Indicador de coyuntura: Julio 2014

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de junio con los datos publicados hasta mayo de ventas y producción industrial y hasta marzo de renta y de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en mayo es de 1,51.

factor

En tasas de crecimiento interanuales, todos los indicadores individuales muestras tasas de crecimiento positivas. La producción industrial crece un 0,4% en mayo frente a la caída de 2,1% en abril y las ventas crecen un 1.0% en mayo frente al 3,1% en abril. Por su parte, la renta y los afiliados crecen 1,5% y 1,3% en junio frente a las subidas de 2,5% y 2,2% en mayo.

indicadoresPor tanto, los datos continúan dando muestras que avalan la incipiente recuperación económica.

Job-market signalling: Cuando el título no es suficiente

Ilustración: Carlos Sánchez Aranda / Texto: Jordi Paniagua

autonomias paro estudios

¿Qué podemos hacer para conseguir un empleo? En mi opinión, es de las pocas preguntas a las que los economistas debemos una respuesta a la sociedad (aunque sea tímida), ya que sin empleo no hay paraíso.

Según la teoría del job-market signalling acuñada por el premio Nobel Michael Spence (1973), deberíamos acumular títulos académicos para aumentar la probabilidad de conseguir un empleo. Según Spence, las personas con más formación obtendrán mejores trabajos y obtendrán una renta mayor. Deberíamos por tanto observar a nivel agregado una menor tasa de paro en los sectores de población con mayor formación, como se aprecia en el siguiente gráfico. Por tanto, parece lógico dedicar recursos (tanto públicos como privados) en todo aquello que permite incrementar el capital humano del país en su conjunto (formación, estudios, experiencia, idiomas).

España en su conjunto tiene una tasa de paro sangrante, pero  disminuye con el nivel de formación de la población. Mientras que la tasa de paro supera el 50% para aquellos que no saben ni leer y escribir, apenas llega al 5% para los que han superado el doctorado. (Espero que este gráfico anime a los estudiantes a seguir estudiando).

paro por estudios

Una de las premisas interesantes del job-signalling sugiere que un título académico envía una señal al mercado con independencia de los conocimientos adquiridos. No obstante se observa una relación positiva entre conocimientos (que se traducirán en mejores o peores títulos) y nivel de renta. La tasa de licenciados es bastante homogénea en todas las CCAA, por lo que parece como si la señal de formación no se trasladara al mercado laboral. Si el título universitario es una commodity, la señal la envían los conocimientos.

En una situación como esta, parece que un título no es suficiente garantía para encontrar trabajo. La relación señal (título)- ruido (porcentaje de paro) en las regiones con una tasa de paro es demasiado homogénea y débil. Por tanto es necesario acumular conocimientos, (habilidades y capacidades competitivas en el lenguaje de Bolonia) que nos sirvan para rompen la barrera de la señalización de Spence (más en línea con Romer 1990). Por tanto, las regiones con mayor capital humano (por ejemplo mayores conocimientos en pruebas objetivas) deberían tener un nivel de renta superior al resto, tal como se puede observar en el siguiente gráfico:

rentavspisa

Observamos claramente como la renta de las CCAA es mayor para las regiones con unos mayores conocimientos (medidos por la puntuación del test Pisa). Aquellas regiones donde hay más capital humano tienen una mayor renta y menor desempleo.

El siguiente gráfico muestro el paro por CCAA (agrupado por si equivalencia con el paro por nivel de estudios). Puede observarse como aquellas CCAA con menor renta y capital humano son también las que mayores tasas de paro presentan (con algunas excepciones). Los habitantes de Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha y Extremadura se enfrentan a una tasa de paro similar a la de un chaval de 12 años. Es descorazonador observar en nuestra pared “Juan Carlos I (o Felipe VI), rey de España y en su nombre el rector magnífico….” y enfrentarse a una tasa de más del 40%. Es como tirar una moneda trucada al aire, simplemente terrible.

tasa de paro por CCAA

Una posible solución sería transferir renta y recursos a las regiones con menor capital humano (es decir, con peor puntuación en Pisa). Habría que partir del supuesto que la relación capital humano-renta es doblemente causal. En otras palabras, podríamos aumentar nuestros conocimientos a base de talonario y “comprar” la reducción del paro. Es decir, que aquellas regiones que han conseguido acumular más renta habrán invertido en mejores escuelas y tendrán más capital humano, como en siguiente gráfico invertido:

pisavs renta

Tengo la costumbre de preguntar las cosas que no entiendo (mi abuelo decía que el pregunta es tonto una vez, pero el que no pregunta es tonto siempre). Quizá algún alumno recordará con cariño estas gráficas de su examen de econometría del curso que acaba de terminar. La pregunta era muy sencilla: ¿cuál de los dos modelos (Pisa->Renta o Renta->Pisa) te parece más adecuado? Razona la respuesta.

La mayoría de los alumnos se inclinaron por el modelo Renta->Pisa, con argumentos sólidos como que tan solo mediante una acumulación de renta previa se pueden abrir escuelas y formar capital humano. Pero me sorprendió en el razonamiento de un alumno que escogió el primero modelo. Si bien es cierto que la renta permite aumentar el capital humano, esta relación no siempre se cumple. Hay países con una renta muy elevada (por ejemplo productos de petróleo) pero con un gran déficit de capital humano. La mitad de los graduados en Arabia Saudí reciben su licenciatura en teología, por lo que tienen que importar todo lo demás. En cambio, difícilmente encontraremos ejemplos de países con una formación excepcional con una renta desproporcionadamente baja.

