevas formas de pobreza requeriría no sólo mantener lo que había antes de la crisis, ahora insuficiente, sino aumentar los niveles de gasto social. Si no se añaden, por tanto, criterios de equidad mucho más exigentes a las medidas de austeridad nos arriesgamos a convivir en el futuro con diferencias sociales muy altas no sólo en el contexto comparado sino en lo que ha sido nuestra trayectoria en las cuatro últimas décadas.

(Publicado en El País 10-05-2012)

LENTO DESAPALANCAMIENTO

En el principio fue la deuda. El desencadenante de esta  crisis, recordemos, fue la explosión de una burbuja crediticia. El exceso de crédito, la elevación de los precios de los activos más utilizados como colaterales y la insuficiente calidad de la gestión y supervisión de sus riesgos derivados pasó factura, primero a EEUU y al poco tiempo a la eurozona.  Los mercados mayoristas donde los bancos captan parte de su pasivo se colapsaron. Una crisis crediticia en toda regla, efectivamente. La metástasis  en el seno de las  economías, entre diversos sectores y agentes económicos,  fue tan rápida como el contagio entre los sistemas bancarios de algunos países avanzados. Los de la eurozona, con un gran peso específico en sus sistemas financieros, acusaron  más el impacto. Y, dentro de estos, aquellos con el mayor nivel de endeudamiento de sus agentes. El de España es uno de ellos.

Ahora, camino del quinto aniversario del inicio de aquella  infección, el elevado endeudamiento sigue constituyendo una seria restricción a la recuperación del crecimiento económico. Mucho más en la eurozona que en EEUU, el epicentro de la crisis.  En España, la importancia relativa del endeudamiento privado, de las familias y de las empresas, es más elevada que en la mayoría de la eurozona. La amplísima mayoría de esos pasivos tienen su contrapartida en los activos bancarios.

La difusión  del informe  del FMI sobre el sistema financiero español ( Financial Sector Assesment, Preliminary Conclusions), admitiendo los avances realizados, destaca el problema que todavía supone la existencia de activos dañados por una magnitud considerable, superior en todo caso, al incremento  de provisiones que señalaba el RDL 2/2012. Y sugiere el apoyo con financiación pública para la necesaria recapitalización. Que se haga manteniendo los activos  problemáticos dentro del balance de los bancos, o desplazándolos para su liquidación ordenada a instrumentos externos asimilables a un “banco malo”, es algo que las autoridades españolas tendrán que decidir muy pronto. La pretensión no sería otra que “preservar la estabilidad financiera y evitar un excesivo desapalancamiento”, según expresión del propio informe.

Son en mayor medida las deudas de las empresas, no solo de las dedicadas a la construcción residencial y promoción inmobiliaria, las que están limitando la capacidad de maniobra de los bancos y la estabilidad financiera en su conjunto. El ritmo de reducción de ese endeudamiento privado será, por tanto, una de las señales de proximidad a la superación de la crisis. Hasta ahora el desapalancamiento está  siendo muy desigual, respaldando la verificación empírica de que aquellas economías con mayor endeudamiento privado tardan más en superar una crisis de origen financiero.

Un trabajo de referencia a este respecto es el difundido por el McKinsey Global Institute («Debt and deleveraging: Uneven progress on the path to growth», enero 2012). Da cuenta del dilatado proceso de desinversión en las economías más avanzadas. La digestión de esos excesos de endeudamiento depende tanto de la calidad de los activos que los respaldan como, muy especialmente, del crecimiento de las economías donde están los activos y la actividad de los bancos. Es la estadounidense la que más ha avanzado en ese proceso de desapalancamiento, tanto de las familias como de las empresas. La española es de las economías en las que los coeficientes de endeudamiento privado se reducen más lentamente. Es consecuente con el también menor crecimiento de la renta bruta disponible de las familias, del más severo impacto en el empleo, y los peores resultados de las empresas: con los registros de mayor impacto recesivo, en definitiva. En ausencia de estímulos a la demanda esa digestión será lenta y complicada. La experiencia japonesa a este respecto es hoy muy relevante para algunas economías de la eurozona.

En España el nivel de endeudamiento de las empresas es significativamente superior al promedio, como se ilustra en un buen trabajo del Servicio de estudios de la Caixa realizado por Oriol Aspachs-Bracons, Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual (“Perspectivas de desapalancamiento en España”, diciembre 2011), así como en otros análisis del último Boletín Mensual de esa entidad. De los indicadores para evaluar ese grado de endeudamiento de las empresas españolas, es el de deuda sobre resultado económico bruto (la capacidad de devolución de la deuda con las rentas generadas) o la carga financiera sobre el resultado (porcentaje del resultado asignado al pago de intereses por las deudas contraídas), en mayor medida que la relación entre la deuda y los activos totales, los que presentan niveles significativamente superiores al promedio de la eurozona. Es, en definitiva, la insuficiente rentabilidad de los activos de las empresas la que en mayor medida contribuye a la asfixia financiera. Y la insuficiencia de los resultados empresariales es tributaria básicamente de la debilidad de la demanda.

Las previsiones de continuidad de la recesión actual en modo alguno favorecen la alteración de ese cuadro más adverso que el de la mayoría de los vecinos. En la comparación con el resto de las empresas de la UE, más allá de la ubicación sectorial de las endeudadas, es destacable la conclusión de que son aquellas de mayor dimensión las que exhiben un mayor grado de apalancamiento, cuando se compara con sus homólogas europeas en similares ramas de actividad.