Ahora bien, las implicaciones que se desprenden para nuestro país son preocupantes. Por mucho que se transfieran rentas del norte al sur (y este uno de los orígenes de las tensiones territoriales que sufrimos), difícilmente se reducirá el desempleo si no se aumentan las capacidades laborales objetivas (por ejemplo, idiomas, informática y habilidades cuantitativas).

 

PIKETTY, ESPAÑA Y DESIGUALDAD

Se están escribiendo miles de páginas sobre la obra El Capital en el siglo XXI, del economista Thomas Piketty. Con una traducción del francés al inglés que no se lee con naturalidad –en español aparecerá después del verano-, el libro incorpora directamente en sus páginas las estadísticas más importantes utilizadas para elaborar sus argumentos.

Como en tantas obras históricas de investigación, España no aparece, ya sea por la escasa importancia económica hasta tiempos recientes o por la ausencia de estadísticas. Estas son un lujo de los países cultos y desarrollados. Sin embargo, la obra remite a la imponente base de datos que ha construido y utilizado para el  libro y en ella sí aparecemos de manera individualizada. El acceso a internet está abierto para los investigadores.

Las estadísticas sobre España y el resto de países, se refieren a la distribución de la renta antes de impuestos medida por la proporción de la misma detentada, año a año, por el 10%, 1%, 0,1% y 0,01% más rico de la población. La serie más larga para el caso español se refiere al 0,01% más rico, cuyos datos comienzan en el año 1933. En ese año, ese grupo poseía el 1,41% de la renta; esto es, 140 veces su peso en la población. Esa proporción de renta fue disminuyendo con el transcurso del tiempo.

Como afirma Piketty en una de sus tesis más sólidas, fueron las guerras las que aceleraron una distribución menos desigual de la renta. La Guerra Civil, primero, y la II Guerra Mundial, más tarde,  precipitaron su caída. En el caso español, a la tesis de las guerras, hay que añadirle el periodo inmediatamente anterior al Plan de Estabilización de 1959, que produjo una rápida pérdida relativa de renta en ese grupo del 0,01%.

Para los restantes grupos (10%, 1% y 0,1%), las estadísticas comienzan de forma regular en el año 1981 ¿Qué ha ocurrido desde entonces?

El cuadro general de la participación en la renta nacional de esos grupos indica que dos ellos se mantuvieron estables, mientras que otros dos concentraron fuertemente la renta.

El grupo del 10% más rico poseía el 32,61% de la renta en el año 1981; en el año 2010 poseía el 31,98%. El 1% más rico pasa del 7,5% al 8,24% de la renta en el mismo periodo; el 0,1% pasa del 1,87% al 2,48% y el 0,01% del 0,52% al 0,81%.

Hay estabilidad en los 2 primeros grupos, pero en el 0,1% y 0,01% más ricos, una fuerte concentración de la renta durante el periodo mencionado de 1981 a 2010.

¿Sobre qué gobiernos de la democracia recaen las responsabilidades de esa distribución? Tanto durante los gobiernos de Felipe González como en los de Aznar, la distribución de la renta se concentra en los más ricos, excepto para el periodo de Gonzalez y referido al 0,01% más rico, que pierde algo de peso. Es especialmente llamativa la muy rápida concentración de renta para ese grupo más rico del 0,01% durante el periodo de Aznar.

Solo los gobiernos del periodo de Zapatero consiguieron de manera continuada reducir la participación en la renta nacional de todos los grupos mencionados.

En conjunto, podemos afirmar que los ricos pertenecientes al 10% y al 1% de mayores rentas, han mantenido constante su participación durante toda la etapa democrática. Sin embargo, los grupos del 0,1% y 0,01% más ricos, han aumentado su participación en un 33% y un 55%, respectivamente, durante el mismo periodo.

Las rentas que se computan, son tanto las del trabajo como las del capital, percibidas por los individuos. Las mismas conclusiones se pueden extraer si se consideran las ganancias (o pérdidas) de capital asociadas a la revalorización o depreciación de los activos financieros e inmobiliarios que se posean.

No obstante, todos los datos anteriores se refieren a la renta antes del pago de impuestos y de la percepción de transferencias por parte del Estado. Su toma en consideración, modifica de forma significativa la situación de los más pobres. Así, en el caso de España y para el periodo reciente de crisis que va del 2007 al 2011, la reducción de impuestos y el aumento de las transferencias sociales, lograron que la contracción de la renta disponible de las familias, representara solo la mitad de la reducción total de la renta antes de impuestos y transferencias.

Paralelamente a este efecto positivo, se produce también una reducción de la participación en la renta nacional de los más ricos. Para el año 2010, la participación del 10% más rico en la renta era del 31,98%, mientras que después de impuestos y transferencias fue del 24,6%.

No obstante los matices anteriores, no hay dudas de que la distribución de la renta en España, tanto en el análisis de Piketty como en otros más recientes de la OCDE, ha empeorado notablemente durante el periodo de crisis. Si consideramos el índice de Gini, este ha aumentado del 0,306 al 0,344 en tanto solo los 4 años que van de 2007 a 2011. Sólo Turquía, Chile  y EE.UU. presentan peores distribuciones de renta.

Adicionalmente, la evolución de la pobreza confirma ese comportamiento de la distribución de la renta. Junto a Irlanda y Grecia, somos el país de la UE en donde más ha aumentado. Una pobreza, por lo demás, que se ha desplazado del grupo que tradicionalmente era más vulnerable –los mayores- hacia los jóvenes.

Esta evolución pone de manifiesto, adicionalmente, que tanto en nuestro país como en otros mencionados, la pésima situación del mercado de trabajo, que está impidiendo que la mitad de los jóvenes puedan incorporarse y conseguir un empleo, se encuentra entre las causas más importantes –si no la que más- para explicar la evolución de la justicia distributiva en nuestro país.

Pero mientras este problema comience a repararse, no existe un sustituto para las políticas sociales de los gobiernos de todos los niveles y colores.

Rogelio Velasco. IE Business School

EUROZONA: DAÑOS A LARGO PLAZO

De  los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo se deduce un aumento de la desafección de los ciudadanos respecto del proyecto común. Entre sus posibles explicaciones, la gestión de la crisis económica y financiera ha debido desempeñar un papel destacado, desde luego en los países considerados periféricos. Del  último  Eurobarómetro se deduce que la erosión de la confianza en las instituciones europeas se intensifica a partir de octubre de 2008. Desde entonces hasta el final de 2013 la desconfianza hacia la Comisión Europea se ha duplicado y  también lo ha hecho, aunque en menor medida, hacia el Parlamento Europeo. La adopción, a partir de la primavera de 2010, de severos programas de ajuste presupuestario supervisados por “la troika” añade a la desconfianza, la percepción de  falta de transparencia y legitimidad democrática.

Está en lo cierto Philippe Legrain, asesor del Presidente de la Comisión Europea entre febrero de 2011 y febrero de 2014, cuando al término de una valoración demoledora de la ejecutoria de  las instituciones comunitarias, subraya que una crisis que podría haber servido para el reforzamiento de la integración, lo ha hecho para acentuar la fractura de Europa. En su reciente libro, “European Spring”, atribuye esa fractura no solo a las narrativas en conflicto acerca del diagnóstico de la crisis, sino también “a la batalla acerca de cómo deberían compartirse las pérdidas generadas por la crisis entre  accionistas de los bancos, bonistas y contribuyentes; y entre países acreedores y deudores”. También significó un “juego de la gallina” o del “montón de nieve” entre el BCE y 17 autoridades fiscales sobre en quien recaía la responsabilidad de resolución de la crisis. Y el resultado del choque está a la vista: tras una severa recesión, una recuperación tibia y precaria.

La eurozona, según previsiones oficiales, crecerá este año poco  más del 1%, con una reducción  lenta en los elevados niveles de desempleo y endeudamiento de  las economías periféricas, las  más dañadas por el indiscriminado ajuste presupuestario y donde la confianza de  los agentes económicos está más erosionada. Es también en estas economías donde las posibilidades de crecimiento a largo plazo han quedado más erosionadas durante la Gran Recesión. Así lo pone de manifiesto una investigación reciente del profesor de Johns-Hopkins Laurence M. Ball(“Long-term damage from the Great Recession in OECD countries”, NBER, WP 20185, mayo 2014)  que analiza  el impacto de la crisis  sobre el crecimiento potencial-el nivel normal de producción de una economía dados sus recursos y tecnología-de 23 economías avanzadas.

Hasta hace poco se suponía que de forma general durante las fases de recuperación  que suceden a cualquier recesión el nivel de producción se acerca al potencial, pero ese ritmo de aproximación depende de los daños causados por la recesión. Investigaciones recientes enmiendan esa inercia asumida en la literatura tradicional al verificar que las propias recesiones erosionan ese crecimiento potencial. La razón es que las recesiones reducen la acumulación de capital,  las capacidades de los desempleados y limitan el progreso tecnológico. En consecuencia, los países con las recesiones más pronunciadas serán los que sufran el mayor daño en su capacidad de producción  a largo plazo.

Y la que hemos dejado atrás ha sido particularmente severa. El propio FMI asegura que ese potencial en algunas economías avanzadas no se recuperará antes de cinco años. L.M. Ball concluye que los daños son mayores en las economías que respondieron a la crisis con políticas  fiscales restrictivas. La eurozona es el caso más destacado. En el otro extremo se encuentran economías donde los estímulos fiscales y su dinamismo exportador neutralizaron el daño sobre su potencial de crecimiento.

La española está entre las que ha erosionado en mayor medida su crecimiento potencial. Mientras que Alemania o Australia están en el grupo de las menos dañadas. Una conclusión similar es la que se deduce del último informe trimestral sobre la eurozona de la Comisión Europea (Volumen 13, nº2, 2014). Las divergencias en el crecimiento potencial tendrían en Alemania uno de los extremos, mientras en el otro estaría España y Grecia.  “Ambos han registrado output gaps negativos desde 2010 mucho mayores que el resto de los VMS”,  (estados miembros vulnerables, por sus iniciales en inglés). El diagnóstico de la Comisión no es muy esperanzador: “el debilitamiento del crecimiento potencial en los VMS se atenuará muy levemente. El riesgo es que algunas de las fuentes de la divergencia generada por la crisis podrían arraigarse si, por ejemplo, los recientes  incrementos en el desempleo de algunos estados miembros se convierten en estructurales”.