Otro trabajo relevante a este respecto es el ultimo Global Financial Stability Report (GFSR) del FMI, con uno de sus principales centros de atención en los riesgos derivados del proceso de desendeudamiento de los bancos. Sus consideraciones cobran una especial significación en el caso de la eurozona, dado el dominio de los bancos en la conformación de los sistemas financieros nacionales. Es también en esta región donde ahora se localizan las principales amenazas sobre la estabilidad financiera global.   Las presiones sobre los bancos de la eurozona no derivan solo del cuestionamiento al que se encuentran sometidos los riesgos soberanos, sino de la ausencia de crecimiento económico. Las insuficientes posibilidades de recuperación de la actividad agravan los requerimientos de renegociación de vencimientos de las deudas bancarias y las exigencias de fortalecimiento de sus recursos propios. El desenlace es el adelgazamiento, la reducción del tamaño de sus balances, en definitiva. Hacerlo con prisa no solo no es bueno en el necesario proceso de selección de activos a vender, sino que ejerce efectos depresivos sobre el propio crecimiento económico.

El GFSR sugiere que los grandes bancos de la Unión Europea pueden reducir su balance agregado en unos 2 billones de euros al término de 2013, en torno a un 7% de sus activos totales. Una cuarta parte de este desapalancamiento tendría lugar a través de una disminución en la inversión crediticia, mientras que el resto provendría de las ventas de otros activos. Un movimiento sincronizado de esa envergadura justifica la llamada de atención que hace el FMI a los supervisores nacionales con el fin de evitar el daño que ocasionará sobre el precio de los activos y sobre la actividad económica.

Facilitar esa digestión requerirá que tanto el BCE como la Comisión Europea adopten políticas destinadas a estimular la demanda y flexibilizar los plazos  de saneamiento de los sectores públicos. Las recientes declaraciones del presidente del BCE, admitiendo la necesidad de complementar con crecimiento la austeridad hasta ahora dominante es una señal en la buena dirección. Nunca es tarde.

(Publicado en Negocios de El Pais; añadidos aquí los hipervínculos a los documentos)

Evolución del PIB de EE.UU. con y sin el efecto sobre el consumo privado de los préstamos con garantía hipotecaria (MEW), 1996-2006

El crecimiento desorbitado de los precios de los precios de la vivienda en los EE.UU. en el periodo 1996-2006 arrastró positivamente al consumo privado y al PIB a través de las operaciones de crédito hipotecario conocidas como mortgage equity withdrawal (MEW). [1] Los MEW fueron utilizados por los consumidores americanos para conseguir una financiación fácil y garantizada con el respaldo del valor neto de su hipoteca. [2] 

El problema es que el crecimiento imparable de los precios de la vivienda generó una burbuja inmobiliaria que terminó colapsando en 2006, provocó la crisis de las hipótecas subprime (de alto riesgo) en octubre de 2007 y, en última instancia, desató la crisis financiera de 2008.

Los fondos obtenidos con los MEW fueron destinados al gasto en consumo personal de los hogares estadounidenses en un sentido amplio: mejoras y reparaciones en la vivienda, segundas residencias, inmuebles con el objetivo de inversión, coches, vacaciones, educación universitaria de los hijos, seguros de vida, gastos médicos, cuidados a enfermos y dependientes, etc. Por este motivo, algunos economistas han calificado a los MEW como ATMs and piggy banks. [3]

Según las estimaciones de Greespan y Kennedy (2008) [4], la generalización de las operaciones MEW contribuyeron al aumento de la Propensión Marginal al Consumo y terminaron financiando el 1,7% del total del consumo de los hogares en el periodo 1991-2005. Y por subperíodos está financiación del consumo de los hogares ligada a operaciones MEW fue in crescendo : un 1,7% entre 1991 y 2005, y nada menos que un 3% entre 2001 y 2005. [5]

En el gráfico adjunto (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se muestra el crecimiento del PIB en términos reales de los EE.UU. en el caso de que se incluyan o no los efectos sobre el consumo privado de la financiación extra derivada de las operaciones MEW.

Este gráfico muestra cómo gran parte del crecimiento del PIB de EE.UU. entre 1996 y 2006 se generó gracias a las operaciones MEW. Si no se hubiera utilizado estas operaciones hipotecarias para financiar el consumo privado, el crecimiento del PIB habría sido negativo en 2001 y 2002, y la etapa de crecimiento de la economía americana entre 2003 y 2006 (previa a la crisis financiera) habría sido mucho más modesta. De hecho, el impulso de las operaciones MEW supuso nada menos que el 75% del PIB del periodo 2003-2006. [6]

——–

[1] En español se podría traducir como préstamo/crédito sobre el patrimonio neto (equity) de la vivienda.

[2] Valor neto de la hipoteca = valor de mercado de la vivienda menos montante acumulado de hipotecas y préstamos con garantía hipotecaria.

[3] Cajeros automáticos y “bancos hucha”. En última instancia, las viviendas se utilizaban para obtener liquidez inmediata, como cuando retiramos dinero de un cajero con una tarjeta o rompemos la hucha de un niño/niña.

[4] Geenspan, A. and Kennedy, J. (2007): “Sources and Uses of Equity Extracted from Homes”, Finance and Economics Discussion Series 2007-20, Finance and Economics Discussion Series. Publicado en al revista Oxford Review of Economic Policy, 2008, Vol. 24, 1, pp. 120-144.

[5] 115.000 millones de dólares de media anual en el periodo 1991-2005.

[6] Véase al respecto, Ritholtz, B. (2009): Bailout Nation, Hoboken, NJ: Wiley.

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