En realidad, la crisis ha laminado la convergencia real conseguida por las economías menos prosperas de la eurozona desde el nacimiento del euro.  Portugal y Grecia están hoy por debajo del 70% del PIB por habitante de la UE15 que tenían en 1999; España ligeramente por encima del 80% de entonces, pero acentuando la divergencia desde 2008, según destaca Simon Tilford, subdirector del Centre for European Reform, en un trabajo reciente (“The eurozone is no place for poor countries”)

La recomendación que se deduce del trabajo de Ball es clara: decisiones expansivas no solo podrían frenar esos daños sino aumentar el crecimiento potencial. El aumento de la inversión pública  incrementaría el stock de capital y crearía nuevas oportunidades de ocupación y  de capacitación para los desempleados. Son sugerencias que desde hace tiempo vienen anticipando otros académicos y analistas temerosos de que algunas economías, tardando demasiado en recuperar ese crecimiento potencial, entren en una larga fase de bajo crecimiento – de “estancamiento secular”- incapaz de restaurar niveles de empleo suficientes. Entre los que han advertido más intensamente de ese  escenario  está  el exsecretario del Tesoro estadunidense y profesor de Harvard, L.Summers, defensor de programas de inversión pública para su país.

En la eurozona la conveniencia de decisiones expansivas del crecimiento no es menor: para reducir la vulnerabilidad de una recuperación cogida con alfileres, pero también para facilitar la reconciliación de los ciudadanos con las instituciones europeas. Las últimas decisiones  del BCE han sido las únicas  reveladoras de que esas instituciones no están muertas. En realidad, en manos de esa institución están  no solo las posibilidades de recuperación económica, sino la única vía de fortalecimiento de la dinámica de integración que hasta ahora se ha deducido de la crisis: la creación de la unión bancaria. Pero esas tardías decisiones de reducción de los tipos de interés, aumento de la liquidez y eventual compra de activos en los mercados secundarios, chocan con la insuficiente confianza  de familias y empresas, con su prioridad por reducir su endeudamiento, sacrificando el aumento del gasto en consumo e inversión. Es necesario hacer más.

Las  líneas fundamentales enunciadas por el primer ministro italiano, próximo presidente de turno de la UE, apuntan en la dirección correcta: flexibilización temporal del necesario saneamiento de las finanzas públicas, exclusión de la inversión pública en el computo del déficit fiscal  y adopción de programas de inversión paneuropeos, de la mano de instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o de la propia Comisión, susceptibles de aprovechar las favorables condiciones de los mercados financieros. El apoyo del vicecanciller germano a esa priorización del crecimiento en la agenda política europeapodría concedervirtualidad a esa orientación. Evidencias que lo aconsejan no faltan.

(Publicado en El País, Negocios, 6 de julio de 2014)

Rendimientos nominales de la deuda pública en la zona del euro: ¿burbuja o estructura temporal de los tipos de interés?

Estamos asistiendo recientemente a una aumento importante de la demanda de bonos de deuda pública de los países periféricos de la zona del euro (España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda), lo que ha propiciado una reducción significativa de los tipos de interés nominales y de la prima de riesgo con el bono alemán y, en última instancia, del coste de financiación de los déficit públicos.

En el cuadro y gráfico siguientes se muestra la evolución reciente de los rendimientos nominales de los bonos de deuda pública a 10 años de algunos países de la zona del euro, y del diferencial (prima de riesgo) de estos rendimientos con el bono de deuda pública de Alemania equivalente, respectivamente.

Por ejemplo, para el caso de España la rentabilidad nominal del bono de deuda pública a 10 años ha caído del 4,14% al 2,83% desde enero de 2014, mientras que el diferencial con el bono alemán ha pasado de 220 a 137 puntos básicos.

En relación a este fenómeno, algunos analistas económicos y financieros están advirtiendo del riesgo de la formación de una burbuja en los precios de los bonos de la deuda pública a largo plazo de la zona del euro, especialmente de los países de la periferia. Esta burbuja se estaría generando tanto por el exceso de liquidez como por los bajos tipos de interés de los activos con vencimientos a corto plazo, y estarían llevando a los inversores a posicionarse en títulos de mayor rentabilidad. En última instancia, el pinchazo de la burbuja se daría en el momento de que los tenedores de bonos de deuda pública se desprendieran de los mismos de una manera masiva y rápida.

Pero en nuestra opinión es posible explicar los movimientos recientes a la baja de los tipos de interés nominales de los bonos de deuda pública a 10 años en la zona del euro a través de un modelo empírico de estructura temporal de tipos de interés, y sin necesidad de apelar a una “burbuja” en el mercado de deuda pública.

Según este modelo, los rendimientos nominales de los bonos de deuda pública a 10 años se pueden dividir en tres componentes: (a) las expectativas del mercado sobre la tasa de inflación; (b) las expectativas del mercado sobre los tipos de interés reales a corto plazo; y (c) y un componente residual que aproxima la “prima por plazo” de los bonos a 10 años, y que no es recogido por los movimientos de la tasa de inflación esperada o de los tipos de interés reales a corto plazo. En síntesis, la “prima por plazo” es el rendimiento adicional que los inversores esperan obtener por la tenencia de los títulos de deuda pública a largo plazo en lugar de invertir en una secuencia de títulos de deuda pública a corto plazo en el mismo periodo de 10 años. La “prima por plazo” compensaría a los tenedores de bonos de largo plazo por el “riesgo del tipo de interés”, es decir, del riesgo de las posibles ganancias y pérdidas de capital que los cambios de tipos de interés generan en el precio y, por tanto, en el valor de los bonos de más largo plazo. [1] [2]

Los tres componentes de la rentabilidad nominal de los bonos de deuda pública a 10 años de los países periféricos de la zona euro han disminuido drásticamente desde mediados de 2012, lo que se ha reflejado en la caída drástica de los rendimientos de los bonos de deuda pública a 10 años de la zona del euro, especialmente de los países periféricos.

En primer lugar, la contribución de las expectativas inflacionarias ha ido cayendo significativamente a medida que la zona del euro registraba tasas de inflación cercanas a cero, alejadas del objetivo o meta de tasa de inflación a largo plazo del 2% fijada y anunciada explícitamente por el BCE.

En segundo lugar, las expectativas sobre los tipos de interés reales a corto plazo se han reducido sensiblemente desde el inicio del mandato de Mario Draghi al frente del BCE. Los tipos de interés reales se han ido reduciendo, ya que estarían reflejando la debilidad en el crecimiento económico a corto plazo de la economía de la zona del euro (y posiblemente también unas expectativas de débil crecimiento económico a largo plazo).

Por último, la “prima por plazo” también ha disminuido considerablemente desde 2012 y se sitúa en valores negativos. Por un lado, dos cambios en el “riesgo de tipos de interés” podrían haber contribuido a una caída de la “prima por plazo” en los últimos años. En primer lugar, la volatilidad de los rendimientos de los bonos ha disminuido en parte porque los tipos de interés a corto plazo de la zona del euro se han anclado en un nivel cercano a cero y se espera que permanezca allí durante algún tiempo. En segundo lugar, la correlación de los precios de los bonos de deuda pública y los precios de las acciones en la zona del euro se ha situado en valores negativos, lo que provoca que los bonos de deuda pública sean más atractivos como refugio seguro que otros activos alternativos. Por otro lado, la declaración de julio del 2012 de Mario Draghi: “haré todo lo que sea necesario para preservar el euro y, créanme, será suficiente”, habría podido presionar también a la baja a la “prima por plazo” de los bonos de deuda pública a 10 años y, en última instancia, a sus rendimientos nominales.

Finalmente, las medidas adoptadas en la última reunión del BCE del pasado 15 de junio, y la nueva promesa de Draghi de la intensificación de los trabajos preparatorios relativos a la compra directa de títulos respaldados por activos (ABS, Asset-backed securities) para “mejorar el mecanismo de transmisión de la política monetaria”, han continuado presionando a la baja a los tres componentes del rendimiento nominal de los bonos de deuda pública a 10 años.

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[1] Para la aplicación de un modelo empírico de estructura temporal de los tipos de interés, véase por ejemplo, el trabajo de  D’Amico, S., Kim, D.H. y Wei, M. (2010): “Tips from TIPS: The Informational Content of Treasury Inflation Protected Security Prices“, Finance and Economics Discussion Series 2010-19. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.

[2] Para la definición de la prima por plazos de un título de deuda pública, véase por ejemplo, el trabajo de Rico, P. (1999): “Primas por plazo en el mercado español de deuda pública“, Revista de Economía Aplicada, Vol. VII, No. 19, 61-83.

 

 

Obligada evocación

Durante este mes de julio y en el agosto que le sucederá, la actualidad transcurrirá hace cien años. No es un juego de palabras; es un imperativo intelectual y ético. Lo que se fraguó entonces ha provocado las mayores hecatombes y tragedias que conoce la historia europea y, por extensión, la de todo el mundo en buena medida. Obligada ha sido por eso la sobria pero emotiva conmemoración de los líderes de la UE en el simbólico escenario de Ypres, la ciudad belga testigo de cruentas batallas y de la utilización por primera vez de armas químicas.

Fue todo un mundo el que se precipitó al abismo a partir del magnicidio de Sarajevo. Aquella Europa de “la edad de oro de la seguridad” y de la estabilidad, de fe en los avances científicos y tecnológicos ininterrumpidos, de mejoras sustanciales en las condiciones de vida, donde se llegó a creer que “el progreso técnico debía ir seguido necesariamente de un progreso moral igual de veloz” (S. Zweig), dio paso abruptamente al espanto que fue la I Guerra Mundial y, como frutos tempranos o tardíos de esta, a la revolución soviética, a décadas de radical inestabilidad social, a “la era de las tiranías” en el propio suelo europeo (E. Halévy), a la segunda gran conflagración mundial y a un largo rosario de secuelas que llegan hasta los conflictos y guerras que hoy sufren los países de Oriente Medio, cuyas fronteras fueron dibujadas caprichosamente al rebufo de “los cañones de agosto” (B. Tuchman). No se trata de una ficción, sino de la realidad.

Y no fue la lucha de clases preconizada desde la mitad del ochocientos lo que prendió la mecha, sino el nacionalismo. El reforzado nacionalismo con ansias hegemónicas de las grandes potencias y el nacionalismo irredento de las naciones sin Estado. Uno y otro confluyeron provocando el incendio. Un arrogante espíritu belicista nutría la cultura política común de los principales países que se enfrentarán en el campo de batalla, y entre los nacionalismos sofocados el fervor místico (o fanático, como se prefiera) encontraba su medio natural. La combinación fue catastrófica.

Consecuentemente, la I Guerra Mundial supuso el comienzo del final del liderazgo europeo. Después de cuatro siglos de hegemonía, desde la era de los descubrimientos hasta la segunda revolución industrial, la posición de Europa no pudo dejar de retroceder. Perdida la fe en su propia civilización, el viejo continente cedió el cetro del poder y la influencia. El verano de 1914 traza la principal línea divisoria. Será Estados Unidos, reafirmada su potencia militar e industrial con ocasión de la guerra, quien tomará el relevo: en la Conferencia de Paz de París (1919), el Presidente Wilson es ya el protagonista indiscutido.

Obligada evocación, pues, que tiene que servir para valorar bien lo que tenemos: esta Europa que avanza laboriosamente en su proceso de unión económica y política. A muchos les parece algo muy prosaico, y no pocos lo contemplan con deje despectivo. Pero con la perspectiva que brinda la efemérides el juicio ha de ser inequívoco. Europa ha conseguido levantarse apostando por la reconciliación, la paz y la cooperación: desenlace, tan inesperado como venturoso, para un siglo durante tanto tiempo aciago. Al fin, una “utopía razonable” y, con esfuerzo, realizable.

¿A qué edad alcanza un investigador su producción científica de máxima calidad?

El National Bureau Economic Research de EE.UU. ha publicado recientemente un Documento de Trabajo en el que se aborda la cuestión del nexo entre la edad del investigador y su producción científica de máxima calidad o impacto. [1]

En el primer gráfico (hacer clic sobre el mismo para verlo más grande) se muestra que los ganadores de los premios Nobel y los grandes inventores del siglo XX tuvieron sus mejores aportaciones a la ciencia más frecuentemente alrededor de los 40 años. Además, este desplazamiento hacia los 40 años se ha ido acentuado a medida que avanzaba el siglo XX, tal y como se muestra el segundo gráfico.

 

Esta evidencia tiene importantes implicaciones para la política científica del Gobierno de España: el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación debería concentrar más recursos en tres líneas: i) el subprograma de  ayudas para contratos predoctorales para formación de doctores; ii) en el programa de ayudas para la Formación del Profesorado Universitario;  iii) y en la adjudicación de proyectos de I+D+i liderados por jóvenes doctores con una producción científica previa de calidad.

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[1]  Jones, B., Reedy, E.J. y Weinberg, B.A. (2014): “Age and Scientific Genius”, NBER Working Paper No. 19866, Cambridge, Massachusetts.

Indicador de coyuntura: Junio 2014

El Ind-ALDE se ha actualizado para el mes de mayo con los datos publicados hasta abril de ventas y producción industrial y hasta mayo de renta y de afiliados. Una vez incorporados los nuevos datos, el valor del indicador en mayo es de 2,6. Por tercer mes consecutivo, el valor alcanzado es superior al que presentaba en el inicio de la crisis.

factor

En tasas de crecimiento interanuales, con la excepción de la producción industrial, todos los indicadores individuales que forman parte del Ind-ALDE muestran valores positivos y mayores que los datos del mes anterior. Las ventas crecen en abril 3,2% frente a 2.0% en el mes de marzo. La renta y los afiliados crecen en mayo 2,5% y 2,2%, frente a 1,3% y 1,4% en el mes de abril. El dato negativo es el de la producción industrial, que cae 1,9% en el mes de abril frente a la subida del 8,0% del mes de marzo.

indicadores Por tanto, los datos continúan dando muestras que avalan la incipiente recuperación económica.

Diferencias salariales entre sector público y privado según tipo de contrato: evidencia para España

(Esta entrada es una versión en español de la entrada de publicación inminente en el blog de ADAPT–Association for International and Comparative Studies in the field of Labour Law and Industrial Relations, en relación con un artículo conjunto con Raul Ramos y Esteban Sanromá).

La existencia de diferencias salariales entre los trabajadores del sector público y los del privado y el análisis de su origen ha recibido una notable atención desde hace décadas (véanse, por ejemplo, Lucifora y Meurs, 2006, Cai y Liu, 2011 o Chaterjji et al., 2011). Los motivos por los que los trabajadores del sector público pueden ser potencialmente remunerados de forma diferente a los del sector privado son diversos. Entre ellos se han destacado factores como el poder monopolístico del sector público en la provisión de servicios públicos, el cual puede derivar en rentas para los empleados públicos; la presencia de diferencias salariales compensatorias de elementos no pecuniarios o el mayor poder de negociación de los empleados públicos derivado, entre otras circunstancias, de su mayor tasa de afiliación sindical (Bender, 1998). Entre las regularidades constatadas por los abundantes estudios que han abordado esta cuestión desde una perspectiva empírica para numerosos países se puede destacar la existencia, con contadas excepciones, de una prima salarial favorable al sector público cuando se comparan trabajadores con características productivas similares; que dicha prima suele ser mayor para las mujeres y los individuos con baja cualificación y que los niveles de desigualdad salarial suelen ser comparativamente menores en el sector público (Gregory y Borland, 1999).

En un artículo de próxima publicación en Hacienda Pública Española (Ramos, R.; Sanromá, E.; Simón, H. (2014): “Public-private sector wage differentials by type of contract: Evidence from Spain”, 208) examinamos las diferencias salariales entre los asalariados del sector público y del sector privado para España, donde los análisis recientes sobre esta cuestión son escasos (García-Pérez y Jimeno, 2007 y Hospido y Moral, 2013). Además de analizar dichas diferencias por separado para hombres y mujeres y a la largo de toda la distribución salarial, se examinan de forma separada para los trabajadores permanentes y los temporales, una circunstancia que resulta claramente necesaria para el mercado de trabajo español y que, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, es novedosa en relación con estudios previos. De hecho, el caso español constituye un marco especialmente apropiado para realizar este tipo de análisis por diferentes motivos. En primer lugar, porque las diferencias salariales entre el sector público y el privado son en España comparativamente elevadas desde una perspectiva internacional, situándose por encima del promedio de la Unión Europea (De Castro et al., 2013). En segundo, porque en España, al igual que en otros países europeos, se viene abordando en los últimos años un proceso de consolidación fiscal en el que el ajuste de los salarios de los empleados públicos constituye un eje principal de actuación. Finalmente, cabe destacar también que nuestro país presenta una tasa de temporalidad muy elevada tanto en el sector privado como en el sector público (así, según datos de Eurostat, en el período examinado en la investigación, 2010, España presentaba la mayor tasa de temporalidad europea en el sector público, 24,5% y la segunda mayor del sector privado, 25,1%, situándose muy por encima del promedio de la Unión Europea, -13,9% en ambos casos-). Esta circunstancia se debe, en el primer caso, a una brecha de costes de rescisión muy alta entre contratos indefinidos y los temporales y a un tejido empresarial orientado hacia producciones de bajo contenido tecnológico (Dolado et al. 2002 y Toharia et al. 2005) y, en el segundo, a elementos como las restricciones presupuestarias o las insuficiencias estructurales en la financiación de las administraciones locales.

La investigación se basa en el análisis de la ola de 2010 de la Encuesta de Estructura Salarial, ya que se trata de la ola con una mayor cobertura del sector público. Un rasgo adicional destacable de esta fuente de información es que incluye microdatos emparejados empresa-trabajador, un tipo de datos que ha tenido un impacto significativo en el análisis general de la determinación de los salarios (Hamermesh, 2008 y Abowd y Kramarz, 1999), pero cuya utilización en el análisis de las diferencias salariales entre el sector público y privado ha sido muy poco frecuente hasta el momento (entre los trabajos recientes, tan solo Chatterji, Mumford y Smith, 2011 y De Castro et al., 2013 utilizan microdatos emparejados). Así, entre otras circunstancias, los mismos permiten examinar apropiadamente la contribución a dichas diferencias de las características de los establecimientos, atributos que habitualmente no son tenidos en cuenta suficientemente en este tipo de análisis.

Desde una perspectiva metodológica, en nuestro análisis aplicamos tres técnicas distintas de descomposición del diferencial salarial entre el sector público y privado en España. La primera, la metodología de Oaxaca Blinder (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973), permite obtener una descomposición detallada del diferencial salarial promedio entre ambos sectores. La segunda, basada en la metodología propuesta por Ñopo (2008), es utilizada como una prueba de robustez de la anterior, en la medida en que la descomposición tiene en cuenta el efecto de trabajar con individuos que comparten estrictamente las mismas características observadas. Por último, la tercera metodología, desarrollada por Fortin, Lemieux y Firpo (2011), ofrece una descomposición detallada de los diferenciales salariales a lo largo de toda la distribución salarial.

Los resultados obtenidos revelan que en España existe un significativo diferencial salarial en favor de los trabajadores del sector público, así como que el mismo se explica en buena medida por las diferencias en dotaciones de características observadas en relación con el sector privado, en especial en el caso de los hombres. Asimismo, se constata que las características de los establecimientos presentan una contribución significativa al diferencial observado, mayor que las características individuales o de los puestos de trabajo. Otros hallazgos reseñables son la existencia de una prima salarial positiva asociada a trabajar en el sector público, no explicada, pues, por las dotaciones de características, para los individuos menos cualificados y una prima negativa para los individuos más cualificados, así como que los menores niveles de desigualdad salarial que se dan en el sector público no se deben a las diferencias en características entre sus trabajadores y los del sector privado. Finalmente, la evidencia obtenida confirma que existen diferencias significativas asociadas al tipo de contrato en relación tanto con la magnitud de las diferencias salariales entre el sector público y privado como con su origen. Entre ellas puede destacarse la presencia de diferencias significativas en la magnitud de la prima salarial asociada a trabajar en el sector público, ya que la misma es comparativamente menor para los varones temporales y para las mujeres permanentes.

Para concluir, cabe destacar que en los años posteriores al período examinado por la investigación, 2010, se han producido en la economía española cambios significativos que pueden afectar a los salarios tanto del sector público como del privado. En el primer caso, los salarios públicos se han visto afectados por severos ajustes en el marco del proceso de consolidación fiscal. Los mismos, además, podrían haberse visto también afectados por el hecho de que la fuerte destrucción de empleo, limitada al sector privado al inicio de la crisis económica, se ha extendido con posterioridad también al sector público. En el segundo caso, los intensos cambios regulatorios en la negociación colectiva que se acometieron en el marco de la reforma laboral de 2012 plausiblemente han modificado de forma significativa los procesos de determinación salarial, especialmente en el sector privado, pero también en el público. Por todo ello, resultará de indudable interés examinar en el futuro la evolución en nuestro país de las diferencias salariales entre el sector público y el privado en la etapa posterior a la examinada en este artículo.

 

Referencias
Abowd, J.M.; Kramarz, F. (1999): “The Analysis of Labor Markets Using Matched Employer-Employee Data”, en O. Ashenfelter y D. Card (ed.) Handbook of Labor Economics, ed. North-Holland.
Bender, Keith A. (1998): “The central government-private sector wage differential”, Journal of Economic Surveys, 12(2), págs. 177-220.
Blinder, A. S. (1973): “Wage discrimination: reduced forms and structural estimates”, Journal of Human Resources, Vol. 8, 436-55.
Cai, L. y Liu, A. (2011), “Public–Private Sector Wage Gap in Australia: Variation along the Distribution”, British Journal of Industrial Relations, 49 (2), June, págs. 362–390
Chatterji, M. Mumford, K. y Smith, P. (2011), “The public-private sector gender wage differential in Britain: evidence from matched employee-workplace data”, Applied Economics, 43, págs. 3819-1833.
De Castro, F.; Salto, M.; Steiner, H. (2013): “The gap between public and private wages: new evidence for the EU”, European Commission Economic Paper 508.
Dolado, J.J.; García-Serrano, C. y Jimeno, J.F. (2002), “Drawing Lessons from the Boom of Temporary Jobs in Spain”, Economic Journal, 112 (June), págs. 270-295.
Fortin, N.; Lemieux, T.; Firpo, S.; (2011): “Decomposition Methods in Economics”, Handbook of Labor Economics, Volume 4, Chapter 1, págs. 1-102. Elsevier.
García-Pérez, J.I. y Jimeno, J.F., (2007), “Public Sector Wage Gaps in Spanish Regions”, Manchester School, 75 (4), págs. 501–531.
Gregory, R.G.; Borland, J. (1999): “Recent developments in public sector labor markets”, en Orsley C. Ashenfelter y David Card (eds.), Handbook of LaborEconomics, Vol. 3C, ed. North-Holland.
Hamermesh, D. (2008): “Fun with matched firm-employee data: Progress and road maps”, Labour Economics, 15(4), págs. 662-672.
Hospido, L. y Moral, E. (2013), “The Public Sector Wage Gap in Spain: Evidence from Income Tax Data”, mimeo
Lucifora, C. y Meurs, D. (2006), “The Public Sector Pay Gap in France, Great Britain and Italy”, Review of Income and Wealth, 52 (1), March, págs. 43-59.
Ñopo, H. (2008): “Matching as a Tool to Decompose Wage Gaps”, The Review of Economics and Statistics, 90 (2), págs. 290-299.
Oaxaca, R. (1973): “Male-female wage differentials in urban labour markets”, International Economic Review, Vol. 14, pp. 693-709.
Ramos, R., Sanromá, E. y Simón, H. (2014): “Public-Private Sector Wage Differentials by Type of Contract: Evidence from Spain”. IZA Discussion Paper No. 8158.
Toharia, L. (dir.) (2005), El problema de la temporalidad en España: Un diagnóstico, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.

Estabilidad y cambio

El relevo en la Jefatura del Estado, con todo su hondo significado de estabilidad institucional, no conviene desvincularlo de la demanda de cambios profundos en nuestra vida pública que han puesto de manifiesto los resultados de las elecciones europeas. Más aún, la pautada sucesión en la titularidad de la Corona, al eliminar incertidumbre en la cúspide de nuestro sistema constitucional, debería aprovecharse para acometer reformas de alcance. La coincidencia en el tiempo de ambos hechos quizá no sea casual, pero en todo caso brinda ocasión propicia para que uno —la apertura del nuevo reinado— actúe como reclamo o revulsivo del otro. Ambos se necesitan recíprocamente.

La estabilidad institucional es una apuesta que ha sabido ganar la democracia española en el curso de los últimos decenios. Estabilidad institucional —expresada fehacientemente en las sucesivas alternancias en el poder al dictado de las urnas y en los gobiernos duraderos dentro de cada legislatura— que se ha doblado de estabilidad macroeconómica en una gran parte del recorrido, calando en la opinión mayoritaria un principio básico: que las ganancias de prosperidad requieren un suelo estable; que la carencia de este se resuelve, antes o después, en una contribución negativa a la actividad económica; que la estabilidad aporta confianza, y la confianza es el mejor lubricante de iniciativas inversoras y de proyectos empresariales, y la savia que nutre eso que ha dado en llamarse capital social. La España democrática así lo ha demostrado: el asentamiento institucional ha permitido y tensado capacidades creativas en diversos ámbitos y, desde luego, en el económico.

Pero hoy la propia estabilidad del marco institucional exige cambios. Reformar para fortalecer las instituciones, para dotarlas de la calidad que no tienen. Reformas como garantía de la continuidad del propio sistema democrático y, a su vez, la estabilidad de este como deber de reformas fuertes que corten las alas a proclamas y pulsiones populistas, su principal amenaza. Al populismo de una u otra laya sólo se le combatirá eficazmente desde un renovado y creíble aliento reformador. Por eso estabilidad ahora ha de escribirse con “r” de reforma, de regeneración, comenzando por las formas de hacer política y por el funcionamiento de unos partidos políticos con evidentes síntomas de anquilosamiento.

Por lo demás, en la España de nuestro tiempo democracia y Monarquía han ido de la mano, ganándose esta la legitimación “de ejercicio” al hacer posible y velar por aquella. También aquí la Monarquía ha sido un marco solvente para la democracia, como lo es en Gran Bretaña, Suecia, Holanda o Bélgica. De donde se deduce que reabrir la cuestión Monarquía-República, con ocasión de la proclamación de Felipe VI, “parezca, ante todo, un error. Peor aún: un error innecesario” (Fusi). En vez de ello, retomemos a la altura del presente las dos claves que aportaron mayor fecundidad a aquel otro comienzo de hace casi cuarenta años: mirar hacia adelante en vez de hacia un atrás ya estéril, y mirar hacia afuera, ensanchando la proyección internacional de todas nuestras realizaciones, en vez de ensimismarnos y hollar en nuestros rasgos identitarios. Si lo consiguiéramos, estos días pasarían a ser ciertamente otra fecha “histórica” en nuestro devenir colectivo.

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